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Felicidades a los católicos de México!
El papa @Pontifex_es elevará a los altares en su calidad de Beata, a Concepción Cabrera de Armida, a la madree Conchita...( San Luis Potosí, 1862- CD de Mx marzo de 1937)
¿Cuál fue milagro?
Le ocurrió a Jorge Treviño, originario Monterrey, Nuevo León.; tenía esclerosis múltiple.
El milagro ocurrió hace cinco años, y se llevó todo el proceso; primero fue aprobado por los médicos; luego el Congreso de teólogos dieron su voto por unanimidad....
Luego siguió el aval del Congreso de cardenales y obispos, y por último la decisión del papa Francisco que la dio anteayer viernes 7 de junio de 2018....
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Las columnas políticas, hoy domingo 10 de junio de 2018...
Templo Mayor/Reforma..
I. Pavor. La muerte se metió hasta la médula en el sistema político. Pero la de Fernando Purón, el exalcalde de Piedras Negras y candidato a diputado federal, marca la facilidad con la que se puede matar en este país. Un individuo acechó al aspirante, quien salía de un debate en el auditorio de la Universidad Autónoma de Coahuila y, en segundos, lo mató de un tiro en la cabeza. Sucedió a menos de una cuadra de la delegación de la PGR y de la Presidencia Municipal. Es momento de condenar la violencia; todos lo hacen. Pero, también de recordar que con Purón suman 112 políticos asesinados en esta campaña. Volvió el México bárbaro. ¿O nunca se fue?
II. Fracaso. No es por asustar a quienes viven en Guanajuato, pero si creen que su estado anda muy mal en cuestión de seguridad, con un aumento nunca visto en el número de crímenes, hay peores noticias. Tras la ejecución de seis elementos de la Policía Vial de Salamanca, el pasado primero de junio, 24 elementos renunciaron ante la creciente ola de violencia y por no contar con arma de cargo. El secretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado, dijo que esperan recibir solicitudes de gente que quiera ocupar los cargos que quedarán vacantes. ¿O lo que es lo mismo, sólo cambiarán la carne de cañón, en vez de acabar con la delincuencia?
III. Cambio de color. De visita en la delegación Iztapalapa, Mikel Arriola sigue apuntalando su campaña. El problema del agua, les dijo, “es una profunda irresponsabilidad de parte de los gobiernos de Morena y del PRD, porque se cayó la inversión pública a la mitad. No les ha interesado”. El candidato de la familia expuso que la única opción para que Morena no llegue a administrar la capital, es él. “Quién iba a pensar que, a tres semanas de la elección, fuésemos el caballo negro y la mejor opción”, señaló y agregó: “Ustedes me van a ayudar a disipar la gran amenaza que se llama Morena”. Bien por él. El primero de julio se ve cada vez más cerca, así que valdría la pena empezar a reflexionar sobre la conveniencia del voto útil.
IV. Anomalías impunes. Esta semana hubo varios actos ilegales en torno al proceso electoral y, aunque la molestia, pero, sobre todo las dudas, son cada vez más grandes, las autoridades simplemente se lavan las manos. En reunión con autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recalcó que no tiene atribuciones legales para contar con información sobre la titularidad de las líneas telefónicas, con lo que se le cierran las puertas a la identificación de miles de llamadas en contra de uno de los candidatos. Hay al menos 343 números telefónicos involucrados, ¿y no podemos saber de quién son? Vaya nación que hemos construido.
V. Reacción inmediata. El candidato a diputado en la Ciudad de México, Ismael Figueroa, el mismo que ordenó hace unas semanas que golpearan a un par de reporteros, está bajo la lupa. Bomberos disidentes al líder sindical, lo responsabilizaron por el asesinato de su compañero Javier García Salinas y exigieron justicia. Miguel Ángel Mejía Hernández, bombero disidente, aseguró: “Solicitamos el esclarecimiento de este alevoso crimen, así como se garantice la integridad y seguridad para los compañeros que conformamos la nueva asociación sindical”. El bombero ejecutado dejó un video en el que hacía responsable a Ismael Figueroa si algo le sucedía. Ojo: por algo le urge el fuero...
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La estación/GERARDO GALARZA
Abusos
Excelsior
Uno de los problemas sociales del país entero, el de la legalización de los usos y costumbres, es lo que mediáticamente acaba de ocurrir con las candidaturas para ocupar cargos de elección popular de Nestora Salgado y José Manuel Mireles.
El escribidor sabe que hay cosas que no se deben echar al papel, so pena de la incomprensión, del insulto y de la marca. La libertad de expresión no da para, se decía antes, las buenas conciencias; hoy no da para lo políticamente correcto.
Pero, bueno. Ya ni modo.
Usted que va a votar el próximo día 1 de julio debe saber que en México, su país, todavía imperan los usos y costumbres indígenas, demagógicamente llevados a la Constitución (artículo 2, para más señas). En otras palabras: son ley constitucional. Hágale como quiera.
Imagine usted a un Presidente mexicano, sea quien sea, hablando en un foro global y proclamando que en su país se respetan los usos y las costumbres de los “pueblos originarios” (como si los demás habitantes hubiesen llegado de Marte o algún otro planeta cercano o lejano): no hay ninguna duda que recibiría todos los aplausos y vítores de todos y cada uno de los asistentes.
Háganle como quieran, otra vez.
¿De veras?
Pero luego de los aplausos vienen los problemas. Por ejemplo, por la legalización de esos usos y costumbres, ¿cómo decir que una mujer no puede ser autoridad legal porque lo impiden los usos y las costumbres, reconocidos por la sacrosanta Constitución, la que consagra lo contrario? Peor aún, ¿cómo impedir que un hombre no puede golpear A SU mujer, si es de su propiedad? ¡Ah shingao, faltaba más!, claman por ahí, incluidos los políticamente correctos. ¡Nada contra los pueblos originarios, nada contra el pueblo bueno (que es el que está con nosotros), mucho menos nada contra nuestros probables votantes!
Uno de los problemas sociales del país entero, el de la legalización de esos usos y costumbres, es lo que mediáticamente acaba de ocurrir con las candidaturas para ocupar cargos de elección popular de Nestora Salgado y José Manuel Mireles, comandantes, jefes de grupos paramilitares, parapoliciacos llamados “autodefensas”, violadores de los derechos humanos y de la legalidad vigente en todo el país: nadie puede hacerse justicia por propia mano. Una conseguirá fuero, el otro, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
¿Los secuestros, las privaciones ilegales de la libertad, son según quién los cometa? Unos son “usos” y otros son abusos.
¿Es éste el Estado de derecho que queremos?
¿Por qué? ¿Los organismos y las asociaciones defensoras de los derechos humanos tienen algo que decir sobre los “usos y costumbres” legales en México? ¿De veras se puede violentar a una indígena por ser mujer? ¿De veras los indígenas deben aplicar sus usos y costumbres? ¿Por qué no los criollos, o como se les llame ahora, según la corrección política? ¿Por qué no los extranjeros que adquieren derechos individuales en cuanto pisan territorio mexicano, según la propia Constitución? ¿Por qué la discriminación? ¿”Derecho de sangre indígena”?
No se espante ni se esponje. Son simples preguntas. Aunque ya están contestadas.
CAMBIO DE VÍAS.- Digamos: la última y nos vamos: Esta columna es para Francisco Ortiz Pinchetti, reportero de cuerpo entero; el mejor en cuando menos el tercer tercio del siglo XX mexicano. Hay premiados que ennoblecen a los premios; éste es un ejemplo de ello. Así de simple. ¡Abrazo, querido Paco!
Y también es, sin conocerla más que por sus obras, para Eufrosina Cruz Mendoza, quien por ser mujer, indígena zapoteca y políticamente incorrecta sufre de triple discriminación, víctima de los abusos de las costumbres constitucionales. No hay quien la defienda, mucho menos las feministas. Sí, sí, el escribidor lo sabe, Eufrosina no es de “izquierda”.
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De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelisor
Meade: confesiones, convicciones…
El candidato de la coalición suscrita por PRI-PVEM-Panal dejó en claro que aceptó su nominación por su deseo de servir, aun cuando sus hijos se oponían a ello.
Lejos de la plaza pública, en un entorno (ciertamente) más acogedor y empático, José Antonio Meade dejó de lado la rigidez del discurso propio de toda campaña para mostrar una faceta de su personalidad poco conocida: Su apego al núcleo familiar —“crecí en un ambiente de amor, fe y valores morales y religiosos…”—, su escasa afición deportiva —“dominó, ése es el único deporte que practico…”— y hasta de su sentido del humor, que igual lo llevó a revelar que sí, Mikel Arriola es un amigo capaz de arriesgar la vida por él —“tenía dudas, hasta que le pedimos que compitiera por el gobierno de la Ciudad de México”—, que, en el extremo, a confiar en que “si logramos convencer a todo aquel que se llame José, tenga un familiar o un amigo con ese nombre a que vote por nosotros… ¡vamos a arrasar!”.
Ante poco más de 200 dirigentes de organizaciones agrupadas en Red Familia, el viernes, el candidato de la coalición suscrita por PRI-PVEM-Panal dejó en claro que aceptó su nominación por su deseo de servir, aun cuando sus hijos se oponían a ello y, tras aceptar que la votación a la vista será “difícil, complicada y definitiva…”, reveló que en su hogar “rezamos para que se dé el mejor resultado y dejamos el asunto en manos de Dios, seguros de que él hará (permitirá) lo mejor por el bien de México”.
Luego, explicitó que si ahora se encuentra en busca de la Presidencia es, dijo, “porque con ustedes (con todas las familias de México) quiero cambiar lo que no funciona y a todos indigna: Inseguridad, corrupción, impunidad, justicia, pobreza, falta de oportunidades, el engaño y la discriminación… quiero construir un México para el bienestar de las familias; un México donde los padres ejerzan la responsabilidad de educar a sus hijos, donde las familias se sientan seguras en sus hogares, en el trabajo y la escuela…”.
Mi deseo y mi compromiso, expuso, es con un México donde todos y todas, mujeres y hombres por igual, puedan ejercer a plenitud las libertades y derechos fundamentales que nos protegen: El derecho a la vida desde el inicio hasta el fin, a la educación, a la salud y el trabajo; a la libertad de expresión, de culto y de tránsito. En el gobierno, el Estado garantizará la seguridad de todos, el derecho a la libertad religiosa tanto en la práctica privada como en la manifestación pública…”.
En otra parte del encuentro que, en su momento, podría replicarse con la presencia de los candidatos de Por México al Frente y Juntos Haremos Historia, el priista-ciudadano respondió una decena de preguntas que, entre otras cosas, le permitieron esclarecer su acuerdo con la recién aprobada ley que avala la objeción de conciencia, y también rechazó imponer una política pública que privilegie la denominada “ideología de género”, pues, dijo, en un marco de libertades, “no hay lugar para ella”.
Confesiones, pues, y convicciones de Meade Kuribreña... más allá del discurso político-partidista, de campaña y de la plaza pública.
ASTERISCOS
* Desde el Ángel de la Independencia, ayer, dirigentes de organizaciones sociales, encabezadas por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de José Antonio Ortega Sánchez, hicieron un nuevo llamado a los candidatos presidenciales, gobierno y a las Fuerzas Armadas a preservar la paz, pues, advirtieron, la misma se encuentra ahora en riesgo. Rechazaron lo que llamaron “un entorno electoral de miedo”…
* Otra vez, ahora a través de un supuesto hermano de Manuel Barreiro, su contraparte en el polémico (y aún no esclarecido del todo) asunto de la compra-venta de una nave industrial en Querétaro, Ricardo Anaya Cortés vuelve a ser implicado en presuntos ilícitos… y, otra vez, la “victimización” es su única respuesta, ¿No será tiempo ya —insistamos— de aclarar debidamente el asunto? Es pregunta…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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Adiós, Mr. Bourdain/Eduardo Caccia
Reforma 10 Jun. 2018
Ha muerto un antropólogo con pinta de chef. Anthony Bourdain tuvo en la cocina la visión para derrumbar sus paredes, explorar, descubrir relaciones causales que solamente encuentra quien puede crear, como en la comida fusión, conexiones descabelladas y darle la posibilidad a cualquier posibilidad. Mientras muchas celebridades de la cocina empiezan en la calle y terminan coronándose en restaurantes de culto, Bourdain lo hizo al revés. Los primeros parecen afirmar "por eso estoy aquí", él se cuestionó ¿por qué sucede lo que está pasando?, sello indiscutible de quien tiene dentro algo más grande que el hábito que ocupa.
Bourdain fue un investigador social y un narrador de historias, cuentista de banqueta o brecha, cazador de sabores y epifanías. Caminó por muchas calles del mundo pero lo recordaremos porque caminó por muchas calles de México, para descubrir no sólo la textura de nuestras salsas hechas en molcajete sino la influencia del ambiente en el sabor de la comida. Afirmó que "el contexto y la memoria juegan un poderoso papel en las grandes comidas de nuestra vida". Tenía razón, yo lo aprendí, con mi papá, en las faldas de un volcán, el Popocatépetl, tiritando de frío, resguardándome de la lluvia y comiendo con la mano unas chuletas de cerdo aderezadas de sal y aire de campamento. Si la emoción es el pegamento de la memoria, el paladar es un camino que lleva a casa.
Viajó a Izúcar de Matamoros, Puebla, porque admiraba el gran trabajo de los mexicanos en su cocina en Nueva York; quería saber qué había en aquel lugar que producía ese tipo de talento. Lo expresó con la sensibilidad de quien tiene como escenario la vida y no un estudio de televisión: "quiero ir allá y que me cocine la mamá de alguien, no me importa de quién pero que sea una mamá". No sólo intuía una verdad antropológica y tribal, también quizá, abría una herida de su vida o de su cultura, en donde los sabores caseros, en buena medida, han sido sustituidos por la comida de combos y salsa de tomate en sobrecitos de plástico.
En su memorable visita a la casa materna de sus colaboradores hace un homenaje a la familia mexicana y al trabajo manual y paciente de las mujeres de casa, describe su manos delicadas pero se fija en los brazos fuertes que muelen semillas en la piedra. Desde su blog escribió, siguiendo los pasos de Lowry, Bajo el volcán, homenaje a México, su gente, su comida, bebida y cultura: "México. Nuestro hermano de otra madre. Un país con quien, nos guste o no, estamos inexorablemente, profundamente involucrados, en un abrazo cercano pero a menudo incómodo". El mundo necesita menos aranceles y más degustadores de mole.
Su lamentable suicidio inquieta. ¿Es suficiente viajar y comer bien para ser feliz? ¿Se puede transmitir tanto sabor de vida mientras en el interior se cocina un infierno? Inspirado en el actor y dramaturgo inglés David Garrick, Juan de Dios Peza exploró el lado sombrío de la sonrisa en su poema "Reír llorando", donde pinta a un hombre que va a ver al médico y le describe su depresión. El doctor le receta: "Viajad y os distraeréis. / ¡Tanto he viajado! / Las lecturas buscad. / ¡Tanto he leído! / Que os ame una mujer. / ¡Si soy amado! / ¡Un título adquirid! / ¡Noble he nacido! // ¿Pobre seréis quizá? / Tengo riquezas. /¿De lisonjas gustáis? / ¡Tantas escucho! / ¿Qué tenéis de familia? / Mis tristezas. / ¿Vais a los cementerios? / Mucho... mucho...". Deja el galeno como último e infalible remedio ir a ver al payaso Garrick, pues "todo aquel que lo ve muere de risa". El hombre responde "¿Y a mí, me hará reír? / ¡Ah!, sí, os lo juro, él sí y nadie más que él; mas... ¿qué os inquieta? / Así -dijo el enfermo-, no me curo: ¡Yo soy Garrick!... Cambiadme la receta".
El testimonio de vida de Tony Bourdain es como la comida mexicana, extenso, multisabor, agrio y picante por el triste epílogo. Adiós al hermano de otra madre que tanto respetó lo otro y lo local. Queda su legado para seguir entendiendo que lo que sucede en la mesa es más profundo de lo que sucede en la mesa. Peza lo cocinó en verso: "El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas; aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas".
Nunca habrá una receta perfecta para vivir, pero hay que seguir probando.
@eduardo_caccia
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Reingeniería/Luis Rubio
Reforma, 10 Jun. 2018
Los síntomas -y paradojas- son evidentes en todas partes. Nadie puede dejar de verlos, cualquiera que sea su posición, pertenencia partidista o actividad. El país hace agua por todas partes y, al mismo tiempo, cuenta con impactantes fortalezas que no se explotan a cabalidad porque algo las limita y entorpece. Hemos hecho ingentes avances en un sinnúmero de áreas y, sin embargo, hay algo que no acaba de cuajar: el cambio se da, pero no se consolida y la población no ve beneficios. Las disputas políticas cotidianas, que naturalmente se magnifican en periodos electorales, tienen razón de ser porque reflejan un sentir nacional.
Quienquiera que vea el panorama general no podrá dejar de observar los contrastes que nos caracterizan porque revelan nuestra forma de ser, pero también las limitaciones autoimpuestas al desarrollo. Aquí va una pequeña muestra de lo cotidiano, claramente no exhaustiva:
· Tenemos una pujante economía de exportación, pero no construimos la infraestructura necesaria -incluyendo seguridad- para que ésta se multiplique.
· No existe una sola economía nacional, sino al menos tres, con tasas de crecimiento dramáticamente diferenciadas (de Aguascalientes que parece un enclave asiático a Guerrero que apenas se mantiene a flote), pero el discurso político se concentra en cómo proteger al sur en lugar de qué sería necesario hacer ahí para imitar al norte.
· Los gobernadores no hacen su chamba: en lugar de gobernar -ser eficaces en la seguridad, infraestructura idónea para atraer inversión y empleos y mejorar la vida de sus poblaciones-, se dedican a la frivolidad y a construir sus siguientes chambas políticas o a financiar las de sus cuates. Algunos se adentran en las contiendas políticas nacionales como misión, abandonando su razón de ser. ¿Para eso se les paga?
· Hemos construido un costoso y no muy representativo poder legislativo que no le reporta a la ciudadanía, sino a los intereses particulares de los propios legisladores y sus jefes políticos. Las decisiones no se toman luego de debates relevantes, negociaciones entre partidos o convencimiento individual, sino de "intercambios" no siempre sacrosantos. Las oficinas privadas de algunos legisladores son prueba fehaciente de los criterios que animan sus decisiones y acciones.
· Las empresas elevan su productividad de manera prodigiosa, pero sus clientes se ven acosados por extorsionadores que demandan "derecho de piso".
· El gobierno federal restaura el control de las finanzas públicas, pero todo mundo demanda más gasto.
· Los legisladores aprueban leyes electorales y en materia de corrupción, pero en el camino crean mecanismos para violarlas, como ilustra, particularmente, el financiamiento de campañas.
· Se promueven ambiciosas reformas, pero luego no se quiere pagar el costo de implementarlas.
· Se construye infraestructura con frecuencia mediocre que usualmente es insuficiente el día en que se inaugura. Peor, no se mantiene o vigila: cualquiera que haya circulado por el circuito mexiquense podrá observar la presencia de huachicoleros y asaltantes, pero no la de un policía que cuide a quienes por ahí transitan.
Ejemplos hay miles y todos sabemos y vemos estas y muchas otras manifestaciones de lo que es nuestro país: los extraordinarios avances y el enorme desperdicio. Se emprenden proyectos de enorme alcance y valía -igual en materia de reformas estructurales que de infraestructura, construcción de instituciones (como la Suprema Corte) y liberalización de mercados- pero luego se les limita por los absurdos de nuestro sistema político y, muy especialmente, por la indisposición del viejo sistema político a abrirse y ceder en sus privilegios.
Como en la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, relativa a una misma persona que tiene dos caras, una buena y una perversa, el gobierno mexicano -en realidad, el sistema político, porque incluye a todos los que ahí participan- es dos cosas a una misma vez: un ente progresista y promotor de cambios y desarrollo, por un lado, y un bodrio que explota a la población, depreda de ella y pretende que nadie se da cuenta, por el otro. Desde luego, es imposible ver cada una de las fechorías que ocurren en todos los ámbitos del sector público, a todos los niveles de gobierno, desde el municipio más modesto hasta la presidencia, pero lo que es indudable es el efecto general: las cosas no se concluyen porque eso implicaría afectar a alguno de los beneficiarios del sistema. Y, en esto, todos los partidos son iguales.
Todo esto hace perfectamente explicable la incredulidad del ciudadano común y corriente cuando un funcionario afirma que la obra pública que realizó va a transformar a su municipio o cuando un secretario de estado elogia una determinada reforma. Difícil de creer porque los beneficios toman tiempo, pero también porque muchas veces estos no son como se anunció: el segundo piso en la CDMX resolvió el transporte entre extremos de la ciudad pero no se pensó en las bajadas a la realidad cotidiana, la de los embotellamientos interminables.
El país va a cambiar, y dejar de ser tan rijoso, cuando deje de haber un Jekyll y un Hyde, cuando el gobierno se dedique a resolver problemas y gobernar para todos, no sólo para sí mismo.
@lrubiof
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Ayotzinapa: sentencia innovadora
COLABORADOR INVITADO / Mario Patrón
Reforma, 10 Jun. 2018
Un Tribunal Colegiado dictó una sentencia innovadora y esperanzadora en el caso Ayotzinapa.
El expediente llegó a esa instancia a partir de la alegación de tortura de algunos acusados. Al analizarlo, tres magistrados resolvieron unánimemente que había indicios de tortura y determinaron dejar sin efectos la vinculación a proceso; sin decretar su liberación, ordenaron que se indague la tortura antes de decidir nuevamente su situación jurídica.
Hasta ahí, la resolución no se aparta de las actuales aproximaciones garantistas frente a casos de tortura. Lo innovador viene después: situados ante la posibilidad de que fallas en el debido proceso derivaran en impunidad, los magistrados decidieron ordenar una medida adicional, considerando que el estudio de los amparos les permitió conocer a fondo un expediente repleto de irregularidades, abusos, falsedades y sesgos.
Esta medida consiste en crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, lo que implica un esquema de controles externos extraordinarios sobre la actuación del ministerio público, en manos de la CNDH y de las víctimas y con la posibilidad de que organismos internacionales se incorporen -enfatizando que sería recomendable el regreso del GIEI.
Los magistrados insistieron en que esta medida extraordinaria obedece a la necesidad de generar contrapesos a una Procuraduría que mostró su falta de independencia al incurrir en múltiples irregularidades y al privilegiar una sola hipótesis, que a la postre se comprobó carecía de evidencias. Entendieron que en una investigación donde la ilegalidad ha sido extrema y donde la actuación ha sido parcial, sólo una medida extraordinaria podría reencauzarla.
La sentencia ha generado polémica. Desde un extremo, se ha dicho que los magistrados se extralimitaron. Desde el otro, se ha expresado preocupación por una medida que, se estima, podría menoscabar otros esquemas de justicia transicional. Ambas posiciones son erróneas pues parten de lecturas equivocadas. El Tribunal no fue más allá de la ley: aplicó a cabalidad el marco de derechos humanos y ordenó una medida común en la jurisprudencia internacional. La medida tampoco riñe con los proyectos de justicia transicional: se trata de una Comisión de Investigación ad hoc que preserva la facultad de presentar acusaciones penales, y bien podría colaborar con otras iniciativas sin que agote la necesidad de contar con una Comisión de la Verdad de alcance nacional.
El debate tendría que pasar, más bien, por dos ejes. Por un lado, por reivindicar a tres magistrados que en democracia ejercieron contrapeso a los excesos del Poder Ejecutivo, balanceando tanto la tutela de los derechos de los acusados como los de las víctimas. Por otro lado, se tendría que enfatizar cómo las irregularidades en la investigación han terminado por ser confirmadas en sede nacional: el Gobierno Federal advirtió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la última palabra en el caso. Esta semana lo han hecho y el resultado es devastador para la investigación de la PGR.
Para las víctimas, que son el centro del caso, el fallo es esperanzador: abre la oportunidad para que la verdad llegue. También es un relevante respaldo simbólico a los procesos de exigencia que otras víctimas, con la misma dignidad, impulsan a lo largo del país.
Cumpliendo la sentencia, el Gobierno Federal aún podría paliar una parte del profundo daño que su investigación generó. Si eso no ocurre, como hay que prever, la sentencia del Tribunal Colegiado, junto con los informes del GIEI, de la CIDH y de la ONU, sin duda serán un interesante punto de partida para la administración que habrá de llegar y que habrá de lidiar con la herida abierta que es Ayotzinapa.
El autor es director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" A. C.
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José Luis Camacho: Copetón y Cerillo se patean con todo
HERALDO DE MÉXICO JUNIO 10, 2018
Cuando todo indicaba que el tema de la semana en el Hipódromo Nacional, sería el variopinto encuentro entre Renecio (AMLO) y los finos caballos de la cuadra de negocios, apareció en redes sociales un tremebundo video en el que se expone a un hermano de Lavador (Manuel Barreiro), “convenciendo” a una yegua, originaria de las praderas argentinas, para que “invirtiera” en los entrenamientos de Cerillo (Ricardo Anaya), con la promesa de que si el potrillo queretano ganaba la carrera, “se irían al cielo” en materia de negocios.
La revelación que se expone en el mencionado video, que carece de valor jurídico, pero si desborda en lo mediático, le dio en el traste a la supuesta trayectoria delictiva de Cerillo, lo cual hizo sobre reaccionar al equipo del queretano de inmediato.
Se sintió tocado de muerte a unos días de que se celebre la gran carrera.
Y decidió como estrategia defensiva acusar a Copetón (Peña Nieto) de ser el filtrador del famoso video. Cerillo aseguró que el ganador del Hándicap pasado, lo ataca porque es el único caballo que le puede ganar al favorito de las apuestas: Renecio.
Cerillo se puso sabroso y declaró que la distribución video, era la consecuencia de sus declaraciones ante los estudiantes de la Ibero, donde señaló a Copetón de corrupto e incluso prometió que, en caso de ganar el Hándicap, sin miramientos mandaría al caballo de Atlacomulco a los corrales de castigo, ahí donde encierran a los potros peligrosos.
Desde varios días antes, la disputa entre Copetón y Cerillo se había puesto más ruda de lo acostumbrado, ya que el potrillo queretano sinvergüenza aseguró que el líder de la Cuadra Tricolor y Renecio pactaron en lo oscurito una transición de poder sin revanchas.
Cerillo mandó como vocero para denunciar el Pacto en Oscurito a Embajador (Jorge Castañeda), quien desgraciadamente no cumplió bien su encomienda.
Acusó a Copetón sin pruebas y se volvió a exhibir como un potro bueno en la academia y en las praderas del servicio exterior, pero pésimo en materia de política, pues carece de la sensibilidad y la experiencia que se requiere para este tipo de jugadas.
Salió entonces Conciliador (Alfonso Navarrete) a defender con gran soltura y éxito. Aunque hay que decirlo, las declaraciones de Conciliador fueron recibidas en las tribunas con escepticismo por parte de algunos apostadores.
Debido a que el video donde encueran al hermano del socio mayor de Cerillo advierte sobre nuevas entregas, entonces en unas horas esta serie se hizo casi tan popular como la que relata la triste historia de Huerfanito (Luis Miguel).
Cerillo llegará al tercer y último debate cargando el fardo de haber sido atrapado nuevamente con las manos en la masa y con el riesgo que un nuevo capítulo circule antes del próximo martes.
LAS CUADRAS
MACUSPANA
El líder de la pizarra del Hándicap Renecio sigue con su gira intensa por todas las praderas de la Republica, esta semana la cerró en las de Tierra Caliente acompañado de un personaje controvertido: Autodefensa (José Manuel Mireles), quien es muy querido por aquellos lares y le sirvió de guía por la sucursal mexicana del infierno, bautizada así por Historiador (Luis González y González).
TRICOLOR
La conclusión de la semana de Ciudadano (José Antonio Meade) estuvo manchado por hecho trágico, el asesinato de Fernando Purón, candidato tricolor al Hándicap Legislativo federal representando a Coahuila, justamente la entidad elegida para su cierre de campaña, rumbo a la gran carrera final.
AZUL
Después del ataque en su contra, Cerillo recibió el respaldo de algunos personajes, algunos poco expresivos, como el de Tequilero (Felipe Calderón); otros que se pasaron de efusivos como el de Vaquero (Vicente Fox), quien con porras y un fuerte abrazo lo recibió en el Aeropuerto; y los esperados de Chilango (Miguel Ángel Mancera) y Voladora (Alejandra Barrales)
REBELDE
Quizá para desviar la atención en su contra, el Rebelde ex Bronco, se sumó al linchamiento y le solicitó al Árbitro Lorenzo (Córdova) y a las autoridades investigadoras del Hipódromo (PGR), que investiguen a Cerillo por presunto lavado de dinero.
PIZARRA
1.- RENECIO (AMLO)
2.- CIUDADANO (MEADE)
3.- EX BRONCO (RODRÍGUEZ)
4.- CERILLO (ANAYA)
FICHA UNO
Con la jugada del video, Cerillo seguramente ya entendió de una vez por todas, que cuando se toma la decisión de competir por el Hándicap Presidencial, debe entrenarse muy dura, tanto para dar, como para recibir.
FICHA DOS
“¡Es un culebrón!”, fue la reacción de Renecio sobre la acusación de Cerillo del supuesto pacto con Copetón, que apechugue le manda decir y le recomienda: “el que no quiera ver espantos, que no se salga en la noche”.
FICHA TRES
A Ciudadano (José Antonio Meade) le fue muy bien en su reunión con los apostadores empresariales, donde firmó el compromiso México Mejor Futuro, que tiene por objetivo colaborar juntos para mejorar el país.
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El dinero de los árboles/Juan E. Pardinas
Reforma 10 Jun. 2018
El año pasado formé parte del jurado de un concurso que combinaba el urbanismo con la imaginación. La competencia era una provocación para soñar lo que se podría hacer con terrenos dedicados a lugares de estacionamiento en el corazón de la Ciudad de México. Estudiantes y profesionales de la arquitectura tenían que presentar proyectos para intervenir espacios reales dedicados a guardar coches e imaginarles una vocación distinta. La viabilidad financiera era una variable que debían considerar tanto los participantes como los jueces. Después de revisar una docena de proyectos finalistas, me surgió una preocupación sobre cómo veían los participantes el papel de la inversión privada en el desarrollo de sus propuestas.
Un equipo de arquitectos quería hacer un huerto urbano en un terreno a una cuadra de Reforma, cuyo valor por metro cuadrado debía rondar los varios miles de dólares. Dado el costo del terreno, ese proyecto iba a producir los jitomates más caros del planeta. Otro proyecto buscaba edificar una biblioteca y un centro cultural. Cuando se preguntó cómo se financiaría la iniciativa, el joven arquitecto respondió: "Lo pagará el gobierno". Esa fue la respuesta más frecuente ante las dudas del jurado asociadas con la viabilidad financiera de los proyectos. Al final, los ganadores fueron equipos que pudieron equilibrar sus anhelos de transformación urbana con los costos de aprovechamiento. Algunos jóvenes mostraban cierta incomodidad, cuando se les inquiría cuál sería la rentabilidad del proyecto, como si generar utilidades por medios legales fuera algo ilegítimo o poco ético.
Esta profunda indiferencia sobre el funcionamiento de la economía no se restringe a un grupo de jóvenes arquitectos. Un comercial de propaganda electoral de Morena presenta una secuencia dinámica de animaciones visuales. Por un momento aparece en la pantalla un árbol frondoso cuyas hojas se transforman en billetes que ayudan a financiar bienes y servicios públicos. La pedagogía subliminal de Morena es que el dinero se puede cosechar del follaje de los árboles.
De cada peso que se invierte en la economía mexicana, más de 80 centavos vienen del sector privado. Los 20 centavos restantes, que invierte el gobierno, provienen en su mayoría de los impuestos que generamos las personas y las empresas. Una parte importante del crecimiento económico se debe a la productividad de estas inversiones. México ha crecido poco y lo poco que hemos crecido no ha servido para garantizar un piso común de oportunidades para la población. China, India y otros países que han sido exitosos en lograr reducciones dramáticas en sus niveles de pobreza, han tenido claro el rol del sector privado en el crecimiento económico.
El sueño de un joven arquitecto sólo se quedaría en una maqueta si no hay financiamiento que le dé viabilidad. La aspiración de una persona de salir del desempleo sería una utopía sin la inversión para crear o mantener una plaza laboral. Se requieren individuos con recursos y apetito para el riesgo que puedan forjar estas oportunidades. A esas personas se les llama empresarios.
Como los aguacates y las personas, hay empresarios buenos y malos. Hay quienes abusan de sus empleados y optan por saltarse las trancas para elevar tres décimas de punto su margen de ganancia. Hay otros que se la rifan derecho un día sí y otro también, que enfrentan un sinfín de adversidades y siguen dispuestos a sembrar riesgos para cosechar oportunidades. Las caricaturas que pintan al empresario como un depredador voraz, indiferente a los problemas del país, son generalizaciones absurdas que sólo sirven para reafirmar prejuicios y malentendidos económicos. Mientras el dinero no nazca ni en los fresnos, ni en los robles, ni de los ahuehuetes, las empresas que respetan la ley y generan empleos y utilidades son el bien público que mueve los engranes de nuestra economía.
@jepardinas
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Destruirlo, obsesión de"spots", "call centers" y empresarios/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
Desde el arranque de las campañas en abril último, han sido ya millones los spots priistas y panistas dedicados a pintar una imagen negativa del candidato presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Lo tachan de promotor del vandalismo o como un anciano incapaz de tomar decisiones sensatas. A su vez, el empresariado invita a trabajadores de sus propias compañías a negarle el voto a AMLO. A lo anterior se sumó en la última semana una campaña telefónica de amplio espectro en la que se acusa al tabasqueño de querer venezolanizar a México o regalarle el petróleo mexicano a Rusia.
“No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto”, dice el candidato presidencial; se suceden más imágenes de vandalismo y vuelve a cuadro López Obrador, dando la bienvenida al nieto de Elba Esther Gordillo…
El diseño de audio es impecable al acentuar las estampas de los actos vandálicos; el candidato dice que en su movimiento “no se ha roto un vidrio” y de inmediato aparecen encapuchados que provocan incendios, movilizaciones con violencia urbana, vehículos en llamas, caos y una vez más el inserto de López Obrador ofreciendo un mensaje en el que convoca: “No tengas miedo”.
Así, lo que Todos por México –PRI, Partido Verde y Nueva Alianza– plantea a los votantes es: “Elige, miedo o Meade”.
Se trata de uno de los spots que en estos meses inundaron los medios, hasta sumar en abril y mayo –dos tercios del periodo de campaña– 2 millones 401 mil transmisiones dedicadas a repetir que López Obrador es un peligro, que pacta con delincuentes y por eso les ofrece amnistía; que es populista o que lo comparan con el expresidente venezolano Hugo Chávez.
La transmisión de spots, junto con noticias e información falsa o tergiversada difundida desde plataformas digitales creadas al efecto, se suma a la operación del alto empresariado, que intenta influir en el voto de los trabajadores, y a la reciente operación de call centers que si bien se han empleado en otros momentos del actual proceso electoral, nunca habían implicado barridos geográficos como ahora.
Nada ha hecho mella en el tres veces candidato presidencial que, conforme a las encuestas publicadas la primera semana de junio, ha mantenido un crecimiento que ya ronda 50% en las preferencias electorales, de acuerdo con los estudios publicados por Reforma (52%), Parametría (45%), El Financiero-Bloomberg (50%) y GEA-ISA (46%).
Bombardeo de salva
Como nunca en su historia, el PRI y sus aliados centraron su estrategia de campaña en referencias a López Obrador; tanto, que llegó a ocupar 70% de su pauta para radio y televisión en descalificar al puntero, más o menos lo mismo que ha destinado la alianza Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Desde la primera quincena de abril, con el inicio oficial del periodo de campaña, el PRI envió sus spots con tres mensajes centrales: el miedo a la amnistía a delincuentes, miedo a la propuesta de derogar la reforma educativa o los riesgos para la inversión extranjera.
Para ello destinó 30% de sus spots, mientras que el resto pretendía apuntalar a su candidato, José Antonio Meade Kuribreña. Pero en la segunda quincena de abril la correlación de la pauta se invirtió, cuando 70% de los mensajes fueron para descalificar al tabasqueño.
A partir del 26 de abril el PRI aumentó la intensidad de su campaña contra López Obrador. Ese día inició la programación de 12 de los 16 spots diarios que le corresponden en las 3 mil 111 emisoras del país; en suma, 37 mil 332 mensajes diarios.
Dichos mensajes corresponden a 12 versiones para televisión y sus espejos de audio para radio que, en total, según las cuentas de Morena, suman 1 millón 343 mil 952 spots antilopezobradoristas, transmitidos entre el 26 de abril y el 31 de mayo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado su autorización para que los spots se mantengan al aire, pese a las inconformidades que la alianza Juntos Haremos Historia –Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social– denunció una y otra vez por considerar que contiene información engañosa o que las declaraciones de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, fueron sacadas de contexto.
Por ejemplo, la representación de Morena ante el INE observó que, en el caso del spot que explícitamente identifica a López Obrador con la palabra miedo, se incluyen imágenes que pueden ser o no de protestas magisteriales y que no son atribuibles a Elba Esther Gordillo y mucho menos que ella, o que dichas protestas, se relacionen con López Obrador. Pero la autoridad electoral las dio por válidas.
La ofensiva panista
La edad de Andrés Manuel López Obrador ha sido acentuada por videos anónimos desde el inicio de las campañas, al grado de colocar en la discusión supuestos problemas de salud.
La referencia, retomada en videos de confección anónima, que en al menos un caso apunta al vocero de Meade, Javier Lozano Alarcón, no ha sido tan efectiva, especialmente por la sanción en redes sociales que tuvo al publicar un video de un hombre mayor, tomado de espaldas y con parecido a López Obrador, que no puede encender un automóvil.
En la alianza Por México al Frente el mensaje tampoco ha sido afortunado. Por ejemplo, uno de los coordinadores de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, dijo el pasado 21 de mayo que su candidato tenía que ir contra “ese angry old man” (hombre viejo y enojado), cuando él mismo, de 65 años, es mayor que el fundador de Morena, contemporáneos los dos de Santiago Creel, el otro coordinador, que tiene 63.
Anaya ha sido más prudente respecto a la edad. Ha optado por decir que las ideas del exjefe de gobierno capitalino son viejas, que no comprende el mundo de hoy, como le espetó en el debate y en uno de los spots pautados por su campaña: con acordes suaves de fondo, Ricardo Anaya aparece a cuadro admitiendo que el país debe cambiar, pero colocando al espectador en una disyuntiva.
“La pregunta es: ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El de Andrés Manuel –a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo– o el del Frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan”, y justo al decir eso, la música de fondo se intensifica en ritmo y volumen.
Como el PRI, el PAN programó, al iniciarse abril, de cinco a seis spots promocionales diarios en las mismas 3 mil 111 emisoras del país. Ya en la segunda quincena de abril aumentó a 12 el número de sus spots diarios contra López Obrador, a 70%, de manera que hasta el 31 de mayo Morena había contabilizado, con base en el monitoreo del INE respecto a promocionales federales, un total de 1 millón 57 mil 740 spots panistas en los que se alude al tabasqueño.
Y también los magnates
El 8 de mayo fue día de manteles largos para unos 500 campesinos laguneros. Tractoristas, regadores, ordeñadores y veladores que cuidan establos atravesaron un kilómetro y medio de terracería, cerca del ejido Monte Alegre en Matamoros, Coahuila.
Fue en el rancho de José Antonio Tricio Haro, hermano menor de Eduardo, presidente de Grupo Lala y de Aeroméxico, uno de los ricos de siempre convertido en años recientes en magnate con riqueza en auge que, el pasado 1 de mayo, en Zongolica, Veracruz, fue identificado por López Obrador como uno de los millonarios que intentaban conseguir que Meade declinara por Anaya.
Los campesinos llegaron al rancho de ese patrón entre patrones comarcanos, como a las 14:00 horas, y para entonces el establo ya estaba equipado para recibirlos con tacos al pastor, barbacoa de res y refrescos, pantalla y algunos ricos de la región que fungían como anfitriones, con ayudantes y técnicos dispuestos para la ocasión.
Transmitieron un video de hora y media sobre populismo y, para explicarles mejor, por si no entendieron, fungió como orador Ricardo Segura, cuya alocución se centró en contarles cómo López Obrador podía convertir a México en la Venezuela de Hugo Chávez, y en recomendarles no votar por él para no caer en el mismo error de los venezolanos, según campesinos laguneros asistentes consultados por Proceso.
La última semana de mayo se vio marcada por los mensajes que algunos magnates, miembros del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), destinaron a sus empleados a fin de alertarlos por el peligro populista y conminarlos, abierta o veladamente, a no votar por López Obrador.
Esa incursión, como nunca tan abierta del alto empresariado mexicano, tuvo un momento de aparente distensión, cuando el domingo 3 el CMN emitió un comunicado anunciando que se reuniría con los cuatro candidatos presidenciales.
La reunión con López Obrador ocurrió el martes 5 y fue la que mayor expectativa despertó. El candidato salió calmo de la reunión, dijo que fue respetuosa y que no hubo reclamos, aunque un día después Alejandro Ramírez Magaña, presidente del CMN, lo desmintió al afirmar que le reclamaron por llamarlos “traficantes de influencias”.
Hasta donde se sabe, López Obrador no respondió y se centró en sus propuestas, mientras que Carlos Slim, Alberto Bailleres y Juan Gallardo Thurlow expusieron sus inquietudes sobre crecimiento y desarrollo económico.
La distensión, sin embargo, no frenó el plan para varios de los magnates que, como los Tricio Haro, continuaron la contracampaña en sus corporativos, una estrategia revelada por este semanario (Proceso 2170), que prevé llamados a las cadenas productivas, de proveedores e inclusive propaganda en puntos de venta.
Seudoencuesta
Las llamadas llegaron a todos. Nadie sabe cómo se obtuvieron los números, si hay una violación a la privacidad, quién paga esas llamadas, a quién se propone favorecer ni desde dónde se realizan, pero ni siquiera el consejero del INE, Ciro Murayama, escapó a la campaña negra y hasta expuso en Twitter que ya estaban actuando, como también lo anunció la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales.
Una voz-robot inicia destacando la importancia de las elecciones: “Si no has decidido tu voto o simpatizas con López Obrador, este mensaje te interesa todavía más. Como tú sabes, López Obrador propuso que se les dé amnistía a quienes han participado en delitos de narcotráfico. ¿Tú estás a favor o en contra de que se perdone a quienes cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas?
“También ha dicho que va a retirar al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico, a pesar de que son quienes han logrado detener a muchos de los grandes capos. ¿Tú estás a favor o en contra de que se retire al Ejército y la Marina del combate al narcotráfico? Si estás de acuerdo con cualquiera de las dos propuestas, marca 1.”
Al seguir la instrucción, como si fuera una encuesta, sin ninguna opción a elegir más que marcar el número uno, se corta la comunicación.
Con ese y otros contenidos, de lo que parece un barrido geográfico, las llamadas se iniciaron el lunes 4, invocando los temas que Meade ha orientado en spots, discursos, entrevistas y en redes sociales: La “amnistía”, la postulación al Senado de Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia, así como la promesa de López Obrador de derogar la reforma educativa.
La noche del miércoles 6, Morena y la iniciativa Abre Más los Ojos, de apoyo a López Obrador, habilitaron un sitio para denunciar; 36 horas después tenían 4 mil 700 registros de llamadas en el mismo sentido, de acuerdo con el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte.
No es la primera vez que mediante un call center se realizan llamadas de campaña negra y el antecedente más conocido ocurrió a finales de enero en Puebla, Veracruz y diferentes zonas petroleras: “Los rusos vienen a quitarnos el petróleo”.
La voz destacaba que de acuerdo con el FBI y el diario estadunidense The Washington Post, López Obrador tenía apoyo del gobierno ruso por el petróleo y por eso se proponía echar abajo la reforma energética.
Morena denunció el asunto y 45 días después reveló que la respuesta de la telefónica Axtel ubicaba como cliente del número desde el que se realizaron las llamadas al gobierno del estado de Puebla que, por su parte, argumentó que la línea había sido cancelada en 2012. El INE aceptó los alegatos del gobierno poblano, por lo que Morena impugnó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, a cuatro meses del registro de llamadas, no ha resuelto nada.
La dilación en la investigación de casos como el de las llamadas de Puebla preocupa en el entorno de López Obrador, pues éstas y otras acciones podrían continuar y no se resolverían antes de la elección del 1 de julio. De ahí que el pasado miércoles 6, López Obrador exigiera que se investigue el asunto y que Telmex dé a conocer quién está detrás de las llamadas. La empresa de Carlos Slim se deslindó.
Experto en estrategia de campañas, clave en la elección de 2006, Antonio Solá insiste en que invocar el miedo no funciona en esta elección, pues hay una indignación generalizada contra el sistema, que se canaliza hacia la preferencia por López Obrador, quien con todo y campañas negras o contracampañas no se ha visto afectado en su posicionamiento y, con las encuestas conocidas –y gracias a una metodología del diario El País, que convierte las preferencias en predicciones–, al 31 de mayo tenía 92% de posibilidades de triunfo...
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Sandoval y Veytia infiltran las campañas morenistas en Nayarit/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
“En Nayarit, la mafia del poder se pasó a Morena”, lamentan por separado miembros y exintegrantes de ese partido.
Decepcionados, en entrevista con este semanario, Mayte Camarena, quien renunció a Morena hace un mes, y Alfredo González, quien sigue dentro, lamentan que personajes ligados al exfiscal Édgar Veytia –preso en Estados Unidos bajo cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero– y al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda –prófugo, acusado de enriquecimiento ilícito– son quienes encabezan las candidaturas al Senado y diputaciones federales.
El 20 de diciembre de 2013 Proceso publicó el reportaje “El fiscal sicario”, en el que dueños y concesionarios de terrenos en Nayarit denunciaron extorsiones, despojos, robos, levantones y secuestros ordenados por el entonces fiscal general del estado, Édgar Veytia, quien encabezaba a los sicarios que desde entonces atemorizan a la población en complicidad con el entonces gobernador Roberto Sandoval.
El 19 de septiembre de 2017 Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador de Nayarit y el mismo día su sobrino, señalado como el operador financiero que volvió millonario a su tío, fue asesinado. A la mañana siguiente el exmandatario huyó. Mientras tanto, el narcotráfico continuaba sembrando la región de cadáveres y narcomantas en las que señaló la colusión del exgobernador con los hermanos Beltrán Leyva, quienes lo habrían llevado al poder (Proceso 2134).
Con estos antecedentes, los morenistas veían venir la debacle: el 10 de noviembre de 2017 Andrés Manuel López Obrador viajó a Nayarit y en el municipio de La Yesca reunió a Daniel Carrillo, dirigente estatal de Morena, y a Miguel Ángel Navarro Quintero. La orden de López Obrador fue que el dirigente estatal y otros cuadros rebeldes se dejaran de grillas y se pusieran a trabajar bajo el mando de Miguel Ángel Navarro Quintero, que no tardó mucho en ser confirmado como el candidato al Senado.
Las disputas por las posiciones y por la inclusión de personajes ligados al anterior gobierno se mantuvieron en bajo perfil hasta el 8 de marzo pasado, cuando fue detenido el exdelegado de la Conagua en Nayarit, Hugo Villagrán Bernal, quien fue denunciado por Sergio Rangel Cervantes, expresidente municipal de Huajicori, por una extorsión de millón y medio de pesos presuntamente cometida, entre marzo de 2013 y junio de 2016, durante su gestión en la dependencia federal.
Un día después de su detención, Villagrán Bernal salió en libertad al recurrir a la medida cautelar económica (pagó 200 mil pesos de fianza). Rodrigo Benítez, director de procesos de la fiscalía estatal, explicó que la liberación procedió porque el juez se negó a otorgar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público:
“El juez no lo consideró así, a pesar de que la detención procedía incluso de manera oficiosa, porque en este caso la extorsión que alcanzó el millón y medio de pesos, fue cometida con medios violentos, y se utilizó un arma de fuego, con el riesgo para la víctima”.
Pésimas compañías
La liberación de Villagrán Bernal no hubiera sido trascendente para los nayaritas y simpatizantes de Morena si no hubiera circulado un video del momento de su liberación, en el que aparece junto a él Miguel Ángel Navarro Quintero, el candidato al Senado por Morena y, porque los abogados defensores pertenecen a este partido.
El domingo 11 el periódico Realidades de Nayarit publicó: “Queda al descubierto la conspiración entre Navarro y Sandoval para adquirir impunidad a través de la traición a Morena”.
Militantes de ese partido aseguran que esta oscura relación es de varios años atrás, cuando Sandoval y su fiscal patrocinaban las actividades proselitistas de Navarro Quintero.
Tras la difusión de esa nota, Mayte Camarena subió a YouTube un video grabado en su coche “para exigir a la dirigencia de Morena en Nayarit (una explicación) del porqué la elección de los candidatos que nos representarán en estas elecciones”.
Prosigue: “Al ser secretaria de Finanzas de Morena, sé quiénes van al frente. Sé quiénes ocuparán un lugar en estas próximas elecciones y de verdad que me opongo. Me opongo rotundamente, no voy a permitir que a un partido que nació de gente como yo, desilusionados de otros partidos, pueda llegar gente nomás así a ocupar lugares. Estábamos esperando, que (se eligiera) según nuestros estatutos a las personas más capacitadas, gente con lealtad, gente honesta y no personajes como los que nos quieren imponer, que tienen un pasado corrupto.
“Yo Mayte Camarena, exijo que se repita la encuesta, que sé que no se hizo, y que dejen que la democracia en este partido sea la que decida; los militantes tienen el derecho de decir quién los represente. Quisiera que los militantes de este partido alzaran la voz, que digamos que no estamos conformes con las personas que van a tener ese lugar en las candidaturas a senadores y diputados. No se callen, no estamos solos, somos muchos los que estamos en contra y no vamos a permitir la dedocracia.”
Camarena no fue escuchada. Días después participó en la contienda interna por la candidatura al Senado y la perdió frente a la maestra Cora Cecilia Pinedo Alonso, priista cercana a la exlideresa del SNTE Elba Esther Gordillo.
Un mes después Camarena renunció públicamente a Morena y se fue a apoyar la candidatura de la priista Jasmine Burgarín al Senado. En conferencia de prensa señaló:
“En las elecciones pasadas de 2017, me di cuenta de que personajes de pasados más oscuros de Nayarit, quienes atropellaron los derechos de las personas, fueron los que aportaron el dinero para las campañas de algunos candidatos tanto a la presidencia, como a las diputaciones y regidurías, y a quien más se le apoyó fue a nuestro candidato a gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, fue una de las personas más beneficiadas por el dinero del narco, porque el señor Veytia sabemos que está involucrado con el dinero ilícito. Desde allí empezó a descomponerse este movimiento.
“Lo observé, callé por medio a represiones en complicidad –continuó Camarena–, porque al seguir diciéndole a la gente que creyera en el proyecto aunque yo sabía que era una total mentira, me pude haber convertido en cómplice. Ahora en nuestro partido, quien nos dirige por debajo del agua es Roberto Sandoval, uno de los hombres que ha robado más y la gente del exfiscal Edgar Veytia, uno de los hombres que más daño causó a los nayaritas.”
Batalla interna
Por su parte Alfredo González, quien el pasado 30 de mayo hizo pública su renuncia a la coordinación de la campaña de Geraldine Ponce, expuso en rueda de prensa: “Desde mi punto de vista le señalo que fui uno de los principales que se opusieron a que se hiciera equipo en conjunto con personas vinculadas con el anterior gobernador, porque la sociedad nayarita está agraviada, busca y ve en Morena una nueva esperanza para salir adelante y como lo dijo AMLO en el último debate, busca justicia, no venganza. En el proceso anterior, son los que nos cerraron las puertas. Su interés es seguir viviendo del servicio público, seguramente alguien les prometió algún cargo, o darles impunidad.
“Se me hace injusto que se señale a los compañeros que han puesto su empeño, su trabajo, su patrimonio en lograr las metas que nos exigía el CEN, y hoy se me hace injusto que digan que ese trabajo se realizó con recursos o financiado por personajes que fueron funcionarios públicos de Veytía y de Roberto Sandoval”, señaló.
En entrevista con Proceso, Alfredo González explica las alianzas “oscuras”: “Hasta 2005 Miguel Ángel Navarro era del PRI; salió cuando participó en el proceso interno para contender por la gubernatura, sin embargo, pierde frente a Ney González. En ese momento le ofrecen disputar la gubernatura por la Alianza por Nayarit, formada por el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista; acepta, pero pierde frente al mismo Ney González. En ese momento conoce a López Obrador cuando éste era jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD”.
En septiembre de 2016, prosigue el entrevistado, Navarro entró a Morena porque Pablo Galván, consejero del partido, lo propuso como candidato externo a la gubernatura. Navarro se sometió al proceso de selección a través de una encuesta y la ganó.
“Pablo Galván había militado en el PRD y en el PRI. Apoyó a Navarro desde 2005, cuando fue candidato a gobernador por el PRD. El acercamiento del candidato de Morena con Edgar Veytia y Sandoval se da precisamente en ese proceso electoral de 2017: siendo gobernador Roberto Sandoval, se niega a apoyar a Manuel Cuota, quien era el candidato de su partido, el PRI. El malestar es que Cuota pertenecía a un grupo político diferente. Por ello, tanto el fiscal Edgar Veytia como Roberto Sandoval se la jugaron con Navarro en Morena.
“La candidatura de Navarro para el Senado por Morena se amarró desde finales de 2017, cuando se hizo una encuesta y él ganó por mayoría. Éramos cuatro aspirantes: Nayar Marroquín, Alejandro Duarte, Navarro Quintero y su servidor.”
–Nadie tiene conocimiento de que se haya aplicado una encuesta –se le señala a González.
–Realmente sólo comentaron del Comité Ejecutivo Nacional de Morena que iban a realizar la encuesta, pero a ciencia cierta nadie sabe si se hizo o no, solo entregaron los resultados.
Recuerda que Hugo Villagrán se integró a la campaña de Navarro cuando éste ya era candidato a senador y lo nombró coordinador de estructura en el distrito III, del sur de Nayarit. Villagrán fue delegado de Conagua en el sexenio de Roberto Sandoval y el año pasado fue candidato a diputado por el PRI. Llegó con el equipo de Sandoval y Veytia. Navarro sumó a su equipo a funcionarios, delegados y diputados.
Acerca del video en el que Villagrán sale de la prisión acompañado de Navarro Quintero y abogados de Morena, confirma González:
“El Doctor Navarro es un candidato externo y el abogado es Juan Campos, su ahijado, es quien representó a Hugo Villagrán en su proceso y fue al penal para esperarlo a su salida.”
–De los que están en Morena, en el equipo de Navarro Quintero, ¿quiénes fueron señalados de complicidad con Sandoval y Veytia?
–Está Agustín Flores Díaz, quien fue director de Tránsito, señalado por víctimas de despojo de permisos de concesiones de servicio público, de taxis, de camiones. Fue magistrado y tiene un juicio político vigente.
Menciona también a Omar Cánovas, quien fue delegado de Profepa; Fernando Méndez, delegado de Conafe; Yani Ramírez, exdiputado federal por el PRI. y Carlos Aldate, exdiputado local, compadre de Edgar Veytia y a quien algunas denuncias lo involucran en despojos y otros delitos.
“El equipo mafioso de Veytia y Sandoval está integrado en la campaña de Navarro. Se menciona también la de Geraldine Ponce, candidata a diputada por el Distrito II, porque Navarro pidió tomar el control de su campaña, ella accedió y realizan una campaña conjunta. Él es quien la controla.”
En la campaña de Geraldine Ponce para diputada federal está Alejandro Galván, a quien señalan cercano a Sandoval y antes como proveedor de Ney González. En 2015 fue diputado por el PAN con financiamiento por Edgar Veytia y ahora es una especie de manager para Geraldine.
González sólo renunció a coordinar la campaña de Geraldine Ponce, pero aclara que continúa trabajando en el proyecto de Morena, a diferencia de Mayte Camarena.
–¿En Nayarit está pasando aquello de lo que se queja López Obrador, la mafia de poder está con Morena y son candidatos de Morena? –se le plantea.
–Sí, son los candidatos y la gente que están integrando. Por eso quise dar la cara y explicar que, si bien ellos tienen el control de los candidatos, la gente que ha trabajado en la estructura de Morena no merece que se le involucre con ellos, con los que vienen por la ambición de un cargo y por impunidad.
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"Los moches", otra bomba de corrupción que puede estallarles a Anaya y Zepeda/
ÁLVARO DELGADO
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
En su afán de impulsar sus carreras políticas a toda velocidad, la dupla que se apoderó de la candidatura presidencial del PAN –Ricardo Anaya y el dirigente de ese partido, Damián Zepeda– aprovechó el esquema de corrupción creado por Luis Videgaray como secretario de Hacienda a fin de obtener el apoyo panista al Pacto por México del presidente Peña Nieto. Y aunque las denuncias de sus correligionarios al respecto no prosperaron en instancias partidistas, las presentadas ante la PGR por probables delitos federales siguen vigentes.
Los “moches”, el mecanismo de corrupción creado en la Cámara de Diputados al calor del Pacto por México, está bajo investigación de la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) con dos prominentes imputados: el candidato presidencial Ricardo Anaya y Damián Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
La PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la sumó a otra denuncia que se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra Anaya y Zepeda Vidales por el presunto desvío de recursos públicos a empresas “fantasma”, que a su vez habrían financiado campañas políticas, como la de éste a la alcaldía de Hermosillo, en 2015.
Según la investigación de carácter penal, “Damián Zepeda Vidales desvió recursos públicos federales otorgando de manera irregular licitaciones a empresas supuestamente fantasmas, para luego aterrizarlas en apoyo a campañas políticas en el proceso electoral 2014-2015”.
La investigación, iniciada en febrero por la fiscalía especializada de la PGR, incluye las declaraciones ministeriales de dos miembros del PAN: Alejandro Arturo López Caballero, expresidente municipal de Hermosillo, y Marcos Evaristo Noriega Muñoz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) de ese ayuntamiento.
Ambos testificaron que Zepeda, en complicidad con Anaya, les propuso que el ayuntamiento, a través de CIDUE, asignara diversas obras a empresas contratistas que él determinara, porque éstas, con los recursos públicos obtenidos, financiarían campañas como la de él a presidente municipal y la de Noriega Muñoz a diputado, a lo que se negaron los dos.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-SON/0000054/2018, con las conductas de Anaya y Zepeda se podrían haber cometido delitos del fuero local y también federal, por lo que se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre los gastos de campaña del PAN en Sonora para la elección de 2015, y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR se le pidió “acreditar el flujo de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimiento bancarios”.
“Se realizarán diversas diligencias tendientes a acreditar los movimientos bancarios, a efecto de determinar si los recursos llegaron a las empresas supuestamente fantasma y si fueron destinadas a la campaña política”, establece la “prospectiva” de la investigación de la PGR que obtuvo Proceso.
Se trata de la primera investigación de la PGR específicamente sobre los “moches” que se crearon en la 62 legislatura de la Cámara de Diputados, de 2012 a 2015, cuando se aprobaron todas las reformas del Pacto por México, firmado tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y que fueron avaladas por todos los partidos políticos.
Hoy los principales implicados del PAN en los “moches”, quienes como diputados obtenían recursos federales para obras que ejecutaban empresas seleccionadas por ellos para obtener un porcentaje, son candidatos a prominentes cargos de elección popular.
Por ejemplo, cuando los “moches” florecieron, Gustavo Madero era el presidente nacional del PAN, y sus dos principales operadores eran Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, depuestos como coordinador y subcoordinador del grupo parlamentario del PAN por el escándalo de una fiesta en Puerto Vallarta, en 2014.
Pero ahora los tres son otra vez candidatos del PAN: Madero será senador plurinominal y se perfila como coordinador de la bancada, mientras que Villarreal es aspirante a presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, y Villalobos es plurinominal a diputado en Sinaloa.
Madero designó como coordinador a José Isabel Trejo, quien dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto a Damián Zepeda, allegado al entonces secretario general del PAN, Ricardo Anaya, quien en la elección de 2015 lo llevó como compañero de fórmula para la presidencia de ese partido.
Tras haber sido vencido por Anaya en la elección interna de 2015, Javier Corral acusó en Proceso a Madero y a Anaya no sólo de los “moches”, sino de que éste financió su campaña con dinero público de la Cámara de Diputados, por lo que provocó un desfalco de 21 millones de pesos que le avaló el priista Manlio Fabio Beltrones.
“Este desfalco de 21 millones de pesos lo arregló Anaya a través de Damián Zepeda, quien ahora es su secretario general. Zepeda gestionó con Beltrones una partida adicional de 30 millones de pesos de la Cámara de Diputados para cuadrar las cuentas del grupo parlamentario. No solamente fueron los 21 del desfalco, sino nueve más. Este hecho coloca al nuevo presidente del PAN en una posición de vulnerabilidad.”
–¿Ante Beltrones?
–¡Ante Beltrones, por supuesto! El presidente del PRI sabe que a los muchachos del PAN les salieron las cuentas malas y generosamente les dio una partida adicional para que el balance les diera.
Y acusó el actual gobernador de Chihuahua, aliado ahora al candidato presidencial:
“Este tipo de conductas son las que comete Anaya, no de ahora, ¿eh? Conocí en esta campaña un poco más de Ricardo y me cuentan en Querétaro que al muchacho lo deslumbra el dinero. Y ahí es donde está un gran problema” (Proceso 2025).
El esquema de los “moches” –del que formó parte Marcos Aguilar, alcalde con licencia de Querétaro capital y que es otra vez candidato a diputado federal– nunca fue sancionado por Madero, como prometió, y Anaya lo dejó también impune.
Según algunos involucrados en el diseño legislativo para que partidas de dinero público pudieran enriquecer a diputados, el artífice de los “moches” fue Luis Videgaray, secretario de Hacienda de Peña y negociador del Pacto por México, quien había sido presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura anterior.
Anaya, aval de Zepeda
La reputación de Anaya está asociada, en efecto, a que “lo deslumbra el dinero”, y el más reciente episodio de esto fue el video anónimo que circuló desde la tarde del jueves 7 y que recoge declaraciones de Juan Barreiro Castañeda, hermano de quien le compró en 54 millones de pesos la nave industrial que construyó en un terreno que él mismo le financió.
En el video, alojado en la página en internet www.casoanaya.com, Juan Barreiro afirma que la compra de la nave industrial fue una operación no sólo de lavado de dinero para enriquecer a Anaya, sino para financiar su campaña presidencial, y que su triunfo implicaba para él y su hermano Manuel hacer grandes negocios, como muchos que están bajo investigación de la PGR.
“Si queda este candidato, se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo”, afirma Juan Barreiro, aparentemente grabado con una cámara oculta y cuyos señalamientos fueron calificados de falsos por Anaya, quien atribuyó la autoría del video al gobierno de Peña.
“Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra utilizando las mismas mentiras de hace unos meses”, expresó el panista, quien reiteró que el presidente es corrupto y que lo encarcelaría.
“También me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo y ya inclusive lo dijo públicamente.”
Pero la oposición de Anaya a Peña es reciente, apenas desde la elección del año pasado en el Estado de México y Coahuila, porque antes, como en los “moches”, fue su aliado: “Se le hincharon las manos de tanto aplaudirle”, le recriminó Corral, en el debate por la presidencia del PAN.
Y sí: Anaya como diputado y presidente de la Cámara de Diputados fue un público aplaudidor de las reformas de Peña, salvo la fiscal que aprobó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su aliado en la coalición Por México al Frente, colocada en segundo lugar de la elección muy distante de López Obrador y sus aliados.
Y son los “moches” los que está investigando la PGR, a raíz de una denuncia contra Zepeda Vidales presentada en Sonora, en enero, por Gilberto Gutiérrez, presidente estatal del PRI, y otra ante la FEPADE, en febrero, de Ángel Humberto Rojas Magalón, a partir de información periodística sobre presuntos desvíos de recursos públicos a empresas que ejecutaron obras a cambio de “moches”.
La carpeta de investigación CI/HER/502 /00001-2018, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, indica que Zepeda, “con apoyo de Ricardo Anaya”, consiguió que recursos del estado fueran canalizados a Hermosillo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), cuyo titular era Francisco Arnoldo Monge Araiza, alias Pancho Platas.
La forma de operar de Zepeda era conseguir recursos con apoyo de Anaya, ejecutar obras con esos recursos a través de CECOP y, una vez que estaban concluidas, se le invitaba a la inauguración para su lucimiento como aspirante a la alcaldía de Hermosillo, que perdió, como perdió el PAN la gubernatura tras el sexenio del convicto Guillermo Padrés.
Pero la parte final del esquema era recaudar las “aportaciones” de los contratistas de obra pública para financiar el proyecto de Zepeda. Entre 2013 y 2015 se habrían desviado 700 millones de pesos y tan solo en 2014, previo a la elección, la CECOP asignó 19 obras a 10 empresas ligadas a Zepeda, por un monto de 339 millones de pesos.
En la carpeta de investigación se incluye el testimonio de Alejandro Arturo López Caballero, presidente municipal de Hermosillo entre 2012 y 2015, quien relató una reunión con Zepeda, entonces diputado federal, a mediados de 2014:
“Me informó que estaba a unos días de que se transfiriera el recurso para el desarrollo de las obras mencionadas anteriormente por parte del gobierno del estado, pidiéndome de favor mi autorización para que el gobierno del estado a su vez transfiriera al ayuntamiento de Hermosillo, para que a través de la dependencia de CIDUE y de agua de Hermosillo se ejecutaran y administraran estos proyectos. La razón principal por la que yo me negué fue porque el entonces diputado Damián Zepeda me informó con antelación que tenía pactado con diferentes contratistas y desarrolladores de obras un acuerdo para que éstos apoyaran con recursos económicos de las mismas prestaciones de servicios que se llevaran a cabo a la entonces próxima campaña donde él participaría como candidato a la presidencia municipal de Hermosillo. Incluso también me propuso que de esos mismos recursos se podía apoyar económicamente a las campañas de los diputados locales.”
A su vez, Noriega Muñoz, coordinador general de CIDUE y quien buscaba ser diputado local del PAN, declaró ante la fiscalía que se entrevistó con el entonces diputado federal Damián Zepeda, también en julio de 2014:
“Se presentó en mi oficina con el propósito de ponerme en conocimiento sobre una propuesta para llevar a cabo una relación de obras de infraestructura para el municipio de Hermosillo, quien él mismo gestionaba en funciones de su puesto. La propuesta consistía en que estas obras se ejecutaran a través de la coordinación a mi cargo, tomando en cuenta que en ese entonces existía la posibilidad de ser yo candidato a una diputación local, en ese municipio de Hermosillo. Los contratistas que llevaran a cabo las obras estarían dispuestos al apoyo económico para nuestras campañas de elección popular. Me negué a aceptar cualquier trato de esa índole.”
“Es persecución política”
Como parte de las diligencias del agente del Ministerio Público Álvaro Álvarez Hernández, adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la FEPADE, para acreditar la comisión de delitos de carácter federal, se mandó citar a los dos exfuncionarios panistas y se solicitó información a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
También se solicitó información al área jurídica de la Cámara de Diputados sobre “el cargo que Damián Zepeda Vidales ostentó del año 2012 al 2015”, y practicar una “diligencia de la Unidad Especializada de Análisis Financiero” de la PGR, “mediante el cual (sic) se puede acreditar el flujo de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimientos bancarios”.
En la carpeta de investigación de la PGR se argumenta por qué ejerció su facultad de atracción y expone que, si bien pueden haberse cometido delitos de orden local, como peculado o ejercicio indebido del servicio público, también es verdad que está implicado un partido político nacional, que es de orden federal.
La facultad de atracción que ejerce la FEPADE, explica, está prevista en el sistema procesal penal para, entre otras razones, facilitar la investigación de hechos, la defensa de los imputados, y le da mayor seguridad a cierto tipo de casos como éste.
“(Casos) en que exista influencia de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales locales, existiendo como justificación para la facultad de atracción en estos supuestos el grado de afectación y el daño social que supone el apoyo ilegal a un partido político nacional, que se constituyen en una amenaza real en la toma de decisiones gubernamentales, así como el daño que supone al interés general de la sociedad para dar seguridad al sistema de elección de nuestra nación”.
Cuando se presentó en Sonora la denuncia –que ahora es del ámbito federal–, Zepeda convocó a una conferencia de prensa en la sede del PAN, el 11 de enero, para acusar “una persecución política en el estado de Sonora de la cual estoy siendo víctima”.
Acompañado de un grupo de panistas, Zepeda afirmó que en la denuncia “están utilizando enemigos políticos personales y presionando a personas con problemas legales para declarar en mi contra” y que era una revancha por haber denunciado el desvío de recursos públicos al PRI en Chihuahua.
“Esto es claramente una estrategia de intimidación, de querer emparejar los cartones. Es seguir el librito del PRI que dice: ‘si tú me estás investigando en un estado, pues yo levanto con falsedades una investigación en otro para emparejarte los cartones’.”
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La estrategia del sueño casi imposible/JOSÉ GIL OLMOS
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
La mítica estructura priista, cuyos dirigentes estiman en 8 millones de experimentados promotores del voto, es la base de la estrategia con la que el partido del presidente Enrique Peña Nieto tratará de ubicar a José Antonio Meade en segundo lugar antes del tercer debate y eventualmente alcanzar a López Obrador. A decir del exgobernador de Oaxaca y señalado operador electoral Ulises Ruiz, el trabajo que está desarrollando la dirigencia tricolor es el de “reactivar” esa maquinaria, que bastaría para rebasar a Ricardo Anaya y derrumbar todas las encuestas con el triunfo del PRI el 1 de julio.
La dirigencia nacional del PRI comenzó a movilizarse por todo el país para rescatar a su partido de la catástrofe que ha representado la campaña de José Antonio Meade. El presidente de esa organización política, René Juárez Cisneros, anticipó que la meta es posicionar al priismo y a su candidato presidencial en el segundo lugar para el 10 de junio y a partir de entonces dar la batalla a Andrés Manuel López Obrador, una vez desbancado al panista Ricardo Anaya.
El PRI y Meade se juegan la última carta con la movilización de la estructura electoral del partido, la cual, según información interna de la dirigencia, está integrada por 8 millones de militantes y simpatizantes que estarán listos antes del 1 de julio. De hecho, Eruviel Ávila, segundo de a bordo de la coordinación de la campaña de Meade, aseguró que 86% de la estructura electoral del PRI ya está capacitada.
Los priistas confían en que ésta, que abarca todo el país, hará su trabajo de promoción del voto días antes y alcanzará más de 20 millones de sufragios en la jornada electoral, que se sumarían a los que Meade habrá de conseguir entre los indecisos.
“Simplemente con que muevan a tres cada uno son 24 millones de votos, si están los 8 millones de miembros de la estructura que la dirigencia del partido dice que existen. Estarían incluidos 1 millón de representantes de casilla, que además son promotores del voto, más los 7 millones de activistas que están repartidos en todas las secciones electorales. Si traes 86%, como comenta Eruviel Ávila, ya hay 6 millones 400 mil activistas listos, y quedan 25 días, que es muy buen tiempo para concluir”, señala en entrevista Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca y quien fue operador político en la campaña presidencial del PRI en 2006.
Estructura mata encuestas
Como no lo hicieron en los dos primeros meses de la campaña, René Juárez Cisneros y Claudia Ruiz Massieu, presidente y secretaria general del PRI, así como Eruviel Ávila, vicecoordinador de la campaña de Meade, se han dedicado a recorrer todo el país para hablar con la militancia y pedirle que salga no sólo a votar sino a defender al partido en todas las casillas y en las representaciones electorales.
El plan del PRI, según describió Juárez Cisneros en una comida con reporteros el 29 de mayo, es que este 10 de junio ya se ubiquen en el segundo lugar de las encuestas, desbancando a Ricardo Anaya.
A partir de entonces, indicó, la intención es llegar al debate el día 12 con un segundo lugar consolidado. Hasta el último día de campaña “vamos a trabajar para tratar de acercarnos, hasta donde sea posible y el día de la elección, con nuestras estructuras, con el trabajo territorial, con lo que se está generando en la ciudadanía, el voto de la reflexión, el voto del sereno, el voto inteligente, estamos con la convicción de que ganaremos el 1 de julio”.
El vicecoordinador de la coalición Todos por México, Eruviel Ávila, aseguró que, más que las encuestas, la estructura es la que se verá reflejada en la elección del 1 de julio a favor de José Antonio Meade y los candidatos tricolores.
“Hoy, después de hacer ésta y otras evaluaciones en algunos estados, yo les puedo confirmar sin duda alguna que la estructura mata encuesta y que la mejor encuesta es la que vamos a tener el 1 de julio”, expresó al reunirse con cuadros electorales del estado de Colima el miércoles 6.
El mismo día, en el Estado de México, pidió a los priistas hacer realidad el sueño de ganar. Al encuentro llegaron representantes de organizaciones y regiones mexiquenses pertenecientes al Movimiento Territorial, CNC, CNOP, ONMPRI, CROC, CTM y de la Red de Jóvenes, entre otras. Ante ellos Juárez Cisneros reconoció a la estructura electoral como el cimiento que, sostuvo, los llevará a la victoria.
La reciente estrategia parece estar acompañada por otras acciones diseñadas para golpear la imagen de Ricardo Anaya y de Andrés Manuel López Obrador.
La madrugada del miércoles 6, miles de teléfonos celulares en la Ciudad de México, Yucatán, Tabasco, Puebla, Veracruz, Baja California y Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Tlaxcala recibieron llamadas en las que se escuchaba una voz pidiendo la atención a las personas que piensan votar por López Obrador, con el argumento de que supuestamente el tabasqueño está a favor de liberar a los delincuentes y “retirar a la Marina y al Ejército del combate al narcotráfico”.
Integrantes de Morena denunciaron que incluso se descubrió que se diseñaron guiones por entidad. En Chiapas la grabación decía: “¿Sabías que López Obrador ya pactó con el Partido Verde, traicionando a indígenas de la zona más pobre de tu estado?”. En Jalisco: “¿Sabías que López Obrador pactó con el PRI Jalisco para imponer a Carlos Lomelí como gobernador y así traicionando a los electores de izquierda?”. Mientras que en Veracruz, la llamada manifestaba: “¿Sabías que López Obrador ya pactó con Duarte para ganar escaños en Veracruz?”.
Un día después de las miles de llamadas contra el candidato presidencial de Morena, a las 18 horas del jueves 7 apareció en YouTube un video y audios, que más tarde fueron enviados a varios periodistas, donde se exhibe a Juan Barreiro, hermano menor del empresario Manuel Barreiro, presuntos socios de Anaya, describiendo la operación de triangulación de millones de pesos en la compra y venta de propiedades en Querétaro para impulsar la campaña presidencial del panista.
Anaya, instalado en el segundo lugar en las mediciones de preferencia electoral, acusó directamente al presidente Enrique Peña Nieto de orquestar esta maniobra para afectar su campaña. “Me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que, cuando yo sea presidente, sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel.
“También me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo y ya inclusive lo dijo públicamente.”
“Reactivar” al partido
La preocupación entre los priistas de rescatar a su partido no es vana, pues se basa en las mediciones de los últimos seis años de al menos 11 empresas. Desde que comenzaron a definirse los nombres de los aspirantes a la Presidencia de la República, en octubre de 2017, y hasta mayo de este año, Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza, le sigue Ricardo Anaya Cortés y en tercer lugar se encuentra José Antonio Meade Kuribreña.
La preferencia de candidatos a la presidencia durante abril y mayo, de acuerdo con información de Oraculus, que saca una media de 11 encuestas distintas, la encabeza Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de hasta 26 puntos a Anaya y 30 a Meade.
El escenario para el PRI se prevé peor que en 2006, cuando se fue hasta el tercer lugar como fuerza política nacional si se toman en cuenta las mediciones sobre las votaciones para diputados y senadores. En el caso de la votación por partido, Morena se colocaría como la primera fuerza de San Lázaro con un mínimo de 136 curules y un máximo de 152. El segundo lugar sería para el PAN, con un mínimo de 80 y un máximo de 95. El PRI alcanzaría un máximo de 62 diputados y ya con el PVEM y Nueva Alianza alcanzarían hasta 105 legisladores federales.
Un panorama similar se espera para el Senado de la República. La alianza Morena, PT y PES sumaría 73 legisladores como máximo, y 51 como mínimo; la coalición PAN, PRD y MC alcanzaría 50 senadores como máximo y 28 como mínimo. En contraste, la coalición PRI, PVEM y Panal tendría máximo 40 senadores y mínimo 18.
Ulises Ruiz advierte que aun cuando en las últimas encuestas aparecen en el tercer lugar, en las próximas mediciones la posición del PRI y su candidato presidencial seguramente habrá de cambiar con las giras de Juárez Cisneros apretando y motivando al PRI.
–Existe la impresión de que se trata de rescatar al partido.
–Más que rescatarlo se trata de reactivarlo con giras de trabajo con la clase política del partido, la militancia, voto duro y el trabajo de los 8 millones de activistas. Se trata de tener lista esta estructura que no se ve en las encuestas, pero que está trabajando y promoviendo el voto. Esa es la estructura responsable para que el día de la elección esté pendiente de quienes simpatizan o militantes del partido no vayan a fallar y acudan a las casillas.
El exgobernador de Oaxaca destaca que el trabajo de Eruviel Ávila y Rubén Moreira, secretario de Organización del PRI, es fundamental para el día de la elección:
“Son expertos en estas cuestiones, es gente que tiene la experiencia no sólo porque fueron gobernadores, sino porque se han encargado de varias elecciones y saben lo importante que es la estructura del partido, de activismo político y de representación, que es la que defiende los derechos del PRI el día de la elección. Pero sobre todo la estructura de activismo, que es la que visita, incentiva, convence y asegura que el día de la elección nadie falte a votar, nadie se quede en su casa, sino que vaya toda la gente que se promovió.”
Ruiz explica que su partido tiene representantes en las 95 mil secciones electorales del país y que por cada una de éstas hay por lo menos un comité seccional que normalmente es el que gestiona necesidades de la colonia, de la comunidad o de la zona rural.
“Ellos conocen al priismo que vive en esas zonas, ubican bien y visitan a los militantes, y a los simpatizantes terminan por convencerlos para que voten por todos los candidatos del partido. En el caso de los que no son del PRI, puede que los convenza José Antonio Meade”, precisa.
Destaca que una tarea fundamental de Juárez Cisneros, así como de los coordinadores regionales, los delegados regionales y estatales, igual que de los presidentes del partido en cada entidad, es evaluar que no haya ninguna simulación en listas de simpatizantes y estén listos para la elección.
Según Ruiz esto no representa un gasto, pues los comités seccionales integran gente de las mismas colonias o zonas rurales:
“Esto te da un alto grado de eficiencia. Si existen los 8 millones de activistas, ese es el punto clave, pero se tiene tiempo para revisarlo, auditarlo y checar si es cierto. No sólo es que manden a sus tres promovidos, sino que se conforman y eso no implica mucho trabajo de movilización y de gasto: pueden promover hasta 10 personas en 25 días.”
–Parece muy fácil…
–Lo difícil es aterrizar la estructura, no es de un día para otro. Desde que arrancó la campaña se está trabajando en el programa de estructura electoral y seguramente ya hay revisiones, auditorías y confirmaciones de quienes la integran. Esa tarea también es de los candidatos en campaña.
–¿Hay confianza como para remontar y ganar?
–El PRI tiene que hacer todo para remover sus estructuras y a su militancia. Esperemos el aporte del propio candidato Meade con militantes de otros partidos, con los indecisos o switchers que están con el Peje pero pueden cambiar su opinión.
Ruiz no deja de reconocer que es una elección muy competida y que el PRI enfrenta un rechazo ciudadano debido a las políticas del gobierno, además de que existe “una generación de priistas que nos avergüenza pero que no refleja a todo el priismo del país”.
Sostiene que confía más en el ejército de 8 millones de activistas del PRI que está en las 96 secciones electorales del país, los cuales ya tienen experiencia de otros procesos electorales.
–¿Entonces esa frase de López Obrador de que este arroz ya se coció no es tan cierta?
–Bueno, ya lleva dos elecciones diciendo lo mismo… No se le vaya a pasar de quemado.
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El "candidato de Dios"/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
En opinión del especialista Elio Masferrer, Andrés Manuel López Obrador ha sabido convertir la fe en un activo político. En un país donde 95% de la población es católica o evangélica, y donde 40% del electorado prefiere votar por un creyente, las referencias religiosas del tabasqueño parecen acercarlo al triunfo. No en balde su propuesta de amnistía empata con la de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la de reconciliación y perdón, que prioriza los problemas de violencia, inseguridad, pobreza, corrupción e impunidad por sobre los asuntos relativos a la moral sexual. Según las estadísticas, remata el investigador, AMLO es “el candidato de Dios”.
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, hasta el momento lleva ventaja en las preferencias del llamado “voto cristiano”, sobre todo por tener un discurso religioso mejor definido, por conseguir el apoyo de políticos expanistas ligados a la democracia cristiana y también el respaldo de un importante sector de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas.
Además su plan de amnistía para lograr la pacificación del país –al cual intenta sumar el apoyo del papa– se inspira en el proyecto de reconciliación y perdón de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que prioriza los problemas de violencia, inseguridad, pobreza, corrupción e impunidad por sobre los asuntos relativos a la moral sexual.
Elio Masferrer Kan, especialista en temas religiosos y en las tendencias del voto creyente, asegura a Proceso: “Sin duda López Obrador es, hasta el momento, quien mejor ha construido la imagen de lo que nosotros llamamos el ‘candidato temeroso de Dios’, muy importante en cualquier elección, y sobre todo en México”.
–¿Quedan entonces muy rebasados los otros aspirantes presidenciales?
–Ricardo Anaya y José Antonio Meade simplemente resultan menos convincentes para el polo creyente del electorado. Meade, por ejemplo, le está dando énfasis al tema de la familia, calculando ganarse así a los votantes católicos, quienes hoy están más preocupados por otros problemas.
“En cambio, López Obrador lleva años construyendo su imagen de mesías, tan criticada en el sector laico pero que resulta atractiva para muchos creyentes. En el libro de Isaías, de la Biblia, hay una descripción del mesías; es el tipo humilde, desaliñado, nada fastuoso y por quien nadie da un cinco.
“Es precisamente esa imagen de modestia y honestidad la que López Obrador viene construyendo para el electorado, que ya está harto de la traición del político trajeado que llega hablando bonito y prometiendo un montón de cosas, pero que al final termina robando.
“Pero además López Obrador no sólo se dirige al votante católico, como se hacía tradicionalmente, sino también al evangélico. De ahí que en sus discursos, en términos muy generales, se asuma como ‘cristiano’. Va, pues, por el voto cristiano, que abarca a un sector todavía más amplio de la sociedad.”
En efecto, en varias ocasiones el político tabasqueño –dado a utilizar un lenguaje religioso y a mostrar estampitas de santos– ha dicho: “Cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano, en el sentido más amplio de la palabra, porque Cristo es amor y la justicia es amor”.
Masferrer –quien suele realizar encuestas sobre las tendencias del voto creyente, apoyado por un equipo de colaboradores– asegura que los católicos y evangélicos suman alrededor de 95% de la población mexicana. Y 40% del electorado prefiere votar por un candidato creyente que por uno no creyente.
Dice sobre el punto: “Nuestras estadísticas señalan que 40% de la población considera que un candidato creyente es menos ratero y corrupto porque le teme a la justicia divina. Lo consideran más comprometido con valores como la justicia y la honestidad. Para el resto de la población, las creencias religiosas no necesariamente influyen en la honestidad de los candidatos”.
Voto cristiano
Según la más reciente encuesta de GEA-ISA, dada a conocer el jueves 7, López Obrador lleva ventaja entre los votantes católicos con 44% de las preferencias; Anaya tiene 30%; Meade, 22% y Jaime Rodríguez Calderón apenas 4% del voto católico.
Y entre el electorado “protestante o evangélico” López Obrador cuenta con más ventaja: tiene 61% de las preferencias; Anaya, 17%; Meade, 17% y Rodríguez Calderón, 5%.
Entre los votantes de “otras” religiones, la ventaja de López Obrador se amplía más: alcanza 66% mientras que Anaya tiene 14%; Meade, 14% y Rodríguez Calderón, 6%.
Estadísticas aparte, Masferrer indica que el tabasqueño ya logró sumar a su campaña a representantes de la corriente democristiana que antes militaban en el PAN; menciona a los exdirigentes del blanquiazul Germán Martínez y Manuel Espino así como a Tatiana Clouthier, hija de Manuel Clouthier, quien fue candidato a la Presidencia por ese partido.
“Todos ellos provienen de la democracia cristiana, que viene a nutrir todavía más a esa vertiente cristiana de Morena”, afirma Masferrer.
Igual menciona al expanista Ricardo Sheffield, candidato de Morena al gobierno de Guanajuato; y a José María, Chema, Martínez, un político católico originario de Los Altos de Jalisco que también dejó las filas del blanquiazul para sumarse a López Obrador.
Al lado de esta corriente democristiana, Masferrer incluye a las “bases católicas progresistas” provenientes de la Teología de la Liberación y que hoy operan para Morena en varios estados.
Explica: “Por un lado, en Morena confluyen cuadros de la vieja izquierda mexicana que pueden venir de grupos marxistas. Pero ese partido principalmente se nutre de bases católicas progresistas que vienen de la Teología de la Liberación, de las comunidades eclesiales de base, de la teología india y de la antigua pastoral juvenil católica.
“Son redes de laicos católicos comprometidos que operan en varios estados y organizan al partido. La misma gente que impulsó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por el poeta católico Javier Sicilia. Y en esas redes están metidas congregaciones religiosas, como los jesuitas, y sacerdotes de la llamada opción preferencial por los pobres, como Alejandro Solalinde, quien afina el tema de la amnistía”.
Para estas bases católicas, señala, “no son hoy prioritarios los temas del aborto, la familia y otras cuestiones de moral sexual de la Iglesia, sino los graves problemas de la inseguridad, la violencia, la pobreza, la corrupción y la impunidad que se viven en México”.
Indica que estos temas también son prioritarios para los dos máximos organismos de la jerarquía católica mexicana: la CEM –que aglutina a los más de cien obispos y arzobispos– y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), donde están representadas las 400 congregaciones religiosas que operan en el país.
En efecto, en sus pronunciamientos sobre el actual proceso electoral, ambos organismos ponen énfasis en esos problemas. Por ejemplo, en su documento “Mensaje de los obispos al pueblo de Dios”, fechado el 12 de abril, dice la CEM:
“Animamos a los candidatos a la Presidencia de la República, legislaturas, gubernaturas y presidencias municipales, a conocer la realidad y escuchar los anhelos de toda la población, a aprovechar el momento para construir conjuntamente con otros, propuestas de paz y justicia, con visión a largo plazo. Nos preocupa que en las intervenciones que han tenido los candidatos en las campañas, han prevalecido las descalificaciones; se esperarían en cambio propuestas concretas de acuerdo al cargo al que aspiran en orden a aportar soluciones, con un sentido de corresponsabilidad, a problemas reales como la impunidad, la corrupción, la pobreza y la desigualdad social, la inseguridad y la violencia.”
Agregan los obispos: “Queremos contribuir a un diálogo nacional en el que se escuchen todas las voces, especialmente de aquellos y aquellas que sufren violencias e injusticias. Proponemos un diálogo abierto y propositivo entre los candidatos y la sociedad para lograr una agenda que se convierta en proyecto de gobierno”.
La CIRM, por su lado, emitió el 29 de abril el documento “Vino nuevo en odres nuevos”, donde señala que actualmente su “prioridad” está “al servicio de la justicia, la paz y la integridad de la creación, desde la cultura del encuentro, para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación”.
Señala que los problemas actuales son “desigualdad e incertidumbre económica, normalización de la violencia, miedo e indiferencia social, militarización justificada, crisis de inseguridad e impunidad”.
También lamenta el “establecimiento de situaciones de guerra, la ausencia de derechos humanos por el narcoestado; elecciones con un escenario complejo y manipulación mediática. La desaparición y cruel extinción de tantas vidas humanas”, así como la “concentración de la riqueza y crecimiento de la pobreza”.
Hace falta un cambio drástico en el país, pues “para vino nuevo, odres nuevos”, concluyen los superiores de las órdenes religiosas.
Dice Masferrer: “Por el mismo tenor están los posicionamientos de los distintos obispos en cada una de sus diócesis, o de cada congregación religiosa. Por ejemplo, los obispos de Veracruz acaban de emitir un pronunciamiento conjunto donde externan estas mismas preocupaciones.
“Hay obispos y religiosos que ven en López Obrador la única opción de cambio. ¡Claro! No lo pueden decir. La ley se los impide. Tienen prohibido externar sus posturas partidistas. Pero uno las puede inferir analizando sus discursos y pronunciamientos.”
–¿Ve coincidencias entre los proyectos de pacificación de la jerarquía católica y el proyecto de amnistía de López Obrador?
–Por supuesto. Incluso Andrés Manuel le compró su idea de amnistía a los jesuitas, quienes han encabezado procesos de amnistía en varios países, como Guatemala y Perú. Tienen mucha experiencia en el asunto. Y no olvidemos que la esposa de Andrés Manuel, Beatriz Gutiérrez, se graduó en la Universidad Iberoamericana de Puebla, un reducto de la Teología de la Liberación jesuita.
El investigador indica que los proyectos de reconciliación y perdón entre víctimas y victimarios, que el episcopado aplica en Guerrero y otros estados sumidos en la violencia, han influido en el proyecto de amnistía de López Obrador, quien además planea invitar a México al Papa Francisco para participar en la pacificación. “El candidato de Morena ya se está yendo hasta la cabeza de la Iglesia, Jorge Bergoglio, quien también es jesuita”, dice.
Una iglesia no priista
Investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y autor de Pluralidad religiosa en México, cifras y proyecciones y ¿Es del César o es de Dios?: un modelo antropológico del campo religioso, Masferrer percibe dentro de la CEM un conflicto entre la vieja corriente de “obispos del PRI” y una nueva, impulsada por Bergoglio, que hoy le apuesta a un cambio social y es proclive a López Obrador.
“En la época del nuncio Jerónimo Prigione muchos obispos se incorporaron a la élite del poder político. El PRI era el partido de Estado y los obispos representaban una religión de Estado, apoyaban a los políticos priistas. Se hacían favores mutuos”, apunta.
Recuerda que todavía en el proceso electoral de 2012 los obispos del Estado de México, encabezados por Carlos Aguiar Retes, actual arzobispo primado de México, llevaron a Enrique Peña Nieto al Vaticano, para que le presentara a su prometida, Angélica Rivera, a Benedicto XVI, en una clara maniobra episcopal a favor del PRI que tuvo amplio despliegue mediático.
“Hoy eso ya se acabó. Y en parte porque el PRI cayó en desgracia. ¡Caray! por puro pragmatismo político el episcopado hoy tiene la vista puesta en el candidato puntero, López Obrador. Y de buena o mala gana, también se ve obligado a apoyar a su base social progresista que colabora con Morena”, dice.
Las bases de las iglesias evangélicas, asegura, también son más proclives al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social (PES), éste de línea evangélica y presidido por el creyente cristiano Hugo Éric Flores.
Afirma Masferrer: “Tengo permanente contacto con grupos evangélicos y hablo con muchos de sus líderes. Desde 2006 me vienen diciendo que apoyan a López Obrador. Por ello, al ver que la mayoría de esa feligresía se inclina por él, la dirigencia del PES se acercó a Morena para conformar la alianza Juntos Haremos Historia. Hugo Éric se montó en la ola evangélica de apoyo a Andrés Manuel. No le quedaba de otra” .
Los candidatos presidenciales, resume, siempre intentan ganarse al electorado creyente mediante discursos y desplantes mediáticos, como lo hizo muy ostensiblemente Vicente Fox al mostrar un crucifijo y enarbolar un estandarte de la Guadalupana.
“Ahora, según las estadísticas, Andrés Manuel es el candidato de Dios”, concluye.
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Sinhué Rodríguez gesta un frente regional anti-AMLO/VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
Anaya ganará, dice el candidato panista a gobernador de Guanajuato, Sinhué Rodríguez. Pero de todas formas anticipa que ya trabaja en la conformación de un bloque de mandatarios frentistas para oponerse a las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador, por si es el morenista quien llega a la Presidencia. En cuanto a la oleada de violencia en la que el gobernador saliente Miguel Márquez, también del PAN, deja sumido el estado, Rodríguez se limita a prometer un giro en las políticas de seguridad.
GUANAJUATO, Gto.- Con todo y que el candidato puntero en las preferencias para la elección de gobernador, el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dice confiar en que Ricardo Anaya “dará la vuelta” a Andrés Manuel López Obrador en la votación por la Presidencia, advierte que, si triunfa éste, él forjará un bloque regional de gobernadores y empresarios “para generar un contrapeso real, muy fuerte, ante un gobierno que no convenga al país”.
Añade: “Espero que la relación con el próximo presidente Ricardo Anaya sea muy constructiva…si no (es decir, si gana López Obrador) será muy institucional”, resumió Rodríguez Vallejo, al que las diversas encuestas publicadas en el estado le atribuyen entre 33 y 52% de la intención del voto, seguido por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, el expanista Ricardo Sheffield Padilla, y el del PRI, el cenecista Gerardo Sánchez.
Este último podría incluso descender a un cuarto lugar ante la marcada división interna de su partido y el posicionamiento del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Camarena García, mientras que la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano Lujano, aparece en el último lugar de los sondeos.
Integrante “de una familia de panistas” como él mismo la define, el exfuncionario municipal, exdiputado y hasta hace unos meses titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, Rodríguez Vallejo, se prepara desde ahora para un escenario adverso al panismo:
“Con López Obrador se complica el escenario, lo vemos desde ahorita, dadas las encuestas: las inversiones se frenan, se frenan muchas cosas. Suponiendo, sin conceder, que ganara López Obrador y ganara yo, es importante comenzar a hacer una planeación regional, vernos como bloque; Guanajuato como pivote.”
En entrevista con Proceso, describe las dos visiones del estado y el país que desde su punto de vista hacen necesaria una estrategia para equilibrar la balanza:
“En Guanajuato no creemos en darle dádivas a quien no trabaja; no creemos en el proteccionismo, sino en el comercio exterior, creemos en esa apertura comercial. No creemos en la lucha de ricos contra pobres, no queremos que los ricos dejen de serlo, sino que los pobres tengan herramientas” para transformar su situación. “No creemos en darles amnistía a los criminales”, enumera el panista.
Como parte de esa estrategia –para cuyo diseño cuenta en su equipo de campaña con el exdirigente nacional del PAN Luis Felipe Bravo Mena y el exgobernador y exdiputado federal Carlos Medina Plascencia–, Rodríguez Vallejo se dice decidido a asumir un liderazgo en la región centro-occidente del país, para desde ahí trabajar en proyectos, intercambios y gestión de recursos, pero encaminada también a hacerle un contrapeso “muy fuerte, sobre todo en materia económica”, al gobierno de López Obrador.
En esta región incluye a ocho estados además de Guanajuato: Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Nayarit, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Ninguno de ellos es gobernado por Morena; Guanajuato y Jalisco son las únicas entidades que tienen elección de gobernador el próximo 1 de julio.
De esa forma, de ganar la Presidencia, López Obrador tendrá que negociar sus reformas y la planeación de presupuesto. “No olvidemos que las reformas constitucionales tienen que pasar por los Congresos de los estados. Entonces, el diálogo se tiene que privilegiar”, señala el candidato a gobernador del frente.
El candidato había dicho previamente, en un par de entrevistas, que tiene sobre López Obrador una ventaja reflejada en las encuestas: “No existe una animadversión contra (mi) persona o el partido. Cuando preguntan por quién no votarían, primero sale el PRI, después Morena y luego nosotros (el PAN).
“Cuando en las encuestas preguntan por López Obrador, sí hay un gran porcentaje que no votaría por él”, dijo al portal Zonafranca el 31 de mayo, entrevista en la que también sostuvo, “si nos vemos como región, somos una potencia”.
En su perspectiva, la alianza regional implicaría un bloque político que sumaría a gobernadores, diputados federales, senadores, congresos y sectores empresariales:
“No es lo mismo tener 14 diputados federales por Guanajuato que juntar a los de (Enrique) Alfaro –candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano–, los de Nayarit, y así sumar 100 diputados para decirle a un presidente autoritario: esa reforma no nos conviene, ese modelo de país no es el que queremos en esta región. Si lo hace la región centro-occidente, y lo hace el Norte con Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, estás hablando de un engrane muy importante.”
Rodríguez Vallejo también apunta en este engranaje a quienes prevé como ganadores de las elecciones en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, y en Puebla, Martha Érika Alonso. “Entonces se hacen estos bloques empresariales, políticos, con los que podemos hacer contrapesos reales, efectivos, ante un gobierno autoritario”, insiste.
El leonés visualiza los congresos locales de estos estados como “los últimos diques” ante las reformas constitucionales que decidiera impulsar López Obrador desde la Presidencia, “y eso nos permitirá tener como regiones posicionamientos muy claros en torno a una política económica que no nos convence”.
Los lastres de Márquez
Si gana el 1 de julio, Rodríguez Vallejo será el quinto gobernador del PAN por elección y el octavo después de tres gobernadores interinos y sustitutos que desde 1991 –con la designación de Medina Plascencia en acuerdo con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari– encumbraron al blanquiazul, que 27 años después enfrenta la peor coyuntura de seguridad en su ya largo predominio.
El gobernador saliente, Miguel Márquez Márquez, termina su sexenio marcado por la dualidad: de un lado un promisorio desarrollo económico con la atracción de inversiones extranjeras, y del otro es fuertemente cuestionado por asignaciones, contratos y adquisiciones cuya información ha reservado, generando suspicacias en las cámaras empresariales y en la sociedad civil.
Uno de estos contratos es precisamente el del Programa Escudo, asignado a la empresa Seguritech y anunciado como el mayor blindaje tecnológico frente a la delincuencia en Guanajuato. El estado solicitó un crédito para pagarlo y lo echó a andar con gran despliegue de propaganda en abril de 2014.
Cuatro años después, las estadísticas, la percepción de inseguridad y la violencia palpable demuestran la ineficacia de la inversión, que rebasó los 2 mil millones de pesos, mientras el gobierno de Márquez se apega a su discurso de que las razones de la inseguridad radican en el incremento de delitos federales como robo de combustible y robo al tren, así como la impunidad de portadores de armas de fuego.
Difieren de ello organismos como el Observatorio Ciudadano de León (OCL), cuyo presidente, Luis Alberto Ramos, reprocha que el gobernador ha desestimado el fortalecimiento estructural de las policías municipales por destinar miles de millones de pesos a la actuación reactiva de las corporaciones estatales.
“No se pudo dar este proyecto de largo plazo con la autoridad; algunas veces nos ven como enanos a la sociedad civil”, dice Ramos, y lamenta que en León, la ciudad más poblada del estado y bastión panista, se dejó de lado el capital humano –capacitación y recursos para los policías– y se ignoraron propuestas como la de crear una universidad policial y un observatorio legislativo para medir la eficacia de diputadas y diputados de la actual legislatura, con mayoría panista.
Ramos admite que Guanajuato se ve al final de este sexenio como uno de los estados con mayor inversión de industrias, pero también como el que aumentó exponencialmente el número de algunos delitos, como los homicidios dolosos.
“Márquez hablaba de Escudo como la solución; después dijo que todo estaba bien; más tarde, que vendría el Ejército, y ahora que (la inseguridad) es culpa de la federación. Hay que reconocer lo que no se hizo bien, corregir para avanzar”, indica.
El presidente del OCL califica la inseguridad pública y la reciente asignación directa hecha por Márquez a una filial del Grupo México del contrato para la construcción de un libramiento en Silao como “las manchas del fin del sexenio”. Esa obra costará cerca de 2 mil 300 millones de pesos, que la empresa recuperará con cargo a la cuota que cobrará por el uso de la vía durante 30 años.
Los mismos señalamientos los hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Jorge Arturo Sánchez Castellanos, quien criticó la opacidad y reserva con la que se otorgó el contrato a la empresa de Germán Larrea, cuyos detalles fueron clasificados como información reservada por el gobierno estatal.
A estos temas se sumó en los últimos días un anuncio más de Márquez: la venta de un predio propiedad del gobierno del estado a la iniciativa privada para construir un estadio de futbol, luego de que el municipio de León perdiera la propiedad del Nou Camp tras una desastrosa defensa jurídica ante el empresario Roberto Zermeño.
El pasado jueves 7, en Salamanca, un irritado Márquez respondió así cuando una reportera le preguntó sobre la venta del bien público para un negocio particular:
“Una vez que nos autoricen (el Congreso) es para venderlo. De entrada, yo quiero ser muy claro, se va a vender, no va a haber recurso público en este proyecto… ya nada más falta que también en esto estén jorobando, no va a haber recurso público.”
–¿Quiénes (joroban)?
–Pues algunos.
La paz, promesa rota
En cuanto al auge delictivo, la promesa de Márquez de hacer de Guanajuato el estado más seguro del país se hizo añicos, como señaló el candidato del PVEM, Felipe Camarena, quien fue procurador y secretario de Seguridad del estado en los primeros sexenios del PAN.
Datos del OCL, tomados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que entre 2012 y 2017 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se duplicó: de mil 244 millones 185 mil pesos a 2 mil 446 millones.
En 2012, al inicio del sexenio de Miguel Márquez, se abrieron mil 872 expedientes o carpetas por homicidios dolosos y culposos, pero en 2017 fueron 3 mil 378: el aumento fue de 132%.
Según dichos expedientes, en 2014 fueron asesinadas 2 mil 645 personas, y en 2017 llegaron a 4 mil 39. Y de enero a marzo del presente año ya se habían denunciado 31 mil 979 delitos en el estado.
El repunte de estos indicadores ha sido el tema en que más insisten los candidatos de oposición en sus campañas. La situación obligó al propio candidato del PAN a reconocer los pendientes y a ofrecer un “golpe de timón” si gana la elección, con medidas como la creación de una policía de gestión y una reorganización administrativa, además de duplicar el número de agentes del Ministerio Público para procesar las denuncias y llevar los casos a los juzgados.
En la entrevista con Proceso, Rodríguez Vallejo afirmó que sus propuestas se deben a que “no se están integrando con el suficiente profesionalismo las carpetas; se genera un cuello de botella e impunidad”.
Sus rivales en la lucha por la gubernatura también provienen del PAN. La coalición Juntos Haremos Historia postuló a Ricardo Sheffield, quien hasta hace tres meses pretendía repetir como candidato del PAN a la presidencia de León y que también fue diputado local y federal. Lo cobija el repunte de López Obrador, con quien Morena podría alcanzar una votación nunca antes obtenida para la izquierda en el estado, según las encuestas.
A su vez, Felipe Camarena, exprocurador y exsecretario de Gobierno, se salió del PAN cuando, a su parecer, ese partido “comenzó a hacer las cosas mal y a incurrir en las prácticas del PRI”. Ahora sostiene que el ciclo de su antiguo partido en Guanajuato está por terminar: “El PAN se cree que es dueño de Guanajuato; hay corrupción, deshonestidad. La gente está molesta”.
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Rectificación, pide la CIDH al Estado mexicano/
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
El miércoles 6, dos días después de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas dio a conocer su resolutivo sobre el caso Ayotzinapa –que echa por tierra la “verdad histórica” de la PGR–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Washington el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa, documento que enumera las múltiples inconsistencias en las investigaciones y exhibe las insostenibles versiones del Estado mexicano. A juzgar por el desaseo de las indagatorias, el mecanismo recomienda corregirlas e impulsar nuevas hipótesis.
Con un contenido apegado a estándares internacionales de derechos humanos, la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, confirma las irregularidades y deficiencias de la investigación detectadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes de septiembre de 2015 y abril de 2016.
Hasta ahora, la Oficina para el Caso Iguala de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha subsanado esas irregularidades, según corrobora el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento fue presentado el miércoles 6 en la sede de la CIDH en Washington. El evento lo encabezó la presidenta del organismo regional, Margaret May Macaulay, a quien acompañaron los comisionados responsables del MESA, Esmeralda Arosamena y Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrâo.
Para entonces ya era del conocimiento de los comisionados el contenido sustancial del resolutivo judicial del Tribunal Colegiado, con sede en Tamaulipas, dado a conocer el lunes 4, que aplaudieron y consideraron como fundamental para deshacerse de la “verdad histórica”, según la cual los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan.
Al respecto, “el tribunal la ha señalado como una verdad insostenible”, apuntó Arosamena en su intervención.
La sentencia judicial da la razón a los señalamientos del mecanismo, que durante un año revisó 400 de los 540 tomos del expediente del caso Iguala hasta noviembre de 2017, y que realizó cinco visitas técnicas y otras tantas de los comisionados, con el propósito de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los dos informes del GIEI en materia de investigación, búsqueda, atención a víctimas y medidas estructurales para evitar la repetición.
El documento fue presentado previamente a las partes –el Estado mexicano y los representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, así como a los centros de derechos humanos Tlachinollan, Agustín Pro Juárez, José Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos–, quienes hicieron aportaciones antes de la publicación.
“La CIDH nota que, en una declaración de un policía estatal, éste indica que la Policía Estatal custodiaba el basurero de Cocula desde el 5 de octubre de 2014”, dato que “no habría sido contrastado ni investigado a profundidad por las autoridades, a pesar que desde la noche del 26 de septiembre de 2014, la PGR y la fiscalía del estado de Guerrero contaban con carpetas de investigación abiertas”, indica al informe del MESA.
Y agrega: para el mecanismo “es importante que se aclare este punto, debido a que el basurero de Cocula fue descubierto oficialmente por una llamada anónima del 26 de octubre de 2014 a las 23:15 horas”.
Ese dato que resalta el informe proviene de la declaración del policía estatal Rafael Dolores Morales, quien en septiembre de 2014 estuvo comisionado en Iguala y fue interrogado el 14 de abril de 2016.
Al ser cuestionado sobre si conocía el basurero, Morales respondió: “Lo conocí aproximadamente el 5 de octubre de 2014, porque fui a llevar alimentos a los compañeros que estaban brindando seguridad perimetral en el basurero”. En el resto del interrogatorio no hay intención del agente ministerial de aclarar lo dicho por el uniformado.
Para los responsables de la elaboración del informe, el esclarecimiento de las denuncias de tortura es “crucial para la investigación”, pues, de confirmarse éstas, el hecho “podría servir para cerrar procesos penales en curso”.
El tema es central si se considera que el GIEI documentó ampliamente 17 casos de “serios indicios de tortura”. A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revisó 34 de los 51 casos analizados, en tanto que en la respuesta del Estado se habla de 53 casos bajo análisis, de los cuales sólo se confirmaron dos casos. Sin embargo, “la PGR no ha ejercido acción penal contra ninguna persona responsable”.
Lo anterior evidencia las graves deficiencias en la investigación, así como la incapacidad de la oficina especializada para atender los requerimientos del MESA, sobre todo cuando aún hay 128 detenidos –70 relacionados directamente con el caso–, y no existe una sola consignación por desaparición forzada.
Tras señalar que la razón de ser de la Medida Cautelar 409-14 –la localización de los desaparecidos y la consecuente creación del GIEI, así como del propio MESA– sigue vigente, el reporte resalta que durante el año de operación “no hay nuevas detenciones por acción u omisión de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en la noche de los hechos”.
Peor aún, las graves violaciones a derechos humanos –por lo que están siendo procesados los detenidos– “corresponden a delitos por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, contra la administración de la justicia y secuestro, y no por desaparición forzada”.
Es más, “a más de tres años de ocurridos los hechos y desde el funcionamiento del mecanismo a partir de diciembre de 2016, sólo se ha detenido a dos personas –presuntos integrantes de Guerreros Unidos– por delitos de secuestro y crimen organizado, y no por desaparición de personas. Debido a la aplicación inadecuada de los elementos de tipo que exige la ley penal mexicana, se genera una debilidad grave en la conducción de la investigación”.
El análisis del MESA destaca que, según el Estado, hay siete órdenes de aprehensión sin ejecutar y se detuvo a un jefe de la policía de Iguala en octubre de 2016, con una aprehensión pendiente de otro agente del mismo municipio, “considerado clave debido a los análisis telefónicos que ha realizado la PGR”.
También resalta los huecos que deben llenarse, como abundar sobre el testimonio de un detenido en abril de 2017, Walter Alonso de Loya Tomás, quien “brinda información sobre líneas de investigación que involucran a funcionarios de Guerrero y a militares del Ejército”.
El informe alude también al cuestionario que dejó establecido el GIEI para esclarecer la participación castrense. Este lineamiento sirvió de poco, pues en los interrogatorios de personal de la PGR a elementos del 27 Batallón de Infantería hubo “inconsistencias y ausencia de repreguntas”, por lo que tendrían que realizarse nuevas diligencias.
De esa manera, tendría que determinarse a cargo de qué dependencia estaba el Centro de Control, Comando y Cómputo (C4) en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que en declaraciones ministeriales se afirma que era manejado por militares, pero en la respuesta del Estado al mecanismo se sostiene que estuvo bajo el control de la Secretaría de Seguridad del estado de Guerrero.
Al abordar el tema de las imágenes tomadas por un soldado en el Palacio de Justicia, “en el expediente obran declaraciones contradictorias entre varios de los militares involucrados”, sin que se busque aclarar la situación, en tanto que en una revisión ministerial de la computadora del batallón donde se descargaron las fotografías el 15 de agosto de 2017, “no se obtuvo ningún resultado positivo, toda vez que, según el documento ministerial, el disco duro se descompuso y fue reemplazado”.
El mecanismo advierte que entre los asuntos a esclarecer destacan las “declaraciones ministeriales que hacen referencias a algunos miembros del Ejército, incluso denuncias de parentesco en primer grado de elementos militares con líderes del crimen organizado”.
El informe hace hincapié en las líneas de investigación que el GIEI dejó marcadas y aún no están agotadas, como ocurre con la posible participación de la Policía Federal en diferentes escenas del crimen.
El mecanismo señala que, en su respuesta, el Estado mexicano informó que el 15 de octubre de 2017 ejerció acción penal contra tres policías federales por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio púbico y contra la administración de la justicia, acción que fue rechazada por el Poder Judicial Federal.
Ante ello, el mecanismo cuestiona por qué no se les consignó por desaparición forzada si “los tres policías fueron testigos de la detención de los estudiantes en el Palacio de Justicia, de donde fueron sustraídos algunos de los desaparecidos”.
Recomienda que “toda la plantilla de policías federales activa en la estación de Iguala en las fechas en que ocurrieron los hechos… sea investigada a profundidad”, más aún cuando, de manera inexplicable, la mayoría de quienes la integraban “fue trasladada a otras unidades en el país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014”.
Para la CIDH, “es importante avanzar en las investigaciones respecto de la cadena de responsabilidades que decidió mover al personal de la estación de Iguala en momentos críticos de la investigación, así como la cadena de mando de la Policía Federal en el momento en que ocurrieron los hechos”.
Entre las fallas en materia de investigación, el mecanismo identifica las deficiencias para ejecutar órdenes de aprehensión, como las de “cinco funcionarios policiacos y ministeriales” que impugnaron la acción promovida por la PGR y ganaron el caso.
La dependencia federal litigó durante seis meses “un conflicto competencial” para consignar a nueve policías municipales de Huitzuco, a los que, entre otras cosas, responsabiliza del homicidio de tres víctimas del ataque al autobús en el que viajaba el grupo de futbol de Los Avispones. En este caso, los representantes de las víctimas se quejaron porque no se consignó al jefe de la corporación, “a pesar de los señalamientos que pesarían en su contra”.
A su vez, la PGR consignó a personas que ya están siendo procesadas por otros delitos, como ocurrió el 17 de enero último, cuando se inició el procedimiento contra 31 agentes municipales por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado; los policías fueron consignados en otra averiguación previa promovida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Además, durante el último año “se intentaron tres nuevas acciones penales referentes a 45 servidores públicos (activos o en retiro), 29 de los cuales ya se encontraban detenidos”, aunque no prosperaron.
En sus conclusiones, el mecanismo recomienda “fortalecer una nueva hipótesis sustentada con pruebas objetivas y una nueva narrativa, claves para la verdad y la justicia”. Recuerda también al Estado mexicano que “el derecho más importante de una persona desaparecida es el de la búsqueda y la recuperación”.
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La Suprema Corte meterá las manos al fuego
/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
Funcionarios federales consultados por Proceso dicen estar confiados en que la Suprema Corte revertirá el fallo del tribunal colegiado que ordenó reponer las indagatorias del caso Ayotzinapa. Sin embargo, algunos constitucionalistas advierten que al máximo tribunal del país le saldría caro intervenir en el asunto y, más aún, hacerlo con sesgos políticos.
Cuando Enrique Peña Nieto se perfilaba para terminar su gobierno con el caso Ayotzinapa “resuelto”, con sentencias por secuestro y homicidio, un tribunal federal vino a desacreditar por completo las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y emitió una resolución que metió en un brete al Ejecutivo federal y al propio Poder Judicial de la Federación.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, puso de nueva cuenta el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la atención nacional e internacional, con una resolución sin precedentes que ahora está bajo interpretaciones encontradas sobre lo que puede pasar con el caso.
El gobierno federal busca la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la resolución del tribunal colegiado que en la práctica echó abajo la “verdad histórica” construida por la PGR. Su argumento es que los magistrados violaron la Constitución al emitir un fallo que fue más allá de lo impugnado: los alegatos de tortura de cuatro detenidos.
Expertos en derecho constitucional consideran que, por ser un amparo ya resuelto en revisión, se trata de una sentencia definitiva y que, por lo tanto, al gobierno de Peña Nieto no le queda otra más que cumplirla. Afirman que la SCJN tendría que negarse a intervenir en este momento porque técnicamente no hay manera de que lo haga. De hacerlo, sería más por motivos políticos y con un alto costo internacional, advierten.
En lo que coinciden es que, aun cuando se quiera dar cumplimiento a la sentencia del tribunal colegiado, podrían abrirse nuevas controversias judiciales si se alega el impedimento de alguna de las partes para hacerlo, como podría ser la apertura de los cuarteles militares, establecido por la resolución.
Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los protocolos de la Organización de las Naciones Unidas.
De manera unánime, el viernes 1 resolvieron que la PGR debe reponer el procedimiento en el caso de al menos 20 detenidos, quienes aseguran haber sido torturados, y le pidieron al Ejecutivo crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Para su funcionamiento, se consideró que debe solicitar recursos al Congreso.
Los magistrados justificaron en los siguientes aspectos su decisión de crear esa instancia: la documentación de graves violaciones a los derechos humanos en el proceso, como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; el hecho de que en México “falta una fiscalía independiente”, y porque no se investigó la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno en los acontecimientos violentos de Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Esas horas marcaron un parteaguas para la administración de Peña Nieto. Además de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murieron seis personas y 45 más resultaron heridas en un caso que, por la concertación de autoridades y delincuencia organizada, se llevó a los organismos internacionales.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa determinaron que la Comisión de la Verdad debe estar integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación.
A la PGR sólo le atribuyen funciones de integración de las indagatorias, mientras que a los representantes de las víctimas y a la CNDH los faculta para que decidan las líneas de investigación y las pruebas a desahogar; además, les da la opción de valorar la incorporación de más organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Enojo federal
Funcionarios del gabinete de seguridad consultados por Proceso confían en que los ministros de la Corte enmendarán al tribunal colegiado y anularán su actuación, como lo hizo el máximo tribunal en 2013. En noviembre de ese año, la SCJN revirtió la resolución de un Tribunal Colegiado de Jalisco que decretó la libertad de Rafael Caro Quintero, procesado por narcotráfico y homicidio y que desde entonces está prófugo.
En el gabinete de seguridad de Peña Nieto hay molestia contra los magistrados, pero también por la actuación de la propia PGR. Algunos funcionarios consultados hablan incluso de “traición” dentro de la dependencia federal, puesto que los ministerios públicos federales adscritos al caso jamás advirtieron de la resolución hasta que el Consejo de la Judicatura Federal la hizo pública el lunes 4.
En medio del revuelo ocasionado por el fallo, la PGR aseguró que para ese momento no había sido notificada.
Las autoridades enfocan sus críticas contra Humberto Castillejos Cervantes, extitular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a quien le atribuyen la designación del actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán.
Según los funcionarios entrevistados, Castillejos ha mantenido el control de la PGR durante buena parte de este sexenio. En el gobierno anterior fue coordinador de asesores de la PGR cuando el titular era Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte a propuesta de Peña Nieto.
No cabe duda que los defensores de las familias de las víctimas le ganaron a la PGR en el litigio estratégico. No fue ninguna casualidad que, al día siguiente del fallo del colegiado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saliera a cuestionar al Estado mexicano por el mismo caso, expusieron.
La relatora especial para México de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, en efecto presentó en Washington un informe sobre el primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento que esa instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó para el caso Ayotzinapa, en particular para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la propia OEA integró para coadyuvar en las investigaciones y que terminó confrontado con el gobierno de Peña Nieto.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones del caso, a la fecha no ha llegado… a encontrar a los estudiantes”, dijo. En conferencia de prensa en la capital estadunidense, la CIDH respaldó la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Tamaulipas.
En marzo pasado, además, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expuso en Ginebra un informe en el que aseguró que al menos 34 de los acusados por la PGR fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y entregados al Ministerio Público federal más de 24 horas después de su detención. Refirió, además, la existencia de una ejecución extrajudicial.
Los integrantes del gabinete de seguridad consultados por este medio indican que la sentencia del colegiado no se puede acatar porque los magistrados suplantaron al Ministerio Público federal con la Comisión de la Verdad. Al igual que lo dicho por la PGR en una primera reacción al fallo, refieren que el colegiado violó la división de poderes al quitarle a la PGR la facultad de investigación de los delitos que le da el artículo 21 de la Constitución.
En un breve comunicado, la PGR declaró el lunes 4 que, ante las denuncias de tortura origen del fallo del colegiado, tiene abiertas diversas carpetas de investigación que incluyen peritajes independientes conforme al Protocolo de Estambul, la práctica internacional para investigar posibles actos de tortura. También aseguró que sigue incluso líneas de investigación recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los funcionarios que accedieron a hablar con este semanario van más allá y aseguran que los magistrados “se extralimitaron” porque los amparos tenían que ver con las quejas de tortura por parte de cuatro de los 130 detenidos que hay por la desaparición forzada de los estudiantes. “No le dieron derecho de audiencia a la PGR y, sin embargo, resolvieron asuntos que no les estaban planteando”.
Cuestionan si los magistrados o el autor de proyecto conocieron todo el expediente para echar abajo lo hecho por el Ministerio Público federal en más de tres años de investigación: “Es –afirman– el expediente más voluminoso en la historia de la PGR: 200 mil fojas con más de 150 pruebas periciales”.
Lo que hasta ahora se perfilaba como consignaciones contra los responsables por secuestro y homicidios, se podría reclasificar en delitos de desaparición forzada en una resolución como la del colegiado, con lo cual se establecería responsabilidad al Estado mexicano, que es lo que siempre han pedido los familiares de los normalistas y sus patrocinadores, indican.
Y aseguran que, de acuerdo con la experiencia internacional, las comisiones de la verdad son órganos temporales creados por los gobiernos para constatar hechos “que no tienen carácter judicial” en la investigación de abusos de los derechos humanos, aunque pueden ser auxiliares del Ministerio Público.
En cuanto a lo resuelto por los magistrados, funcionarios consultados explican que el Protocolo de Minnesota (modelo para la investigación de ejecuciones extraordinarias o sumarias recomendado por la ONU) y la creación de comisiones indagatorias les corresponde a los gobiernos.
Añaden: En este caso, los magistrados quedan supeditados a lo que decidan los familiares de las víctimas y la CNDH, lo cual es “aberrante” porque en el nuevo Sistema de Justicia Penal el Ministerio Público debe tener plena autonomía técnica y no puede estar sujeto a indicaciones de cómo debe resolver los casos.
Sin ocultar su enojo, puntualizan: hay que ver si el secretario de la Defensa Nacional permite que “guerrilleros” entren al cuartel del 27 Batallón de Infantería.
Sentencia definitiva
Según especialistas en derecho constitucional, la resolución no tiene precedentes porque fue más allá de lo que se conoce como “amparo para efectos”.
La sentencia otorgó la protección de la justicia a quienes se quejaron de haber sido sometidos a tortura, entre ellos Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos, grupo delictivo al que la PGR responsabiliza de la desaparición de los normalistas con el apoyo de policías municipales de Iguala y Cocula.
Ireri Elizabeth García Ramos, socia del despacho en derecho constitucional Arteaga, García y Olvera Abogados, encuentra fundamento en la resolución de los magistrados en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011; como parte de ella, en el artículo 1 de la Constitución se estableció que toda autoridad tiene la obligación de proteger los derechos humanos para que el Estado investigue, sancione y repare esas violaciones.
“Como aquí hay graves violaciones a los derechos humanos, el tribunal colegiado le está pidiendo a la CNDH que investigue esas violaciones de acuerdo con sus obligaciones constitucionales”, explica la también profesora de la Escuela Libre de Derecho.
“Estamos ante una resolución definitiva porque no es un amparo en revisión. La Corte no tendría que intervenir por ahora. Lo podría hacer después en otro momento procesal”, puntualiza.
Sergio Charbel Olvera Rangel, socio del mismo despacho especializado, profesor universitario y asesor en la Asamblea que creó la Constitución de la Ciudad de México, afirma que la sentencia ya no se puede revertir y que la SCJN no la puede revisar, porque el Poder Judicial les ha dado a los tribunales colegiados la facultad de resolver en definitiva amparos en revisión, como fue el caso.
La Corte podría intervenir, acota, si hay imposibilidad de cumplir la sentencia. “Una cosa es la sentencia y otra es que se pueda ejecutar. Pero en este caso no veo imposibilidad técnica, financiera o humana para que no se cumpla”. Y aunque la Corte interviniera, dice, ya no podría modificar el fallo.
Explica que en la Corte hay criterios contradictorios respecto del alcance de resoluciones de los jueces en materia de amparo. Uno es que éstos no pueden aplicar medidas como lo hace la CoIDH, pero otros apuntan a que en el sistema jurídico mexicano es posible la reparación integral conforme a los tratados internacionales de los que México forma parte cuando hay violaciones a los derechos humanos.
Olvera Rangel hace notar que la SCJN pudo atraer el recurso de revisión, como lo hizo en el caso de Florence Cassez. “Tal vez no quiso o desconocía cómo venía el fallo. El hecho es que no lo hizo y estalló la bomba. Ahora la comunidad internacional estará pendiente hasta dónde y cómo el gobierno mexicano va a cumplir esta sentencia”.
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Intacto, el equipo que validó la "verdad histórica"/MARCELA TURATI
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
Funcionarios que validaron la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron removidos de la Unidad de Servicios Periciales de la PGR, “quemados” por el caso Iguala. Sin embargo, siguen trabajando en otras áreas de la procuraduría, en tanto que la unidad de la que salieron se hunde en la inoperancia con funcionarios sin experiencia, sin personal para cubrir la sobrecarga de trabajo, sin capacitación y sin recursos ni insumos para desempeñar sus tareas en apoyo del Ministerio Público Federal.
El grupo que desde la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) validó la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión externada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y por el jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón, y desmentida por instancias nacionales e internacionales, sigue activo en la institución.
Pese a que tres procuradores han pasado en este sexenio por la PGR, hoy encabezada por un interino, no hubo una depuración real: a raíz de la remoción de Zerón los directivos que se encargaron de validar “científicamente” las pruebas –como la supuesta quema de los estudiantes en el basurero de Cocula o las confesiones de los presuntos asesinos– fueron camuflados dentro del organigrama con otros cargos directivos y siguen encargados de identificar personas desaparecidas o certificar casos de tortura.
Sara Mónica Alegría y Mauricio Cerón Solana, los dos funcionarios de alto nivel que salieron de Servicios Periciales cuestionados tras los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y un informe preliminar de la visitaduría general de la PGR –que no se dio a conocer–, se dedican ahora a asesorar a sus suplentes y dan cursos sobre búsqueda de desaparecidos a futuros técnicos forenses.
Tanto Cerón –captado en video durante una visita ilegal al río San Juan, con un hueso en la mano, justo un día antes del “hallazgo” de ese hueso del normalista Alexander Mora– como Mónica Alegría –excoordinadora general de Servicios Periciales y quien usó su área pare defender las “verdades” de Zerón, de Murillo Karam y de su sucesora, Areli Gómez– dictaron cátedra en el congreso nacional Las Ciencias Forenses Aplicadas a la Identificación de Desaparecidos: Porque Todos Tienen un Nombre, el 15 y 16 de julio de 2017 en el Centro Médico Siglo XXI.
Junto con su equipo –entre ellos, personal de la PGR– enseñaron cómo se debe buscar a personas desaparecidas. Entre los asistentes y promotores del curso estaba Anselmo Apodaca, sucesor de Alegría.
Pese a que la PGR anunció cambios en la Unidad de Servicios Periciales, que se encarga de apoyar al Ministerio Público Federal con evidencia científica para resolver casos de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes atroces, aquella sigue operando de manera deficiente: mantiene a los directivos “quemados” por Ayotzinapa y contrató a algunos nuevos sin la experiencia requerida, carece de personal para cubrir la sobrecarga de trabajo, no brinda capacitación constante y de calidad a sus funcionarios y escatima en recursos e insumos para que realicen su trabajo.
Ese es el panorama dibujado por diversos empleados de la Unidad de Servicios Periciales consultados por Proceso.
Los entrevistados aseguran que con el maquillaje exprés que se quiso dar al área, más que avances hubo un retroceso. Por ejemplo, la nueva Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) –creada en enero tras las quejas de organizaciones de derechos humanos, la ONU y la CIDH sobre el extendido uso de la tortura como método de investigación criminal– sigue usando al mismo personal de Servicios Periciales, no siempre experto y sí sobrecargado de trabajo.
Hasta septiembre de 2017 su rezago era de más de 2 mil casos. Sólo en la fase de mecánica de lesiones (una de las tres por las que debe pasar cada caso) había mil 95 expedientes atorados.
“Con el doctor Eduardo González Mata (exdirector de Especialidades Médico Forenses) el diagnóstico era que se necesitaban 100 médicos y 100 psicólogos para acabar con el rezago de carpetas de tortura, y ya se tenían aprobados y capacitados a 50 psicólogos y 22 médicos. Pero cuando se vinieron los cambios, y en su lugar quedó el doctor Anselmo Apodaca, únicamente contrataron a cinco psicólogos y cinco médicos para esa área, y menos de la mitad tienen experiencia; los demás fueron enviados a áreas administrativas.
“A la directora general (Margarita Montaño Soriano, sustituta de González Mata) se le hizo fácil acabar con el rezago dando a cada médico 100 casos y dejó los demás al personal que ya tenía sobrecarga. Así funciona la FEIDT, con los mismos de antes y con nuevos con poca experiencia”, dice a Proceso un funcionario de esa unidad, quien habló a condición de mantener el anonimato, por miedo a represalias. Otros confirmaron lo dicho.
Este diagnóstico toma relevancia a partir de la decisión de un tribunal federal que, la semana pasada, pidió a la PGR reponer el procedimiento de 20 de los detenidos por el Caso Ayotzinapa que aseguran haber sido torturados para autoincriminarse, y porque Servicios Periciales no actuó de manera independiente al evaluar la tortura.
Además determinó que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exigen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos de la ONU”, y ordenó crear una Comisión de la Verdad que lo investigue.
Los magistrados avalaron también el informe que en marzo pasado presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, titulado Doble injusticia, que encontró tortura en al menos 34 de los detenidos por la PGR en los que basa su “verdad histórica”.
Dicho informe fue rechazado por el gobierno mexicano con agresivo lenguaje diplomático.
Mecanismos de la impunidad
A partir de las investigaciones independientes de organismos internacionales que comenzaron a desnudar la versión de la PGR sobre el destino de los normalistas, esa dependencia anunció la salida de la química Alegría Medina, quien era incondicional de Zerón y a quien se señalaba desde antes por mala práctica en casos como la masacre de los 72 migrantes en San Fernando y la matanza de Cadereyta. Pero su equipo de trabajo continúa coordinando áreas clave.
A partir de la solicitud de transparencia con folio 1700100000418, sobre los cambios en la Unidad, y de información interna, se desprende que Gildardo Cruz Velazco, quien fue director de Laboratorios Criminalísticos –donde se coordinan la áreas Genética, Identificación, Criminalística, Fotografía, Balística y Química–, es ahora director del Laboratorio de Química Forense.
Héctor Enrique Osorno Magaña, quien era el encargado de incendios y fue el responsable de los controvertidos dictámenes del basurero de Cocula –donde supuestamente habrían sido calcinados los 43 normalistas–, ahora es director de área de Telecomunicaciones e Ingeniería.
En Medicina Legal Forense está Iván Mosqueira, elegido por Alegría para la Comisión Forense. Ángel Martínez, aún jefe de departamento, es señalado como quien no supo gestionar los casos de tortura para que no se acumularan.
Martha Acela Valdez González, directora de Biología Molecular, encargada de llevar los restos de los huesos encontrados en el río San Juan al laboratorio de Innsbruck, y en cuya área falsearon los resultados y anunciaron que eran de un segundo normalista –lo que luego fue desmentido por el EAAF–, y que retrasó los estudios a las ropas de los normalistas, sigue en el área de Genética, pero sin hacer labores periciales.
Dentro de la unidad se sabe que Alegría sigue asesorando a su sucesor, Apodaca, quien promueve los cursos que ella imparte. A ella se le vio en los festejos del pasado aniversario de Servicios Periciales.
Manuel Cerón, quien a pesar de ser personal administrativo apareció en Iguala con Tomás Zerón, en apariencia sembrando el hueso de Alexander Mora, da cursos junto a su exjefa y, dicen los entrevistados, trabaja en la procuraduría capitalina.
Otra integrante del equipo que permanece en su puesto es la odontóloga forense Yoshiko Cerón, que los acompaña a dar capacitaciones como la del Congreso Nacional de julio de la organización Interjurídicas.
Apodaca es señalado por los entrevistados como el que detuvo los cambios que estaban por aplicarse en Servicios Periciales para el mejoramiento del área: organización interna, contratación de personal capacitado para torturas o creación de panteones especializados en personas no identificadas.
Apodaca designó a Montaño Soriano directora general de Especialidades Médico Forenses; a ella los empleados la acusan, en documentos internos, de trato prepotente y de no contar con los estudios para el cargo. Su currículum, obtenido por una solicitud de información, muestra que ella es cirujana con maestría en pedagogía. No tiene otra especialidad.
“Con Apodaca sigue incrustado el grupo de Sara Mónica y ellos desplazaron a gente con experiencia y servicio profesional de carrera para contratar a gente sin experiencia ni perfil, como Montaño, y mantuvieron a los que hicieron daño. Ahora lo que quieren es colarse en la nueva fiscalía, pero nosotros queremos una evaluación seria de trayectoria”, señala uno de los entrevistados.
Deficiencias en dictámenes
de tortura
Sobre el funcionamiento del área encargada de revisar los casos de tortura, por la cual el tribunal pidió la reposición de proceso de 20 detenidos por el caso Ayotzinapa, uno de los funcionarios entrevistados explica a Proceso las fallas:
“Cuando nos llega una petición del Ministerio Público, nos solicita información y nos dice que hagamos mecánica de lesiones y apliquemos el protocolo especializado en tortura. Los casos se iban asignando como iban llegando. Íbamos atrasados en 2 mil peticiones, y una petición puede tener hasta 15 personas (a examinar), pero cada persona es un protocolo único. Por la cantidad de trabajo se pensó crear la fiscalía, porque hay riesgo de que venza el plazo especificado por la ley y, por el retraso, los detenidos salgan libres o que se pierda evidencia, si es que fueron torturados.”
El rezago es tal que los detenidos que alegan tortura tienen que esperar hasta un año para que los vea un especialista. Si alguien se retrasa en entregar su dictamen, porque quedó atrapado en los laberintos de la burocracia, tiene que pagar multas de hasta 5 mil pesos de su salario.
“La señora (Montaño), para bajar el rezago, mandó a los recién contratados directo a hacer dictámenes de tortura, aunque es sumamente especializada; tienes que haber visto muchas lesiones para poder definirlas y muchas veces el paso del tiempo las borra. Pero lo hacen sin capacitación ni supervisión y sin paleta de colores para que homologuemos hasta el color de cada lesión”, indica.
Tras estas entrevistas lo que resuena es la queja generalizada de las limitantes de Servicios Periciales: falta capacitación especializada y de calidad, equipamiento, instrumental básico, seguros contra contagios, bonos por riesgo, máquinas con programas adecuados, computadoras, espacio físico, personal, terapias psicológicas, viáticos, buena coordinación, directivos experimentados…
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Se queda sin evidencias la desaparición de normalistas
PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
La creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia y la reposición del proceso jurídico del caso Ayotzinapa, ordenadas por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, enfrentarán múltiples limitantes, como la desaparición de evidencias.
Ya no se podrán realizar otra vez diversos peritajes dados a conocer en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que culminó con la polémica “verdad histórica” con la que intentó detallar lo ocurrido a los 43 normalistas de Guerrero, desaparecidos en diversos hechos violentos de septiembre de 2014.
De acuerdo con peritos del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) consultados por Proceso, existe el riesgo de que muchos de los rastros del caso ya estén alterados o manipulados porque no hay certeza de que permanezcan resguardados por la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR conforme a lo establecido por el Acuerdo A/009/2015, que estipula lineamientos y criterios para el registro de la cadena de custodia de indicios.
Los peritos entrevistados, quienes a condición de no publicar su identidad revisaron la resolución de los magistrados, explicaron que las muestras del caso Ayotzinapa están almacenadas en un salón que la PGR improvisó como bodega, la cual carece de instrumentos para el control de temperatura y humedad óptimas que eviten su descomposición.
Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez Tánchez resolvieron que se debe reponer el proceso de Gildardo López Astudillo, El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Cheque, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos, organización delictiva que, según la PGR, es responsable de la desaparición de los estudiantes.
En el polémico e histórico fallo los magistrados determinaron que “cualquier agente del Ministerio Público de la Federación, peritos y demás personal ministerial que haya actuado dentro de las investigaciones previas relacionadas al contexto integral del caso Iguala, se encontrará impedido para seguir conociendo o participando de la indagatoria”.
A decir de los responsables de la resolución, ésta se emitió “debido a que en México, lamentablemente, no contamos con una fiscalía independiente”.
Así que cuando eligieron el mecanismo a implementar para el caso, con el fin de contrarrestar y superar los defectos de la investigación de la verdad histórica, se consideró necesario que los familiares de las propias víctimas sean quienes dirijan las pesquisas contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Según la PGR, los restos de los cuerpos de los 43 normalistas fueron arrojados en el río San Juan después de haber sido calcinados en el basurero de Cocula, lugar donde se halló una bolsa negra que contenía material del que se pudieron extraer las muestras óseas que permitieron a la Universidad de Innsbruck analizar e identificar al normalista Alexander Mora Venancio.
En la versión pública del expediente, dada a conocer el 10 de octubre de 2015, en el tomo 71 a partir de la foja 342 se encuentra el dictamen emitido por la Universidad de Innsbruck. En él se menciona que muchos de los indicios no resultaron aptos para análisis y que en otros se obtuvo una cantidad mínima de ADN nuclear que no sirvió para obtener algún perfil genético. Sólo una muestra sirvió para identificar al joven Mora; por lo tanto, ya no es posible hacer un segundo análisis para descartar o confirmar el resultado.
En la versión oficial del expediente del caso Iguala también se habla de una credencial de la normal rural Raúl Isidro Burgos a nombre de Bernardo Flores Alcaraz, encontrada dentro de un autobús.
Una parte de la mica tenía restos de sangre. Los peritos consultados por este semanario explicaron que no pudieron localizar un dictamen del perfil genético que contenía la muestra. De haber sido realizada, los indicios ya pudieron agotarse o están alterados en el almacén donde se encuentran: un sitio sin control de temperatura ni de humedad.
Los expertos explican que otras muestras irreproducibles son los restos de explosivos, sustancias acelerantes del presunto incendio del basurero de Cocula, restos biológicos y elementos dentales aislados.
En el tomo 15, foja 21, hay un dictamen de criminalística de campo; desde la foja 27 a la 35 se describen todos los indicios que se recolectaron en diversos cuadrantes en los que se dividió el basurero de Cocula, la mayoría de ellos ya inservible –según expertos–, como fragmentos de cabello y tejido óseo quemado, entre toda una serie de residuos biológicos.
Más indicios perdidos
En el Tomo 84, fojas 003 y 004, está un dictamen químico –con fecha del 23 de diciembre– realizado a cinco restos de neumáticos, a petición del Ministerio Público federal (Proceso No. 2033).
En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014 se solicitó “determinar los cambios físicos y químicos que fueron provocados con motivo de la combustión a la que fueron sometidos los neumáticos, a partir de su estado físico original, debiendo determinar la temperatura a la cual fueron sometidos y el tiempo utilizado para llegar al estado físico al momento de su levantamiento”.
En el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7816 /2014 se pidió buscar residuos de gasolina o diesel en dichos indicios de llantas. En su primera conclusión, contenida en la foja 5 del dictamen, se notifica al Ministerio Público que “el laboratorio no cuenta con la infraestructura para realizar este tipo de análisis” y se sugiere que las muestras sean enviadas a instalaciones en el extranjero.
A la segunda petición del Ministerio Público se responde que “se identificó caucho, fierro y carbón, componentes fundamentales de las llantas”, pero “no se identificó el perfil característico de diesel ni de gasolina”.
En el dictamen, fojas 020 y 022, los peritos anexan gráficas de un perfil de referencia característico de la gasolina y otro del diesel. Esta caracterización no se encuentra en ningún otro peritaje contenido en la versión pública.
Sin embargo, en el Tomo 83 (fojas 846 a 878) aparece un documento elaborado el 15 de enero de 2015 por los peritos en incendios y explosiones de la PGR Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos. Se llama “Dictámenes periciales del basurero de Cocula, APPGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015”.
En el punto III.3 Soto y Moreno afirman que, tomando en cuenta la conclusión del dictamen de química forense con número de folio 80176 elaborado por peritos de la PGR –resumido anteriormente–, “puede determinarse que los acelerantes del fuego que menciona el dictamen de química corresponden a una mezcla de hidrocarburos del tipo gasolina o diesel”.
Ambos peritos en incendios y explosiones determinaron lo anterior, aunque el laboratorio de química expuso el 23 de diciembre de 2014 (en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-B/7799/2014) que carecía de la infraestructura necesaria para realizar dicha prueba.
No obstante, los peritos de la PGR insistieron en concluir: “El incendio en el basurero se debió a la acumulación “deliberada” de neumáticos a los que se les vertió un acelerante del fuego correspondiente a una mezcla de hidrocarburos del tipo de gasolina y diesel”.
El problema para corroborar los resultados descritos, coinciden los entrevistados, es que esos análisis son irrepetibles.
Everardo Moreno, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, expone que la resolución de los magistrados “es ilegal, aberrante, fuera de todo lugar. Los señores magistrados toman facultades que no tienen”.
En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme el fallo
de los magistrados se tendrá que reponer el proceso judicial. Sin embargo, ¿cómo se repondrá ese proceso, si algunos peritajes ya son imposibles de realizar?, se le pregunta.
“No sé qué pueda suceder. Por eso le digo que es una resolución contraria a nuestro marco jurídico”, agregó.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, asesor de los padres de los normalistas, habla sobre los peritajes que no es posible volver a realizar:
“Finalmente, hay lugares donde las evidencias ya se perdieron. La situación es completamente complicada porque vemos que esta sentencia termina con el mito de la ‘verdad histórica’, pero también nos indica que la intención del gobierno era cerrar el caso y cerrar la administración sin este lastre encima (…) eso nos indica la posibilidad de que pudiera no saberse realmente cuál fue el destino de los estudiantes.”
Agregó que les preocupa que la resolución de los magistrados le abra la puerta a los detenidos que lograron el amparo para reponer su proceso.
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Petro, López Obrador y el nuevo progresismo latinoamericano/
RAFAEL CRODA
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
Gustavo Petro, exmilitante del M-19 y candidato presidencial de la izquierda colombiana –y quien podría dar una sorpresa el domingo 17–, habla de él y de Andrés Manuel López Obrador como los representantes del progresismo latinoamericano; es decir, una izquierda alejada de los anacronismos de la Guerra Fría y más enfocada en el combate al cambio climático, “la lucha entre las políticas de la vida, que apuntan a proteger nuestros recursos, y las políticas de la muerte, que son depredadoras”. Y abunda en la necesidad urgente de atacar el problema del narcotráfico con políticas que no sean dictadas desde Washington.
BOGOTÁ.- El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro cree en la posibilidad de que el progresismo latinoamericano ligue dos triunfos en las próximas semanas –el suyo en Colombia y el de Andrés Manuel López Obrador en México– y asegura que “un escenario de ese tipo tendría un profundo impacto” en la región.
Pero, afirma Petro en entrevista, más allá de los resultados electorales, el sólo hecho de que López Obrador tenga “tanta fuerza” en México y él en Colombia “nos hace pensar en que ya está en construcción un eje del nuevo progresismo latinoamericano”.
Para el candidato presidencial de Colombia Humana, las relaciones entre su país y México son “fundamentales” para la región, porque en ambos países se expresa con claridad “el fracaso de la política antidrogas de Estados Unidos, que no les ha servido ni a ellos ni a nosotros”.
Por ello, el exguerrillero del M-19 y exalcalde de Bogotá propone “una discusión continental seria para analizar las razones de ese fracaso” y perfilar una estrategia antidrogas independiente de Washington.
Esto, agrega, “es vital para nuestros países, porque si no lo hacemos así, a Colombia y a México se los va a llevar la guerra antidrogas”.
Considera que se requiere “una nacionalización de la política antidrogas con un objetivo: reducir el poder de las mafias”. Y en ese sentido, alerta que la creciente presencia de los cárteles mexicanos en Colombia es un factor desestabilizador porque “con su poder económico están financiado a los ejércitos privados del narcotráfico, los están armando muy bien”.
Según Petro, los cárteles mexicanos “están armando a los actores de la nueva guerra que está surgiendo en Colombia” después de la firma de la paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora convertida en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Por eso, señala el exsenador y economista con estudios de posgrado en Bélgica, “la relación entre México y Colombia tiene que volverse muy estrecha y de mucha colaboración”. Y “ojalá que el reforzamiento de esta relación ocurra con López Obrador como presidente de México y con Petro como presidente de Colombia”, agrega.
Cuesta arriba
En los comicios del pasado 27 de mayo, Petro fue el segundo candidato con mayor respaldo, con 25.08% de los votos. El derechista Iván Duque, “delfín” del expresidente Álvaro Uribe, fue el puntero, con 39.14% de los sufragios. Como ninguno de los dos obtuvo la mitad más uno de los votos, ambos pasaron a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo domingo 17.
Con eso, el candidato de Colombia Humana hizo historia al convertirse en el primer aspirante izquierdista en pasar a la segunda ronda.
Según los sondeos, en la segunda vuelta Duque obtendría entre 52% y 55% de los votos, mientras que Petro se quedaría con entre 34% y 35%.
El candidato progresista, considerado por parte del país como un político de “extrema izquierda”, aunque él no cree en esa geometría política, espera remontar esa desventaja atrayendo a los electores que piensan votar en blanco (14%, según la firma YanHaas) y a los indecisos.
“Mi objetivo es ganar y hay una ciudadanía independiente en Colombia que se está expresando en ese sentido”, señala Petro, quien en los últimos días ha hecho guiños a los votantes de centro, como descartar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, si gana los comicios.
Pese al nuevo discurso, más conciliador y moderado, que ha adoptado en la recta final de la campaña, el candidato de Colombia Humana no tiene, como Duque, el respaldo de los grupos económicos del país, ni los mismos espacios en los medios que tiene el derechista. Sus opositores lo acusan de que expropiará bienes de empresarios y que llevará a Colombia a un modelo económico y político autoritario, similar al de Venezuela.
“No le voy a hacer la guerra a los magnates ni los voy a expropiar, pero deben entender que el país no puede subordinarse a ellos”, señala Petro.
Su condición de exguerrillero hace que seguidores de Duque lo tachen de “asesino y terrorista”, aunque él asegura que su trabajo en la insurgencia del M-19 –que firmó la paz con el gobierno en 1990– fue político y nunca empuñó un fusil.
También le critican su gestión como alcalde de Bogotá (2012-2015) y ponen en duda su capacidad para ejecutar las ideas que con tanta elocuencia y poderosa oratoria suele exponer.
Él defiende sus buenos resultados en Bogotá en materia social y destaca que su administración estuvo exenta de escándalos de corrupción. Durante su gobierno, además, se redujo la criminalidad en la capital del país.
Como representante (diputado) y senador, cargos que ocupó entre 1998 y 2006, Petro se caracterizó por denunciar casos de corrupción de altos funcionarios –sin importar que fueran de su propio partido– y por destapar los nexos entre paramilitares y cercanos colaboradores del entonces presidente Uribe.
Su historial de denuncias contra poderosos personajes de las élites políticas y económicas colombianas hacen que Petro sea visto por estudiosos de la política como el candidato del cambio.
Juan Carlos Rodríguez Raga, profesor de la Universidad de los Andes, comentó en su cuenta de Twitter: “Me parece que nunca antes en la historia reciente, quienes creen que el status quo político es ineficaz, clientelista y corrupto, habían tenido una oportunidad tan clara de cambiarlo”.
En el peor de los casos, agregó, Petro “sería un mal gobernante”.
La izquierda fósil
Según Petro, quien busca erradicar la pobreza extrema y reducir la inequidad en el campo para cerrarle el camino a la violencia, el nuevo progresismo que se abre paso en Latinoamérica está llamado a poner el acento en el desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la paz y la erradicación de la violencia.
“Esta corriente progresista”, dice, “viene en ascenso en México, con López Obrador; en Colombia, con el movimiento Colombia Humana (que lo postula a la Presidencia), y en países como Perú, con Verónika Mendoza (excandidata presidencial y líder de Nuevo Perú) y Brasil (donde el exmandatario socialista Lula da Silva encabeza los sondeos, pese a estar detenido acusado de corrupción)”.
Es, afirma, un eje que pasa por la Ciudad de México, Bogotá, Brasilia y Lima. “Sería un progresismo que daría un nuevo rostro a Latinoamérica”, asegura.
Y señala que el sello de esa corriente política, al margen de que sus líderes lleguen a ser presidentes de sus países, es “su apuesta por la vida, no por la muerte, como ha venido ocurriendo hasta ahora”.
Petro, de 58 años, sostiene que el núcleo de su programa de gobierno es la lucha contra el cambio climático: “Esa es la principal estrategia de desarrollo y eso significa que ya no podemos ver el mundo y nuestra región en el esquema de izquierdas y derechas, como en el siglo XX, sino en la lucha entre las políticas de la vida, que apuntan a proteger nuestros recursos, y las políticas de la muerte, que son depredadoras”.
Para Petro, el nuevo progresismo latinoamericano tiene diferencias muy claras con la izquierda que llegó al poder en la región la década pasada: “Rompe con la división del trabajo que nos ha asignado el papel de simples exportadores de materias primas. Significa, además de la protección de nuestros recursos naturales, ser autónomos, independientes de las fuerzas del mercado en el mundo y tener una base productiva sustentada en el conocimiento, en el saber y en la educación”.
Esto, dice, “es algo que ya hicieron Corea del Sur y los países del sudeste asiático, incluida China”.
De acuerdo con el candidato de Colombia Humana, la izquierda tradicional latinoamericana “se mueve en otra dirección, en la dirección de lo que yo llamo el progresismo fósil, que se basa en la explotación de recursos naturales como petróleo, carbón, gas natural y todo tipo de materias primas”.
Dice que en los últimos 15 años, con el denominado “giro a la izquierda” en la región, los gobiernos de esa corriente política aprovecharon el boom de los precios de las materias primas –que se fueron al alza por el acelerado crecimiento chino– y lograron “algunos éxitos sociales sobre esa base económica”.
Pero se trató, afirma Petro, de “un progresismo fósil que, al estar basado en la exportación de combustibles fósiles, no era sostenible”.
Con la “crisis neoliberal” de 2008-2009 y la desaceleración del crecimiento chino cayeron los precios del petróleo y las materias primas “y esa circunstancia económica demostró la inviabilidad de un proceso de disminución de la pobreza basado en la explotación indiscriminada de recursos primarios”, señala.
Agrega que “el caso más claro es el de Venezuela, un país monodependiente del petróleo que vive una grave crisis económica, política y social”.
Petro sostiene que la caída de los precios del petróleo –un producto que es fuente de 96% de las divisas venezolanas– dejó al gobierno de Nicolás Maduro “sin capacidad de maniobra, y eso lo llevó a cerrar los espacios democráticos y a violar sistemáticamente los derechos y garantías de sus ciudadanos”.
La Venezuela de Maduro, señala, “es el más claro ejemplo de la crisis del progresismo fósil”. Y agrega que el camino hacia un nuevo progresismo, con políticas a favor de la vida, “ya comienza a percibirse en México con López Obrador, y en Colombia, con mi programa de gobierno”.
Petro, quien no conoce personalmente a López Obrador pero sí a políticos cercanos al candidato presidencial de Morena, como Marcelo Ebrard, asegura que “el nuevo progresismo latinoamericano es una salida a lo que hoy nos parece un callejón sin salida, como es la economía fósil”.
En Colombia, explica, “lo que proponemos es una política que nos separe progresivamente del petróleo y el carbón y que nos lleve hacia una economía productiva, hacia energías limpias y hacia la reactivación del sector agrícola, donde está el origen de nuestro conflicto armado”.
La paz completa
Petro es el candidato que hoy garantiza el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, los cuales Duque quiere modificar para impedir la participación de los exjefes insurgentes en política.
Una Presidencia con Duque, asegura, tendría a Uribe como el poder detrás del trono “y esto no permitiría una construcción democrática del país ni la construcción de la paz”.
Uribe, quien enfrenta decenas de denuncias en las cortes colombianas y en el Congreso por presuntos nexos con grupos paramilitares, fue el más enconado adversario de los acuerdos de paz y considera a Petro el mayor exponente colombiano del “castrochavismo”.
El aspirante presidencial de Colombia Humana dice que el “antipetrismo” de Uribe es explicable: “En mis debates como congresista –recuerda– documenté y denuncié los nexos entre ejércitos privados del narcotráfico y la clase política tradicional del país, cuyo máximo exponente terminó siendo el gobierno de Uribe. Él fue quien generó, a partir de las Convivir (autodefensas permitidas por el gobierno) los ejércitos privados del narcotráfico. Y llegaron al poder y tienen mucho poder”.
Considera que, pese a que el acuerdo de paz con las FARC ha logrado reducir la criminalidad en Colombia, el fenómeno de la violencia persiste y tiene un nuevo rostro: “Hoy, los campos de batalla de Colombia no están cruzados por la disputa ideológica de la Guerra Fría. No tenemos guerrillas revolucionarias contra un Estado oligárquico, sino unas guerras mafiosas con un ingrediente que no teníamos antes: la fuerte presencia de los cárteles mexicanos de la droga”.
–¿Esta presencia es un problema de seguridad nacional para Colombia?
–Absolutamente. Los factores de poder de las mafias en Colombia cada vez son más mexicanos. No sólo por la enorme capacidad que tienen de financiar a sus propios ejércitos en Colombia, sino porque, al contrario de lo que ocurría antes, ahora los cárteles mexicanos enseñan a los colombianos las terminologías de muerte que han aprendido en los últimos años. Esto se traduce en una violencia parecida a la que vivimos en nuestras peores épocas.
Petro señala que en el litoral Pacífico de Colombia, la zona de mayor exportación de cocaína en el mundo, los cárteles de Sinaloa y Los Zetas tienen una gran presencia y estructuras armadas a su servicio, como la que comanda en la suroccidental zona de Tumaco el exguerrillero de las FARC Walter Patricio Artízala, Guacho.
Éste, dice, “es un nuevo tipo de conflicto, una nueva guerra sobre la cual no tenemos experiencia y tenemos que aprender”.
Según Petro, la pobreza, los retrasos en la aplicación de los acuerdos de paz con las FARC –en particular en los programas de inserción de los excombatientes a la vida productiva– y el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales por parte de grupos neoparamilitares constituyen “un caldo de cultivo propicio” para el accionar de los cárteles mexicanos.
“Enfrentar esto en el marco de una relación muy cercana con México es una prioridad para nosotros”, afirma.
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