El GIEI en las columnas políticas de hoy, 29 de abril

TRASCENDIÓ/Milenio

Que la abogada colombiana Ángela Buitrago, quien fue el enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con la Procuraduría General de la República, no asistirá hoy a la reunión con las autoridades de la PGR, a quienes le presentarán su informe.
Ayer, después de la conferencia de prensa del GIEI, viajó a Colombia, dijo, “a tomar el mejor café del mundo”.#
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¿Será?/24 Horas
Zerón: horas contadas
Parece que las dudas del GIEI sobre la actuación de Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, sí tuvieron efecto. Poco después de que se paró frente a las cámaras, la PGR anunció que indaga a los servidores públicos que acudieron a la escena del crimen antes que el MP, el 28 de octubre de 2014. Está por verse qué camino tomará el caso, aunque todo indica que don Tomás tiene las horas contadas en la institución. ¿Será?
Disgustos en el PAN
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PATADAS EN LA DESPEDIDA/Rafael Cardona

La Crónica
Elusiva, indefinida, oculta y a veces deliberadamente escondida, la verdad se sirve de muchas mentiras. Ufanos por un protagonismo superior a la naturaleza de su circunstancia y condición, los coadyuvantes se convirtieron en jueces; los auxiliares en mandones, los mandones en dictadores y los césares en profesionales despechados,  pues concluido su segundo periodo de contrato nadie –con autoridad para decirlo.—, les pidió la prolongación de sus servicios sin los cuales la verdad, siempre elusiva, indefinida, oculta y a veces deliberadamente escondida, nunca podrá fulgir en todo su esplendor como ellos hubieran permitido si el gobierno, el pérfido y mendaz gobierno, no les hubiera puesto trabas en sus indagatorias.
—Pero antes de irnos, sabe usted, ahí le dejamos este regalito, y con toda la intención de reventar a la Procuraduría General de la República y ponerla por segunda vez contra la pared (la primera fue cuando fue destituido  Jesús Murillo Karam), anuncian un video en el cual se observa al director de la agencia contra el crimen de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, en sospechosa actividad en las márgenes del río San Juan y los linderos del basural de Cocula, en la infame labor de sembrar evidencias, fabricar pruebas y bloquear el proceso de la justicia y repartir bolsas negras de plástico con falsedades adentro.
—Qué horror
No importa si para hacerlo hubiera sido tan ingenio como para invitar al “tour” de la perversidad a Pilar San Martín, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al mismísimo Omar Trejo, ahora secretario técnico de los expertos independientes y sabios quienes lo acusan desde el fondo de sus dolidos corazones, mientras en sus pechos se les marchitan los collares de flores puestos ahí en torno de su cuello por los dolidos padres de Ayotzinapa (es una sinécdoque) quienes les pedían a gritos lacrimosos, ¡no se vayan, no se vayan!
Zerón de Lucio tomó la acusación por los cuernos y reviró la tarde del miércoles con una extensa explicación del proceso según el cual la justicia fue obstruida y torcida delante de periodistas y con imágenes e instrucciones grabadas de por medio y funcionarios internacionales del sistema planetario de los Derechos Humanos.
“Todo a la luz del día” dijo Zerón , pero no obstante eso los compañeros de viaje salieron en defensa de la patraña de los “expertos” cuya despedida ya dura tanto como las de Lorenzo Garza.
—Me voy pero te quemo el mantel”, diría de ellos algún mexicano quien se sabe otras formas del rencor de una despedida involuntaria, pero no es ahora el caso, sino observar cómo el segundo paso ha sido dado: ya no sólo se dicen las cosas, sino una vez más se rechazan pruebas y explicaciones. Zerón miente por una sencilla razón: es un funcionario de un gobierno omiso, falso y violador de los Derechos Humanos.
Así, en juicio sumario.
—Quítenlo, dicen desde la Cámara de Diputados los antiguos guerrilleros ahora redimidos, pero cuya “alma mater” (es otra sinécdoque) ha sido mancillada.
—Remuévanlo, dicen los paniaguados de la Organización de las Naciones Unidas y la OEA y el coro de las voces disidentes se alza monocorde pues así es como debe ser.
El caso de Iguala hace mucho tiempo dejó de ser una materia de investigación forense. Ahora es el escenario de una disputa política en la cual –por desgracia—se juega parte del futuro de México pues ese caso ya contaminó todo el proceso electoral del año 2018. Y el saldo para nada favorece al PRI. Para nada.
Alguien le pregunta en Televisa a Ángela Buitrago, una de las más visibles en el GIEI si cree posible llegar alguna vez al conocimiento de la verdad. Y ella niega tal horizonte (esta es una metonimia, no una sinécdoque).
—No mientras no haya una voluntad distinta, lo cual significa en buen castellano, así como presumen hablarlo los colombianos; no mientras esté aquí este gobierno y en ese dictado final se monta, obviamente el más capacitado y hábil de todos ellos para el uso de las cámaras y el escenario, Carlos Beristain, quien dice con un tono aparentemente neutro y conmovido, a quien más le hace falta la verdad, es a México.
“Y si no llegamos a ella –sentencia como Casandra —, esta será una losa por muchos, muchos años del futuro de este país. Nosotros seguiremos atentos al caso, dentro o fuera”.
Y esa es la finalidad.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
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El video de Zerón/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero
La realidad rompió el blindaje. El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, divulgado el domingo pasado, que cuestiona el trabajo del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, anuló la protección que durante casi dos años le dio el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien logró mantenerlo en el cargo cuando el equipo de Jesús Murillo Karam se colapsó tras el desgaste por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zerón, que jugó un papel central en las investigaciones que llevaron a la versión oficial del gobierno, conocida como “la verdad histórica”, nunca estuvo expuesto a la crítica pública hasta esta semana, que lo obligó a responder por su trabajo. Lo hizo el miércoles, en una aparición desafortunada.
Zerón le respondió al GIEI sobre un video periodístico grabado durante un peritaje fechado el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, donde según el expediente del caso Ayotzinapa se había recolectado la evidencia de que las cenizas de normalistas presuntamente incinerados en el basurero de Cocula habían sido arrojadas en sus aguas en ocho bolsas. Muchos dimes y diretes cruzaron Zerón y el GIEI sobre el video difundido el domingo, pero la conclusión legal es la admisión del jefe de la Policía Ministerial que sí hubo un error en ese peritaje, no en contenido, sino en la fecha. La perito, reveló, se equivocó al anotar la fecha. No se realizó el 28, sino el 29, dijo Zerón, con lo cual buscó zanjar esa discrepancia de fondo entre las dos partes. La realidad es que profundizó su crisis.
Con la admisión, Zerón no modifica el resultado del peritaje, pero al establecerse la posibilidad de dolo, imprudencia o descuido, comentaron expertos en el tema, se configura una responsabilidad de carácter administrativo. Los peritajes en el río San Juan y el basurero de Cocula han sido cuestionados por expertos independientes, con lo cual ese error de la perito, bajo la supervisión de Zerón, contribuirá a la sospecha de que el jefe de criminalística sembró pruebas para fortalecer “la verdad histórica”. Zerón dijo que su proceder ese día no fue ilegal, porque no realizaba ningún peritaje, sino realizaba una verificación de lo que un día antes había declarado ante el Ministerio Público Agustín García Reyes, detenido junto con otros dos integrantes de Guerreros Unidos, que admitió –tras ser torturado– haber participado en el crimen e incineración de los normalistas. 
Para probar su actuación, Zerón mostró un video realizado por la PGR ese día en el río San Juan, donde aparece García Reyes custodiado por un policía con el arma semiautomática en su espalda, mostrándole los lugares donde se supone tiraron las bolsas con las cenizas de los normalistas. Esas escenas son las que liquidan a Zerón, quien al mostrarlas por primera vez –no fue integrado en el expediente del caso– mostró una flagrante ilegalidad en el proceso y abrió la puerta para que García Reyes pueda recuperar su libertad y ser exonerado del delito por el que se le acusa. Si eso sucede –un camino que la defensa del presunto criminal probablemente siga–, la versión oficial del gobierno mexicano del caso Ayotzinapa será sepultada.
Lo que demostró el video de Zerón es una violación de la ley. Si su presencia no es ilegal, como dijo el miércoles, sí lo fue la de García Reyes, quien salió de la Subprocuraduría Especializada de Investigaciones sobre la Delincuencia Organizada, sin que quedara registrado en el expediente. Es decir, fue una salida ilegal que al mantenerse en secreto, como fue el caso hasta el miércoles, podrá ser tomada como una prueba de violación del debido proceso. El imputado García Reyes no fue asistido en esa diligencia, por lo cual se violaron sus derechos humanos y conlleva, dijo un experto, a la nulidad de las actuaciones. En paralelo, el Ministerio Público, en calidad de garante de la constitucionalidad y la legalidad, añadió el experto, tiene la responsabilidad de proteger y asegurar la eficacia plena de los derechos de las personas que se encuentran a su disposición. Ese día en el río San Juan no había ministerios públicos; sólo policías y peritos. Zerón, quien no es abogado –lo cual es también una limitación legal–, tampoco es ministerio público, sino auxiliar de la representación social.
Nunca como ahora el caso Ayotzinapa estuvo en mayor riesgo de caerse. Las críticas de expertos como el GIEI o el Equipo Antropológico Forense Argentino, respondidas con descalificaciones sistemáticas en algunos medios, fueron un antecedente que contribuyó, sin embargo, a que varios gobiernos en el mundo cuestionaran la investigación y demandaran el Estado de derecho y la aplicación del debido proceso en el caso Ayotzinapa. El video de Zerón demuestra que todas las críticas apuntaban en la dirección correcta, y que la PGR bajo la gestión de Murillo Karam, quien comenzó las investigaciones, estaban en lo correcto. No queda claro si se trató sólo de incompetencia –como se ha insistido en este espacio–, o encubrimiento, como se piensa en muchos otros sectores. Lo que sí queda claro es que el tiempo de Zerón en la PGR se acabó. Tendría que salir porque se convirtió en un lastre para el gobierno y en el mejor ejemplo de que su investigación criminal se tergiversó para engañar a la nación.#
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Zerón-GIEI, el gobierno debe actuar/Pablo Hiriart
EL FINANCIERO, 
El tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa es demasiado serio como para convertirse en un juego de poder en el que se gane con mentiras. El nombre de México está de por medio.
O Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), es un sembrador de pruebas y debe ser castigado con toda severidad por el Estado, o los miembros del GIEI son mentirosos compulsivos que merecen una denuncia judicial en su contra de parte del gobierno.
El día antes de que el GIEI presentara su informe final (sábado 24), sus integrantes se reunieron con representantes del gobierno, a quienes explicaron cómo venía su reporte, y no mencionaron el video en el que aparece Zerón con una bolsa, en una supuesta acción de siembra de pruebas.
La guerra del GIEI hacia el gobierno estaba declarada, pues le ocultó que tenía ese documento fílmico. La buena fe entre el contratante (PGR) y contratado (GIEI) se había perdido.
Pero ahí no está el punto. El GIEI enseñó el video donde se ve al funcionario de la PGR con la bolsa para sembrar pruebas en el basurero de Cocula, y así lo dijo.
En respuesta, Tomás Zerón enseñó un video, de ese mismo día, en que está con dos funcionarios de la ONU en el basurero de Cocula, además de prensa que les acompañaba.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos negó que sus integrantes hayan sido testigos de las diligencias de Zerón en el río San Juan, y manifestó su extrañamiento por que hayan sido señalados en una visita que nunca realizaron.
Alguien está mintiendo de manera grave y debe haber castigados por jugar así con una investigación en la que de por medio hay 43 cadáveres de estudiantes normalistas. 
Por lógica, no veo a Tomás Zerón yendo personalmente a sembrar pruebas al basurero de Cocula, haciéndose filmar mientras cometía el delito.
Pero tampoco veo a funcionarios de la oficina de la ONU haciendo añicos su prestigio y sus carreras, desmintiendo algo de lo que parece haber constancia videograbada.
Hay una mentira enorme en alguna de esas versiones, y el gobierno está obligado a castigar a los culpables, sean funcionarios de la PGR o integrantes del GIEI.
El nombre de México está de por medio.
`Aunque no suene lógico que Zerón haya tramado tal monstruosidad, no sería la primera vez que un alto funcionario de la Procuraduría General de la República siembra pruebas (Pablo Chapa Bezanilla) y engaña a la nación para fabricar realidades por consigna.
Y los miembros de la oficina de la ONU tienen que decir cómo es que aparecen en un video en Cocula, con Zerón, si nunca fueron a ese lugar.
Basta de engaños. El gobierno no puede permanecer impasible mientras se desmorona el nombre de México ante el mundo occidental.
Si los funcionarios de la PGR falsearon hechos y mienten, debe ir todo el peso de la ley contra ellos, sin miramiento alguno.
Y si los integrantes del GIEI editaron un video para engañar, es una perversidad que se debe perseguir hasta sus últimas consecuencias.
Twitter: @PabloHiriart
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Informe GIEI, verdades y mentiras/Jorge Fernández Menendez
Excelsior
El GIEI se despide con flores y mentiras
La agenda del grupo de expertos y de quienes lo sustentan no tiene nada que ver con hacer justicia en el caso Ayotzinapa.
Otra mentira del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El video de Tomás Zerón de Lucio tratando de inducir que se habían fabricado pruebas era una mentira más: se trató de una visita a Cocula donde estaban los medios, forenses argentinos, integrantes de una comisión de la ONU, incluyendo quien es ahora el secretario ejecutivo del propio GIEI, todo está filmado, sustentado, fue público y exhibido en su momento.
¿Por qué mentir en forma tan descarada?, ¿por qué esta mentira abierta, pública, no genera la reacción que merecería? Porque la agenda del GIEI y de quienes lo sustentan no tiene nada que ver con hacer justicia en el caso Iguala, sino con una agenda política puntual y que se exhibió el mismo miércoles cuando los integrantes del grupo fueron a la escuela de Ayotzinapa y en un largo mitin con flores, collares de guirnaldas y discursos encendidos, Claudia Paz y Paz, una de las integrantes del GIEI, les dijo a los padres que el caso no tenía que ver con el narcotráfico, que sus hijos no eran del cártel de Los Rojos ni tampoco de Guerreros Unidos. Es una mentira grosera: el crimen de Iguala está directamente relacionado con el narcotráfico y la lucha entre Los Rojos y Guerreros Unidos, ni el GIEI en su propio informe final se atreve a negarlo.
No tienen más información sobre el tema, porque el grupo nunca hizo (y, obviamente, tampoco buscó respuesta) la pregunta que tendría que haber estado en el inicio de su investigación: ¿por qué fueron enviados los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa, acompañados por un puñado de sus líderes y seis jóvenes que, en realidad, no estaban inscriptos en esa escuela, aquella noche a Iguala?, ¿por qué se les dijo que iban originalmente a tomar camiones a Chilpancingo, mucho más cerca de la escuela (unos 150 kilómetros y menos de dos horas de carretera), pero fueron desviados a Iguala, a 257 kilómetros de distancia y casi cuatro horas de camino?, un territorio, además, donde habían tenido durísimos enfrentamientos con las autoridades locales, tanto que los jóvenes de Ayotzinapa quemaron el palacio municipal a mediados de 2013.
¿Cómo pudo el GIEI hacer su investigación sin saber por qué los jóvenes fueron enviados esa noche a Iguala, sabiendo que era inevitable un enfrentamiento, sin saber quién dio la orden y por qué razón? ¿Para secuestrar camiones para venir a la Ciudad de México el 2 de octubre? En la propia escuela de Ayotzinapa tenían retenidos varios autobuses y hasta pipas con gasolina, y siempre que requerían “transporte” adicional los jóvenes eran enviados a Chilpancingo a secuestrar autobuses, ¿por qué razón ir de noche a Iguala a cuatro horas de camino? El GIEI no lo contesta porque no le interesó preguntarlo pero, por lo pronto, Claudia Paz y Paz se atreve a decir en su mitin en Ayotzinapa que el caso no tiene nada que ver ni con Los Rojos ni con Guerreros Unidos. Y horas después indignarse porque la PGR les demostró que habían mentido una vez más con el famoso video de Tomás Zerón.
Pero la mejor demostración de la agenda política del tema la ofreció Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial de Morena le ofreció a todos los detenidos e involucrados en el caso Iguala, en caso de llegar a la Presidencia, “inmunidad” para que digan la verdad. No es una broma: López Obrador le ofrece a sicarios, líderes de un cártel, a policías corruptos y a los Abarca una suerte de amnistía a cambio de que digan “la verdad”. ¿Pues qué van a decir? Lo que quieran escuchar: que a los jóvenes los abdujeron extraterrestres o que los mandó matar personalmente el presidente Peña, lo que sea para recobrar la libertad. Es una barbaridad y una demostración más de la forma que tendría López Obrador de hacer justicia contra sus adversarios si algún día llega a la Presidencia. Es vergonzoso.
Lo que llama la atención es que ante la reiteración de mentiras evidentes, muchos de los voceros oficiosos del GIEI terminen siendo tan condescendientes, que The New York Times haga un editorial durísimo, respaldando una investigación que, primero, hubiera sido inaceptable en la Unión Americana y, segundo, que no se hubiera podido sostener en ese país ni un minuto en un caso relevante (ejemplos: el principal perito del caso de Waco fue el mismo que el del peritaje en el basurero de Cocula, en aquella terrible historia de la comunidad que se inmoló en Texas, sus opiniones fueron unánimemente respetadas, en el caso Cocula, el GIEI y, por ende, el NYT, lo descalifica e ignora). O que el Departamento de Estado de EU, tan interesado en la sucesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto próximo y con México ya dentro de la agenda electoral de su país, haya respaldado ese informe sin analizar su contenido (el informe del GIEI se dio a conocer el domingo en la tarde, en la mañana del lunes el vocero del Departamento de Estado ya había dado una opinión oficial). En la noche de Iguala no importa ni la justicia ni la verdad, lo importante es una agenda política tan evidente como perversa.#