Panamá
quiere salir del paraiso
- En
el distrito financiero nadie pronuncia la palabra tabú, pero el país sigue por
debajo de los estándares internacionales de transparencia financiera y fiscal
DAVID
MARCIAL PÉREZ, Ciudad
de Panamá (Enviado Especial) El País, 9 ABR 2016 - 15:16
En
el distrito financiero de la capital nadie pronuncia la palabra tabú: paraíso
fiscal. La mayoría de organizaciones internacionales siguen, sin embargo,
incluyendo a Panamá entre las jurisdicciones más permisivas con la opacidad
financiera global, ilustrada por la macrofiltración de datos de sociedades
opacas –los llamados Papeles de Panamá– revelados la semana pasada. Pese a los
últimos y tímidos avances, el país centroamericano continúa por debajo de los
estándares de transparencia financiera y fiscal, porque se resiste a abrir su
caja fuerte y perder así los incentivos que le han convertido desde hace más
cinco décadas en el puerto latinoamericano preferido para amarrar jugosos
capitales internacionales
Crear
una empresa en Panamá es fácil. Se necesitan dos accionistas, que pueden ser
testaferros, y tres representantes, que también pueden ser testaferros. El
capital no hay que desembolsarlo al momento. Los impuestos son fijos y muy
baratos, 300 dólares al año. Por menos de 1.000 dólares en total te aseguras
que tu sociedad panameña será un caparazón secreto para hacer negocios
internacionales sin que te sigan el rastro. Salvo para un puñado de Estados con
los que Panamá tiene acuerdos o un juez penal, tu información financiera y
fiscal quedará suspendida en el limbo.
Impuestos
bajísimos, testaferros y secreto bancario. Para muchos –OCDE, FMI o Comisión
Europea– estamos ante un caso de libro de paraíso fiscal y la punta del iceberg
ha sido la macrofiltración de datos de sociedades opacas revelados la semana
pasada. En las apretadas calles del distrito financiero de la capital panameña,
entre hoteles y torres de empresas que se elevan puntiagudas al cielo como
catedrales de espejo, la percepción es diferente. Consideran que se trata de un
caso de bullyng contra Panamá, de una rabieta de la comunidad internacional.
“Nos
están intentando obligar a que cambiemos nuestro sistema, que está constatado
que es un éxito financiero en todo el mundo”, sostiene Roberto Troncoso,
presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. El pequeño país
centroamericano —3,5 millones de habitantes— cuenta con la presencia de 91
bancos —el doble que en México, más del triple que en España—, que el año
pasado sumaron en total 118.500 millones de dólares en activos. El Gobierno,
por su parte, insiste en que la responsabilidad en caso de evasión fiscal o
blanqueo de capitales no es de Panamá, que cumple con sus leyes, si no de los
propietarios extranjeros de las empresas que se saltan las normas de sus
países. A la vez, se afanan en subrayar un eslogan exculpatorio: “Panamá ha
cambiado”.
El
Gobierno se afana en subrayar un eslogan exculpatorio: “Panamá ha cambiado”
Es
cierto que el istmo ha mejorado sus mecanismos de transparencia en los últimos
años. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo sacó recientemente
de su lista gris tras estrechar el cerco sobre las llamadas acciones al
portador, uno de los métodos más comunes para no dejar rastro, y tras sacar
adelante una ley contra el blanqueo que ha abierto alguna grieta más en el
secreto bancario del país. Pero aún queda recorrido. “Para volver a ganar la
credibilidad, debemos iniciar un proceso de aplicación, cumplimiento y sanción”,
apunta el representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias.
La Comisión Europea sigue considerándolo como uno de los 30 paraísos fiscales y
la OCDE le ha dedicado una dura reprimenda por no sumarse a un acuerdo
multilateral que permitirá masivas comunicaciones de información fiscal entre
132 países.
La
percepción de muchos panameños es que los abogados de Mossack Fonseca pisaron
el acelerador demasiado a fondo. “Perdieron el control de lo que estaba
haciendo. Creaban sociedades como el que saca papel de una impresora”, sostiene
Troncoso. Los socios del despacho se jactan de haber constituido más 240.000
empresas —en Panamá y otros territorios grises como las Islas Vírgenes
Británicas— y de no tener roce alguno con la justicia. Las redes de empresas de
papel levantadas por los abogados se valían de testaferros para ocultar a los
verdaderos propietarios. Por ejemplo, el nombre de José Eugenio Silva Ritter
aparece como directivo en 23.574 empresas. Periodistas de O Globo buscaron al hombre
que supuestamente dirigía un puñado de sociedades brasileñas y encontraron a un
auxiliar administrativo de una de las firmas de abogados.
“El
problema es que todo esto es legal y se puede hacer”, dice Guillermo Cochez,
abogado, antiguo alcalde de la Ciudad de Panamá y exembajador ante la
Organización de Estados Americanos (OEA). “De todos modos, es injusto centrase
sólo en Panamá. En Estados Unidos hay aún menos controles. De hecho, nuestra
legislación es de 1927 y está copiada de la Delaware”, añade. La sombra de EE
UU ha estado detrás de Panamá desde su nacimiento como Estado independiente a
principios del siglo pasado. La construcción del canal transoceánico derivó en
el control estadounidense de parte del territorio panameño durante más de 70 años.
Hay barrios enteros en la capital que son antiguas bases norteamericanas. En
1989, ese mismo ejército invadió el país para derrocar a Manuel Antonio Noriega
bajo el pretexto precisamente de blanqueo de capitales.
Washington
vuelve ahora a cruzarse en el camino panameño. El tratado de transparencia de
la OCDE que Panamá se niega a firmar, también ha sido rechazado por otros
cuatro países: Bahrein, Nauru, Vanuatu y EE UU. Pese a ser paradójicamente uno
de los impulsores del acuerdo, Washington considera suficiente su propia
legislación (FACTA) de intercambio bilateral de datos. “Nosotros hacemos igual
que los americanos, nos basamos en acuerdos bilaterales”, defiende el
presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. “Es verdad, pero
esto no habilita a no comprometerse, porque muchísimos países, incluido Suiza,
sí han aceptado el intercambió automático de información”, argumenta Andrés
Knobel, abogado y consultor de Tax Justice Network. Esta organización elabora
anualmente un ranking de opacidad financiera. Panamá aparece en el puesto 13.
EE UU, en el tercero.
“Al
final, la presión internacional va a beneficiar a Washington. Porque todos los
flujos de dinero offshore que salgan de Panamá pueden ir trasladándose a EE UU,
donde sigue siendo muy fácil para constituir sociedades opacas y porque este
país comparte muy poca información con el resto del mundo”, añade Knobel. El
FMI alertó el año pasado de los agujeros de la política aniti-lavado de dinero
estadounidense y los grandes jugadores internacionales del negocio offshore han
empezado a mover ficha. La legendaria banca privada europea Rothschild ya he
empezado trasladar los súper patrimonios de sus clientes de las Bahamas a un
trust en Nevada. Por ahora, Panamá y EE UU seguirán siendo dos viejos conocidos
en el paraíso.
