Las huellas de los militares…el reportaje de La Turati

•  “Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.” lEnrique Galindo, Comisionado general del la Polícia Federal
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Las huellas de los militares/MARCELA TURATI

Revista Proceso No. 1990, 20 de diciembre de 2014...

El gobierno federal dice que hará todo por dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Pero en los hechos atranca el lugar en que las familias de las víctimas exigen buscar: el 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala. Además, la actual administración no aclara las contradicciones que han surgido en la investigación del caso y responde con desdén a las preguntas al respecto –cuando lo hace. Así, las dudas sobre la participación del Ejército se acrecientan.

 En un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada.

 Dos días antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales –Ejército y Policía Federal– en el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la obstrucción de las labores de búsqueda.

 Estas demandas se basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre –a través del guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas estatales y federales, o C4–, tanto militares de ese batallón como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos desaparecidos –actualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.

 Desde que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería –ubicado a kilómetro y medio del periférico de Iguala, donde se realizó el ataque–, a pesar de las evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres horas, policías municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que cuando los militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.

 Desde el reportaje titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.

 En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y Cocula, y de que tenía una excelente relación con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca –quien dio la orden del ataque, según la PGR. De hecho, el batallón le cedió un terreno a Abarca para su plaza comercial, y la noche de los hechos el alcalde era acompañado por un enviado del 27.

 En los medios de comunicación se han manejado varios nombres distintos sobre el militar que acompañaba a Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, al atardecer del 26 de septiembre, cuando los estudiantes se encontraban camino a Iguala y ya eran monitoreados por fuerzas federales y estatales. En ese momento Pineda daba un informe como presidenta del DIF, que fue seguido por un baile.

 La mayoría de los medios menciona que el militar que asistió en primera fila al acto de los Abarca fue el coronel Juan Antonio Aranda Flores, comandante desde 2012 del 27 Batallón, oficial formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia, quien se presumía cercano a Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos públicos con él. Sin embargo, al cotejar fotografías, no existe parecido entre el coronel Aranda y el militar que aparece en las fotos del informe.

 El diputado de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía, por su parte, señaló que el militar presente es el capitán del Ejército Mexicano y oficial de adiestramiento Paul Escobar López. De él no se tienen referencias fotográficas que permitan cotejarlo.

El general titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, informó a los diputados que el asistente a la fiesta de Abarca era el coronel José Rodríguez Pérez –quien relevó este año a Aranda en la comandancia de dicho batallón. Empero, su rostro tampoco guarda parecido con el militar fotografiado.

 El superior inmediato de Rodríguez Pérez es el comandante de la 35 Zona Militar, el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, quien el día del lanzamiento del Operativo Tierra Caliente sostuvo una charla con los integrantes del 27 Batallón, en la que dijo a los soldados que estuvieran seguros y tranquilos porque habían actuado bien.

 En este semanario se señaló que el militar fotografiado podría ser el coronel de caballería diplomado mayor de la 27 Zona Militar con sede en Atoyac, Juvenal Mariano García, quien es parecido al militar retratado, aunque su base está lejos de Iguala.

 La incógnita, por lo tanto, sigue sin respuesta.

Otros señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas los hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares. Posteriormente, una supuesta narcomanta, firmada por El Cabo Gil –lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos–, involucró con el narcotráfico a un “capitán Barbosa” y a un “teniente Crespo” del 27 Batallón.

En la página de internet del municipio de Iguala existen dos actos en los que un capitán segundo de infantería del 27 Batallón, el inspector militar José Martínez Crespo, acompaña a Abarca. El primero es una ponencia sobre sismos, el segundo fue el sorteo del servicio militar.

Aunque el apellido coincide, no pasa lo mismo con el cargo, y no es posible deducir si la narcomanta se refería a ese militar.

 En la respuesta a una solicitud de información hecha a la Sedena en torno al historial de José Martínez Crespo, se señala que en 1987 comenzó su carrera militar como cadete, luego fue subteniente de infantería y, a la postre, capitán segundo de dicha arma. Estuvo asignado a un Estado Mayor de la Defensa Nacional en el agrupamiento de servicios generales, y en 2007 ingresó “a un batallón de infantería”.

 Con respuestas del tipo “(permaneció) en un plantel militar” o en “un batallón”, la Sedena evita identificar los lugares concretos en los que estuvo destacado.­

 En el portal del municipio de Iguala se exhiben siete actos públicos de Abarca junto a militares. Quienes aparecen son: el coronel Juan Antonio Aranda Flores, el coronel comandante José Rodríguez Pérez, el teniente de Infantería Éder García, el segundo comandante del 27 Batallón y teniente coronel Rogelio Carrera y el capitán segundo de Infantería José Martínez Crespo.

 Cabos sueltos

 Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y pistoleros, no han surgido sólo entre las familias de las víctimas, sino también en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights Watch y Tlachinollan –que en un inicio exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala, pero la semana pasada pidió indagar si tuvo participación directa en los hechos.

 El 7 de noviembre, la primera vez que fue cuestionado sobre la inacción del Ejército para defender a los estudiantes, Murillo respondió: “El Ejército se mueve sólo con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!”.

 El miércoles 3, este semanario le comentó la exigencia de los padres para indagar al 27 Batallón. El fiscal informó que el gobierno no buscaría en bases militares a los normalistas desaparecidos:

 –Las familias (de los estudiantes desa­parecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron? –se le preguntó tras el lanzamiento en Iguala del Operativo Tierra Caliente.

 –Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no –respondió.

 –¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?

 –La Sedena es la más preocupada buscándolos, así que sería un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente.

 –Entonces no serán buscados ahí…

 –No tenemos que buscar lo que sabemos que no está. Es absurdo –insistió.

 El 13 de noviembre, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que lo citaron para hablar del tema que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo”, que indica que sólo pueden actuar a petición de la autoridad local, y cuando los militares preguntaron a las policías municipales y estatales si pasaba algo en Iguala, éstas mintieron y aseguraron que “no sucedía nada”.

 El miércoles 3, al ser cuestionado sobre la exigencia de revisar las bases militares, Cienfuegos dijo: “Eso depende del gabinete, no de mí”. Guardó silencio y después de unos segundos agregó: “Si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.

 El general no ha declarado nada sobre el informe inédito del gobierno de Guerrero obtenido por Proceso en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre, en el que queda asentado que, desde su salida de las instalaciones de la Normal de Ayotzi­napa, los estudiantes eran monitoreados por agentes de las administraciones estatal y federal a través del C4.

 Aunque se pidió a la Sedena información sobre el papel que jugó en el caso Ayotzinapa, vía la Ley de Información Pública y Trasparencia, ha solicitado prórrogas para responder a esta pregunta.

 Según el reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado en esta revista con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley,­ en el ataque hubo participación de la Policía Federal, con la aquiescencia o colabo­ración del Ejército.

 Tras estos señalamientos, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, negó en entrevista televisiva que la noche del 26 de septiembre elementos de su corporación participaran activamente en el ataque, pero admitió que las fuerzas federales sí estuvieron monitoreando el grupo de normalistas desde antes que llegaran a Iguala, y se enteraron de que fueron agredidos a balazos:

 “Sí sabíamos de (las actividades) ese día, porque (los estudiantes) venían en autobuses. Nuestra competencia estaba en la carretera federal (…) Ahí acudieron los federales. Pero dentro de la ciudad no tuvimos participación.” l