Excelsior...27 de mayo de 2018..
El affaire político electoral (hay que llamarlo de alguna manera) de y sobre Nestora Salgado García, candidata plurinomial al Senado por Morena y partidos adláteres, en una prueba fehaciente que en México no impera el Estado de derecho, mismo que ha sido sustituido por un Estado de impunidad, ese que tutela la protección de presuntos delincuentes por encima de lo que digan las leyes vigentes.
El de Nestora Salgado García, acusada de secuestros, violaciones a los derechos humanos y otros delitos comunes durante su actuación como “jefa” de la “policía comunitaria” del municipio de Olinalá, Guerrero, presuntamente sustentada en leyes de usos y costumbres indígenas, absurdamente reconocidas por legislaciones federales y estatales.
Por la comisión de esos presuntos delitos, la señora Salgado García fue acusada y procesada. Actualmente, le han sido reabiertos seis casos en su contra. Hoy es candidata de Morena y sus partidos aliados a senadora plurinominal y la autoridad electoral ha reconocido el registro de su candidatura.
Su caso regresó a los medios de información cuando, durante el segundo debate entre candidatos presidenciales, el candidato del PRI y sus partidos adláteres, José Antonio Meade, acusó a sus contrincantes de Morena y aliados y a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de haber postulado a una secuestradora al Senado, donde obtendrá fuero constitucional.
La hoy candidata es ahora culpable o inocente, según el bando político de quien opine sobre el caso. Unos, los “buenos” políticamente correctos, dirán que es “inocente”; otros, los “malos, afirmarán que es “culpable”. Pero, desde la posición política contraria, los “malos” se convierten en los “buenos”, y los “buenos” de arriba se transforman en “malos”. Pero, a ninguno les asiste la razón legal, es decir, el Estado de derecho.
No es la primera vez que aquí se aborda el caso de “policías comunitarias”, “autodefensas”, “justicieros populares” y demás grupos parapoliciacos, paramilitares, los “bandidos buenos” y, todos, fuera de un real Estado de derecho. La opinión de hoy del escribidor no es oportunismo electoral.
El 3 de febrero de 2013 aquí se escribió: “La indignación por la incapacidad del gobierno para dar seguridad a los ciudadanos puede ser absoluta y de igual nivel el hartazgo, pero la justicia por propia mano es también parte de la impunidad que se critica y se condena, además de ilegal. Su existencia implica una violación al Estado de derecho. Quien no lo sepa o no lo quiera entender, que lea los artículos del 12 al 23 de la Constitución de México. La legislación mexicana no es única en el mundo, porque el fenómeno no es nacional ni moderno y, peor aún, ha sido usado no sólo por diversos grupos sociales, políticos y económicos y también por diferentes regímenes represores, de todo signo político, para deshacerse de sus opositores; para ‘limpias’ políticas, étnicas, ideológicas, religiosas, policiacas o de cualquier otro tipo con el pretexto del beneficio de las mayorías o de los ‘buenos’. Ejemplos pasados y recientes, de todos esos tipos, existen lejos y cerca: Alemania, España (en el franquismo y también en la democracia), la antigua Unión Soviética y en algunos países de su órbita; Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, por citar unos cuantos. En todos los casos fueron desastres humanitarios de los que todos estamos o deberíamos estar arrepentidos”.
En noviembre de 2016 se expuso aquí mismo: “Hay que dejarlo claro desde el principio: uno de los dos mayores problemas del país (el otro es la corrupción) es la impunidad que disfrutan quienes violan la ley. Y violan la ley quienes no se ajustan a su mandato: los que la transgreden (los delincuentes) y los que no cumplen (las autoridades) con aplicarla.
“La impunidad, lo saben los mexicanos, lo viven, provoca mayor impunidad, mayor corrupción y mayores violaciones a la ley.
“La impunidad promete y cumple a los delincuentes que no les pasará nada. Y, en ocasiones, al contrario, los convertirá en héroes o, al menos, poderosos en lo económico o en lo político. No pasa nada.
“En México, el hartazgo de la mayoría de los ciudadanos ante la impunidad y sus consecuencias es más que notable, agravado por otros factores que tienen que ver con la economía, la política, la insatisfacción de necesidades sociales y personales”.
Si el Estado de derecho hubiera estado y hoy estuviera vigente, el affaire de la señora Salgado García no habría ocurrido. Tendríamos la certeza jurídica de su inocencia o de su culpabilidad. La responsabilidad es de ambas partes: de quienes violan el Estado de derecho y de quienes tienen la obligación de aplicarlo y no lo hacen ni lo hicieron. Lo de hoy son fuegos fatuos de campaña electoral que intentan ocultar una realidad atroz: la impunidad.
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