Miguel Osorio Chong, en San Lázaro, glosa del III informe

Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación en San Lázaro.

• Tarde-noche del Jueves 22 de Octubre de 2015.

Compareció ante legisladores de las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública.., con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno,

Antes de la intervención del osorio la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, expresó que la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, ayuda a poner en perspectiva los avances obtenidos en la primera mitad de la actual Administración Pública Federal; en particular, en la política interior del país.

La pluralidad y madurez política representadas en esta Cámara de Diputados, dijo, permitirán un ejercicio objetivo para el intercambio de información, la expresión libre y democrática de puntos de vista, “lo cual enriquece el ejercicio de rendición de cuentas que le debemos a los ciudadanos de quienes asumimos responsabilidades públicas”.

Hizo votos para que este diálogo político sea una fiel expresión de la corresponsabilidad, del equilibrio entre poderes y del deseo de seguir construyendo la gobernabilidad democrática del país, “para que unidos, desde nuestras propias atribuciones, el Legislativo y el Ejecutivo, contribuyamos al proceso de transformación nacional que vive y tanto necesita México”.

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), sostuvo que si bien el proceso de comparecencias de los funcionarios del gobierno federal ha dado resultados, es indispensable marchar hacia un esquema de colaboración y control más eficiente, en donde el peso de la representación nacional cuente con un modelo en el que el diálogo pueda ser productivo.

“Es una responsabilidad de nosotros los legisladores, avanzar hacia un modelo de control en el que por encima de los colores del partido cuenten solo los intereses de la nación y de la patria”, subrayó.

Puntualizó que hoy, con los medios de comunicación y las redes sociales, se pueden difundir ampliamente las acciones del Ejecutivo en materia de gobernación y seguridad pública, así como la posición de esta Cámara de Diputados frente a estos temas, “lo que también constituye un esquema de control ciudadano y de los mexicanos que están al tanto de lo que sucede en el país, para contrastarlo con los informes de los gobernantes y tener elementos para calificar su gestión”.

Intervención de Osorio

El secretario de Gobernación, hizo un llamado al Congreso de la Unión para que debata y apruebe una ley nacional de ejecución penal que blinde eficazmente al sistema penitenciario. Asimismo, aseguró a diputados federales que la convicción de diálogo, los acuerdos y la trasparencia, han propiciado que la gobernabilidad del país esté garantizada.

En su comparecencia admitió que el 2015 “no ha sido un año sencillo para México”. Sin embargo, afirmó que se trabaja en conjunto con la ciudadanía, partidos políticos, los Poderes de la Unión y demás órdenes de gobierno, para transformar a las instituciones y generar cambios necesarios, teniendo presente que “los problemas nacionales, requieren siempre respuestas de Estado”.

Respecto a los acontecimientos del Penal de El Altiplano, Osorio Chong sostuvo que el gobierno federal “trabaja día y noche para recapturar al delincuente”.

Dijo que se requiere fortalecer el sistema penitenciario por ser el último eslabón del proceso penal “para que ningún mexicano inocente pise la cárcel y ningún culpable pueda evadir la ley por cuestiones de procedimiento”.

Afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) ha dado pasos importantes, a fin de que todas las cárceles cuenten con personal confiable y altos estándares en protocolos de seguridad.

Destacó que la ley de nacional de ejecución penal contribuirá a blindar de mejor manera al sistema penitenciario, además de que fortalecerá el respeto a los derechos humanos. El gobierno se ha comprometido a que “ninguna política o acción justifique obviarlos o pasar por encima de ellos”, comentó.

En alusión a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, Osorio Chong indicó que las pruebas se entregaron en tiempo y forma al Ministerio Publico y las autoridades actuaron con respeto a la legalidad y transparencia, dentro de los límites que marca la ley, para no poner en riesgo la investigación en curso.

Gracias a las indagatorias, enfatizó, se han detenido a las personas que operaron el escape del presunto líder del Cartel de Sinaloa, como lo anunció este miércoles la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez.

Destacó que el CNSP ha impulsado un modelo integral de desarrollo policial, que profesionalice y dignifique su labor en los estados, pero “cada orden de gobierno debe asumir su responsabilidad”, ya que, “si bien ha habido avances –en seguridad- el modelo que ha persistido por décadas, ha probado ser insuficiente”.

Es menester, consideró, replantear el diseño institucional de los cuerpos de policía, y dotar al Estado mexicano de herramientas que le permitan actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones extraordinarias.

Lamentó que corporaciones locales fragmentadas y poco profesionales hayan permitido ser intervenidas por la delincuencia organizada, y derivado en hechos “dolorosos e indignantes” como los Iguala, Guerrero.

En este punto, aseguró que las autoridades seguirán investigando a fondo, mientras que las indagatorias en proceso ya han resultado en la detención de 111 presuntos responsables. “Se seguirá adelante hasta dar con el último culpable y acreditar plenamente qué fue lo que sucedió; la verdad que todas y todos los mexicanos merecen saber”.

Osorio Chong destacó que gracias a la implementación de las leyes generales de víctimas y de protección a menores de edad y adolescentes, las recomendaciones de la CNDH a la administración pública federal han bajado 60 por ciento del 2012 al 2014.

Asimismo, en el último año se ha capacitado a 43 mil funcionarios en materia de combate a la discriminación.

Recordó a los diputados los avances en materia de seguridad en lo que va de la actual administración, con lo cual, entre el 2012 y el 2014, la tasa de homicidios bajó de 22 a 16 por cada 100 mil habitantes; entre enero y agosto de 2015, se logró reducir los índices de secuestro en 32 por ciento, mientras que el robo disminuyó en 10 por ciento y la extorsión en 17, en el mismo periodo mencionado.

Programas como el Nacional de Prevención, continuó, beneficia a cinco millones de personas que habitan en municipios que concentran el 50 por ciento de la delincuencia, y se han destinado siete mil 700 millones de pesos para generar oportunidades a jóvenes y niños y evitar que caigan en actividades ilícitas.

Estos números indican que la seguridad “ya no está al servicio de la política, sino que la política está al servicio de la seguridad”, enfatizó.

Refirió que en materia migratoria, se ha brindado trato digno a 210 mil connacionales para que regresen de Estados Unidos en forma ordenada y segura. En el caso de la frontera sur, se entregaron tarjetas de visitante regional para regularizar el paso de 124 mil migrantes.

De igual forma, en un año, 400 mil oficiales de protección a la infancia dieron asistencia y protección a casi 20 mil menores extranjeros repatriados.

Previo a finalizar su intervención inicial, el titular de Gobernación advirtió que el huracán “Patricia”, de casi 400 kilómetros de diámetro, lo colocan como uno de los fenómenos más peligrosos que se está acercando a territorio nacional.

Posicionamientos

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, reconoció el esfuerzo del gobierno de la República para recobrar la seguridad en muchas regiones del país. Sabemos que por años la sociedad ha vivido tiempos convulsionados y hoy espera cambios y resultados.

Aplaudió que la actual administración haya optado por hacer frente al narcotráfico mediante la inteligencia en lugar del enfrentamiento. Asimismo dijo, la construcción de un México mejor pasa por cuidar y fortalecer a la familia. Propuso un encuentro de visiones que permita la reconciliación nacional.

Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, pidió hacer una profunda revisión de las políticas públicas en materia de seguridad. Señaló que ante la “alarmante inseguridad” que viven municipios, propuso fortalecer la estrategia del mando único, mejorar la planeación y ejecución de los operativos y facilitar los exámenes de confianza y profesionalización de los cuerpos policiacos.

En el fuero común, dijo se mantienen niveles altos de impunidad derivados de la falta de una cultura de denuncia. “Se percibe también una debilidad del Estado para llevar a cabo una de sus tareas fundamentales, que es garantizar la seguridad de la población. No obstante, reconoció que se han logrado importantes avances.

José Clemente Castañeda Fuentes, de Movimiento Ciudadano, dijo que la gobernabilidad del país se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Las decisiones y acciones que no han movido a México en el camino correcto.

La diputada Norma Rocío Nahle García, del Partido Morena, se refirió al informe de Human Rights Watch, en el sentido de que “en nuestro país persiste una grave crisis humanitaria, donde se identifican la desaparición forzada, la impunidad y el abuso de militares; la tortura, el deficiente sistema de justicia penal, los ataques a la libertad de prensa, la violencia de género y la situación de los migrantes, además del espionaje y pérdida de libertad individual mediante el costoso sistema del Cisen”.

Cuestionó sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera. “Cómo es posible que ustedes no hayan escuchado por semanas o meses, los ruidos de taladros y excavaciones que se oyen en el vídeo filtrado a los medios de comunicación. Eso sin duda habla de la omisión del Estado y la complicidad de algunos funcionarios”.

Por el PVEM, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas resaltó que hoy los delitos de homicidio, robo, secuestro y extorsión están a la baja, gracias a la unidad entre gobiernos locales y el federal, en el norte, centro o sur del país.

Expresó que, para evitar que tragedias como la de Iguala, son necesarios varios componentes como contar con una legislación en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas; generar condiciones de desarrollo y reconstruir el tejido social de muchas comunidades. “Eso es lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación, a través del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia”.

En tanto, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) indicó que la política de seguridad en este gobierno, en muchos de sus aspectos, es copia exacta de la implementada en el sexenio anterior: las Fuerzas Armadas siguen en las calles y “han sido expuestas a la infiltración criminal y a sufrir un desgaste social innecesario, mientras cuerpos policiacos siguen siendo hogar de la criminalidad organizada”.

La política, dijo, también es percepción, y “no sirve de nada que se defienda el sistema nacional de seguridad cuando se fuga ‘El Chapo’ y los encargados de la inteligencia y la seguridad nacional siguen en sus puestos como si no hubiera pasado nada” y tampoco es útil “cuando no se investiga a los ‘peces gordos’”.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) consideró que se aprecia un retroceso en materia de seguridad pública, y la decisión de trasladar las tareas en esta materia hacia la Segob, no ha tenido un efecto positivo, “en el sentido de incrementar las capacidades del Estado para prevenir el delito, para perseguir a las organizaciones criminales o para reducir la incidencia de los delitos que más lastiman a la sociedad”.

Enfatizó que el problema es que no se advierte un sentido de urgencia, una respuesta certera, una estrategia exitosa capaz de afrontar el reto de la inseguridad. Lamentó “el deterioro de mecanismos como los controles de confianza y que, ante la ineficiencia y la incapacidad de las instituciones de seguridad pública, el Ejército y la Marina hayan tenido que intervenir en funciones de seguridad en detrimento de su imagen”.

La diputada Marcela González Salas y Petricioli (PRI) afirmó que en materia de seguridad, la coordinación de esfuerzos ha sido la divisa de la secretaría. Por años, dijo, la fractura y el desencuentro entre las autoridades federales y locales sólo beneficiaban a la delincuencia. Por ello, continuó, fue necesario establecer una visión compartida, coordinada y corresponsable para revertir la tendencia creciente de homicidios y otros delitos que tanto afectaban a las familias mexicanas.

Enfatizó que, en este sexenio, absolutamente todos los delitos han disminuido y eso solamente habla de una política que ha cambiado para bien. Precisó que donde otros han tergiversado la verdad sobre el penal de El Altiplano, el gobierno de la República ha hecho un trabajo profesional, no sólo para detener a los cómplices del delincuente sino para llevar a cabo una exhaustiva búsqueda que permita reaprenderlo. “Tenemos plena confianza en que pronto el más buscado delincuente estará otra aprendido igual que lo hizo la administración el año pasado”.

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Primera ronda,,,

Diputados de los ocho grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la implementación del nuevo sistema de justicia penal; el modelo policial en México; su respuesta a recomendaciones de organismos internacionales respecto a casos como el de Ayotzinapa; seguridad fronteriza; participación ciudadana y acciones concretas del gobierno para enfrentar al crimen organizado.

Durante la primera ronda de preguntas y respuestas,  Osorio Chong señaló que México requiere corporaciones estatales de seguridad, instituciones profesionales que reconozcan al policía, se le capacite, tenga un salario debido y una evaluación permanente. “Si esto no sucede, casos como Iguala se nos pueden volver a presentar”. Asumió que es obligación del Estado conocer la verdad y evitar la repetición de ese suceso.

Solicitó a los legisladores analizar la iniciativa para intervenir un municipio cuando se tengan pruebas suficientes de su vinculación con el crimen organizado. “El proceso actual se lleva años y tal vez nunca se pueda comprobar el vínculo con el crimen organizado de algunas autoridades, particularmente las municipales”.

Indicó que el modelo policial “lleva toda la vida en el país” y se pensó que se podría enfrentar la inseguridad desde los municipios, “pero está demostrado que no; ni con más recursos, ni con más presupuesto que la Cámara de Diputados les ha dado, se puede lograr”.

En su intervención, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES) pidió cuentas del avance de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues han pasado siete años desde que se promulgó la reforma constitucional que lo creó y quedan menos de nueve meses para que venza el plazo de implementación, y preguntó sobre las acciones para una adecuada transformación del orden federal y local en esta materia.

El funcionario respondió que se está en posibilidad de cumplir con esa fecha, pero es necesario vigilar y cuidar que haya un sólo sistema de justicia penal en todo el país, para que se haga justicia, exista certidumbre y confianza en las autoridades y se deje a un lado la impunidad. Mencionó que “en algunos estados había un rezago muy importante, pero hemos venido actuando con ellos, se ha hecho un fideicomiso con más de seis mil millones de pesos para infraestructura y capacitación. Estamos en un programa en esta materia y faltan más de 345 mil policías por capacitarse”.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) preguntó qué estrategia guía la iniciativa de Mando Único; cómo contribuirá a resolver problemática de fondo; en qué grado se han reducido la violencia y delitos como homicidio, secuestro, extorsión y robo, así como cuáles son los principales resultados obtenidos por la política de seguridad y qué se ha hecho para llegar y mantenerlos.

Osorio Chong dijo que en México hay cientos de corporaciones y dos mil 250 municipios, de los cuales mil 200 no tienen instituciones de seguridad, carecen de consistencia e, incluso, en algunas sólo son alternativas de empleo, y es por esa debilidad institucional que las organizaciones criminales se adentran y logran tal penetración en los cuerpos de seguridad. “Necesitamos un nuevo modelo que permita que las instituciones sean transparentes, útiles, capacitadas y permitan el cuidado de ciudadanos”.

“La propuesta está en la mesa, en el Senado, desde diciembre. He hecho el exhorto a los senadores, pero si allá se aprueba, llegará a acá y les pido todo su respaldo y su apoyo”, puntualizó.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) preguntó al secretario si estaría dispuesto a combinar elementos de su propuesta policial e incluir, como eje rector, el modelo de policía de proximidad y de contacto, que tiene como punto de partida que los elementos se seleccionen en las comunidades, se evalúen, se capaciten y regresen a ellas para mantener estrecho contacto con los ciudadanos. Afirmó que la seguridad es un tema de justicia social y de educación, “consecuencia de la grave y escasa cultura de legalidad que tenemos, alimentada por el mal ejemplo de muchos gobernantes”.

En respuesta, Osorio Chong dijo estar abierto a la discusión de los diferentes planteamientos; sin embargo, señaló que construir un sistema con modelos diferentes causa problemas financieros, de incorporación, de cumplimiento del deber.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (Morena) refirió que México atraviesa una grave crisis de gobernabilidad y manifestó su preocupación por la pérdida de confianza ciudadana en las autoridades. “Después de ver casos como Ayotzinapa, sobre la desaparición de 43 estudiantes, el gobierno federal no tiene una postura que demuestre una investigación apegada a derecho”, y cuestionó por qué no se ha dado respuesta a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El responsable de la política interior aseguró que, en el caso de Ayotzinapa, se hizo una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, que seguirá abierta hasta tener elementos suficientes para consolidar conclusiones. “Se llegó a un resultado que se hizo público, pero desafortunadamente, por la manera como lo hicieron los criminales, no puede concluirse al respecto”, aseveró.

Afirmó que se han aceptado las recomendaciones de organismos internacionales y agregó que la presencia de los expertos en las investigaciones da cuenta de la transparencia con la que se mueve este gobierno. Dijo que se buscará a los culpables de la colusión de autoridades municipales con el crimen organizado, de las policías municipales que fueron parte de este crimen contra los jóvenes estudiantes.

La diputada Sofía González Torres, del PVEM, pidió al titular explicar las medidas del gobierno federal para que la frontera sur sea más segura, tanto para los mexicanos como para los miles de migrantes centroamericanos que ingresan por cruces informales y exponen su vida. Mencionó a los cientos que mueren en La Bestia o los 72 migrantes asesinados por el crimen organizado en Tamaulipas”.

Al respecto, Osorio Chong informó que debido a que en los poco más de mil kilómetros de la frontera sur podía observarse “el sufrimiento de migrantes”, principalmente de centroamericanos, al intentar cruzar, se decidió establecer diversos acuerdos, particularmente con Guatemala, para entregar tarjetas de visitantes temporales. “Hemos repartido miles. Servirán para evitar que sigan sucediendo tragedias”, aseguró.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo, del PRD solicitó al secretario Osorio Chong señalar cuáles son las políticas en materia de desplazamiento interno, las acciones preventivas que llevan a cabo para proteger los derechos de pobladores de donde hay operativos federales, y de qué forma resarcen los daños provocados, principalmente a grupos vulnerables. “Es grave que por las incursiones y persecuciones instituciones de seguridad, los pobladores deban abandonar sus casas. En Tamazula, Durango, hay alrededor de 600 desplazados”, puntualizó.

El funcionario comentó que para evitar acciones fuera de la ley o de los protocolos durante los operativos realizados por las fuerzas federales, las acciones se realizan en compañía de un Ministerio Público Federal, así como por defensores de los derechos humanos, tanto de la entidad como de la CNDH. “Algunas gentes protestan por las acciones en búsqueda de los criminales y no exactamente por la afectación a los derechos de las personas; sin embargo, me comprometo a hacer la investigación respectiva”.

Karina Padilla Avila (PAN) demandó acciones concretas en contra del crimen organizado, para terminar con la impunidad y fortalecer el respeto de los derechos humanos, y cuestionó: “¿Qué hacer para que se vuelva a creer en las instituciones y cómo generar confianza entre los mexicanos?”

El titular de Gobernación declaró que para abonar la credibilidad se debe fortalecer primero a las instituciones y no buscar desacreditarlas, ya que, abundó, fueron formadas por no sólo por la actual generación, sino por muchas antes. “En lugar de cuestionarlas, hay que revisarlas y fortalecerlas para generar credibilidad”, subrayó.

Erick Alejandro Lagos Hernández (PRI) requirió conocer de qué manera se atienden, desde la secretaría, las necesidades de la ciudadanía de tener espacios adecuados de participación e incidencia en la elaboración de políticas públicas y la vida democrática del país.

Osorio Chong se dijo convencido de que el verdadero protagonista del país es su ciudadanía, por lo que dijo que se ha dado apertura para que en las decisiones de políticas públicas se le tome en cuenta. “Si queremos hablar de búsqueda, acudimos a la Cruz Roja Internacional; si queremos ver temas de secuestro, vemos a los nuestros: México SOS, México Unido contra la Delincuencia y muchas otras organizaciones”, explicó.

 Segunda ronda.

En su comparecencia el funcionario aseguró que para la contienda electoral del próximo año no se vetará a ningún aspirante a un cargo de elección popular; habrá confianza en los partidos políticos en determinar si participan o no ciertos candidatos.

En la segunda ronda de preguntas, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) refirió que Tamaulipas padece desde hace varios años la presencia del crimen organizado, por lo que solicitó conocer en qué consiste la estrategia de seguridad para la entidad y qué avances se tienen hasta el momento, cuando el estado podría ser una gran potencia económica para el país al compartir más de 350 kilómetros de frontera con Estados Unidos y donde se mueven el 30 por ciento del comercio nacional.

El secretario Osorio Chong, dijo que, si bien, la presencia de la delincuencia organizada es la constante en todos los estados, la forma de operar y conducirse logística y financieramente es distinto en cada estado. En el caso Tamaulipas precisó que los 15 delincuentes más importantes y fijados como objetivos ya están detenidos. “Hoy estamos focalizados en donde hay robo de vehículos y secuestros en las cuatro regiones en que se ha divido la entidad para atacar estos casos”, explicó.

En su turno, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, de NA, solicitó conocer los elementos con los que cuenta el gobierno federal para impugnar el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuáles serán las acciones que se implementarán desde la Segob para impulsar el fortalecimiento de los derechos humanos en México.

“Nos preocupa que México sea un país donde la impunidad, la inseguridad pueda llegar a consolidarse, en virtud de la falta de directrices que garanticen la vigencia de las garantías individuales en diversas instituciones del Estado”.

Al respecto, el funcionario respondió: “no vamos a impugnar, hay que comprobar y llegar a la verdad sea la que sea, y por ello es que tomamos no sólo las recomendaciones de la CIDH, sino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Señaló que no esperarán un informe final, ni los seis meses donde el Estado ha abierto sus puertas a expertos internacionales. “Lo que queremos es trabajar junto con ellos, queremos construir junto con ellos una conclusión en la que estemos todos de acuerdo”, afirmó.

En cuanto al tema de derechos humanos, dijo, no podemos aceptar cuando se habla de temas que le ponen el anuncio de “generalizado”, no estamos cerrando los ojos a lo que sucede en el país, pero tampoco podemos aceptar que esto sea la constante en todos lados. Reiteró que se han atendido todos los asuntos para avanzar en el tema.

Por MC, el diputado Manuel Espino Barrientos preguntó qué se va hacer para evitar que continúe el contrabando de armas, cuando en México hay 13 millones de armas ilegales y diariamente entran al territorio nacional de manera ilícita otras 2 mil. En otro tema, cuestionó porqué siendo tan evidentes los actos delictivos de Guillermo Padrés Elías y Rodrigo Medina, ex gobernadores de Sonora y Nuevo León, respectivamente, hasta ahora se les ha exonerado.

Además, señaló que el Estado no ignora que algunos aspirantes para ser gobernadores el próximo año tienen vínculos poco confiables, ¿no es responsabilidad de los partidos, proteger al Estado de este riesgo, en qué le podemos ayudar, estamos dispuestos a colaborar para que el crimen organizado no siga infiltrándose en nuestras instituciones?

En respuesta, el secretario de Gobernación comentó que el tema del tráfico ilegal de armas en la frontera norte es una prioridad en la agenda binacional con Estados Unidos. “Hemos avanzado, pudimos hacer una política pública en la frontera sur, estoy convencido de que se podrá hacer otra para la seguridad de la zona norte, ahí requeriremos el apoyo del Poder Legislativo.

Sobre el caso de los exgobernadores, precisó que quien tenga que enfrentar responsabilidad por sus propios actos será una determinación de las instancias de seguridad de los estados. “Seremos respetuosos de lo que éstas determinen”.

En cuanto a las próximas elecciones para renovar en 12 gubernaturas, 13 congresos y 965 ayuntamientos el próximo año, hemos logrado una comunicación importante con los partidos políticos, no podemos vetar a nadie, lo que nos toca es que en caso de conocer algún vínculo de alguien ya electo, entonces daremos seguimiento y actuaremos”.

Por Morena, la legisladora Delfina Gómez Álvarez consideró que el hecho de tener una policía de alto nivel no resuelve el problema de la delincuencia, cuando no se atienden las necesidades básicas de la población más vulnerable como educación, alimentación nutritiva, protección a la salud, vivienda digna y empleo.

Ante ello, cuestionó, ¿por qué no fortalecer a las policías locales a través de la profesionalización? y ¿a qué atribuye que, aún aplicando el examen de control y confianza, todavía prevalecen en algunos elementos de seguridad actitudes de deshonestidad y abuso de autoridad?

Osorio Chong señaló que en el tema de seguridad, para el gobierno federal no ha sido un tema de más policías o más corporaciones, sino fundamentalmente de atender las causas y éstas siempre serán la falta de oportunidades, en su mayoría de las veces. Informó que el Programa de Prevención, de más de 7 mil 600 millones de pesos, generó oportunidades a 5 millones de jóvenes en circunstancias de violencia e inseguridad.

Respecto a dejar a las fuerzas federales, al Ejército y la Marina en los estados, “no, no es correcto”, afirmó. Hoy hay un acuerdo con las entidades en generar instituciones fuertes en seguridad, sólo entonces vamos a retirar a las fuerzas federales.

A nombre del PVEM, el diputado Cándido Ochoa Rojas preguntó qué medidas va a tomar la Secretaría de Gobernación para garantizar la correcta implementación de la reforma educativa, incluso si esto implica actuar en contra de aquellos grupos que pretenden defender a toda costa los privilegios y los intereses particulares que mantuvieron durante muchos años.

Osorio Chong sostuvo que el gobierno ha decidido aplicar la ley en torno a la reforma educativa, cuyo único objetivo es elevar la preparación académica de niños y jóvenes. “Vamos a hacer todo desde el gobierno para que se cumpla. Diálogo sí. Violación de los derechos de los demás, no lo vamos a tolerar”, afirmó.

Por el PRD, el diputado David Jiménez Rumbo precisó que la estrategia de Mando Único se percibe como un total fracaso a nivel nacional. Cuestionó sobre las nuevas acciones que emprenderá el gobierno federal para evitar que la inseguridad y la violencia sigan permeando en el país. Planteó el uso político de los instrumentos de seguridad y procuración de justicia que ha maximizado altas dosis de impunidad para coartar aspiraciones de adversarios políticos.

El funcionario federal garantizó que no se partidiza la seguridad ni la justicia. “No ocupamos la política en seguridad, lo hemos validado. Los tiempos electorales no van con tiempos judiciales o en el marco de la legalidad”.

Cuando alguien comete o se le comprueba que es infractor, tiene que actuarse, y sin esperar a que haya un proceso electoral para tomar acciones. Apuntó que las facultades de seguridad pública que tiene Gobernación busca acercarlas a los estados, respaldarles, ayudarles y apoyarles para que puedan formar sus instituciones.

La panista Angélica Moya Marín refirió la inoperancia e ineficiencia de la actual estrategia en seguridad, manifestada en la elevada y creciente impunidad, no sólo en las violaciones de los derechos humanos o la corrupción, sino en general en todos los delitos.

Sostuvo que las cifras oficiales no reflejan la realidad de la incidencia delictiva; la persistencia de focos rojos en diversas entidades federativas; en las recurrentes y lastimosas prácticas de expolio por parte de la delincuencia organizada; el rezago de la reforma de la policía, y en la ausencia de un cronograma para retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus funciones ordinarias.

El titular de la Segob destacó la coordinación entre la Federación y los estados en la estrategia de seguridad, para que construyan instituciones fuertes que combatan la inseguridad y alentar la investigación en el nuevo modelo de justicia. Resaltó que sólo con esfuerzo de todos se va a lograr la tranquilidad perdida por muchos años.

Precisó que sí hay que reconocer defectos y retrocesos, pero también los avances, y la Gendarmería hoy está probada y ocupa los primeros niveles de confianza por la población.

Por el PRI, el diputado Carlos Iriarte Mercado inquirió respecto a la estrategia para capacitar a todos los policías locales ante el nuevo sistema de justicia penal. Profesionalización imprescindible en materia de derechos humanos, y no sólo eso, sino que estén plenamente convencidos de protegerlos y garantizarlos, precisó.

Osorio Chong refirió que el nuevo sistema penal oral es un cambio de paradigma en materia de justicia que implica no sólo capacitar a policías, jueces, ministerios públicos, sino que la ciudadanía conozca esta transformación.

Comentó que el Sistema Nacional de Seguridad, en su última sesión, decidió apoyar nuevamente a los estados en el enorme atraso en materia de capacitación de los policías, primer actor y fundamental en este nuevo modelo. Dijo que de los 450 mil elementos, hoy cerca de 360 mil no están capacitados.

“Más que buscar culpables lo que hicimos es un acuerdo con recursos que van a permitir capacitar a todas las y los policías del país. Iniciamos hace 15 días en San Luis Potosí, en nuestra academia, capacitando a los capacitadores y se va a replicar hasta llegar a los policías”, explicó.

Señaló que si no se cubre ese eslabón, lo que puede suceder es que los delincuentes estén en las calles e inocentes puedan ser responsabilizados.