Rastros documentados de la corrupción en la Cámara de Diputados

Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..

Rastros documentados de la corrupción en la Cámara de Diputados/

JESUSA CERVANTES

Un informe que describe el funcionamiento actual de la Cámara de Diputados revela que las oficinas administrativas se reparten a modo de cuotas entre el PRI, el PAN y el PRD. El uso que se les da no es sólo político: sobre todo, ahí se colocan los recomendados de las dirigencias y se realizan negocios con las licitaciones y los servicios.

La Cámara de Diputados se convirtió en un “botín” político y económico que “PRI y PAN” –“y en menor escala el PRD”– se repartieron desde hace años, lo que llevó a contar con una estructura administrativa “de complicidades y corrupción”, sostiene Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Con documentos que revelan “el reparto de áreas como cuotas” y en las cuales se manejan recursos multimillonarios –el presupuesto de la Cámara fue de 8 mil 439 millones de pesos este año–, Delgado revela a Proceso que solicitará a la Jucopo el mandato para que la Auditoría Superior de la Federación realice una “auditoría integral, porque aquí todo es un botín y todo tiene un color político”.

“Es una estructura de complicidades y corrupción que vamos a desmantelar”, advierte, y confía en que tener mayoría y las presidencias de la Jucopo y del Comité de Administración les permitirá llegar a las entrañas financieras de San Lázaro.

Cualquier cajón que se abra de los cargos más importantes, como la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros o la Contraloría Interna –desde donde, según un documento interno de la Cámara, se mantiene un control político y financiero–, tiene el sello de los priistas César Camacho, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa y Jorge Carlos Ramírez Marín; del perredista Jesús Zambrano Grijalva o de los panistas Gustavo Madero y Marko Cortés. 

Las cuotas

Después de que en 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y surgió el llamado G-4, que encabezó Porfirio Muñoz Ledo, se modificó la estructura de San Lázaro: desaparecieron la llamada Gran Comisión y la Oficialía Mayor, desde la cual el tricolor mantenía el control político y financiero total.

La nueva división pretendió acabar con la corrupción. No se logró. De acuerdo con un documento interno de la Cámara –que este semanario consultó–, el uso de puestos administrativos como cuotas políticas siguió propiciando la corrupción, sólo que se amplió a dos partidos más: PAN y PRD. 

El documento empieza con la descripción de la pieza clave de San Lázaro: la Secretaría General, posición que desde los gobiernos panistas ha conservado el PRI.

La describe como una posición “de poca utilidad y que se ha convertido en un barril sin fondo de recursos”. Va más allá: “Sus funciones pueden, sin problema, ser absorbidas por las secretarías de servicios”.

La designación del secretario general, quien tiene en sus manos todos los hilos de San Lázaro, se lleva a cabo mediante la votación de las dos terceras partes del pleno. El primero en ocupar dicha posición fue el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González-Salas; lo siguió la panista Patricia Flores; y de 2004 a 2011 un hombre cercano al priista Emilio Chuayffet: Guillermo Haro Bélchez.

Según el documento, desde esta área “se truncó el servicio civil de carrera” mediante un acuerdo de la Jucopo en 2002 “para dejar la estructura en más de 200 personas” y habilitarla como refugio de priistas tras la derrota del año 2000.

También se señala que en la gestión de Haro Bélchez “comenzó en la Cámara la corrupción en las modalidades e intensidad de ahora”. 

Desde 2012, con el respaldo de todos los partidos políticos, asumió Mauricio Farah Gebara, quien oficialmente tiene a su cargo ocho empleados, pero según el documento hay “39 asesores que no se mencionan en ese documento y trabajan fuera de la cámara o asignados a diputados, comisiones o al grupo priista”. 

Días antes de contar con el documento, Proceso habló de manera informal con Farah y él comentó que sólo tenía el equipo necesario y lo que marca la estructura oficial. También aprovechó para aclarar que “en ningún momento” propuso la conformación de la actual Mesa Directiva, que fueron los partidos quienes lo determinaron e incluso el PT estuvo de acuerdo en que se le diera una vicepresidencia al PRI y no a ellos.

Antes de ocupar la secretaría, Farah trabajó como quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el documento indica que “responde políticamente a Manlio Fabio Beltrones e institucionalmente al Grupo Parlamentario del PRI”.

El PAN también tiene su cuota y la ha mantenido desde 2000. Es la Dirección de Asuntos Jurídicos. El PRI se aferra a la Dirección General de Resguardo y Seguridad, cuyo director, Ramón Mancilla Macedo, obedece a César Camacho Quiroz y “se ha distinguido por el maltrato a sus elementos de a pie, enfocarse a la protección de asuntos, personajes y espacios del PRI”, y, aún peor, “las computadoras de registro de acceso (a San Lázaro) están conectadas al servidor propio de la dirección y al Cisen”.

La segunda instancia administrativa más importante de la Cámara es la Secretaría de Servicios Parlamentarios, copada por el PRI y desde la cual se coordinan los centros de estudios, que a su vez se entregan por cuota partidaria. Actualmente el PRI tiene dos y sus investigadores son recomendados de personajes priistas como Sami David David, César Becker, Emilio Chuayffet, César Camacho o Héctor Hugo Olivares Ventura, “amigos de los coordinadores del PRI”.

El PAN tiene dos centros, uno de ellos como cuota para Marko Cortés, y el PRD cuenta con otro.

La Secretaría de Servicios Parlamentarios fue inicialmente cuota del PRD, que la mantuvo en las Legislaturas LVIII y LIX. A la muerte de Alfredo del Valle Espinoza, reconocido por su trabajo de excelencia, el partido encabezado entonces por “los Chuchos” la intercambió con el PRI.

Actualmente encabeza esa oficina Juan Carlos Delgadillo Salas y, según el documento consultado, fue ubicado ahí por Beltrones. “Después de la muerte del maestro Del Valle, la secretaría no ha servido para nada relevante, más allá de cumplir bien con sus funciones burocráticas y la distribución de puestos en los centros de estudio, que con excepción del de Estudios de Finanzas Públicas, han caído en la mediocridad, irrelevancia y dejado de servir a los propósitos para los que fueron creados”.

Varias direcciones dependen de esta área, como la de Apoyo Parlamentario, en manos del PRI, cuyo director “se ha sostenido respondiendo a los intereses de los secretarios en turno y al PRI”. En cuanto a la Dirección de Apoyo a Comisiones, “desde hace tres legislaturas ha servido sólo para enviar personas a comisiones o mesa con el fin de contar con información de lo que se discute para que el PRI tome decisiones… de esta dirección dependen ilegalmente los integrantes del servicio civil de carrera, sobre los que no tiene ningún ascendiente ni genera para ellos ninguna opción de desarrollo”. 

Cajas chicas y agencias de empleo

La siguiente en importancia es la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, desde la cual se controla cuánto, cómo y en qué se gasta. La manejan los tres partidos: la encabeza el panista Carlos Alfredo Olson San Vicente, pero el PRI maneja la dirección de Finanzas y desde ahí, según el documento, “se cobra comisión por reconocimiento para pago de documentos apócrifos y por acelerar pagos”.

Las Direcciones de Recursos Humanos y la de Remuneraciones responden al PRI. De la primera “se vale para pagar favores con plazas, incrementos y liquidaciones… reporta directamente a Jorge Carlos Ramírez Marín”.

Pero el poder se puede compartir, y así ocurre con la Dirección General de Programación y Presupuesto, donde PRI, PAN y PRD toman decisiones.

A Los Chuchos les corresponde la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Su titular, Jesús Aboytes Montoya, “responde a los intereses de Jesús Zambrano, que la ha manejado como su negocio particular a través de sucesivos directores generales que designa de manera directa. Es una de las estructuras más corruptas de la cámara”.

Los señalamientos contra el PRD, y en particular contra la corriente Nueva Izquierda, por el manejo de esta dirección, incluyen que en la Dirección de Adquisiciones “se distribuyen contratos de limpieza vía outsourcing entre dos o tres empresas que periódicamente cambian de nombre para seguir licitando”. Además, se asienta en el documento citado, en la Subdirección de Licitaciones y Concursos “se controla como asunto propio el contrato único de abastecimiento de agua embotellada para toda la cámara”.

La misma fuente documental indica que la Dirección General de Tecnologías de la Información es “la favorita” de la bancada panista, pues “a través de ella, sin mediar concurso, este grupo se apropia de ingresos a través de compras masivas y sustitución de equipos (por miles) para toda la cámara, se requieran o no. En la legislatura que termina se hicieron dos sustituciones completas, una al inicio de la legislatura y otra a la mitad, de equipos prácticamente nuevos… estas licitaciones se hacen de manera directa, con licitaciones disfrazadas, o a través de subrogaciones mediante contratos de renta y mantenimiento con la empresa El Corte Inglés (empresa española). Aquí entra por ejemplo todo el equipo de cómputo”.

A su vez, la Contraloría interna ha estado siempre en manos del PRI. Hoy la encabeza Alfredo Wong Castañeda, designado a petición de Beltrones. Ese organismo “sirve como pista de aterrizaje de aviadores en plazas propuestas por PRI, PRD y PAN, tanto para operar sus propios asuntos, como para cubrir compromisos personales y políticos.

“La importancia de esta posición radica en que es la que audita al resto de las dependencias que controlan los grupos parlamentarios y a los grupos parlamentarios mismos; los resultados se comunican directamente al PRI por el contralor, que comunica a los responsables para negociar el ajuste a los resultados”. Esta posición también se elige por mayoría calificada del pleno.

De esa área se desprenden dos oficinas clave para el PRD y cuyos titulares fueron sugeridos por Zambrano: la Dirección General de Control y Evaluación y la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades:

“Aquí está la persona responsable de llevar el control más delicado en términos de corrupción: las adquisiciones y concursos que corresponden a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, que controla el propio Zambrano… aquí llegan todas las irregularidades y fallos.”

Delgado acusa: “Todos se repartieron desde la más grande a la más chica, están distribuidas con criterios partidistas y le dan un sesgo de desconfianza. Se opera en la complicidad y el dispendio. Con altos sueldos. Por eso la auditoría, para revisar todo. Vamos a acabar con la alta burocracia. Lo que he encontrado es un botín de los partidos políticos, no hay puesto que no tenga color partidista producto del reparto de cuotas. Es la estructura de complicidades y corrupción que vamos a desmantelar”.

En dos semanas más, el grupo de Morena presentará cambios a la Ley Orgánica del Congreso. Una de las propuestas de reingeniería de San Lázaro es desaparecer la Secretaría General.