Revista
Proceso # 2076, a 14 de agosto de
2016-
El
juicio paralelo es el escrutinio, por parte de los medios de comunicación, de
un juicio de derecho con el propósito de que se observe puntualmente el debido
proceso. Es un mecanismo externo de control y defensa de la legalidad. Sin
embargo, muy distintos son los juicios mediáticos que han surgido con el
gobierno de Enrique Peña Nieto como vía para realizar ajustes de cuentas con
sus adversarios, en una clara violación al principio de seguridad previsto en
los artículos 14 y 16 constitucionales.
Desde
el gobierno de Felipe Calderón se inició esta tendencia, que tuvo en los casos
de Florence Cassez (quien finalmente fue absuelta por una atendible resolución
de la Suprema Corte de Justicia que no resolvió si Cassez era culpable o no de
los delitos que se le habían imputado, sino si se había observado o no el
debido proceso, empezando por el montaje preparado para los medios por el
gobierno federal), de Arturo Beltrán Leyva, quien después de ser abatido por la
marina fue cubierto de billetes de dólares estadunidenses por los propios
elementos de la Secretaría de Marina y difundidos profusamente por los medios,
y del Michoacanazo, que fue ampliamente publicitado y el cual acabó por caerse
al ser absueltos todos los presuntos responsables.
Estos
casos entrelazaban juicios mediáticos con juicios de derecho a instancias del
poder público.
Con
Peña Nieto se inauguró una nueva forma de “sancionar” a los adversarios al
gobierno: el juicio mediático sin juicio de derecho. Sobra decir que este
estilo personal de gobernar se encuentra por entero al margen de la ley y
lastima los derechos humanos esenciales de quienes se han visto en estos
“casos”. El más emblemático es el de Kate del Castillo, quien sigue pidiendo
que la PGR le defina su situación jurídica, lo que hasta ahora, también
violando la ley, no ha sucedido.
Kate
fue linchada en el tribunal de los medios que siguió, en forma mayoritaria, el
guión oficial –filtraciones de por medio de la propia autoridad– para dinamitar
la imagen de la actriz, medida que al final del día no logró su cometido,
aunque pudo haberlo logrado.
Lo
grave es que ese juicio mediático prohibido por la Constitución y la ley fue
puesto en marcha por el gobierno federal contra una ciudadana. Lo que en un
Estado de derecho hubiera pasado era, primero, integrar una sólida averiguación
previa en sigilo, solicitar orden de aprehensión si se tuvieran los elementos
requeridos, y después, sólo después, hacer que la información trascendiera a
los medios. Pero el gobierno actuó exactamente al contrario de sus atribuciones
legales.
El
mismo comportamiento ilegal se reprodujo con Lucero Guadalupe Sánchez López,
exdiputada local de Sinaloa, quien fue llevada a la hoguera de la inquisición
mediática por una supuesta relación con Joaquín Guzmán Loera. El escándalo
llegó a tal punto que hasta su desafuero fue solicitado por Ricardo Anaya,
dirigente nacional de su propio partido, el PAN, quien incluso amenazó a su
fracción parlamentaria en el Congreso de Sinaloa con expulsar de las filas
partidistas a quien no votara a favor del desafuero de Sánchez López.
Al
final, el Congreso local no desaforó a la entonces diputada, quien los últimos
meses presentó permisos para ausentarse de las sesiones. Tampoco Anaya cumplió
su palabra y los exdiputados locales del PAN siguen en las mismas filas del
partido en Sinaloa. Muchas, muchísimas imputaciones en los medios a la joven
sinaloense, pero sin ninguna evidencia ni acción de la autoridad en el marco de
la ley.
Otra
fórmula fue la de generar incentivos a empresarios o políticos para desgastar a
periodistas incómodos ¿Quién, por ejemplo, con dos dedos de frente puede creer
que el señor Joaquín Vargas, de MVS, en el interés de “cuidar” su prestigio
decide demandar a Carmen Aristegui por el prólogo de un libro siete meses después
de que la obra está en circulación? Si tanto le importara su prestigio al señor
Vargas, ¿no debió haber demandado enseguida precisamente para evitar que
sufriera una afectación en su patrimonio moral que tanto le inquieta?
Sin
embargo, distinta fue la postura del gobierno federal a la nota de The Guardian
sobre el uso de un lujoso departamento por parte de la primera dama, Angélica
Rivera (junto al declarado por ella como suyo en Miami), propiedad de un
empresario mexicano que incluso pagó el predial del departamento de la esposa
del mandatario.
A
la nota del diario británico siguió una fuerte aclaración del vocero de la
Presidencia que fue rápidamente desmentida con datos duros del pago del citado
predial, incluso por el propio empresario, quien aceptó que sí había pagado el
impuesto y sí le prestaba el departamento a la primera dama.
¿No
es raro que un “amigo” pague los impuestos nada más y nada menos que de la
esposa del presidente de la República? Si la nota de The Guardian fuera falsa,
¿no hubiera bastado que la propia Presidencia hubiera convocado a los medios
para verificar que los departamentos están debidamente separados y no se
convirtieron en una sola edificación de facto? ¿No genera conflicto de interés,
aunque sea aparente, este hecho?
En
suma, si se trata de los adversarios, el gobierno de Peña Nieto viola la
Constitución y la ley haciendo campañas de desprestigio en la mayoría de los
medios mexicanos que tienen intereses económicos con la administración federal.
Y en esos casos “olvida” que sólo puede llevar a afecto lo que la Constitución
y la ley expresamente le permiten.
Pero
si se trata de él o de su familia detectados in franganti violando la ley,
también se usa a esa mayoría de medios para desvirtuar la nota, en este caso de
The Guardian o de invisibilizarla. El gobierno peñanietista está compitiendo en
serio en la carrera por ver quién puede hacer tantas cosas mal y fuera de la
ley en el menor tiempo posible. Y la verdad sea dicha, va ganando la
competencia, como lo apunta la más reciente encuesta del periódico Reforma,
según la cual el 74% de la sociedad desaprueba la gestión de Peña Nieto.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
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