El gobernador-policía/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Revista Proceso # 2092, 4 de diciembre de 2016..

El gobernador-policía/JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Tránsfuga del PRI, alfil de la maestra Elba Esther Gordillo, polémico exdiputado, Miguel Ángel Yunes Linares por fin es gobernador, tras años de obstinación. El jueves 1 rindió protesta. Antes de hacerlo, pactó con dos duartistas y se atribuyó sus primeros logros, que anunció ese día. Y reiteró su decisión de meter a la cárcel a sus predecesores: el prófugo Javier Duarte y el también exgobernador Fidel Herrera, a quienes acusa de corruptos. El antes “innombrable opositor” es hoy un gobernador temido… pero también lo envuelve una cauda de denuncias.

Miguel Ángel Yunes Linares es un hombre temido. Ahora más que nunca. El jueves 1 tomó posesión, por fin, como gobernador de Veracruz. Para lograrlo, esta vez echó mano de todos sus recursos. Sobre todo de su experiencia como Ministerio Público (MP), juzgador fiscal e investigador policial.

Con esas herramientas tejió su campaña política y mediática en contra de la corrupción sin precedentes del ahora prófugo Javier Duarte de Ochoa. Para armar los expedientes contra el exgobernador y sus cómplices, sacó lo mejor de su perfil de sabueso. Indagó, interrogó, escudriñó en bases de datos nacionales e internacionales, viajó él mismo al extranjero y operó en la prensa de cobertura nacional, electrónica, televisiva e impresa.

Electo gobernador tras los comicios del 5 de junio de este año, afinó la cacería contra los operadores de Duarte y jugó con las complicidades del gobierno federal con el exmandatario.

Ante la dilación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar su triunfo, el 13 de octubre amenazó con hacer “cimbrar” al país en cuanto jurara como gobernador.  “Cuando dé a conocer la corrupción de Duarte el país entero se va a cimbrar”, amagó. A los pocos días, recibió el aval constitucional de los magistrados electorales.

Saqueado Veracruz, eligió a quienes perseguiría. No fueron todos los que estuvieron cerca de Duarte. A los seleccionados los mandó llamar con mensajes amables pero intimidatorios. Cooperar o la aplicación de la ley fue su divisa antes de asumir el gobierno. “Saben de lo que soy capaz”, se ufanó ante sus interlocutores.

La advertencia era innecesaria. Muchos de ellos recordaron al exgobernador Dante Delgado encarcelado, entre diciembre de 1996 y abril de 1998, cuando Yunes Linares era secretario de Gobierno en la gestión de Patricio Chirinos (1992-1998). Eran los tiempos en que el ahora gobernador del PAN todavía era priista. Se confrontó con Dante Delgado y persiguió hasta meterlo a la cárcel, acusado de malversación de los fondos del estado.

Varios de los convocados cuando Yunes aún era gobernador electo cedieron y contribuyeron al acto escenográfico de su toma de posesión en el Congreso del estado, en Xalapa. Su discurso de toma de posesión fue anticlimático, propagandístico. Anunció que gracias a sus investigaciones recuperó mil 250 millones de pesos.

Con el triunfo en la bolsa, actuó como auténtico policía. Los persiguió, los encontró y obligó a devolver parte de los recursos que sacaron del gobierno de Veracruz. Sin cuidados legales, como si fuera agente del MP, interrogó y grabó a amigos y excolaboradores de Duarte que, como el exgobernador, son prófugos de la justicia federal. A la PGR tampoco le importó. Es más, lo avaló.

Pactos y complicidades

Sin facultades constitucionales, Yunes pactó con dos de los operadores del pillaje a las arcas de Veracruz: el abogado fiscalista de la Ciudad de México Juan José Janeiro Rodríguez y el íntimo amigo universitario del exgobernador, Moisés Mansur Cisneyros, a quien Duarte incluso le habilitó una recámara en la casa de Gobierno, en Xalapa, como en los viejos tiempos de la Universidad Iberoamericana, cuando compartían casa.

Janeiro Rodríguez y Mansur Cisneyros, ahora escondidos, fueron los principales prestanombres de Duarte. Eran quienes prendían “la licuadora” para dispersar los recursos del gobierno, según sus propios dichos (Proceso 2087).

Yunes los obligó a firmar para devolver un paquete de bienes muebles e inmuebles creados a través de empresas fantasma, aunque las propiedades no están a nombre de Javier Duarte. El primer boletín de prensa de su gobierno lo perfila como quiere pasar sus dos breves años de gestión: “Recupera el gobernador Yunes mil 250 millones de pesos que habían sido robados a los veracruzanos”.

A la escenificación contribuyó el gobierno federal en la Ciudad de México. Un día antes, el 30 de noviembre, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, convocó a la prensa para hacer patente el aval a las pesquisas del flamante gobernador.

Cervantes se presentó ante las cámaras con la secretaria de Finanzas de Veracruz, Clementina Guerrero García, para entregarle un cheque por 250 millones de pesos y el compromiso de darle otros 171 millones en 12 mensualidades durante el año próximo; es decir, un total de 421 millones de pesos.

La entrega fue resultado de “un acuerdo preparatorio” con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según dijo el procurador, que se escudó en el nuevo sistema de justicia penal para llegar a acuerdos de reparación como alternativas de solución de conflictos.

Pero ni Yunes ni la PGR desglosaron las cifras para explicar a qué bienes correspondían esos recursos. En su discurso de toma de posesión, el gobernador hizo una danza de cifras sin más aval que sus palabras y copias de cheques y escrituras: 200 millones por el rancho El Faunito, donde Duarte vivió días de gozo en el esplendor de su poder, en Fortín de las Flores; 300 millones por la tercera parte del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, y otros 300 millones “en documentos que se harán efectivos” en los próximos días y que fueron devueltos “por empresarios con los que se llegó a acuerdos legales”.

Entre lo recuperado, mencionó un avión Learjet 45 con un valor de 75 millones de pesos, un helicóptero marca Robinson, de casi 18 millones de pesos, y obras de arte de las que sólo dijo que son “al parecer de Botero, Tamayo y Siqueiros, entre otras”.

También habló de la recuperación de 60 hectáreas de la reserva territorial de Coatzacoalcos, que estimó en unos mil millones de pesos y que según dijo fueron cedidas por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán a Antonio Macías Yazegey, suegro de Duarte.

La herencia de Herrera Beltrán

Herrera Beltrán no podía faltar en el discurso de Yunes como nuevo gobernador. Es su enemigo histórico desde las juventudes priistas y la universidad y con quien incluso se ha liado a golpes.

Fidel Herrera, a quien el presidente Enrique Peña Nieto envió como cónsul de México a Barcelona, se las había ganado todas. Yunes ahora también va por él. Ya ordenó que se presenten denuncias penales en su contra y los demás beneficiarios de esa transferencia de terrenos.

Duarte no sólo heredó de Fidel Herrera el gobierno. También le dejó a Yunes. Y Duarte hizo suya aquella histórica confrontación. Solía decir: “lo tengo en la bolsa”, desde que logró incorporar a su gobierno al exdiputado federal del PAN Miguel Martín López, hombre cercano a Yunes. Pero decidió confrontarlo y sacó la peor parte.

Según Francisco Colorado Cessa –el excontratista de Pemex que está detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero del cártel de Los Zetas–, fue Yunes quien lo involucró en esa acusación que implica también a Herrera, cuyo nombre aparece en los registros judiciales de ese país. Asegura que el ahora gobernador fue quien entregó información en su contra a agencias estadunidenses y que lo tienen en una cárcel de Texas, combatiendo una condena de 20 años de prisión (Proceso 1992).

Yunes pasó del opositor “innombrable”, como lo calificaba Fidel Herrera, al gobernador temido, como ahora lo ven muchos empresarios y políticos en Veracruz. Saben que la información es su fuerte. La administra y la coloca donde sea necesario, ante la justicia nacional o en Estados Unidos, o ante la prensa de cobertura nacional. Muchos de ellos que fueron consultados por este semanario prefirieron no hablar.

En 1997, cuando Yunes era secretario general de Gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, entonces dirigente del Partido de la Revolución Democrática, en un acto en Xalapa lo describió como “un hombre que siempre ha practicado las artes más sucias de la política” (Proceso 1742).

Con 64 años, el gobernador de Veracruz ha dedicado la mayor parte de su vida pública al manejo del aparato político y a la persecución policial. A los 23 años, a mediados de los setenta, empezó como agente del MP. Tres años después ya era presidente del Tribunal Fiscal de Veracruz.

En los ochenta, además de ser diputado local, ocupó altos cargos administrativos: oficial mayor de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, subdirector general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y coordinador general de delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

En 1997 inició su inmersión en el aparato policial como coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública y luego secretario general de Gobierno. De 1999 a 2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo, fue titular de la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social y asesor de la subsecretaría de Seguridad Pública, cuando el secretario de Gobernación (Segob) era el ahora también panista Diódoro Carrasco Altamirano.

La etapa elbista

Como responsable de los penales federales estaba a cargo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, entonces conocido como el penal de máxima seguridad de Almoloya, de donde se fugó por primera vez Joaquín El Chapo Guzmán, en enero de 2001, a las pocas semanas de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República.

En 2003, fue diputado federal en la LIX Legislatura (2003-2006). Ahí formaba parte del grupo de la entonces lideresa del PRI y entonces poderosa jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. A ese grupo también pertenecían el actual titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia, Roberto Campa Cifrián.

Junto con Gordillo, Yunes rompió en 2005 con el PRI. De inmediato, Fox lo designó subsecretario de Seguridad Pública. Al año siguiente, pasó a ser el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A finales de 2006, Felipe Calderón le entregó la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como parte de las cuotas que el panista le pagó a la maestra a cambio de su operación para ganar la elección presidencial.

Yunes estuvo en el ISSSTE hasta febrero de 2010, cuando renunció para buscar el gobierno de Veracruz, pero perdió por menos de 3% de los votos frente a Duarte. Al año siguiente rompió su alianza con Gordillo, cuando la entonces presidenta del Partido Nuevo Alianza (Panal) lo acusó de disponer de los recursos del instituto. Yunes contestó que fue Gordillo quien le pedía dinero de esa dependencia.

La maestra está presa desde febrero de 2013, acusada de delincuencia organizada al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto por haber dispuesto de los recursos del SNTE. Yunes volvió a ser diputado federal en 2015, pero renunció para buscar por segunda vez la gubernatura. Su reemplazo en San Lázaro fue Enrique Pérez Rodríguez, a quien ahora designó secretario de Educación.

De su paso por el ISSSTE vienen las denuncias en su contra ante la PGR. No son las únicas. El propio Duarte lo acusó de ser propietario de numerosas propiedades en México y el extranjero como resultado de enriquecimiento ilícito. Otros, como el expanista Manuel Espino también presentó una querella contra él. Sus expedientes están abiertos.

Uno de ellos es por su gestión en el ISSSTE. En plena campaña electoral, el SNTE hizo pública una denuncia que presentó ante el MP federal por presunto lavado de 230 millones de pesos a través de empresas familiares. La querella la presentó el 8 de agosto en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR.

Según esa denuncia, el desvío de recursos públicos a las empresas de su familia tuvo su origen en un convenio de colaboración entre el instituto y Consupago, una sociedad financiera propiedad de la familia Chedraui, una de las más acaudaladas de Veracruz y de México.

Los negocios con los Chedraui

Propietarios de la cadena de tiendas de autoservicio que lleva su apellido, los Chedraui mantienen la relación con Yunes, a pesar de que un sector de la familia era cercano a Duarte.

El convenio, firmado el 29 de noviembre de 2006, dos días antes de que Yunes asumiera como director del ISSSTE, consistió en “facilitar” a los burócratas federales “la adquisición de préstamos en efectivo, financiamiento y todo tipo de créditos” permitidos por la ley, pagaderos en abonos quincenales, retenidos de los sueldos de los trabajadores del Estado.

Para hacer efectivo el cobro a cambio de una comisión, intervinieron tres empresas: Cobranza y Recuperación S.A. de C.V., creada en marzo de 2007; Corporate Linkage S.A. de C.V., e Intermediación Corporativa S.A. de C.V.; ambas creadas en abril de 2005, de acuerdo con la revisión de los folios mercantiles de las empresas, registradas en la Ciudad de México. Las tres empresas son propiedad de la familia del gobernador de Veracruz.

El propio Yunes Linares fue registrado como consejero de Corporate Linkage el 23 de noviembre de 2006, cuando estaba a punto asumir en el ISSSTE y a pesar de tener una participación accionaria simbólica. También consejero de Intermediación Corporativa, según un movimiento registrado el 31 de enero de 2007.

En Corporate Linkage, los accionistas son su esposa Leticia Isabel Márquez Mora y sus tres hijos: Omar. Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez. Omar es el único de ellos que no está en el sector público, sino que se encarga de administrar los recursos familiares. Fernando es senador y Miguel Ángel es presidente municipal en Boca del Río. Ambos del PAN, son señalados como aspirantes a suceder a su papá.

En Intermediación Corporativa los accionistas son Omar y Miguel Ángel, aunque Fernando es apoderado y la mamá, consejera. En Cobranza y Recuperación, además de los tres hijos y la mamá también está Jessica Torres Fernández, la esposa de Omar.

En abril de este año, Proceso reveló que tanto Omar como Jessica tuvieron tratos en julio de 2012 con el despacho panameño Mossack Fonseca para abrir un fideicomiso en el paraíso fiscal de Nueva Zelanda. El nombre de Yunes formó parte de la lista de mexicanos encontrados en la investigación periodística internacional Panama Papers, de la que este semanario formó parte (Proceso 2058).

Yunes Linares trató de desmentir la información. “Hay 20 Omar Yunes en mi familia, para empezar, y muchos fuera de la familia”. Pero la revista proporcionó más detalles del intento de su hijo para sacar dinero de México hacia ese paraíso fiscal. Ante la evidencia de los pasaportes, correos electrónicos y otros testimonios de la operación, Yunes Linares guardó silencio.

El representante legal de las tres empresas que hicieron negocio con la familia Chedraui es Enrique Cruz González Díaz, quien también lo es en la empresa Praxis Long Pralo S.A. de C.V., propiedad de Omar Yunes, a través de la cual se construyó la casa del ahora gobernador. El gobierno de Duarte denunció a Yunes Márquez y González Díaz por presunto desvió de recursos. Ambos se ampararon contra su detención, apenas en agosto pasado. El expediente ahora estará en manos del gobierno del jefe de la familia y desde el jueves 1 de diciembre el hombre fuerte de Veracruz.