Revista
Proceso # 2076, a 14 de agosto de
2016-
Desde
Los Pinos, guerra sucia contra la prensa/JENARO
VILLAMIL
Ya
se hizo costumbre: cada dos por tres se documenta alguna nueva “Casa Blanca” en
el entorno íntimo del presidente Enrique Peña Nieto. La última la dio a conocer
The Guardian hace una semana. Se trata de un departamento de Angélica Rivera en
Miami. Los casos han sido tantos que el gobierno federal ya perfeccionó una
técnica para “responder” a las pruebas, documentos y testimonios que evidencian
los recurrentes conflictos de interés. Esa técnica se llama verborrea:
palabrería insustancial que descalifica, insulta, confunde y distrae, pero que
rehúye informar, aclarar o dilucidar las cuestiones de fondo.
Pierdant
no respondió ni a The Guardian ni a Univisión cuando le solicitaron aclarar por
qué la compañía Biscayne Ocean Holdings, de su propiedad, pagó los impuestos
del departamento 304 en el condominio Ocean Tower One.
La
disputa con “The Guardian”
El
mismo martes 9 que se publicó el reportaje de The Guardian, Eduardo Sánchez
arremetió contra el medio británico, pero no respondió la duda fundamental: por
qué y a cambio de qué Pierdant pagó los impuestos de una propiedad de Rivera.
Sánchez
afirmó que era “falso” que el departamento referido sea “el hogar” de Rivera y
consideró como “una especulación a todas luces dolosa” afirmar que Pierdant sea
un “contratista potencial” del gobierno. “El señor Pierdant no ha celebrado
contratos con el gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso
en curso”, sentenció el vocero.
“Lamento
que The Guardian oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a
confirmar la veracidad de su información”, arremetió Sánchez y desacreditó la
veracidad del medio.
“En
el pasado reciente, The Guardian ha publicado información sobre temas
relacionados con nuestro país que ha sido desmentida. En algún caso, tuvo que
ofrecer disculpas a sus lectores porque no pudo sostener la veracidad de lo
publicado. Siento mucho la falta de profesionalismo de este medio que afecta,
sobre todo, a sus lectores”, pontificó el vocero presidencial, exresponsable
jurídico de Grupo MVS y exdiputado federal priista.
Consultada
por Proceso ante esta afirmación, la vocera de Guardian News & Media, Katie
Thompson, afirmó lo siguiente:
“The
Guardian mantiene una profunda responsabilidad al reportear en México.
Reafirmamos esta historia y jamás hemos pedido disculpas por ninguno de
nuestros reportajes previos en México.”
En
junio de 2012, en plena campaña presidencial, la corresponsal de The Guardian
Jo Tuckman investigó y publicó documentos para respaldar el vínculo entre
Televisa y Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial del PRI, muy
similares, pero diferentes en sus montos y especificaciones a los contratos que
Proceso publicó desde octubre de 2005.
Tuckman
también dio a conocer el llamado Equipo Handcock, un grupo secreto dentro de
Televisa que trabajaba para la campaña de Peña Nieto y de otros priistas en el
Estado de México. La unidad estaba comandada por Alejandra Lagunes, exdirectiva
de Google y actual responsable de la comunicación digital del gobierno federal.
Grupo
Televisa amenazó a The Guardian con un juicio por difamación para la compañía
británica. Además, el entonces embajador de México en Gran Bretaña, Eduardo
Medina Mora, cabildeó para provocar un desmentido del rotativo, cosa que no
ocurrió.
El
3 de febrero de 2013, The Guardian no publicó una “disculpa”, sino un documento
de aclaración señalando que sus reportajes no tuvieron la intención “de sugerir
que estos documentos constituían una prueba concluyente de parcialidad o sesgo
informativo por parte de Televisa”.
Cuando
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el dictamen
mediante el que exoneró a la campaña de Peña Nieto de gastos irregulares o de
trato preferencial con Televisa, The Guardian afirmó que aceptaba la resolución
de los tribunales mexicanos.
Los
reportajes de la edición online y de la versión impresa de The Guardian no
fueron bajados ni modificados, según aclararon a Proceso fuentes del propio
grupo editorial británico.
Y
con “The Wall Street
Journal”
y Reuters
Eduardo
Sánchez también ha protagonizado diferendos con otros medios internacionales, a
raíz de coberturas críticas o de reportajes sobre presuntos conflictos de
interés entre Peña Nieto; su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y
contratistas del gobierno.
Después
del escándalo de la Casa Blanca, The Wall Street Journal publicó, en enero de
2015, que el primer mandatario adquirió una casa en Ixtapan de la Sal en 2005,
cuando era gobernador mexiquense, al empresario Roberto San Román Widerkehr,
quien desarrolló el exclusivo campo de golf en esta zona veraniega y que
posteriormente ganó más de 100 millones de dólares en contratos de obra
pública. El periódico aclaró que durante el gobierno federal de Peña Nieto, San
Román ha ganado contratos por 555 millones de pesos, tres mediante la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 12 a través del Fondo Nacional
para Desastres Naturales.
En
su respuesta del 21 de enero de ese año, Sánchez afirmó que Peña Nieto adquirió
“legalmente” esa propiedad en Ixtapan de la Sal y que la ha manifestado en sus
declaraciones patrimoniales tanto de gobernador como de presidente.
“La
constructora a la que se refiere la nota participó en términos de la ley
aplicable en los procesos de contratación. (…) Al presidente de la República no
le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”, afirmó
Sánchez, como si en esta declaración exonerara a Peña Nieto de cualquier
favoritismo.
Sánchez
no negó que San Román hubiera sido beneficiado con contratos de obra pública de
la SCT, pero afirmó “a manera de contexto” que la Secretaría dirigida por
Gerardo Ruiz Esparza –el mismo personaje vinculado al escándalo de la Casa Blanca
y los contratos de Grupo Higa– “ha otorgado 6 mil 534 contratos a más de 4 mil
empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores
públicos encargados de ello”.
The
Wall Street Journal publicó, en marzo de 2015, nuevas revelaciones
inmobiliarias relacionadas con Luis Videgaray, a quien señaló en diciembre de
2014 como responsable de posible conflicto de interés al adquirir su mansión en
Malinalco.
Según
el reportaje de marzo de 2015, Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, le
vendió a Videgaray, “al costo”, la mansión de Malinalco por 7.5 millones de
pesos, que había adquirido 10 meses antes. Es decir, no hubo ninguna ganancia.
Este
caso generó un mayor escándalo cuando la agencia Bloomberg informó, en agosto
de 2015, que Grupo Higa cobró un cheque de 6.6 millones de pesos (unos 500 mil
dólares) por el pago de la propiedad de Malinalco hasta inicios de diciembre de
2014, casi un año después de que el cheque fuera emitido y días antes de que
The Wall Street Journal revelara el caso.
Bloomberg
informó que los documentos obtenidos revelaban que Videgaray no cerró el trato
de compraventa de su mansión sino hasta el 28 de noviembre de 2013, casi un año
después de que tomó posesión como secretario de Hacienda. En ese periodo,
compañías de Hinojosa Cantú ganaron contratos de cuatro bancos de desarrollo en
los que Videgaray preside el consejo de administración como titular de
Hacienda.
En
ese escándalo, el vocero presidencial no emitió respuesta alguna. Videgaray
mandó una aclaración a Bloomberg afirmando que el cheque con el que se liquidó
la operación de compraventa de Malinalco “sería cobrado una vez que fuera
liberada a mi favor, mediante escritura pública, la hipoteca constituida sobre
el inmueble, correspondiendo a la parte vendedora realizar los trámites
necesarios para dicha liberación”.
En
otras palabras, Videgaray se lavó las manos de cualquier responsabilidad, pero
no aclaró nada sobre los créditos a Grupo Higa por parte de cuatro bancos de
desarrollo.
En
mayo de 2015, la agencia de noticias británica Reuters realizó una
investigación sobre otra propiedad de Peña Nieto en Valle de Bravo –una de las
ocho que aparecen en su declaración patrimonial, cinco obtenidas mediante
“donación”– y detectó que pagó sólo 5 mil dólares por este terreno de mil
metros cuadrados.
En
su declaración patrimonial hecha pública en 2013 resultó que “la propiedad fue
valuada en sólo 11 mil 200 viejos pesos o cinco dólares de aquella época”.
“Diez
abogados y profesores de derecho en importantes bufetes y escuelas de leyes
mexicanas consultados por Reuters dijeron que la declaración incorrecta podría
traer problemas legales al presidente”, se leía en la nota.
En
su respuesta a Simon Gardner, reportero de Reuters, Sánchez le reprochó que no
sabe convertir montos de viejos a nuevos pesos, que su nota carecía de rigor y
que “tergiversa la realidad” porque “no sólo omite calcular la inflación en
México en el transcurso de estos 33 años y la plusvalía de los inmuebles en el
país con el paso del tiempo, sino, lo más elemental, el desliz del tipo de
cambio peso-dólar –más de 1,800%– de esa fecha para acá, por lo que la
valuación que usted hace carece de rigor y tergiversa notoriamente la realidad”.
Luna
de hiel
La
luna de miel que Peña Nieto vivió con los medios extranjeros en 2012 se
transformó en una pesadilla. El término Mexican moment, acuñado por el
columnista Thomas Friedman en The New York Times se transformó en el Mexican
murder, frase empleada por The Washington Post a raíz de los hechos sangrientos
ocurridos en Tlatlaya, Iguala y Apatzingán en 2014.
La
situación empeoró con la revelación de la propiedad inmobiliaria de Peña Nieto
de la Casa Blanca, investigación encabezada por el equipo de reporteros de
Carmen Aristegui en noviembre de 2014, y la torpe respuesta gubernamental ante
el escándalo y la sucesión de nuevas revelaciones de conflictos de interés.
El
17 de septiembre de 2014, mes y medio después de la matanza de 22 civiles en
Tlatlaya, la revista Esquire y la agencia de noticias estadunidense AP
publicaron testimonios de testigos de la masacre en el poblado mexiquense que
señalaban que los militares habían fusilado a los civiles, ya rendidos.
El
escándalo de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de
Ayotzinapa, ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014, aunado a la matanza de
Tlataya, modificó la cobertura de los medios internacionales.
El
9 de octubre la influyente revista británica The Economist consignó la mala
respuesta de Peña Nieto ante ambas tragedias y The New York Times afirmó en una
editorial que “la crisis generada por el crimen organizado puede ser aún peor
de lo que el gobierno mexicano ha reconocido”.
La
falta de resultados creíbles en la investigación provocó un alud de crónicas,
reportajes y editoriales críticos en The Washington Post, Los Angeles Times,
The Guardian, The Wall Street Journal, The Financial Times, El País y El
Mundo.
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