Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años muestran su indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele la necedad de la administración de Enrique Peña Nieto montada en su “verdad histórica”… Con todo, no desfallecen. “Seguiremos presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen a Proceso. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas”.
Desesperación, coraje, impotencia y un dolor que no cesa son algunos de los sentimientos que atormentan a padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el cuarto año de su búsqueda incansable por conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Avivados por el empecinamiento inalterable de Enrique Peña Nieto de sostener su “verdad histórica” y utilizar la fuerza del Estado para combatir una sentencia que ordena rehacer la investigación, esos sentimientos se ven también acompañados por la esperanza de que la administración de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de crear una comisión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Esperanza sí, cheque en blanco no”, dicen en entrevista con Proceso padres y madres de los jóvenes desaparecidos que el miércoles 26 se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y los padres de César Manuel González, Mario César González e Hilda Hernández, fueron abordados por la reportera el miércoles 19, horas antes de que se integraran a una marcha de los damnificados por el sismo del año pasado.
La movilización y la solidaridad con organizaciones civiles y otros colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” han sido para los padres y madres de los 43 estudiantes mecanismos que mantienen viva su exigencia de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos.
“Hay esperanza que debe ser corroborada con actos concretos de justicia”, dice Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a la reportera.
El cuarto aniversario de la desaparición forzada ocurre en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a debatir sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), como lo ordenó y ratificó, el jueves 20, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, al rechazar la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) de la “imposibilidad material y jurídica” para operarla.
Una vez emitida la sentencia el 30 de mayo, el gobierno de Peña Nieto interpuso alrededor de 200 recursos a través de una decena de dependencias. A su vez, militares, marinos y policías federales presentes en la noche trágica o que detuvieron a presuntos involucrados en las agresiones –los cuales denunciaron torturas– hicieron lo propio (Proceso 2181 y 2182).
A la inusitada embestida, Peña Nieto remató con un spot, en el contexto de su último informe de gobierno, en el que insistió en la “versión histórica”, lo que “vino a confirmar eso que de alguna manera siempre supimos pero que se trataba de disimular diciendo que la investigación aún estaba abierta y que había apertura para seguir las recomendaciones internacionales”, destaca Aguirre Espinosa.
El abogado puntualiza que la apuesta de las familias es que se ejecute en sus términos la sentencia del Tribunal Colegiado, la cual dispone “contrapesos que aseguran que la PGR no reincida en las irregularidades que se han acreditado a lo largo de estos años, y que incorpora una virtud muy relevante, que es profundizar la asistencia técnica internacional; es más, no sólo se considera plausible, sino recomendable que se vuelva a un esquema similar al de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”.
Con el antecedente de un cuarto año intenso de informes de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y documentos preliminares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en los que los familiares expusieron irregularidades y omisiones en la investigación, tortura a imputados y hasta la presentación de personas con identidades falsas, como es el caso de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana–, los padres de los 43 normalistas desaparecidos llegan a un aniversario más estando golpeados por la pérdida de una de sus compañeras, Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, quien murió en mayo pasado a causa de un cáncer que se aceleró por el desgaste físico y emocional.
“Han sido cuatro años de pasar hambres, enfermedades, depresiones; de abandonar todo: familia, trabajo, por buscar a nuestros hijos, y lo que hemos encontrado son dificultades y mentiras del gobierno”, refiere Estanislao Mendoza.
Pequeño y regordete, muestra sus prendas y dice no avergonzarse de que la ropa que porta haya sido obsequiada por organizaciones o ciudadanos solidarios, pues, dice, ellos “saben que por buscar a nuestros hijos no podemos trabajar”.
Originario de Mártir de Cuilapan, municipio ubicado a 20 kilómetros de la normal de Ayotzinapa, lamenta que hasta el último momento Peña Nieto insistiera en su “necedad” de decir que los jóvenes fueron incinerados en Cocula, porque “abrió más la herida”. “Más coraje nos dio”, afirma.
Estanislao, quien antes de la tragedia trabajaba en cultivos de autoconsumo, no oculta sus expectativas luego de dos encuentros con Alejandro Encinas, quien será responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la administración de López Obrador.
También dice tener “esperanzas de que regrese al GIEI para que sigan las investigaciones. Vamos a ver a qué se compromete (López Obrador) el 26 de septiembre. Si no cumple, tendremos que movilizarnos otra vez para que lo haga”.
Cristina Bautista, quien se ha distinguido por iniciar sus discursos en náhuatl, coincide con Estanislao: el cambio de administración no modifica la demanda, tal como le expresaron el 25 de mayo en Iguala, cuando irrumpieron en un acto de campaña de López Obrador.
“La exigencia es la misma: la presentación con vida de nuestros hijos. Sabemos que ellos (el próximo gobierno) no son los culpables, pero tenemos que seguir presionando, y esperemos que Andrés Manuel cumpla su palabra –como nos dijo en Iguala, donde pasaron los hechos– de crear la comisión, de que va a hablar con la Comisión Interamericana y va a hablar con el Alto Comisionado de ONU para que atraiga el caso Ayotzinapa.”
“Lo importante es
llegar a la verdad”
Oriunda del pueblo montañoso de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, Cristina ha recorrido buena parte del territorio nacional y ha visitado Argentina, Colombia y Estados Unidos para difundir la tragedia de Ayotzinapa.
Considera que López Obrador tiene una ardua tarea para esclarecer el caso Ayotzinapa: “Esperemos que le dejen cumplir su compromiso, porque sabemos que el gobierno del PRI no lo va a dejar trabajar como él quiere. Por lo que a nosotros respecta, estaremos presionando, pues para nosotros es importante llegar a la verdad y que se castigue a quienes construyeron su ‘verdad histórica’”.
Cristina es una de las madres más activas del colectivo. Con frecuencia es oradora en mítines y foros; también se da tiempo para visita a su hija menor, que estudia en Cuernavaca. Y cuando tiene cuatro días libres se va a su pueblo a ver a su hija mayor, con la que se queda dos días.
“Cuando voy a mi pueblo ella me pregunta qué nos dicen, cuándo nos van a entregar a los muchachos. Lo más difícil para mí es dar la misma respuesta: ‘No sé. Me dicen que ya no regrese, que ya pasó mucho tiempo, que mi hijo ya ha de estar difuntito, que corro peligro’.
“Nunca me imaginé estar en (la Cuidad de) México. Siento que el gobierno me obligó a dejarlo todo y a salir a hablar. Con cada mentira que nos dicen siento coraje, y tanto coraje me obliga a hablar para decirle al gobierno y al pueblo que sepan que aquí estamos.”
Mario González y su esposa Hilda Hernández siempre están juntos en las movilizaciones de los familiares de los 43 normalistas. Originarios de Huamantla, Tlaxcala, el matrimonio dejó su casa para dedicarse de lleno a la búsqueda de los jóvenes. Al principio sus familiares se encargaron de la manutención de sus dos hijas; ahora son ellas quienes respaldan a sus padres y les dan aliento.
También cuentan con la solidaridad de organizaciones sociales y de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Hilda advierte que antes de la desaparición de los estudiantes desconocía la magnitud del problema de los desaparecidos y de los feminicidios. “Es impactante ver tanta impunidad que vives tú también. Después de cuatro años de tanta mentira, da coraje, pues ves que los gobernantes no hacen nada para investigar”, dice.
Lo peor, agrega Mario, es que “tengamos que mendigar justicia”. Y añade: “Esperamos que en el gobierno entrante sí haya justicia para todas las víctimas; lo anhelo con todo el corazón. Sentimos también su dolor. Con respecto a los 43 muchachitos de Ayotzinapa, tenemos que conocer su paradero”.
Para el padre del normalista César Manuel González la expectativa se basa en la creación de una Comisión de la Verdad, según prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña; más tarde, cuando los padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en un acto proselitista en Iguala, él aclaró que sería una Comisión de Investigación.
En nombre de sus compañeros, Mario insiste en que mantendrán su exigencia de que “se lleve a cabo la sentencia (del Tribunal Colegiado) con puntos y comas, como lo resolvieron los tres magistrados. Es nuestra petición para el gobierno entrante”.
Confía también en que se solucione el caso Ayotzinapa. Ojalá sea el primero en resolverse y se convierta en un parteaguas, dice.
Y advierte: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas. Para nosotros lo importante es que veamos una voluntad política real para dar con los muchachos”.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incomprensible que Peña Nieto se aferre a la "verdad histórica": Ángela Buitrago
RAFAEL CRODA/
El mes pasado, en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto repitió la “verdad histórica” de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años: que fueron cremados en el basurero de Cocula. Pero la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso– lo desmiente: el presidente “dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.
BOGOTÁ.- La abogada y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago está tan sorprendida como amplios sectores de mexicanos por las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cuatro años en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No lo entiendo. Él dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió”, afirma Buitrago sobre las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Y no lo entiende porque ella fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante un año la desaparición de los estudiantes y cuyas indagaciones desacreditaron la “verdad histórica” que ahora repite Peña Nieto: que una organización criminal incineró a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Hay elementos para decir que eso no ocurrió, muchos más que para decir que sí ocurrió. Entonces, ¿para qué me meto yo a decir con esa seguridad algo que no está respaldado por las evidencias?”, plantea la exfiscal colombiana.
En entrevista, Buitrago sostiene que las afirmaciones de Peña Nieto “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”. Las contradice el material probatorio, sostiene. Y asegura que nadie puede llegar a una conclusión como la que formuló el presidente “porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.
Para la exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
El pasado 29 de agosto, en un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto afirmó que la PGR encontró “evidencias claras y contundentes” de que los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron “incinerados por un grupo delincuencial (Guerreros Unidos) que operaba en el estado Guerrero”.
Días antes había dicho en una entrevista con Televisa que incluso en conversaciones y mensajes interceptados por autoridades estadunidenses a los jefes de Guerreros Unidos en Chicago el 27 de septiembre de 2014 y días después “se confirma qué hicieron con los estudiantes” pues esos delincuentes –según Peña Nieto– dijeron: “Los quemamos en el basurero”.
Buitrago refuta al mandatario y recuerda que en los mensajes interceptados en Estados Unidos los delincuentes “nunca dicen que (los normalistas) fueron quemados” y “lo único que preguntaban es quién tenía a los muchachos, quién se los llevo y dónde están”.
La doctora en derecho señala que las transcripciones de esas grabaciones, que las autoridades de Estados Unidos entregaron a la PGR, fueron mostradas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado y ella las conoció.
“Salvo que haya otras interceptaciones que no han sido mostradas a la CIDH, es evidente que en las conversaciones que yo conocí, y que en su mayoría son de conocimiento público, ninguno de los de Guerreros Unidos que hablaban sabía dónde estaban los muchachos”, asegura.
Dice que “entonces no se puede concluir que ellos sabían algo del paradero de los estudiantes y mucho menos que alguien había dado la orden de incinerarlos en el basurero de Cocula”.
La CIDH, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada además por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago “confirmaron algo que ya sabíamos nosotros, que los muchachos fueron separados en dos grupos”, señala Buitrago.
“Sabemos que un grupo de estudiantes fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la policía de Huitzuco está comprometida”, asegura.
Además, agrega, todos los peritajes que se hicieron en el basurero de Cocula indican “que no se puede afirmar ninguna actividad de quema de 43 cuerpos”.
Aclara que “nadie dice que allí no haya habido quema de cuerpos, lo que se está diciendo es que hubo quema que no coincide con la fecha de los hechos de los muchachos y que había restos humanos que no son de los muchachos”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
De acuerdo con Buitrago, hay muchos elementos probatorios que son “totalmente contrarios a la afirmación del presidente de que ‘ahí se quemaron los muchachos’”. Además, señala, “me parece que no hay necesidad de decir algo que todavía tiene tantas inconsistencias desde el punto de vista investigativo”.
Doble victimización
Buitrago viajará a México la semana que empieza para participar en los actos conmemorativos a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en una reunión con el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció que se reabrirá el caso.
Encinas dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y la identidad de sus agresores, aunque su labor a menudo fue obstaculizada por el gobierno de Peña Nieto.
Los cinco integrantes del GIEI –Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado colombiano Alejandro Valencia, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain– participarán este miércoles 26 en un encuentro entre López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Buitrago dice que los expertos del GIEI están “en la mejor disposición de colaborar con el próximo gobierno mexicano en lo que nos solicite para desarrollar una investigación tan compleja y dura como ésta”.
Considera que la decisión de López Obrador de reabrir el caso Ayotzinapa para buscar la verdad y la justicia que se les ha negado a los familiares de las víctimas durante cuatro años “es un tema de sanidad social”.
La abogada penalista y especialista en ciencias criminológicas considera que si este tipo de crímenes atroces no se resuelve, “la misma impunidad puede generar prácticas similares”.
Afirma que “la negación y la impunidad acaban generando más violencia, y por eso es sano ir hasta la médula en la investigación de estos casos”.
Llegar a la verdad, dice, permite a los países diseñar políticas preventivas y de control para salvaguardar derechos fundamentales.
“No son sólo 43 los que han desparecido en México. La desaparición de personas, tanto en México como en Colombia, es un fenómeno muy serio que genera alarma en nuestras sociedades”, asegura.
En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 80 mil 514 desaparecidos en los últimos 60 años, casi cuatro por día.
Buitrago dice que esa tragedia que viven los dos países sólo va a encontrar solución si se detectan y solucionan los factores que la provocan. Y por eso, agrega, es tan importante llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.
Recuerda que la investigación de la PGR fue tan deficiente desde el principio, que el mismo gobierno mexicano aceptó que la CIDH creara un grupo de expertos que coadyuvara en las indagaciones, aun después de que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lanzara la “verdad histórica”.
Según esta tesis, los normalistas fueron confundidos con integrantes de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos, y por eso fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Pero en el gobierno sabían que había cosas que no coincidían, que había elementos que no se habían investigado. Por ejemplo, la participación de la policía de Huitzuco en estos hechos y la posibilidad de que un grupo de estudiantes haya sido trasladado a Huitzuco. Esto ya es contundente en la investigación: los grupos fueron separados”, indica Buitrago.
<Dice que por eso es imposible concluir lo que concluyó Peña Nieto: que todos los estudiantes “fueron al mismo lado”, es decir, al basurero de Cocula.
<Señala que las evidencias que contradicen las afirmaciones del presidente no sólo son parte de la investigación del GIEI, sino que fueron la base del fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con base en Reynosa, Tamaulipas, que desacredita la investigación de la PGR y ordena crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.
<La exfiscal colombiana recuerda que el tribunal federal determinó que los elementos probatorios que llevaron a la PGR a proclamar la “verdad histórica” son inexistentes, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura y violando derechos fundamentales.
“Jurídicamente, los elementos en que se basó la ‘verdad histórica’ han sido erradicados del proceso (del caso Ayotzinapa) y no hay posibilidad de que nadie, por esas declaraciones, acepte que esos hechos pudieron haber sucedido así”, asegura.
Dice que, por eso, después de las declaraciones de Peña Nieto sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula ella queda “con un sinsabor”.
“Y el sinsabor es que, si no hay elementos nuevos que te confirmen esa teoría (de la incineración de los 43), pues la teoría no puede estarse pregonando. Yo me pregunto: ¿en qué basa (Peña Nieto) su afirmación? Y la respuesta es: no sé”, indica Buitrago.
La integrante del GIEI considera que la declaración del presidente es “revictimizante” para los padres de los estudiantes desaparecidos.
“Cuando tú le dices a alguien que tiene un ser desaparecido algo que le remueve el dolor y que es de esa magnitud, tienes que tener la certeza absoluta de que es así, porque lastimas y revives ese episodio cuando ya los padres han tratado de superarlo”, asegura.
Los padres, dice, “están anhelando que se investigue realmente y que se llegue a la verdad, y si se vuelve a la misma historia de hace cuatro años, pues es lógico que ellos digan: ‘¿Por qué nos devolvimos?’.”
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco/
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El miércoles 26 se cumplen cuatro años de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, Guerrero, y el caso sigue impune. Más todavía: la región sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso siguen intactas las propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por su presunta implicación en el caso.
CHILPANCINGO, GRO.- Iguala, la ciudad donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos.
Ese inhóspito entorno, marcado por la incesante violencia que generan los integrantes de ese grupo criminal, marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y lo arrastró a una explosiva crisis política y social, pues exhibió la impunidad con la que operan los sicarios y sus nexos con algunas autoridades estatales y municipales, de acuerdo con un documento oficial consultado por Proceso.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los más oprobiosos de la saliente administración peñanietista y ha tenido una amplia repercusión internacional. La captura en junio de 2016 de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de Guerreros Unidos, provocó una división en esta banda criminal; un año antes de su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo Alejandro Palacios Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013.
Actualmente una facción de Guerreros Unidos la controla la familia Benítez Palacios, afincada en la cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra, la controla el grupo Gente Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco, replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto Balsas, según los reportes oficiales.
Los hermanos de Víctor Hugo –Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– continúan operando al amparo de las autoridades de los tres niveles y del Ejército. Son ellos los que convirtieron la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal.
La impunidad es tal en Iguala que los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa –quienes desde noviembre de 2014 están presos y enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio– siguen funcionando con normalidad.
Los tres años de gestión de Héctor Astudillo Flores en Guerrero han estado permeados por las masacres, secuestros y desaparición de personas en Iguala y el resto de la entidad. La administración del priista Astudillo Flores es similar a la del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador cuando ocurrió la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros.
Facciones en lucha
Desde antes de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, Proceso ha documentado las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército con el narco.
En la confrontación de Los Tilos con Gente Nueva se menciona al excomandante de la Policía Ministerial estatal Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, a quien los padres de los normalistas consideran un personaje central para aclarar la relación entre criminales y autoridades.
Al Guacho no se le ve desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó una conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista igualteco Esteban Albarrán mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano del Guacho– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros, quien hoy es integrante de la LXIV Legislatura federal.
Hace un año Proceso publicó el reportaje Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca, en el cual informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015
En el escrito, los peticionarios demandaron investigar al excomandante Humberto Velázquez; incluso solicitaron una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con Guerreros Unidos (Proceso 2069).
Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) –que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa el 3 de diciembre de 2016– tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
A partir de 2007 y durante siete años, según relató Pineda Vega, entregó un mínimo de 9 mil pesos mensuales “al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez, quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Según el testimonio de la UEIDMS, los hermanos Humberto y Ulises Delgado le decían a Pineda Vega que el dinero “era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”.
En los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala con los nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 8:00 horas del día siguiente.
La lista incluye al entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, Ulises Velázquez Delgado, así como a otros dos familiares: Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, quienes estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a ninguno de los mencionados para que expliquen el papel que jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas.
Propiedades de dudoso origen
En 2014 la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades del exalcalde Abarca y su esposa, dueños de las empresas Asociación Yozy & Apos y Abarpin, para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales; la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción.
El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
En Morelos, añadió, detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en la Ciudad de México, de las cuales dos se ubican en la delegación Cuajimalpa.
Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca-Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que en septiembre de 2015 seguían operando (Proceso 2030) pese a la insistencia de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados de que esos negocios fueran embargados ante la presunción de que son producto de lavado de dinero.
La plaza Galerías Tamarindos, la propiedad más importante del exalcalde Abarca, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería; el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”.
El exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el exdiputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona norte, fueron quienes gestionaron la donación.
El centro comercial comenzó a edificarse en 2008. El entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, postulado por el PRD, así como políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería, asistieron al acto de colocación de la primera piedra.
La plaza incluye 42 establecimientos comerciales, incluidas una Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, así como tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Roselia Abarca Velázquez, hermana del exalcalde igualteco, es la administradora; también es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas, otro negocio de la familia.
Hasta ahora ningún funcionario ha informado sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda, por lo que se desconoce su situación legal.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Abarca y Pineda, a un paso de la libertad/PATRICIA DÁVILA
Presos desde noviembre de 2014 acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber ordenado la detención de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, podrían quedar en libertad gracias a la sentencia sobre el caso Ayotzinapa emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el pasado 4 de junio.
El fallo determinó que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las cuales se sustentó “la verdad histórica” del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas; incluso uno de ellos ya obtuvo su libertad.
En entrevistas por separado, Luis Argüelles Meraz, abogado del matrimonio Abarca-Pineda, y la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, quien está emplazada para ser la secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, están de acuerdo con la resolución del tribunal, pues coinciden en que la tortura se volvió una práctica cotidiana en el país.
La resolución, que comprende la orden de reponer el poceso y crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, faculta a los familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intervenir en la investigación que deberá de llevar un nuevo Misterio Público. La PGR argumentó que por mandato constitucional sólo a ella le corresponde la investigación de los delitos.
Además, la resolución ordena al presidente Enrique Peña Nieto destinar recursos a los fines mencionados y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones cometidas durante la investigación.
En respuesta, el gobierno de Peña Nieto movió a todo el aparato de Estado en contra del fallo y el pasado 18 de junio logró que el magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, lo declarara improcedente.
Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los cuatro detenidos que involucraron al matrimonio Abarca-Pineda son Marco Antonio Ríos Berber, alias El Cuasi o La Pompi; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, y Luis Alberto José Gaspar, El Tongo.
El problema es que, según la resolución del Primer Tribunal, ellos declararon bajo tortura. Incluso, nueve días después del fallo, El Tongo fue liberado porque esta era la única carpeta de investigación en su contra.
De acuerdo con Murillo Karam, la noche en que desaparecieron los normalistas éstos se encontraban en Iguala para “botear” y conseguir dinero para la manifestación del 2 de octubre.
Según él, los cuatro detenidos declararon que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra el grupo de estudiantes con el fin de impedir que sabotearan el informe de actividades que ese día rendía su esposa como presidenta del DIF municipal, pues en julio de 2013 los normalistas “ya habían atacado la Presidencia Municipal”.
“Los cuatro testigos también llevaron a la PGR a la detención del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Él, junto con El Cuasi, El Becerro, El Patachín y El Tongo, declararon que este cártel recibía de Abarca hasta 3 millones de pesos de manera regular, y al menos 600 mil pesos eran utilizados para comprar policías municipales.”
El 5 de julio, a un mes de la liberación de El Tongo, Óscar García Vega, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consideró que los dos testimonios de Casarrubias tampoco tienen ningún valor probatorio, por las condiciones en las que fueron obtenidos. Sin embargo, Casarrubias no quedará en libertad, puesto que tiene un caso abierto por delincuencia organizada.
La “mentira histórica”
Argüelles Meraz, abogado de los Abarca, explica:
“Según PGR, los testigos manifiestan que vieron que el señor Abarca participaba, incluso que aportaba dinero a Guerreros Unidos. Por ello, en el momento en que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que la confesión obtenida de ellos es una prueba ilegal, producto de la tortura, nosotros ofrecemos esa sentencia (como descargo de Abarca y Pineda), porque lógicamente la acusación se queda sin ningún basamento de prueba.
“Así aconteció con los cuatro señores que se ampararon. Incluso El Tongo obtuvo la libertad y los otros tres están libres por esa causa penal, aunque siguen detenidos porque tienen que dar trámite a otras que les imputan. Mis defendidos, gracias a Dios, quedarían libres por todas las causas, porque son los mismos testigos para todas.”
En el caso 100/2014, que se lleva en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales de Matamoros, Tamaulipas, Abarca enfrenta cargos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. El exalcalde de Iguala se amparó y el Tribunal Unitario confirmó la resolución de amparo 409/205 a su favor.
La causa 123, también de Matamoros, es por desaparición forzada de personas y tentativa de homicidio, pero la PGR no obtuvo orden de detención, así que quedó por el lado de Pineda Villa por cohecho. Por ello en mayo de 2015 solicitaron un amparo, que fue concedido en abril de 2017.
En la 66/2015 (antes 1/015) por delincuencia organizada en contra de la pareja, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito de Reynosa protegió a Pineda en el juicio de amparo 165/2015 y mantuvo la acusación contra Abarca; en la 103/2014 contra ambos por delincuencia organizada y en contra de Abarca –como alcalde– por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se obtuvo el amparo.
En la 103/2014 en contra de los dos, su defensa interpuso un recurso de apelación hasta llegar al juicio de amparo 1801/2015 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito del Estado de México, en beneficio de ambos.
El único caso que, en opinión de Argüelles Meraz, “queda un poco vivo”, es el 217/2014, radicado en Iguala, por los mismos cargos de la causa penal 100 de Matamoros, lo que quiere decir que Abarca es juzgado por los mismos hechos en la materia federal y en la local”.
–¿Después del fallo del tribunal de Tamaulipas promovió el recurso para obtener la libertad del matrimonio? –se le pregunta al litigante.
–De entrada le dijimos al juez que conoce, ya sea de la causa o del amparo, que si las pruebas en contra del matrimonio fueron declaradas ilegales, por lo tanto debe de resolver el caso conforme a eso. Después se puede presentar una promoción para que tome en cuenta los incidentes por desaparición de pruebas, como en el caso de los videos del C4.
–¿Los casi 130 detenidos por el caso Iguala pueden quedar libres?
–¡Todos! Desconozco el resto de los expedientes, pero para armar la famosa “verdad histórica” la PGR se fue con los mismos cuatro testigos. Al comentar con abogados de los otros detenidos, creo que examinan la famosa sentencia del Tribunal Colegiado para el efecto de aprovechar esa resolución, que califican de histórica.
Después de la sentencia del Tribunal de Tamaulipas, la PGR se inconformó de inmediato ante la SCJN, argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo y se quejó por considerar que el resolutivo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El 9 de julio se conoció que el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó a la PGR en fecha no precisa que este máximo tribunal carece de competencia para conocer las quejas que interpuso; al cotrario, le aclaró que sólo podrá intervenir en caso de que incurra en desacato al mandato. Dio tres días a la PGR y al presidente de la República para fundamentar al Tribunal Colegiado de Tamaulipas si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo.
Así lo hicieron: Enrique Peña Nieto, la PGR, la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Salud y de Hacienda, así como la Policía Federal (PF), presentaron al tribunal 43 recuros de apelación en contra de la sentencia.
El 12 de julio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas los desechó por “notoriamente improcedentes”, con lo que quedó firme la sentencia emitida el 4 de junio pasado.
Una “resolución valiente”
Entrevistada por Proceso en torno a la resolución del Tribunal de Tamaulipas que ordena reponer el proceso sobre el caso Ayotzinapa, la exministra Olga Sánchez Cordero señala: “Está muy bien argumentada, explicitando que han obtenido la confesión de algunos detenidos procesados bajo tortura, lo cual es gravísimo; desgraciadamente es una práctica muy común en nuestro país”.
Añade: “La resolución determina que se forme una Comisión de la Verdad. Efectivamente, nuestro marco normativo no contempla esta figura jurídica y por eso ha sido muy criticada. En lo personal considero que, si bien no hay un marco normativo interno, sí lo hay en las resoluciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que estimo que, si se considera que se excedieron en su creación, no obsta para que sea una sentencia justa socialmente”
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