Proceso, publicó esta semana en su portada un reportaje sobre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la que titulan: "AMLO se aísla. El fantasma del fracaso", hecho que molestó a periodistas como Federico Arreola, tachándola de "Golpe bajo".
En su columna publicada en SDP, Arreola escribió lo siguiente:
"Lo que rebasa todos los límites es inventar una portada sensacionalista por excesivamente golpeadora. Nada hay en la edición impresa de Proceso esta semana que justifique el encabezado de su portada: "AMLO se aísla. El fantasma del fracaso". Eso no es periodístico ni se justifica en función de lo que puede leerse en sus páginas interiores. Esa es una chingadera, una inmoralidad: mierda y solo mierda porque lastima a un político honesto y eficaz como ningún otro. No es tampoco la prensa de la época de Madero: lo de Proceso es simple y sencillamente una infantil puntada de reporteros y editores que quieren sentirse bien chidos y huevudos. Prensa poco fifí con vocación gamberra”.
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Beatriz Gutiérrez Müller
@BeatrizGMuller
Todavía no toma posesión y ya está «solo» y a punto del «fracaso». El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento.
10:07 - 4 nov. 2018
Reacciones muchas....; estos son los dos textos que inspiraron la portada...; una entrevista de Alvaro Delgado a Diego Valadéz y otra de UAN CARLOS CRUZ VARGAS al presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Revista Proceso # 2192, 4 de noviembre de 2018...
ÁLVARO DELGADO
El constitucionalista Diego Valadés considera que si el presidente electo no cuenta con la plena participación de su gabinete y de los legisladores de su partido en el enorme reto de separar el poder político del económico, está destinado a fracasar. Por ejemplo, señala, en la reciente polémica sobre el NAIM se le vio solo, y en cuanto a los legisladores de Morena, en vez de apagar el fuego impulsaron iniciativas “desconcertantes” sobre los salarios de los servidores públicos y los del Poder Judicial.
La “plausible” decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma institucional y un acompañamiento del Congreso y de su propio gabinete, porque si la emprende solo, así sea el jefe de Estado, fracasará, advierte el constitucionalista Diego Valadés.
Y es que ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, anunciada por López Obrador tras una consulta popular, Valadés lamenta que la participación del Congreso en el proceso sea “la más cercana a cero”, pese a que en ambas cámaras Morena tiene mayoría, y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública mantienen “el mismo viejo estilo” que no otorga responsablidades al gabinete.
“Lo que necesitamos es que haya secretarios de Estado que, para no estar siendo llamados a cuentas por los poderes económicos, sean responsables y estén llamados a cuentas por el único poder civil y democrático que hay en el país, que se llama Congreso de la Unión”, subraya Valadés, quien alerta que el poder económico es “un Estado intangible” de dimensión trasnacional.
“Si realmente se quiere independencia del poder político frente al poder económico no es a partir de construir a un personaje que se enfrente a un sistema de poder económico, es construyendo todo un sistema institucional que le dé robustez a ese poder político. De otra manera, lo que intenta hacer se va a quedar en declaraciones y actitudes personales, no en cambios institucionales.”
–¿Prevé que López Obrador gobierne a capricho?
–A mí no me preocupa eso. A mí me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses; entonces estamos destinados a naufragar. Para que tenga éxito el Estado mexicano en esta nueva etapa, sí, el presidente debe ser el que encabece; es presidente, preside, es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero si no se fortalece toda la estructura del poder del Estado, entonces no tiene nada que hacer.
“Para que tenga éxito se necesita que quienes gobiernen sean las instituciones políticas muy sólidas, y entonces sí, a pesar de que estemos actuando, no contra un poder económico nacional, sino contra poderes económicos de todos los niveles, incluyendo los internacionales, cuando tengan enfrente, no a una persona, sino a un Estado con instituciones muy poderosas, las relaciones van a cambiar.”
Aunque falta poco menos de un mes para la toma de posesión de López Obrador como presidente constitucional de México, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exprocurador general de la República considera que hay tiempo para que éste haga público su proyecto político, democrático e institucional.
“Ya nos ha dicho cuál es su proyecto económico, social y de ética pública, pero nos falta la otra parte del proyecto. Sin esa otra parte del proyecto, entonces sí el enfrentamiento con los poderes económicos va a ser muy desigual, porque va a ser todo un entramado de intereses muy bien construidos, con una pluralidad de corporaciones nacionales e internacionales muy densas, muy pesadas, muy sólidas, frente a una persona. Y eso nunca ha funcionado.”
–¿Estaría condenado al fracaso?
–Sí, al fracaso.
Valadés confía en que López Obrador haya advertido ya lo que implica su decisión, “porque un paso de esa naturaleza no se da sin tener ya las previsiones de lo que tiene que hacerse”, y proceda a las reformas para tener gran solidez en los ámbitos jurisdiccional, político representativo y gubernamental-administrativo. “Y entonces estaremos hablando, sí, de un cambio en serio. Sólo si es así”.
Impulso destructor
La tarde del miércoles 31 de octubre, el doctor en derecho, miembro de El Colegio Nacional y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, insiste en entrevista que es plausible establecer la frontera entre el poder político y el poder económico, pero decisiones como la cancelación del NAIM tienen sus límites.
Autor de numerosos libros, como Constitución y democracia, editado en el 2000, el jurista explica que un sistema constitucional democrático descansa en dos ejes: normas sobre la democracia, que está regida por la incertidumbre, y el Estado de derecho, regido por la certidumbre.
“El mejor sistema es el que puede combinar, de una manera inteligente, flexible, adecuada, los factores de incertidumbre que rigen una sociedad democrática con los factores de certidumbre que rigen un Estado constitucional de derecho”, pondera Valadés, quien advierte que es comprensible la desconfianza que provoca el hecho de que contratos legales estén sujetos a un proceso plesbiscitario:
“Y aquí no es que me ponga solidario con quienes defienden sus intereses económicos, simplemente entiendo sus argumentos: quien está sujetándose a las reglas de los contratos y por tanto a las reglas del derecho ve con enorme desconfianza que esas reglas jurídicas puedan ser cambiadas con motivo de procesos impredecibles de carácter político. Y ese es el punto del problema que tenemos hoy”.
Explica: “No es sólamente la separación de lo público de lo económico, es: ¿dentro de lo público qué va a regir, el solo criterio de la aleatoriedad plebiscitaria o la certidumbre jurídica, o una combinación adecuada de las dos cosas? Yo creo que debe ser una combinación equilibrada, constructiva, creativa, novedosa de procesos democráticos, pero también de certidumbres jurídicas”.
Eso es lo que se debe construir, indica el jurista: “Si el presidente electo desea abrir un espacio para la política, al margen de los intereses económicos, pero sin generar incertidumbre, no sólo en los agentes económicos, sino en todos los gobernados en general, entonces tendrá que propiciar modificaciones institucionales que ahora sí nos acerquen a la democracia que hemos estado esperando por lo menos desde hace 50 años”.
Participante en el movimiento estudiantil de 1968, Valadés fue invitado por Julio Scherer García a escribir en el diario Excelsior y en un artículo clamaba por establecer un sistema democrático, que sigue pendiente.
Por eso, enfatiza, México no puede perder esta oportunidad histórica de consolidar su régimen democrático, pero advierte que el equipo de López Obrador está desarticulado y actuando con objetivos distintos y hasta contrapuestos.
“Tengo la impresión de que todavía no están concientes de que, dentro de un mes, ellos van a ser los que tomen las decisiones. Todavía tienen los reflejos de quien está en la oposición.”
Pone dos ejemplos que le parecen “sorprendentes”: el primero es la iniciativa para modificar el artículo 94 de la Constitución a fin de reducir los salarios de los jueces y magistrados federales, “una regresión de las más importantes que podamos tener en el orden institucional”.
Dimensiona: “Desde que se aprobó la Constitución, en 1917, la gran demanda de los juzgadores y de los justiciables, nosotros que estamos sujetos a pedir o a recbir justicia, consistió en que nuestros jueces tuvieran dos caracterísicas: una, independencia, y dos, estabilidad en cuanto a sus percepciones. Esto se consiguió y hoy hay una iniciativa de un legislador de Morena para acabar con uno de estos elementos. Me parece altamente regresivo y muy desconcertante”.
Y el segundo: la orden del presidente del Senado, Martí Batres, para que se promulgue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que va a provocar, dice, una “crisis burocrática” en vísperas de la toma de posesión, porque contiene disposiciones impugnables.
La nueva ley alude a salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, pero Valadés aclara, sorprendido: “¡El concepto de salario mínimo ya desapareció legalmente! Ahora hay una unidad de medida que es ajena al salario mínimo. ¡Y el Distrito Federal es una entidad extinta en la Constitución, pero que revive en una ley reglamentaria de la Constitución!”.
El jurista subraya: “Esto me parece un indicador de que no hay coordinación y de que todavía no se están viendo como gobierno ni se están viendo, los legisladores, como parte de una constelación de poder, sino de una constelación adversarial en relación con el poder”.
En el caso de Batres, dice, el ordenar que se publique esta ley en el Diario Oficial de la Federación para que la norma entre en vigor al día siguiente, es un error:
“Si el presidente del Senado fuera de un partido distinto del presidente electo, todos estaríamos diciendo: ‘Es una conspiración porque le quieren armar al presidente un conflicto laboral como no tenemos memoria en el país en el ámbito biurocrático, a un mes de que tome posesión’. ¡Pero resulta que no es de otro partido, sino del mismo!”
Esta ley cancela las pensiones a los expresidentes, una promesa de campaña de López Obrador, pero también modifica las percepciones de los servidores públicos e involucra a las universidades federales, como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.
“Está afectando a centanares, a millares de empleados públicos. ¿Quieren eso los legisladores? ¿Quiere eso Morena? ¿Quiere agitar, intranquilizar por lo menos, y posiblemente agitar la vida burocrática del país a un mes de que tome posesión el presidente? No puedo entender que sea ese el objetivo.”
–¿Es una ley impugnable por la vía del amparo?
–Es a lo que me refiero. El número de conflictos que se van a llevar a los tribunales no lo sabemos, pero ¿acaso se quiere que el presidente tome posesión en medio de una crisis burocrática? El domingo se anuncia la decisión que generó cierta intensidad en el orden financiero en el país y el martes otra que sacude la estructura burocrática del país. Entonces sí me desconcierta.
Valadés aclara que López Obrador y sus seguidores ya no son lo que fueron: “Fueron grandes luchadores por la transformación de México, pero ahora son grandes autores de la transformación de México. Y eso requiere que todos estén alineados en relación con objetivos compartidos”.
Y alerta: “En este momento parece que cada quien tiene su propio objetivo. Unos quieren acabar con el Poder Judicial Federal, otros quieren acabar con la burocracia. Y si todos quieren acabar con algo, el problema es que lo pueden conseguir”.
Autócrata, no
Entre su vasta obra jurídica, Valadés es autor de El gobierno de gabinete, editado en 2003, cuya tesis fundamental consiste en que la democracia constitucional se basa en la existencia de libertades públicas y de responsabilidades políticas, y cuando sólo están presentes las primeras puede hablarse de democracia electoral, pero sólo hay democracia institucional cuando los titulares de las diferentes funciones públicas responden políticamente de sus actuaciones.
Al respecto, considera que López Obrador “tiene un problema: ya cuenta con el pueblo, pero parece que no cuenta con sus colaboradores. Veo retraimiento, no veo liderazgos y veo confusión. Eso se tiene que corregir”.
Y la manera de corregir es que, a partir del 1 de diciembre, se hagan los grandes cambios institucionales para que, por ejemplo, los secretarios de Estado se conviertan en ministros responsables ante el Congreso y éste sea un vocero auténtico de los intereses nacionales.
“Un presidente necesita tener a su lado, y yo espero que los tenga, auténticos ministros que sean responsables ante el Congreso, pero que ante el presidente no sean amanuenses, que tengan las convicciones y la entereza para coincidir o para discrepar del presidente.”
El presidente sólo puede dar directrices, pero no puede ser el que haga todo: “Necesita esos grandes instrumentadores que deben estar convencidos de lo mismo que él y deben estar actuando, no de manera desarticulada como hemos visto, sino de una manera totalmente comprometida con los mismos objetivos y con los mismos procedimientos”.
–¿Aprecia usted rasgos autoritarios en López Obrador?
–No, creo que se están confundiendo varios planos.
López Obrador viene de tres campañas presidenciales, de construir un partido, y de otras adversidades, dice: “Nunca hemos tenido un líder con estas características en la historia de México. Pedirle que súbitamente se produzca un cambio de piel y que deje de ser líder de un gran movimiento social y político para asumirse estrictamente con la formalidad de un jefe de Estado, y que esto se produzca en cuestión de horas y de días, es excesivo”.
Pero el mensaje de la noche del 1 de julio fue de gran solvencia política y dos días después, cuando fue a Palacio Nacional se proyectó como presidente. “De manera que no nos preocupemos. No lo veo como un hombre autoritario y estoy convencido de que va a asumir plenamente su papel de jefe de Estado”.
Y lo compara con Alvaro Obregón, quien en campaña aniquiló a los villistas y, al triunfar, incorporó a su gabinete al intelectual del villismo, José Vasconcelos. “Cambió Obregón y estoy seguro que va a cambiar López Obrador, un presidente que asumirá, con toda la solvencia necesaria, la alta estatura que representa la investidura presidencial”.
Insiste Valadés: “Mis dudas no están en él, sino en su entorno. Que no haya la capacidad o la voluntad de hablarle con franqueza al presidente de la República, porque si sus colaboradores tienden a construir un autócrata, ese autócrata no será producto de la voluntad de López Obrador, sino producto de quienes hayan contribuido a hacerle creer que es el único que puede ver las soluciones del país y adoptar las decisiones por el país”.
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Revista Proceso # 2192, 4 de noviembre de 2018...
El "error de Texcoco" puede marcar a AMLO/
JUAN CARLOS CRUZ VARGAS
A tono con las advertencias empresariales previas a la consulta popular con la que el presidente electo sustentó su decisión de cancelar el NAIM en Texcoco, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, va más allá y se lanza contra López Obrador: dice que regresó al lenguaje polarizador, el cual le recuerda a Donald Trump; que perdió la confianza generada en las cúpulas de la IP cuando se reunió con ellas después de la elección; que Santa Lucía ni a proyecto llega y pone en riesgo la seguridad de la capital… y que este “error” marcará a AMLO como Ayotzinapa y la Casa Blanca a Enrique Peña Nieto.
La estela pesimista que dejó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la cúpula empresarial mexicana llegó al punto de poner en duda el actuar de Andrés Manuel López Obrador como hombre de Estado, señala en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.
Puntualiza: “Así como el presidente ha prometido una cuarta transformación, esperamos una transformación en la figura de López Obrador. Ha actuado como político local que fue en su estado. Tuvo una transformación cuando estuvo al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Su tercera transformación cuando fue dirigente partidario y candidato en la última elección. Y esperábamos ver su transformación a una mayor altura como jefe de Estado”.
Pero la realidad es otra, dice. “Nos preocupa ver a un presidente electo pareciéndose cada día más al presidente Trump. Tememos mucho que regresemos a ese discurso polarizante. Nos preocupa muchísimo y condenamos el hecho de que tenga un discurso donde descarte a los medios de comunicación, donde trate de polarizar a las personas que no piensen como él. Nuestro llamado es para que se conduzca desde ya como un jefe de Estado que pretende gobernar a todos los mexicanos”.
Históricamente el sector empresarial del país ha rechazado el discurso político de López Obrador, pero la contundente victoria del líder de Morena en la pasada elección presidencial abrió una ventana de diálogo para iniciar una nueva etapa en su relación.
De hecho, el 4 de julio pasado, López Obrador y el consejo nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tuvieron su primera encerrona en un hotel de Polanco, de donde emanó la concordia, las sonrisas, la certidumbre y la confianza… pero no se habló del aeropuerto.
Recién electo, Obrador soltó esa tarde ante medios de comunicación:
“Si me piden que yo lo resuma en una palabra, diría que fue una reunión caracterizada por la confianza. Esa es la palabra que destacaría: confianza. Y nosotros vamos a saber corresponder a esa confianza depositada por millones de mexicanos y en este caso por empresarios.”
Pero en cuatro meses la confianza se perdió por el resultado de la consulta, que echó por la borda el proyecto del NAIM. La incertidumbre cundió en la iniciativa privada y los mercados financieros después de que el presidente electo anunció la cancelación de la obra en Texcoco.
Eso terminó por hundir al peso, ya afectado por otros acontecimientos, al desplomarse 8.68% durante octubre, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un retroceso acumulado de 11.23% en el mismo mes ante el nerviosismo de los inversionistas.
El tipo de cambio se ubicó hasta 20.67 pesos por dólar en sucursales bancarias y al mayoreo en 20.34 unidades. “Es la mayor caída mensual del peso desde noviembre de 2016, cuando el mercado reaccionó al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”, señaló el análisis del Banco Base.
Por su parte las calificadoras tuvieron contrastes ante la cancelación del aeropuerto. Fitch Ratings cambió su perspectiva de calificación de la deuda soberana de México de “estable” a “negativa”, pero mantuvo sin cambios su evaluación de “BBB+”. La firma con sede en Nueva York explicó que “la revisión de la perspectiva a negativa refleja el deterioro en el balance de los riesgos que enfrenta el perfil crediticio de México, asociados a un posible ambiente de incertidumbre y deterioro en las políticas bajo la próxima administración”.
En contraste, Moody’s Investors Service dejó sin modificación alguna la perspectiva y las notas crediticias del país, no obstante que resaltó la incertidumbre que deja la decisión del gobierno entrante en cuanto a los criterios para realizar obras de infraestructura.
De acuerdo con el CCE, la suspensión del NAIM significa un impacto de más 120 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil corresponderían a multas y recargos por el incumplimiento de contratos, “además de la reputación internacional”, como señaló en el respectivo comunicado.
Al respecto, De Hoyos Walther advierte en la entrevista que “si esto se mantiene, representaría el más grande despilfarro de recursos públicos de la historia del país. No existe en la historia mexicana una decisión que por sí misma implique el abandono de una inversión pública de esas características. Este país no puede permitirse el lujo de dilapidar los recursos”.
De acuerdo con un estudio de THB México, que es un intermediario de coaseguro y tiene como negocio la gestión de riesgos en los mercados internacionales, el monto contratado hasta el momento en las obras del NAIM asciende a 153 mil 745 millones 91 mil 770 pesos, divididos en 455 procedimientos de contratación que han beneficiado a 366 proveedores.
La firma señala que la cancelación del proyecto generará pérdidas por más de 400 millones de pesos a los contratistas que participan en la obra, derivadas de la compra de seguros.
De la confianza al desencanto
El presidente de la Coparmex recuerda aquella reunión de la iniciativa privada con AMLO y reconoce que “tuvo gran valía por la decisión del entonces candidato triunfante de acudir a una reunión del CCE y dar con eso un paso de confianza y certidumbre”.
Revela: “En esa ocasión, cuando hice uso de la voz, aproveché para hacerle un llamado a esa transformación personal. Esperamos que se diera, está a tiempo de tenerla, tiene de aquí al primero de diciembre para empezar actuar como verdadero jefe de Estado, con altura de miras”.
Aclara que nunca hubo “luna de miel” con el tabasqueño y cavila sobre el “desencanto” de la figura presidencial: “¿Qué ha cambiado? Que los signos, las señales anticipan hechos, pero cuando las realidades llegan, si los hechos no corresponden a las señales hay un desencanto. En este caso el presidente ha anticipado una decisión y esa decisión es contraria a las buenas señales que había estado emitiendo”.
Y se suelta: “Lamentamos muchísimo que el presidente, que ya no es un candidato, abandone el lenguaje de moderación y que esté abriendo la puerta falsa de la polarización. Lamentamos también que para justificar sus decisiones esté recurriendo a mentiras, dogmas y sofismas”.
La Coparmex, integrada por 36 mil empresas, fue el primer organismo empresarial en pronunciarse en contra de los resultados de la consulta del aeropuerto y sus líderes se dijeron “engañados” porque dicho ejercicio “no fue apegado a la ley” y por la “baja representatividad”.
–López Obrador argumenta que echar para atrás la obra de Texcoco significa acabar con la corrupción y terminar con los privilegios ¿A qué se refiere con ese discurso? –se le plantea al presidente de la Coparmex.
–Nos parece que en el caso particular del NAIM, está construyendo fantasmas. Está recurriendo a mitos que nada tiene que ver con la realidad, pero le hemos hecho un reto.
“Si el presidente tiene información precisa, tiene documentos que le han hecho pensar que existen actos específicos de corrupción o si tiene evidencia de que se ha concedido un privilegio indebido a cualquier persona o a cualquier empresa, lo retamos para que no sea cómplice de un delito, que lo denuncie, que exhiba los documentos, que señale a las personas y como ciudadano que es recurra a las autoridades competentes para que denuncie esos delitos”.
Lo que no es admisible, remata, es que se hagan señalamientos ambiguos sin precisiones y no se actúe con firmeza.
“Me parece que quien ha recibido el voto de la mayoría de los mexicanos no le puede ocultar a la población si tiene evidencias de actos de corrupción. Su mandato debería empezar por transparentar la información con la que cuenta”, acota el también abogado por la Universidad Autónoma de Baja California.
Sobre la opción de Santa Lucía, en el Estado de México, De Hoyos Walther asegura que es prácticamente un esbozo: “El proyecto de Santa Lucía, somos muy generosos en llamarle proyecto, son si acaso unas ideas y unos dibujos. Está muy lejos de considerarse un proyecto en forma. Nosotros pensamos que es un absoluto error”.
Y plantea una serie de preguntas sobre la opción elegida en lugar de Texcoco: “¿Quién le preguntó a los pobladores, a los municipios adyacentes su opinión al respecto? ¿La democracia participativa es selectiva? ¿Quién analizó las consecuencias ambientales que tendrá sobre el lago, ese sí natural y que está ahí con patos de verdad, no imaginarios, y que van a verse afectados con el incremento de operaciones aéreas en caso de que esto se dé?
“Nos preocupa mucho la poca importancia que le da el presidente a la defensa, a la Fuerza Aérea. En todos los países del mundo, la zona aérea es la que custodia la capital, así existe en Francia, en Madrid, la base Edwards en Washington ¿Dónde va a quedar la defensa aérea? Esperemos que nunca se necesite, pero es fundamental la custodia aérea. Esa es Santa Lucía.
“Nosotros, que somos un país pacífico, nos tomamos muy en claro la defensa del país. Ese tema le debería preocupar al presidente electo. ¿Vamos a tener una base aérea, la que custodia los poderes públicos, de mentiras? ¿No es una preocupación primaria del jefe del Estado mexicano garantizar la soberanía del país?
“Esas preguntas deberían estar en el debate y me parece que se han minimizado. A nosotros nos preocupa la parte económica, pero también que el país no destruya sus instituciones que le dan certidumbre. ¿Fueron consultados los militares? ¿Si el alto mando de la Fuerza Aérea está de acuerdo con lo que implica el que ya no vayan a tener operaciones con los niveles de seguridad que esto requiere?”
Para De Hoyos “el paso al abismo” se está dando porque López Obrador iniciaría su sexenio con un error que lo marcaría como el caso “Casa Blanca” o “Ayotzinapa” a la administración de Enrique Peña Nieto.
“El hecho de iniciar el sexenio con lo que podemos llamar el error de Texcoco –expone–, es empezar mal una administración. Los primeros hechos marcan a los gobernantes. El presidente Peña Nieto, sus errores cuando estuvo con los jóvenes en la Iberoamericana. Sus claros errores en asuntos de la Casa Blanca. Su mal manejo en el caso Ayotzinapa han marcado su sexenio y que incluso han tenido como consecuencia que sus aciertos pasen inadvertidos.”
Y concluye: “El presidente electo está empezando con un gran error. Espero que por el bien del país y también por su legado tenga la capacidad de reconsiderar para que esta decisión no lo marque de por vida”.
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