Columna ITINERARIO POLÍTICO /Ricardo Alemán
Milenio, 30 de enero de 2017
La deportación masiva: ¡otra mentira de Trump!
Desde que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, la mayoría de los millones de migrantes que viven de manera ilegal en ese país temen una deportación inmediata.
Más aún, en México no faltan autoridades federales, gobiernos estatales y partidos que dicen prevenir una oleada de migrantes mexicanos que, masivamente, podrían regresar a México.
Lo que no saben muchos funcionarios del gobierno federal, otros tantos gobernadores y casi ningún políticos es que, técnicamente, resulta imposible que el gobierno de Estados Unidos deporte a más mexicanos de los que diario, semanal, mensual y hasta de manera anual deporta hoy a México.
Es decir, que tanto el gobierno federal de Estados Unidos, como los gobiernos estatales, carecen de infraestructura legal, logística y policiaca para deportar a un mayor número de mexicanos de los deportados por el gobierno de Obama en los últimos ochos años.
Y es que, de acuerdo con fuentes consulares de México, los primeros mexicanos deportados por el gobierno de Trump, empezarían a llegar a México a finales de 2019. ¿Por qué?
Porque un ciudadano mexicano detenido en Estados Unidos por cometer algún presunto delito —o por estar en aquel país en calidad de indocumentado—, debe pasar por lo menos 600 días en un largo camino legal que termina cuando le piden su consentimiento para ser deportado.
Y en el supuesto de que Trump emita una orden ejecutiva para iniciar una deportación masiva de mexicanos, las instancias respectivas no tienen suficientes policías, patrullas, cárceles, baños, jueces, espacios para retener a los ilegales y no hay presupuesto suficiente para requerimientos esenciales como, por ejemplo, alimentar a esa corriente masiva de expulsados. Todo ello sin contar con las poderosas cadenas de corrupción que favorecen a los aduaneros fronterizos de Estados Unidos, a los polleros y a los narcotraficantes que controlan la frontera.
