Sacudida
en el 89 batallón en Los Mochis/Juan Velediaz •
Estado Mayor Mx, (Blog), 13 de abril del 2016
El
ataque contra los militares dejó un saldo de cinco heridos, en las primeras
horas se reportó la muerte de cuatro personas, dos soldados y dos pistoleros.
En los días posteriores fallecieron tres militares más de los seis que viajaban
en una Hummer, lo que elevó a cinco el número de bajas castrenses. La
circunstancia de la emboscada provocó una ola indignación al interior del ejército
por la forma como el coronel Solórzano Torres, conducía las operaciones del
batallón desde que en marzo del 2015 asumió el mando.
Torres
Solórzano ingresó detenido al penal militar de Mazatlán acusado de
desobediencia, abandono de servicio y robo equiparado. Con él también fueron
recluidos el mayor Nicolás Navarro Olvera, jefe de la sección de Información,
Instrucción y Operaciones (SIIO) del batallón, acusado de desobediencia; y el
capitán Juan Manuel Parga García, imputado también por desobediencia. Los tres
ex mandos del 89 de infantería, quedaron procesados en la causa penal 168/2016
que se abrió en el juzgado castrense adscrito a la Tercera Región militar con
sede en el puerto.
La
detención del coronel Torres Solórzano, señalado por sus pares en el ejército
de “negligencia criminal” por la medida que costó la vida a dos oficiales, un
sargento, un cabo y un soldado, revivió las sospechas de sus vínculos con el
narcotráfico en la zona de Choix y Ahome. En enero pasado un video subido a la
red de YouTube, titulado “La realidad de Bacayopa Choix Sinaloa”,se menciona a un “coronel Cortés”, presunto seudónimo del entonces comandante del 89 batallón, a quien los pobladores vinculan con el grupo que controla esa zona serrana del estado. En el video aparecen al principio imágenes del poblado, seguidas del interrogatorio que dura cinco minutos con 50 segundos a un hombre no identificado. Al final aparecen fotos de militares a bordo de vehículos de transporte de tropas.
El
pasado 30 de enero alrededor de las 13 horas en la comunidad de la Huerta,
municipio de Mocorito, se suscitó un enfrentamiento armado entre seis militares
que viajaban en un vehículo Hummer contra un grupo de por lo menos 10 civiles
que se encontraban estacionados en dos vehículos a la orilla del camino. Cuando
los pistoleros notaron la presencia de los uniformados, abrieron fuego con armas
de grueso calibre lo que dejó un saldo final de cinco militares y dos civiles
muertos. Al interior del ejército llamó la atención el desigual número de bajas
entre efectivos supuestamente entrenados para repeler este tipo de agresiones.
Los muertos fueron dos subtenientes, uno de transmisiones y uno de infantería,
un sargento segundo, un cabo y un soldado, de acuerdo al reporte de la
comandancia del 89 batallón asentado en la causa penal.
Tras
la investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, los peritajes
determinaron que los militares que viajaban en un solo vehículo fueron atacados
por dos flancos con armas de calibre 7.62 mm, similar al que utilizan las
fuerzas armadas. Los agresores dispararon ráfagas desde dos vehículos
estacionados, lo que constituyó una emboscada de acuerdo a la doctrina militar
que define este tipo de agresiones como un “ataque sorpresivo de fuerzas
enemigas en movimiento”.
El
desplazamiento en un solo vehículo expuso a los militares a esa acción por
parte de los testaferros, lo que equivale a un error táctico propiciado por la
orden que dio su comandante, el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor
(DEM) Torres Solórzano. Aquel día el jefe castrense ordenó el relevo de un
servicio en un puesto de vigilancia en esa comunidad para lo cual se utilizó un
solo vehículo. El motivo fue, según el expediente, para ahorrar combustible.
De
acuerdo a militares del 89 de infantería, se sabía por varios testigos que el
mando militar ordenaba muy seguido la salida de un vehículo aislado, lo que
contravenía la orden superior de no hacerlo dictada por el Estado Mayor de la
Defensa Nacional. Esa disposición señala que para evitar desventajas de este
tipo ante integrantes del crimen organizado, que operan en grupos numerosos y
se desplazan en convoyes de vehículos algunos incluso con blindaje, es
obligatorio para cada vehículo llevar escolta en cualquier desplazamiento.
La
emboscada y muerte de los cinco soldados conmovió al paso de las semanas a la
comunidad militar. El suceso tuvo amplia difusión en redes sociales lo que
causó indignación al conocerse la omisión por parte de Torres Solórzano que
abonó para el descalabro de sus tropas. De acuerdo a versiones de personal
castrense, a la hora del ataque el coronel se paseaba de civil con su familia
en los Mochis. Abandonó su servicio como responsable del puesto de mando de
Bacubirito, de donde salió el personal rumbo a La Huerta a efectuar el relevo.
Debido
a esta solicitud, dos meses después del ataque la Procuraduría de Justicia
militar inició una averiguación previa que concluyó con una purga en los mandos
del 89 batallón de los Mochis. El coronel Torres Solórzano, el mayor Nicolás
Navarro Olvera y el capitán Juan Manuel Parga García fueron detenidos y
enviados al penal militar de Mazatlán.
El
lunes 4 de abril el juez castrense fijó fianza al coronel Torres y al mayor
Navarro, una vez que la cubrieron
abandonaron la cárcel para enfrentar el juicio en libertad bajo caución,
ya que los delitos por los que se les acusa no están considerados graves.
De
acuerdo a fuentes cercanas al caso, la procuraduría militar pretende descargar
la responsabilidad en el capitán Parga García, ya que sus superiores Torres y
Navarro lejos de asumir su responsabilidad, inculparon al oficial pese a que el día del suceso éste se
encontraba en calidad de “excedente” y sin mando de tropas en el 89 batallón.
La
historia detrás de esta imputación al interior del batallón, es que días antes
el coronel había ordenado instruir un consejo de honor al capitán Parga García.
La razón fue que había solicitado su cambio de adscripción, por lo que fue
colocado en calidad de “excedente”, y como “castigo” le ordenó permanecer en el
puesto de mando de Bacubirito donde el coronel era el titular.
Otra
historia en la ficha del hoy ex comandante del 89 batallón, refiere que al
subteniente Aldo Martín no le correspondía acudir al puesto de mando de
Bacubirito en esa fecha. Asistió porque Solórzano lo castigó debido a que
solicitó su cambio a un batallón de Policía Militar en la ciudad de México para
poder estar cerca de su familia. Este hecho molestó al coronel y lo mandó a la
sierra.
En
el pliego de consignación el ministerio público militar acusó de “grave
omisión” a Torres Solórzano, lo que ocasionó la vulnerabilidad en la seguridad
de sus tropas al exponerlos en desventaja frente al enemigo. Fue un error
táctico que resultó mortal. De acuerdo al artículo 268 del reglamento general
de deberes militares, el coronel en su calidad de comandante de unidad, es el
único responsable ante la superioridad de la disciplina, administración e
instrucción del cuerpo bajo sus órdenes. El artículo 325 dice que el mando
militar recae en una sola persona y por ningún motivo será divisible. De ahí
que la defensa del capitán Parga se pregunte por qué inculpar de todo a éste
oficial.
En
el año 2010 al entonces teniente coronel Torres Solórzano se le involucró con
la organización de los hermanos Beltrán Leyva, cuando se desempeñaba como
subjefe de estado mayor en la séptima zona militar en Monterrey, Nuevo León. Su
nombre apareció en un video subido aquel año a YouTube junto al de otros
militares como el del general Cuauhtémoc Atúnez Pérez, entonces comandante en
el cuartel ubicado en la capital regiomontana ―hoy
retirado― y
actual secretario de seguridad en esa entidad.
Con
faltas de ortografía el video titulado “Confecion de un dezertor del ejército”,
es un interrogatorio a quien se identificó con una credencial del ejército como
teniente de infantería Rodrigo Fernando Pérez Rodríguez.
Este oficial narra la
circunstancia que obligó en 2009 a la detención de Héctor Huerta Ríos, alias
“la Burra”, operador de los Beltrán en Nuevo León. El teniente coronel Torres
Solórzano aparece como parte de la red de protección que la organización tenía
en aquel tiempo en esta zona del país.
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