La seguridad que México necesita para el Siglo XXI.

La seguridad que México necesita para el Siglo XXI. 
Estrategias de reversión de las consecuencias nacionales de la guerra con auspicio presidencialista.
Autores:
Lic. Juan Carlos Reyes Torres
Mtro. Omar Camarillo Garza
Dr. Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo
Dr. Otilio Flores Corrales
El punto de partida y de llegada.

“Si está en un callejón sin salida, no sea tonto, salga por donde ha entrado” Jorge Bucay
“Todo es susceptible de empeorar” E.M. Ciorán

La Presidencia de la República avanza irremediablemente -desde el sexenio de E. Zedillo hasta el de Peña Nieto-, en un proceso de anulación de las capacidades institucionales del Estado y el Gobierno mexicano, para poder controlar el problema de la violencia, la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico, la injusticia social y la degradación de la vida pública. Se ha endosado a la sociedad mexicana el costo de vida, sangre, presupuesto nacional y riesgos permanentes, por estrategias presidenciales equivocadas.
Se trata de decisiones que han prolongado un estado de excepción y escenarios de emergencia nacional: una condición colectiva de guerra permanente que se torna cada vez más inmanejable, brutal y sórdida para los poderes públicos y que, desde hace varias décadas, acosa al ciudadano promedio en los espacios públicos, en sus entornos privados y en sus proyectos de vida y de negocios.
Se trata de una guerra cuya complejidad es que, desde quienes han administrado el destino del Estado, no logran encontrar pausa, vías de contención, ni medran capacidad de arbitrio para detenerla: por más capos, decomisos, extradiciones o detenciones tanto de sicarios, funcionarios públicos y hasta generales del Ejército se realicen.

La gangrena respira en los poros de las instituciones, y sigue aumentando el universo de asesinatos, feminicidios, desapariciones forzadas, la victimización impune y la revictimización desde las instituciones, creándose una especie de sociedad (un concepto que suele reservarse a los vivos) de la guerra en México: gente sin sepultura, sin saber el paradero de los suyos, porqué razón les ha sido cegada su vida de manera tan brutal e inmisericorde, porqué ha sido tan fácil seducirles a la vida del narco, porqué se corrompen y se pasan de un momento a otro al lado del crimen y del narco indolentes a las consecuencias sociales, o han victimado familias e hijos inocentes, con el consecuente sufrimiento, miseria y orfandades.
Las actuaciones presidenciales en los sexenios referidos han anulado, lamentablemente, el monopolio físico efectivo de la violencia legítima del Estado mexicano (Weber), al desmantelar en los hechos la procuración de justicia a nivel nacional y la conducción eficaz de la política interior: la funcionalidad de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República se han desvirtuado en perjuicio del interés nacional y de la paz social, al anularse en los hechos la capacidad de investigación y persecución de los delitos:

Es necesario impulsar un nuevo proceso de toma de decisión presidencial para recuperar la paz, detener la economía narco criminal con una lógica estratégica de Estado diferente que pueda incluso explorar la combinación de condiciones de gobernabilidad con legalización focalizada de la marihuana.
Los últimos cuatro presidentes de la República han experimentado las consecuencias de la militarización de la procuración de justicia y la seguridad pública; la centralización y la fragmentación del poder policial y militar; la infiltración del narcotráfico de la procuración, la seguridad pública y las fuerzas armadas; la partidización de la titularidad en la procuración de la justicia; la asunción de potestades de seguridad pública por la Secretaría de Gobernación; los relevos permanentes de titulares de procuración de justicia por corrupción, incompetencia o por razones coyunturales; la infiltración de inteligencia civil y militar por el narcotráfico; la disputa intra gabinete por poder y presupuesto entre Gobernación, Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y Comisionados Nacionales; la conducción por agencias estadounidenses de la toma de decisiones de Ejecutivos federales, de la designación de titulares y puestos clave en las instituciones de justicia y seguridad mexicana.
Dados los antecedentes, escándalos y fracasos en la toma de decisión y gestión pública presidencial, con los consecuentes episodios de violencia institucional y narco criminal no esclarecidos así como las tragedias sociales de guerra permanente que siguen acumulándose, justamente las decisiones de política nacional en materia de seguridad y las designaciones en la Secretaría de Gobernación y Procuración de Justicia, al menos, serán vitales (no sólo por la competencia técnica, experiencia ministerial acreditada y capacidad de enfrentar la complejidad de su encomienda

constitucional), sino para prevenir y enfrentar la eventual tragedia delictiva, homicidio o secuestro de personaje de alto impacto, o violencia narco criminal que desafíe desde su inicio al próximo Presidente de la República, pudiendo afectar gravemente sus capacidades de actuación institucionales, su legitimidad política y su destreza para garantizar gobernabilidad.
Más de dos décadas y media, sin modelo eficaz de seguridad.
El modelo de estrategias presidenciales ensayado en las dos últimas décadas y media, se han centrado en medidas de:

1. 1)  Pro militarización, sin formación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública ni de nuevos cuadros policiales civiles de Estado;
   
2. 2)  De prevención del delito sin corresponsabilidad con gobiernos locales ni auditoría independiente de recursos presupuestales;
   
3. 3)  De centralización de todos los cuerpos policiacos en la Policía Federal (bajo el esquema del Nuevo Modelo de Policía en 2009);
   
4. 4)  De pretensión de silenciamiento mediático del fenómeno de la violencia hilvanada con el asesinato de periodistas, policías y civiles inocentes;
   
5. 5)  De asumir autorregulación en el campo del crimen organizado como hoja de fin de escalada de narco violencia, cediendo el monopolio de la violencia legítima y eficaz del Estado así como el monopolio de las reglas del juego al crimen organizado y al narcotráfico;
   
6. 6)  De la reducción de la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional a su mínima expresión institucional;
   
7. 7)  Del Mando Único como esquema no puesto realmente a prueba en la realidad federal, que no ha obtenido el respaldo de la mayoría de los congresos locales
   

y que en realidad ha implicado un proceso de supresión de policías municipales a favor de la potestad de gobiernos estatales
Todo ello no ha ofrecido resultados positivos al país y en cada una de esas iniciativas hemos testimoniado saldos de fracaso: se trata de un árbol de políticas presidenciales que ya no tienen futuro promisorio, al poner en jaque la eficacia gubernamental y en ruta de disfuncionalidad los sistemas de justicia penal, de anticorrupción y de seguridad pública en México.
Como bien señala el estudio Una estrategia de seguridad pública para proteger a la ciudadanía (Herrera, 2018), la estrategia de seguridad pública de las tres últimas administraciones han quedado muy por debajo de las necesidades del país. La violencia y la criminalidad constituyen el reto más grave que deberá enfrentar el próximo gobierno. El estudio dimensiona la multiplicación y duplicación de responsabilidades, mandos y presupuestos entre la esfera civil, policial, preventiva y militar, además de ofrecer una perspectiva integral de la problemática centrada desde la dimensión de la seguridad pública. Sin embargo, sigue recuperando las tesis que sugieren redimensionar el papel del Ejército en seguridad pública: a diferencia de este estudio, asumimos que el problema no es de misiones, estructuras de actuación y marco jurídico de regulación de la actuación de las fuerzas armadas, sino el de poner un punto de inflexión crítica sobre la militarización y la guerra como eje delicado de la actuación del Estado mexicano y la esfera presidencial con consecuencias cada vez más inmanejables para el país.
Una evaluación de la situación nacional actual, sugiere que la próxima Presidencia de la República debe distanciarse en lo fundamental -e incluso revertir radicalmente-,

las anteriores iniciativas y omisiones presidenciales y la actual política de seguridad, impulsadas bajo regímenes panistas y priistas; en tanto han degradado en lógicas de legitimación política, populismo punitivo y afianzamiento de posiciones de poder y expansión presupuestal [según cifras oficiales, en sólo los dos últimos sexenios, gobiernos corresponsables de más de 200 mil ejecutados y más de 30 mil desapariciones forzadas].
Justo ello es lo único que nos permitirá construir y recuperar la paz social así como los umbrales de decisión soberana de la Presidencia de la República y la capacidad de ofrecer y garantizar justicia, además de reducir sustancialmente los niveles de corrupción política endémica que han devenido inmanejables, asociados a un desmantelamiento de la capacidad institucional del Estado para enfrentar el problema de la narco violencia, la criminalización de jóvenes y víctimas ciudadanas inocentes e inermes, la guerra y la extradición de capos exacerba el consumo de drogas y la violencia indiscriminada en México, la corrupción de policías, militares y gobernantes, la proliferación de mercados de armas de contrabando y la expansión de los delitos federales de mayor impacto.
El antes de frente al escenario de recuperación de la conducción presidencial del Estado nación mexicano.
Un núcleo de renuncias u omisiones en la toma de decisión presidencial en torno a Políticas de Estado han caracterizado a las élites gobernantes en las últimas décadas.
I. Renuncia a una lógica de régimen político que enfrentara la corrupción y el

costo país de la violencia.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2000) calculó el total de las pérdidas económicas en México a causa de la violencia en 12.3% de su PIB total, lo que significa un costo estimado de 95,056 millones de dólares (a precios de 1999), cerca de 1, 045,610 millones de pesos, y representa por ejemplo, 65% del gasto programable en 2006 (INSYDE, 2014).
En efecto, desde el sector público se ha postrado al país a mantener su marcha sin una política pública para enfrentar el fenómeno de la corrupción generalizada:
“Una política pública bien diseñada y sostenida en el tiempo puede colocar a México en la senda del Estado de Derecho y situarlo entre los 50 países menos corruptos en lugar de entre los 50 más corruptos” (IMCO, 2015)
II. Renuncia a preservar la Presidencia como una institución federalista en seguridad y a construir una relación soberana frente a Estados Unidos de América.
Quienes han administrado la Presidencia han tendido a la debilidad política e institucional del Estado y a desmadejar la capacidad de sostener una cooperación con inteligencia estratégica frente al gobierno y agencias de Estados Unidos de América. Esto se ha traducido al menos en “una guerra contra el narcotráfico” que la sociedad mexicana ha facturado con decenas de miles de víctimas, la extradición -sin contrapartida favorable a México, de capos y líderes narco criminales-, la narco criminalización de los jóvenes, la expansión a cada vez más municipios y ciudades la presencia de los cárteles y clanes de sicarios, el deterioro de la probidad y la calidad de la investigación criminal respecto a las averiguaciones previas y la consecución de responsables de la comisión de delitos; la expansión internacional de los cárteles mexicanos; la cancelación de la división de poderes, resultando funcional al desmantelamiento de instituciones de seguridad y de justicia [con una trayectoria no reconocida oficialmente de deserción masiva de integrantes del Ejército mexicano (“con varios cientos de policías victimados a manos del crimen organizado y el narcotráfico, más por su estrecha relación con los cárteles de la droga, que por su frontal combate contra ellos”) (Roth, 2017:362], y en detrimento permanente de las condiciones de una vida pública regida por un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

II. Renuncia a un régimen de verdad entre los poderes públicos y la sociedad mexicana.
La sociedad mexicana debe enfrentarse a la verdad y exigir un viraje en el paradigma estratégico preeminente en la política pública y presidencial contra la violencia y el narcotráfico.
El desarrollo de diversos eventos políticos han impactado en la vida nacional, entre otros, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio (1994), el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu (1995) así como el secuestro y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Guerrero en 2016, e incluso la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se han consumado en un contexto de secrecía e impunidad por el

propio sistema político presidencialista (Hernández, 2017), y en el caso de la “guerra contra el narcotráfico” profundizada por la Presidencias de Calderón y Peña Nieto, con un impacto negativo en tanto se ha incrementado el universo de homicidios, el desplazamiento y las desapariciones forzadas, así como las denuncias por transgresiones a los derechos humanos (Astorga, 2016).
Algunos regímenes presidenciales han optado incluso por asumir una posición de espectador y de auto regulación de la violencia entre las propias narco organizaciones criminales o por la impotencia pactada entre poderes dominantes para no encontrar una alternativa democrática a la criminalización de las drogas: lo cierto es que crece el nivel de corrupción e impunidad que sega vidas inocentes, los narcos comandos operan con impunidad y protección oficial perpetrando asesinatos, secuestros y desapariciones, con lógicas simuladas y erráticas de protección gubernamental con sesgo a favor de algunos cárteles del narco (Valdez); cada vez más economías regionales y locales son permeadas por el narco, y desde esa esfera se patrocinan carreras políticas y gestiones gubernamentales que gangrenan los recursos públicos del país; todo ello anula el capital de profesionales de Estado y la eficacia gubernamental que con otras reglas y políticas de Estado, pudiesen permitirnos tener como sociedad e instituciones la fuerza para revertir la incidencia narco criminal y el creciente azar de exponenciación de violencias que están modificando la cotidianidad, los sistemas de convivencia, la viabilidad de una vida y prosperidad permeada por un Estado de Derecho.
En materia de seguridad y justicia, el saldo de estas décadas de impotencia y renuncias presidenciales a un liderazgo republicano y constitucional del Estado es un escándalo silenciado de al menos dos procesos consumados: la militarización del

presupuesto federal y de las instituciones de justicia y seguridad así como el desmembramiento paulatino de las instancias de inteligencia, policial y de procuración de justicia.
A pesar del desprestigio y la actuación errática y anti constitucional de instituciones militares, de seguridad, del poder judicial, de reclusión e incluso las que tienen encomiendas en preservar derechos humanos, el guión estructural parece el mismo entre todas ellas: debe mantenerse la guerra contra el narcotráfico; la militarización de la seguridad pública y la seguridad nacional es inevitable; es necesario centralizar todas las corporaciones policiacas en una sola instancia; debemos apostar al endurecimiento de las penas de reclusión para delitos de alto impacto; la legalización de las drogas no es viable para México y el nuevo sistema anti corrupción y de justicia penal pautarán mejores resultados en seguridad y justicia. Todo ello ha sido probado y México sigue pagando con más violencia, criminalidad y narco negocios.
Falso de toda falsedad. Este camino -una guerra contra el narcotráf ico con detenciones masivas arbitrarias y a la vez, irónicamente, sin detenidos a manos del Ejército y las policías federales-, no es promisorio para el prestigio y el futuro del Ejército mexicano (a pesar de la absurda Ley de Seguridad Interior que pretende legitimar constitucionalmente su actuación), tampoco para quienes se juegan la vida en las instituciones de justicia; y debe señalarse, no es una membrana de protección para quienes asumen su responsabilidad gubernamental con probidad y subraya la ceguera política de tomadores de decisión e incluso de quienes aspiran a la Presidencia de la República.
“A lo largo del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, estas unidades de fuerzas especiales de origen militar fueron adscritas a tareas de policía en el ámbito federal, en particular en el combate al narcotráfico en la entonces Policía Judicial Federal. Dicha área de adscripción tenía la responsabilidad de combate a las estructuras delictivas, bajo el mando de las instituciones de seguridad en el ámbito civil, pero con titulares de origen militar en activo para su control y operación en el combate al delito. Durante su desempeño, estas unidades se fueron involucrando con los operadores del narcotráfico y la delincuencia organizada. Este vínculo evolucionó hasta que algunos de los miembros de las fuerzas especiales militares se incorporaron a las estructuras del narcotráfico: primero como unidades de protección de los grandes capos de la droga, y posteriormente con su formación y conocimiento operacional, tomaron el control de las estructuras de la delincuencia organizada. Así sustituyeron a algunas de las cabezas del narcotráfico y formaron sus propios carteles de droga cuyas estructuras de operación y comando eran muy diferentes a las que tenían tradicionalmente los grupos vinculados con el trasiego de narcóticos y la delincuencia organizada” (García, 2018:14).

Regresar al punto de partida nacional.
Ante la valoración anterior, se sugiere la puesta en marcha de una Nueva Política de
Estado contra la Violencia en México consistente en:
Es imprescindible el consenso con el Presidente de EUA, dada la importancia de preservar en México el Estado de Derecho, ofrecer fronteras seguras y las implicaciones geopolíticas e internas de previsible disenso dentro y fuera del Ejército, de una estrategia que busque reformular la militarización en México, así como por el nivel de compromisos, intereses y operaciones extraterritoriales que despliegan en territorio mexicano, las agencias estadounidenses de espionaje e inteligencia.
II. Emitir un Decreto presidencial que promulgue y ordene el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles.

I. Impulsar una Estrategia Binacional entre titulares de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y de la Presidencia de Estados Unidos de América.

Periodo de implementación (1 día).

El Ejército mexicano (y el proceso de militarización en particular) en los hechos, no ha podido ni podrá realizar labores de seguridad pública y, debemos subrayar la grave irresponsabilidad que gobierno federal y gobiernos estatales han incurrido en favorecer una deliberada conculcación de recursos públicos así como de inversión, reforma y profesionalización de la actuación ministerial y de la renovación de policías estatales y municipales del país en las últimas dos décadas, sin lograr un contra don favorable al país.
III. Emitir un Decreto Presidencial de Desaparición de la Policía Federal
Periodo de implementación de 3 meses.
Se deberán distribuir sus efectivos (incluyendo la Gendarmería) entre aquéllos con vocación por la investigación de delitos -transfiriéndoseles a la PGR-, y quienes laborarán en la Secretaría de Gobernación, para las encomiendas de política interior.
IV. La Secretaría de Gobernación debe consolidarse como la instancia fundamental de la política interior del país: fortaleciendo el CISEN, su Policía Migratoria, además de tener competencia en los sistemas de prevención social de la violencia, protección civil, atención de emergencias sociales y desastres naturales.

• -  Convocatoria nacional para el acompañamiento de la estrategia federalista de inversión con el concurso de organizaciones de la sociedad civil especializadas en sistemas anticorrupción, calidad y eficiencia de políticas públicas y aplicación multidisciplinar del gasto público.
  
• -  Impulsar una en la que se reformulen estratégicamente las metas, los programas estratégicos, los sistemas de evaluación y control del
  gasto en seguridad, prevención y justicia.
  

Estrategia federalista de prevención e intervención social con víctimas de la violencia (grupos socialmente vulnerables, poblaciones en desplazamiento forzado, víctimas de Trata de Personas; migrantes/refugiados/repatriados),

V.Constitución de la Fiscalía General de la Nación como instancia única de investigación judicial y procuración de justicia. La nueva Fiscalía deberá absorber un universo importante de los 39 mil efectivos actuales de la Policía Federal, que incluyen la División de Gendarmería Nacional.
Periodo de transición y modernización institucional: 2-4 meses.

• ▪  Se deberá pasar parte importante de los efectivos de la Policía Federal a la Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la Nación, como policía auxiliar del Ministerio Público Federal.
  
• ▪  Se deberán transferir efectivos de la Policía Federal a la Policía Fiscal adscritos a la Secretaría de Hacienda y fortalecer la extinta Policía Federal de Caminos, bajo la égida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
  Tres propuestas que se postulan en el texto Seguridad con Bienestar. Un nuevo modelo integral de seguridad (García, 2018), al enfatizar que el país debe elevar la Seguridad Pública a Secretaría de Estado (con el fin de articular políticas y acciones de protección de la sociedad y combate al delito), la reconstrucción y actualización de Plataforma México así como la creación del Instituto Nacional para la Seguridad (INS) en la figura de un Organismo Público Autónomo Ciudadanizado: se trata de iniciativas que deben revisarse en tanto suponen un aprendizaje en la gestión pública presidencial policial calderonista; sin embargo, en un esquema como el imperante en el Estado mexicano, el de una estrategia asimétrica de caos auspiciada desde la actuación gubernamental, no tendrían futuro y sólo adosarían mayor fragmentación de jerarquías, distorsión institucional, ineficacia operativa inter institucional y desvirtuación de la participación de organizaciones de la sociedad civil especializada.
  

A nuestro juicio, la reforma policial que derivó en Nuevo Modelo de Seguridad y las premisas que aducen un diagnóstico del problema fuera de la órbita presidencial y la lógica de militarización y desmantelamiento de la capacidad institucional de justicia y seguridad, están erradas: “desde 2013, no se mantuvo el esfuerzo sistemático para hacer valer el estado de derecho (tanto en inteligencia operacional como en capacidades de combate al delito con unidades especiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal), la violencia y los homicidios repuntaron con una mayor intensidad y un impacto social más fuerte. Esto se debió, entre otras razones, al abandono institucional, la creación de las autodefensas, la corrupción y, en general, una involución de la estrategia de seguridad pública. Para que la trayectoria de violencia ceda y se revierta a la baja, la autoridad debe hacer valer el estado de derecho y consolidar los programas que atienden las causas del delito. De lo contrario, la reducción de la violencia será temporal” (García, 2018).
La guerra interna prevaleciente vía el compás narcotráfico-crimen organizado- gobiernos, atenaza las vidas de mexicanas y ciudadanos inermes, y particularmente, cegándose la vida de adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años de edad en una trama cíclica de víctimas-victimarios: [“tan sólo entre 2013 y 2016, el 35.7% de los homicidios en México (31,357 personas) fueron a jóvenes (García Hernández, 2017). El caso específico de Ecatepec de Morelos, uno de los municipios más violentos del Estado de México, reportó 516 homicidios en 2015; de los cuales 220 (cerca de la mitad) cobraron la vida de jóvenes. México ocupa uno de los primeros lugares en la región latinoamericana (la más violenta del mundo) en el asesinato de jóvenes (Paez, 2016), y su normalización está cada vez más arraigada en las comunidades afectadas por la violencia.”] (Cauce Ciudadano/Stanford, 2018:3).
Según Juan Ramón De la Fuente “los estudios epidemiológicos muestran lo que parecía imposible, se ha disminuido un año la esperanza de vida en los hombres de nuestro país como resultado de la violencia colectiva...Junto con la violencia colectiva, la violación sistemática de los derechos humanos y las consecuencias graves en la salud mental individual y colectiva, está otro fenómeno con consecuencias insoslayables: la militarización de una parte importante del territorio nacional. Cuando una comunidad entra en una dinámica de violencia, se acaba el tejido social; la convivencia y dinámica familiar se disloca, por lo que se reproduce en el interior de la familia más violencia. La respuesta del Estado ha sido fundamentalmente por el lado de la militarización, para tratar de contender con poco éxito esta ola de violencia (...) Hay que reconocer que esto tiene efectos colaterales, secundarios, y que hay otras medidas que deberían estar acompañando esa reacción por parte del Estado y que en los ámbitos de la salud pública y la salud mental, hay una gama importante de posibilidades para mostrar esa otra cara de la fuerza del Estado, que tiene que ser la fuerza social de un Estado democrático.” (De la Fuente, 2017).

Se trata pues de un núcleo de estrategias presidenciales que anudan a su diseño e instrumentación disfuncional la criminalización y victimización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en una malla de homicidios, suicidios y que les exponen y postran a crecientes enfermedades mentales, la dislocación de entornos de convivencia, la postración de familias y comunidades, el resquebrajamiento de la confianza frente a los otros y la preminencia socio cultural del narcotráfico, sus códigos, entornos de depredación y sus fines.
Estamos ante un espejo nacional labrado con estrategias presidenciales equivocadas que están empezando a transformar el tejido socio juvenil en un potente tejido socio narco criminal, que en el caso de Europa ya es un fenómeno cada vez más tangible: niños y adolescentes al creer que su vida será miserable hagan lo que hagan, optan por la vida del narcotráfico y la criminalidad, acortada por la muerte o la prisión. No

les importa morir. No hay viejos héroes, no hay amigos, ni lealtades: para ellos, el mundo se divide en fuertes y débiles, única distinción válida. (Saviano, 2017)
▪ Se deberá impulsar en el país, iniciativas de política pública en seguridad, inteligencia policial, investigación ministerial y procuración de justicia más eficaces, que permitan CERO IMPUNIDAD ante la comisión de delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, condición previa para poder resolver los consumados por la delincuencia organizada.
Se requiere que haya un solo responsable y este debe ser el Procurador General de la República dado que los delitos que más afectan a los mexicanos son el homicidio, el secuestro y la extorsión, delitos de preeminencia federal al ser cometidos por la delincuencia organizada. Es un hecho innegable que ningún gobierno estatal, por sí mismo y por más que se dote de facultades y recursos, podrá sólo revertir este problema y violencia de alcance binacional.
Por ello, es importante encauzar desde la PGR o la Fiscalía General de la Nación, la capacidad de ofrecer otros resultados en resolver esta complejidad, potenciando para sí un estado de fuerza policial superior al menos de 60 000 efectivos (actualmente en la Policía Ministerial, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial, al menos), que puedan reagruparse por sus niveles de competencia, probidad y eficiencia, además de poder aprovecharse la capacidad instalada y la infraestructura tecnológica policial disponible para la consulta, procesamiento y análisis de información sustantiva de orden criminal en tiempo real.
Respecto al lavado de dinero tampoco se ha hecho nada sustancial, porque de hecho y debido a la enorme corrupción estructural gubernamental, es más el dinero que se lava del robo de recursos públicos y de impuestos que de otros delitos por ello, por quienes son los beneficiarios no hay interés en hacerlo.

El modelo decisional del régimen de Zedillo-Fox-Calderón-Peña demostró que no funciona a) construir un nuevo programa nacional efectivo de reducción sustancial del contrabando de armas ilegales, tanto en el mercado negro mexicano, como de las que proliferan desde Centroamérica y EUA hacia México así como el b) suspender toda investigación de lavado de dinero que pase por la Presidencia de la República. Debe estar encauzada desde el Sistema Nacional Anti corrupción.
VI. Rehabilitar la inteligencia civil estratégica mexicana (el CISEN como instancia genuina de inteligencia civil del Estado mexicano) así como las capacidades de cooperación y control respecto de las agencias estadounidenses de inteligencia y antidrogas.
VII. Impulsar la formación de 150, 000 policías preventivos, con salarios dignos, adiestramiento táctico sofisticado, armamento e infraestructura, con seguridad social plena (seguro de vida personal y familiar) y con arraigo en las localidades y comunidades de México.
Periodo de implementación: 6 meses a 1 año en la formación, adiestramiento técnico-táctico y de desarrollo socio comunitario asimétrico y gradual en el país, de la nueva generación de policías preventivos.
Esto implicará un re direccionamiento presupuestal federal sujeto a un sistema de compromisos donde los gobiernos municipales y estatales, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores empresarial, educativo y comunitarios, cuenten con mecanismos de participación social y presupuestal y nuevas corresponsabilidades en

la formación, profesionalización y eficacia policial anti crimen y en la prevención local de las violencias.
VIII. Rehabilitar constitucionalmente la eficacia y el papel de las Comisiones de Derechos Humanos
En el caso de las comisiones de derechos humanos, su capacidad de investigación y de recomendación debe resulta vinculatoria y oportuna para el deslinde de la actuación, sanción y dictado de medidas cautelares y de resguardo de personal policial, gubernamental o militar que tuvo participación en comisión de delitos.
IX.Gobernabilidad con legalización focalizada de la marihuana. La entidad de Guerrero como punto de partida.
La criminalización de las drogas y los jóvenes y la existencia de instituciones débiles de justicia y seguridad pública, es una pésima combinación que, significativamente, en el caso de Estados Unidos de América [en California, Washington, Colorado, Oregon, Alaska, Nevada, Maine y Massachussetts, Vermont], ha avanzado el paradigma de la despenalización y la legalización de las drogas para uso recreativo y medicinal.
En un informe reciente se plantea: “Los Estados (que han legalizado la marihuana) están ahorrando dinero y protegiendo al público mediante la amplia regulación de la marihuana para uso adulto. Este éxito ha contribuido probablemente a los niveles históricamente altos de apoyo público para la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, que ha crecido en forma sostenida a un récord del 64 por ciento. La mayoría de los estadounidenses, a través de afiliaciones partidistas, apoya la legalización de la marihuana, con el 51 por ciento de republicanos a favor. Las

detenciones y presentaciones judiciales por la posesión, el cultivo y distribución de marihuana se han desplomado desde los votantes legalizar la marihuana para uso adulto en ocho estados y en Washington, D.C., estos estados han ahorrado millones de dólares e impide la criminalización de miles de personas” (DPA, 2018).
En este sentido, con la implementación de las decisiones sugeridas en la Nueva Política de Estado contra la Violencia en México, el Gobierno de la República podrá regenerar condiciones de gobernabilidad, lo que permitirá instrumentar una política de legalización de la marihuana en el Estado de Guerrero y el consecuente escenario favorable a familias y comunidades rurales así como a las ciudades y puertos turísticos de la entidad, una vía de desarrollo y aliento económico generalizado.
Esto permitirá superar el que jóvenes queden atrapados en el sistema de justicia penal [(desde los 18años y más de edad con su consecuente impacto en el presupuesto de seguridad del país y en las vidas de las familias) (DPA, 2018)], o que sigan siendo reclutados, entrenados y postrados a manos de la narco economía. Tal estrategia implicará nuevos ingresos fiscales importantes para el Estado y los municipios involucrados, que deberá implicar un proceso de reinversión en el sistema e infraestructura de salud, prevención y regulación, un nuevo proceso de reeducación y formación profesional, religiosa y valores cívicos en familias y jóvenes que se refleje en empleos calificados y reducción drástica de deserción escolar, así como en la atención de comunidades impactadas por entornos de pobreza y criminalidad, y a mediano plazo, evitar que en aquéllos y en sus comunidades, el narco mantenga tenga preeminencia como ideal de vida en una de las entidades del sureste del país y la pobreza, como su destino manifiesto.

Conclusiones preliminares

Son semanas y meses claves los que vienen para el país, sobre todo después del proceso electoral presidencial de julio 2018. La Presidencia de la República tiene un margen cada vez más estrecho para equivocarse en qué debe hacerse con la política de seguridad, la militarización, el aparato de justicia y policial, por lo que se juega en ese núcleo delicado y estratégico de decisiones y nombramientos ministeriales, la capacidad de recuperar eficazmente para sí, el monopolio físico de la violencia física legítima en beneficio de la paz social.
Adoptar decisiones presidenciales y gubernamentales para concluir la guerra, abrogar la Ley de Seguridad Interior y garantizar la vigencia y aplicación del Artículo 21 Constitucional tanto en sus términos de que la seguridad pública es la función del Estado que comprende la prevención, investigación y persecución de delitos, así como de faltas administrativas, además de que la tarea de seguridad pública ha de desempeñarse fundamentalmente por instituciones de seguridad pública: esto permitirá recuperar capacidades institucionales en materia de prevención de la violencia, procuración de justicia, investigación ministerial, formación y eficacia policial, atención de grupos socialmente vulnerables con lógicas integrales de una política social de Estado, dimensiones claves para lograr la pacificación del país.
La Agenda de Siglo XXI por la seguridad, justicia y la paz en el país, no es viable sin un nueva Presidencia de la República con vocación republicana, federalista, con capacidad de gobernar y compromiso genuino con una transformación ante una realidad de injusticias como negocio e impunidad de poderes constituidos e informales; pero tampoco, sin una división de poderes que implique una

reformulación de las competencias, presupuestos y atribuciones radicalmente reformadas por el Congreso de la Unión, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instancias del poder judicial y del sistema de justicia, hasta la de procuración de justicia y de reclusión social, permeadas por criterios, potestades y atribuciones indebidas en el marco de la guerra contra el narcotráfico y sin vocación de justicia humanista.
Desde la próxima Presidencia de México y la sociedad mexicana, debe compartirse la visión y una agenda de iniciativas nacionales para evitar a toda costa que México entregue nuevamente un saldo de más de 100 000 muertos, que de ocurrir ya no será una simulación de políticos y gobernantes, sino una corresponsabilidad de la propia sociedad mexicana.
A su vez, es importante reconocer la dimensión socio comunitaria de la victimización y re victimización de personas, familias y comunidades víctimas del reinado de la arbitrariedad y el silenciamiento de las verdades, de la corrupción y hechos de injusticia, del reclutamiento de adolescentes y jóvenes en la narco economía y de la corrupción militar policial, en contextos que destilan una cotidianidad de extorsión, secuestro y ejecuciones que en un primer momento se centraron en presuntos delincuentes y después en población en general, esparciendo el miedo social y los episodios de sadismo criminal (Grayson, 2017). Hay un capítulo abierto en tortura, ejecuciones extra judiciales y desapariciones forzadas, que el sistema político y de justicia mexicanos no terminan de reconocer y abordar en su magnitud en cuánto a la capacidad de respuesta de las instituciones y desde éstas, de revictimización de las familias afectadas.

El predominio de los paradigmas, las lógicas y decisiones político presidenciales dominantes en las últimas décadas en materia de criminalidad, justicia y corrupción condenan a la impotencia y al dominio de una vida pública de azar criminal y victimización más cruento por la sociedad mexicana y crea las condiciones para la omnipotencia de las fuerzas que han orquestado la violencia indiscriminada, los vacíos de poder gubernamental y la perpetuación legítima de la inseguridad e injusticia (como negocio del caos y el miedo social) hasta ahora reinantes.
Es urgente para la sociedad mexicana concluir esta guerra absurda y sórdida, una especie de capitalismo narco criminal y violencia indiscriminada, un entorno de depredación socio criminal tutorado por las instituciones gubernamentales. Abrogar la Ley de Seguridad Interior, es justamente una decisión presidencial y constitucional, que debe acompañar esta esfera de nuevas decisiones presidenciales encaminadas a detener la guerra al interior del Estado mexicano.
Si bien la sociedad mexicana ha perdido capacidad de asombro ante niveles de violencia cada vez más cruentos, naturalizados por medios masivos de comunicación y políticas presidenciales irresponsables, no hay justificación para sostener esta guerra de baja intensidad –cada vez más brutal y cruel para las mexicanas y los mexicanos-, que evidencia cada vez más que el gobierno federal mexicano carece de capacidad de hacerse fuerte con sus propios gobiernos locales, recursos e instituciones, desplegando sus esfuerzos sin mando ni jerarquías funcionales y eficaces, sin control ni dirección estratégica benéfica para el Estado mexicano. Lamentablemente, las políticas presidenciales en el periodo Zedillo-Peña la han diseñado y expandido a modo de una estrategia asimétrica del caos, en la que ninguna institución y gobierno es realmente responsable de la violencia intestina

creciente y sólo se ofrecen golpes de efecto mediático [decomisos, detenciones y extradiciones espectaculares] y al paralelo, las organizaciones narco criminales han potenciado sus negocios a modo de una guerra sin tregua, escenario en el que luchaban al principio para imponerse a sus carteles y bandas rivales y en líneas de negocios que dominaban (como la exportación de drogas, Trata de Personas, contrabando de armas, etc.), independientes entre sí a la comisión de secuestros, extorsiones y violencia homicida; pero ahora, endosan a la sociedad mexicana misma todo el daño, al fusionarse los delitos que perpetran; la dominación, defensa o disputa de territorios, localidades y comunidades; la diversificación de sus líneas delictivas y sus fuentes de ingreso; el despliegue de sus tácticas y negocios de sobrevivencia sin códigos de honor ni límite moral; la importación y contrabando de armas cada vez más sofisticadas de Estados Unidos de América; la intimidación y ejecución indiscriminada de funcionarios públicos; la renovación de sus liderazgos y contratación de ejércitos privados por los embates de organizaciones rivales y las estrategias presidenciales focalizadas; la capacidad de hacer respetar sus decisiones a cualquier precio y por supuesto, sus éxitos de guerra.
Gobierno y narco criminalidad, han logrado, irónicamente, construir varios sistemas de justicia paralela, en el que la arbitrariedad, el riesgo y la confianza de gama alta en quien es capaz de garantizar impunidad y sevicia, a quien sepa inspirar maldad como código de inspiración de confianza e impunidad garantizada: los (niños, jóvenes devenidos en) narco criminales están dispuestos a auto flagelarse, soportar el dolor físico extremo y exponerse a un stress sin límite perpetrando crímenes como muestra de que no se va fácilmente a ceder bajo presión ni traicionar a sus amigos; pagar un precio que sólo un integrante serio y fiable puede darse el lujo de pagar, a modo de símbolos de liderazgo, pertenencia o sobrevivencia a la banda, cártel u

organización narco criminal (Gambetta, 2011).

A la pobreza y desigualdad sociales estructurales se suma una violencia indómita hasta ahora; la impunidad, complicidad y corrupción gubernamentales y una máquina de guerra narco criminal que no tendrá fin sin una reformulación estratégica binacional, una revitalización de las instituciones de justicia, seguridad y prevención del Estado mexicano y una Presidencia de la República que vire el reloj político de la guerra y el negocio anti narco.
Las estrategias aquí propuestas sugieren que los actuales sistemas nacionales anticorrupción y penal acusatorio, justamente pudiesen haber sido un éxito desde su diseño e instrumentación si en México prevalecieran condiciones de paz social y estuviese vigente el Estado de Derecho, sin embargo, justo en un contexto de impunidad desmedida y de guerra permanente, se convierten en dos compuertas de un fracaso nacional contra la inseguridad y la violencia narco criminal.
De ahí que el árbol de decisiones presidenciales e institucionales sugerido, podría permitirnos realmente rehabilitar la capacidad de fuerza policial y preventiva, reconfigurar estructural y estratégicamente cursos de acción presidencial y de política pública de seguridad desmilitarizada y con sentido humanista, de lo contrario, difícilmente tendrán futuro promisorio iniciativas desperdigadas e improvisadas y el funcionamiento de dichos sistemas, más aún cuando la cadena causal, de enraizamiento y expansión de la violencia, tiene un componente de auspicio institucional presidencial y la dispersión de las cadenas jerárquicas de mando, la discrecionalidad presupuestal y el fomento de la corrupción impune.

Lamentablemente, no sólo se trata de corrupción individual e institucional indiscriminada, a manos de la economía del narcotráfico, la narco política y el crimen organizado, sino de una agenda de política presidencial capaz de revertir las consecuencias de la guerra y sentar las bases de un verdadero procesos de pacificación social y rehabilitación de la inteligencia mexicana (en el que se recupere la capacidad presidencial y de las instituciones de asirse de información estratégica sensible sobre trayectorias y vínculos de sus propios funcionarios de Estado y el impacto de sus decisiones), así como de las capacidades institucionales de justicia y seguridad. Se trata de un desafío nacional que trasciende el compromiso político/constitucional de nombrar piezas centrales del gabinete presidencial sólo por razones de lealtad, afinidad personal y competencia ministerial.
Por lo anterior, exhortamos a las instituciones, los centros de investigación y expertos especializados en esta temática, a criticar y enriquecer este nuevo punto de partida sobre las estrategias y tesis esbozadas, y sobre todo, a impulsar la deliberación nacional y la regeneración de la capacidad institucional y de la toma del control decisional gubernamental en escenarios de crisis de seguridad, en beneficio del futuro de las condiciones de paz y estabilidad social que demanda y merece la sociedad mexicana.
Referencias

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Véase

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