Templo Mayor/ Reforma
VAYA que se anticipan sabrosos los debates -y los cocolazos- en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que preside el tabasqueño Manuel Rodríguez González, de Morena.
UNO de los secretarios es el ex dirigente nacional del PRI y ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza, conocido por ser bastante duro cuando se trata de defender la reforma energética y la gestión del actual gobierno.
SI SE SUMA que representando al PT, y también como secretario de esa comisión, quedó el siempre polémico y muuuy ruidoso Gerardo Fernández Noroña, seguro que en esas reuniones van a salir chispas.
TAL PARECE que, como dice Andrés Manuel López Obrador, el ejemplo cunde. Luego del encuentro que tuvo el Presidente electo con los padres de las víctimas de Ayotzinapa, en el Edomex el gobernador Alfredo del Mazo tomó la misma bandera.
SE SUPO que pidió programar para ya una reunión con familiares de desaparecidos en su entidad. Entre las agrupaciones a las que ya se acercaron están Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
AHORA falta ver si el asunto queda en mero acto protocolario o si de verdad el mexiquense logra encontrar a quienes no aparecen... y evitar que sigan las desapariciones.
POR CIERTO, en oficinas del Poder Judicial en varias entidades del país se quedaron con el ojo cuadrado con un comunicado por escrito que les llegó en estos días.
Y ES QUE, después de cuatro años, están recibiendo un oficio en el que se les solicita formalmente buscar a los 43 desaparecidos del Caso Ayotzinapa en sus demarcaciones e informar cualquier hallazgo en un plazo no mayor a 24 horas.
QUIZÁS lo más sorprendente es que la fecha que tiene el oficio es el 6 de septiembre... ¡del 2018! Queda claro que las ruedas de la "justicia" mexicana avanzan más leeento que un caracol en reversa.
UNA DUDA recorre los pasillos del primer Congreso de la CDMX... ¿como para qué le dieron la presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a Alejandro Encinas cuando ya se sabe que el 5 de diciembre pedirá licencia y se irá como subsecretario de Gobernación federal?
HABRÁ que estar muy atentos en los próximos días, pues cuentan por ahí que el ex jefe de Gobierno trae un interesante paquete de iniciativas de ley bajo el brazo que la aplanadora de Morena-PT-PES en el Legislativo local estará lista para aprobar en "fast track".
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Frentes Políticos/Excelsior...
30 de Septiembre de 2018
I. Más claro ni el agua. Es increíble que, a tres meses de la elección, haya quien todavía esté pataleando por los resultados. Luego de cuatro días de conteo, el Tribunal Electoral concluyó el recuento para gobernador en Puebla, y el resultado ratificó al Partido Acción Nacional. Sin embargo, el candidato derrotado, Luis Miguel Barbosa, del Movimiento Regeneración Nacional, sigue de necio y anunció que impugnará la elección. Max Cortázar, vocero de la coalición Por Puebla al Frente, señaló que los números finales refrendaron el triunfo de Martha Érika Alonso. ¿Y después a quién va a acudir Barbosa, a la OEA, a la ONU? La gente votó y ya lo recontaron. ¿Qué más quiere?
II. Estado en rojo. Guanajuato sigue padeciendo la violencia, a pesar de que el pasado 25 de septiembre Miguel Márquez Márquez dejó la silla al nuevo gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, a quien al parecer le están dando su bienvenida. Antier, por la tarde, fueron reportados algunos enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes en la carretera libre Celaya-Querétaro. De manera extraoficial se hablaba de al menos tres personas fallecidas. Así mismo, en las instalaciones del Ministerio Público del municipio de Apaseo el Grande, fue localizada una camioneta Silverado con explosivos en su interior. Justo en el estacionamiento de las oficinas del Ministerio Público. Y si, eso le suma usted dos ejecutados en Celaya verá por qué el nuevo mandatario debe ponerse a trabajar en busca de la paz, pero ya.
III. Golpazo o caricia. Jorge Olea Melchor huyó de México después de convertirse en otro de los funcionarios mexicanos que abusaron del poder. Tras permanecer prófugo de la justicia desde 2015, el exfiscal especial de Atención a Migrantes de Coahuila, fue detenido ayer sábado en Medellín, Colombia, gracias a una ficha roja girada por la Interpol México, por el delito de abuso de autoridad y tortura. Será entregado al personal de la Fiscalía General del estado de Coahuila. La víctima, César Lara, un empresario quien fue golpeado por el entonces servidor público, presentó la denuncia por los cargos ya mencionados. Aunque, con la languidez de la justicia mexicana, el que lo hayan detenido no garantiza nada. Así el país.
IV. Salvavidas. El panista michoacano Marko Cortés se registró como candidato para dirigir al Partido Acción Nacional y está tan confiado de ganar la contienda interna que de una vez presentó a quienes lo acompañarán en la dirigencia nacional. Frente a decenas de simpatizantes en la sede nacional, dijo que, de resultar electo, el Comité Ejecutivo estará conformado por la senadora Alejandra Reinoso; el excandidato por Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez; y la exsenadora Mariana Gómez del Campo, entre otros. Manuel Gómez Morin Martínez del Río es el otro aspirante. Acción Nacional necesitará mucho combustible para resurgir. ¿Lo tienen?
V. Bien, pero... Ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de aproximadamente 20 años, apodado El Tyson, por disparar contra ellos. Los hechos ocurrieron en la delegación Cuauh-témoc, cuando la policía capitalina recibió la alerta de una riña en la colonia Santa María la Ribera, donde al arribar, fueron agredidos por varias personas, entre ellas, el detenido, quien disparó a los uniformados sin que los lesionara. De acuerdo con fuentes policiales, el aprehendido es, presuntamente, integrante de la Unión Tepito y cuenta con nueve carpetas de investigación. Al momento de la detención se le encontraron dos envoltorios de polvo blanco. Bien por las autoridades de la CDMX, sin embargo, cuántas veces han detenido a malandros así y en unas cuantas horas salen libres, ¿pasará lo mismo con éste? Esperemos que no.
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Anayistas vs. doctrinarios…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA..
Excelsior...
La contienda por la dirigencia de Acción Nacional centrará la atención entre la propuesta del neo-neo-panismo liberal y quienes aspiran a reencontrarse con sus orígenes
Finalmente, como se previó desde un primer momento, la puja por la dirigencia de Acción Nacional se dará entre el anayismo pragmático, que hoy reniega de su vinculación y compromisos “con un pasado (fallido) que no termina de irse”, representado por el gris-gris Marko Cortés Mendoza, y los llamados doctrinarios, que mantienen la esperanza de rescatar y, eventualmente, recuperar principios y valores abandonados en los últimos años, encabezados por Manuel Gómez Morin Martínez del Río.
Ello, luego que el desconocido José Luis Espinosa Piña registrara su eventual candidatura ad cautelam con un número insuficiente —“entre cinco y seis mil…”, a decir de alguno de sus afines— de firmas y, ¡sorpresa!, que el exanayista Ernesto Ruffo Appel decidiera, de ultimísimo momento, no participar en una contienda que, ¡segunda sorpresa!, descubrió no se estaba dando en condiciones de equidad, como había denunciado ya…
Así entonces, la contienda centrará la atención entre la propuesta del neo-neo-panismo liberal y pragmático, instaurado por el fracasado Ricardo Anaya en la cúpula partidista en alianza con gobernadores de extracción panista “que en algún momento quisieron…y no pudieron”, y el esfuerzo testimonial de quienes aspiran a reencontrarse con sus orígenes, a reasumir las banderas del humanismo trascendente-cristiano, la política como servicio y aporte al bien común y, sin duda, su ejercicio con pleno apego a principios de honestidad y la transparencia.
Es verdad que, a la vista de la situación prevaleciente en el blanquiazul, las cosas parecen estar más que puestas para que, en su momento, la fórmula impulsada por la dirigencia nacional, con Marcelo Torres Cofiño a la cabeza, y no pocos de los comités estatales impuestos por sus antecesores y, obvio, dóciles a lo dispuesto por su fallido excandidato presidencial y afines, se alze con la victoria… lo que, a decir de quienes mejor conocen al PAN, no impedirá que durante la campaña se dé un debate que, de no ser atendido, derivará en una profundización de la crisis actual, caracterizada por la desunión y confrontación de la militancia con sus liderazgos y de éstos entre sí que, finalmente, puede inducir una mayor sangría aún mayor de militantes que, en la práctica, acabe implicando la práctica desaparición del otrora partido de “las derechas”.
Lo que ocurra entre hoy y el 11 de noviembre, entonces, no será importante sólo en cuanto que definirá la nueva dirigencia azul, sino, esencialmente, por lo que pudiera representar en la refundación de la segunda fuerza política del país, la única que en otro momento, insistamos, evidenció capacidad y disposición de abonar a un verdadero cambio democrático…
ASTERISCOS
* Tras la visita de Andrés Manuel López Obrador a Querétaro, y su “terso” encuentro con el gobernador Francisco Domínguez, blanquiazules (más priistas) y morenos se aprestan a definir hoy, vía el Congreso local, el Consejo Municipal que, desde mañana, gobernará la capital en tanto se repone la proceso de elección del nuevo alcalde que, se sabe, declaró nulo el pasado miércoles la Sala Superior del Tribunal Federal con sede en Monterrey.
* En Puebla, acompañada por el líder de la CNOP, Arturo Zamora, la dirigente del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, encabezó uno más de los Diálogos con la Militancia que viene realizando, y ahí destacó que “la reforma del partido nos hará bien, porque nos permitirá ponernos al día y ser más competitivos. La haremos con respeto a la inclusión y la pluralidad”.
* Con el aval de 32 de 37 diputados presentes, el Congreso de Sinaloa aprobó la iniciativa promovida por el panista Juan Pablo Yamuni Robles para incorporar, a nivel constitucional, el derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido… hasta la muerte” natural, elevando a 19 el número de entidades que han consagrado tal derecho en su Ley suprema. Bien…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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Frentes Políticos/Excelsior...
30 de Septiembre de 2018
I. Más claro ni el agua. Es increíble que, a tres meses de la elección, haya quien todavía esté pataleando por los resultados. Luego de cuatro días de conteo, el Tribunal Electoral concluyó el recuento para gobernador en Puebla, y el resultado ratificó al Partido Acción Nacional. Sin embargo, el candidato derrotado, Luis Miguel Barbosa, del Movimiento Regeneración Nacional, sigue de necio y anunció que impugnará la elección. Max Cortázar, vocero de la coalición Por Puebla al Frente, señaló que los números finales refrendaron el triunfo de Martha Érika Alonso. ¿Y después a quién va a acudir Barbosa, a la OEA, a la ONU? La gente votó y ya lo recontaron. ¿Qué más quiere?
II. Estado en rojo. Guanajuato sigue padeciendo la violencia, a pesar de que el pasado 25 de septiembre Miguel Márquez Márquez dejó la silla al nuevo gobernador, Diego Sinhué Rodríguez, a quien al parecer le están dando su bienvenida. Antier, por la tarde, fueron reportados algunos enfrentamientos entre elementos de seguridad y presuntos delincuentes en la carretera libre Celaya-Querétaro. De manera extraoficial se hablaba de al menos tres personas fallecidas. Así mismo, en las instalaciones del Ministerio Público del municipio de Apaseo el Grande, fue localizada una camioneta Silverado con explosivos en su interior. Justo en el estacionamiento de las oficinas del Ministerio Público. Y si, eso le suma usted dos ejecutados en Celaya verá por qué el nuevo mandatario debe ponerse a trabajar en busca de la paz, pero ya.
III. Golpazo o caricia. Jorge Olea Melchor huyó de México después de convertirse en otro de los funcionarios mexicanos que abusaron del poder. Tras permanecer prófugo de la justicia desde 2015, el exfiscal especial de Atención a Migrantes de Coahuila, fue detenido ayer sábado en Medellín, Colombia, gracias a una ficha roja girada por la Interpol México, por el delito de abuso de autoridad y tortura. Será entregado al personal de la Fiscalía General del estado de Coahuila. La víctima, César Lara, un empresario quien fue golpeado por el entonces servidor público, presentó la denuncia por los cargos ya mencionados. Aunque, con la languidez de la justicia mexicana, el que lo hayan detenido no garantiza nada. Así el país.
IV. Salvavidas. El panista michoacano Marko Cortés se registró como candidato para dirigir al Partido Acción Nacional y está tan confiado de ganar la contienda interna que de una vez presentó a quienes lo acompañarán en la dirigencia nacional. Frente a decenas de simpatizantes en la sede nacional, dijo que, de resultar electo, el Comité Ejecutivo estará conformado por la senadora Alejandra Reinoso; el excandidato por Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez; y la exsenadora Mariana Gómez del Campo, entre otros. Manuel Gómez Morin Martínez del Río es el otro aspirante. Acción Nacional necesitará mucho combustible para resurgir. ¿Lo tienen?
V. Bien, pero... Ayer, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de aproximadamente 20 años, apodado El Tyson, por disparar contra ellos. Los hechos ocurrieron en la delegación Cuauh-témoc, cuando la policía capitalina recibió la alerta de una riña en la colonia Santa María la Ribera, donde al arribar, fueron agredidos por varias personas, entre ellas, el detenido, quien disparó a los uniformados sin que los lesionara. De acuerdo con fuentes policiales, el aprehendido es, presuntamente, integrante de la Unión Tepito y cuenta con nueve carpetas de investigación. Al momento de la detención se le encontraron dos envoltorios de polvo blanco. Bien por las autoridades de la CDMX, sin embargo, cuántas veces han detenido a malandros así y en unas cuantas horas salen libres, ¿pasará lo mismo con éste? Esperemos que no.
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Anayistas vs. doctrinarios…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA..
Excelsior...
La contienda por la dirigencia de Acción Nacional centrará la atención entre la propuesta del neo-neo-panismo liberal y quienes aspiran a reencontrarse con sus orígenes
Finalmente, como se previó desde un primer momento, la puja por la dirigencia de Acción Nacional se dará entre el anayismo pragmático, que hoy reniega de su vinculación y compromisos “con un pasado (fallido) que no termina de irse”, representado por el gris-gris Marko Cortés Mendoza, y los llamados doctrinarios, que mantienen la esperanza de rescatar y, eventualmente, recuperar principios y valores abandonados en los últimos años, encabezados por Manuel Gómez Morin Martínez del Río.
Ello, luego que el desconocido José Luis Espinosa Piña registrara su eventual candidatura ad cautelam con un número insuficiente —“entre cinco y seis mil…”, a decir de alguno de sus afines— de firmas y, ¡sorpresa!, que el exanayista Ernesto Ruffo Appel decidiera, de ultimísimo momento, no participar en una contienda que, ¡segunda sorpresa!, descubrió no se estaba dando en condiciones de equidad, como había denunciado ya…
Así entonces, la contienda centrará la atención entre la propuesta del neo-neo-panismo liberal y pragmático, instaurado por el fracasado Ricardo Anaya en la cúpula partidista en alianza con gobernadores de extracción panista “que en algún momento quisieron…y no pudieron”, y el esfuerzo testimonial de quienes aspiran a reencontrarse con sus orígenes, a reasumir las banderas del humanismo trascendente-cristiano, la política como servicio y aporte al bien común y, sin duda, su ejercicio con pleno apego a principios de honestidad y la transparencia.
Es verdad que, a la vista de la situación prevaleciente en el blanquiazul, las cosas parecen estar más que puestas para que, en su momento, la fórmula impulsada por la dirigencia nacional, con Marcelo Torres Cofiño a la cabeza, y no pocos de los comités estatales impuestos por sus antecesores y, obvio, dóciles a lo dispuesto por su fallido excandidato presidencial y afines, se alze con la victoria… lo que, a decir de quienes mejor conocen al PAN, no impedirá que durante la campaña se dé un debate que, de no ser atendido, derivará en una profundización de la crisis actual, caracterizada por la desunión y confrontación de la militancia con sus liderazgos y de éstos entre sí que, finalmente, puede inducir una mayor sangría aún mayor de militantes que, en la práctica, acabe implicando la práctica desaparición del otrora partido de “las derechas”.
Lo que ocurra entre hoy y el 11 de noviembre, entonces, no será importante sólo en cuanto que definirá la nueva dirigencia azul, sino, esencialmente, por lo que pudiera representar en la refundación de la segunda fuerza política del país, la única que en otro momento, insistamos, evidenció capacidad y disposición de abonar a un verdadero cambio democrático…
ASTERISCOS
* Tras la visita de Andrés Manuel López Obrador a Querétaro, y su “terso” encuentro con el gobernador Francisco Domínguez, blanquiazules (más priistas) y morenos se aprestan a definir hoy, vía el Congreso local, el Consejo Municipal que, desde mañana, gobernará la capital en tanto se repone la proceso de elección del nuevo alcalde que, se sabe, declaró nulo el pasado miércoles la Sala Superior del Tribunal Federal con sede en Monterrey.
* En Puebla, acompañada por el líder de la CNOP, Arturo Zamora, la dirigente del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, encabezó uno más de los Diálogos con la Militancia que viene realizando, y ahí destacó que “la reforma del partido nos hará bien, porque nos permitirá ponernos al día y ser más competitivos. La haremos con respeto a la inclusión y la pluralidad”.
* Con el aval de 32 de 37 diputados presentes, el Congreso de Sinaloa aprobó la iniciativa promovida por el panista Juan Pablo Yamuni Robles para incorporar, a nivel constitucional, el derecho a la vida “desde el momento en que un individuo es concebido… hasta la muerte” natural, elevando a 19 el número de entidades que han consagrado tal derecho en su Ley suprema. Bien…
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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Pobreza extrema/Gabriel Zaid
Reforma, 30 Sep. 2018
No hacen falta muchos sexenios ni mucho presupuesto para acabar con la pobreza extrema.
Si el 90% de la población estuviera en ese caso, sería difícil que el 10% restante la sacara de ahí. Pero, según el Coneval, estamos en la situación opuesta: menos del 10% de los mexicanos vive en pobreza extrema. No es tan difícil que el 90% restante los saque de ahí.
¿Por qué no se ha hecho? En primer lugar, porque la ayuda no está focalizada en esa meta definida, perfectamente alcanzable. Forma parte de una meta nebulosa, y por lo mismo inalcanzable: combatir "la pobreza y la desigualdad". Pero la pobreza, la desigualdad y la pobreza extrema son tres cosas distintas, con diferencias significativas.
La pobreza es un concepto vago. El Coneval tiene varias definiciones. En cambio, la falta de alimentación, vestido y techo que padecen los niños de la calle, los indigentes y algunas comunidades rurales, sobre todo indígenas, es algo precisable. El Banco Mundial lo resumía en 1995: personas que viven con menos de un dólar diario.
Hay desigualdad hasta entre millonarios. Y hacer de todos (si fuera posible) campeones de natación, ganadores de un Nobel, celebridades o millonarios importa menos que acabar con la pobreza extrema.
Hay soluciones desde los tiempos de Vasco de Quiroga (siglo XVI), pero han sido olvidadas una y otra vez. Fueron redescubiertas por Fritz Schumacher (Small is beautiful, 1973) y ahora por Paul Polak, un inmigrante que salió de la pobreza extrema por la vía empresarial y se dedica a promover lo mismo para otros.
Llegó sin nada a Canadá. Fue bracero, y pronto se lanzó a sembrar por su cuenta, como mediero en una granja donde había tierra disponible. Después entró a la universidad, se graduó como psiquiatra y atendió una vez a un paciente (del sistema de salud) que vivía en la calle. No se limitó a escucharlo. Lo acompañó en sus vagabundeos y dificultades para vivir. Pronto imaginó posibles microempresas manejadas por vagabundos para vagabundos. Por ejemplo: un servicio de cajas con llave para guardar sus cosas. Algo que nadie (desde un escritorio remoto) hubiese pensado que tendría demanda.
Acabó en Bangladesh vendiendo sistemas de microirrigación para minifundistas que ganaban un dólar diario dedicados a la siembra de temporal. ¿Cómo hacer que ganaran, por lo pronto, el doble? Con una cosecha adicional, fuera de temporada, de algo con demanda y buen precio, como ciertas verduras. Pero, ¿de dónde sacar agua con inversiones microscópicas? En primer lugar, de la lluvia: almacenándola en grandes "salchichas" de plástico sumergidas en la tierra, que cuestan muchas veces menos que un aljibe. En segundo lugar, con una bomba de pedales que extrae el agua de esa reserva (o de un pozo, o de un arroyo cercano) y la sube a una barrica de plástico, elevada un metro. De ahí, baja lentamente a la huerta en tubos de plástico perforados a mano para riego por goteo, más baratos que los sistemas motorizados.
La bomba puede verse en YouTube, bajo treadle pump. Fue diseñada por un ingeniero noruego, pero Polak no se quedó en encargar el diseño. Desarrolló una red de productores, distribuidores e instaladores locales. Contrató a cirqueros ambulantes para que compusieran una canción sobre la bomba, la cantaran en ferias pueblerinas y repartieran volantes sobre el distribuidor más cercano. Patrocinó una película donde la bomba es parte de la trama, y la proyecta en camionetas, de pueblo en pueblo. Ha vendido dos millones de bombas (a ocho dólares).
Desde hace muchos años, Polak visita a los que viven en pobreza extrema, platica con ellos, les pregunta cómo le hacen y (lo más asombroso de todo) no los compadece: ¡los trata como clientes! Trata de pensar qué recursos baratos les servirían para vendérselos. Los ha ido encontrando. Por ejemplo: una especie de popote gigante que es un filtro y permite beber el agua sucia de los charcos (LifeStraw, de venta en Amazon).
Sobre él y su International Development Enterprises, hay información en Google, Wikipedia y YouTube. También en sus libros Out of poverty y The business solution to poverty. El primero fue traducido por Océano (Cómo acabar con la pobreza). Hay que invitarlo a México, a escuelas de ingeniería y diseño industrial, y desde luego a grupos de empresarios interesados en fomentar el desarrollo desde abajo.
Proyecto para zonas indígenas donde hay telefonía celular, pero no electricidad: cargadores de cuerda. Los hay para excursionistas en Amazon (ver wind up phone).
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México, ciudad/Eduardo Caccia
Reforma, 30 Sep. 2018
Todavía no inicia el nuevo gobierno de la Ciudad de México y ya da muestras de tropezar. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, ha convocado a un concurso para hacer la Imagen Institucional del Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024, emplazamiento que tiene indignados a los profesionales del diseño, por una entendible razón: los mejores no entran a concursos especulativos, no trabajan gratis, ni por una remuneración determinada unilateralmente (como es el caso del actual llamado).
Ha cuidado la futura gobernante y su equipo de asesores el no mencionar en la convocatoria la palabra "marca", ofensivo vocablo para quienes piensan que este denominativo es territorio exclusivo del mercado y sus capitalistas fines, letras voraces que no deben navegar en las aguas de un gobierno de izquierda. Se equivocan y desaprovechan la oportunidad de crear un activo más allá de una imagen institucional para un periodo de gobierno. He visto, en todo el país, una miope propensión a desarrollar imágenes de gobierno sin pensar en la marca-ciudad.
Generalmente, cuando entra un nuevo gobierno, lo primero que hace es que no quede "ni una coma" (Mario Delgado dixit) del anterior régimen. En el caso de la capital del país tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que seguramente desaparecerá el horrendo acrónimo CDMX que para fines políticos representa a Miguel Ángel Mancera, incapaz de ver en la belleza del nombre "Ciudad de México" la posibilidad de desdoblarlo más allá de siglas que no fluyen en la pronunciación ni desdoblan el gentilicio. A pesar de que CDMX no es un buen nombre para la ciudad, su ejecución gráfica ha sido bien resuelta. La mala es que otra vez habrá que gastar en colores y símbolos que el nuevo gobierno escogerá mediante una de las formas más seguras de fracasar en un proyecto de identidad: un concurso.
Hay varias razones por las cuales pienso que esta estrategia es errónea. La primera es la incapacidad de ver la diferencia entre imagen del gobierno e imagen de la ciudad y confundir ambas. La convocatoria mezcla ambos conceptos. Luego, pensar en un propósito limitado y simplista, en este caso un periodo: 2018-2024, lo que garantiza que en 6 años habrá que gastar en otra imagen, pues el criterio es político, no estratégico. Además, el nuevo gobierno parece que piensa en logotipos para papelería oficial y mobiliario urbano cuando debería estar pensando en un sistema de marca; lo primero es una expresión gráfica con la que harán copy-paste en llaveros y cachuchas para venderlos en el Metro, lo segundo es una filosofía que expresa e inspira motivos para vivir, visitar, invertir y trabajar en la ciudad y que se desdobla en voz y acciones de los políticos y el gobierno, y gráficamente de la mano de profesionales. Un reto es tener una identidad, otro es ejecutarla. Si no hay esta visión, el resultado apunta para ser desastroso.
Hacer un concurso especulativo para escoger "el mejor trabajo" compromete la calidad del resultado. La doctora Sheinbaum debió haber convocado a que profesionales de la industria le enviaran sus trabajos previos y su visión de cómo resolverían el reto del nuevo gobierno (que no debería ser la imagen institucional sino la marca-ciudad) para, una vez conociendo sus capacidades, seleccionar al ganador que hará el proyecto. Esa es la forma de hacer que varios compitan sin comprometer la calidad.
En el fondo subyace una triste realidad: los políticos no entienden la complejidad y los alcances del diseño gráfico ni de lo que es una marca-ciudad. Su visión cortoplacista les lleva a pensar en su breve espacio y con nuestro dinero hacen la imagen de su gobierno, no de su ciudad, para luego verla destruida al llegar una renovación de poderes.
Una buena marca-ciudad (y marca-país) es un activo rentable que genera ingresos al gobierno, despierta el orgullo de los habitantes, habla al corazón de las visitas, genera recuerdos, alude al razonamiento de los inversionistas, algo tiene de historia y tradiciones pero entiende la modernidad sin tomar partido. Es para la ciudad, no para un periodo de tiempo. Y qué bueno, sí, que el nuevo gobierno de la ciudad esté pensando en innovación y esperanza como ejes inspiradores de su gestión.
Por lo pronto su convocatoria denota otra cosa.
@eduardo_caccia
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La transa y la austeridad/Juan E. Pardinas
Reforma, 30 Sep. 2018
Treinta millones de votos no garantizan la honestidad de nadie. La corrupción no se combate con escobas que empujan el polvo desde los peldaños más altos de la escalera. México no tendrá autoridades más honestas por la vía de los discursos y las autodeclaraciones de pureza. Para transformar el legado del PRI y Enrique Peña Nieto se requiere transparencia de contratos, procesos competidos de obra pública y castigos para quienes hayan hecho la alquimia de transformar el presupuesto público en patrimonio privado.
Esta semana el Congreso de Tabasco aprobó, por 27 votos contra 6, reformas a las leyes estatales de obra pública y adquisiciones. Estos cambios normativos permitirán mayor flexibilidad para la adjudicación directa de contratos, sin necesidad de pasar por procesos de competencia con distintos proveedores. De acuerdo a la nota publicada en El Heraldo de Tabasco (27-09-2018), la bancada mayoritaria de Morena "argumentó que la modificación al marco legal sólo busca promover y defender la inversión y desarrollo para Tabasco dejando atrás las viejas y amañadas prácticas de las licitaciones públicas". Las licitaciones públicas se pueden pervertir de varias formas, pero las asignaciones directas son la ruta más corta para regalarles contratos a los compadres, sin tener mayores enredos burocráticos. Con el flamante marco jurídico, los 17 presidentes municipales de Tabasco tendrán mucha mayor discrecionalidad para seleccionar a los campeones en la pesca de contratos con dinero público.
Sin embargo, el problema de la nueva legislación no se circunscribe a esta entidad del sureste. Tanto la nueva refinería como el tren peninsular que planea construir el nuevo gobierno estarán afincados o pasarán por territorio tabasqueño. De acuerdo a las notas de prensa, el nuevo marco legal también dará enormes márgenes de discrecionalidad al gobierno estatal en sus procesos de contratación para las dos obras más anunciadas del próximo sexenio. Una fracción de los contratos del tren y la refinería están sujetos a esta flamante legislación local. Esta nueva norma convierte a Tabasco en un edén de la corrupción legalizada.
Uno de los pasos más importantes para atajar la transa y el cochupo es justamente evitar la creatividad y la iniciativa de los estados a la hora de redactar sus leyes de obras y adquisiciones. No hay una razón clara para que los procesos de licitación de una carretera en Sonora sean muy distintos a un procedimiento equivalente en Yucatán. Comprar una aspirina en Campeche no debería ser muy distinto que adquirir un medicamento idéntico en Coahuila. Un termómetro de la sinceridad de Morena en el combate a la corrupción será la voluntad de discutir y aprobar una Ley General de Obra Pública y Adquisiciones. Esta nueva ley, diseñada para los tres niveles de gobierno, deberá incentivar la competencia, la transparencia y regular muy claramente los casos de excepción en los procesos de compra y contratación de obra.
Cuando un partido tiene mayoría en las dos Cámaras, ya no queda ningún pretexto para preservar el marco legal donde florecieron los negocios y escándalos del sexenio actual. De nada sirve que los legisladores lleven sus alimentos en un tupper de plástico si permiten que las leyes sean un invernadero de la estafa y el compadrazgo. Una ley general de obras y adquisiciones sería un acto de centralismo que reduciría el espacio de acción de estados y municipios. Sin embargo, si tomamos a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, como un embajador del federalismo contemporáneo, la pérdida de soberanía regional será una buena noticia para México. Si el gobierno de López Obrador enviará unos superdelegados a todas las entidades del país, creo que Morena tampoco tiene muchos argumentos para abogar a favor del federalismo. Los avances en austeridad se deben acompañar de diseños institucionales que incentiven la honestidad.
@jepardinas
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Tlatelolco: los francotiradores/JULIO SCHERER GARCÍA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
Las falacias –la historia oficial– que los panegiristas de Díaz Ordaz construyeron alrededor de la matanza de Tlatelolco fueron desmenuzadas, desmentidas, por Julio Scherer García, quien nunca dejó de buscar entre las heridas, aún abiertas, que dejó el 2 de octubre de hace medio siglo. He aquí unos ejemplos. La primera parte de este texto es el “Prefacio a la nueva edición” de Parte de guerra II. Los rostros del 68 (Nuevo Siglo Aguilar/UNAM, 2003); la segunda es un fragmento del capítulo “El Tigre Marcelino”, de Parte de Guerra. Tlatelolco 1968. Documentos del general Marcelino García Barragán (Nuevo Siglo Aguilar, 1999), ambos libros coescritos por el fundador de Proceso y Carlos Monsiváis.
Después del dos de octubre de 1968, un coro se escuchó en el país para poner en alto las virtudes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. A la matanza impune seguiría la burla. En su mejor prosa, los panegiristas del Ejecutivo sostuvieron que había resguardado la paz de la república. Jóvenes de mente oscura habían pretendido llevar al país por los torvos caminos de la violencia, traidores a México. Por suerte se habían topado con un hombre valeroso, un patriota.
Tiempo después, el dos de octubre de 1995, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal desplegó ante la opinión pública la suma de sus recuerdos. Mis memorias políticas, llamó a su autobiografía. Tenía de qué hablar. Regente de la Ciudad de México en el trauma del 68, fue íntimo de Díaz Ordaz. Sus voces se confundían, inseparables la palabra del eco. Como Díaz Ordaz, Corona del Rosal llegó a los extremos y se atrevió con esta frase: “Nunca hubo agresiones injustificadas en el 68”.
El 25 de junio de 1976, Corona del Rosal había escrito al general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en los días que no se olvidan. Le decía que el periodista Joaquín López Dóriga lo había entrevistado a propósito de Tlatelolco. En la brevedad de su carta, Corona del Rosal susurraba a García Barragán que se sumara a los panegiristas del amigo y jefe, el expresidente nacido en Puebla para mal de la república.
Venenoso en la forma, luces opacas en el agua estancada, García Barragán calló para siempre a Corona del Rosal y dejó claro que tarde o temprano –él, García Barragán– descendería al fondo de la tragedia, voz disonante del coro oficial.
Fue el principio de la historia que aquí consta y que la Suprema Corte de Justicia continúa con su exigencia inequívoca: no deberán quedar sin castigo los responsables de la matanza de Tlatelolco. El asunto habrá de llevarlo hasta sus últimas consecuencias la Procuraduría General de la República. Brotan los nombres de los primeros actores, visibles de cuerpo entero en la superficie llana: Echeverría, Gutiérrez Oropeza, aún vivos y ya muertos.
El pasado 24 de marzo tuve en mis manos los documentos y testimonios del que fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos del Presidente Díaz Ordaz. El maletín que los contenía, café claro, de piel dura, de llave y combinación, estaba dividido en dos compartimentos. A la izquierda, hojas escritas a máquina y pliegos manuscritos; a la derecha los partes militares del general García Barragán y los informes correspondientes del jefe del Estado Mayor Presidencial, general Gutiérrez Oropeza.
Javier García Morales, hijo de don Javier (García Paniagua), me entregó el portafolio en mi casa. Pronunció apenas unas palabras, una ceremonia su rostro impávido.
Me dijo que cumplía una cuestión de honor, una palabra empeñada. Aún lo escucho:
–Sé del aprecio de mi padre para usted. También de la estima de mi abuelo.
Hablé en su mismo tono:
–Les correspondí. Los quise mucho.
García Morales desprendió el reloj de su muñeca izquierda y me lo ofreció:
–Fue de mi padre. Me lo regaló hace poco, ya muy enfermo. Se lo
regalo.
El reloj es sencillo, de carátula redonda y delgados números romanos.
Me sentí turbado. Ahí estaba, sobre una mesa, el maletín abierto con el legado del general. Al lado, el reloj.
–Hábleme de su padre –le pedí a Javier. Poco había sabido de García Paniagua en un tiempo irrecuperable.
–No quería venir.
–Desde hace mucho.
–Los médicos le recomendaron que se operara. Aún le quedaba trecho, le decían. No aceptó. “No quiero que me abran. ¿Para qué? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Recuerda hijo, que así pensaba el general.” Murió en Guadalajara, con mi madre, amor que no se extinguió entre ellos. Mi padre le pidió que le llevara el desayuno a la cama, se disponía a probarlo y la cabeza se le vino abajo. Buscaba la muerte, ¿verdad?
–¿Para qué se interroga?
–Quisiera saber.
Marcelino García Barragán se formula preguntas que él mismo responde en una imaginaria entrevista de prensa. Las preguntas abarcan pliego y medio. Las respuestas, firmadas al calce una a una, rematan en la página número cinco, la última:
General de División
MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN.
La rúbrica, que sube y baja, toca el grado, el nombre y los apellidos del militar. Enlaza al hombre y a su vocación, inseparables.
La autoentrevista tiene su propia cadencia. Las preguntas iniciales son suaves y van subiendo de tono a medida que avanza el texto. Queda un tema sin respuesta. Alguna vez, quizá, conoceremos la respuesta. ¿Intervinieron los Estados Unidos en el 68?
Al azar había elegido el documento, sin fecha. Leí febril, dolorido, tantos años de espera y cierto de sorpresas amargas, duras. Pasé los ojos por un párrafo atroz, bloque sin puntos y aparte. Sentí la muerte, ser vivo, vivo como la vida.
“Permítanme enterarlos de lo siguiente” (“informa” el general a los periodistas. La metáfora asciende a un realismo brutal):
“Entre 7 y 8 de la noche el General Crisóforo Mazón Pineda me pidió autorización para registrar los departamentos, desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se les autorizó el cateo. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado telefónico del General Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: Mi General, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes, todos alcanzaron a salir de donde estaban, sólo quedan dos que no pudieron hacerlo, están vestidos de paisanos, temo por sus vidas. ¿No quiere usted ordenar que se les respete? Le contesté que, en esos momentos, le ordenaría al General Mazón, cosa que hice inmediatamente. Pasarían 10 minutos cuando me informó el General Mazón que ya tenía en su poder a uno de los oficiales del Estado Mayor, y que al interrogarlo le contestó el citado oficial que tenían órdenes él y su compañero del Jefe del Estado Mayor Presidencial de disparar contra la multitud. Momentos después se presentó el otro oficial, quien manifestó tener iguales instrucciones.”
¿Cuántos habrían muerto, enderezadas las metralletas contra la multitud? No tenía sentido la pregunta: No cabía en la tragedia la aritmética del crimen.
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Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
Los disparos desde el Molino del Rey/HOMERO CAMPA..
TLATELOLCO 68
En la noche del 2 de octubre, el “teniente Salcedo”, miembro del Estado Mayor Presidencial, informó por teléfono que se encontraba en el penthouse 1301, en el decimotercer piso del edificio Molino del Rey. Señaló que en ese departamento vivía Rebeca Zuno de Lima, cuñada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.
El “teniente Salcedo” dice que desde ese piso se disparaba con armas calibre 22 y de alto poder, y que ello también sucedía desde tres departamentos del decimosegundo piso: el 1201, alquilado a la familia de Minor Franco; el 1202, alquilado a Hans Kiloro; y el 1204, donde vivía la familia de Amalia Garza de Huerta.
Los datos anteriores constan en una tarjeta del fondo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, del Archivo General de la Nación. La tarjeta –que retomó el informe de la Femospp– no tiene fecha y está firmada por el capitán primero de Caballería, Juan Manuel Rojas Hisi.
Del contenido de dicha tarjeta se colige que el entonces secretario de Gobernación sabía que miembros del Estado Mayor Presidencial habían ocupado departamentos de edificios que rodean la Plaza de las Tres Culturas, desde los cuales se hicieron disparos el trágico 2 de octubre de 1968.
Seis años después, José Salvador Lima Luna, hijo de Rebeca Zuno, se convirtió en administrador de la Unidad Tlatelolco y un año después fue diputado por el PRI del segundo distrito electoral de la Ciudad de México, el cual comprende a Tlatelolco. Obtuvo ambos cargos cuando Echeverría era presidente de la República.
El penthouse del Molino del Rey ya no existe. Los cuatro pisos superiores del edificio fueron desmontados después de que resultaron dañados en el temblor de septiembre de 1985.
Marta Ortiz Izquierdo ha vivido prácticamente toda su vida en ese edificio. Habita el departamento 301. En octubre de 1968 tenía 13 años y desde la ventana de su habitación fue testigo de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.
Recuerda que el penthouse del edificio Molino del Rey no estaba habitado. En semanas previas al 2 de octubre llegó un camión militar del cual soldados bajaron cajas que metieron a ese departamento. Cuenta que los vecinos pensaron que un oficial del ejército y su familia se mudarían ahí.
El 2 de octubre se percató de que desde ese y otros departamentos de pisos superiores disparaban hacia abajo.
–¿Hacía la Plaza? –se le pregunta.
–Disparaban contra los soldados… Y estos respondían: todo los pisos de arriba quedaron con marcas de balazos.
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El número de muertos del 68, aún en el misterio/
HOMERO CAMPA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario.
Setenta y ocho muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.
Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.
Jaramillo, estudiante de la ESIME, fue detenido el 2 de octubre de 1968. Fue liberado y reaprehendido en enero de 1969 junto con César Tirado, también estudiante del IPN, después de que una persona, identificada como El Chapo Valenzuela Cárdenas, declarara mediante torturas que Tirado pretendía matar a Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo con La Jornada en su edición del 20 de septiembre de 2005, soldados vestidos de civil trasladaron a Jaramillo y Tirado al Campo Militar número 1. Durante cinco días fueron sometidos a interrogatorios y torturas. De acuerdo con el diario –que tuvo acceso al expediente–, el 23 de enero de ese año el propio García Barragán los confrontó y luego ordenó liberarlos: “¡Suéltenlos! Están muy flacos pa’ tenerles miedo”, habría dicho el general.
Esa misma noche los sacaron del Campo Militar No. 1 y los abandonaron en distintas zonas de la Ciudad de México. “Al día siguiente Tirado y Valenzuela se reencontraron, pero nunca más localizaron a su compañero de la ESIME”, señala el diario.
Zavala comenta que la Femospp lo buscó y lo encontró. Sus padres lo habían enviado a Estados Unidos.
La danza de las cifras
En la madrugada del 3 de octubre de 1968 –apenas unas horas después de la matanza en Tlatelolco–, el director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, Fernando M. Garza, soltó ante más de 60 periodistas mexicanos y enviados extranjeros la primera cifra de muertos en la Plaza de las Tres Culturas: “Cerca de 20”, dijo; así como 75 heridos y más de 400 detenidos.
Unas horas después, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, envió a sus superiores una ficha informativa con los siguientes números: 26 muertos, incluidos cuatro mujeres y un soldado; 100 heridos, 73 hombres y 27 mujeres; así como 12 soldados, tres agentes de la DFS, dos de la Judicial Federal, uno de la Judicial de Distrito y un policía preventivo.
También reportó mil 43 detenidos: 363 en el Campo Militar número 1; 83 en la Jefatura de Policía, y 595 en la Cárcel Preventiva y en la Penitenciaría del Distrito Federal.
El mismo 3 de octubre la policía capitalina informó de 24 muertos y 500 heridos. El periódico El Día, con base en las listas de hospitales, estimó en 30 los muertos, 87 los heridos (70 civiles y 17 militares) y mil 500 los detenidos.
El 5 de octubre –en su primera conferencia de prensa tras los hechos de Tlatelolco–, el CNH estimó en 150 los muertos, entre ellos 40 militares.
“¿Cuántos murieron? En México ningún periódico se atreve a publicar las cifras. Daré aquí la que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable: 325 muertos. Los heridos deben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas”, escribió Octavio Paz en su libro Posdata.
Sin embargo, la cifra que ofreció John Rodda, el periodista de The Guardian que estuvo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y quien realizó la supuesta investigación, fue de 267 muertos y mil 200 heridos. Lo publicó cuatro años después, el 18 de agosto de 1972, en un texto titulado “The Killer Olympics”, en el que utilizó como fuente “una carta” que recibió en enero de 1969, sin precisar su remitente ni en qué se basa su estimación.
“Se llevan a su muertito”
“El número de muertos es mucho mayor del que se puede documentar”, afirma Daniel Molina, integrante del Comité del 68 pro Libertades Democráticas.
Se basa en la experiencia: fue testigo de cómo agentes judiciales y agentes del Ministerio Público alteraron actas de defunción para que no quedaran pruebas de las muertes por bala durante el 2 de octubre en Tlatelolco.
“Tenía 27 años –relata–. Estaba en el último año de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. No era líder, era brigadista. El 2 de octubre mi esposa, Diana Rivera Torres, y yo, quedamos de vernos con mi cuñada Mariza y mi cuñado Guillermo en la zona de las astabanderas de la Plaza de las Tres Culturas. Guillermo, Chomi, tenía 15 años y estudiaba en la Pre-Vocacional 1.
“A Diana y a mí se nos hizo tarde. Cuando llegamos a Tlatelolco ya estaba el cerco militar y no pudimos entrar a la plaza. Nos fuimos a la casa. Como a las ocho de la noche recibimos la llamada de Mariza. Estaba en la delegación de Tacuba. Desconsolada, nos informó que habían asesinado a Guillermo.”
De acuerdo con el relato que después les hizo Mariza, Guillermo recibió dos impactos de bala en el abdomen. En medio del tiroteo y el tropel de manifestantes desesperados por salir de la plaza, ella logró que una ambulancia militar lo recogiera. Aún estaba vivo.
–¿Cómo se llama? –le preguntó un oficial
–Mariza Rivera Torres…
–¿Es usted pariente del capitán Torres?
–No…
–Ah, entonces no la puedo ayudar.
Y bajaron de la ambulancia militar a Guillermo. Tuvo que esperar una ambulancia de la Cruz Roja. El muchacho murió en el trayecto.
“En la delegación de Tacuba había muchos cadáveres regados en el patio –recuerda Daniel–. Unos policías borrachos jugaban frontón y pisaban sin recato los cuerpos. Mientras hacíamos los trámites. Alguien le avisó a Diana: ‘Señora, se están llevando a su muertito’.
“Salimos corriendo. Una ambulancia del Semefo se llevaba el cuerpo de Guillermo. Subimos al auto que llevábamos y la fuimos persiguiendo. Llegó al Semefo de la colonia Doctores.”
Daniel cuenta que en el Semefo las imágenes eran dantescas: como los cadáveres no cabían en las planchas, estaban en camillas y regados en el suelo de salones y pasillos.
Mientras esperaban para realizar los trámites de identificación, fueron testigos de cómo agentes judiciales “negociaban” con las familias: “Les vamos a dar su muerto, pero va a aparecer que murió de otra cosa”. Y las familias, desesperadas, aceptaban.
“Lo mismo intentaron con nosotros:
–¿Qué pongo como causa de deceso? –preguntó el secretario.
–Ponle cualquier cosa –indicó el agente del Ministerio Público.
–Estamos pidiendo que se asiente que murió a causa de balas disparadas por armas de uso exclusivo del Ejército –pidió Daniel con firmeza.
–Mira, mano, si te vas a poner en ese plan no te entregamos al muerto –amenazó el agente del Ministerio Público.
“No hubo de otra. Para una familia es fundamental tener los restos de un ser querido, de lo contrario se perpetúa la tragedia. Como los demás, terminamos aceptando.”
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El homenaje que nombra a las víctimas/HOMERO CAMPA..
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Sobre una pantalla de 20 metros de largo por dos de ancho aparecen flores de maguey entre las que discurren, en cuatro colores, los nombres de las víctimas del movimiento estudiantil de 1968.
Los nombres de los muertos aparecen en violeta; de los detenidos, en verde; los desaparecidos en amarillo y los lesionados en anaranjado. En total mil 786 nombres que se suceden de manera continua durante un ciclo de 10 minutos hasta que un reloj marca las 6:10 de la tarde y una luz irrumpe y copa la pantalla extinguiendo las flores… y la vida. Fue justamente a esa hora cuando en la Plaza de las Tres Culturas fueron lanzadas unas luces de bengala, dando inicio al fuego cruzado que terminó en la masacre de Tlatelolco.
Esta “pieza autogenerativa” se llama Semillas. Se inaugurará esta semana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte de los eventos que conmemoran los 50 años del movimiento estudiantil del 1968.
“Esta pieza audiovisual es un homenaje a las víctimas. Los recuerda y celebra en vida”, comenta Rodrigo Garrido, realizador de la pieza.
“Más que en los números de las víctimas, se pone énfasis en sus nombres, pues en el acto de nombrar reaparece la memoria de un ser vivo”, señala Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto.
Junto con el audiovisual se colocará un dispositivo multimedia para que el público pueda consultar una base de datos sobre muertos, desaparecidos, detenidos y lesionados entre julio y diciembre de 1968. Dicha base de datos incluye los delitos, las causas penales y los procesos que se han llevado a cabo para procurar justicia a las víctimas del 68.
Con una ventaja adicional: los usuarios pueden aportar datos y documentos sobre otros casos de víctimas y con ello contribuir a la verdad y la memoria de los hechos ocurridos hace 50 años. Dicho “buzón” se instalará de manera paralela a la página web del proyecto Semillas.
La ideal es que esto culmine en un proceso de justicia y reparación para las víctimas, dice Vargas. “Somos el único país de América Latina que no lo ha hecho”, añade.
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Fox y su secretario de Defensa entorpecieron a la fiscalía especial: Carrillo Prieto/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Consultado sobre los aspectos pendientes de aclarar en las investigaciones sobre la masacre de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el exfiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, afirma que mientras no se establezca la verdad completa y las responsabilidades en el crimen –ni la Defensa ni el EMP, por ejemplo, han pasando al banquillo– no podrá avanzarse en aspectos como la rendición de cuentas, la reparación del daño ni la garantía de no repetición del delito.
El 68 todavía no está cerrado. A medio siglo, la verdad sigue incompleta por la negativa del Ejército y del Estado Mayor Presidencial de aclarar su participación en la represión estudiantil. Es el mismo silencio que los militares han guardado sobre la guerra sucia en Guerrero, la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Es una continuidad de graves violaciones a los derechos humanos que ha sido posible por la falta de rendición de cuentas de los militares. Sin esa verdad, es imposible conceder cualquier perdón. “Que primero nos digan qué vamos a perdonar”, dice Ignacio Carrillo Prieto, quien fue el fiscal encargado de investigar los delitos cometidos por el régimen autoritario del PRI durante el siglo pasado.
Si el próximo gobierno está hablando de reescribir la historia, no se podrá hacer si siguen abiertos casos como el 68, si se siguen ocultando las pugnas político-militares en las que quedaron atrapados los estudiantes, afirma el exfiscal, quien sugiere además que la próxima Fiscalía General de la República (FGR) reabra las investigaciones de la represión del pasado para reconstruir la verdad.
La matanza de Tlatelolco fue el punto de partida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El gobierno de Vicente Fox creó ese ministerio público especial en medio de contradicciones en su gabinete para afrontar las exigencias de justicia por los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta.
De la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, no sólo falta la verdad completa. El deslinde de responsabilidades se quedó a medias. El expresidente Luis Echeverría Álvarez, procesado como responsable, vivió más de dos años en prisión domiciliaria acusado de genocidio, pero al final fue liberado. Inscrito en la historia como uno de los principales instigadores de la represión de los estudiantes, Echeverría tiene ahora 98 años.
Nadie más fue castigado. Los otros civiles y los jefes militares que habían sido consignados por la fiscalía se murieron durante el proceso penal o se salvaron porque el Poder Judicial de la Federación determinó que el delito prescribió en 1998, 30 años después de la masacre.
La reparación del daño y la garantía de no repetición también están ausentes. “El Estado mexicano no ha pedido perdón oficial y solemnemente por lo que pasó con los estudiantes que pacíficamente pedían libertades democráticas”, dice Carrillo en entrevista con Proceso el 25 de septiembre.
Verdad, justicia, reparación y no repetición están ausentes en México respecto a la masacre de Tlatelolco. Es imprescindible que se haga, dice Carillo Prieto, ahora investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que en la entrevista está acompañado de Salvador Osorio Solís, quien en la Femospp fue el ministerio público responsable del caso del 68.
–¿Cómo se pueden cumplir esas exigencias si ya es un caso juzgado?
–Hay cosas que el próximo gobierno puede hacer. Para empezar, limpiar la memoria de los estudiantes, profesores y demás personas que fueron detenidas por participar en el movimiento. Hay que expurgar los expedientes judiciales con los que fueron condenados como delincuentes y se les privó de la libertad.
“Se les arrebataron años de vida. Fue un latrocinio que no parece importar hoy suficientemente. Es totalmente injusto que en el registro oficial mexicano (Raúl) Álvarez Garín (dirigente del Consejo Nacional de Huelga, ya fallecido) o Pablo Gómez (actual diputado de Morena) oficialmente sigan siendo considerados unos delincuentes producto de procesos judiciales totalmente viciados. Hay que tachar eso de los expedientes y revisar la actuación del Poder Judicial.
–¿Hay que fincar responsabilidades también a jueces?
–Hay que investigar a los jueces venales que contribuyeron a la atrocidad de privar de la libertad a muchachos que no hicieron nada sino expresar su opinión y su convicción. La investigación sería una lección de deontología judicial para decir: este es el modelo de lo que no debe ser un cuerpo judicial, una corte de Justicia, un tribunal federal o un juez de distrito. Es una manera de reparar el daño.
“También debe considerar aspectos psicológicos y patrimoniales para muchos que sufrieron la respuesta violenta del Estado”, tercia Osorio Solís.
–¿Cómo reparar, si no se logró castigar a los responsables?
–Lo que hicimos en la fiscalía fue algo excepcional –responde Carrillo Prieto ante las críticas por la actuación de la Femospp entre 2001 y 2006.
“No había antecedentes. Consignamos a un expresidente por delitos cometidos durante su ejercicio como secretario de Gobernación. No hay un precedente de un presidente preso durante 847 días en su domicilio. Se dice fácil. En esa parte se empezaba a caminar por la vía correcta. Sin embargo, un compromiso político cerró en falso la fiscalía queriéndolo aparentar como una decisión de Fox, cuando en realidad fue una decisión de ese señor que se llama Felipe Calderón.”
La cerrazón oficial
Carrillo Prieto se refiere a la desaparición de la fiscalía como “una crónica anunciada” por el desinterés del PAN en investigar las violaciones a los derechos humanos del régimen del PRI y la necesidad de Calderón de echar mano de los militares para la guerra que les declaró a los cárteles de la droga.
Cuando desapareció la fiscalía, Luis Echeverría todavía estaba sujeto a prisión preventiva. Después obtuvo un amparo, porque la juez Herlinda Velasco Villavicencio no encontró ningún indicio de que el expresidente había participado en la concepción o ejecución del genocidio. Es decir, para el Poder Judicial, la Femospp sí acreditó el genocidio, pero ya no había manera de castigar a los genocidas por la prescripción del delito. Y sobre el único detenido, dijo que no había nada que lo vinculara.
Según el fiscal y el exministerio público encargado de consignar el expediente de la masacre de Tlatelolco, la participación del expresidente en los hechos del 68 debió seguir siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR):
–¿Cómo fue posible que la fiscalía acreditara sólo un estudiante detenido desaparecido y apenas una veintena de fallecidos en la Plaza de las Tres Culturas?
Responde Osorio Solís: “Los padres del estudiante desaparecido, Héctor Jaramillo, de la ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) nunca quisieron comparecer en la fiscalía. Como ellos, muchos familiares de las víctimas ya no quisieron saber nada. Pero hay que recordar el que el delito de desaparición forzada no prescribe.
“Respecto a los muertos, comprobamos alrededor de 21 o 22 casos porque teníamos que acreditar que existió esa persona, que estaba en el lugar de los hechos y que con motivo de esos hechos falleció. Cuando empezamos a pedir las necropsias y los expedientes que se habían iniciado sobre los homicidios, resulta que los expedientes no existían. Habían sido pedidos por procuradores anteriores y nunca los habían devuelto y se habían extraviado.
“Nuestra salida fue el Registro Civil del Distrito Federal, que nos envió las actas de defunción que tenían. Con base en ellos, nuestros peritos sólo pudieron dictaminar que ese número de personas había muerto en el lugar.”
–¿Qué papel jugó el Ejército en la investigación de la fiscalía?
–Pésimo –dice Carrillo enfático–. El Ejército se mostró en todo momento reacio a colaborar. El general Clemente Vega García (en ese momento titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) fue no solamente poco cooperador, sino especialmente grosero. Y el entonces coronel (Jaime Antonio) López Portillo Robles, encargado del Tribunal Militar y después de la dizque protección de derechos humanos del Ejército, fue absolutamente reacio. Lo que dio, lo dio a cuentagotas.
“Por ejemplo, muchos denunciantes señalaron que lo ocurrido en la tarde noche del 2 de octubre de 1968 obedecía a un plan denominado Operación Galeana. El Ejército negó sistemáticamente que existiera dicho documento. Respondían que era una invención. Después de los papeles del general (Marcelino) García Paniagua (titular de la Sedena en el 68), supimos que había toda una decisión muy pensada que nos explica la presencia de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial (EMP) del general Luis Gutiérrez Oropeza.”
Esos documentos fueron publicados por el fundador de Proceso, Julio Scherer García, junto con Carlos Monsiváis en el libro Parte de guerra. Tlatelolco 1968.
Continúa Carrillo: “El Ejército y el EMP se negaron a dar información. Especialmente el Ejército. Pudo haber hecho mucho y no hizo nada. Al contrario, obstaculizó. Negó incluso la existencia de la prisión en el Campo Militar número 1. Aun así, seis o siete generales tuvieron que comparecer ante la fiscalía, entre ellos el jefe del EMP del presidente Miguel de la Madrid, el general (Carlos Humberto) Bermúdez Dávila. Pero el EMP también negó absolutamente todo. La intervención de su Sección II (de Inteligencia) en los hechos de Tlatelolco fue negada sistemáticamente.
–Ha pasado medio siglo y los militares siguen sin asumir una responsabilidad.
–El Ejército rechaza incluso que se haya cometido un delito. Insiste en que se protegió a la población porque había francotiradores. Dice que disparó porque fue provocado para disparar. Sigue con su historia peculiar del 2 de octubre. En otros países, como en Argentina, que vivió una dictadura militar, el Ejército ha asumido su responsabilidad y los generales han ido a parar a la cárcel.
Dice que la Sedena le ofreció las cabezas de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes ya estaban detenidos por cargos de narcotráfico y que también estaban acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de la guerrilla en Guerrero. “Aquí los tenemos ya presos. Fue la carnada que ofrecieron a la fiscalía, pero después ni eso”, asegura el exfiscal.
Insiste: “Hay una responsabilidad de los cuerpos militares y hay que distinguir entre los francotiradores del EMP y las huestes a cargo de los generales José Hernández Toledo y de Crisóforo Mazón Pineda. Sólo otro militar iba a saber quién era el mando militar en la plaza.
“Esa pugna explica la sucesión presidencial entre el general García Barragán y el general Gutiérrez Oropeza, éste como socio de Echeverría para sacar del juego a Alfonso Corona del Rosal (entonces regente del Distrito Federal) y a cualquier otro que le garantizara a Díaz Ordaz su exoneración y su perfecta paz.”
Un golpe político
Al preguntarle si la salida de fuerza del 68 fue resultado de una pugna político-militar, Carrillo Prieto reflexiona:
“Como fiscal, como investigador, estoy convencido de que así fue. Eso fue central. En la investigación resultó que los francotiradores estaban en los departamentos de la cuñada de Echeverría y, dados los usos y costumbres de los mexicanos, todo mundo entiende que el secretario de Gobernación estaba metido hasta el cuello en este asunto. En el operativo estaba excluido expresamente el EMP de intervenir esa tarde noche en la Plaza de las Tres Culturas. Había judiciales federales, Federal de Seguridad y militares del Ejército. Al EMP se le pidió expresamente que no interviniera.
“En la mañana del 3 de octubre –añade–, Gutiérrez Oropeza se comunicó con García Barragán y le dijo: ‘Mi general, por favor, deje bajar a mis muchachos’. Es un dicho de Gutiérrez Oropeza. ¿Por qué tenía que pedirle clemencia el general García Barragán? ¿Qué iban a hacer contra sus muchachos los otros militares como para tener que intervenir con esa frase tan derrotista: ‘por favor, deje bajar a mis muchachos’?”
Asegura que después del bazucazo contra la puerta de la Preparatoria número 1, en el centro de la ciudad, aparecieron en la televisión Echeverría y los generales Corona del Rosal y García Barragán. “Lo hicieron como para señalar que el regente de la ciudad (Corona del Rosal) no podía solo, lo que lo descalificó de entrada. Esas pugnas fueron muy importantes y se vio que el peor obstáculo de Echeverría para ser candidato presidencial iba a ser el Ejército, en el que Díaz Ordaz confiaba plenamente.
–Pero al final Echeverría fue el candidato presidencial.
–Fue el vencedor del conflicto por sus maniobras. Y luego, en algo absolutamente indigno, propuso un minuto de silencio por el 2 de octubre, a pesar de que la operación había sido defendida por quien todavía era el presidente de la República. Díaz Ordaz pensó entonces cambiarlo, pero no pudo por los tiempos institucionales. Después Echeverría orilló a la Universidad Nacional a recibirlo para inaugurar los cursos escolares, lo que era verdaderamente el colmo. Fue cuando ocurrió la famosa pedrada que lo descalabró.
–¿Eso que está contenido en el informe final de la fiscalía es suficiente para conocer lo que pasó en el 68?
–No. El informe es un gran avance, a pesar de que el gobierno intentó descalificarlo. Ese informe sirvió para la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla (a manos de militares en 1974, en Guerrero) y la posterior reforma del artículo 1 de la Constitución a favor de los derechos de las personas.
“El 68 es una verdad histórica ya de imposible procesamiento legal, pero aún tenemos que reconstruir”, dice.
–¿Cómo reparar el daño ahora?
–La comisión que propone el presidente electo es un primer paso para restaurar este asunto de justicia. Que sea una comisión histórica, para no hablar de la verdad, pero que supere la antidemocrática opacidad militar. Además, hay que restaurar de una sección en la Fiscalía General para investigar los casos del pasado. Conociendo la verdad histórica es posible no repetir el error; desconociéndola es absolutamente posible volver a repetirlo. Meter la basura debajo de la alfombra significa que va a seguir habiendo casos como Tlatlaya y Ayotzinapa.
Afirma: “Hay momentos oscuros que pueden dificultar la ‘cuarta transformación’. ¿Cómo vamos a hacer historia si no sabemos escribir la historia? Tenemos que hacer la verdadera historia de ese periodo nefasto. Mientras esos asuntos no queden resueltos, seguiremos en lo mismo. Si no tenemos la verdad completa, ¿qué vamos a perdonar?”
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La infiltración de priistas en la UNAM en los sesenta/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
La investigadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas localizó en el Archivo General de la Nación documentos que acreditan la infiltración de grupos priistas en instituciones de educación superior durante la década de los sesenta. Ese acervo contiene nombres y la actuación de dirigentes que tuvieron un papel activo en la matanza del 2 de octubre de 1968, como la organización paramilitar conocida como Grupo Lux.
Al menos tres años antes de estallar el Movimiento Estudiantil de 1968, tres grupos políticos priistas se infiltraron en la UNAM y en otras instituciones de educación superior. Sus integrantes estaban en las nóminas gubernamentales y ahí cobraban sus sueldos.
Derrocharon abundantes recursos económicos para fomentar la violencia y azuzar conflictos entre la comunidad estudiantil. Tal era su poder en ese ámbito que incluso obligaron a un rector a presentar su renuncia; también solían irrumpir en la Cámara de Diputados y en el Senado para sabotear los trabajos legislativos.
Documentos localizados en el Archivo General de la Nación por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas acreditan que en la UNAM y en la célebre Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de la Secretaría de Gobernación tenían información sobre el modus operandi de esos grupos de choque, en cuyas filas había políticos que con los años cobraron notoriedad.
Según los informes de las policías políticas, entre ellos se encontraban Manuel Bartlett Díaz, dedicado a facilitar el financiamiento de un poderoso “grupo secreto” en el que destacan como dirigentes Heladio Ramírez López y José Murat, así como el Grupo Lux, una organización paramilitar financiada por el entonces regente capitalino Alfonso Corona del Rosal, cuyos integrantes llevaban un guante blanco en la mano derecha el 2 de octubre de 1968.
Los inicios
En 1966, cuando era rector de la UNAM, el cardiólogo Ignacio Chávez enfrentó un movimiento aparentemente estudiantil, aunque en realidad estaba financiado por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, cuyo hijo, Leopoldo Sánchez Duarte, era estudiante de la Facultad de Derecho. Desde ese reducto financió un grupo de porros y pistoleros conocido como Grupo Sinaloa.
El 26 de abril de aquel año, Chávez quedó atrapado por ese grupo en la Torre de Rectoría. Durante seis horas los miembros del Grupo Sinaloa lo golpearon y amenazaron, hasta que, ante la falta de apoyo policiaco, el rector firmó su renuncia.
En una carta de agradecimiento, enviada días después de su forzada renuncia a Octavio Paz –quien, como gran parte de la comunidad intelectual y académica, le expresó su solidaridad–, el cardiólogo habló precisamente de grupos políticos que le armaron el conflicto.
Subrayó el silencio y la omisión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, e incluso expresó su certeza de que pronto sus agresores ocuparían cargos públicos cobijados por el PRI porque, reprochaba, “hay que alimentar a las fieras”.
Tenía razón. Sánchez Duarte terminó desarrollando una carrera política de la mano del profesor Carlos Hank González, quien lo empleó primero en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y luego lo llevó con él como funcionario al gobierno del Estado de México. Cuando el profesor era regente de la Ciudad de México convirtió al hijo del gobernador sinaloense en titular de la delegación Coyoacán.
La historia de Sánchez Duarte y su implicación en ese grupo fue ampliamente documentada por Proceso en su edición 168, correspondiente al 19 de enero de 1980. Y le dio seguimiento hasta que el junior cayó en desgracia, acusado de corrupción. En la edición del 17 de diciembre de 1983, el reportero Carlos Acosta Córdova publicó la historia (Proceso 372)
El primero de los reportajes mencionados narra cómo el grupo encabezado por Sánchez Duarte propinó una golpiza a Humberto Roque Villanueva, el joven presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios que apoyaba al rector Chávez. La comunidad de la Facultad de Economía, donde estudiaba el agredido, atestiguó la agresión.
Hoy, gracias a los documentos encontrados por María de los Ángeles Magdaleno, es posible advertir que en los años sesenta Sánchez Duarte no actuaba solo.
La carta de Chávez a Octavio Paz, hasta ahora desconocida, forma parte del fondo Paz-Garro y no es tan abundante en detalles como un informe de la DIPS, titulado: “Aspectos generales sobre las actividades que desarrollan grupos políticos entre los jóvenes”.
El documento contiene pormenores sobre fondos públicos, estructura, objetivos y nombres de los operadores, entre los que destacan políticos que, si bien ya fallecieron, sus descendientes siguen activos en la vida pública; otros siguen vigentes, aunque ya no militan en el PRI.
La estructura secreta
Jefa de la investigación documental en la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Magdaleno Cárdenas continuó, entre otros proyectos, sus investigaciones independientes sobre lo ocurrido en los años del autoritarismo hegemónico. Con documentos de archivo ha logrado descubrir líneas de investigación hasta ahora inéditas y, a partir de sus hallazgos, identifica una concatenación de actuaciones políticas que, antes y mucho después de 1968, demuestran el grado de involucramiento de políticos priistas, en el que reiteradamente aparecen vínculos y actuaciones directas de Corona del Rosal.
El mencionado documento de la DIPS, por ejemplo, identificó tres grupos políticos “en orden de importancia por los recursos de que disponen”: primero, a Lauro Ortega, entonces dirigente nacional del PRI; luego, a Caritino Maldonado Pérez, político de Guerrero que llegó a la gubernatura de esa entidad en 1968; en el tercer término, al Departamento del Distrito Federal.
La importancia de Ortega en ese momento se relacionaba con la estructura que hasta entonces habían identificado los cuerpos de espionaje político, describiendo su filiación secreta, el uso de charola y de insignias para reconocer su nivel jerárquico.
“El Dr. Lauro Ortega, a través de los licenciados Manuel Bartlett, Manuel Bonete e Ignacio Castillo Mena –señala el documento–, ha canalizado importantes recursos económicos con el objeto de crear grupos juveniles que, sin pertenecer al partido, son afines ideológicamente. El denominador común de esos grupos es que no se les señala relación ni militancia con el PRI, la entrega de credenciales metálicas e insignias para la solapa que señala el grado de grado de jerarquía.”
Lustros después, a finales de los ochenta, Castillo Mena se adhirió a la Corriente Democrática que abandonó el PRI, y cuando se fundó el PRD, fue coordinador parlamentario de la primera bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Bartlett, por su parte, después de una larga carrera en el PRI, lo abandonó y se fue al Partido del Trabajo, y a partir de 2012 se sumó a las filas de López Obrador, quien lo postuló para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad.
El documento de la DIPS identifica al grupo como Movimiento Juvenil Revolucionario (MJR) y da cuenta de su estructura piramidal, que va de la dirigencia nacional hasta dirigentes distritales; incluye 8 mil 431 cuadros jóvenes, con 24 estructuras de esa dimensión sólo en el Distrito Federal, con 202 mil miembros y una “escalera disciplinaria” en el siguiente orden de importancia decreciente:
Lauro Ortega, jefe máximo; Francisco Berlín Valenzuela, jefe nacional del MJR, y Heladio Ramírez López, jefe en el Distrito Federal.
Berlín Valenzuela y Ramírez López han tenido destacadas carreras en el servicio público. El primero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo (tres veces senador, gobernador de Oaxaca, dirigente de la Confederación Nacional Campesina y numerosos cargos) ahora verá a su hijo Luis Antonio Ramírez Pineda como director general del ISSSTE, pues ya fue anunciado por López Obrador.
Respecto al documento de la DIPS, en él se añade que la operación de la estructura secreta incluye la renta de una casa por cada tres distritos, con una oficina para cada distrito. Y tras describir las insignias de rango, establece como “recompensas” un viaje al país que desee al primer director que integre su estructura de 8 mil 431 miembros.
Además, “todos los directores de distrito, para el mejor desempeño de su labor, tendrán puestos en dependencias oficiales y serán comisionados al PRI”.
Y, finalmente: “Este trabajo debe permanecer en el mayor de los secretos para que la opinión pública no lo conozca y lo desvirtúe, de tal forma que ni los integrantes del MJR se enteren de que es manejado por el PRI”.
Un segundo grupo, también bajo las órdenes de Lauro Ortega, fue llamado “Benito Juárez”. Sobre él, la DIPS informó: “Este movimiento, también secreto, se creará en las universidades, centros de enseñanza superior, escuelas secundarias, con las mismas características del MJR.
“Tuvo su primer fracaso al tratar de ganar las elecciones de derecho de la UNAM.”
Esta última afirmación se refiere al origen del conflicto que terminó con el secuestro y la dimisión del rector Ignacio Chávez, donde la cabeza visible era Sánchez Duarte, hijo del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis. Pero había otros dirigentes, según los informes de la DIPS:
“Las cabezas visibles de estos dos movimientos son Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Tarrab, Nelson Murat Casab, Lidio Nava y Jesús Anlen, quienes tienen especial relación con los hermanos Salvador y Rafael Corrales Ayala.”
De acuerdo con el informe de la DIPS, este último grupo compacto era aconsejado y protegido por el periodista Ángel Trinidad Ferreira.
Rafael Corrales Ayala llegó a ser gobernador de Guanajuato, el último del PRI en los años ochenta. En tanto, como el ya mencionado Berlín Valenzuela en la Suprema Corte, Carlos Tarrab tuvo una larga trayectoria, pero en el Poder Judicial, lo mismo que Jesús Anlen en el sistema capitalino, donde es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
En tanto, Nelson Murat es exgobernador de Oaxaca y padre del actual gobernador Alejandro Murat.
Fechado en agosto de 1967, el informe de la DIPS establece que estos dos grupos –en realidad uno solo, pero con dos estructuras secretas– “están patrocinando a los grupos de estudiantes de la UNAM y el Poli que piden desaparición de poderes en Guerrero y que se presentan en la Cámara de Diputados y Senadores”.
Los otros grupos
Enfrascados en conseguir posicionarse para la sucesión presidencial, los políticos de la época construían sus estructuras, aunque, en 1967, la DIPS desconocía cuáles eran los propósitos de determinados movimientos.
Uno de los grupos, diferentes al patrocinado por Lauro Ortega, era el del guerrerense Caritino Maldonado, quien envió a uno de sus colaboradores, Augusto Ponce Coronado a organizar la federación estudiantil a lo largo del país. Ponce tuvo “contacto con las asociaciones de estudiantes de provincia que radican en la Ciudad de México para que se incorporen” a la Confederación Nacional de Jóvenes.
El documento añade: “Se han manejado cantidades económicas muy importantes e impreso diversos manifiestos firmados por algunas federaciones estudiantiles.”
Maldonado, quien llegó a la gubernatura de Guerrero en 1968, falleció en un accidente aéreo en 1971. Ponce Coronado se acercó después a Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre más importante del espionaje político en México durante décadas.
Pero el grupo más oscuro en el informe de la DIPS era el impulsado por el regente Alfonso Corona del Rosal, reportado como “Juventudes Universitarias Revolucionarias”, cuyo dirigente era Jaime Bravo, hijo del político michoacano Enrique Bravo Valencia.
Según la DIPS, este grupo estaba formando núcleos en todo el país, a través de Rafael Cervantes, colaborador de Corona del Rosal, pero desconocía sus actividades.
Si la DIPS no tenía idea de cómo operaban los grupos de Corona del Rosal, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sí dejó registros de una organización paramilitar: el Grupo de la Lux, una enorme estructura en la que convergían policías, empleados de limpia, boxeadores, luchadores y locatarios de La Merced.
Según un informe fechado el 5 de julio de 1969, tenía 20 mil miembros en la Ciudad de México, 5 mil de los cuales tenían un sueldo de 70 pesos diarios y se desplazaban por todo el país desde 1960.
Sobre la participación del Grupo Lux el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el informe de la DIPS indica:
“En las pasadas orgías estudiantiles, este grupo se dedicó a contraatacar a los estudiantes de leyes y de otras escuelas, y para identificarse entre ellos, usaban un guante blanco en la mano derecha.”
El 26 de febrero de 1968, la DFS abrió una ficha sobre Sergio Mario Romero Ramírez, El Fish, en el que se da cuenta de su paso por “Los Escuderos”, grupo juvenil de la orden de los Caballeros de Colón; su designación, mediante maniobras, como dirigente de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA), y su papel, también contrario al rector Ignacio Chávez en 1966.
El documento establece también que Romero Ramírez era empleado del Departamento del Distrito Federal, pero en realidad era informante sobre lo que pasaba en la UNAM, bajo las órdenes del coronel Manuel Díaz Escobar –identificado como el mando del Grupo de la Lux conforme a los documentos localizados por Magdaleno Cárdenas–, como hombre del Estado Mayor Presidencial comisionado al DDF como subdirector de Servicios Materiales.
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La transa y la austeridad/Juan E. Pardinas
Reforma, 30 Sep. 2018
Treinta millones de votos no garantizan la honestidad de nadie. La corrupción no se combate con escobas que empujan el polvo desde los peldaños más altos de la escalera. México no tendrá autoridades más honestas por la vía de los discursos y las autodeclaraciones de pureza. Para transformar el legado del PRI y Enrique Peña Nieto se requiere transparencia de contratos, procesos competidos de obra pública y castigos para quienes hayan hecho la alquimia de transformar el presupuesto público en patrimonio privado.
Esta semana el Congreso de Tabasco aprobó, por 27 votos contra 6, reformas a las leyes estatales de obra pública y adquisiciones. Estos cambios normativos permitirán mayor flexibilidad para la adjudicación directa de contratos, sin necesidad de pasar por procesos de competencia con distintos proveedores. De acuerdo a la nota publicada en El Heraldo de Tabasco (27-09-2018), la bancada mayoritaria de Morena "argumentó que la modificación al marco legal sólo busca promover y defender la inversión y desarrollo para Tabasco dejando atrás las viejas y amañadas prácticas de las licitaciones públicas". Las licitaciones públicas se pueden pervertir de varias formas, pero las asignaciones directas son la ruta más corta para regalarles contratos a los compadres, sin tener mayores enredos burocráticos. Con el flamante marco jurídico, los 17 presidentes municipales de Tabasco tendrán mucha mayor discrecionalidad para seleccionar a los campeones en la pesca de contratos con dinero público.
Sin embargo, el problema de la nueva legislación no se circunscribe a esta entidad del sureste. Tanto la nueva refinería como el tren peninsular que planea construir el nuevo gobierno estarán afincados o pasarán por territorio tabasqueño. De acuerdo a las notas de prensa, el nuevo marco legal también dará enormes márgenes de discrecionalidad al gobierno estatal en sus procesos de contratación para las dos obras más anunciadas del próximo sexenio. Una fracción de los contratos del tren y la refinería están sujetos a esta flamante legislación local. Esta nueva norma convierte a Tabasco en un edén de la corrupción legalizada.
Uno de los pasos más importantes para atajar la transa y el cochupo es justamente evitar la creatividad y la iniciativa de los estados a la hora de redactar sus leyes de obras y adquisiciones. No hay una razón clara para que los procesos de licitación de una carretera en Sonora sean muy distintos a un procedimiento equivalente en Yucatán. Comprar una aspirina en Campeche no debería ser muy distinto que adquirir un medicamento idéntico en Coahuila. Un termómetro de la sinceridad de Morena en el combate a la corrupción será la voluntad de discutir y aprobar una Ley General de Obra Pública y Adquisiciones. Esta nueva ley, diseñada para los tres niveles de gobierno, deberá incentivar la competencia, la transparencia y regular muy claramente los casos de excepción en los procesos de compra y contratación de obra.
Cuando un partido tiene mayoría en las dos Cámaras, ya no queda ningún pretexto para preservar el marco legal donde florecieron los negocios y escándalos del sexenio actual. De nada sirve que los legisladores lleven sus alimentos en un tupper de plástico si permiten que las leyes sean un invernadero de la estafa y el compadrazgo. Una ley general de obras y adquisiciones sería un acto de centralismo que reduciría el espacio de acción de estados y municipios. Sin embargo, si tomamos a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, como un embajador del federalismo contemporáneo, la pérdida de soberanía regional será una buena noticia para México. Si el gobierno de López Obrador enviará unos superdelegados a todas las entidades del país, creo que Morena tampoco tiene muchos argumentos para abogar a favor del federalismo. Los avances en austeridad se deben acompañar de diseños institucionales que incentiven la honestidad.
@jepardinas
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Tlatelolco: los francotiradores/JULIO SCHERER GARCÍA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
Las falacias –la historia oficial– que los panegiristas de Díaz Ordaz construyeron alrededor de la matanza de Tlatelolco fueron desmenuzadas, desmentidas, por Julio Scherer García, quien nunca dejó de buscar entre las heridas, aún abiertas, que dejó el 2 de octubre de hace medio siglo. He aquí unos ejemplos. La primera parte de este texto es el “Prefacio a la nueva edición” de Parte de guerra II. Los rostros del 68 (Nuevo Siglo Aguilar/UNAM, 2003); la segunda es un fragmento del capítulo “El Tigre Marcelino”, de Parte de Guerra. Tlatelolco 1968. Documentos del general Marcelino García Barragán (Nuevo Siglo Aguilar, 1999), ambos libros coescritos por el fundador de Proceso y Carlos Monsiváis.Después del dos de octubre de 1968, un coro se escuchó en el país para poner en alto las virtudes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. A la matanza impune seguiría la burla. En su mejor prosa, los panegiristas del Ejecutivo sostuvieron que había resguardado la paz de la república. Jóvenes de mente oscura habían pretendido llevar al país por los torvos caminos de la violencia, traidores a México. Por suerte se habían topado con un hombre valeroso, un patriota.
Tiempo después, el dos de octubre de 1995, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal desplegó ante la opinión pública la suma de sus recuerdos. Mis memorias políticas, llamó a su autobiografía. Tenía de qué hablar. Regente de la Ciudad de México en el trauma del 68, fue íntimo de Díaz Ordaz. Sus voces se confundían, inseparables la palabra del eco. Como Díaz Ordaz, Corona del Rosal llegó a los extremos y se atrevió con esta frase: “Nunca hubo agresiones injustificadas en el 68”.
El 25 de junio de 1976, Corona del Rosal había escrito al general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en los días que no se olvidan. Le decía que el periodista Joaquín López Dóriga lo había entrevistado a propósito de Tlatelolco. En la brevedad de su carta, Corona del Rosal susurraba a García Barragán que se sumara a los panegiristas del amigo y jefe, el expresidente nacido en Puebla para mal de la república.
Venenoso en la forma, luces opacas en el agua estancada, García Barragán calló para siempre a Corona del Rosal y dejó claro que tarde o temprano –él, García Barragán– descendería al fondo de la tragedia, voz disonante del coro oficial.
Fue el principio de la historia que aquí consta y que la Suprema Corte de Justicia continúa con su exigencia inequívoca: no deberán quedar sin castigo los responsables de la matanza de Tlatelolco. El asunto habrá de llevarlo hasta sus últimas consecuencias la Procuraduría General de la República. Brotan los nombres de los primeros actores, visibles de cuerpo entero en la superficie llana: Echeverría, Gutiérrez Oropeza, aún vivos y ya muertos.
El pasado 24 de marzo tuve en mis manos los documentos y testimonios del que fue secretario de la Defensa Nacional en tiempos del Presidente Díaz Ordaz. El maletín que los contenía, café claro, de piel dura, de llave y combinación, estaba dividido en dos compartimentos. A la izquierda, hojas escritas a máquina y pliegos manuscritos; a la derecha los partes militares del general García Barragán y los informes correspondientes del jefe del Estado Mayor Presidencial, general Gutiérrez Oropeza.
Javier García Morales, hijo de don Javier (García Paniagua), me entregó el portafolio en mi casa. Pronunció apenas unas palabras, una ceremonia su rostro impávido.
Me dijo que cumplía una cuestión de honor, una palabra empeñada. Aún lo escucho:
–Sé del aprecio de mi padre para usted. También de la estima de mi abuelo.
Hablé en su mismo tono:
–Les correspondí. Los quise mucho.
García Morales desprendió el reloj de su muñeca izquierda y me lo ofreció:
–Fue de mi padre. Me lo regaló hace poco, ya muy enfermo. Se lo
regalo.
El reloj es sencillo, de carátula redonda y delgados números romanos.
Me sentí turbado. Ahí estaba, sobre una mesa, el maletín abierto con el legado del general. Al lado, el reloj.
–Hábleme de su padre –le pedí a Javier. Poco había sabido de García Paniagua en un tiempo irrecuperable.
–No quería venir.
–Desde hace mucho.
–Los médicos le recomendaron que se operara. Aún le quedaba trecho, le decían. No aceptó. “No quiero que me abran. ¿Para qué? Ya hice todo lo que tenía que hacer. Recuerda hijo, que así pensaba el general.” Murió en Guadalajara, con mi madre, amor que no se extinguió entre ellos. Mi padre le pidió que le llevara el desayuno a la cama, se disponía a probarlo y la cabeza se le vino abajo. Buscaba la muerte, ¿verdad?
–¿Para qué se interroga?
–Quisiera saber.
Marcelino García Barragán se formula preguntas que él mismo responde en una imaginaria entrevista de prensa. Las preguntas abarcan pliego y medio. Las respuestas, firmadas al calce una a una, rematan en la página número cinco, la última:
General de División
MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN.
La rúbrica, que sube y baja, toca el grado, el nombre y los apellidos del militar. Enlaza al hombre y a su vocación, inseparables.
La autoentrevista tiene su propia cadencia. Las preguntas iniciales son suaves y van subiendo de tono a medida que avanza el texto. Queda un tema sin respuesta. Alguna vez, quizá, conoceremos la respuesta. ¿Intervinieron los Estados Unidos en el 68?
Al azar había elegido el documento, sin fecha. Leí febril, dolorido, tantos años de espera y cierto de sorpresas amargas, duras. Pasé los ojos por un párrafo atroz, bloque sin puntos y aparte. Sentí la muerte, ser vivo, vivo como la vida.
“Permítanme enterarlos de lo siguiente” (“informa” el general a los periodistas. La metáfora asciende a un realismo brutal):
“Entre 7 y 8 de la noche el General Crisóforo Mazón Pineda me pidió autorización para registrar los departamentos, desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se les autorizó el cateo. Habían transcurrido unos 15 minutos cuando recibí un llamado telefónico del General Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: Mi General, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes, todos alcanzaron a salir de donde estaban, sólo quedan dos que no pudieron hacerlo, están vestidos de paisanos, temo por sus vidas. ¿No quiere usted ordenar que se les respete? Le contesté que, en esos momentos, le ordenaría al General Mazón, cosa que hice inmediatamente. Pasarían 10 minutos cuando me informó el General Mazón que ya tenía en su poder a uno de los oficiales del Estado Mayor, y que al interrogarlo le contestó el citado oficial que tenían órdenes él y su compañero del Jefe del Estado Mayor Presidencial de disparar contra la multitud. Momentos después se presentó el otro oficial, quien manifestó tener iguales instrucciones.”
¿Cuántos habrían muerto, enderezadas las metralletas contra la multitud? No tenía sentido la pregunta: No cabía en la tragedia la aritmética del crimen.
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Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
Los disparos desde el Molino del Rey/HOMERO CAMPA..
TLATELOLCO 68
En la noche del 2 de octubre, el “teniente Salcedo”, miembro del Estado Mayor Presidencial, informó por teléfono que se encontraba en el penthouse 1301, en el decimotercer piso del edificio Molino del Rey. Señaló que en ese departamento vivía Rebeca Zuno de Lima, cuñada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.
El “teniente Salcedo” dice que desde ese piso se disparaba con armas calibre 22 y de alto poder, y que ello también sucedía desde tres departamentos del decimosegundo piso: el 1201, alquilado a la familia de Minor Franco; el 1202, alquilado a Hans Kiloro; y el 1204, donde vivía la familia de Amalia Garza de Huerta.
Los datos anteriores constan en una tarjeta del fondo de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, del Archivo General de la Nación. La tarjeta –que retomó el informe de la Femospp– no tiene fecha y está firmada por el capitán primero de Caballería, Juan Manuel Rojas Hisi.
Del contenido de dicha tarjeta se colige que el entonces secretario de Gobernación sabía que miembros del Estado Mayor Presidencial habían ocupado departamentos de edificios que rodean la Plaza de las Tres Culturas, desde los cuales se hicieron disparos el trágico 2 de octubre de 1968.
Seis años después, José Salvador Lima Luna, hijo de Rebeca Zuno, se convirtió en administrador de la Unidad Tlatelolco y un año después fue diputado por el PRI del segundo distrito electoral de la Ciudad de México, el cual comprende a Tlatelolco. Obtuvo ambos cargos cuando Echeverría era presidente de la República.
El penthouse del Molino del Rey ya no existe. Los cuatro pisos superiores del edificio fueron desmontados después de que resultaron dañados en el temblor de septiembre de 1985.
Marta Ortiz Izquierdo ha vivido prácticamente toda su vida en ese edificio. Habita el departamento 301. En octubre de 1968 tenía 13 años y desde la ventana de su habitación fue testigo de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.
Recuerda que el penthouse del edificio Molino del Rey no estaba habitado. En semanas previas al 2 de octubre llegó un camión militar del cual soldados bajaron cajas que metieron a ese departamento. Cuenta que los vecinos pensaron que un oficial del ejército y su familia se mudarían ahí.
El 2 de octubre se percató de que desde ese y otros departamentos de pisos superiores disparaban hacia abajo.
–¿Hacía la Plaza? –se le pregunta.
–Disparaban contra los soldados… Y estos respondían: todo los pisos de arriba quedaron con marcas de balazos.
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El número de muertos del 68, aún en el misterio/
HOMERO CAMPA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Con base en la investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, de la organización civil National Security Archive sobre el movimiento de 1968, en la que ella también participó, la comunicóloga Susana Zavala rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la represión policiaca y militar. No se limitó a los hechos del 2 de octubre de 1968, sino amplió la indagación a los días anteriores y posteriores. Aquí, algunos de los datos que ella logró sustentar e historias de víctimas que otras fuentes compartieron con este semanario. Setenta y ocho muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, mil 491 detenidos… En total mil 786 víctimas directas de la represión perpetrada por el Estado durante 1968.
Tales son las cifras que arroja la más reciente investigación sobre los agraviados del movimiento estudiantil de 1968.
“No son datos definitivos ni concluyentes. Pueden surgir nuevos casos, pero cada uno de los que tenemos registrados está sustentado en evidencias y en el cotejo de documentos de archivos policiacos, forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia”, comenta Susana Zavala, responsable de dicha investigación.
Zavala lleva años tratando de encontrar respuestas a preguntas como cuántos muertos hubo en el 68, cuántos estudiantes resultaron heridos, cuántos presos, cuántos desaparecidos, quiénes eran y qué hacían.
En busca de respuestas participó en Archivos Abiertos, una iniciativa de la organización civil National Security Archive (NSA), que en asociación con Proceso indagó en fuentes documentales de México y Estados Unidos para encontrar datos precisos sobre las personas que murieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Kate Doyle, responsable de ese proyecto, publicó los resultados en este semanario, en octubre de 2006 (Proceso 1561), y en el sitio web del NSA (https://nsarchive.gwu.edu).
Zavala retomó esa investigación, pero la amplió: no se limitó al 2 de octubre, sino al periodo que va de julio a diciembre de 1968; y no se ciñó al número de muertos, sino también incluyó a heridos, presos y desaparecidos.
Los resultados serán públicos a partir de esta semana, cuando se inaugure en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) el proyecto Semillas; se trata de un mural audiovisual de 22 por dos metros que rinde homenaje a las víctimas del 68. Junto a ese mural habrá un dispositivo interactivo donde se podrá consultar la base de datos producto de esa investigación.
“Ese dispositivo estará abierto a la contribución de la ciudadanía. Las personas que conozcan casos de agraviados en el 68 podrán aportar información para completar esa base de datos”, explica Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto Semillas.
“Sabemos que las organizaciones de víctimas han manejado distintas cifras de muertos, heridos y desaparecidos. No es de nuestro interés validarlas ni contradecirlas. Lo que queremos es aportar evidencias y dejar los datos abiertos para que se siga investigando”, señala.
Días de furia
De acuerdo con la investigación de Zavala, de julio a diciembre de 1968 hubo 78 víctimas mortales, 44 de ellas el 2 de octubre en Tlatelolco y el resto en las semanas previas o posteriores a esa fecha. De esos 44, tiene plenamente identificados con nombres y apellidos a 34 y 10 más están anotados en los registros como “desconocidos”. Entre éstos hay una mujer que tenía un “embarazo avanzado”, por lo que contabilizó también a un “nonato”.
No es de extrañar los casos de muerte previos al 2 de octubre, si se consideran la represión generalizada de que fue objeto el movimiento estudiantil, así como los violentos choques que escenificaron estudiantes, granaderos y soldados. Fueron los casos de las marchas del 26 de julio, el desalojo del Zócalo el 28 de agosto y la toma del Casco de Santo Tomás por los granaderos y el Ejército el 23 y el 24 de septiembre: una batalla campal que duró 12 horas y que terminó con un número indeterminado de muertos y heridos.
El 26 de julio, por ejemplo, murió Federico de la O, estudiante de la Escuela de Comercio de la UNAM. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral producto de los golpes que le propinaron los granaderos, pero el parte oficial señaló que se debió a un mal estomacal causado por comer una torta en mal estado.
También están los casos de Arturo Colín, del Tecnológico 4 Mariano Azuela, cuyo hermano se encontraba desaparecido; y Joel Richard Fuentes, de la Preparatoria 3: su hermano Héctor fue herido con una bayoneta y lo llevaron al hospital Notre Dame de Polanco. El padre de ambos muchachos, Samuel Fuentes, murió de un infarto al enterarse de la suerte de sus hijos.
Ángel Martínez Velázquez murió baleado dentro de las instalaciones del Casco de Santo Tomás durante uno de los embates que realizaron soldados y granaderos para tomar ese centro educativo en la noche del 23 de septiembre. Los diarios publicaron que sus compañeros le improvisaron una capilla ardiente en la Escuela de Ciencias Biológicas. Lo velaron al tiempo que resistían, con piedras, cohetones, bombas molotov y armas calibre .22, el ataque de los granaderos, quienes recibieron apoyo de soldados en la madrugada del 24.
Esa noche murió Luis Lorenzo Ríos Ojeda, de 21 años, cuando los granaderos tomaron a balazos la Vocacional 7.
Un par de días antes murió el granadero Julio Adame González y resultó gravemente herido su compañero, Miguel Llamas González. El teniente del Ejército Benjamín Uriza baleó a ambos cuando los encontró golpeando a su madre, quien vivía en la Unidad Tlatelolco, donde los vecinos apoyaban a los estudiantes de la Voca 7.
El entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, encabezó un homenaje al granadero muerto –“pereció en cumplimiento de su deber”, dijo– y prometió a la familia una indemnización de 30 mil pesos, una casa nueva en San Juan de Aragón y el sueldo “íntegro y de por vida” para la viuda.
En la base de datos de Zavala aparecen 186 lesionados. Ella precisa que se trata de personas que sufrieron desde heridas leves hasta muy graves, pero de los cuales existe un registro documental serio. Pone por ejemplo el caso de Telésforo Manuel López Carvallo, soldado del 14 Batallón de Infantería, quien perdió un ojo y un dedo de la mano derecha durante los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco.
Muestra un telegrama del 21 de abril de 1969 y un memorándum del 22 de abril de ese año, en el que se asienta que Román López Avilez, padre del soldado herido, le pide a la Presidencia de la República una pensión completa, una compensación por los órganos perdidos y la construcción de una casa en La Paz, Baja California.
Respecto de los 31 desaparecidos, aclara que se trata de personas reportadas por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), pero que fueron apareciendo posteriormente como heridas, detenidas o muertas. Zavala no incluye en esa lista a Héctor Jaramillo Chávez, un caso de desaparición forzada por el cual la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó, entre otros, a Luis Echeverría Álvarez. “No lo incluí debido a que no se encontraba en los volantes que repartió el CNH denunciando las desapariciones”, explica la investigadora.
Jaramillo, estudiante de la ESIME, fue detenido el 2 de octubre de 1968. Fue liberado y reaprehendido en enero de 1969 junto con César Tirado, también estudiante del IPN, después de que una persona, identificada como El Chapo Valenzuela Cárdenas, declarara mediante torturas que Tirado pretendía matar a Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo con La Jornada en su edición del 20 de septiembre de 2005, soldados vestidos de civil trasladaron a Jaramillo y Tirado al Campo Militar número 1. Durante cinco días fueron sometidos a interrogatorios y torturas. De acuerdo con el diario –que tuvo acceso al expediente–, el 23 de enero de ese año el propio García Barragán los confrontó y luego ordenó liberarlos: “¡Suéltenlos! Están muy flacos pa’ tenerles miedo”, habría dicho el general.
Esa misma noche los sacaron del Campo Militar No. 1 y los abandonaron en distintas zonas de la Ciudad de México. “Al día siguiente Tirado y Valenzuela se reencontraron, pero nunca más localizaron a su compañero de la ESIME”, señala el diario.
Zavala comenta que la Femospp lo buscó y lo encontró. Sus padres lo habían enviado a Estados Unidos.
La danza de las cifras
En la madrugada del 3 de octubre de 1968 –apenas unas horas después de la matanza en Tlatelolco–, el director de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, Fernando M. Garza, soltó ante más de 60 periodistas mexicanos y enviados extranjeros la primera cifra de muertos en la Plaza de las Tres Culturas: “Cerca de 20”, dijo; así como 75 heridos y más de 400 detenidos.
Unas horas después, el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, envió a sus superiores una ficha informativa con los siguientes números: 26 muertos, incluidos cuatro mujeres y un soldado; 100 heridos, 73 hombres y 27 mujeres; así como 12 soldados, tres agentes de la DFS, dos de la Judicial Federal, uno de la Judicial de Distrito y un policía preventivo.
También reportó mil 43 detenidos: 363 en el Campo Militar número 1; 83 en la Jefatura de Policía, y 595 en la Cárcel Preventiva y en la Penitenciaría del Distrito Federal.
El mismo 3 de octubre la policía capitalina informó de 24 muertos y 500 heridos. El periódico El Día, con base en las listas de hospitales, estimó en 30 los muertos, 87 los heridos (70 civiles y 17 militares) y mil 500 los detenidos.
El 5 de octubre –en su primera conferencia de prensa tras los hechos de Tlatelolco–, el CNH estimó en 150 los muertos, entre ellos 40 militares.
“¿Cuántos murieron? En México ningún periódico se atreve a publicar las cifras. Daré aquí la que el diario inglés The Guardian, tras una investigación cuidadosa, considera como la más probable: 325 muertos. Los heridos deben haber sido miles, lo mismo que las personas aprehendidas”, escribió Octavio Paz en su libro Posdata.
Sin embargo, la cifra que ofreció John Rodda, el periodista de The Guardian que estuvo el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y quien realizó la supuesta investigación, fue de 267 muertos y mil 200 heridos. Lo publicó cuatro años después, el 18 de agosto de 1972, en un texto titulado “The Killer Olympics”, en el que utilizó como fuente “una carta” que recibió en enero de 1969, sin precisar su remitente ni en qué se basa su estimación.
“Se llevan a su muertito”
“El número de muertos es mucho mayor del que se puede documentar”, afirma Daniel Molina, integrante del Comité del 68 pro Libertades Democráticas.
Se basa en la experiencia: fue testigo de cómo agentes judiciales y agentes del Ministerio Público alteraron actas de defunción para que no quedaran pruebas de las muertes por bala durante el 2 de octubre en Tlatelolco.
“Tenía 27 años –relata–. Estaba en el último año de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas. No era líder, era brigadista. El 2 de octubre mi esposa, Diana Rivera Torres, y yo, quedamos de vernos con mi cuñada Mariza y mi cuñado Guillermo en la zona de las astabanderas de la Plaza de las Tres Culturas. Guillermo, Chomi, tenía 15 años y estudiaba en la Pre-Vocacional 1.
“A Diana y a mí se nos hizo tarde. Cuando llegamos a Tlatelolco ya estaba el cerco militar y no pudimos entrar a la plaza. Nos fuimos a la casa. Como a las ocho de la noche recibimos la llamada de Mariza. Estaba en la delegación de Tacuba. Desconsolada, nos informó que habían asesinado a Guillermo.”
De acuerdo con el relato que después les hizo Mariza, Guillermo recibió dos impactos de bala en el abdomen. En medio del tiroteo y el tropel de manifestantes desesperados por salir de la plaza, ella logró que una ambulancia militar lo recogiera. Aún estaba vivo.
–¿Cómo se llama? –le preguntó un oficial
–Mariza Rivera Torres…
–¿Es usted pariente del capitán Torres?
–No…
–Ah, entonces no la puedo ayudar.
Y bajaron de la ambulancia militar a Guillermo. Tuvo que esperar una ambulancia de la Cruz Roja. El muchacho murió en el trayecto.
“En la delegación de Tacuba había muchos cadáveres regados en el patio –recuerda Daniel–. Unos policías borrachos jugaban frontón y pisaban sin recato los cuerpos. Mientras hacíamos los trámites. Alguien le avisó a Diana: ‘Señora, se están llevando a su muertito’.
“Salimos corriendo. Una ambulancia del Semefo se llevaba el cuerpo de Guillermo. Subimos al auto que llevábamos y la fuimos persiguiendo. Llegó al Semefo de la colonia Doctores.”
Daniel cuenta que en el Semefo las imágenes eran dantescas: como los cadáveres no cabían en las planchas, estaban en camillas y regados en el suelo de salones y pasillos.
Mientras esperaban para realizar los trámites de identificación, fueron testigos de cómo agentes judiciales “negociaban” con las familias: “Les vamos a dar su muerto, pero va a aparecer que murió de otra cosa”. Y las familias, desesperadas, aceptaban.
“Lo mismo intentaron con nosotros:
–¿Qué pongo como causa de deceso? –preguntó el secretario.
–Ponle cualquier cosa –indicó el agente del Ministerio Público.
–Estamos pidiendo que se asiente que murió a causa de balas disparadas por armas de uso exclusivo del Ejército –pidió Daniel con firmeza.
–Mira, mano, si te vas a poner en ese plan no te entregamos al muerto –amenazó el agente del Ministerio Público.
“No hubo de otra. Para una familia es fundamental tener los restos de un ser querido, de lo contrario se perpetúa la tragedia. Como los demás, terminamos aceptando.”
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El homenaje que nombra a las víctimas/HOMERO CAMPA..
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Sobre una pantalla de 20 metros de largo por dos de ancho aparecen flores de maguey entre las que discurren, en cuatro colores, los nombres de las víctimas del movimiento estudiantil de 1968.
Los nombres de los muertos aparecen en violeta; de los detenidos, en verde; los desaparecidos en amarillo y los lesionados en anaranjado. En total mil 786 nombres que se suceden de manera continua durante un ciclo de 10 minutos hasta que un reloj marca las 6:10 de la tarde y una luz irrumpe y copa la pantalla extinguiendo las flores… y la vida. Fue justamente a esa hora cuando en la Plaza de las Tres Culturas fueron lanzadas unas luces de bengala, dando inicio al fuego cruzado que terminó en la masacre de Tlatelolco.
Esta “pieza autogenerativa” se llama Semillas. Se inaugurará esta semana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte de los eventos que conmemoran los 50 años del movimiento estudiantil del 1968.
“Esta pieza audiovisual es un homenaje a las víctimas. Los recuerda y celebra en vida”, comenta Rodrigo Garrido, realizador de la pieza.
“Más que en los números de las víctimas, se pone énfasis en sus nombres, pues en el acto de nombrar reaparece la memoria de un ser vivo”, señala Luis Vargas Santiago, responsable del proyecto.
Junto con el audiovisual se colocará un dispositivo multimedia para que el público pueda consultar una base de datos sobre muertos, desaparecidos, detenidos y lesionados entre julio y diciembre de 1968. Dicha base de datos incluye los delitos, las causas penales y los procesos que se han llevado a cabo para procurar justicia a las víctimas del 68.
Con una ventaja adicional: los usuarios pueden aportar datos y documentos sobre otros casos de víctimas y con ello contribuir a la verdad y la memoria de los hechos ocurridos hace 50 años. Dicho “buzón” se instalará de manera paralela a la página web del proyecto Semillas.
La ideal es que esto culmine en un proceso de justicia y reparación para las víctimas, dice Vargas. “Somos el único país de América Latina que no lo ha hecho”, añade.
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Fox y su secretario de Defensa entorpecieron a la fiscalía especial: Carrillo Prieto/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
Consultado sobre los aspectos pendientes de aclarar en las investigaciones sobre la masacre de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el exfiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, afirma que mientras no se establezca la verdad completa y las responsabilidades en el crimen –ni la Defensa ni el EMP, por ejemplo, han pasando al banquillo– no podrá avanzarse en aspectos como la rendición de cuentas, la reparación del daño ni la garantía de no repetición del delito.
Es una continuidad de graves violaciones a los derechos humanos que ha sido posible por la falta de rendición de cuentas de los militares. Sin esa verdad, es imposible conceder cualquier perdón. “Que primero nos digan qué vamos a perdonar”, dice Ignacio Carrillo Prieto, quien fue el fiscal encargado de investigar los delitos cometidos por el régimen autoritario del PRI durante el siglo pasado.
Si el próximo gobierno está hablando de reescribir la historia, no se podrá hacer si siguen abiertos casos como el 68, si se siguen ocultando las pugnas político-militares en las que quedaron atrapados los estudiantes, afirma el exfiscal, quien sugiere además que la próxima Fiscalía General de la República (FGR) reabra las investigaciones de la represión del pasado para reconstruir la verdad.
La matanza de Tlatelolco fue el punto de partida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El gobierno de Vicente Fox creó ese ministerio público especial en medio de contradicciones en su gabinete para afrontar las exigencias de justicia por los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta.
De la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, no sólo falta la verdad completa. El deslinde de responsabilidades se quedó a medias. El expresidente Luis Echeverría Álvarez, procesado como responsable, vivió más de dos años en prisión domiciliaria acusado de genocidio, pero al final fue liberado. Inscrito en la historia como uno de los principales instigadores de la represión de los estudiantes, Echeverría tiene ahora 98 años.
Nadie más fue castigado. Los otros civiles y los jefes militares que habían sido consignados por la fiscalía se murieron durante el proceso penal o se salvaron porque el Poder Judicial de la Federación determinó que el delito prescribió en 1998, 30 años después de la masacre.
La reparación del daño y la garantía de no repetición también están ausentes. “El Estado mexicano no ha pedido perdón oficial y solemnemente por lo que pasó con los estudiantes que pacíficamente pedían libertades democráticas”, dice Carrillo en entrevista con Proceso el 25 de septiembre.
Verdad, justicia, reparación y no repetición están ausentes en México respecto a la masacre de Tlatelolco. Es imprescindible que se haga, dice Carillo Prieto, ahora investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que en la entrevista está acompañado de Salvador Osorio Solís, quien en la Femospp fue el ministerio público responsable del caso del 68.
–¿Cómo se pueden cumplir esas exigencias si ya es un caso juzgado?
–Hay cosas que el próximo gobierno puede hacer. Para empezar, limpiar la memoria de los estudiantes, profesores y demás personas que fueron detenidas por participar en el movimiento. Hay que expurgar los expedientes judiciales con los que fueron condenados como delincuentes y se les privó de la libertad.
“Se les arrebataron años de vida. Fue un latrocinio que no parece importar hoy suficientemente. Es totalmente injusto que en el registro oficial mexicano (Raúl) Álvarez Garín (dirigente del Consejo Nacional de Huelga, ya fallecido) o Pablo Gómez (actual diputado de Morena) oficialmente sigan siendo considerados unos delincuentes producto de procesos judiciales totalmente viciados. Hay que tachar eso de los expedientes y revisar la actuación del Poder Judicial.
–¿Hay que fincar responsabilidades también a jueces?
–Hay que investigar a los jueces venales que contribuyeron a la atrocidad de privar de la libertad a muchachos que no hicieron nada sino expresar su opinión y su convicción. La investigación sería una lección de deontología judicial para decir: este es el modelo de lo que no debe ser un cuerpo judicial, una corte de Justicia, un tribunal federal o un juez de distrito. Es una manera de reparar el daño.
“También debe considerar aspectos psicológicos y patrimoniales para muchos que sufrieron la respuesta violenta del Estado”, tercia Osorio Solís.
–¿Cómo reparar, si no se logró castigar a los responsables?
–Lo que hicimos en la fiscalía fue algo excepcional –responde Carrillo Prieto ante las críticas por la actuación de la Femospp entre 2001 y 2006.
“No había antecedentes. Consignamos a un expresidente por delitos cometidos durante su ejercicio como secretario de Gobernación. No hay un precedente de un presidente preso durante 847 días en su domicilio. Se dice fácil. En esa parte se empezaba a caminar por la vía correcta. Sin embargo, un compromiso político cerró en falso la fiscalía queriéndolo aparentar como una decisión de Fox, cuando en realidad fue una decisión de ese señor que se llama Felipe Calderón.”
La cerrazón oficial
Carrillo Prieto se refiere a la desaparición de la fiscalía como “una crónica anunciada” por el desinterés del PAN en investigar las violaciones a los derechos humanos del régimen del PRI y la necesidad de Calderón de echar mano de los militares para la guerra que les declaró a los cárteles de la droga.
Cuando desapareció la fiscalía, Luis Echeverría todavía estaba sujeto a prisión preventiva. Después obtuvo un amparo, porque la juez Herlinda Velasco Villavicencio no encontró ningún indicio de que el expresidente había participado en la concepción o ejecución del genocidio. Es decir, para el Poder Judicial, la Femospp sí acreditó el genocidio, pero ya no había manera de castigar a los genocidas por la prescripción del delito. Y sobre el único detenido, dijo que no había nada que lo vinculara.
Según el fiscal y el exministerio público encargado de consignar el expediente de la masacre de Tlatelolco, la participación del expresidente en los hechos del 68 debió seguir siendo investigada por la Procuraduría General de la República (PGR):
–¿Cómo fue posible que la fiscalía acreditara sólo un estudiante detenido desaparecido y apenas una veintena de fallecidos en la Plaza de las Tres Culturas?
Responde Osorio Solís: “Los padres del estudiante desaparecido, Héctor Jaramillo, de la ESIME (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) nunca quisieron comparecer en la fiscalía. Como ellos, muchos familiares de las víctimas ya no quisieron saber nada. Pero hay que recordar el que el delito de desaparición forzada no prescribe.
“Respecto a los muertos, comprobamos alrededor de 21 o 22 casos porque teníamos que acreditar que existió esa persona, que estaba en el lugar de los hechos y que con motivo de esos hechos falleció. Cuando empezamos a pedir las necropsias y los expedientes que se habían iniciado sobre los homicidios, resulta que los expedientes no existían. Habían sido pedidos por procuradores anteriores y nunca los habían devuelto y se habían extraviado.
“Nuestra salida fue el Registro Civil del Distrito Federal, que nos envió las actas de defunción que tenían. Con base en ellos, nuestros peritos sólo pudieron dictaminar que ese número de personas había muerto en el lugar.”
–¿Qué papel jugó el Ejército en la investigación de la fiscalía?
–Pésimo –dice Carrillo enfático–. El Ejército se mostró en todo momento reacio a colaborar. El general Clemente Vega García (en ese momento titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena) fue no solamente poco cooperador, sino especialmente grosero. Y el entonces coronel (Jaime Antonio) López Portillo Robles, encargado del Tribunal Militar y después de la dizque protección de derechos humanos del Ejército, fue absolutamente reacio. Lo que dio, lo dio a cuentagotas.
“Por ejemplo, muchos denunciantes señalaron que lo ocurrido en la tarde noche del 2 de octubre de 1968 obedecía a un plan denominado Operación Galeana. El Ejército negó sistemáticamente que existiera dicho documento. Respondían que era una invención. Después de los papeles del general (Marcelino) García Paniagua (titular de la Sedena en el 68), supimos que había toda una decisión muy pensada que nos explica la presencia de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial (EMP) del general Luis Gutiérrez Oropeza.”
Esos documentos fueron publicados por el fundador de Proceso, Julio Scherer García, junto con Carlos Monsiváis en el libro Parte de guerra. Tlatelolco 1968.
Continúa Carrillo: “El Ejército y el EMP se negaron a dar información. Especialmente el Ejército. Pudo haber hecho mucho y no hizo nada. Al contrario, obstaculizó. Negó incluso la existencia de la prisión en el Campo Militar número 1. Aun así, seis o siete generales tuvieron que comparecer ante la fiscalía, entre ellos el jefe del EMP del presidente Miguel de la Madrid, el general (Carlos Humberto) Bermúdez Dávila. Pero el EMP también negó absolutamente todo. La intervención de su Sección II (de Inteligencia) en los hechos de Tlatelolco fue negada sistemáticamente.
–Ha pasado medio siglo y los militares siguen sin asumir una responsabilidad.
–El Ejército rechaza incluso que se haya cometido un delito. Insiste en que se protegió a la población porque había francotiradores. Dice que disparó porque fue provocado para disparar. Sigue con su historia peculiar del 2 de octubre. En otros países, como en Argentina, que vivió una dictadura militar, el Ejército ha asumido su responsabilidad y los generales han ido a parar a la cárcel.
Dice que la Sedena le ofreció las cabezas de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes ya estaban detenidos por cargos de narcotráfico y que también estaban acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la represión de la guerrilla en Guerrero. “Aquí los tenemos ya presos. Fue la carnada que ofrecieron a la fiscalía, pero después ni eso”, asegura el exfiscal.
Insiste: “Hay una responsabilidad de los cuerpos militares y hay que distinguir entre los francotiradores del EMP y las huestes a cargo de los generales José Hernández Toledo y de Crisóforo Mazón Pineda. Sólo otro militar iba a saber quién era el mando militar en la plaza.
“Esa pugna explica la sucesión presidencial entre el general García Barragán y el general Gutiérrez Oropeza, éste como socio de Echeverría para sacar del juego a Alfonso Corona del Rosal (entonces regente del Distrito Federal) y a cualquier otro que le garantizara a Díaz Ordaz su exoneración y su perfecta paz.”
Un golpe político
Al preguntarle si la salida de fuerza del 68 fue resultado de una pugna político-militar, Carrillo Prieto reflexiona:
“Como fiscal, como investigador, estoy convencido de que así fue. Eso fue central. En la investigación resultó que los francotiradores estaban en los departamentos de la cuñada de Echeverría y, dados los usos y costumbres de los mexicanos, todo mundo entiende que el secretario de Gobernación estaba metido hasta el cuello en este asunto. En el operativo estaba excluido expresamente el EMP de intervenir esa tarde noche en la Plaza de las Tres Culturas. Había judiciales federales, Federal de Seguridad y militares del Ejército. Al EMP se le pidió expresamente que no interviniera.
“En la mañana del 3 de octubre –añade–, Gutiérrez Oropeza se comunicó con García Barragán y le dijo: ‘Mi general, por favor, deje bajar a mis muchachos’. Es un dicho de Gutiérrez Oropeza. ¿Por qué tenía que pedirle clemencia el general García Barragán? ¿Qué iban a hacer contra sus muchachos los otros militares como para tener que intervenir con esa frase tan derrotista: ‘por favor, deje bajar a mis muchachos’?”
Asegura que después del bazucazo contra la puerta de la Preparatoria número 1, en el centro de la ciudad, aparecieron en la televisión Echeverría y los generales Corona del Rosal y García Barragán. “Lo hicieron como para señalar que el regente de la ciudad (Corona del Rosal) no podía solo, lo que lo descalificó de entrada. Esas pugnas fueron muy importantes y se vio que el peor obstáculo de Echeverría para ser candidato presidencial iba a ser el Ejército, en el que Díaz Ordaz confiaba plenamente.
–Pero al final Echeverría fue el candidato presidencial.
–Fue el vencedor del conflicto por sus maniobras. Y luego, en algo absolutamente indigno, propuso un minuto de silencio por el 2 de octubre, a pesar de que la operación había sido defendida por quien todavía era el presidente de la República. Díaz Ordaz pensó entonces cambiarlo, pero no pudo por los tiempos institucionales. Después Echeverría orilló a la Universidad Nacional a recibirlo para inaugurar los cursos escolares, lo que era verdaderamente el colmo. Fue cuando ocurrió la famosa pedrada que lo descalabró.
–¿Eso que está contenido en el informe final de la fiscalía es suficiente para conocer lo que pasó en el 68?
–No. El informe es un gran avance, a pesar de que el gobierno intentó descalificarlo. Ese informe sirvió para la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla (a manos de militares en 1974, en Guerrero) y la posterior reforma del artículo 1 de la Constitución a favor de los derechos de las personas.
“El 68 es una verdad histórica ya de imposible procesamiento legal, pero aún tenemos que reconstruir”, dice.
–¿Cómo reparar el daño ahora?
–La comisión que propone el presidente electo es un primer paso para restaurar este asunto de justicia. Que sea una comisión histórica, para no hablar de la verdad, pero que supere la antidemocrática opacidad militar. Además, hay que restaurar de una sección en la Fiscalía General para investigar los casos del pasado. Conociendo la verdad histórica es posible no repetir el error; desconociéndola es absolutamente posible volver a repetirlo. Meter la basura debajo de la alfombra significa que va a seguir habiendo casos como Tlatlaya y Ayotzinapa.
Afirma: “Hay momentos oscuros que pueden dificultar la ‘cuarta transformación’. ¿Cómo vamos a hacer historia si no sabemos escribir la historia? Tenemos que hacer la verdadera historia de ese periodo nefasto. Mientras esos asuntos no queden resueltos, seguiremos en lo mismo. Si no tenemos la verdad completa, ¿qué vamos a perdonar?”
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La infiltración de priistas en la UNAM en los sesenta/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Revista Proceso # 2187, 30 de septiembre de 2018..
TLATELOLCO 68
La investigadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas localizó en el Archivo General de la Nación documentos que acreditan la infiltración de grupos priistas en instituciones de educación superior durante la década de los sesenta. Ese acervo contiene nombres y la actuación de dirigentes que tuvieron un papel activo en la matanza del 2 de octubre de 1968, como la organización paramilitar conocida como Grupo Lux.
Al menos tres años antes de estallar el Movimiento Estudiantil de 1968, tres grupos políticos priistas se infiltraron en la UNAM y en otras instituciones de educación superior. Sus integrantes estaban en las nóminas gubernamentales y ahí cobraban sus sueldos.
Derrocharon abundantes recursos económicos para fomentar la violencia y azuzar conflictos entre la comunidad estudiantil. Tal era su poder en ese ámbito que incluso obligaron a un rector a presentar su renuncia; también solían irrumpir en la Cámara de Diputados y en el Senado para sabotear los trabajos legislativos.
Documentos localizados en el Archivo General de la Nación por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas acreditan que en la UNAM y en la célebre Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) de la Secretaría de Gobernación tenían información sobre el modus operandi de esos grupos de choque, en cuyas filas había políticos que con los años cobraron notoriedad.
Según los informes de las policías políticas, entre ellos se encontraban Manuel Bartlett Díaz, dedicado a facilitar el financiamiento de un poderoso “grupo secreto” en el que destacan como dirigentes Heladio Ramírez López y José Murat, así como el Grupo Lux, una organización paramilitar financiada por el entonces regente capitalino Alfonso Corona del Rosal, cuyos integrantes llevaban un guante blanco en la mano derecha el 2 de octubre de 1968.
Los inicios
En 1966, cuando era rector de la UNAM, el cardiólogo Ignacio Chávez enfrentó un movimiento aparentemente estudiantil, aunque en realidad estaba financiado por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, cuyo hijo, Leopoldo Sánchez Duarte, era estudiante de la Facultad de Derecho. Desde ese reducto financió un grupo de porros y pistoleros conocido como Grupo Sinaloa.
El 26 de abril de aquel año, Chávez quedó atrapado por ese grupo en la Torre de Rectoría. Durante seis horas los miembros del Grupo Sinaloa lo golpearon y amenazaron, hasta que, ante la falta de apoyo policiaco, el rector firmó su renuncia.
En una carta de agradecimiento, enviada días después de su forzada renuncia a Octavio Paz –quien, como gran parte de la comunidad intelectual y académica, le expresó su solidaridad–, el cardiólogo habló precisamente de grupos políticos que le armaron el conflicto.
Subrayó el silencio y la omisión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, e incluso expresó su certeza de que pronto sus agresores ocuparían cargos públicos cobijados por el PRI porque, reprochaba, “hay que alimentar a las fieras”.
Tenía razón. Sánchez Duarte terminó desarrollando una carrera política de la mano del profesor Carlos Hank González, quien lo empleó primero en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y luego lo llevó con él como funcionario al gobierno del Estado de México. Cuando el profesor era regente de la Ciudad de México convirtió al hijo del gobernador sinaloense en titular de la delegación Coyoacán.
La historia de Sánchez Duarte y su implicación en ese grupo fue ampliamente documentada por Proceso en su edición 168, correspondiente al 19 de enero de 1980. Y le dio seguimiento hasta que el junior cayó en desgracia, acusado de corrupción. En la edición del 17 de diciembre de 1983, el reportero Carlos Acosta Córdova publicó la historia (Proceso 372)
El primero de los reportajes mencionados narra cómo el grupo encabezado por Sánchez Duarte propinó una golpiza a Humberto Roque Villanueva, el joven presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios que apoyaba al rector Chávez. La comunidad de la Facultad de Economía, donde estudiaba el agredido, atestiguó la agresión.
Hoy, gracias a los documentos encontrados por María de los Ángeles Magdaleno, es posible advertir que en los años sesenta Sánchez Duarte no actuaba solo.
La carta de Chávez a Octavio Paz, hasta ahora desconocida, forma parte del fondo Paz-Garro y no es tan abundante en detalles como un informe de la DIPS, titulado: “Aspectos generales sobre las actividades que desarrollan grupos políticos entre los jóvenes”.
El documento contiene pormenores sobre fondos públicos, estructura, objetivos y nombres de los operadores, entre los que destacan políticos que, si bien ya fallecieron, sus descendientes siguen activos en la vida pública; otros siguen vigentes, aunque ya no militan en el PRI.
La estructura secreta
Jefa de la investigación documental en la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Magdaleno Cárdenas continuó, entre otros proyectos, sus investigaciones independientes sobre lo ocurrido en los años del autoritarismo hegemónico. Con documentos de archivo ha logrado descubrir líneas de investigación hasta ahora inéditas y, a partir de sus hallazgos, identifica una concatenación de actuaciones políticas que, antes y mucho después de 1968, demuestran el grado de involucramiento de políticos priistas, en el que reiteradamente aparecen vínculos y actuaciones directas de Corona del Rosal.
El mencionado documento de la DIPS, por ejemplo, identificó tres grupos políticos “en orden de importancia por los recursos de que disponen”: primero, a Lauro Ortega, entonces dirigente nacional del PRI; luego, a Caritino Maldonado Pérez, político de Guerrero que llegó a la gubernatura de esa entidad en 1968; en el tercer término, al Departamento del Distrito Federal.
La importancia de Ortega en ese momento se relacionaba con la estructura que hasta entonces habían identificado los cuerpos de espionaje político, describiendo su filiación secreta, el uso de charola y de insignias para reconocer su nivel jerárquico.
“El Dr. Lauro Ortega, a través de los licenciados Manuel Bartlett, Manuel Bonete e Ignacio Castillo Mena –señala el documento–, ha canalizado importantes recursos económicos con el objeto de crear grupos juveniles que, sin pertenecer al partido, son afines ideológicamente. El denominador común de esos grupos es que no se les señala relación ni militancia con el PRI, la entrega de credenciales metálicas e insignias para la solapa que señala el grado de grado de jerarquía.”
Lustros después, a finales de los ochenta, Castillo Mena se adhirió a la Corriente Democrática que abandonó el PRI, y cuando se fundó el PRD, fue coordinador parlamentario de la primera bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Bartlett, por su parte, después de una larga carrera en el PRI, lo abandonó y se fue al Partido del Trabajo, y a partir de 2012 se sumó a las filas de López Obrador, quien lo postuló para la dirección de la Comisión Federal de Electricidad.
El documento de la DIPS identifica al grupo como Movimiento Juvenil Revolucionario (MJR) y da cuenta de su estructura piramidal, que va de la dirigencia nacional hasta dirigentes distritales; incluye 8 mil 431 cuadros jóvenes, con 24 estructuras de esa dimensión sólo en el Distrito Federal, con 202 mil miembros y una “escalera disciplinaria” en el siguiente orden de importancia decreciente:
Lauro Ortega, jefe máximo; Francisco Berlín Valenzuela, jefe nacional del MJR, y Heladio Ramírez López, jefe en el Distrito Federal.
Berlín Valenzuela y Ramírez López han tenido destacadas carreras en el servicio público. El primero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el segundo (tres veces senador, gobernador de Oaxaca, dirigente de la Confederación Nacional Campesina y numerosos cargos) ahora verá a su hijo Luis Antonio Ramírez Pineda como director general del ISSSTE, pues ya fue anunciado por López Obrador.
Respecto al documento de la DIPS, en él se añade que la operación de la estructura secreta incluye la renta de una casa por cada tres distritos, con una oficina para cada distrito. Y tras describir las insignias de rango, establece como “recompensas” un viaje al país que desee al primer director que integre su estructura de 8 mil 431 miembros.
Además, “todos los directores de distrito, para el mejor desempeño de su labor, tendrán puestos en dependencias oficiales y serán comisionados al PRI”.
Y, finalmente: “Este trabajo debe permanecer en el mayor de los secretos para que la opinión pública no lo conozca y lo desvirtúe, de tal forma que ni los integrantes del MJR se enteren de que es manejado por el PRI”.
Un segundo grupo, también bajo las órdenes de Lauro Ortega, fue llamado “Benito Juárez”. Sobre él, la DIPS informó: “Este movimiento, también secreto, se creará en las universidades, centros de enseñanza superior, escuelas secundarias, con las mismas características del MJR.
“Tuvo su primer fracaso al tratar de ganar las elecciones de derecho de la UNAM.”
Esta última afirmación se refiere al origen del conflicto que terminó con el secuestro y la dimisión del rector Ignacio Chávez, donde la cabeza visible era Sánchez Duarte, hijo del gobernador sinaloense Leopoldo Sánchez Celis. Pero había otros dirigentes, según los informes de la DIPS:
“Las cabezas visibles de estos dos movimientos son Francisco Berlín Valenzuela, Carlos Tarrab, Nelson Murat Casab, Lidio Nava y Jesús Anlen, quienes tienen especial relación con los hermanos Salvador y Rafael Corrales Ayala.”
De acuerdo con el informe de la DIPS, este último grupo compacto era aconsejado y protegido por el periodista Ángel Trinidad Ferreira.
Rafael Corrales Ayala llegó a ser gobernador de Guanajuato, el último del PRI en los años ochenta. En tanto, como el ya mencionado Berlín Valenzuela en la Suprema Corte, Carlos Tarrab tuvo una larga trayectoria, pero en el Poder Judicial, lo mismo que Jesús Anlen en el sistema capitalino, donde es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
En tanto, Nelson Murat es exgobernador de Oaxaca y padre del actual gobernador Alejandro Murat.
Fechado en agosto de 1967, el informe de la DIPS establece que estos dos grupos –en realidad uno solo, pero con dos estructuras secretas– “están patrocinando a los grupos de estudiantes de la UNAM y el Poli que piden desaparición de poderes en Guerrero y que se presentan en la Cámara de Diputados y Senadores”.
Los otros grupos
Enfrascados en conseguir posicionarse para la sucesión presidencial, los políticos de la época construían sus estructuras, aunque, en 1967, la DIPS desconocía cuáles eran los propósitos de determinados movimientos.
Uno de los grupos, diferentes al patrocinado por Lauro Ortega, era el del guerrerense Caritino Maldonado, quien envió a uno de sus colaboradores, Augusto Ponce Coronado a organizar la federación estudiantil a lo largo del país. Ponce tuvo “contacto con las asociaciones de estudiantes de provincia que radican en la Ciudad de México para que se incorporen” a la Confederación Nacional de Jóvenes.
El documento añade: “Se han manejado cantidades económicas muy importantes e impreso diversos manifiestos firmados por algunas federaciones estudiantiles.”
Maldonado, quien llegó a la gubernatura de Guerrero en 1968, falleció en un accidente aéreo en 1971. Ponce Coronado se acercó después a Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre más importante del espionaje político en México durante décadas.
Pero el grupo más oscuro en el informe de la DIPS era el impulsado por el regente Alfonso Corona del Rosal, reportado como “Juventudes Universitarias Revolucionarias”, cuyo dirigente era Jaime Bravo, hijo del político michoacano Enrique Bravo Valencia.
Según la DIPS, este grupo estaba formando núcleos en todo el país, a través de Rafael Cervantes, colaborador de Corona del Rosal, pero desconocía sus actividades.
Si la DIPS no tenía idea de cómo operaban los grupos de Corona del Rosal, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sí dejó registros de una organización paramilitar: el Grupo de la Lux, una enorme estructura en la que convergían policías, empleados de limpia, boxeadores, luchadores y locatarios de La Merced.
Según un informe fechado el 5 de julio de 1969, tenía 20 mil miembros en la Ciudad de México, 5 mil de los cuales tenían un sueldo de 70 pesos diarios y se desplazaban por todo el país desde 1960.
Sobre la participación del Grupo Lux el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el informe de la DIPS indica:
“En las pasadas orgías estudiantiles, este grupo se dedicó a contraatacar a los estudiantes de leyes y de otras escuelas, y para identificarse entre ellos, usaban un guante blanco en la mano derecha.”
El 26 de febrero de 1968, la DFS abrió una ficha sobre Sergio Mario Romero Ramírez, El Fish, en el que se da cuenta de su paso por “Los Escuderos”, grupo juvenil de la orden de los Caballeros de Colón; su designación, mediante maniobras, como dirigente de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA), y su papel, también contrario al rector Ignacio Chávez en 1966.
El documento establece también que Romero Ramírez era empleado del Departamento del Distrito Federal, pero en realidad era informante sobre lo que pasaba en la UNAM, bajo las órdenes del coronel Manuel Díaz Escobar –identificado como el mando del Grupo de la Lux conforme a los documentos localizados por Magdaleno Cárdenas–, como hombre del Estado Mayor Presidencial comisionado al DDF como subdirector de Servicios Materiales.
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