ÁLVARO DELGADO
Revista Proceso # 2171, 10 de junio de 2018..
En su afán de impulsar sus carreras políticas a toda velocidad, la dupla que se apoderó de la candidatura presidencial del PAN –Ricardo Anaya y el dirigente de ese partido, Damián Zepeda– aprovechó el esquema de corrupción creado por Luis Videgaray como secretario de Hacienda a fin de obtener el apoyo panista al Pacto por México del presidente Peña Nieto. Y aunque las denuncias de sus correligionarios al respecto no prosperaron en instancias partidistas, las presentadas ante la PGR por probables delitos federales siguen vigentes.
Los “moches”, el mecanismo de corrupción creado en la Cámara de Diputados al calor del Pacto por México, está bajo investigación de la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) con dos prominentes imputados: el candidato presidencial Ricardo Anaya y Damián Zepeda, presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
La PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la sumó a otra denuncia que se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra Anaya y Zepeda Vidales por el presunto desvío de recursos públicos a empresas “fantasma”, que a su vez habrían financiado campañas políticas, como la de éste a la alcaldía de Hermosillo, en 2015.
Según la investigación de carácter penal, “Damián Zepeda Vidales desvió recursos públicos federales otorgando de manera irregular licitaciones a empresas supuestamente fantasmas, para luego aterrizarlas en apoyo a campañas políticas en el proceso electoral 2014-2015”.
La investigación, iniciada en febrero por la fiscalía especializada de la PGR, incluye las declaraciones ministeriales de dos miembros del PAN: Alejandro Arturo López Caballero, expresidente municipal de Hermosillo, y Marcos Evaristo Noriega Muñoz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) de ese ayuntamiento.
Ambos testificaron que Zepeda, en complicidad con Anaya, les propuso que el ayuntamiento, a través de CIDUE, asignara diversas obras a empresas contratistas que él determinara, porque éstas, con los recursos públicos obtenidos, financiarían campañas como la de él a presidente municipal y la de Noriega Muñoz a diputado, a lo que se negaron los dos.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-SON/0000054/2018, con las conductas de Anaya y Zepeda se podrían haber cometido delitos del fuero local y también federal, por lo que se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre los gastos de campaña del PAN en Sonora para la elección de 2015, y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR se le pidió “acreditar el flujo de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimiento bancarios”.
“Se realizarán diversas diligencias tendientes a acreditar los movimientos bancarios, a efecto de determinar si los recursos llegaron a las empresas supuestamente fantasma y si fueron destinadas a la campaña política”, establece la “prospectiva” de la investigación de la PGR que obtuvo Proceso.
Se trata de la primera investigación de la PGR específicamente sobre los “moches” que se crearon en la 62 legislatura de la Cámara de Diputados, de 2012 a 2015, cuando se aprobaron todas las reformas del Pacto por México, firmado tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y que fueron avaladas por todos los partidos políticos.
Hoy los principales implicados del PAN en los “moches”, quienes como diputados obtenían recursos federales para obras que ejecutaban empresas seleccionadas por ellos para obtener un porcentaje, son candidatos a prominentes cargos de elección popular.
Por ejemplo, cuando los “moches” florecieron, Gustavo Madero era el presidente nacional del PAN, y sus dos principales operadores eran Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, depuestos como coordinador y subcoordinador del grupo parlamentario del PAN por el escándalo de una fiesta en Puerto Vallarta, en 2014.
Pero ahora los tres son otra vez candidatos del PAN: Madero será senador plurinominal y se perfila como coordinador de la bancada, mientras que Villarreal es aspirante a presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, y Villalobos es plurinominal a diputado en Sinaloa.
Madero designó como coordinador a José Isabel Trejo, quien dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto a Damián Zepeda, allegado al entonces secretario general del PAN, Ricardo Anaya, quien en la elección de 2015 lo llevó como compañero de fórmula para la presidencia de ese partido.
Tras haber sido vencido por Anaya en la elección interna de 2015, Javier Corral acusó en Proceso a Madero y a Anaya no sólo de los “moches”, sino de que éste financió su campaña con dinero público de la Cámara de Diputados, por lo que provocó un desfalco de 21 millones de pesos que le avaló el priista Manlio Fabio Beltrones.
“Este desfalco de 21 millones de pesos lo arregló Anaya a través de Damián Zepeda, quien ahora es su secretario general. Zepeda gestionó con Beltrones una partida adicional de 30 millones de pesos de la Cámara de Diputados para cuadrar las cuentas del grupo parlamentario. No solamente fueron los 21 del desfalco, sino nueve más. Este hecho coloca al nuevo presidente del PAN en una posición de vulnerabilidad.”
–¿Ante Beltrones?
–¡Ante Beltrones, por supuesto! El presidente del PRI sabe que a los muchachos del PAN les salieron las cuentas malas y generosamente les dio una partida adicional para que el balance les diera.
Y acusó el actual gobernador de Chihuahua, aliado ahora al candidato presidencial:
“Este tipo de conductas son las que comete Anaya, no de ahora, ¿eh? Conocí en esta campaña un poco más de Ricardo y me cuentan en Querétaro que al muchacho lo deslumbra el dinero. Y ahí es donde está un gran problema” (Proceso 2025).
El esquema de los “moches” –del que formó parte Marcos Aguilar, alcalde con licencia de Querétaro capital y que es otra vez candidato a diputado federal– nunca fue sancionado por Madero, como prometió, y Anaya lo dejó también impune.
Según algunos involucrados en el diseño legislativo para que partidas de dinero público pudieran enriquecer a diputados, el artífice de los “moches” fue Luis Videgaray, secretario de Hacienda de Peña y negociador del Pacto por México, quien había sido presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura anterior.
Anaya, aval de Zepeda
La reputación de Anaya está asociada, en efecto, a que “lo deslumbra el dinero”, y el más reciente episodio de esto fue el video anónimo que circuló desde la tarde del jueves 7 y que recoge declaraciones de Juan Barreiro Castañeda, hermano de quien le compró en 54 millones de pesos la nave industrial que construyó en un terreno que él mismo le financió.
En el video, alojado en la página en internet www.casoanaya.com, Juan Barreiro afirma que la compra de la nave industrial fue una operación no sólo de lavado de dinero para enriquecer a Anaya, sino para financiar su campaña presidencial, y que su triunfo implicaba para él y su hermano Manuel hacer grandes negocios, como muchos que están bajo investigación de la PGR.
“Si queda este candidato, se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo”, afirma Juan Barreiro, aparentemente grabado con una cámara oculta y cuyos señalamientos fueron calificados de falsos por Anaya, quien atribuyó la autoría del video al gobierno de Peña.
“Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra utilizando las mismas mentiras de hace unos meses”, expresó el panista, quien reiteró que el presidente es corrupto y que lo encarcelaría.
“También me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo y ya inclusive lo dijo públicamente.”
Pero la oposición de Anaya a Peña es reciente, apenas desde la elección del año pasado en el Estado de México y Coahuila, porque antes, como en los “moches”, fue su aliado: “Se le hincharon las manos de tanto aplaudirle”, le recriminó Corral, en el debate por la presidencia del PAN.
Y sí: Anaya como diputado y presidente de la Cámara de Diputados fue un público aplaudidor de las reformas de Peña, salvo la fiscal que aprobó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su aliado en la coalición Por México al Frente, colocada en segundo lugar de la elección muy distante de López Obrador y sus aliados.
Y son los “moches” los que está investigando la PGR, a raíz de una denuncia contra Zepeda Vidales presentada en Sonora, en enero, por Gilberto Gutiérrez, presidente estatal del PRI, y otra ante la FEPADE, en febrero, de Ángel Humberto Rojas Magalón, a partir de información periodística sobre presuntos desvíos de recursos públicos a empresas que ejecutaron obras a cambio de “moches”.
La carpeta de investigación CI/HER/502 /00001-2018, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, indica que Zepeda, “con apoyo de Ricardo Anaya”, consiguió que recursos del estado fueran canalizados a Hermosillo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), cuyo titular era Francisco Arnoldo Monge Araiza, alias Pancho Platas.
La forma de operar de Zepeda era conseguir recursos con apoyo de Anaya, ejecutar obras con esos recursos a través de CECOP y, una vez que estaban concluidas, se le invitaba a la inauguración para su lucimiento como aspirante a la alcaldía de Hermosillo, que perdió, como perdió el PAN la gubernatura tras el sexenio del convicto Guillermo Padrés.
Pero la parte final del esquema era recaudar las “aportaciones” de los contratistas de obra pública para financiar el proyecto de Zepeda. Entre 2013 y 2015 se habrían desviado 700 millones de pesos y tan solo en 2014, previo a la elección, la CECOP asignó 19 obras a 10 empresas ligadas a Zepeda, por un monto de 339 millones de pesos.
En la carpeta de investigación se incluye el testimonio de Alejandro Arturo López Caballero, presidente municipal de Hermosillo entre 2012 y 2015, quien relató una reunión con Zepeda, entonces diputado federal, a mediados de 2014:
“Me informó que estaba a unos días de que se transfiriera el recurso para el desarrollo de las obras mencionadas anteriormente por parte del gobierno del estado, pidiéndome de favor mi autorización para que el gobierno del estado a su vez transfiriera al ayuntamiento de Hermosillo, para que a través de la dependencia de CIDUE y de agua de Hermosillo se ejecutaran y administraran estos proyectos. La razón principal por la que yo me negué fue porque el entonces diputado Damián Zepeda me informó con antelación que tenía pactado con diferentes contratistas y desarrolladores de obras un acuerdo para que éstos apoyaran con recursos económicos de las mismas prestaciones de servicios que se llevaran a cabo a la entonces próxima campaña donde él participaría como candidato a la presidencia municipal de Hermosillo. Incluso también me propuso que de esos mismos recursos se podía apoyar económicamente a las campañas de los diputados locales.”
A su vez, Noriega Muñoz, coordinador general de CIDUE y quien buscaba ser diputado local del PAN, declaró ante la fiscalía que se entrevistó con el entonces diputado federal Damián Zepeda, también en julio de 2014:
“Se presentó en mi oficina con el propósito de ponerme en conocimiento sobre una propuesta para llevar a cabo una relación de obras de infraestructura para el municipio de Hermosillo, quien él mismo gestionaba en funciones de su puesto. La propuesta consistía en que estas obras se ejecutaran a través de la coordinación a mi cargo, tomando en cuenta que en ese entonces existía la posibilidad de ser yo candidato a una diputación local, en ese municipio de Hermosillo. Los contratistas que llevaran a cabo las obras estarían dispuestos al apoyo económico para nuestras campañas de elección popular. Me negué a aceptar cualquier trato de esa índole.”
“Es persecución política”
Como parte de las diligencias del agente del Ministerio Público Álvaro Álvarez Hernández, adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la FEPADE, para acreditar la comisión de delitos de carácter federal, se mandó citar a los dos exfuncionarios panistas y se solicitó información a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
También se solicitó información al área jurídica de la Cámara de Diputados sobre “el cargo que Damián Zepeda Vidales ostentó del año 2012 al 2015”, y practicar una “diligencia de la Unidad Especializada de Análisis Financiero” de la PGR, “mediante el cual (sic) se puede acreditar el flujo de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimientos bancarios”.
En la carpeta de investigación de la PGR se argumenta por qué ejerció su facultad de atracción y expone que, si bien pueden haberse cometido delitos de orden local, como peculado o ejercicio indebido del servicio público, también es verdad que está implicado un partido político nacional, que es de orden federal.
La facultad de atracción que ejerce la FEPADE, explica, está prevista en el sistema procesal penal para, entre otras razones, facilitar la investigación de hechos, la defensa de los imputados, y le da mayor seguridad a cierto tipo de casos como éste.
“(Casos) en que exista influencia de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales locales, existiendo como justificación para la facultad de atracción en estos supuestos el grado de afectación y el daño social que supone el apoyo ilegal a un partido político nacional, que se constituyen en una amenaza real en la toma de decisiones gubernamentales, así como el daño que supone al interés general de la sociedad para dar seguridad al sistema de elección de nuestra nación”.
Cuando se presentó en Sonora la denuncia –que ahora es del ámbito federal–, Zepeda convocó a una conferencia de prensa en la sede del PAN, el 11 de enero, para acusar “una persecución política en el estado de Sonora de la cual estoy siendo víctima”.
Acompañado de un grupo de panistas, Zepeda afirmó que en la denuncia “están utilizando enemigos políticos personales y presionando a personas con problemas legales para declarar en mi contra” y que era una revancha por haber denunciado el desvío de recursos públicos al PRI en Chihuahua.
“Esto es claramente una estrategia de intimidación, de querer emparejar los cartones. Es seguir el librito del PRI que dice: ‘si tú me estás investigando en un estado, pues yo levanto con falsedades una investigación en otro para emparejarte los cartones’.”
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