Revista
Proceso #2080, 11 de septiembre de 2016..
Decenas
de colombianos se encuentran desaparecidos en México. Otros más han sido
asesinados. O están presos tras juicios en los que su nacionalidad fue “un
defecto”. O fueron asesinados. O revictimizados. En los últimos años, en
México, ser un nacional de aquel país sudamericano se ha convertido en un
problema. Y no sólo por las autoridades mexicanas, sino también por la
indolencia de los representantes diplomáticos colombianos.
Los
63 desaparecidos reportados por Esqueda Muñoz contrastan con la información que
arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) del Sistema
Nacional de Seguridad, que incluye los nombres de 27 colombianos (22 hombres y
cinco mujeres) desaparecidos entre septiembre de 2009 y enero de 2016, de un
total de mil 48 registros investigados por la PGR.
De
los 27 casos, nueve ocurrieron en la Ciudad de México, siete en Michoacán,
cuatro en Veracruz, dos en el Estado de México, y en Jalisco, Tamaulipas,
Chiapas y Quintana Roo, uno por entidad. Del último hecho no se tiene
información.
Aun
cuando se pudo confirmar mediante testimonios obtenidos por la reportera que la
base de datos del RNPD está incompleta, da luz sobre la magnitud del problema:
la comunidad colombiana representan 31.4% de los 66 extranjeros desaparecidos
según la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de
la PGR.
Salcedo
puntualiza que, paralelamente, la población colombiana ha sido estigmatizada.
Se ha criminalizado a las víctimas y se han entablado acusaciones contra
inocentes.
La
responsabilidad no es sólo del gobierno mexicano, acota. “Los colombianos se
sienten abandonados, porque la representación diplomática acompaña en trámites
como la repatriación de cuerpos, en algunos casos judiciales sin profundizar, y
no recurre a mecanismos como notas de protesta o a la OEA (Organización de los
Estados Americanos) para denunciar la violencia contra los colombianos en
México”.
El
3 de agosto, la reportera solicitó una entrevista con la embajadora colombiana,
Patricia Cárdenas, mediante un e-mail enviado a la asistente en comunicaciones
de la diplomática, Rosa Cárdenas, pero no recibió respuesta.
Ristra
de casos
La
desaparición de Helio Rodrigo Toro Valenzuela, detenido por agentes de la
Fuerza Civil en Poza Rica, Veracruz, el 9 de noviembre de 2015, es uno de los
casos que concita la indignación colombiana.
Su
pareja, Karelis Pacheco, narra las trabas que ha tenido en busca del padre de
su hijo de tres años, así como para interponer la denuncia por la desaparición
de Helio, dedicado al préstamo “gota a gota”, un sistema en el que el acreedor
cobra a diario a sus deudores, muy popular en Colombia.
La
mañana del 9 de noviembre del año pasado, Helio se quedó en Poza Rica para
realizar su rutinaria visita a los locatarios de un mercado que le debían dinero,
mientras Karelis se dirigió a Gutiérrez Zamora, donde pensaban incursionar con
el “gota a gota”.
A
la una de la tarde, mientras Karelis estaba en Papantla, recibió una llamada de
uno de sus clientes, quien le informó que Helio y otras cinco personas habían
sido detenidas por seis o siete policías encapuchados de Fuerza Civil, pero que
sólo a él lo subieron a una patrulla.
“Los
comerciantes que conocían a Helio preguntaban a los policías por qué se lo
llevaban, y les dijeron que por no tener papeles; les advirtieron que si iban
de chismosos, iban a ir por ellos”, recuerda Karelis en entrevista, realizada
en las oficinas de la organización ID(HEAS) Litigio Estratégico en Derechos
Humanos, que la representa.
La
mujer regresó a su casa por el pasaporte de Helio y se dirigió a las
instalaciones de la Fuerza Civil en Poza Rica, donde negaron tenerlo, al día
siguiente volvió a acudir, acompañada de su casero, y una vez más personal de
la corporación rechazó haberlo detenido, por lo que se dirigieron a las
oficinas de la PGR con la intención de poner una denuncia por desaparición
forzada pero le negaron la atención, argumentando que en esa oficina “sólo
investigaban casos de secuestro y extorsión”.
Meses
después, gracias al apoyo de Lucía Díaz, de El Solecito de Veracruz, acudió a
la Ciudad de México a interponer la queja en la entonces Unidad Especializada
en Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de que presentó otra en la
Fiscalía General de Veracruz.
Mientras
ella aguardaba noticias, se enteró que cinco colombianos que habían
desaparecido el 11 de noviembre en Córdoba habían sido encontrados 10 días
después, muertos y con huellas de tortura… También se dedicaban al “gota a
gota”.
El
sinsentido, a miles de kilómetros
Una
foto y un video en una discoteca de Cuautla, Morelos, son los últimos mensajes
que Deyvi Orlando Quiroga Vera envió por Whatsapp a su madre, Miriam Vera, la
madrugada del 11 de abril pasado.
La
historia de Deyvi, quien desapareció junto con el colombiano Jonatan Meza
Montes –el joven con el que está en el último mensaje que le envió a su madre–
no está considerada en el RNPD.
En
entrevista, Miriam Vera cuenta que al no restablecer comunicación con su hijo,
quien vivía en Ayala, a 15 minutos de Cuautla, el 14 de abril interpuso
denuncias por la desaparición ante la Policía Judicial de Colombia, conocida
como Sijin, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada de México
en Colombia. El hermano de Jonatan, que vivía también en Morelos, denunció ante
las autoridades mexicanas el 15 de abril.
De
origen humilde, Miriam Vera cuenta que Deivy viajó a México el 12 de septiembre
de 2015, invitado por un excompañero del bachillerato, Diego Alexander Osorio.
Lo primero que supo de su hijo una vez instalado en México es que “trabajaba de
domiciliario (repartidor) de tacos, luego se cambió de trabajo, pero igual
manejaba una moto”.
Cuando
no logró localizar a su vástago, de 22 años, Miriam buscó a Diego Alexander,
quien de forma desparpajada le informó que “Deyvi estaba secuestrado, pero que
él estaba atendiendo el asunto”. Diego le aseguró que él no tenía que ver con
la desaparición y que la noche que ocurrieron los hechos él estaba preso en
Puebla. Más tarde, Diego dejó de contestar las llamadas.
Días
después de la desaparición de Deyvi, ella recibió información por Messenger
(firmada por “un señor Jaja”), que le decía que su hijo “se había cogido una
plata, 30 millones de pesos colombianos”.
A
más de cuatro meses de la desaparición de Deyvi, quien dejó en Colombia a una
pequeña de dos años, Miriam acude a la Sijin y a la embajada con frecuencia, le
han dicho que tiene que esperar una orden de México para que le tomen una
muestra de ADN.
“En
la embajada lo tratan a uno muy bonito, pero no me dicen cómo está la
investigación, me dicen que las cosas están retrasadas en Morelos, y la señora
que me atendió al principio (Leonor Figuera, titular de la Unidad de Migrantes)
ya no me contesta”, se lamenta.
Terror
en Isla Mujeres
El
mismo día en que fue localizado el cuerpo sin vida y desnudo de la colombiana
Stephany Magón, en una acera de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, el
30 de julio pasado, otra paisana suya, Sara Ramírez Bonilla, apareció en
condiciones similares en el jardín del hotel Villas del Palmar, en Isla
Mujeres, Quintana Roo.
La
muerte de Sara Ramírez, catalogada como suicidio por autoridades de la Fiscalía
General de Quintana Roo, causó revuelo en Colombia debido a las revelaciones
que hizo su novio, el venezolano Antonio di Giore, con quien llegó a Villas del
Palmar el viernes 29 de julio.
De
acuerdo con lo dicho por Antonio, luego de pasear, alrededor de la una de la
madrugada del sábado, dejó a la jovencita en el lobby del hotel fumándose un
cigarro, mientras él subió a la habitación a cambiarse la camisa.
Cuando
el joven regresó al vestíbulo la joven ya no estaba, preguntó a los empleados
del hotel y le respondieron que ya regresaría. Antonio recorrió durante horas
las instalaciones, subía de vez en cuando a la habitación con esperanza de ver
a su novia, hasta que alrededor de las siete de la mañana advirtió un tumulto
cerca de la alberca. Era Sara.
Antonio
contó que vio a un hombre que salía corriendo del hotel, por lo que trató de
alcanzarlo, pero fue detenido por dos hombres vestidos de civil, que lo
encerraron en una habitación, le pidieron su teléfono celular y le exigieron 5
mil dólares para no implicarlo en la muerte.
Tras
llamar a sus amigos, para hacer depósitos por Moneygram, entre otros a un
hombre que dijo llamarse Roberto Vargas, Di Giore fue llevado al aeropuerto por
hombres que se presentaron como policías y que se comunicaron con la madre de
la joven, María Claudia Bonilla, colombiana, usando el celular del venezolano.
En
entrevista, María Claudia cuenta que viajó a Cancún con su esposo, Germán,
padrastro de Sara, quien acudió al hotel y a la morgue a reconocer el cuerpo de
la muchacha.
Les
dijeron que no había cámaras en el hotel y sin más se concluyó que se trató de
un suicidio.
“Nos
dijeron que si queríamos llevarnos en ese momento el cuerpo de Sarita tenían
que cremarlo, de lo contrario tendríamos que esperar hasta un mes. Yo estaba
destrozada y tenía miedo, firmé todo lo que me pusieron enfrente, recogí las
cenizas de mi niña el lunes por la noche y me fui el martes. Me sentí
intimidada”, confiesa María Claudia, quien teme por su vida.
A
la cárcel, entre injusticias
Entre
los casos de presos injustamente procesados es paradigmático el de Nino Colman
Hoyos Henao. Condenado a 60 años de prisión por secuestro, recluido desde hace
siete en el Reclusorio Oriente, y beneficiario de dos recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la historia de Nino
volvió a llamar la atención recientemente, pues protagonizó una campaña de la
presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negara a atraer un juicio de amparo
promovido por su defensa.
El
pasado 6 de julio, la SCJN desechó el caso por carecer de “interés y
trascendencia”, lo que sorprendió a su abogada, Natalia Pérez, porque nunca
había visto “tanta oposición institucional” contra un caso de tortura.
Aun
cuando en el amparo se aceptó que se reabriera el periodo de pruebas (debido a
que el colombiano no recibió la asistencia consular al momento de ser sometido
a proceso), Pérez revela que al buscar los motivos por los que la SCJN rechazó
analizar el caso de Colman se detectó que “de manera indirecta y muy por debajo
del agua, los tres elementos para que los ministros desecharan el caso son,
uno, que Nino es colombiano; dos, que el caso es por secuestro, y, tres, la
incidencia de la señora Wallace”.
Enjuiciado
por el secuestro de Priscila Lorea, caso ocurrido en diciembre de 2007, Nino
fue detenido dos años después, y a pesar de que hay un video en el que se
observa a hombres de baja estatura y rechonchos que la introducen en un
vehículo compacto, el colombiano de dos metros de estura es el único
encarcelado por el plagio de la muchacha, cuyo cadáver fue localizado en
febrero de 2010, cuando Nino ya llevaba dos meses sentenciado.
Especialista
en informática, fue acusado de crear y/o enviar correos electrónicos a la
familia de la víctima. Sin embargo, en el expediente no hay copias de los
supuestos e-mails, en tanto que el juez de la causa no valoró la prueba que
presentó el inculpado, un reporte de la empresa Microsoft, a la que pertenece
el dominio Hotmail, al que corresponderían las supuestas cuentas creadas
(papiporfavor@hotmail.com y mamiporfavor@hotmail.com), en el que se determina
que nunca existieron.
La
única prueba en contra de Colman es un supuesto dictamen de un policía
cibernético que presuntamente determinó que la cuenta IP de donde se crearon
las cuentas pertenece a la empresa donde trabajaba el colombiano, informe que,
de acuerdo con el inculpado, tiene visos de haber sido fabricado. Además, el
agente no contó con la autorización del juez para intervenir comunicaciones.
Desde
el Reclusorio Oriente, Nino Colman asienta en entrevista que su nacionalidad
fue fundamental para sentenciarlo. “Resolvieron fácil: Nino es colombiano, Nino
es delincuente”.
En
espera de que la SCJN haga públicas las conclusiones del caso de Nino, su
madre, Francia Henao, de 78 años, también se queja del maltrato del personal
del consulado. “A mí no me quieren porque exijo mis derechos, les he exigido
que hagan algo por mi hijo. Un día la cónsul Jaqueline Espitia me dijo que si
los colombianos le mostraban pruebas de abusos, ella se pronunciaría, y yo le
contesté que qué más quería que dos recomendaciones de la Comisión (de Derechos
Humanos) del Distrito Federal a favor de Nino para pronunciarse”.
Al
estar pendiente de su hijo, Francia se ha convertido en defensora de
colombianos que han caído en la desgracia; en julio trató de detener la
expulsión de una chica que fue detenida por efectivos del Instituto Nacional de
Migración (INM) cuando transitaba por la calle y no llevaba su pasaporte.
“Diana
fue echada a la calle por un hombre colombiano que la trajo a México a
trabajar, ese hombre la iba a violar y ella se defendió, seguramente él pagó
para que Migración la llevara a Las Agujas (la estación migratoria).”
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