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Abiertas ocho denuncias penales por mal uso de recursos en el gobierno de Sinaloa

Abiertas ocho denuncias penales por mal uso de recursos en el gobierno de Malova
Nota de Miriam Ramírez 
Rio Doce, 31 octubre, 2016
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desmintió al gobierno de Sinaloa, al confirmar que existen ocho denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el mal uso de recursos federales durante la administración de Mario López Valdez.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (¿Víctor Manuel Andrade Martínez?) detalló que cada uno de los procesos penales se encuentran abiertos y en proceso de deslindar responsabilidades. Enfatizó que hasta el momento, ninguna denuncia penal de las que enfrenta el gobierno de Sinaloa ha concluido, como lo alega mediáticamente la administración de López Valdez.
En días recientes, la ASF actualizó el resumen de las denuncias penales correspondientes a las cuentas públicas de 1998 a 2014, con fecha de corte al 30 de septiembre del año en curso. Ahí se enlistan denuncias contra los gobiernos de 24 entidades, entre ellas las ocho denuncias de Sinaloa.
Por medio de una asesoría técnica, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF atendió a Ríodoce vía telefónica y a través de correos electrónicos. La respuesta fue puntual:

“Se debe precisar que las ocho denuncias penales están debidamente presentadas ante la PGR, sobre las cuales corresponderá a la propia PGR determinar lo conducente”.
—Entonces, para precisar ¿ninguna de las ocho denuncias está concluida?
—Están en seguimiento, en ninguna se ha dictado acción penal porque están en seguimiento. Siguen abiertas.
Las denuncias
Fue en el segundo año de gobierno de López Valdez, con Francisco Frías Castro como titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, cuando se realizaron transferencias millonarias de recursos de la educación hacia cuentas pagadoras estatales de un año anterior. Del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2012 se tomaron 509 millones 913 mil pesos y se transfirieron a cuentas estatales para saldar deudas de 2011.
La ASF consideró que se dañó a la Hacienda Pública Federal y le exigió al gobierno de Mario López Valdez que reintegrara los recursos a la cuenta del FAEB, más los intereses generados, y además le pidió que presentara evidencias del por qué se realizó el movimiento.
Por esta irregularidad, el 26 de agosto de 2014 la ASF presentó la denuncia de hechos ante la PGR por desvío de recursos.
También en 2012, en la Secretaría de Salud de Sinaloa, a cargo de Ernesto Echeverría Aispuro, se detectaron irregularidades en pagos a trabajadores, los cuales derivaron en dos denuncias penales contra funcionarios públicos del gobierno malovista. 
Con recursos para el funcionamiento del programa federal Seguro Popular, la Secretaría de Salud de Sinaloa pagó el sueldo a dos servidores públicos comisionados al Sindicato de Trabajadores de la Salud, un área que no está autorizada para pagarse con los recursos del Seguro Popular, debido a que los comisionados sindicalizados no prestan atención directa a los beneficiarios del programa federal.
 Un año antes, en la cuenta pública de 2011, la ASF ya había determinado otra denuncia penal contra la secretaría de Echeverría Aispuro por pagarle a dos médicos generales un sueldo de médicos especialistas, a pesar de que los médicos no acreditaron su especialidad, incluso uno de ellos presentó una cédula a nombre de otra persona.
 De las ocho denuncias penales que enfrenta el gobierno de Sinaloa, tres corresponden a irregularidades en la Secretaría de Salud Pública a cargo de Ernesto Echeverría Aispuro, una en la cuenta de 2011 y dos denuncias en 2012.
 Otra es contra la Secretaría de Educación Pública y Cultura con Francisco Frías Castro en 2012 y una quinta denuncia se interpuso contra la administración de Jesús Aguilar Padilla, específicamente por las irregularidades detectadas en 2010 en la Secretaría de Salud, a cargo de Héctor Ponce Ramos.
Las tres restantes corresponden a la simulación de reintegros y son las denuncias más recientes que la ASF presentó a finales de 2015.
Gobierno en negación
Con un documento oficial frente a él, en el que se enlistan las ocho denuncias penales que ha interpuesto la ASF, el titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTYRC) del Gobierno de Sinaloa se negó a aceptar su existencia.
A pesar de que el documento fue elaborado por la ASF y es de acceso público en el portal web de la dependencia federal, el funcionario estatal se refirió a las denuncias penales como “supuestos”.
Y durante veinte minutos de una entrevista en su despacho, cada vez que habló de las denuncias, Humberto Villasana Falcón utilizó la frase “las supuestas denuncias”.
El funcionario que arribó a la UTyRC a principios de este año, defendió que las denuncias penales son contra personas físicas y no contra el gobierno estatal por lo que su dependencia no conoce de ellas.
“Cuando se trata de una denuncia penal va dirigida a la persona física, no al servidor público, es por ello que sale del ámbito o de la competencia del gobierno del Estado de Sinaloa porque va dirigida a la persona. Con esto quiero decir que desde el momento que es presentada, si fuera el caso, gobierno de Sinaloa es probable que ni siquiera se entere”, enfatizó.
Y agregó “Aunque en algunos informes aparezca que hay denuncias, o en algunos medios se diga que hay denuncias en contra del gobierno del Estado, debemos recordar que esas denuncias penales no son en contra de gobierno, son en contra de servidores o ex servidores, en contra de personas físicas, no una administración”.
—¿La Unidad de Transparencia no reconoce estas denuncias?
—No tenemos conocimiento de ellas. O sea, a la Unidad no se le informa cada que se presenta una denuncia penal, no nos llega ninguna notificación.
—¿Pero si se les informa sobre los procesos de sanción?
—Esa es otra vertiente, la vertiente administrativa, de esa sí nos llegan notificaciones e incluso solicitudes de apoyo. De las observaciones sí tenemos conocimiento, del proceso de solventación claro que tenemos que conocimiento y tenemos e injerencia, cuando de ahí se deriva una denuncia penal no tenemos conocimiento.
—Porque hay una denuncia por un movimiento de 509 millones de pesos del FAEB, hablando de una cantidad de esta magnitud, ¿no tienen conocimiento?
—De esa observación del FAEB (509 millones de pesos) sigue en proceso de solventación y es muy probable que lo solventemos y que nos llegue la solventación en 15 días aproximadamente, sí estamos en posibilidades de solventarlo. Lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es trabajar hasta el último momento para solventar todo el tipo de observaciones. Yo no me puedo desanimar porque existe el rumor o en medios se ha estado ventilando que existen denuncias.
—Pero no es rumor, hay documentos oficiales.
—Pero no por eso nos vamos a desanimar. Yo tengo que seguir trabajando y más importante aún, suponiendo sin conceder que existe una denuncia penal, si solventamos, si subsanamos, la ASF se desiste de la denuncia inmediatamente.
—Pero hasta el momento no ha desistido de ninguna de estas ocho denuncias.
—Eso no lo sabría. Lo que pasa dentro del proceso de la observación si tenemos conocimiento, si de ello deriva una acción penal no tenemos conocimiento. Yo no sabría decirte en contra de quien fue presentada una denuncia o en qué proceso está.
 El discurso de negación desde la autoridad gubernamental se ha venido repitiendo desde 2014, cuando se dieron a conocer las primeras cuatro denuncias penales contra la administración malovista.
 n repetidas ocasiones, al ser cuestionado por la prensa, el gobernador Mario López Valdez ha alegado desconocer el tema.
 ncluso, en agosto de este año, en entrevista con Ríodoce, el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, aseguró enérgicamente que las denuncias habían sido solventadas y la ASF las había retirado.
 “Te estoy confirmando que no hay denuncia que perseguir, porque fue solventada. Con esas denuncias una vez que logramos solventar la observación, la ASF manda un escrito a la PGR y dice no hay problema, se solventó, no hay caso por perseguir”, dijo Villarreal Ibarra dos meses atrás.
 La estrategia de los gobiernos estatales
 Vía telefónica, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF explicó que una de las estrategias de defensa de los gobiernos locales ha sido el “litigio mediático”, es decir, rechazar frente a la prensa las denuncias por el uso irregular de los recursos federales.
 Sin embargo, pese a la negación de los gobiernos estatales, entre 2015 y lo que va de 2016, la ASF interpuso 171 denuncias penales contra entidades como Veracruz, Guanajuato, Morelos, Baja California Sur, Estado de México, Zacatecas, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Colima, Campeche, Tamaulipas, Querétaro, Nuevo León, Nayarit y Sinaloa.
 “Recuerda que hasta hace unos meses en Veracruz se negaba la existencia de las denuncias. Pero las denuncias existen, están debidamente presentadas en la PGR y es la PGR la que deslindara responsabilidades o no, pero lo que sí te puedo decir es que sólo siete denuncias en todo el país se han concluido y no son las de Sinaloa”, detalló el área jurídica de la ASF.
 En la asesoría técnica que el órgano federal otorgó a Ríodoce, se explicó que otra de las estrategias de los gobiernos estatales para enfrentar las denuncias es atraer los casos a las procuradurías locales.
 Situación que la ASF ha apelado, debido a que se trata del uso indebido de recursos federales y por ello compete exclusivamente a la Procuraduría General deslindar responsabilidades, según se explicó.
 Las últimas tres denuncias que la ASF interpuso contra el gobierno de Sinaloa, se presentaron el 18 de agosto, el 2 de septiembre y 30 de septiembre de 2015. Las tres corresponden a la simulación de reintegros, es decir, el gobierno estatal regresa dinero a la federación para solventar una observación en donde se presume que hubo desvío de recursos. Este reintegro se le notifica a la ASF para que solvente la observación pero con el paso de los días, la administración estatal retira el recurso, simulando así el reintegro.
 Esta acción fue detectada en siete gobiernos estatales, entre ellos Baja California Sur que cuenta con 11 denuncias por este concepto.
 Contra Morelos se presentaron ocho denuncias, Zacatecas cuenta con cinco, Veracruz y Sinaloa con tres respectivamente, Guanajuato acumula dos denuncias y Baja California tiene una.
 Aunque no se especifica a qué año corresponde la simulación de los recursos, al gobierno de Sinaloa se le acusa por simular el reintegro de 135 millones de pesos.

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