El encuentro ocurrió la mañana del 15 de diciembre en el Palacio Apostólico Vaticano..
La reunión duró 28 minutos; en esta ocasión, no hubo intercambio de regalos.
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Las columnas políticas hoy, 17 de diciembre de 2017..
Columna Templo Mayor/ Reforma
SI DE ALGO tiene fama la profesora Elba Esther Gordillo es de ser muy gastalona, y con el dinero de los agremiados al SNTE.
MUCHOS recuerdan sus famosas compras "en bloque" en las boutiques de Polanco cuando, tras elegir un vestido, compraba el de su talla... ¡y todos los demás!, para que nadie fuera a usar el mismo atuendo que ella en un acto público.
AHORA, aunque está encerrada en la jaula de oro de su lujoso apartamento de Polanco, la ex lideresa del SNTE sigue gastando el dinero de los mexicanos.
Y ES QUE todos los que pagamos impuestos estamos "contribuyendo" a mantener una guardia 24/7 de policías ministeriales afuera de su domicilio para que no se escape. Vaya que nos sigue saliendo cara la maestra.
TRAS ARRANCAR con pasos tambaleantes, el Frente opositor del PAN, PRD y MC se vino abajo ayer en Nuevo León. Según esto, una de las causas fue que el senador panista Raúl Gracia nunca vio bien ese proyecto y dictó a la dirigencia estatal una línea dura contra la coalición.
EN EL PAN estatal reclaman que la demanda de candidaturas y espacios de los otros dos partidos fue tal que causaron un conflicto interno, mientras los de MC exigían la fórmula para el Senado y distritos que históricamente ha ganado el PAN.
HABRÁ que ver cómo pega ese cisma a las dirigencias nacionales del PAN, PRD y MC porque, sin duda, el sismo político con epicentro en Nuevo León retumbará por todo el país.
QUIEN está haciendo ruido es el aspirante independiente a la Presidencia Édgar Portillo. El académico de la Universidad Autónoma del Edomex ya está en cuarto lugar entre los sin partido que buscan la candidatura y acumula más de 100 mil firmas.
YA REBASÓ a la abanderada del EZLN, "Marichuy" Patricio, y al periodista Pedro Ferriz y parece que algo está haciendo bien el doctor en Ciencia Política que propone una agencia federal anticorrupción y hacer cambios de fondo en el modelo educativo.
AÚN LE FALTA mucho para aparecer en la boleta, pero vaya que resulta sorpresivo verlo en el Top 5 de los independientes.
CUENTAN que un ciudadano fue a la Cámara de Diputados para ver cómo se hacían las leyes, y al acercarse al Salón de Plenos comenzó a escuchar una retahíla de insultos: "Corrupto, holgazán, oportunista, cínico, tramposo...".
Y LE DIJO a un legislador que iba pasando: "Oiga, qué fuerte se hablan entre ustedes". A lo que el diputado le contestó: "Y eso no es nada... apenas están pasando lista". Es chiste, parezca lo que parezca.
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Frentes Políticos/Excelsior...
I. Propuestas Reales. Al iniciar esta etapa proselitista de los precandidatos a la Presidencia de la República, el aspirante priista no priista, José Antonio Meade, estuvo en Puebla para buscar aterrizar su programa político al ras del piso, a fin de que sus promesas tengan la posibilidad de una realidad alcanzable, conforme a las circunstancias que vive México, y no hacer el país de las maravillas con propuestas utópicas en un terreno abrupto y áspero. Prometer es fácil, pero tiene que tomarse en cuenta la situación del entorno nacional para hacer cambios de raíz, sí, pero también es cierto que el terreno se fue haciendo fangoso, pantanoso, por malos gobernantes que hicieron una tierra estéril, y ahora, con una nueva siembra, hay que utilizar fertilizantes, y no fórmulas mágicas, que exterminen las plagas de la corrupción, la delincuencia, la desigualdad y la injusticia.
II. Llegó el día. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue el más feliz por la visita de José Narro Robles, secretario de Salud federal. Y es que ayer, en Tingüindín, el pueblo de las Tres Campanas, el exrector de la UNAM inauguró el centro de salud que había quedado en el olvido desde hacía ¡10 años! En ese emblemático escenario se anunció el término de la remodelación de los 430 centros de Salud de la entidad, que atienden a más de cuatro millones 600 mil personas. Narro Robles sigue cosechando: “Hombre como pocos, comprometido, dedicado y con una experiencia envidiable que se mezcla con capacidad y conocimiento”, dijo de él Silvano Aureoles. Y nadie lo niega.
III. Crispados. Mal comenzaron las campañas en la capital del país, pues el viernes se registró un enfrentamiento que será investigado hasta las últimas consecuencias. Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y trabajadores de la jefatura delegacional de Coyoacán se enfrentaron por la explanada del Jardín Hidalgo. La delegación desarrollaba un festival de fin de año y Morena realizaría un mitin político en la misma plaza. Hasta ahora, no se ha determinado cuál de los grupos comenzó la agresión, pero lo que quedó claro fue que al menos tres periodistas sufrieron agresiones físicas que ya trascendieron al ámbito judicial. ¿Ésa es la izquierda unida?
IV. Exceso de poder. Un accidente vial desencadena el dolor en las familias de los involucrados, pero en este caso, también destapa la cultura de la impunidad que persiste en el país. Cuando circulaba en su Jetta por la autopista La Pera-Cuautla, Daniel Adán Rodríguez, Juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones de Morelos, quien manejaba en presunto estado de ebriedad y en sentido contrario, arrolló y mató a un motociclista. Pero lo grave es que tras el percance, el juez huyó y tuvo que ser asegurado kilómetros adelante. ¿Huir?, ¿un juez? De no haberlo detenido, ésta sería otra historia más de impunidad. Y lo peor es que quizá todavía lo sea.
V. Circulo vicioso. La complicidad de los impartidores de justicia deja mucho que desear. Edmundo Garrido, el procurador capitalino, así como el propio Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mostraron su desacuerdo por la decisión de un juez que dejó en libertad a la funcionaria responsable de un desfalco por 5.8 millones de pesos a la Secretaría de Cultura. Increíblemente, se comprobó que ella utilizó el dispositivo token para realizar las transferencias a cuentas en Yucatán, realizadas desde una computadora en las oficinas de la dependencia, pero el juez que lleva su caso, sospechosamente, la protege y le da el privilegio de pasar su proceso legal en casa. ¿Por qué?
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La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior..
Riesgos
Los tres ya candidatos a la Presidencia de la República, que oficialmente son precandidatos, y que están en campaña, aunque oficialmente sea precampaña, saben que con el resultado de las elecciones del 1 de julio de 2018 se juegan su futuro personal, así sea desde el ser candidato presidencial en 2024.
También están en juego el futuro de los partidos políticos que los postulan, especialmente de los cuatro más grandes: PRI, PAN, PRD y Morena.
Pero no todos corren el mismo riesgo.
El PRI ha logrado reestructurarse, luego de sus derrotas en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, y regresar una gran agencia electoral, que en 2012 demostró poder actuar desde fuera del gobierno.
Un eventual fracaso de Morena en su primera elección presidencial provocaría, seguramente, la creación de un nuevo movimiento político basado en el clientelismo.
Los dos, PRI y Morena, están lejos de ser reales partidos políticos. Sus estructuras son más parecidas a las de una agencia de empleos electorales y, con problemas, podrán seguir siéndolo más allá de los resultados que obtengan sus candidatos presidenciales.
Los que están en un verdadero riesgo en su existencia como partidos políticos reales son el PAN y el PRD, los dos partidos que encarnaron y encabezaron las luchas de la oposición mexicana en pro de la democracia y enfrentaron al PRI-Gobierno de los tiempos no tan viejos.
Ambos, el PAN y el PRD, han dejado de ser ese referente de oposición al régimen y de lucha por la transición hacia un sistema democrático. Y lo que hace 25 o 20 años hubiera sido una alianza en pro de la democracia, hoy su frente opositor parece más bien un ejercicio de supervivencia.
Una eventual victoria de su candidato Ricardo Anaya, así como un buen número de curules, en su mayoría plurinominales, disfrazaría sus problemas internos y el peligro de su debacle política, que no electoral.
El PAN de Anaya, hasta hace una semana, y ahora de Damián Zepeda, está lejos, muy lejos de aquel partido fundado por Manuel Gómez Morín, después dirigido por Adolfo Christlieb Ibarrola, del de Abel Vicencio Tovar, o Luis H. Álvarez o Carlos Castillo Peraza; vamos, ni siquiera cercano al de alguien tan pragmático como Manuel J. Clouthier.
“Ganar el poder sin perder el partido”, advirtió Castillo Peraza cuando el PAN comenzó a cosechar electoralmente lo sembrado durante décadas. Hoy, los reales militantes panistas saben que han perdido el poder (presidencial) y están por perder su partido, ahora más cercano a los vicios de su enemigo histórico que a las virtudes democráticas de sus fundadores.
Y el PRD está en igual situación: desembrado, sin rumbo y sin dirigentes, no tuvo más opción que su alianza con el PAN y con Movimiento Ciudadano (MC).
El PRD no sólo es el partido surgido de la explosión opositora de las elecciones de 1988, mediante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y, también, es justo decirlo, de Clouthier. Es, el PRD, el partido que recogió la tradición de las antiguas luchas de la izquierda mexicana, la clandestina, la tolerada y la legal.
No en balde el registro legal del PRD es el registro original del Partido Comunista Mexicano (PCM), obtenido provisionalmente con la reforma política de 1977 y ratificado en las urnas en 1979, 60 años después de su fundación, ocurrido cuando la pólvora de la Revolución Mexicana no había dejado de oler. No es poca cosa. Fue el partido de Valentín Campa, de Arnoldo Martínez Verdugo, de Gilberto Rincón Gallardo, al que se sumó Heberto Castillo, por citar a unos cuántos.
Hoy, esos dos particos, íconos de la política mexicana, están en riesgo; tal vez no desaparecerán, pero están dejando de ser lo que fueron. Su futuro está en manos del resultado de un candidato presidencial, quien hoy no cuenta siquiera con el apoyo de todos los panistas.
Pese a todo y a todos, es necesario reconocer que su frente electoral es competitivo; que la suma (aunque no sea automática y lineal) de votos obtenida en la elección federal de 2015 por los tres partidos que lo integran los pone en la lucha; que hoy lo que se preveía como una carrera de dos, se ha convertido en una de tres y que los punteros no están definidos todavía.
Sin embargo, más allá del futuro personal de Anaya, el futuro del PAN y del PRD está en riesgo, y la lucha electoral y su circo no serán los mejores escenarios para su reconstrucción. Al contrario.
CAMBIO DE VÍAS.- Con motivo de la Navidad y el año nuevo, esta columna dejará descansar a sus eventuales lectores. Si usted llegó hasta acá: ¡Felices fiestas! O, al menos, inténtelo.
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Lo dicho: la CDMX al PRD…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior...
El PAN y Movimiento Ciudadano decidieron dejar que sea el sol azteca quien evite la caída de la capital en manos de Morena.
Con la nueva de que, al igual que a nivel federal, en la repartición de candidaturas en el entorno de la Ciudad de México de cara a 2018, por parte de quienes forman la alianza que promueven PAN-PRD y MC, los grandes ganadores vuelven a ser Dante Delgado y su partido Movimiento Ciudadano que, inexistente en la práctica en el entorno político-electoral de la capital, definirán incluso las fórmulas participantes en la puja por un par de alcaldías y hasta en cuatro distritos locales.
En un primer balance de los acuerdos signados ya por los promotores de la antinatural coalición que a nivel ciudad impulsan los partidos de la Revolución Democrática de Raúl Flores, Acción Nacional del romero Mauricio Tabe Echartea y Movimiento Ciudadano, efectivamente, quedó más que claro que, como se previó desde un primer momento, tanto los blanquiazules como los impresentables naranjitas decidieron arriar banderas y dejar que sean los del sol azteca los que, en aras de evitar su pronosticada, y a juzgar por no pocos, inminente desaparición, traten de evitar la caída de la metrópoli capitalina en manos de sus innegables enemigos del lopezobradorista Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
Tan evidente es la apuesta que en 11 de las 16 demarcaciones de la naciente CDMX será el perredismo el que diseñe la estrategia a seguir y la composición de las “planillas” que buscarán hacerse con las respectivas alcaldías, en tanto que, para el PAN se reservaron sólo tres —Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa— y dos, Milpa Alta y Magdalena Contreras para MC. Ello, claro, al margen de que militantes amarillos abanderarán en 18 de los 33 distritos electorales locales, dejando 10 a los azules y cuatro, hasta ahora, a los naranjas.
Huelga destacar que, en consonancia con lo expuesto aquí mismo de manera reiterada, la Ciudad de México, en cuanto que territorio político, fue cedida al nuevo dueño y mandamás del otrora partido emblema de las izquierdas de México, el PRD, Miguel Ángel Mancera, en el marco de una negociación cuyos detalles siguen siendo escondidos al escrutinio ciudadano, pero una de cuyas grandes resultantes fue la aceptación de que, tras un proceso de elección amañada y claramente antidemocrática, el panista Ricardo Anaya acabe autodesignándose candidato presidencial del engendro tripartidista.
Las cartas, pues, están echadas y ahora sólo falta comprobar si, como se ha mencionado de manera reiterada por parte de sus promotores del sol azteca, el candidato frentista a gobernar la CDMX surge de un proceso verdaderamente democrático entre quienes aspiran a la nominación o, como se está haciendo costumbre por estos lares, Alejandra Barrales acaba siendo impuesta sobre Salomón Chertorivski y Armando Ahued… lo que ya algunos sugieren acabará ocurriendo.
ASTERISCOS
*Mal comienzan las (pre)campañas por la sucesión del cuestionado jefe de Gobierno capitalino en turno, cuando en uno de los primeros eventos de la morena Claudia Sheinbaum en Coyoacán, activistas del PRD —supuestos seguidores de Mauricio Toledo, a decir de muchos— la emprendieron a golpes y pedradas contra quienes apoyaban a la lopezobradorista. Mal augurio…
* En el marco de actividades 2017 de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), diputados constituyentes del PRI (Paz Quiñones), PAN (Cecilia Romero), PES (Aída Arregui) y PVEM (Alejandro Bustos) cuestionaron la nueva Carta Magna capitalina en la que, citaron, “se ha mutilado el origen fundamental de los derechos humanos”.
* Durante la presentación de la aplicación móvil Pleno Ciudadano del Congreso de Puebla, su dirigente, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que, producto del programa de trabajo realizado con la OEA, se definieron nuevas áreas de mejora y oportunidad, tales como la utilización de modernas herramientas de comunicación e interacción con la sociedad.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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Bolchevismo mexicano/Enrique Krauze
Reforma, 17 Dic. 2017
Tras cuarenta años de domesticar la influencia bolchevique, en 1959 la Revolución mexicana se enfrentó con un hecho nuevo e inesperado: el triunfo del bolchevismo en América Latina. Pero si en ámbitos intelectuales y académicos Castro y el Che compitieron exitosamente con Villa y Zapata, en la arena política persistió el viejo estado de cosas: la Revolución mexicana domesticando a la rusa. El arreglo funcionó hasta el fin de la URSS, pero con las revoluciones uno nunca sabe. Su espíritu reaparece donde uno menos lo espera.
Hábilmente, al abstenerse de condenar a Castro y expulsar a Cuba de la OEA en 1962, el régimen del PRI se convirtió en el mediador tácito entre los Estados Unidos y Cuba, el gobierno "tapón" que a cambio de sostener una retórica nacionalista protegería a toda Norteamérica del comunismo. El compromiso fue claro: México -de cuyas costas había salido la expedición castrista en 1956- defendería diplomáticamente a Cuba de los Estados Unidos, a cambio de que no hubiese guerrilla. Si bien la hubo en los años setenta, su dimensión e impacto fueron considerablemente menores que en Centroamérica.
En los años setenta (y por tres décadas más) el marxismo en todas sus variantes se convirtió en la vulgata de las universidades públicas mexicanas. Sin embargo, los gobiernos del PRI no se inmutaron: el PCM (legalizado en 1978) obtuvo apenas el 5 por ciento de los votos en las elecciones de 1979. De poco valió el esfuerzo de modernización de los comunistas mexicanos para tomar distancia del bloque soviético e ir más allá de los votantes universitarios. En 1981, el PCM llegó al extremo de autodisolverse, con la esperanza de tender puentes con otras formaciones de izquierda, ligadas a las universidades públicas. El PRI -se decía en broma por aquellos años- no necesitaba formar a sus jóvenes militantes porque contaba con el Partido Comunista del cual salían algunos de los cuadros que renovaban a una élite gobernante donde ser socio de Washington, estalinista convencido y vociferante antiimperialista no era una contradicción.
Nuestra Revolución, con su ecléctico nacionalismo, logró que México fuese uno de los pocos países del mundo donde los trotskistas tenían presencia oficial en el Congreso. Una política internacional amiga del Pacto de Varsovia (y de su marioneta, el Movimiento de los No Alineados) permitía al PRI ejercer la mano dura contra la izquierda mexicana, como ocurrió en 1968 o durante los años setenta, cuando guerrillas urbanas de inspiración maoísta o guevarista fueron cruentamente reprimidas ante la indiferencia de La Habana y Moscú. Cuando a los guerrilleros mexicanos se les ocurría secuestrar aviones rumbo a Cuba, el régimen de Castro los repatriaba de inmediato o los recluía bajo condiciones penosas.
El cuadro comenzó a cambiar en 1988, cuando el ala izquierda del PRI abandonó el partido. Los partidos de la vieja izquierda alojaron a los disidentes en su sede, les cedieron su registro y postularon a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia. Solo un fraude electoral impidió su triunfo, pero, en vez de tomar las armas, en 1989 Cárdenas discurrió un cambio que ni siquiera su padre había vislumbrado: la unión de toda la izquierda en el Partido de la Revolución Democrática.
Desde el año 2000, tras el desvanecimiento del Subcomandante Marcos (guerrillero inspirado en el Che Guevara que trocó la bandera marxista por un ideario indigenista), López Obrador se convirtió en el caudillo populista de la izquierda mexicana. En 2006 contendió por la presidencia, estuvo a unas décimas de ganar el poder y acusó al gobierno de haberlo defraudado. Significativamente, en su cuarto de guerra no quedaba ningún comunista y sí muchos priistas de los años setenta, ochenta y noventa. Una vez más, la Revolución mexicana había devorado a la Revolución rusa.
Curiosamente, López Obrador, cuya calificación como hombre de izquierda es problemática dado su conservadurismo en temas de género y su nulo aprendizaje democrático, es un involuntario leninista. Con vistas a las elecciones de 2018, abandonó el PRD para construir, junto a la extrema izquierda que le es adicta y oportunistas de todos los colores, un partido personal donde, a semejanza del partido bolchevique soñado por Lenin, solo manda él y solo él decide quiénes son aptos para purificar a México de todos sus males. Paradójicamente, es posible que la Revolución rusa llegue a México exactamente un siglo después y lo haga, una vez más, bajo el manto de la Revolución mexicana.
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Respuestas ocultas/Eduardo Caccia
Reforma, 17 Dic. 2017
Geólogos y paleontólogos han desarrollado la habilidad de descubrir tesoros donde los demás vemos la aburrida aspereza de una piedra; han aprendido que luego de martillar con paciencia, se revela una forma oculta. Así, una geoda podría pasar inadvertida para la mayoría, pero el ojo experto intuye que en su interior espera una cavidad esférica donde se han precipitado cristales concéntricos de insospechada belleza. Muchas cosas que suceden cotidianamente en la calle encierran claves profundas sobre nuestros males y curas. Mientras la memoria de la tierra arroja datos a quienes saben leer el pasado, ciertos sucesos explican el presente y presagian el futuro.
En un tramo del Periférico en Guadalajara sucede algo trivial para la mayoría de los automovilistas que todos los días circulan esa concurrida autopista urbana. Conductores de diferentes estratos sociales avanzan a toda velocidad por el acotamiento, como si nadie les hubiera enseñado algo tan evidente como que un acotamiento no es un carril adicional. Al levantar y abrir esta piedra que por fuera parece trivial, encontramos pistas.
La abrumadora cultura de ilegalidad que impera en México forma un perverso triángulo con la corrupción y la impunidad. Nuestro contacto más cotidiano con la ley es la movilidad, principalmente urbana, donde hay una serie de reglas que se cumplen o no. El desprecio por la ley, que en general tiene la población mexicana, se manifiesta brutalmente alrededor de la movilidad, y mientras no respetemos ese territorio, difícilmente tendremos un Estado de Derecho. Una infracción no castigada es el camino potencial a una falta mayor en otro orden.
Alguien saca una licencia pero paga mordida para no hacer el examen, o éste es tan malo que no contempla asuntos torales. Alguien desvía recursos que podrían ir a la Secretaría de Movilidad para tener mejores policías, equipo y señalamientos viales. El resultado es que un conductor que considera ridículo que tenga que poner la señal direccional 5 segundos antes de cambiar de carril decide que un acotamiento es un carril más. El resultado es que un "ingeniero vial" y un constructor carnal hacen un acotamiento que se ve igual en textura, color y encarpetado a un carril de alta velocidad. El resultado es que no hay policías multando, su ausencia es la gran presencia de la impunidad. El resultado es un fractal de nuestra sociedad.
En países con Estado de Derecho una raya continua significa prohibición para cruzar, en México necesitamos barreras físicas para detener a los infractores en potencia.
En el preludio electoral quisiera ver quién de los candidatos a la Presidencia entenderá que una forma de romper la ilegalidad de la sociedad mexicana pasa por transformar el comportamiento social alrededor de la movilidad; hacer cumplir la ley en lo básico para luego pasar a lo trascendente. Especulo esce-narios. López Obrador seguramente diría que hará una consulta ciudadana para ver si queremos o no circular por el acotamiento. José Antonio Meade diría que vamos muy bien circulando por el acotamiento. Y Ricardo Anaya no sé aún qué diría, pero ya que mencionó que hará una campaña audaz, veremos si él puede ver el fósil dentro de la piedra ordinaria.
Necesitamos como sociedad un cambio de sistema, ganarle una batalla al triángulo perverso ilegalidad-corrupción-impunidad. Esa batalla debe ser en un territorio que tenga que ver con prácticamente todos los mexicanos, independientemente del estrato social, que sea fácil de entender y de implementar, que pueda ser discutida y alentada en las casas, en las escuelas, en las oficinas, que exponga a los ojos de los demás quiénes cumplen y quiénes no, que funcione para quienes tienen automóvil y quienes son peatones, que sea ejemplo para los futuros ciudadanos que van en el asiento trasero. Ese territorio es la movilidad; las materias de fondo son ética y civismo.
Sería fenomenal ganarle la batalla a la inseguridad, nada más que si no podemos ganar la pequeña y banal de la movilidad no podremos ganar las mayores. ¿Es audaz creer que un jefe de Estado se preocupará tanto por un tema como la movilidad? Seguramente sí.
La audacia del geólogo es querer encontrar. El cambio sistémico que esperamos está dentro de una piedra de aspecto ordinario.
@eduardo_caccia
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Entuertos cotidianos/Luis Rubio
Reforma 17 Dic. 2017
No sé si a usted, estimado lector, le parecen normales las cosas que no son normales en nuestra vida cotidiana: los problemas que no se resuelven, las esquinas en que asaltan, las inundaciones que se repiten, los aglomeramientos de tránsito y todas las "pequeñas" cosas que hacen la vida innecesariamente más compleja de lo que de por sí es. Nos sorprende que la población se vuelque hacia los necesitados en momentos de dificultad o de crisis, pero no que las cosas que deberían funcionar fallen. En realidad, se trata de dos lados de una misma moneda: la ciudadanía se aliena cuando ve que nada funciona como debería, pero actúa precisamente porque sabe que puede hacer una gran diferencia en un momento dado. Se trata de un problema de autoridad.
"Las cosas ordinarias son más valiosas que las cosas extraordinarias; más aún, son más extraordinarias", escribió G. K. Chesterton hace un siglo. Y sin duda lo son: lo que debería ser ordinario resulta ser extraordinario. Aquí van algunos ejemplos de la vida cotidiana:
· Nunca deja de sorprenderme que los embotellamientos de tránsito ocurran en los mismos lugares. En algunos casos es simplemente la insuficiencia de la infraestructura, incluso cuando ésta es nueva y sólo se resuelve con grandes inversiones. Sin embargo, hay una infinidad de lugares en la CDMX en que se estrangula el tránsito por la falta de autoridad: por ejemplo, a la entrada y salida de escuelas, donde los padres creen tener derecho divino a estacionarse en doble y triple fila y no hay autoridad alguna que regule y los discipline. Lo mismo es cierto frente a estaciones del Metro o Metrobús, donde los taxis se apilan y compiten por el pasaje sin importar la forma en que lo hacen. El punto no es impedir que los padres lleven o recojan a sus hijos o que los pasajeros tomen su taxi; el punto es que la autoridad está, o debería estar, para asegurar que se atienda y respeten los derechos de toda la ciudadanía. Se trata de circunstancias cotidianas: conocidas y predecibles.
· Algo similar ocurre con las inundaciones. Nunca deja de sorprender que las lluvias dejen grandes charcos en los mismos lugares una y otra vez. Es decir, la autoridad gubernamental tiene conocimiento cabal de los lugares en que el sistema de drenaje no funciona o es inexistente aun con lluvias menores, y no hace nada. No se reparan las calles, evitan inundaciones o atienden los puntos en que, de manera común, frecuente y repetida, se obstaculiza la circulación. Todos esos puntos son conocidos y la autoridad podría resolverlos sin mayor dificultad o costo y, sin embargo, eso no ocurre.
· Es frecuente que en las redes sociales corra el rumor de que "en esa esquina asaltan". Esa información se dispersa como fuego y, sin embargo, los asaltos continúan, como si se tratara de una actividad económica que merece respeto y protección. En el país se permiten todo tipo de actividades ilegales, como taxistas "tolerados", puestos de comida, vendedores ambulantes y toda una parafernalia de oferentes de bienes y servicios. Aunque formalmente ilegales, son parte del paisaje cotidiano y, al menos, satisfacen una necesidad, pues si no fuese así, no existirían: es decir, hay demanda por esos servicios, lo que explica que la autoridad haga mutis. Quisiera creer que los asaltantes no entran en esa categoría, aunque uno nunca sabe con esto de las clientelas...
· El pavimento de las calles parece importado de Vietnam: allá decidieron reparar su país luego de décadas de guerra y seguramente nosotros importamos los pedazos inconexos de pavimento que les quedaban, pues sólo así se explican las calles de la Ciudad de México: los baches, los agujeros y las zanjas. Las calles no se arreglan ni mantienen, sólo se reparan, es decir, se parchan: lo único que queda antes de un socavón...
El común denominador en todo esto es la falta de autoridad, la ausencia de un gobierno que cumple con su razón de ser, que es la seguridad y la provisión de servicios a la población. Con diferencias locales y regionales (y algunas excepciones notables), no hay municipio o delegación en el país que no muestre abandono, desinterés o desidia. Todo esto lleva a preguntarnos sobre la función de la autoridad, o sea: ¿a qué dedica su día? La realidad es que sí trabaja y pasa largas horas dedicadas a atender demandas ciudadanas, pero no las de todos los ciudadanos, solo las de sus "bases", sus clientelas. Ahí yace el corazón de nuestro sistema de gobierno: los grupos favoritos, las rentas privadas, la búsqueda por el poder y su preservación a todo costo.
Fukuyama afirma que para que un gobierno sea exitoso debe ser capaz de cumplir funciones básicas como la seguridad, el sistema legal y la regulación económica, pero que la secuencia es clave: los países que se democratizan antes de haber construido la capacidad de gobernarse con eficacia siempre fallan porque la democracia exacerba los problemas, las carencias y los desafíos al orden existente, carcomiendo la capacidad del gobierno de ejercer su autoridad al verse sometido a demasiadas demandas encontradas. En nuestro caso, el problema no es que las demandas sean encontradas, sino que se concentran en unas clientelas con frecuencia no presentables, pero muy poderosas.
@lrubiof
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El nacionalismo en Cataluña/MARIO VARGAS LLOSA
El País, 16 DIC 2017
Sólo de manera fugaz y coyuntural es el nacionalismo una ideología progresista. Ocurre cuando prende en los países colonizados por una potencia imperial, que explota y discrimina a los nativos, y anima a éstos a defender su lengua, sus usos y costumbres, sus creencias, impregnándolos de una “conciencia nacional”. Este tipo de nacionalismo ha ido decreciendo con la descolonización y convirtiéndose en la ideología ultrarreaccionaria con que sátrapas sanguinarios como Mobutu en el ex-Congo belga y el Mugabe de la excolonia británica Zimbabue se eternizaron en el poder, saquearon sus países y los bañaron de sangre y cadáveres.
Todas las dictaduras que ha padecido América Latina, de izquierda como las de Fidel Castro, Hugo Chávez y Velasco Alvarado, y de derecha como Pinochet, Aramburu y Fujimori han pretendido justificarse con argumentos nacionalistas. Y, lo más grave, han conseguido muchas veces enajenar con el patrioterismo cirquero y sentimental de la banderita, el himno y la proclama que derrochan a manos llenas, a sectores importantes de la población. Eso explica lo inexplicable: que tantos tiranuelos despreciables y cleptómanos sean “populares”. El nacionalismo es una perversión ideológica muy extendida, porque apela a instintos profundamente arraigados en los seres humanos, como el temor a lo distinto y a lo nuevo, el miedo y el odio al otro, al que adora otros dioses, habla otra lengua y practica otras costumbres, instintos —demás está decirlo— absolutamente reñidos con la civilización. Por eso, el nacionalismo en nuestros días es ya sólo una ideología reaccionaria, antihistórica, racista, enemiga del progreso, la democracia y la libertad.
Por fortuna quedan pocas colonias en el mundo y desde luego que Cataluña, donde el virus nacionalista ha prendido con fuerza, jamás lo fue. Pero eso no importa nada. El nacionalismo es una ficción ideológica y como tal puede permitirse todas las tergiversaciones históricas que haga falta. Por eso, pese a ser tal vez la región más culta de España, hay en Cataluña numerosos catalanes convencidos de esta grotesca falsedad: que Cataluña fue conquistada, ocupada y explotada por España ni más ni menos como Argelia por Francia, América Latina por España y Portugal, y media África por el Reino Unido. La verdad es muy distinta, ¿pero a quién le importa la verdad cuando se trata de ganar una elección? Si uno pregunta a cualquier nacionalista catalán cómo ha sido posible que una “colonia” llegara a ser, varias veces en su historia moderna, la capital industrial y cultural de España, la locomotora de su modernización, respondería, sin duda, que se debió al espíritu de trabajo y la superior capacitación de los catalanes frente a los otros españoles. Lo que, además, implicaría que, una vez independientes, los catalanes —¿ese pueblo superior?— alcanzaría y superaría pronto a Alemania.
El nacionalismo ha crecido en Cataluña porque ha sido promovido desde la escuela por unos gobiernos locales que tenían un plan muy bien orquestado y que han puesto en práctica de manera sistemática, y porque los gobiernos españoles y los ciudadanos del resto de la península se desinteresaron del problema y, a fin de cuentas, dieron la espalda a la mayoría de catalanes que querían seguir siendo españoles, una mayoría que fue decreciendo por el desamparo y el aislamiento en que se sintió, ninguneada por el resto de España. Cayetana Álvarez de Toledo lo explicó con absoluta lucidez hace unos días, en el Ateneo de Madrid, al recibir el Premio Sociedad Civil del think tank Civismo. Su discurso fue una dramática reflexión sobre la responsabilidad que tiene el conjunto de los españoles, por su desinterés y apatía, en la tragedia que está viviendo Cataluña.
Cómo ha sido posible que una “colonia” llegara a ser la locomotora de la modernización de España
Tragedia, sí, es la palabra que conviene a una región que, desde el referéndum ilegal que convocó la Generalitat, ha perdido más de tres mil empresas, visto caer su comercio y su turismo y aumentar el desempleo. Además, es escenario, por primera vez desde la Transición de la dictadura franquista a la democracia, de una violencia política que parecía ya erradicada de la España moderna. Que, en estas condiciones, haya todavía un número potencial de electores para volver a llevar al Gobierno al mismo equipo que está ahora en la cárcel o prófugo, como señalan algunas encuestas, no cabe en la cabeza de muchos ciudadanos cuerdos. Se preguntan si ha caído una epidemia de masoquismo sobre el electorado catalán.
El problema es que ellos tratan de entender racionalmente el problema del nacionalismo en Cataluña. Los principios de la lógica y el conocimiento racional no sirven para entender el nacionalismo, como no servirían para explicar las creencias religiosas ni el misticismo. Se trata de un acto de fe, contra el que todos los argumentos se hacen trizas. Cuando los instintos reemplazan a las ideas todo se vuelve muy confuso y los mejores esfuerzos fracasan.
Me gustaría, a este respecto, mencionar el pequeño libro que acaba de publicar Eduardo Mendoza: Qué está pasando en Cataluña (Seix Barral). Como todo lo que escribe, es un ensayo claro, inteligente y con análisis sutiles y novedosos. Sin embargo, el sabor amargo y pesimista de sus últimas frases contrasta con las ideas ricas y serenas con las que el libro se inicia. Mendoza no parece ver salida alguna en una situación en la que el independentismo y sus adversarios han llegado, se diría, a un empate técnico. Él no es independentista —dice, claramente, “No hay razón práctica que justifique el deseo de independizarse de España”— pero establece una cierta equivalencia entre los contrarios ya que a él no le gusta ninguno de los dos (los antiindependentistas tampoco). ¿Para qué ha escrito este libro, pues? “Para tratar de comprender lo que está pasando”. La idea es válida, pero ¿lo consigue? Me temo que no. Sus observaciones son originales, aunque no siempre convincentes. Por ejemplo, define al catalán de una manera sugestiva, pero, creo, insuficiente por la sencilla razón de que las psicologías nacionales simplemente no existen, o tienen tantas excepciones que resultan poco realistas. Yo, por ejemplo, que conozco a muchos catalanes, no creo que haya dos de ellos que se parezcan entre sí.
A los actos de fe, como el nacionalismo, hay que oponerles, además de razones, otro acto de fe. Si crees en la libertad, en la democracia, en la civilización, no puedes ser nacionalista. El nacionalismo está reñido con todas esas instituciones y categorías que nos han ido sacando de la tribu y el garrote y el salvajismo y nos han inculcado el respeto a los demás, enseñándonos a convivir con quienes son distintos y creen cosas diferentes de las que creemos nosotros, y hecho entender que vivir en la legalidad y la diversidad y la libertad es mejor que en la barbarie y la anarquía. Somos individuos con derechos y deberes, no partes de una tribu, porque el formar parte de una tribu, ser apenas un apéndice de ella, es incompatible con ser libres. Descubrirlo, es lo mejor que le ha ocurrido a la especie humana. Por eso debemos oponernos, sin complejos de inferioridad, con razones e ideas pero también con convicciones y creencias, a quienes quisieran regresarnos a esa tribu feliz que hemos inventado porque nunca existió.
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Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, en guerra contra los derechos humanos/JENARO VILLAMIL
Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...
Sin importar las críticas y los exhortos a México de parte de la ONU –incluyendo sus cuatro altos comisionados–, la OEA, la CNDH, universidades y un gran número de organizaciones civiles, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión. Sus promotores y defensores alegan que sólo las Fuerzas Armadas pueden enfrentar al crimen organizado. Sus opositores afirman que la actuación militar enterrará los derechos humanos. Y en la promoción de esa ley hubo un personaje central, un cabildero militar para quien la seguridad interior no comporta la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.
El pasado 29 de noviembre los relatores especiales Edison Lanza, de la OEA para la libertad de expresión, y David Kayne, de la ONU para los derechos humanos, se reunieron a puerta cerrada con 10 senadores y diputados del PAN, del PRD y de Morena. La preocupación central de ambos era la inminente aprobación en México de la Ley de Seguridad Interior.
–¿Ustedes creen que se apruebe?, ¿creen que México se va a pelear contra todo el sistema de las Naciones Unidas de defensa de los derechos humanos? –preguntó Kayne.
La senadora panista Marcela Torres Peimbert respondió: “Cuando el sistema quiere imponer algo en México, utiliza todos sus recursos… y están en eso”.
Un día después, y en sesión fast track, la Cámara de Diputados aprobó la polémica ley y la envió al Senado el pasado lunes 4. La tensión social y las protestas de organismos civiles y de instancias internacionales frenaron unos días su aprobación en la Cámara de Senadores, además de que el viernes 8 el presidente Enrique Peña Nieto hizo un “llamado al Senado” para que ampliara “los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”. Pero fue un llamado a misa.
El lunes 11, a la sesión cerrada de las Comisiones Unidas acudieron siete mandatarios estatales (los de Durango, Querétaro, Guerrero, Colima, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de ellos presionó para que se aprobara sin cambios la minuta de la ley.
Sólo Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que había “excesos” en ella. “Es una ley perfectible”, afirmó.
Entre el martes 12 y el miércoles 13 arreciaron las protestas de organismos defensores de derechos humanos, de activistas y hasta de actores, como Diego Luna, quien encabezó una marcha convocada mediante las redes sociales, para hacer una “clausura simbólica” del Senado.
Mientras cientos de personas colocaban veladoras a las afueras del recinto y gritaban consignas contra la militarización del país, 15 senadores del PRI, del Partido Verde y del PAN mayoritearon en comisiones con el propósito de aprobar un dictamen con cambios sólo en nueve artículos para tratar de minimizar la inconstitucionalidad de la ley.
La madrugada del viernes 15, tras más de 20 horas de monólogos y escaso debate entre defensores y opositores al proyecto, el pleno del Senado aprobó en lo general –con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones– una Ley de Seguridad Interior cuestionada ampliamente dentro y fuera del país.
La bancada del PAN se dividió, pero el PRI y el Verde, solos, ya tenían mayoría. El bloque PT-Morena, más el PRD y algunos senadores panistas votaron en contra.
La minuta se envió el mismo viernes 15 a la Cámara de Diputados, la cual en hora y media la avaló con 262 votos a favor –del PRI, Verde, Panal, algunos del PAN y dos del Partido Encuentro Social–, y sólo 25 en contra, de Morena y Movimiento Ciudadano.
Franca colisión
La discusión de la Ley de Seguridad Interior mostró la clara colisión entre el respeto a los derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado y la demanda de permitir el uso de “las capacidades de fuego” de las Fuerzas Armadas.
La victoria es para el alto mando castrense, para los gobernadores priistas y panistas que apoyaron la ley y para los tres principales personajes del gobierno federal que presionaron para su aprobación: el presidente Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Y en un hecho sin precedente, se manifestaron en contra los cuatro altos comisionados de la ONU: los de derecho a la privacidad; derechos humanos; contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y derecho a la libertad de opinión y de expresión.
A ellos se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como 25 comisiones estatales de derechos humanos, el colectivo ciudadano Seguridad Sin Guerra –que aglutinó a 240 organizaciones civiles–, la Coparmex, los rectores de tres de las más importantes universidades del país –la Nacional Autónoma de México, la de Guadalajara y la Iberoamericana– y prácticamente todos los especialistas en derecho constitucional.
“Nunca antes cuatro altos comisionados se habían pronunciado sobre un problema específico en México”, apuntó en tribuna la senadora panista Laura Rojas, quien reprochó durante el debate que “no se puede participar activamente y liderar en los organismos, cuando éstos condenan violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo en Venezuela, y desautorizarlos cuando señalan riesgos a los mismos en nuestro país”.
El jueves 14, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores le respondieron a Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que era motivo de “gran sorpresa” su crítica a la Ley de Seguridad Interior porque “no considera” los retos que México enfrenta en esta materia: el mercado más grande de drogas ilícitas, el persistente tráfico ilícito de armas de alto poder, la decisión de Estados Unidos de “desviar hacia nuestro territorio el flujo de drogas ilícitas”.
“Es preciso subrayar que el proyecto de ley no tiene por objetivo que las Fuerzas Armadas asuman un papel policiaco permanente, sino limita –a un año– la duración de sus intervenciones”, afirmó el comunicado de las dependencias federales. No mencionó que esos operativos se pueden prorrogar.
Según testimonios de varios senadores, el principal argumento que utilizaron los promotores de la ley para presionar su aprobación antes del inicio de las precampañas electorales de 2018 fue el siguiente: habrá casi 15 mil candidatos a 3 mil 400 cargos de elección, que no podrían recibir la protección de las Fuerzas Armadas sin una Ley de Seguridad Interior.
El proceso electoral de 2018 fue “el punto de inflexión” que aceleró el cabildeo a favor de la ley, como apuntó el experto en temas de seguridad nacional Javier Oliva Posadas, durante su participación en los foros del lunes 11 en el Senado.
Otros argumentos se ventilaron durante la discusión en el pleno del Senado. El panista Roberto Gil Zuarth subió a tribuna a defender el dictamen. Acusó a los opositores a la ley de hacer acusaciones “frívolas”. Y ante la pregunta de la senadora Dolores Padierna –“¿cuál ha sido el resultado para los derechos humanos tras 11 años de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública?”–, calificó de maniqueo decir que el Ejército es el mayor violador de esos derechos.
La filípica de Gil Zuarth a favor de la ley y del papel de las fuerzas armadas recibió aplausos de las bancadas del PRI y del Verde, mientras sus correligionarios del PAN apoyaron las intervenciones de las senadoras Torres Peimbert y Adriana Dávila, así como la del yucateco Daniel Ávila Ruiz, quienes argumentaron contra una mayor presencia militar.
Gil Zuarth añadió que la fracción VI del artículo 89 de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para regular y disponer del Ejército en funciones de seguridad pública.
Los senadores Isidro Pedraza, del PRD, y Fidel Demédicis provocaron reacciones airadas de la bancada del PRI. El primero les recordó cómo se creó en el seno del Ejército un grupo de élite –los “gafes”–, que luego se convirtió en el cártel de Los Zetas, uno de los más peligrosos y sanguinarios. Demédicis acusó directamente a Peña Nieto de ser el máximo responsable de las matanzas y violaciones cometidas por el Ejército en Tanhuato, Tlatlaya y en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El senador Miguel Barbosa, vicecoordinador del PT-Morena, señaló que “los delincuentes cometen delitos y los derechos humanos son violados por las autoridades”. Esta intervención generó otro debate con Gil Zuarth, quien habló de las nuevas tesis alemanas sobre el “efecto irradiador” de los derechos humanos y, según él, el crimen organizado es el principal violador de esos mismos derechos.
Provocadora, Dávila dijo que sus correligionarios del PAN que apoyaron la ley “están legalizando el fracaso” y señaló que el PRI ahora creó otro sector: la Confederación con Acción Nacional (“el CAN”, dijo).
En su tercera intervención, el senador Manuel Bartlett, coordinador de PT-Morena, enumeró todas las violaciones a los artículos constitucionales que contiene la ley: al 73, porque no es competencia del Congreso legislar en materia de seguridad interior; a los 39, 40 y 41, porque “no puede establecerse un régimen militar de excepción”; a los 119, 124 y 129, sobre derechos humanos; a los 39, 115, 116 y 124, porque se altera la certeza jurídica; y al 6, porque viola el principio de máxima publicidad.
“Constituye un golpe de Estado esta ley. En lugar de buscar la paz, ustedes decretan el exterminio”, sentenció Bartlett.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y una de las responsables de la dictaminación, sentenció a gritos desde la tribuna: “¡Que quede claro: no se militarizan las calles; al contrario, se pone orden!”.
De nada sirvió la moción suspensiva y la continua argumentación de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que una y otra vez criticó la “simulación” del diálogo. Su petición fue rechazada por 69 votos contra 39.
El cabildero militar
La victoria más clara fue para el principal cabildero de la Ley de Seguridad Interior, el general brigadier Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa desde noviembre de 2016, quien estuvo presente en casi todas las reuniones cerradas con las bancadas y con los representantes de organismos públicos, para convencerlos de que esta ley no está hecha para beneficiar a las Fuerzas Armadas.
Así se los dijo el lunes 4 a los representantes de organizaciones civiles que acudieron, en franca protesta, a la Junta de Coordinación Política del Senado. Ramos Flores insistió en que esta ley “no es para las Fuerzas Armadas, sino para la seguridad de todo el Estado”.
También regañó al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quien a nombre del organismo autónomo reprochó que la propia Ley de Seguridad Interior, en su artículo 9, consagra la reserva de toda su información.
Se reunió el miércoles 6 con la bancada del PAN para convencer a los “indecisos”, y contó con el apoyo de gobernadores como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, quienes acudieron a la “cargada” de mandatarios a favor de la ley.
Vinculado al procurador general del sexenio de Fox, general Rafael Macedo de la Concha, Ramos Flores participó en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004, y en 2011 asesoró en temas de corrupción a la procuradora del último tramo del calderonismo: Marisela Morales.
A finales del año pasado fue mencionado como candidato para ocupar la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, desde donde tendría acceso a los casos de abusos y crímenes de militares en distintos operativos, como la matanza de 22 personas en Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La presión de los organismos de víctimas sobre la entonces procuradora Arely Gómez y su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, frenó el nombramiento.
En entrevista con la revista Foro Jurídico, publicada en noviembre de 2016, Ramos Flores expuso ampliamente la necesidad de una Ley de Seguridad Interior que distinga claramente entre seguridad nacional y seguridad pública.
Para el militar, la seguridad interior no se trata de la defensa de ciudadanos o personas ante el crimen organizado, sino de “la supervivencia de las instituciones de la República y el orden constitucional”.
“Ha sido necesario apoyar en esta materia (de seguridad pública) con las Fuerzas Armadas, en tanto implique un problema de seguridad interior. Actuamos en coadyuvancia ante un problema de envergadura (el crimen organizado), pero en mi opinión nos encontramos en una línea muy delgada entre las funciones de la policía y el Ejército en ese terreno”, argumentó.
“Lo anterior ha provocado que erróneamente se pretenda que para auxiliar a esas instancias, sin afectar los derechos humanos, las Fuerzas Armadas se despojen de las características propias de su naturaleza, como armamento, equipamiento y adiestramiento militar, limitando sus capacidades para enfrentar la amenaza que representan los grupos criminales, de tal suerte que, al final del día, la fortaleza que se buscaba con su empleo se pierde, favoreciendo las acciones de los grupos criminales”, se quejó.
La Ley de Seguridad Interior, tal como se aprobó en el Congreso, le da la razón a la demanda de la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente se privilegiará el uso de las Fuerzas Armadas y “las características propias de su naturaleza” frente al respeto a los derechos humanos.
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"Más fuerza genera más muertes"/GLORIA LETICIA DÍAZ
Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...
Al recibir el viernes 8 el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trayectoria de 40 años como promotor del diálogo para resolver los conflictos sociales, el presidente de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara, aprovechó la ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos para expresar su opinión, compartida con organizaciones civiles y académicas, sobre la LSI:
“Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes… La Ley de Seguridad Interior no debe responder a la lógica de la coyuntura para continuar con la actual estrategia de seguridad: lo que hace falta es cambiar esa lógica y estrategia”, puntualizó.
La voz de Álvarez Gándara se sumó a la del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que minutos antes se había declarado en contra de la legislación y a favor de un debate nacional.
Al insistir en que la LSI “representa la reafirmación de una estrategia de seguridad que no funciona”, el galardonado alentó al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas y al Senado a que “profundicen el diálogo y la escucha por el bien del país”, en tanto que pidió a la CNDH que impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “en el deplorable caso de que esa ley sea promulgada”.
En respuesta a los discursos del galardonado y del ombudsman, Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado de la República para que amplíe los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente esté resolviendo en alcance a esa iniciativa presentada”.
La convocatoria presidencial sólo prolongó un proceso que ya estaba definido, a pesar de las expresiones de alarma de organismos internacionales por los términos de la LSI, que da carta blanca a las Fuerzas Armadas para subordinar a los poderes civiles, contra lo establecido en los tratados de derechos humanos firmados por México.
A las manifestaciones de repudio de la sociedad civil, organizadas desde los primeros meses de este año en el colectivo #SeguridadSinGuerra, se sumaron cartas de relatores y de mecanismos de supervisión de la ONU, que dieron seguimiento al mensaje que el martes 5 envió al Senado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
El funcionario de la ONU advirtió que el despliegue militar por la “guerra contra las drogas” no ha disminuido la violencia, mientras que “agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones a derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
El miércoles 13, la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) insistieron en su llamado al Senado por abrir el debate. De inmediato se les sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Posteriormente los 32 ombudsperson del país, a través de una carta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), expresaron “tajantemente” su rechazo al proyecto de LSI y convocaron a incorporar a la discusión “visiones de la sociedad civil, la academia, los organismos defensores de derechos humanos, los organismos internacionales, los gobiernos de las entidades federativas y todos aquellos interesados en el tema”.
También interpelaron al Senado la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guadalajara, cuyos rectores (respectivamente Enrique Graue, David Fernández y Tonatiuh Bravo) pidieron a los legisladores abrir un espacio de “diálogo nacional, amplio e incluyente que dé voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional”.
A unas horas de que el Senado votara la LSI, de forma inédita siete mecanismos de supervisión de derechos humanos de la ONU se pronunciaron en contra de la legislación, mediante una misiva enviada desde Ginebra.
La firman expertos de los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y sobre la Detención Arbitraria, o que presiden las relatorías especiales sobre el Derecho a la Privacidad (Joe Cannataci), sobre la Situación de Defensores de los Derechos Humanos (Michel Forst), sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (Agnes Callamard), sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición (Pablo de Greiff) y sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión (David Kaye).
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, dice la carta.
El viernes 15, ya aprobada la LSI, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell, lamentó la decisión y reiteró que “lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”.
El avance de la violencia
Álvarez Gándara lamenta que, pese a la supuesta disposición y el llamado de Peña Nieto, en el Senado prevaleciera la “cerrazón” para atender las observaciones de las instancias de derechos humanos mexicanas e internacionales.
“Honestamente abaratamos mucho si decimos que sólo fue un engaño. Yo diría: este es el tamaño del régimen político que tenemos todavía en México, esta es su realidad, estos son sus límites. La oferta de diálogo se ‘cumplió’ con esta oportunidad de dos días de reuniones y con estos pequeños cambios a la ley”, dice.
En el proceso legislativo, añade, “no llegó a más la voluntad y capacidad de diálogo para entender que lo que queríamos no eran cambios a esta ley, sino que no hubiera esta ley, y que pusiéramos la discusión en otro terreno, más de fondo: en el concepto y la estrategia de seguridad, que debe estar enmarcada en un concepto y estrategia de paz con democracia y derechos humanos”.
Ante el fracaso de los actores políticos en la conducción del país, Álvarez Gándara alerta del riesgo de que las Fuerzas Armadas pretendan realizar esa tarea, además de que “esta ley las faculta no sólo para irrumpir en el marco de la criminalidad, sino de la movilidad, la movilización y la lucha social”.
Por lo tanto, enfatiza, abrir el debate sobre esa ley es “no sólo un tema relacionado con la seguridad, sino una dimensión relacionada con la gobernabilidad y la conducción política y democrática”.
El defensor señala que después del gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el Ejército tuvo restricciones, el poder castrense “ha ido regresando a las tareas de gobierno” y se convirtió en un “factor que se ha hecho necesario para nuestra seguridad, lo que le ha permitido impulsar esta ley hecha a su modo”.
Con la aprobación de la LSI en pleno proceso electoral federal, Álvarez Gándara visualiza tres escenarios de país, “que no son excluyentes”:
En el primero, el régimen actual se mantendría inamovible utilizando el sistema electoral y de partidos, “a pesar de los conflictos, las oposiciones, las movilizaciones y las diferencias”.
En el segundo, dice, podría surgir “una propuesta que articule un proceso de transformación pacífica”, ya sea en el proceso electoral “o no necesariamente en las elecciones”.
La otra posibilidad es que se imponga la fuerza militar:
“Si sigue sonando esta debilidad de liderazgos y sin iniciativas a este empate de minorías sin peso, temo que el escenario de la fuerza también está avanzando. No sólo por el creciente papel de las Fuerzas Armadas, sino por la criminalidad, no sólo como un actor fáctico, sino ahora metida estructuralmente en instancias de Estado, además de que aprendió a meterse en el tejido social. El problema es que la LSI es el alimento de este escenario.”
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Inexperta ante el crimen organizado/JUAN VELEDÍAZ
Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...
En los últimos dos años, la Sedena reconfiguró sus brigadas y regimientos para crear nueve unidades de Policía Militar, que ahora se encuentran en la primera línea de combate frente a la delincuencia. El año pasado estaban integradas por 2 mil 124 elementos desplegados en cuatro entidades; hoy son más del doble y se expandieron a otras tres, dice una fuente consultada por Proceso. Según el informante, esos nuevos batallones fueron integrados al vapor y pueden cometer errores “mortales”, como el sucedido en junio pasado en Querobabi, Sonora, cuando un oficial murió por ingerir una bebida envenenada durante una revisión de rutina.
El episodio ocurrió el 26 de junio último en el puesto de control militar instalado en Querobabi, Sonora, y se le conoce como “el trago trágico”.
La madrugada de ese día, un pelotón de Policía Militar (PM) realizaba labores de inspección vehicular sobre la carretera que atraviesa el estado en dirección a la frontera con Arizona cuando, de pronto, un camión que trasportaba bebidas de sabor se estacionó en la orilla para una revisión de rutina.
El teniente Érik López Calvo, oficial de arma blindada que estaba comisionado en la PM, tomó una botella de té Jaztea –empresa que tiene sus instalaciones en Culiacán, Sinaloa– para realizarle una prueba “de reactivos de droga”, la cual resultó negativa.
Cuando terminó la inspección el teniente López Calvo y varios soldados cogieron algunas bebidas y dejaron que el camión siguiera su ruta. Al amanecer, una alerta llegó a la comandancia de la Segunda Región Militar en Mexicali, de la que dependía el puesto de control. El reporte decía que un oficial de PM había muerto envenenado y seis efectivos más se encontraban hospitalizados de gravedad. La prueba ambulatoria había fallado: no detectó que las bebidas estaban adulteradas y eso le costó la vida al responsable de la base.
Un reporte de los integrantes de la PM enviado por mensajería instantánea decía: “Dejaron salir el autobús con destino a Ensenada, el oficial –López Calvo– está muerto ahorita, seis de tropa con síntomas parecidos a los del teniente. Que le dieron un trago, el oficial dio un trago al contenido de la botella, trago trágico. Por favor que las tropas desplegadas se abstengan de probar cualquier cosa que no sea adquirida por ellos”.
López Calvo era de Puebla. Sus compañeros comentaron que por esos días había estado en labores de reclutamiento para el batallón de la PM, al que había sido comisionado. Estaba a punto de pasar a retiro; incluso ya le había llegado su tercer aviso. Tenía casi tres décadas de servicio en el Ejército.
El suceso se mantuvo en total hermetismo. Más allá de los integrantes de esa unidad militar y los altos mandos, nadie comentó nada. El impacto que generó en las fuerzas de seguridad ameritó que la Marina, por medio de la Comandancia de Operaciones Especiales, emitiera una directiva para sus unidades de infantería desplegadas en tierra por distintos puntos del país. El documento, del cual Proceso tiene copia, decía:
“Tienese conocimiento que el día 26 del actual falleció un oficial y seis soldados pertenecientes a Sedena fueron hospitalizados por intoxicación, tras ingerir una bebida obtenida durante la inspección de un vehículo de transporte en el puesto militar de seguridad estratégica en Querobabi, Son. Por tal motivo deberá instruir personal unidades operativas y puestos de seguridad, eviten probar o ingerir alimentos y bebidas que les sean ofrecidos o localizados durante inspecciones y revisiones, virtud podría verse comprometida su salud.”
El comunicado estaba firmado por el almirante Marco Antonio Ortega Siu, comandante de la unidad de operaciones especiales.
Policía Militar “al vapor”
Un fenómeno castrense se ha desarrollado en el último año en todo el país sin que la mayoría de los medios informativos le hayan prestado atención: Las nuevas unidades de la PM recién creadas se desplegaron en la primera línea de combate a la delincuencia en sustitución de batallones y regimientos “de arma”, es decir, infantería, caballería y arma blindada.
Estas nuevas fuerzas, dice en entrevista una fuente castrense que solicitó reservar su identidad al no estar autorizada para dar entrevistas, se formaron con oficiales y tropa “recortados” a todas las unidades tipo batallón y regimientos de caballería, arma blindada, zapadores y artillería.
A varios de los batallones y regimientos que eran de 600 efectivos les recortaron 100 para formar los nuevos cuerpos de la PM. En los últimos dos años se crearon nueve, cuyo numeral de identificación va del 10 al 19. No se reclutó a ningún elemento nuevo para esas unidades, sostiene el informante.
Son, dice, batallones formados “al vapor”, sin preparación técnica ni conocimientos tácticos. Pueden cometer errores “mortales”, como el sucedido en junio pasado en Querobabi, Sonora.
Durante 2016 y los primeros siete meses de este año, el despliegue de la PM en territorio nacional creció casi 90%, según lo respondido a una solicitud de información enviada a la Secretaría de la Defensa Nacional y publicada en septiembre pasado por el periódico Milenio.
El año pasado fueron 2 mil 124 policías militares desplegados en cuatro estados del país: Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. En el primer semestre de 2017 fueron poco más de 5 mil los incorporados a labores de seguridad pública en siete estados: Sinaloa, Guerrero, Durango, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Michoacán.
Cuando Enrique Peña Nieto inició su sexenio, había siete brigadas de la PM en el Ejército, cada una integrada por tres batallones. Su gobierno concluirá en diciembre de 2018 con 12.
La primera se localiza en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México; la segunda, en la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México; la tercera en San Miguel de los Jagüeyes, en la misma entidad, en donde se ubican los batallones siete, ocho y nueve, que han sido integrados en otro momento de manera orgánica, como en 1999, a la Policía Federal.
La cuarta brigada se localiza en Apodaca, Nuevo León, que al iniciar el sexenio inauguró sus instalaciones; la quinta también en San Miguel de los Jagüeyes; la sexta en Puebla; la séptima igualmente en el Campo Militar Número Uno.
En noviembre pasado Peña Nieto inauguró el nuevo cuartel de la onceava brigada en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Para el primer semestre de 2018 se contempla poner en marcha las instalaciones de la doceava brigada en Irapuato, Guanajuato.
Si bien la PM fue creada originalmente para garantizar el orden y la seguridad de las instalaciones castrenses, desde finales de los noventa y durante los últimos tres sexenios su labor se ha enfocado más a labores de seguridad pública.
En la nota de Milenio se cita un párrafo respecto a la preparación de esas unidades. “No existe una capacitación especializada en materia de seguridad pública, debido a que las funciones de la Policía Militar y el Ejército mexicano se enfocan en dar cumplimiento a las cinco misiones estipuladas para las Fuerzas Armadas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; sin embargo, en actividades de seguridad pública, la Policía Militar sólo actúa en coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, la restauración de la seguridad pública, siempre que esto último derive de una petición de una autoridad competente y previa aprobación del presidente de la República”.
La disminución del número de efectivos de otras unidades para formar los nuevos batallones de la PM ha repercutido en los resultados en labores de contención y combate a los grupos de la delincuencia más beligerantes, como los que operan en la sierra sur de Sinaloa.
Es el caso del octavo batallón de infantería con sede en Mazatlán, Sinaloa, al que le toca atender las emergencias en esta región del estado donde distintos grupos pelean por rutas de trasiego de droga en los municipios de El Rosario, Cosalá, San Ignacio y Escuinapa.
“Ya los oficiales y tropa difícilmente disfrutan un fin de semana libre, eso ocurre cada mes aproximadamente. Y échele cuentas cuánta gente se requirió para formar las tres nuevas brigadas de la Policía Militar. Esas brigadas integradas con personal de diferentes armas no cuentan actualmente con unidad de doctrina, porque en un pelotón puede haber elementos de infantería o de caballería, que tienen diferentes técnicas y tácticas para realizar operaciones”, dice la fuente consultada.
Los integrantes de la PM tienen adiestramiento en varias materias encaminadas al control de la población civil en caso de disturbios. “Si se ve más allá –comenta el entrevistado–, se estaría previendo su empleo en 2018 si la situación política se desborda”.
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Caso Ayotzinapa: Los informes sesgados de la Sedena/GLORIA LETICIA DÍAZ...
Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...
La Secretaría de la Defensa Nacional, reticente a informar sobre la actuación del 27 Batallón de Infantería tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, tampoco respondió con toda la verdad al cuestionario que le envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, algunos militares ya habían declarado ante la PGR que estuvieron presentes en momentos clave de los hechos.
Las respuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el expediente de queja abierto por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no precisan las horas en que los militares intervinieron y omiten acciones de los mismos, así como el material gráfico que recabaron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Esto confirma la política de ocultamiento de información de la dependencia, que en su contestación a diversas solicitudes de información pública niega la existencia de cuerpos de inteligencia del Ejército que operaron en septiembre de 2014 en Iguala, el Pelotón de Información y los Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), así como el despliegue tecnológico utilizado para ese fin: el Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos (SEAA).
La estructura de inteligencia militar fue mencionada por soldados y mandos castrenses (Proceso 2143) en sus declaraciones ministeriales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En algunos documentos de la investigación de la CNDH (CNDH/I/2014/6432/Q) que fueron integrados al expediente de la PGR por el caso Ayotzinapa –y de los que este semanario tiene copia– se advierte una vez más la intención de esconderle información incluso a la comisión.
Por ejemplo, la figura del soldado Eduardo Mota Esquivel, “perteneciente al Pelotón de Información”, es un elemento central del que se omiten datos sobre su actuación en aquella noche trágica, aunque algo se ha conocido a cuentagotas en cinco declaraciones ministeriales.
Mota es clave para esclarecer los hechos porque estuvo presente cuando los estudiantes que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531, ahora desaparecidos, fueron atacados y sometidos por policías municipales frente al Palacio de Justicia de Iguala.
El soldado de inteligencia también pudo haber sido testigo de la intercepción policiaca de otro camión, el Estrella Roja 3278, identificado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como el “quinto autobús”.
En su tercera declaración, el 11 de septiembre de 2015, este militar indicó que llegó a las inmediaciones del Palacio de Justicia en su motocicleta particular, la cual habría sido asegurada por uniformados municipales. Por eso, dijo, la Fuerza de Reacción al mando del capitán José Martínez Crespo acudió a las instalaciones de la policía de Iguala, entre otras cosas, para reclamar la devolución del vehículo.
Esa versión surgió después de que el GIEI obtuvo información de que unos soldados habían acudido a la barandilla de la Policía Municipal.
Las fuerzas de reacción
En el tomo 47 del expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, indagado por la Oficina Especial para el caso Iguala, aparece una serie de documentos fechados entre el 13 y el 17 de octubre y firmados por el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, ahora general José Rodríguez Pérez, el capitán Martínez Crespo y el teniente Roberto Vázquez Hernández. Esos papeles corresponden a las respuestas que dio la Sedena a una solicitud de información de la CNDH.
Rodríguez Pérez firma un reporte dirigido al comandante de la 35 Zona Militar, a la que está adscrito el 27 Batallón de Infantería de Iguala, para contestar cinco preguntas planteadas por la comisión.
Este organismo autónomo pidió a la Sedena “un informe detallado y completo” sobre su actuación la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 y su participación en la búsqueda de los estudiantes; si integrantes de la Sedena tomaron parte en la detención de presuntos implicados; en qué consistió el apoyo a las víctimas y una “copia legible y completa del parte informativo que debieron rendir los elementos (…) que participaron en los sucesos”.
A la primera pregunta, el entonces comandante del 27 Batallón respondió que las primeras acciones militares ocurrieron a las 23:55 del 26 y a las 00:30 del 27, supuestamente cuando el C4 notificó de hechos violentos cerca del poblado de Santa Teresa.
La primera intervención fue de la Fuerza de Reacción “Vázquez”, al mando del teniente Roberto Vázquez Hernández, que apoyó “a personas en grupo aproximado de 30 a 40”, quienes habían sido atacadas por “hombres armados que se encontraban realizando disparos a personal civil que transitaba a bordo de sus vehículos sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a la altura del poblado de Santa Teresa”.
Se trata del ataque a los ocupantes de un camión de alquiler en el que viajaban jóvenes futbolistas del equipo Los Avispones de Chilpancingo, y un taxi colectivo. En esos hechos murieron tres personas.
Después actuó la Fuerza de Reacción “Martínez”, a cargo del capitán José Martínez Crespo, la cual a decir de la Sedena se dirigió hacia la salida a Chilpancingo “con el fin de estar alerta en caso de presentarse más agresiones con arma de fuego”.
Entre las acciones que realizaría este grupo, el reporte dice que acudió al hospital Cristina, donde se refugiaban 25 estudiantes, uno de ellos “herido en forma de sedal y superficial en el labio superior”. Además, se trasladó al cruce de la calle Juan N. Álvarez con Periférico Norte, donde se localizaron dos cadáveres, “sin observar en el referido lugar autoridad o estudiante alguno”.
En su reporte Rodríguez Pérez oculta que, entre las 22:00 y las 22:30 horas, el soldado Eduardo Mota Esquivel recibió órdenes de acudir a las inmediaciones del Palacio de Justicia, y no señala que dio instrucciones a Martínez Crespo de recuperar el vehículo de Mota retenido por policías de Iguala.
Sobre la búsqueda que realizó el personal militar, el entonces coronel Rodríguez Pérez menciona el 14 de octubre como el único día en que se llevaron a cabo actividades encaminadas a localizar a los normalistas, es decir 17 días después de que éstos fueran atacados.
Ese día habría exploraciones militares de búsqueda en las inmediaciones de Tonalapa del Río y Coatepec Costales, municipio de Teloloapan, y en Chilacachapa, municipio de Cuetzala del Progreso, a cargo de dos unidades encabezadas por el teniente coronel de infantería Benito Cegueda Hernández y el teniente de infantería Ulises Martínez Monroy.
A la pregunta de si personal militar había participado en la detención de presuntos responsables, Rodríguez Pérez dijo que hasta ese momento sus subordinados no lo habían hecho.
Sobre el apoyo que los soldados dieron a las víctimas, el reporte de Rodríguez Pérez indica que prestaron ayuda en Santa Teresa, donde el autobús con futbolistas y el taxi colectivo fueron baleados. Allí el personal militar “controló el tránsito y solicitó el apoyo de ambulancias”, además de permanecer en el lugar hasta que el personal ministerial y del Servicio Médico Forense realizaron su trabajo.
Además, el reporte dice que los soldados apoyaron a los estudiantes en el hospital Cristina, donde supuestamente Martínez Crespo solicitó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Según esta versión oficial, el propio capitán y su equipo permanecieron en la calle Juan N. Álvarez y Periférico resguardando dos cuerpos sin vida y tres autobuses que presentaban impactos de arma de fuego. Allí “no se observó autoridad ni estudiante alguno” y los militares también vigilaron hasta que las autoridades ministeriales terminaron su labor.
Lo que vio el soldado Mota
Sobre el parte “que debieron rendir los elementos (…) que participaron en los sucesos”, Rodríguez Pérez anexó reportes del teniente Roberto Vázquez Hernández, quien acudió a las inmediaciones de Santa Teresa, y del capitán José Martínez Crespo, quien estuvo en los sitios en donde fueron atacados los normalistas.
Los informes castrenses sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 están dirigidos al comandante del batallón. El de Vázquez Hernández está fechado el 13 de octubre y el de Martínez Crespo el día siguiente. En ambos se marcaron copias para los comandantes de la IX Región en Acapulco y de la 35 Zona Militar en Acapulco.
Los oficiales coinciden en que esos días recibieron “órdenes verbales” del comandante Rodríguez Pérez y del segundo comandante del 27 Batallón, teniente coronel Benito Cegueda Hernández, para atender las eventualidades de esa noche violenta.
Mientras Vázquez Hernández ubica su participación en los hechos a las 23:00 horas del 26 de septiembre, Martínez Crespo lo hace a las 00:30 del 27, cuando recibió la orden de “organizar con el personal del turno de descanso de la guardia en prevención una Fuerza de Reacción disponible para salir en caso de requerir apoyo el teniente de infantería Roberto Vázquez Hernández”.
Si bien en el reporte personal de Martínez Crespo se menciona que el soldado Eduardo Mota Esquivel, “perteneciente al Pelotón de Información”, estaba entre el personal que encabezó en esa ocasión, no precisa las actividades que realizó Mota.
Tras sostener que recibió “la orden verbal” del comandante del 27 Batallón de realizar “rondines en el exterior de la ciudad” y “no confrontar al personal de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, Martínez Crespo dice en su escrito que Mota Esquivel “presenció el evento que se realizaron (sic) a inmediaciones del edificio del Distrito Judicial que se encuentra ubicado en la carretera federal Iguala-Chilpancingo”.
En el mismo reporte se indica que el soldado presenció “los eventos que se desarrollaron por parte de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, sin mayores detalles, y que a las 00:40 informó que “a inmediaciones del Distrito Judicial se encontraba un autobús del servicio público estropeado, por tal motivo se iniciaron los patrullamientos (sic), acudiendo al sitio en mención”.
Ahí Martínez Crespo advirtió “que efectivamente se encontraba un autobús de pasajeros, con vestigios de haber sido apedreado, con las llantas ponchadas, con las ventanas rotas, sin ninguna persona a bordo y el servicio de grúas Nava realizando maniobras para remolcarlo”.
Este documento proporciona, con horas y minutos, detalles de las actividades de su destacamento en el hospital Cristina y en la calle Juan N. Álvarez; del arribo de seis reporteros a las 02:45 horas del 27 de septiembre y registra sus nombres; del inicio de una conferencia de prensa del líder estudiantil Pedro David García López a las 03:08, y de la llegada de personal del Ministerio Público del Fuero Común, al mando de José Manuel Cuenca Salmerón, y del Servicio Médico Forense, a las 03:15, además del regreso al cuartel a las 08:00.
Pese al cuidado con que fue presentado el reporte de Martínez Crespo, en el informe que recibió la CNDH se omite que entre las órdenes de dicho capitán figuraba la de recuperar la motocicleta particular de Mota Esquivel, como declaró el soldado en septiembre de 2015.
El capitán refiere que entró en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala con tres de sus hombres a buscar el vehículo del soldado del Pelotón de Información, como éste confirmó en su tercera y cuarta declaraciones ante la PGR.
Sin embargo, el ocultamiento de información clave sobre las actuaciones de las fuerzas castrenses la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, incluso a la CNDH, alimenta las dudas sobre la actuación de los integrantes del 27 Batallón de Infantería en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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PES-Morena: Luna de miel de pronóstico reservado/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Proceso #2146, 17 de diciembre de 2017...
“El tiempo lo cura todo” es una frase que puede aplicarse a la política, como en el caso de los partidos Morena y Encuentro Social. Si en 2006 el fundador de este último, Hugo Eric Flores, articuló a diferentes iglesias evangélicas para apoyar la candidatura presidencial del panista Felipe Calderón, ahora se alía con el morenista Andrés Manuel López Obrador, quien está recurriendo a un discurso con parafraseos religiosos; un pragmatismo que comienza a sacar chispas en el seno de Morena.
El jueves 14, primer día de precampaña, Andrés Manuel López Obrador conoció la protesta en casa. En el salón donde acababa de presentar a los integrantes del gabinete que lo acompañarán en caso de ganar la Presidencia, la escritora Elena Poniatowska y la actriz Jesusa Rodríguez expusieron una cartulina en la que se leía: “No al PES”. Un día antes, en el mismo lugar, se había formalizado la alianza por la que contenderá en las elecciones del 1 de julio, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), este último con amplia militancia evangélica y que ha fijado posturas e impulsado proyectos de ley ultraconservadores.
La presentación de la alianza y la supuesta firma escapaban a las formalidades que corresponden a ese tipo de actos, como también sucedió el martes 12 durante el registro de López Obrador como precandidato presidencial. Fue cuando dejó la dirigencia de Morena a su secretaria general, Yeidckol Polevnsky, quien confirmó en entrevista que se quedaba al frente del partido y que los documentos de renuncia y registro de la precandidatura se habían procesado horas antes; es decir, en el evento se entregó un folder con hojas blancas.
Si los actos públicos no eran formales, los actos jurídicos se condujeron de manera escrupulosa y estaban dotados de validez legal, que en materia electoral no exige perfeccionamiento por solemnidad, explicó más preciso el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, a diferencia de Polevnsky, quien se limitó a decir que a Andrés Manuel y a ella “no les gustaba eso” (las solemnidades), ambos consultados por Proceso.
En el mismo esquema informal, aunque correspondía a la nueva dirigente concretar la alianza la mañana del miércoles 13, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México protagonizó la firma del convenio y pronunció un mensaje, exponiendo que eran momentos de definición, de demostrar quién era quién y de qué lado de la historia se colocaban, para luego dar la bienvenida al PES.
“No sólo es el candidato, el programa, sino también que es una alianza que incluye principios, incluye valores culturales, morales, espirituales. Es una alianza que se constituye como un referente moral, porque no sólo vamos a triunfar, vamos a ganar la Presidencia para buscar el bienestar material, también para buscar el bienestar del alma… no sólo de pan vive el hombre.”
Dos horas después de esas palabras, un grupo de académicas, defensoras de derechos humanos y activistas de género, así como de la diversidad sexual, emitieron un posicionamiento exigiendo que se revirtiera la alianza, que calificaron como una incongruencia que se planteaba cambiar votos por principios.
El posicionamiento se centró en mostrar que, en el Artículo 9 de sus estatutos, Morena se comprometía con derechos fundamentales que el PES, en su discurso público y en su agenda legislativa, había combatido.
Con la polémica desatada por defensores de derechos humanos, feministas y personajes de la diversidad sexual, López Obrador inició su precampaña presentando su gabinete. Al concluir el acto ocurrió la protesta de Poniatowska y Rodríguez, ajena al posicionamiento de las feministas.
En entrevista con este semanario, la escritora expuso:
“Lo que puedo decir es que si nosotros defendemos los derechos humanos con Andrés, es incongruente que de repente nos aliemos con un partido que es antihomosexual, anti toda diversidad y tiene un pasado de participar contra Las Abejas (hace alusión a las víctimas de la masacre de Acteal, pues los acusados de paramilitares fueron apoyados por Hugo Eric Flores) en Chiapas. Por eso protestamos ahí con Jesusa.
“Es una alianza totalmente inconsecuente con la acción de Andrés Manuel y de sus seguidores, que estamos todos por la inclusión y, sobre todo, por que la libertad sexual no sea condenable, (no) como ese partido (el PES), que no vale un cacahuate. Es una aberración contra la que hay que manifestarse.”
Narrativa bíblica
Más allá de que su partido se llame Morena, de que se haya registrado como precandidato el martes 12 y de la alianza con el PES, López Obrador suele emplear desde hace unos años referencias bíblicas en sus discursos.
Una revisión de sus alocuciones públicas o grabadas para las redes sociales, sólo por lo que va de diciembre, resultó en lo siguiente:
El lunes 4, cuando colocó en línea un adelanto de su documental Este soy yo, en el corto empieza diciendo una frase sobre la que ha vuelto en distintas oportunidades: “La paz y la seguridad son frutos de la justicia”, una expresión similar al capítulo 32 versículo 17 del libro de Isaías, en la Biblia: “El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto”.
En el mismo video, menciona a Lucio Cabañas y al liberal decimonónico Juan Álvarez; luego expresa lo que ha dicho en el pasado al referirse a los corruptos, que tan polémico le resultó a principios de mes con su propuesta de amnistía a los narcos para la pacificación: “En la izquierda se dice ‘ni perdón ni olvido. Yo digo: ‘olvido no, perdón sí’”.
El perdón al ofensor hasta 70 veces siete lo ordena Jesús, según el libro de Mateo, capítulo 5 versículos 21 y 22.
El martes 5, en Matías Romero, Oaxaca, criticó la estrategia de seguridad seguida desde 2006 y hasta ahora al subrayar la cantidad de víctimas y defender su propuesta de amnistía, descalificada por los secretarios de la Defensa y de la Marina:
“Creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia; no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. Siempre digo lo que pienso, y no creo, secretario de Marina (y) general Cienfuegos, que sea correcto el pensar resolver un problema como el de la inseguridad y la violencia con la consigna de ‘ojo por ojo y diente por diente’.
“La política se inventó para evitar la guerra; la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. El ‘ojo por ojo diente por diente’ nos dejaría ciegos o tuertos o chimuelos y no resuelve el problema.”
La referencia es explícita a la llamada Ley del Talión, y el fraseo es el de Éxodo 21:24; Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21 del Antiguo Testamento, mientras que es en Mateo 5:38-45 donde Jesús la deja sin efecto, entre otras, con la enseñanza de “dar la otra mejilla”.
El miércoles 6, al transmitir un video donde aparece soltando tortugas en una playa de Puerto Escondido, Oaxaca, expresó: “Es cosa nada más de crear una nueva corriente de pensamiento, donde el amor sea lo principal. El amor a la naturaleza, a la patria… el amor a la familia, el amor al prójimo”, esto último, base de la doctrina cristiana.
Luego, el jueves 7, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, habló de la compra de voto:
“Hay que decirle a la gente, y en eso nos deben ayudar pastores, nos deben ayudar sacerdotes, hay que hablar mucho sobre este tema, que es pecado social el que estos sinvergüenzas se valgan de la pobreza y el hambre del pueblo.”
Luego citó al papa Francisco, quien “condenó” la práctica “perversa de empobrecer al pueblo y luego traficar con el hambre y la pobreza de los ciudadanos”; continuó con un comparativo de la compra de votos con el pasaje bíblico de Jacob y Esaú, descrita en el Génesis, cuando el primero, valiéndose del hambre de su hermano, le cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Sobre lo anterior, el político tabasqueño expuso: “Esto es lo que hacen estos corruptos, empobrecer al pueblo y luego empoderarse”.
El viernes 8, también en Oaxaca, cuando presentó a Susana Harp como virtual candidata al Senado, expuso: “este es un movimiento amplio, plural, incluyente, y hay espacio para todos, para mujeres y hombres de buena voluntad que sinceramente quieren un cambio verdadero, una transformación en la vida pública de nuestro país”.
La expresión “hombres de buena voluntad” se ubica en Lucas 2:14, donde se narra que un ángel se aparece a los pastores y les informa que nació un salvador y lo encontrarán envuelto en pañales en un pesebre.
Esta última referencia, si bien mencionada en la Biblia, está muy asimilada al habla coloquial en México, lo mismo ocurre con otras expresiones empleadas por López Obrador. Por ejemplo, cuando el martes 12 habló de integridad, dijo: “predicaremos con el ejemplo”, frase que, si no tiene referencia bíblica, es usada frecuentemente por pastores y clérigos.
Finalmente, el miércoles 13, al formar la alianza con el PT y el PES, dijo que cuando gane la Presidencia buscará también “el bienestar del alma” y añadió que “no sólo de pan vive el hombre…”. La cita que el precandidato dijo a medias se completa con “(…) sino de todo lo que sale de los labios del Señor”.
Se trata del señalado Deuteronomio 8, en cuyos versos se expresa que Dios hizo sufrir y pasar hambre al pueblo de Israel para saber si cumpliría los mandamientos, pero luego lo hizo prosperar.
AMLO y el laicismo
Coincidencia en expresiones, con una década de distancia, el precandidato de Morena dijo el miércoles 13 que con el PES compartía principios y valores. En 2006, el fundador y dirigente del PES, Hugo Eric Flores, articuló a diferentes iglesias evangélicas para apoyar la candidatura de Felipe Calderón. Cuando le preguntaron por qué apoyó al panista, empleó los mismos vocablos que el pasado miércoles usó el de Morena: “Compartimos principios y valores” (La Jornada, 28 de agosto de 2008).
Flores, como la mayoría de los evangélicos, reivindica la figura de Benito Juárez, cuyas Leyes de Reforma posibilitaron la libertad de culto y, con ello, la llegada del protestantismo a México. Inclusive, en todo el país hay actos evangélicos cada 21 de marzo.
López Obrador siempre se ha declarado admirador de Juárez. El domingo 3, para rechazar las comparaciones con presidentes o políticos extranjeros, se dijo admirador de Juárez, guiado por Madero e inspirado por Cárdenas. El viernes 8 se dijo incluyente de católicos, evangélicos y librepensadores, y el jueves 14 –un día después de sellar su alianza con el PES– declaró que aspiraba a que su gabinete fuera como el de Juárez.
En medio de la polémica, la mañana del viernes 15, explicó que las alianzas eran necesarias para ganar la Presidencia, porque la contienda se va a reducir a dos y “la mafia del poder” se alineará con el que vaya mejor, Anaya o Meade. También aludió a los reclamos de las feministas y activistas de la diversidad: “Nunca hemos hecho acuerdo político a cambio de nuestros principios y de nuestros ideales”.
Entre las firmantes del mencionado posicionamiento del miércoles 13, Martha Juárez, activa feminista, expuso que no son militantes de Morena. También consideró que el mismo reclamo tendría que haberse hecho a la alianza del PRD con el PAN, pues en ambos casos los partidos llamados de izquierda se desdibujaron.
La activista y académica subrayó que si bien López Obrador no ha sido defensor o simpatizante de los derechos de género ni de la diversidad sexual, Morena, como partido, sí considera la defensa de derechos que el PES ha combatido e intentado revertir.
En entrevista con Proceso el viernes 15, luego del mensaje de López Obrador en apoyo a la diversidad sexual, Martha Juárez advirtió que esa alianza no es sólo discursiva, sino que permitirá al PES ganar espacios legislativos locales y federales, cuando por sí mismo difícilmente subsistiría. Ahora, alerta, ese partido podrá seguir impulsando proyectos antiaborto y contra la diversidad sexual, e insistiendo en anular la educación laica, entre otras acciones.
El mensaje de López Obrador no incluyó a las feministas; sólo aclaró, “de manera especial para la comunidad gay: no somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por principios, por ideales, y no tienen nada que temer. Vamos a respetar la diversidad sexual”.
También refirió que sigue el pensamiento de Ignacio Ramírez, El Nigromante, quien decía: “Soy un liberal, pero me hinco donde se hinca el pueblo y respeto la religión del pueblo”.
Este semanario solicitó al vocero de Morena, César Yáñez, y al presidente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, sus puntos de vista sobre estas diferencias doctrinarias, pero no hubo respuesta.
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