Los Pinos, 3 de
febrero de 2015
Al
tiempo de anunciar un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la
corrupción y evitar los conflictos de interés, el Presidente de la República
designó hoy a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública.
Informó
que ha dado indicaciones al nuevo titular de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) de “reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría
del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se
apeguen a la ley y a la ética”.
El
discurso:
Señores
representantes de los medios de comunicación.
Muy
buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Me
da mucho gusto saludarles.
Les ofrezco una
disculpa por este retraso, pero gracias por ser pacientes y permitirme el
espacio de saludarles y de compartirles el mensaje que quiero transmitir el día
de hoy.
Señoras
y señores:
La
corrupción en México es, como lo he señalado ya de manera reiterada en
distintos espacios, es un problema estructural, que entre todos debemos
enfrentar.
Y
a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción
sobre este problema no ha mejorado en nuestro país.
De
acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014,
que publicó Transparencia Internacional, México
obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente
la misma calificación que ha tenido durante las últimas dos décadas.
Y si bien he
sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas
ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa para dejar de tomar
acciones decididas.
Como
Presidente de la República tengo la convicción de fortalecer la legalidad y
cerrar espacios a la corrupción.
Siempre
he estado comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición
de cuentas: desde el primer compromiso que firmé como candidato a la
Presidencia, en la primera propuesta Legislativa que impulsé como Presidente
electo y en las reformas transformadoras que he promovido como titular del
Ejecutivo.
No
obstante de que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico
vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles
conflictos de interés en mi Gobierno.
Es
importante precisar que la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala, a la
letra, lo siguiente, y cito textualmente:
“Habrá
intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de
negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su
empleo, cargo o comisión.
Esto
nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y
tampoco en mis cargos públicos anteriores...
Las
contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley, y en ninguno
de ellos participa el Presidente de la República.
En
el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego
a derecho.
Y aquí quiero
ser enfático:
El Presidente no otorga contratos, no
adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones,
arrendamientos o servicios.
Y
no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos
realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no
ocurrió.
Esta
percepción se explica, en gran medida, porque en México no tenemos los
instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles
conflictos de interés.
La
doctrina, permítame hacer esta referencia, habla de tres tipos de conflictos de
interés: los reales, en los que el
funcionario público actúa de forma indebida y viola el marco legal, al tomar
decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios.
Otros
son los conflictos de interés potenciales o posibles, en donde aún no existe el
conflicto, pero en un futuro es probable que pueda generarse y, por tanto, preventivamente
debe declararse.
Y
otro son los aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de
que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida
en la toma de decisiones, ni violación legal alguna.
Esto
es lo que dice la doctrina con respecto al conflicto de interés.
Ante
ello, México necesita adoptar un enfoque moderno, que garantice con políticas
públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada
por intereses privados.
Por
estas razones, este día presento a los mexicanos un conjunto de acciones
ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés.
El responsable
de llevarlas a cabo será el maestro Virgilio Andrade Martínez, a quien he
nombrado Secretario de la Función Pública.
Le
he dado indicaciones de reforzar los procesos de control, fiscalización y
auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos
se apeguen a la ley y a la ética.
El
Secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en
el servicio público para cumplir la elevada responsabilidad de su encargo y
aplicar las acciones ejecutivas que hoy quiero compartirles.
Primera acción. A partir de
mayo de este año, mes en que por ley
todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será en
consecuencia obligación de los servidores públicos federales, presentar una
declaración de posibles conflictos de interés.
Esta
declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse
anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera
ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad.
Asimismo,
permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las
decisiones de los servidores públicos, que impida cumplir con las obligaciones
de su encargo con objetividad e imparcialidad.
La
declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del
funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes
propios, de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las
que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés
con relación a las decisiones que tiene a su cargo.
Esta
declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas
internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.
Segunda acción. Dentro de la
Secretaría de la Función Pública se creará una Unidad Especializada en Ética y
Prevención de Conflictos de Interés.
Esta
área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés,
dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las
sanciones correspondientes.
La
unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de
prevención de conflictos de interés de cada dependencia o sector de la
Administración Pública Federal.
Tercera acción. Se emitirán
reglas de integridad para el ejercicio de la Función Pública Federal, que
amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los
nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción.
Se
requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo
formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de
aquellos responsables de las contrataciones públicas.
Cuarta acción.
Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios
responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas,
licencias, concesiones y permisos.
La
Secretaría de la Función Pública definirá los lineamientos claros y específicos
que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados.
Quinta acción. En
complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y
clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que
intervengan en esos procedimientos.
La
Secretaría de la Función Pública deberá integrar un registro de dichos
funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su
honestidad y adecuado desempeño.
Sexta
acción ejecutiva. Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional
para los trámites y servicios del Gobierno.
El día de hoy,
se publicará el Decreto que permitirá incorporar los trámites Federales en
formatos digitales, a través del portal de Internet: www.gob.mx.
La
Ventanilla Única digital deberá incluir gradualmente los trámites de la
Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la
naturaleza del mismo lo permita.
Esto
reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la
interacción entre funcionarios Federales y los particulares.
Séptima acción. La lista
pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más
completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción.
Octava acción. Se ampliarán
los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia
y combate a la corrupción.
La
participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos
y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.
Trabajaremos
con Cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el
propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al
margen de la ley.
Finalmente,
reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de
cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y
resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos
otorgados por dependencias Federales a las empresas que celebraron
compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y con un servidor.
Adicionalmente,
y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al
Secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos, con reconocido
prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los
resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo.
Señoras
y señores:
El
Gobierno que presido está decidido a realizar una gestión pública abierta y
cercana a la gente; está comprometido a ser un Gobierno más moderno, eficaz y,
sobre todo, transparente.
Por
ello, para la adecuada instrumentación de estas acciones ejecutivas, el
Gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que
agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que en consecuencia está a
la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza.
En
breve, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública
suscribirán un Acuerdo de Cooperación Técnica con este organismo internacional.
Desde
ahora, reconozco a la OCDE por su invaluable apoyo para consolidar la
arquitectura institucional que hoy estamos construyendo en favor de la
integridad en el servicio público y el combate a la corrupción.
Las
acciones ejecutivas que he anunciado se suman a lo que hemos venido promoviendo
desde el inicio de este Gobierno.
Y
déjenme, de manera enunciativa, sólo hacer referencia a varias de las acciones
ya que precisamente están orientadas a fortalecer la transparencia.
La
Reforma Constitucional en Materia de Transparencia; la participación de México
en la Alianza para el Gobierno Abierto para promover la rendición de cuentas y
abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía.
Así
como la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y servicios
relacionados con las mismas, que fortalece los mecanismos legales para que los
recursos se administren con mayor eficiencia y honradez.
Además,
hago votos, como ya lo he dicho anteriormente, porque en este Segundo Periodo
de Sesiones Ordinarias que acaba de iniciar, las y los Legisladores Federales
aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción.
Construir
el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la
transparencia y la eficacia.
Eso
es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy,
afortunadamente, tiene México.
Muchas
gracias.
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