A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños/

Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018..

A un año de la tragedia no hay censo de víctimas ni de daños/

PATRICIA DÁVILA

Damnificados del sismo del 19 de septiembre y funcionarios del próximo gobierno local coinciden: no hay un censo de inmuebles dañados ni de vecinos afectados por el terremoto, lo que significa un alto riesgo en caso de otro siniestro. Tampoco existe ninguna claridad en cuanto al ejercicio de los recursos económicos para la reconstrucción: nadie sabe qué pasó con los miles de millones de pesos que se destinaron en 2017 y 2018 a la reparación de daños.

A un año del sismo del 19 de septiembre aún se carece de un diagnóstico de las afectaciones y no hay certeza sobre el número de damnificados, la cantidad de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan. A ello se suma la falta de claridad en el ejercicio de los recursos económicos y sus reglas de operación. En concreto, no hay un programa real de reconstrucción.

Vania Salgado, representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, es clara: “A un año del sismo la reconstrucción de las viviendas no ha empezado y los pocos lugares en que se avanzó fue en los que se puso recurso privado; pero la mayoría de los damnificados no tenemos aún una solución”.

Por ello, el 26 de julio presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Reconstrucción: “El verdadero problema es que no hubo una priorización en la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas. El presupuesto para 2018 no establece ningún rubro para esto; sólo hubo uno para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) construyera 11 edificios. Tardíamente, el 7 de junio se creó el Fideicomiso para la Reconstrucción, que intentará reha­bilitar y construir multifamiliares; pero el problema es que no se garantiza el derecho a vivienda digna y decorosa para todos los damnificados”.

A Damnificados Unidos se sumaron vecinos de Azcapotzalco, Tlalpan, Gustavo A, Madero y Miguel Hidalgo: “Desconocemos cuántos damnificados hay porque el censo de personas afectadas y de inmuebles dañados no ha sido concluido por el gobierno. La cifra oficial del Comité de Emergencias es de mil 71 inmuebles afectados, pero en una rápida revisión detectamos que hay un subregistro y al menos 27 no están incluidos. Es probable que haya más de 100 que no aparecen”.

Explica: “En nivel de afectados en algún momento vi una cifra con unos 14 mil en toda la Ciudad de México. La falta de un censo certero provoca, por un lado, la desatención a las personas que habitan estos inmuebles, y por otro, los riesgos latentes para la ciudad, porque mientras no se conozca el riesgo no se puede mitigar sus efectos. Un edificio que está en riesgo alto de colapso y que no se ha demolido es un edificio que representa un alto riesgo tanto para los propietarios como para la comunidad.

“Entonces, no concluir los censos implica la desatención a damnificados y la falta de mitigación de riesgo para la Ciudad de México. No hay protocolos para homologar las dictaminaciones. En un principio hubo un número importante de brigadas, de instituciones del gobierno de la Ciudad de México –como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), de la Seduvi–, colegios de estructuristas y de arquitectos que empezaron a realizar esta tarea, pero no había un protocolo formal para utilizar la información y se perdió.

“Por otro lado, hay 450 directores responsables de obra que están habilitados en toda la Ciudad de México para cubrir los más de 13 mil inmuebles donde se solicitó revisión. Al final quien terminó haciendo los dictámenes o avalándolos y revisándolos fue el ISC, que además tiene muy poco personal. Eso les ha costado que los recursos aprobados no se destinen al instituto para reforzarlo, esta es la posible respuesta de por qué no se ha concluido el censo.”

–¿Esto está impactando en ustedes?

–Por su puesto, porque hay personas que viven en inmuebles que no están dictaminados, de los que no se sabe cuál es el riesgo. En algunos la verificación la hicimos nosotros y encontramos que en 25% de los inmuebles que revisamos y que estaban en riesgo alto de colapsar, sus habitantes siguen viviendo en ellos. Por supuesto que no concluir los censos, no demoler lo que se tiene que demoler, representa un problema importante para las personas, que pueden perder sus vidas en cualquier momento, y para la comunidad que los rodea.

Falta un censo

Por su parte, la asambleísta Dunia Ludlow, quien será directora del Centro Histórico en el equipo de Claudia Sheinbaum, próxima jefa de Gobierno, coincide con Salgado en que se desconoce el estado de los inmuebles dañados en la Ciudad de México y no se sabe el tipo de atención que se le tiene que dar a cada uno.

“Va a llegar otro sismo de la misma magnitud o peor, y evidentemente no estamos preparados. Y los miles de edificios que quedaron tocados están en riesgo, como los catalogados en amarillo y rojo”, afirma, en referencia a la catalogación hecha por Plataforma CDMX, la página en internet para consulta y ubicación de los inmuebles dañados por el sismo del año pasado.

“Además –prosigue Ludlow– no tenemos la certeza de que efectivamente sean rojos –a punto de colapsarse– o que efectivamente sean amarillos. También hay dobles clasificaciones. Por eso los vecinos hablan de la falta de certeza que brinda la Plataforma CDMX, cuando ésta debería ser el instrumento de comunicación y transparencia de la reconstrucción.”

Otro de los puntos que han obstaculizado la reconstrucción es precisamente la falta de claridad que brinda la Plataforma CDMX sobre los recursos económicos ejercidos.

“Con base en el recuento realizado en el desglose de los recursos de 2017, 182 millones de pesos fueron desviados o mal aplicados; esto incluye el reintegro al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la ayuda a damnificados falsos y el destino al gasto operativo de las delegaciones.

“La Plataforma CDMX no ha aclarado el destino de más de mil 810 millones de pesos que teníamos disponibles en 2017 y que no sabemos qué pasó con ellos. En el caso de 2018, se puede documentar que se desviaron 898 millones de pesos, recursos que estaba establecido que iban a irse específicamente a la reconstrucción y que no sabemos dónde están. 

“También falta aclarar el destino de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que es la diferencia entre lo asignado en el artículo­ 14 de la Ley de Reconstrucción, lo que dice la Plataforma CDMX y lo que dice el Fideicomiso (para la Reconstrucción) sobre la manera en que se va a asignar. En total, entre los recursos de 2017 y los de 2018, podemos decir que se han desviado o están en opacidad mil 80 millones de pesos y no sabemos qué pasó con ellos.

“Para arreglar esta situación se presentó una iniciativa con el propósito de que el recurso se vaya a donde se tiene que ir, a reconstrucción y reparación de viviendas y a reparación del patrimonio de las personas que lo perdieron todo, y también para establecer criterios con el fin de que la entrega de estos recursos se haga de manera transparente desde el momento en que se discuta la asignación del presupuesto”, explica Ludlow. 

“Como hoy no tenemos un censo, no tenemos un diagnóstico que nos permita saber cuál es el universo de las afectaciones que resultaron del sismo; la respuesta de las autoridades ha sido en reacción a la capacidad de movilización de los damnificados. Para ser escuchados, ante la falta de respuesta de la autoridad, se empezaron a unir en colectivos. Uno es Damnificados Unidos del Multifamiliar Tlalpan, y otro, Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.”

A partir de este par de colectivos, los damnificados han logrado distintos apoyos de las autoridades, unos a fondo perdido, otros bajo un esquema que les permite acceder a 35% de recursos del Fideicomiso, otros a partir de esquemas mixtos, “pero no es la misma atención para todos, esa es la gran injusticia que ha generado este gobierno.

“No toma en cuenta que quizá haya gente que por necesidad está impedida de dar seguimiento a su daño; es decir que la gente de Iztapalapa, Xochimilco, que vive al día, no puede estar yendo a las asambleas, enterándose por redes sociales, porque vive al día, y esa gente no está siendo atendida”, señala.

–¿Dónde se va a reconstruir con el 35% adicional? ¿Los damnificados ya no van a pagar?

–A partir de ese 35% la desarrolladora les construye y con ese 35% paga la construcción y tiene un poco más de ganancia. En teoría no tendría que pagar nada, pero hay algunos estudios en los que la corrida financiera no sale para los desarrolladores, y entonces hacen esquemas mixtos, y los damnificados tienen que acceder a los créditos de sociedad hipotecaria federal o a los créditos que se van a abrir en la ciudad bajo esquema del Invi para poder pagar.

La reconstrucción

Cesar Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y quien el próximo 5 de diciembre será el nuevo comisionado para la Reconstrucción, habla sobre los problemas de los damnificados:

“En el proceso de reconstrucción hemos encontrado áreas de oportunidad donde podemos mejorar la atención a los damnificados; agilizar los procedimientos; hacerlos más sencillos; estar más cerca de las zonas donde hay afectaciones; convocar a más instituciones, organizaciones y fundaciones; organizar mejor a las empresas que están participando en la reconstrucción; mejorar la Ley de Reconstrucción; mejorar los procesos administrativos para eliminar los escollos que impiden a los damnificados acceder a los apoyos económicos”, asegura.

“Vamos a hacer que los programas gubernamentales sean más sencillos, todo un cambio de procedimiento en atención a los damnificados para que la reconstrucción sea más rápida y eficiente.”

–Ya pasó un año y no se ha reconstruido un solo inmueble. ¿Cuáles son los problemas?

–Primero hubo mucha irresponsabilidad de Miguel Ángel Mancera, a quien le urgía renunciar al gobierno para ser candidato a senador; luego se empecinaron en sacar una ley que no generó certidumbre de cómo se iba a atender a los damnificados. Después vino el asunto de que tres dipu­tados de la ALDF quisieron controlar los recursos de la reconstrucción y eso ocasionó que la primera comisión renunciara, y tuvo que entrar una segunda comisión; eso, a cinco meses del sismo, generó aún más incertidumbre.

“Hay muchas dependencias de gobierno a las que los damnificados tienen que acudir. Nosotros vamos a simplificar todo y sólo tendrán que tratar con la Comisión de Reconstrucción, y vamos a organizar a las sedes de gobierno que tienen que ver con la reconstrucción, para que el ciudadano no tenga que tocar muchas puertas.”

También afirma que se van a instalar módulos en las colonias más afectadas, para que la gente no tenga que ir al Zócalo a entregar la copia de un documento o a preguntar cómo va la reconstrucción.

Y toca el tema de que no hay transparencia en la reconstrucción: “No sabemos cuánto (dinero) se ha comprometido, cuánto está por ejercerse. No hay un censo que nos dé confianza, hay mucha información disgregada, dispersa. Vamos a empezar un censo este mes y lo vamos a terminar antes de que acabe este gobierno, para tener información fidedigna de cuántas viviendas hay que levantar, cuántas familias están afectadas, para poder planear y presupuestar el costo de la reconstrucción de la ciudad.

“La información con la que se cuenta está fragmentada; el gobierno de la ciudad tiene unas cifras, las dependencias otras y las delegaciones otras, por eso vamos a trabajar el censo.”

–Usted es parte de la Asamblea que está por concluir y que no dictaminó las iniciativas para modificar la Ley de Reconstrucción que enviaron, por separado, Miguel Ángel Mancera y las organizaciones Ciudadanos S19 y Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, en la que plantean vías para el mejor manejo y trasparencia de los recursos.

–Ya lo dialogué con Ernestina Godoy Ramos, quien fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena para el primer Congreso de la Ciudad de México, y en cuanto tome posesión la Legislatura se van a aprobar. Este 19 de septiembre anunciaremos estas acciones –asegura.

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Opacidad en el uso de fondos/JORGE CARRASCO ARAIZAGA...

A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha sido la prioridad del gobierno. De los 6 mil 800 millones de pesos que se han aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Su sucesor, José Ramón Amieva, decidió utilizar 2 mil 500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres en la Ciudad de México (Fonaden) que el anterior gobernante se rehusó a usar. 

Ese es el panorama a un año del sismo de 7.1 grados Richter que puso en crisis a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.

A la confusión de los primeros días siguió una maraña de cifras, planes y declaraciones de Mancera y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), órgano que fenecerá este lunes 17 para dar paso al primer Congreso de la Ciudad de México, al que le tocará revisar lo hecho por los asambleístas y el gobierno que termina en diciembre.

Lo que ahora tiene el gobierno de la Ciudad de México son cifras preliminares que permiten ver aspectos del desastre no sólo en los inmuebles de uso habitacional, sino en los negocios, las escuelas, hospitales, edificios de gobierno, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y religioso.

Según la Comisión de Reconstrucción, 3 mil 393 inmuebles resultaron dañados, de los cuales 2 mil 6 son habitables. Aunque señala que el resto –mil 387– son parcialmente habitables o se deben rehabilitar, apenas reconoce 60 como imposibles de habitar; es decir, que tienen alto riesgo de colapso. Además reporta 519 no habitables pero que se pueden rehabilitar.

A falta de cifras certeras, lo que hay son estimaciones. Protección Civil del gobierno capitalino cifró en 230 las personas fallecidas por el colapso de edificios. Un año después el número podría ser 10 veces mayor si se colapsan los edificios aún en pie pese a las graves afectaciones que sufrieron.

La ONG Nosotrxs, que se ha dedicado a transparentar las labores de reconstrucción, verificó 639 construcciones con alto riesgo de caer. Son inmuebles habitados, sin tratamiento alguno y que en ningún momento han sido desalojados. Un temblor de mediana proporción podría derrumbarlos y afectar a más de 2 mil personas, entre quienes las habitan y sus vecinos, señala la organización en un reporte que se dará a conocer en el primer aniversario del sismo y que conoció Proceso. 

De acuerdo con Nosotrxs, 33% de los propietarios sigue viviendo en edificaciones en riesgo de colapso. Más alarmante es que 25% vive en inmuebles con alto riesgo de derrumbe. Entre los edificios dictaminados con riesgo, 41% también está habitado.

Las cifras oficiales avalan la estimación de Nosotrxs, cuyo coordinador nacional, Mauricio Merino, formó parte de la Comisión de Reconstrucción que en febrero pasado renunció junto con su responsable, Ricardo Becerra, ante la decisión de la ALDF de pasar por encima de esa instancia y decidir el reparto del presupuesto respectivo. Al menos 6 mil 800 millones de pesos, según las cuentas que ha presentado la propia Comisión para la Reconstrucción.

En su más reciente informe, de agosto pasado, la Comisión presenta diferentes cifras sobre la infraestructura afectada, dependiendo de la dependencia o instancia que reporte. 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) cuenta con mil 147 dictámenes de inmuebles dañados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) asegura haber dictaminado 5 mil 12 inmuebles. 

Ambas instancias reportan edificios en riesgo de derrumbe, aunque sus cifras también varían incluso respecto a las cifras de la comisión. El ISC registra 423 inmuebles con riesgo alto y 173 con alto riesgo de colapso. 

Para la Seduvi hay 729 edificios en riesgo alto y mil 158 que reporta como “sin acceso y/o no localizados”. En lo que sí coinciden es en que, a un año del sismo, aún hay edificios en riesgo de derrumbe en la capital del país.

Nosotrxs ubicó 639 edificios en esas condiciones en diferentes puntos, pero constató que no todos están deshabitados, con el consecuente peligro para sus habitantes y las construcciones aledañas. En total, estimó que puede haber graves riesgos para unas 2 mil personas, considerando un promedio de cuatro personas por vivienda.

De la dimensión de la tragedia oficialmente reconocida también dan cuenta los 2 mil 718 negocios dañados. De ellos, 2 mil 603 son micro y pequeñas empresas; el resto, 115 mercados públicos.

La Comisión para la Reconstrucción reconoce además 7 mil 783 afectaciones en infraestructura pública. La mayor parte en la red hidráulica. Según su reporte más reciente, en esas afectaciones se cuentan mil 900 escuelas; 326 inmuebles de infraestructura cultural y religiosa, entre bibliotecas, iglesias y centros sociales, sin considerar el patrimonio cultural, urbano y religioso, que tuvo 379 afectaciones. También registra 123 daños en hospitales y centros de salud. Además, en 83 edificios de gobierno.

Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó 2 mil 584 millones de pesos que ya estaban presupuestados en 2017. Para este año, la ALDF aprobó 8 mil 772 millones de pesos. En año electoral, el control de ese gasto generó una crisis que terminó en el colapso de la Comisión para la Reconstrucción, que tenía un fuerte componente de fiscalización social.

Cambios

Ante el escándalo y la controversia por el manejo de los recursos, la Comisión para la Reconstrucción renunció en masa. Mancera le pidió entonces a la ALDF que enmendara el decreto de los legisladores panistas y perredistas. Los recursos pasaron formalmente a ser administrados por la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de su incondicional Édgar Amador. 

El entonces gobernante, además, suspendió durante casi dos meses la Comisión para la Reconstrucción y creó una nueva que dejó en manos de otro de sus colaboradores cercanos, el exsecretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüi. 

El nuevo comisionado se ha dedicado a operar la entrega de los recursos en la misma lógica decidida por los asambleístas; es decir, sin estudios técnicos previos que justifiquen el acceso a los recursos, como consta en las minutas de la comisión. Con la llegada de Amieva al gobierno de la Ciudad de México, Amador salió de Finanzas y llegó Julieta González. 

“Las dependencias van a la Secretaria de Finanzas y en la comisión se otorgan los recursos sin plan integral, sin saber si son las prioridades, y sobre todo sin que existan los censos de damnificados e inmuebles afectados”, dice a Proceso Vania Salgado, coordinadora de los trabajos del Colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs y representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.

“A todo dicen que sí, sin un plan, sin los censos completos y sin justificación de las necesidades”, dice.

Salgado asegura que, de acuerdo con una revisión a julio pasado, la Secretaría de Finanzas solo había dado cuenta de 4.7% de las aprobaciones de la Comisión de Reconstrucción; es decir, 286 millones de pesos, de los 6 mil 800 que la comisión había aprobado.

“Esa es la verdadera tragedia de los recursos. Desconocemos cómo se hicieron las autorizaciones y hacia qué dependencias. Sobre todo, puede que haya subejercicio, que las dependencias no hayan usado los recursos, mientras que el tema de los damnificados sigue sin estar resuelto.”

Para Salgado, la reconstrucción no ha sido prioridad. Explica que no fue sino hasta nueve meses después del sismo cuando se creó el Fideicomiso para la Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda, al que al inicio sólo le habían asignado 600 millones. 

Ante las demandas de los afectados de crear ese fideicomiso, el Gobierno de la Ciudad de México y la ALDF se responsabilizaban uno al otro. Después de la insistencia de los damnificados para aumentar ese fondo, Amieva finalmente decidió aprobar un nuevo monto por 2 mil 500 millones de pesos, procedentes de Fonaden y que Mancera no quiso utilizar, con el argumento de que se debían usar para otras emergencias, explica Salgado.

Observa que, durante el proceso electoral, en las delegaciones hubo muchos ofrecimientos de candidatos a los damnificados, “que no sabemos cómo los costeaban”. 

Pasadas las elecciones, ni la propia ALDF tuvo interés en reasignar mil millones de pesos más para la reconstrucción, como lo solicitó Amieva mediante una iniciativa.

Obligada judicialmente a realizar un periodo extraordinario para procesar la designación de una magistrada, la ALDF pudo votar esa iniciativa. Pero el presidente de la Comisión de Gobernación, Leonel Luna, evitó incluirla en la discusión.

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Revista Proceso # 2185, 16 de septiembre de 2018.

.La Ciudad de México, más frágil ahora/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Por torpezas burocráticas, el destino de los recursos para la reconstrucción de la ciudad –el dinero para paliar los efectos del sismo del pasado 19 de septiembre– sigue siendo desconocido, sostiene Ricardo Becerra, quien fue el primer encargado de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México. En la actualidad, afirma en entrevista con Proceso, la capital del país sería más vulnerable a un terremoto, pues no hay un protocolo de seguridad y ni siquiera se tiene un censo de las instalaciones estratégicas endebles o dañadas.

La capital del país es más vulnerable a los sismos ahora que hace un año. Hay muchas edificaciones afectadas que aún están habitadas, pero no todas se conocen pues falta un censo. Lo peor que se puede­ hacer es minimizar los daños del 19 de septiembre de 2017, advierte Ricardo Becerra Laguna, quien fue primer titular de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y es autor, junto con Carlos Flores, del libro Aquí volverá a temblar. Testimonios y lecciones del 19 de septiembre (Grijalbo, 2018).

Los afectados se pueden contar por decenas de miles. Y aunque el gobierno capitalino ha emprendido cientos de acciones, aún ahora carecemos de un protocolo para la protección y la seguridad humana de la ciudad, dice el economista que fue responsable de la recuperación de la capital en los momentos críticos después de la emergencia.

Era subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad cuando el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo puso –a finales de octubre de 2017– al frente de la comisión. Pero apenas duró 100 días en el cargo.

Renunció por estar en desacuerdo con la intervención de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –especialmente con las bancadas del PAN y el PRD– en el manejo de los millonarios recursos para la reconstrucción. En particular los asambleístas perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y el panista Jorge Romero, quienes decidieron, desde las comisiones de Gobierno y de Presupuesto, cuánto y dónde aplicar el dinero. Poco se sabe de ese ejercicio.

Ciudad frágil

Cofundador de la ONG Nosotrxs, Becerra afirma que dicha agrupación, a partir de información pública, ha podido documentar el uso de menos de 10% de lo presupuestado por la ALDF para este año: 8 mil 772 millones de pesos sin considerar fondos federales ni donaciones.

El problema no sólo es el dinero, sino que actualmente la ciudad es más frágil, pues no han modernizado sus estructuras, y el riesgo crece más rápido que la población, afirma el ahora presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Considera que la reconstrucción de la capital está concebida más como un plan de vivienda que como un programa vasto para garantizar la seguridad y el patrimonio de quienes la habitan: “Sería injusto decir que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido parada la reconstrucción. Se han tomado miles de acciones más allá de la emergencia, pero no se han elaborado los criterios universales para atender a todos los damnificados de manera equitativa”, dice en entrevista el martes 11. “Se han tomado decisiones por presión política o por urgencias, no por criterios generales”.

–¿La Ley de Reconstrucción no era para evitar eso?

–La ley ordenaba elaborar un programa, que presentamos el 12 de enero. En éste se daban las primeras reglas para cruzar tres datos: las posibilidades económicas de las personas, su condición social y el tamaño del daño sufrido. Pero este trabajo de cruzar la información humana, económica y social no se ha podido llevar a cabo porque siguen haciendo falta los censos, especialmente el socioeconómico que ordena la ley. Otro censo es el de infraestructura, que está mucho más avanzado e incluye escuelas, mercados, edificios públicos y espacios culturales y de patrimonio histórico.

“Hay que exigir al proceso de reconstrucción que no se minimice el daño. Por la experiencia que tuve al frente de la reconstrucción, puedo decir que el impacto del temblor se mide en decenas de miles de personas, y esto debe reconocerlo la autoridad presente y la futura”, dice en referencia al próximo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, pero también al primer Congreso de la Ciudad de México, que entrará en funciones este lunes 17.

–¿Ha habido intención de minimizar las afectaciones?

–Lo que ocurre es que no hay un censo. Las primeras estimaciones del censo socioeconómico hablaban de miles de damnificados. Pero eran datos preliminares. Yo visité cientos de veces los puntos más críticos de la ciudad y a simple vista el número de damnificados se medía en decenas de miles.

–¿Por qué desde ese primer momento se redujo el universo?

–Yo pensaba que en ese momento estaban entregando un trabajo parcial, que eran los primeros datos del censo. Creo que no hay que caer en la tentación de minimizar el daño por una razón: por seguridad de la propia ciudad. Si no atendemos a la mayor cantidad o a todos los damnificados, lo vamos a pagar en forma de edificios más vulnerables, de casas y calles más dañadas y, en general, de una ciudad más frágil en su conjunto.

–¿No se ha atendido de raíz el problema?

–La Ciudad de México es ahora más vulnerable por dos razones: por la sobreex­plotación de los mantos acuíferos y el consecuente debilitamiento del suelo y el subsuelo; y porque, como todo el país, no ha crecido lo suficiente en términos económicos para realizar un mantenimiento y una modernización de sus estructuras; es decir, sus casas y edificios. El riesgo y la vulnerabilidad han crecido más rápido que la población.

“Debemos saber cuáles son las vulnerabilidades de los edificios estratégicos: hospitales, escuelas, instalaciones de telecomunicaciones. Lo imperdonable es que no hayamos desarrollado un protocolo mucho más robusto para la protección y la seguridad de las personas.

Becerra es contundente: “O fortalecemos los protocolos y los deberes que nos corresponden a todos en la ciudad –gobierno, empresas y ciudadanos– o vamos a vivir el siguiente sismo como si fuera el del 19 de septiembre”.

–La ley usa el calificativo de resiliente; es decir que se quiere una ciudad con más capacidad de responder a las emergencias. ¿No se está haciendo eso? –pregunta el reportero.

–Eso es lo que debería estarse discutiendo. Me temo que el programa de reconstrucción se confunde con un gran programa de vivienda. Por supuesto que lo incluye, pero es parte de un concepto mucho más vasto, del que debemos hacernos cargo.

–¿La Ley de Reconstrucción es inoperable o de plano no se ajusta a las necesidades de la Ciudad de México?

–Tiene muchos problemas, es confusa. Tendría que ser útil para enfrentar la reconstrucción con criterios generales y universales. Por eso pone medidas de mucho mayor calado, con protocolos muchos más fuertes.

“Pero creo que la ciudad debe encarar fuertemente a las figuras de los directores responsables de obra (DRO) y de los corresponsables de seguridad estructural (CSE) para discutir seriamente que los responsables deben ser quienes hacen una obra, no los que vienen a firmar. Ese es uno de los más grandes problemas en la reconstrucción de la ciudad.

–¿Hay manera de identificar a los DRO y a los CSE de los edificios afectados?

–En teoría sí. Pero entre las cosas muy desgraciadas que nos ocurrieron el 19 de septiembre es que el edificio que guarda la memoria constructiva de la ciudad se cayó: el Archivo de Notarías. Cada cinco años las delegaciones mandan ahí los cálculos estructurales, la planeación matemática, los planos, etcétera. Ahora el archivo es parte del programa de reconstrucción.

Confrontación con la ALDF

Autor del libro La mecánica del cambio político en México, Ricardo Becerra renunció a la Comisión de Reconstrucción el pasado 16 de febrero, luego de que los diputados Leonel Luna y Jorge Romero, como presidente y secretario de la Comisión de Gobernación, y Mauricio Toledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quedaron al frente del reparto de los recursos aprobados por la ALDF en el presupuesto de la ciudad para 2018.

Los legisladores locales emitieron un decreto en el que decidieron cuánto y en qué debían usar las dependencias y organismos de la Ciudad de México los recursos para la reconstrucción.

“La comisión trabajaba bajo el paraguas de una ley que, con todo y sus problemas, era útil y manejable. El problema apareció cuando a finales de noviembre la misma ALDF que había creado la Comisión y la Ley de Reconstrucción, emitió un decreto que contradice la ley por ellos mismos creada”, dice Becerra.

Abunda: “la comisión no podía adivinar cuál era el daño en la ciudad. Por lo tanto, no podía presupuestar. Lo que la ley mandaba, en cambio, era construir un fondo disponible y público que respondiera a las necesidades de la emergencia y a las exigencias y conocimiento del daño, que cada día se iba profundizando. Eso no se prevé. Por eso hay dinero para atacar las emergencias y anular el riesgo”.

Sin mencionar nombres, añade: “Algunos diputados cometieron el error de tratar burocráticamente la reconstrucción. Decidieron repartir millones de pesos a las dependencias, pero sin criterios, estudios o diagnósticos, y sin ningún dictamen de la propia comisión. Ahí empezó a hacer agua la transparencia. La idea inicial era que el fondo estuviera a la vista de todos para responder a las emergencias y urgencias que fuera planteando el proceso de reconstrucción. El decreto fue en sentido contrario. En la Comisión no éramos adivinos y, por tanto, no sabíamos a dónde se iba a mandar tanto dinero”.

–¿Hay manera de comprobar lo que se ha gastado? 

–No en la gran parte. Hay fondos comprometidos, otros que no han sido ministrados y otros que no han sido ejercidos. Es la burocracia.

–¿Qué hizo la comisión para recuperar su autoridad sobre los recursos?

–Enviamos una carta a los diputados para que nos dijeran cómo interpretar esa evidente equivocación o al menos que nos explicaran cómo se iba a manejar eso. Contestaron el 15 de febrero. Se dirigieron al jefe de Gobierno, diciendo que deberían entenderse como ejercidos o determinados. Así, el 29 de diciembre decidieron sobre 6 mil 800 millones de pesos, sin mediar la opinión del jefe de Gobierno ni la de la comisión. Fue una respuesta categórica que hacía inviable y superflua la existencia de la propia comisión.

–¿Miguel Ángel Mancera también se vio rebasado por las comisiones de Gobernación y de Presupuesto de la ALDF?

–Creo que en cierto modo fue sorprendido por ese decreto e hizo lo que pudo para corregirlo. Mandó una corrección.

–Pero también abonó a la opacidad, al designar en una segunda comisión a colaboradores de su confianza y ya no de la ciudadanía.

–En la Comisión de Reconstrucción hay personas muy respetables y muy importantes. Pero ocurrieron cosas que cambiaron el panorama. La primera fue la creación de una instancia interinstitucional, de dependencias del propio gobierno, en la comisión. Eso no está en la ley. Eso será ya tema de la siguiente jefa de Gobierno. Además, hay una dificultad grande ante la probable reasignación de los fondos que fueron predestinados aquel 29 de diciembre. Eso es algo que no se puede evidenciar.

–¿Es posible saber ahora de cuánto ha sido la bolsa total para la reconstrucción, más allá de lo autorizado por la ALDF?

–Hoy mismo no. La Asamblea, en la última semana de su existencia, aún estaba considerando una nueva reasignación por exigencia de grupos de damnificados.

–Tampoco sabemos cuánto se ha gastado…

–En su totalidad no. La realidad es que no hay manera de comprobar el conjunto de gastos de 2018. No sabemos a dónde se han destinado en el proceso de reconstrucción. No sabemos, por ejemplo, cuánto se ha pagado a las empresas.

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