Puebla sangra mientras Moreno Valle se sueña presidente

Revista Proceso # 2075, 7 de agosto de 2016.

Puebla sangra mientras Moreno Valle se sueña presidente/

GABRIELA HERNÁNDEZ

En el primer semestre de 2016 se han cometido 205 ejecuciones en Puebla, una estadística que no era vista antes en la entidad. Pese a ello, el gobernador Rafael Moreno Valle sigue soñándose presidente de México. Ya el propio Senado condenó, por ejemplo, la inacción del mandatario ante la escandalosa ordeña clandestina de ductos de Pemex en ese estado, que en su administración se disparó a mil 600%.

PUEBLA, Pue.- Mientras que el gobernador Rafael Moreno Valle recorre las entidades del país “para compartir los logros de su gobierno” con miras a posicionarse como presidenciable, en Puebla el crimen organizado se hace presente con balaceras, ejecuciones, extorsiones, desaparecidos y secuestros.

Cuando falta medio año para que concluya el sexenio, de la Puebla segura que presumía el mandatario sólo queda el discurso. La creencia de que esta ciudad es utilizada por líderes del crimen organizado sólo como residencia quedó rebasada.

De acuerdo con el observatorio Semáforo Delictivo, en el primer semestre de 2016 se cometieron 205  ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, una estadística que hasta hace unos años no era común en la entidad.

El pasado martes 2 fue localizado el cadáver del alcalde de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, quien fue emboscado por un grupo armado; ese mismo día se dio a conocer que el edil auxiliar de Acatepec, Carlos Rivera Tapia, sufrió un intento de secuestro del que supuestamente pudo escapar.  

En una zona muy cercana al centro histórico, ese mismo día un sujeto disparó contra el notario público Juan Crisóstomo Orea, y el viernes 5 apareció ultimado de varios balazos el empresario Juan Francisco González Pacheco, quien había sido plagiado en Tehuacán.

Otros cinco alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales han sido asesinados en lo que va del sexenio de Moreno Valle.

El 19 de abril fue ejecutado Tarcisio Lorenzo Marcos, expresidente municipal de San Felipe Xochiltepec, en tanto que Neftalí Hernández Mejía, quien lo fue de Domingo Arenas, murió el 15 de julio en un asalto.

En mayo de 2015 fue ejecutado el regidor de Chignahuapan, Salvador Méndez Morales, y en abril de 2013 fue asesinado ante su esposa e hijo José René Galindo Rocha, presidente municipal de San Salvador El Verde.

Públicamente se ha conocido que al menos 15 familiares directos de alcaldes y diputados han sido víctimas de secuestros en la entidad. En abril último, siete meses después de haber sido secuestrado en el municipio de Xicotepec, apareció el cuerpo sin vida del excandidato a alcalde del PRI Esteban Fosado Fuentes.

El empresario Zito Zanatta Vidaurri, hermano del diputado federal Rosalío Zanatta, fue secuestrado por Los Zetas en octubre de 2014, pero hasta la fecha no se tienen noticias de su paradero.

Según las autoridades federales, el incremento de la inseguridad está relacionada con la operación de bandas dedicadas al robo de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las estadísticas de la paraestatal indican que este delito se disparó en el sexenio morenovallista, pues de 49 tomas clandestinas que se detectaron en 2010, al cierre de 2015 alcanzaron 825, lo que representa un crecimiento de más del mil 600%.

En el primer semestre de este año, indica la misma empresa, Puebla se colocó como el estado donde se registra la mayor incidencia del robo de combustibles, al ubicar en su territorio 601 tomas clandestinas.

El fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, reconoció en febrero que Los Zetas operan en la zona conocida como el Triángulo Rojo, formada por los municipios de Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco y Palmar de Bravo, donde pasan los ductos de Pemex que van de Veracruz al Distrito Federal. Este delito también ha repuntado en la Sierra Norte de Puebla, en el corredor Xicotepec-Venustiano Carranza-Huauchinango.

En las últimas semanas, decenas de alcaldes poblanos han denunciado que son objeto de amenazas y extorsiones por parte de grupos delictivos que les piden garantizarles el libre tránsito por sus territorios para la ordeña de ductos.

Los alcaldes de Tepeyahualco de ­Cuauhtémoc, Francisco Palacios Lorenzo; de Tochtepec, Marco Pérez; de Acajete, Antonio Aguilar, y de Santa Rita Tlahuapan, Joel Díaz Ramírez, revelaron públicamente que están amenazados de muerte por los llamados huachicoleros, como se les llama a quienes se dedican a esa actividad ilegal.

Ante la inseguridad, la autodefensa

Desde enero de este año, las balaceras y las narcoejecuciones se han vuelto noticia cada vez más presente en los medios de comunicación poblanos.

El día 20 del mismo mes, un comando de medio centenar de sicarios se enfrentó a balazos con militares en la comunidad de San José Bellavista, en Palmar de Bravo. El 1 de marzo, hombres armados irrumpieron una pelea de gallos en Cuautlancingo, donde ejecutaron a dos hombres y secuestraron a una veintena de personas, cuyos cadáveres fueron localizados después dentro de tambos de ácido.

A principios de abril, en el municipio de Francisco Z. Mena, un grupo de plagiarios disparó contra un niño de siete años para llevarse a su padre. El 25 de abril fueron localizados siete cuerpos calcinados en los límites con Veracruz.

A finales de mayo, un hombre fue baleado en el bar El Tigre, ubicado en la avenida Juárez, una de las calles más transitadas de Puebla.

La noche del 31 de ese mes, personas dedicadas al robo de combustibles ingresaron a la Junta Auxiliar La Purísima, en Palmar de Bravo, y asesinaron a cuatro jóvenes. Días después, el 12 de junio, otro comando asesinó a cuatro personas durante un partido de beisbol en Acatzingo.

En un lapso de horas, el 4 de julio fueron localizados seis cuerpos de personas ejecutadas en los ejidos de Sebastián Villanueva y Felipe Ángeles, de Acatzingo.

La madrugada del 18 de julio, una toma clandestina generó una fuga de diésel que provocó pánico entre habitantes de fraccionamientos situados en los alrededores del parque industrial Finsa.

Hartos de la inseguridad que generan estas bandas y de la protección que reciben por parte de las autoridades, los habitantes de San Francisco Tláloc, municipio de Tlalancaleca, se organizaron en guardias comunitarias para enfrentar a los delincuentes.

En al menos tres ocasiones los pobladores se han enfrentado a balazos con supuestos chupaductos, han detenido y entregado a las autoridades a tres de ellos y les han quemado o volcado al menos dos docenas de vehículos usados para transportar el combustible robado.

Cómplices sin castigo

El 1 de marzo de este año, el Senado aprobó un punto de acuerdo, promovido por el grupo parlamentario del PRI, que cuestiona la nula actuación del gobierno de Moreno Valle para frenar la ordeña de ductos en esta entidad, así como la complicidad de las autoridades estatales con las citadas bandas.

En el escrito se asegura que “el gobierno del estado no ha mostrado interés ni esfuerzos por coadyuvar en el combate de este ilícito, lo que evidencia que la Federación y municipios trabajan sin el respaldo del Ejecutivo local”.

Los senadores hacen referencia a la detención, ocurrida el 14 de julio de 2015, del director general de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, y del jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Méndez Lozano, cuando escoltaban a decenas de vehículos cargados de combustible robado.

“De acuerdo a diferentes legisladores que dieron seguimiento al caso, estos exfuncionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Puebla, en donde recibieron asistencia jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, al mando de Facundo Rosas Rosas”, refieren.

En el acuerdo, los senadores piden al gobernador poblano un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con integrantes de la Policía Estatal presuntamente vinculados con ese ilícito.

Aun cuando se comprobó la cercanía de ambos mandos con Rosas Rosas, el funcionario morenovallista renunció semanas después del escándalo, sin que hasta ahora se le hayan fincado cargos.

Por el contrario, a mediados de julio la defensa de los dos exjefes policiacos estatales abrió la posibilidad de que puedan obtener una sentencia ­absolutoria.