El gobierno deja un aparato de comunicación social obeso y opaco

Revista Proceso # 2184, 9 de septiembre de 2018

El gobierno deja un aparato de comunicación social obeso y opaco

MATHIEU TOURLIERE

Las oficinas de comunicación social son un monstruo de mil cabezas que deberá enfrentar el gobierno­ federal entrante, si es que desea ajustarlas. Se trata de un aparato burocrático cuyos registros en materia de gastos están dispersos e incompletos. Por ejemplo: no aparecen los montos destinados a Pemex,­ al IMSS o a la CFE para tal fin. Según datos­ disponibles, de enero de 2013 a junio de 2019 el gasto a discreción en publicidad oficial de parte de la administración de Peña Nieto fue de casi 45 mil millones de pesos. Sin embargo, la organización Fundar sostiene que esa cifra podría ascender a 60 mil millones al finalizar el sexenio.

Cuando asuma la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador adelgazará el personal de las oficinas de comunicación social de las dependencias federales, un opaco aparato de la burocracia mexicana que costará al menos mil 448 millones de pesos del erario en 2018 y en el que laboran más de mil 800 funcionarios, según la información incompleta y esparcida en los registros oficiales.

Sin detallar la magnitud del recorte, López Obrador indicó que Jesús Ramírez Cuevas, presentado como coordinador de Comunicación Social del gobierno entrante, concentrará gran parte de la relación del Ejecutivo con la opinión pública, es decir, con la prensa.

No obstante, esa centralización no dista mucho de la situación actual: en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien cada dependencia federal cuenta con un área de comunicación social que vela por la imagen de la institución y de su titular, la operación de la propaganda se lleva a cabo desde Los Pinos y de la Secretaría de Gobernación (Segob) de manera discrecional y con un sesgo político, como lo documentaron diversas organizaciones a lo largo del sexenio.

En la práctica, Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social del gobierno federal y vocero de Peña Nieto, decide sobre el otorgamiento de los millonarios contratos de publicidad oficial a medios o periodistas, que derivan de las campañas de propaganda diseñadas por los equipos de comunicación social de las dependencias.

El grupo de Sánchez valida o modifica de manera discrecional el contenido de la campaña, así como la lista de medios beneficiados por los contratos de publicidad oficial, según los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el ejercicio 2017 y jefes de prensa consultados por este semanario.

Posteriormente, remite el proyecto a la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Segob, la cual a su vez desbloquea los fondos millonarios de las partidas de gasto 33605, 36101 y 36201 que se utilizan para comprar espacios publicitarios en los medios.

Entre septiembre de 2017 y junio de este año, la oficina de Eduardo Sánchez autorizó 250 campañas de comunicación social y 119 estrategias de promoción y publicidad, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno, hecho público el sábado 1.

El mismo documento establece que entre enero de 2013 y junio de 2019, la administración de Peña Nieto erogó más de 44 mil 915 millones de pesos del erario en publicidad oficial, mientras que la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, calcula que el gasto total en propaganda del sexenio podría rondar los 60 mil millones de pesos.

De acuerdo con el informe Democracia simulada, publicado en marzo pasado por la organización Artículo 19, la mitad de esta cantidad se concentró en un grupo de 20 medios, del que forman parte Televisa, TV Azteca, El Universal, Excélsior, la Organización Editorial Mexicana, La Jornada y Milenio, entre otros.

Además, el informe Dinero bajo la mesa, elaborado por los académicos María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, mostró que 10 periodistas recibieron la mayoría de los recursos públicos en publicidad oficial en internet en 2017.

Se trató de José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Raymundo Riva Palacio, Óscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga, quienes cobraron millonarios contratos de propaganda gubernamental mediante sus portales (Proceso 2180).

Durante el sexenio, el otorgamiento de los paquetes de publicidad oficial se llevó a cabo sin proceso de licitación pública ni transparencia, y fomentó numerosos excesos, documentados por este semanario.

Un ejemplo: durante sus dos años y medio al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga gastó cerca de 800 millones de pesos en campañas de promoción. 

En su revisión de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el equipo de Robles había omitido ingresar en el sistema de contrataciones en línea, Compranet, 23 de los 37 contratos de propaganda formalizados ese año, y pidió la apertura de tres investigaciones por malos manejos de recursos.

Otro caso: desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer otorgó 850 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para promover la Reforma Educativa en distintos medios, entre los cuales Televisa resultó el más beneficiado (Proceso 2150).

Entre las dependencias federales más dispendiosas en materia de publicidad oficial del sexenio destacaron las secretarías de Hacienda, que gastó 7 mil 835 millones de pesos, y la SEP, que erogó 5 mil 117 millones de pesos, seguidas por las de Turismo y Salud, con poco más de 4 mil millones de pesos cada una.

Aparato costoso

Ramírez Cuevas adelantó que el gobierno de López Obrador recortará a la mitad el gasto en publicidad oficial y adelgazará los equipos de comunicación social de las dependencias federales mediante la supresión de puestos directivos. También prometió que se acabarán “todos los vicios de la relación de los medios con el poder”.

En entrevista con Proceso, el futuro vocero presidencial señala la falta de transparencia en la gestión de la comunicación social y comenta que su equipo de trabajo tiene que recurrir a la insuficiente información pública para elaborar un diagnóstico –incompleto– sobre el estado de este sector de la burocracia.

Aparte de los contratos de publicidad oficial, el mantenimiento de las oficinas de comunicación social de las 19 secretarías federales costará mil 448 millones de pesos a los mexicanos en 2018, de acuerdo con una revisión realizada por este semanario sobre el presupuesto aprobado para este año.

Entre las dependencias más onerosas en esa materia destacan las secretarías de Gobernación –con 186 millones de pesos disponibles en 2018–, Hacienda –180 millones 492 mil pesos–, pero también la Secretaría de la Defensa Nacional –135 millones de pesos, pese a llevar a cabo una comunicación hermética– y la de Comunicaciones y Transportes, con 121 millones de pesos.

Los mil 448 millones de pesos que abarcan los salarios de los funcionarios y los gastos de operación representan apenas una fracción del gasto federal en comunicación social, pues prácticamente cada uno de los 234 entes que integran el padrón de sujetos obligados del Poder Ejecutivo cuenta con un área de comunicación, cuyas dotaciones financieras no están desglosadas en el presupuesto de egresos. 

Así, no aparecen los montos destinados a las áreas de comunicación social de Pemex, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ejemplo.

Además están los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral o el Federal de Telecomunicaciones, que disponen este año de 186 millones y 156 millones de pesos, respectivamente, para sus labores de comunicación.

Las áreas de comunicación social tienen la misión de presentar de manera favorable las acciones del gobierno, tanto hacia la opinión pública –mediante los medios de comunicación y las redes sociales– como hacia las propias instituciones, y no pocos secretarios las utilizan como plataformas de autopromoción.

Estas oficinas elaboran boletines y conferencias de prensa, sacan fotografías y videos de los funcionarios, agendan –o no– entrevistas, operan las redes sociales de las dependencias, monitorean la cobertura de los medios y tratan de desactivar los escándalos que abarcan a sus funcionarios. Sus titulares son los interlocutores directos de los reporteros.

El manual de la Secretaría de Educación Pública estipula que uno de los objetivos específicos del área de comunicación social consiste en “focalizar, abundar y precisar acerca de los alcances y beneficios de la Reforma Educativa”, o bien “fortalecer la imagen de la SEP como una institución moderna y cercana a la sociedad”.

El de la Sedesol plantea la misión de “sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los avances logrados en materia social para la administración de la o del titular del Ejecutivo Federal”, pero también de “neutralizar campañas en contra”.

Burocracia

De acuerdo con una revisión en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) que realizó este semanario, por lo menos 114 encargados de comunicación social de las dependencias federales que responden al Ejecutivo –como directores generales, coordinadores, jefes de departamento o gerentes– reciben una remuneración bruta superior a los 100 mil pesos mensuales.

La consulta arrojó una lista de mil 800 funcionarios adscritos a 68 áreas de comunicación social del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esa lista no es absoluta: además de que algunas dependencias no transparentan los cargos de sus servidores públicos –como la Secretaría de Marina–, no se incluye a los centenares de funcionarios sindicalizados ni al personal contratado por honorarios.

Con una remuneración bruta de 218 mil 42 pesos mensuales –inferior en cinco mil pesos a la de Peña Nieto–, que corresponde a un subsecretario de Estado, Eduardo Sánchez encabeza la lista de los profesionales de la comunicación mejor pagados en la administración actual.

Le siguen Roberto Calleja Ortega, que también trabaja en la oficina de comunicación de Peña Nieto, así como los encargados de comunicación social de las secretarías de Salud, de Comunicaciones y Transportes, Sedesol, de Agricultura, pero también del IMSS o de la CFE, con remuneraciones brutas que rebasan los 180 mil pesos mensuales.

Encargados de áreas de comunicación dijeron a este semanario que no ven con malos ojos el adelgazamiento de las oficinas planteado por López Obrador, pero sostienen que sería un error desaparecerlas por completo, como lo sugirió el presidente electo el 21 de agosto, cuando anunció su programa de recortes a la burocracia.

Al respecto, uno de los directores de comunicación social consultados opina que, por ejemplo, el futuro mandatario “tendrá que promocionar su cuarta transformación”.­ 

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