Los Etnocaceristas del Perú, los Hermanos Humala
Un brote subversivo le estalló al presidente peruano Alejandro Toledo el último día del 2004; un grupo de 150 exmilitares ultranacionalistas tomaron violentamente la comisaría de Andahuaylas, localidad andina al sur del país; el motivo de la revuelta: solicitar la renuncia del presidente. En la acción perdieron la vida cinco personas y 14 resultaron heridas: el grupo se autodenomina Movimiento Etnocacerista. ..
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El tema Venezuela...Maduro usurpador..
El viernes 4 de enero, los representantes de 13 países de América Latina firmaron el acuerdo de Lima para rechazar el nuevo un nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, porque la elección celebrada el 20 de mayo de 2018 fue “ilegítima”. Los representantes acordaron también no participar en la toma de posesión de Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, para un periodo que concluirá en 2025.
Dijeron que la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales", y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro.
Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional.
La excepción fue México, la respuesta de AMLO..
El presidente López Obrador afirmó que su gobierno decidió no firmar el acuerdo de Lima, para no intervenir en la situación de Venezuela, pues que es un asunto que únicamente –dijo-corresponde a los venezolanos resolver.
@fredalvarez
Le debe algo el actual gobierno de México a @NicolasMaduro ?...
Es lamentable el cambio de la política exterior... Retroceso...
¿Qué nos dice @m_ebrard ? Nada...., la decisión es de AMLO
Distintos actores políticos y sociales criticaron fuertemente la decisión que tomó el mandatario de no firmar el pronunciamiento..Y en el inter, ayer sábado 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato...
El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien ratificó, durante el inicio de sesiones, el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado y dijo que a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará “usurpando” la presidencia.
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La iglesia ucrania celebra su independencia en Estambul. Epifanio I se convierte oficialmente en líder de la nueva iglesia ortodoxa de Ucrania tras recibir el decreto del patriarca de Constantinopla.
Hoy, oficial y canónicamente, os convertís en la decimoquinta Iglesia en el bendito coro de las iglesias autocéfalas. El futuro es vuestro y debéis luchar por lograr la paz”, declaró Bartolomé I durante la ceremonia en un mensaje especialmente dirigido al Patriarcado de Moscú.
La iglesia ortodoxa de Rusia considera la decisión del patriarca como nula y “cismática”
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Las columnas políticas, domingo 6 de enero de 2019....
El tema Venezuela...Maduro usurpador..
El viernes 4 de enero, los representantes de 13 países de América Latina firmaron el acuerdo de Lima para rechazar el nuevo un nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, porque la elección celebrada el 20 de mayo de 2018 fue “ilegítima”. Los representantes acordaron también no participar en la toma de posesión de Maduro, prevista para el próximo 10 de enero, para un periodo que concluirá en 2025.
Dijeron que la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales", y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro.
Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional.
La excepción fue México, la respuesta de AMLO..
El presidente López Obrador afirmó que su gobierno decidió no firmar el acuerdo de Lima, para no intervenir en la situación de Venezuela, pues que es un asunto que únicamente –dijo-corresponde a los venezolanos resolver.
@fredalvarez
Le debe algo el actual gobierno de México a @NicolasMaduro ?...
Es lamentable el cambio de la política exterior... Retroceso...
¿Qué nos dice @m_ebrard ? Nada...., la decisión es de AMLO
Distintos actores políticos y sociales criticaron fuertemente la decisión que tomó el mandatario de no firmar el pronunciamiento..Y en el inter, ayer sábado 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declaró la ilegitimidad del presidente Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato...
El desconocimiento de la legitimidad fue anunciado por el nuevo jefe del Congreso, Juan Guaidó, quien ratificó, durante el inicio de sesiones, el repudio del cuerpo legislativo a las elecciones presidenciales de mayo pasado y dijo que a partir del 10 de enero, cuando comienza un nuevo período presidencial, Maduro estará “usurpando” la presidencia.
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La iglesia ucrania celebra su independencia en Estambul. Epifanio I se convierte oficialmente en líder de la nueva iglesia ortodoxa de Ucrania tras recibir el decreto del patriarca de Constantinopla.
Hoy, oficial y canónicamente, os convertís en la decimoquinta Iglesia en el bendito coro de las iglesias autocéfalas. El futuro es vuestro y debéis luchar por lograr la paz”, declaró Bartolomé I durante la ceremonia en un mensaje especialmente dirigido al Patriarcado de Moscú.
La iglesia ortodoxa de Rusia considera la decisión del patriarca como nula y “cismática”
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Las columnas políticas, domingo 6 de enero de 2019....
BAJO RESERVA /El Universal
Los diplomáticos ya no pueden pagar las cuentasTras los recortes presupuestales y la disminución de prestaciones para los diplomáticos mexicanos adscritos en el exterior, a los inconformes se les hizo la promesa por parte del Director del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Moisés Poblanno, de que se analizaría la situación y se les daría respuesta; sin embargo, casi un mes después no se les ha informado algo al respecto y la diplomacia mexicana ya comenzó a levantar la voz porque dicen que tienen que pagar renta y colegiaturas (dos de las prestaciones eliminadas desde diciembre). La apuesta ahora es que en la semana que inicia se les ofrezca una respuesta en el marco de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules. ¿Qué tan fuerte será el reclamo de los integrantes del Servicio Exterior? ¿O se resignarán a una vida más austera a partir de ahora?
Papa caliente venezolana
Comentarios negativos causó en el extranjero la posición de México frente al Grupo de Lima que desconoce al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para un nuevo periodo, y es que el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Maximiliano Reyes, quien estuvo en Perú para participar en la reunión, simplemente se limitó a leer el discurso que se llevó desde México y no volvió a tomar la palabra durante la reunión a puerta cerrada. Es más, ni siquiera quiso participar en la conferencia que cancilleres y vicecancilleres dieron a medios de comunicación. En la diplomacia foránea se preguntan si el orgulloso servicio exterior mexicano será más activo en sus polémicas posiciones, o preferirá nunca hablar de los problemas ajenos. Difícil postura de mantener en un mundo globalizado.
Una acelerada “Guardia Nacional”
Ante los muchos señalamientos de que en los hechos ya estaba operando la Guardia Nacional en estados como Morelos —como lo anunció el propio gobierno estatal el 29 de diciembre pasado en un comunicado—, tanto el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como la Sedena han tenido que salir a corregir la plana y negar que haya ocurrido así. Las críticas comenzaron a acumularse acerca de la ilegalidad de operar una organización que no existe todavía, ni en la Constitución ni en las leyes. ¿Podrán esperar en los estados las muchas emergencias de seguridad que tienen? De aquí a que el Congreso reforme la Constitución, parece que el gobierno federal va a tener que seguir desmintiendo que la cada vez más frecuente acción de las policías militar y naval sea parte de las nuevas tareas de la Guardia Nacional.
Transparencia pendiente
Hasta la tarde de ayer todavía faltaban varios integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador por presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés. El jueves pasado, el Presidente dijo: “Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”. La pregunta pendiente es: ¿cuánto tiempo les dará de gracia el mandatario? El Día Internacional de la Transparencia es hasta el 28 de septiembre…
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TEMPLO MAYOR /Reforma
QUÉ INTERESANTE: como bien dijo el gobierno federal, no hubo gasolinazo... pero tampoco hay gasolina. La escasez del combustible se ha convertido en un gran enigma para los analistas del sector.
LA NUEVA administración insiste en que es sólo un asunto de distribución, sin embargo, quienes conocen el octanaje de las transas en Pemex aseguran que detrás de esto podría estar el sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps, ante el descontento por los cambios en la empresa.
TAMBIÉN se dice que, por cerrarle la puerta al huachicoleo, se le cerró la llave a los ciudadanos: que no se están utilizando los ductos para transportar el combustible, sino solamente pipas, las cuales resultan por supuesto insuficientes.
Y MIENTRAS el gobierno apaga el incendio con explicaciones, los pobres consumidores de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Michoacán, Nuevo León y Puebla siguen formados esperando poder llenar su tanque.
COMO un misil teledirigido, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador volaron desde Michoacán hasta Jalisco y le cayeron como balde de agua fría a su superdelegado, Carlos Lomelí.
FUE EN la presentación del plan de trabajo del IMSS donde el mandatario fustigó a los políticos que hacen negocio convirtiéndose en proveedores de medicamentos del sector público, a los que acusó de prácticas corruptas y de encarecer los precios.
Y RESULTA que Lomelí es proveedor de medicinas de diferentes gobiernos y ha sido señalado por venderle a entes públicos con sobreprecio. Inclusive se habla de empresas que sirven sólo como fachada para estas operaciones. ¡Se vale sobar!
¡LLEGARON los Reyes Magos! Y esta vez les trajeron regalos a tooodos los niños de México, porque desde el 1o. de diciembre, por decreto presidencial, ya nadie se porta mal.
A LA PEQUEÑA Olguita Sánchez Cordero le trajeron lápices de todos colores y cientos de hojas con fantásticos diseños, para que escriba su declaración patrimonial y la haga pública. Al nene consentido Miguel Barbosa le trajeron el nuevo balón por el que tanto pataleó... a ver si así puede meter gol.
AL NIÑO José Antonio Meade, los Reyes Magos le regalaron un bonito cuaderno de hojas cuadriculadas, para que no tenga que hacer sus cuentas en servilletas. Y al infante Javier Jiménez Espriú le trajeron el Lego modelo "Santa Lucía" que tanto anhelaba.
AL CHAMACO Alfonso Durazo, por cortesía de Melchor, Gaspar y Baltazar, le llegó el videojuego "Guardia Nacional: el origen" para que pueda jugar a los soldaditos. Y, claro, al pequeñín Andrés Manuel López Obrador los Reyes Magos le dejaron un ábaco para que aprenda a contar. ¡Felicidades!
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TRASCENDIÓ /Milenio Diario
QUE ha sido tan amplia la libertad que tiene la gente para acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador en los lugares públicos por los que transita, sobre todo los aeropuertos, que el mandatario recibe preguntas de todo tipo... y las responde.
Ayer, por ejemplo, un joven se acercó al tabasqueño cuando llegaba a CdMx tras una gira de trabajo por Ciudad Juárez, Chihuahua, y sin más le preguntó por la resurrección de Juan Gabriel.
El cuestionamiento no sacó de balance a López Obrador, quien de botepronto respondió: “Esté vivo o muerto, es un ídolo de México”. Me canso, ganso.
QUE políticos y figuras públicas mexicanos estuvieron muy activos ayer a la hora de escribir su cartita a los Reyes Magos. Algunos como el senador y ex jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera fueron congruentes con la fecha y pidieron paz y felicidad para los niños.
Sin embargo, otros como la legisladora Xóchitl Gálvez, quien ya había pedido que Cruz Azul fuera campeón, esta vez solicitó que la política exterior mexicana sea nuevamente motivo de orgullo.
Tampoco faltó el humor, pues nuestro colaborador y amigo, el escritor Xavier Velasco, de plano pidió a Melchor, Gaspar y Baltasar que Alex Lora afine la guitarra y componga ya El blues del huachicol.
QUE este fin de semana la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, y su secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta Martínez, terminarán de delinear la nueva estrategia para la capital, que será presentada mañana en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
La funcionaria de Morena ha dicho que la capital del país no requiere de la futura Guardia Nacional, pues confía en que la fuerza policiaca local ayude a reducir los índices delictivos.
Entre los puntos más importantes de la nueva estrategia destaca el hecho de que este gobierno retomará la vigilancia por cuadrantes con dos objetivos: el primero es que los policías tengan más cercanía con los vecinos y el segundo es revalorar el trabajo de los uniformados.
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FRENTES POLÍTICOS /Excélsior
I. Reacios. Martí Batres, presidente del Senado, llamó a los secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel del Poder Judicial y legisladores a cumplir con su declaración 3 de 3, para asegurar que no habrá “enriquecimientos inexplicables” en el servicio público. “Todos los que tienen una responsabilidad de alto nivel o mando en el servicio deben cumplir con su 3 de 3”, dijo. Apenas 40 por ciento de los senadores la ha presentado, aunque Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, los instruyó a presentar sus declaraciones de inicio de gestión. Y aún así, dice Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que él no la presentará porque “no es legal” y las tres cuentas de banco que tiene no alcanzan ni los diez mil pesos. ¿Qué parte no comprende de la palabra “todos”?
II. Unión. Con la llegada de los nuevos funcionarios se percibe un cambio en las formas de hacer política. Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió al primer Tequio de 2019, en el parque Rosario de la alcaldía de Azcapotzalco, donde, acompañada de vecinos, encabezó las labores de limpieza para recoger basura y ramas de árboles podados; agradeció a las niñas y niños que asistieron, porque fueron los principales colaboradores y destacó que durante las labores también se generan solicitudes de las y los vecinos, que son atendidas por el gobierno de la CDMX a la brevedad. Nunca fue más claro que la solución la tenemos todos. Y estos ejemplos nunca antes vistos son una muestra de concordancia con las autoridades. Bien.
III. Pueblo chico, infierno grande. Muy molesto está Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, quien reveló que la Dirección de Servicios del Ayuntamiento fue saqueada casi totalmente: sólo dejaron 7 vehículos inservibles para dar mantenimiento a la ciudad. Esta área es indispensable para que los parques y espacios públicos sigan ocupados por los ciudadanos, y por los niños, quienes requieren sitios limpios y seguros para desarrollarse. Denunció que les dejaron “una dirección de Servicios Públicos totalmente destrozada, totalmente abandonada, que no servía de nada; el área de servicios públicos, muerta”. Que no sirva de pretexto para no cumplir con las necesidades de la población. Y, si hay culpables, ahí están las instancias de procuración de justicia.
IV. Ni lo piensen. Mientras la ciudadanía, los especialistas, los legisladores y los gobernantes negocian, los delincuentes hacen de las suyas: secuestran, extorsionan, trafican y asesinan. Por ello, este 16 de enero es importante para el futuro del país, ya que será el periodo extraordinario en el Congreso para debatir la conformación de la Guardia Nacional. Ese día se analizará, debatirá y, en su caso, aprobará la reforma constitucional que creará la Guardia Nacional. El presidente de la Comisión Permanente, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el resultado de la votación fue unánime, de 33 votos a favor y cero en contra. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, urgió a aprobar esta corporación. Recuerden que, cada día sin solución, decenas de mexicanos mueren a manos de criminales. Urge es la palabra de hoy.
V. Se acabó el robo. Autoridades estatales, empresarios y líderes de cámaras de comercio en nueve estados opinaron sobre el desabasto de combustibles en diferentes regiones y afirmaron que mantienen comunicación con Petróleos Mexicanos para normalizar el suministro. Pemex informó vía Twitter “que realiza maniobras para hacer más eficiente el traslado de combustibles en algunas regiones del país”. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo un llamado a la empresa productiva del Estado para abastecer el combustible y no frenar la actividad económica en la entidad, y lo mismo hizo el PRI. Gasolineras que no tienen combustible, ¿acaso se lo compraban a huachicoleros? Es pregunta.
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Shangri-La mexicano/Eduardo Caccia
Reforma, 06 Ene. 2019
Para Diego, que quiere un mejor país.
Hice un viaje de tres bandas, cada una de ellas confirma el potencial turístico espectacular que tiene México, sus fortalezas y evidentes carencias o "áreas de oportunidad" (insuperable expresión del optimismo), tres bordes que se complementan y contrastan: realismo mágico, surrealismo y realidad. Otros le llaman simplemente huasteca potosina.
Recorrí cascadas, ríos y lagunas donde los colores están más cerca de la escenografía que de la expectativa de viajar por México. Por una semana olvidé la imagen que el mundo ha construido de nosotros (gracias a nosotros), se me borró el país sucio en corrupción y en narcotráfico, la nación que ha depredado sus recursos naturales, el sitio donde la gente tiene tan poca educación cívica que la basura cohabita con el esplendor natural (como en el Cañón del Sumidero, en Chiapas). En vez de todo eso emergió un país de aguas transparentes, tan azules que el Caribe se pondría celoso, interminables cascadas y pozas de poder hipnótico, cerros en distinto verde, tantos como para hacer un catálogo obsesivo de tonalidades, cañones altísimos en cuyos fondos corre un rumor fluido que en momentos se acelera y forma nubes blancas al estrellarse con las rocas y en momentos se queda quieto, obedeciendo a una horizontalidad que no se ve pero se adivina.
La Media Luna, Micos, Santa María Tampaón, Puente de Dios, Tamul, El Meco, Tamasopo, Sótano de las Golondrinas, Minas Viejas, son algunos nombres de los sitios que forman el realismo mágico mexicano donde fue extraordinario ver que no había basura en bosques, selvas ni en sus aguas. Hubo un incidente menor, notable para mí, donde sobre las aguas transparentes de Minas Viejas flotaba un envase de refresco y una lata de aluminio. No estaban a la mano y para alcanzarlas había que caminar por un fondo empedrado y muy resbaloso. Uno de mis hijos que nadaba en la enorme poza se dio cuenta de la basura, fue por ella y la sacó. Una muy pequeña acción de gran significado. Mientras existan mexicanos dispuestos a hacer lo correcto, este país tendrá esperanza.
Cargo en la cabeza una frase que años atrás levanté: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Brinqué al agua desde miserables 5 metros pero en términos reales, un logro, e hicimos rafting (nivel 3) en familia, gran experiencia de la que saco varias lecciones de vida: un guía es fundamental, pon atención a las instrucciones (no sabes en qué momento el simulacro se vuelve realidad), remar con coordinación hace que avances mejor, si caes al agua, mantén la calma y levanta las piernas (esto último no lo recordé, mi pierna derecha tiene costras que son como trofeos de batalla), y la satisfacción de cumplir el trayecto es insuperable. Ah, se divierte más quien se voltea.
El realismo cobra factura. Algunos caminos están en muy mal estado, hay pocas opciones de hospedaje, guías pobremente enterados de la zona y que se conforman con cumplir itinerarios que les hacen en otra ciudad, baños deplorables, malas empresas de ecoturismo que no saben hacer itinerarios, son parte también del aprendizaje.
Tal vez todo el viaje fue surrealista pero el calificativo es reclamado para el Jardín Escultórico de Edward James, el excéntrico escocés que en busca de libertad para sus pensamientos desaforados llegó a Xilitla en los años cuarenta del siglo pasado para cumplir el capricho de sus sueños, dar rienda suelta a su subconsciente y dejar para la posteridad y el gozo de los visitantes, aunque él no lo supiera nunca, un espacio donde el concreto se habla de tú con la naturaleza, diálogo verde y ocre entre musgo, enredaderas y metales mientras las formas artificiales semejan creaciones naturales, sin sentido ni lógica ni coherencia para la razón que ha de ceder un rato a la locura de habitar el pensamiento en fuga sin preguntar ¿por qué? ni ¿para qué?, sino simplemente observar que nada está completo ni terminado, y que si este sitio tuviera música y letra serían Piazzolla y Ferrer en Balada para un loco, corolario tentador: "vení, volá, sentí, el loco berretín que tengo para vos".
Entre las coordenadas realismo mágico, surrealismo y realidad, este país existe; aquí unas imágenes: http://eduardocaccia.com/galeriafotos/huasteca/.
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Dogmas y datos/Juan E. Pardinas
Reforma, 06 Ene. 2019
Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, ocupó un verbo fundamental para titular su libro de apuntes autobiográficos: Vivir. En este recuento de afectos y memorias, Scherer comparte su pasión por el libro Los hermanos Rajk, de Duncan Shiels. El volumen narra la historia de dos hermanos húngaros que se amaban por sus lazos de sangre pero chocaban por sus preferencias políticas. Uno era fascista y el otro comunista, ambos vivieron la Segunda Guerra Mundial y el dominio soviético de Europa del Este desde dos trincheras antagónicas.
Hoy, las diferencias ideológicas aún pesan y dividen, pero la distancia política más importante entre dos personas es su disposición para asumir los datos duros y la evidencia científica como referentes del debate público. En la era de las noticias falsas y los hechos alternativos, los hermanos Rajk no estarían divididos por la suástica nazi o la hoz y el martillo, sino por su postura frente al cambio climático o su lectura de que la migración es un factor determinante de la criminalidad.
La semana pasada, el ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade hizo un recuento en redes sociales sobre los costos económicos de la cancelación del nuevo aeropuerto. La respuesta en Twitter de Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT y enterrador del proyecto de Texcoco, no cuestionó los datos, las fuentes o la metodología del ex secretario de Hacienda. Jiménez Espriú sólo interpretó su estado de ánimo: "las cuentas alegres de un hombre triste". La decisión de cancelar el NAIM sólo se pudo tomar en una dimensión donde los hechos son alternativos y los datos no importan.
El gabinete de Andrés Manuel López Obrador se puede dividir entre los secretarios de Estado que usan los datos duros para tomar decisiones y los funcionarios que se sienten cómodos en el universo paralelo de los hechos alternativos. El paquete presupuestario que presentó la SHCP demostró que el manejo de las finanzas públicas del nuevo gobierno sí tiene puestos los pies en la tierra. Sin embargo, al ver las optimistas estimaciones de Pemex para producción de petróleo en el año 2024, uno quisiera mudarse a esos mundos felices y amables donde la realidad es un obstáculo menor. Será difícil gestionar un equipo de trabajo donde hay adultos atentos a los argumentos verificables y personajes que basan su agenda de proyectos en el pensamiento mágico. Puede haber cohesión ideológica en el gabinete, pero no queda claro si hay una visión compartida sobre dónde terminan los dogmas y empiezan los datos. AMLO tendrá que decidir si sustenta sus actos en datos duros o en hechos alternativos.
Desde el sexenio de Vicente Fox, el diario Reforma creó la metodología del Ejecutómetro como una métrica de medición de la violencia en el país. Durante el mandato de Felipe Calderón, esta medición cobró alta visibilidad en la discusión pública, conforme se aceleraba la espiral de violencia que marcó la historia de aquel gobierno. Como es natural en una democracia, esos datos fueron utilizados por la oposición del PRI y la izquierda para criticar la gestión del PAN. Esas cifras que fueron utilizadas como municiones políticas en el pasado, hoy se vuelven causa de agravio para el nuevo Presidente.
Los datos de violencia son reflejo de circunstancias tercas. Puede cambiar el gobierno, puede haberse inaugurado la cuarta transformación en la historia de nuestra República, pero los problemas más graves del país tomarán tiempo para resolverse. Ninguna solución podrá venir de ignorar los hechos y las evidencias que pintan el retrato crudo del México actual. Tarde o temprano acabará por imponerse esa incómoda versión de las cosas, donde los aviones no se repelen, el petróleo no se extrae del subsuelo con puros discursos y los balazos no se transforman súbitamente en abrazos. Si no hay un consenso sobre los hechos, es imposible construir acuerdos democráticos. Las realidades paralelas son la pólvora de la polarización política.
@jepardinas
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Amos Oz: el disidente/Isabel Turrent
Reforma 06 Ene. 2019
Ese día de febrero en su casa de Arad, tomando café en medio de libros y más libros -su estudio, una réplica del departamento donde Amos Oz creció en Jerusalén- hablamos de literatura, pero la política se coló por todas partes. Al final, subrayó que era un escritor con una doble misión: la literatura y la crítica política.
La anécdota de las dos plumas es famosa: "Yo escribo con dos plumas -me dijo- una negra y una azul. Con una de ellas escribo literatura, con la otra, artículos políticos cuando un político o algún demagogo distorsiona el sentido de la palabra. Yo busco mantener la claridad del lenguaje. Cuando un político pervierte la palabra, tomo la pluma y lo mando al diablo".
A pesar de que Oz era un hombre introspectivo y profundamente inteligente, se equivocó al identificar la raíz de su talante disidente. Defendió a ultranza al judaísmo secular hermanado con el humanismo occidental que practicaba. Pero no se trataba del que había nacido con la Ilustración en Europa Occidental, como afirmó más de una vez, sino de la tradición disidente que nació y floreció en Rusia en el siglo XIX. Del papel político de los pensadores en las márgenes europeas de donde provenía su familia: de la resistencia al poder que imponía a los miembros de la intelligentsia la obligación de ser guías morales de la sociedad y críticos inclementes del poderoso a cualquier costo.
En lo que no se equivocó fue en señalar el momento histórico que lo llevó a comprar la pluma crítica: la Guerra de los Seis Días en 1967 y su secuela.
Amos Oz era un sionista convencido. Los fundadores de Israel se habían adelantado al Holocausto y habían construido el embrión de un Estado en la tierra ancestral de los judíos: la única alternativa de supervivencia para los judíos. Pero él, como muchos israelíes liberales, no estaba dispuesto a pagar el precio de la ocupación de Judea y Samaria y el sometimiento de los palestinos. Y menos aún la oleada de nacionalismo que multiplicó los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Así que en 1982 empacó y recorrió los asentamientos en Judea y Samaria y les dijo a los pobladores, en especial a los habitantes de Ofra en el corazón de Samaria, lo que nadie se había atrevido a decirles: que en el éxtasis de la victoria militar de 1967 habían sufrido una "intoxicación mesiánica" que no tenía asideros en la realidad, y que la ocupación de los territorios palestinos derivaría en el colapso de la legitimidad del sionismo.* Tenía razón.
Se convirtió en la voz crítica de Israel, en el portavoz de los palestinos y en el actor central de la idea que no lo abandonó jamás: emprendió con los palestinos el diálogo (tolerante y moderado) para alcanzar soluciones negociadas. Frente al problema palestino propuso siempre la necesidad de la creación de dos Estados: uno palestino -en Gaza, Judea y Samaria- y otro israelí en el resto del territorio del país. Un "divorcio" doloroso pero necesario.
Para su desgracia y la de todos los que creemos que esa es la única solución al conflicto palestino israelí, la historia de Israel y del mundo se fue por otro cauce. Bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu como primer ministro, el país se movió a la derecha: la izquierda radical desapareció del escenario político y la moderada que representaba Oz y que acaba de dividirse una vez más frente a las elecciones de abril, se convirtió en un partido acéfalo, sin programa ni visión.
Aún así Amos Oz fue fiel hasta el final a la advertencia que había hecho muchos años atrás a los fanáticos de Ofra: "Los (judíos) que hemos experimentado el humanismo no lo abandonaremos. Y si ustedes nos declaran la guerra lucharemos por generaciones aunque estemos en minoría". "Nos vemos en 200 o 300 años".
El guía moral de Israel inició y encabezó, al final, como había previsto, en franca minoría, una lucha que imaginaba centenaria en defensa de la urdimbre original de Israel y de la creatividad filosófica y artística que había generado. Todo lo que la política autoritaria del miedo de Netanyahu ha amenazado desde que tomó el poder.
Populistas como Netanyahu se perderán en la historia. La literatura que escribió Oz con una pluma se quedará, al igual que la importancia de la crítica: de usar la otra pluma de Oz para luchar contra los políticos que pervierten la palabra.
* Amos Oz, In the Land of Israel...
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Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..
Juicio al Chapo: "El Vicentillo" compromete a militares de tres sexenios/
J. JESÚS ESQUIVEL
Las dos primeras audiencias de este año en el juicio al Chapo Guzmán despertaron de nuevo la curiosidad. En las 21 previas el interés de la prensa decayó paulatinamente, pero ahora había un testigo de gran peso: Vicente Zambada, El Vicentillo, hijo del capo sinaloense Ismael El Mayo Zambada, quien soltó la bomba: asegura que el Cártel de Sinaloa tenía en su nómina a dos generales y un coronel, todos ellos altos cuadros de la Sedena en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
NUEVA YORK.- Las dos primeras audiencias de 2019 en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera expusieron el alcance del Cártel de Sinaloa para corromper a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los tres pasados sexenios.
Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, testigo estelar del gobierno de Estados Unidos para culpar al Chapo de narcotráfico y lavado de dinero, reveló los nombres de generales incluidos en la nómina del Cártel de Sinaloa durante las presidencias del priista Ernesto Zedillo y de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
El jueves 3, al celebrarse la primera audiencia de 2019 en el juicio contra El Chapo en la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la fiscal federal Amanda Liskamm guio con sus preguntas a Vicentillo hasta hacerlo nombrar a algunos militares sobornados por él o por su padre, Ismael El Mayo Zambada García.
El testigo del Departamento de Justicia nombró al general Humberto Eduardo Antimo Miranda, exoficial mayor de la Sedena, y al coronel Marco Antonio de León Adams, como los militares comprados por el Cártel de Sinaloa.
Faltaba otro, el general de división y exjefe del Estado Mayor Presidencial Roberto Francisco Miranda Moreno, cuyo nombre soltó El Vicentillo durante el interrogatorio al que lo sometió el viernes 4 Eduardo Balarezo, uno de los tres abogados de Guzmán Loera.
Zambada Niebla fue arrestado en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2009 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010 para ser juzgado por traficar más de mil millones de dólares en cocaína y heroína. Durante casi dos años estuvo recluido en aislamiento en una prisión de Chicago. Firmó un acuerdo de culpabilidad mediante el cual entregó a las autoridades estadunidenses mil 370 millones de dólares.
“El Chicle”
La sala del juez Brian Cogan en la Corte en Brooklyn, hasta antes de la presencia de Zambada Niebla como testigo, había sido un escenario por el que desfilaron varios narcotraficantes protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entrenados por los fiscales para traicionar al Chapo.
Por encima de las limitantes impuestas por el juez Cogan a la fiscalía y a la defensa del Chapo para abordar temas de corrupción por narcotráfico en México –ya que al acusado no se le enjuicia por ello–, los sobornos a militares fueron parte central del testimonio del Vicentillo.
Liskamm quiso saber sobre una reunión celebrada a principios de 2007 en Culiacán entre un militar de alto rango y El Mayo Zambada. “Al general Antimo lo llevé a Culiacán a conocer a mi papá; era un general, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa”, dijo el testigo.
El primogénito del Mayo explicó que a Antimo lo conoció por medio del “licenciado Carlos”, cuyo apellido no dio a conocer.
En pleno arranque del sexenio de Calderón y cuando México estaba bañado en sangre por la guerra entre los cárteles, en Culiacán un jefe de élite de la Sedena se encontraba con El Mayo.
“Se reunió con mi papá, me lo llevó el licenciado Carlos. Había rumores de que otros generales se estaban poniendo al servicio de Arturo Beltrán Leyva, de Los Zetas y los Carrillo Fuentes”, sostuvo El Vicentillo.
En 2007 el Cártel de Sinaloa, comandado por El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, iniciaba una guerra contra la agrupación criminal de los hermanos Beltrán Leyva, que unidos a Los Zetas y al Cártel de Juárez –dirigido por Vicente Carrillo Fuentes– deseaban eliminar a los capos sinaloenses.
“El general Antimo le dijo a mi papá que Arturo, Los Zetas y los Carrillo Fuentes estaban buscando a otros generales para pedirles que atacaran a mi papá, a mi compadre Chapo… a los generales les querían mandar dinero para que nos detuvieran”, acotó El Vicentillo.
En el presunto encuentro en Culiacán, Antimo Miranda le dijo que él y otros generales se pondrían al servicio del Cártel de Sinaloa; ello, según El Vicentillo, porque sabían reconocer las cualidades humanas y generosidad del Mayo y del Chapo.
“Platicaron como unas cinco horas; el general le dijo a mi papá que le avisaría de cualquier información sobre los Beltrán Leyva, Los Zetas y los Carrillo Fuentes. Mi papá le dijo que le daría una mensualidad. En ese momento le dio 50 mil dólares y le dijo que recibiría 50 mil dólares mensuales”, agregó El Vicentillo.
El 1 de abril de 2008 la Sedena informó en un comunicado de prensa que, con fundamento en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a partir de esa fecha Miranda “pasaba a situación de retiro, por cumplir la edad límite en su jerarquía”.
Satisfecha por las respuestas que el testigo dio a sus preguntas sobre la práctica de sobornos a militares en la cúpula del Cártel de Sinaloa, Liskamm quiso saber si El Vicentillo sabía quién era el “coronel Adams”.
Sonriente, el hijo del Mayo dijo: “Era amigo de mi papá’.
Se refería a Marco Antonio de León Adams, jefe de la guardia personal de Vicente Fox cuando éste era presidente.
“Era contacto de mi papá; en 2001 era el encargado de la seguridad (Estado Mayor Presidencial) del presidente Fox”, agregó el testigo y sostuvo que él y su padre se encontraron varias veces con el coronel en la Ciudad de México.
–¿Para qué se llevaban a cabo esas reuniones? –quiso saber Liskamm.
–Para pasarle información a mi papá sobre operativos que se iban a realizar para ubicar a mi compadre Chapo (en ese momento recién fugado de Puente Grande); me reuní con él en el restaurante del Lago, en Chapultepec.
–¿Al coronel Adams se le conocía por algún apodo o código?
–Cuando por radio o teléfono hablábamos sobre él, le decíamos El Chicle… porque en México había una marca de chicles Adams –explicó.
Como ejemplo de los servicios que les brindaba El Chicle al Mayo y los demás líderes del Cártel de Sinaloa, el testigo lo señaló como una pieza fundamental en un operativo de rescate del Chapo que hicieron él y su padre tras la fuga de Puente Grande.
Zambada Niebla contó que por información que les dio El Chicle sacaron al Chapo de Tepic a bordo de un helicóptero y lo llevaron a Culiacán. El encargado de la seguridad de Fox presuntamente les adelantó que en la capital de Nayarit se llevaría a cabo una operación militar para ubicar y capturar a Guzmán.
El Vicentillo no pudo decirle a la fiscalía a cuánto ascendía el pago mensual que su padre le hacía a Adams, porque eso lo manejaba personalmente El Mayo Zambada.
–¿A cuánto ascendía el gasto mensual del Cártel de Sinaloa en sobornos a militares, policías y funcionarios públicos? –machacó la fiscal.
–A más de 1 millón de dólares –respondió El Vicentillo; agregó que esto ocurrió entre 2001 y 2008, durante los sexenios de Fox y de Calderón.
El general Miranda
En la audiencia del jueves 3, al abordar con detalle el caso de la fuga del Chapo de Puente Grande a principios de 2001, el testigo explicó que, contrariamente a lo que reportó la prensa entonces, el presidente Fox nada tuvo que ver en los hechos de soborno que permitieron la huida de Guzmán.
En las 21 audiencias previas del juicio contra El Chapo, el tema de la corrupción por narcotráfico entre elementos del Ejército mexicano se había mencionado en términos generales, no con tanto detalle y claridad como lo hizo El Vicentillo.
Liskamm continuó interrogando al testigo hasta la primera parte de la audiencia del viernes 4, la segunda de 2019, sin ahondar en el caso de los militares.
Le tocó el turno al equipo de abogados del Chapo de cuestionar al Vicentillo. Balarezo subió a la palestra.
–¿Conoce al general Miranda? –preguntó el abogado.
–Sí, señor, conozco al general Miranda. El general Roberto Miranda es un general de división –respondía El Vicentillo cuando fue interrumpido por Balarezo: “Gracias por mencionar el primer nombre del general. ¿Se reunió usted con el general Miranda en Los Pinos?”.
–Sí, señor –contesto El Vicentillo, anotando que en 1997, cuando se llevó a cabo el encuentro, Miranda era jefe del Estado Mayor Presidencial y, por su rango, incluso posible candidato a encabezar la Sedena.
Luego de que El Vicentillo apuntara que Zedillo era el presidente cuando él fue a las oficinas del Estado Mayor Presidencial en Los Pinos a reunirse con Miranda –en alusión al general de división Roberto Francisco Miranda Moreno–, el abogado del Chapo intentó conocer un poco más de la corrupción por narcotráfico a esos niveles del gobierno mexicano.
–¿Su papá El Mayo sobornaba al presidente Zedillo? –cuestionó Balarezo.
–No. Mi papá nunca me comentó eso –respondió.
Sonriendo con sorna, Balarezo comentó ante el jurado que era increíble que el mismo “bebé del Mayo Zambada” hubiese puesto un pie en la casa presidencial de México.
–Al general Miranda lo fue a ver porque su papá El Mayo lo mandó a quejarse sobre el trato que le daban a su mamá (Rosario Niebla Cardozo), ¿cierto? –insistió el abogado.
–Sí, y a toda la familia.
Balarezo acotó que la molestia del Mayo Zambada tenía que ver con las redadas que se llevaron a cabo en los negocios de la señora Niebla. El Vicentillo la defendió; afirmó que su madre era dueña de una empresa en Culiacán en la que no había dinero proveniente de la venta de drogas.
Interés renovado
Las menciones en la Corte sobre los casos de corrupción a militares fueron objeto de la mayor atención en los medios que cubren el juicio contra Guzmán. Los nombres de los dos generales y del coronel proporcionados por El Vicentillo opacaron la ausencia de Emma Coronel en las dos primeras audiencias de 2019 del juicio contra su marido.
El testimonio del Vicentillo provocó un ligero aumento de la presencia de los medios en la Corte, aunque muy lejos de alcanzar la cifra de reporteros que asistieron en las dos primeras semanas del proceso.
Desde su entrada a la sala del juez Cogan, la figura del Vicentillo se apoderó del recinto. Ahora de 43 años, al hijo del Mayo se le veía más demacrado que como lucía el 10 de febrero de 2010, cuando fue extraditado a Estados Unidos.
Balarezo intentó sin éxito exhibirlo como un narcotraficante traicionero, que coopera con la Administración Antidrogas (DEA) para, con mentiras, acusar de cualquier cosa al Chapo Guzmán.
En la audiencia del viernes 4, una y otra vez, repitiendo las preguntas y cometiendo errores en fechas y nombres, Balarezo quiso dejar en claro que fue El Vicentillo quien en 2007 buscó a la DEA para entregarse y evitar ser sentenciado a cadena perpetua.
“Fue mi compadre El Chapo el que se puso en contacto (en 2007) con la DEA”, le aclaró El Vicentillo.
El testigo fue obligado a confesar que en 2012, en una fecha imprecisa, las autoridades estadunidenses lo sacaron de la prisión de Chicago para que hablara por teléfono con su padre.
El Vicentillo aseguró que él no estaba enterado de que lo pondrían a hablar con su padre, aunque admitió que pensó en el momento que la DEA, además de grabar la conversación, pretendía rastrear el número del teléfono que usó El Mayo.
Sobre su padre, El Vicentillo asentó que desde que coopera con el gobierno de Estados Unidos le ha dado a la DEA toda la información que tenía hasta que fue detenido: las coordenadas de los lugares donde se escondía, las casas de seguridad en Culiacán y en la sierra, pistas clandestinas, ranchos y números de teléfono, entre otros datos.
En la llamada que tuvo con El Mayo en 2012, El Vicentillo dijo que la DEA le pidió que invitara a su padre a entregarse; pero aquél se rehusó.
Probablemente en febrero o marzo le será dictada sentencia a Zambada Niebla. Como testigo de la fiscalía y delincuente que coopera con la DEA, aspira a ser condenado a 15 años de prisión. Ya lleva 10 encarcelado. ( Osea, toma y daca)...
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Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..
Testimonio de Vicente Zambada: Altos mandos de Zedillo y Calderón y el jefe de seguridad de Fox, en la nómina del narco/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Los recientes testimonios de Vicente Zambada, sumados a los que en audiencias anteriores otorgó Jesús Zambada –el hijo y un hermano del Mayo–, comprometen a altos mandos del Ejército, entre ellos los generales Roberto Miranda Sánchez, jefe del EMP en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón, así como el coronel Marco Antonio de León Adams, quien fuera jefe de seguridad de Vicente Fox. La acusación es directa: los oficiales, sostiene El Vicentillo, estaban en la nómina del Cártel de Sinaloa.
El juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos se está convirtiendo en una causa contra los gobiernos del PRI y del PAN. Desde expresidentes hasta generales, miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y poderosos jefes policiales han sido mencionados como parte de una extensa red de protección al Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.
Los señalamientos han salido de las partes que tiene confrontadas el gobierno estadunidense: sus testigos colaboradores, que fueron miembros del cártel, y la defensa de Guzmán Loera.
Aunque el juez Brian Cogan, titular de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ha evitado que se ahonde en las acusaciones contra los expresidentes mexicanos, las dos partes han soltado los nombres de los altos funcionarios civiles y militares con los que habría tenido arreglos el Cártel de Sinaloa, y en particular Guzmán Loera.
El principal testigo de cargo, Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, puso la semana pasada la atención del jurado y del tribunal mediático en la supuesta protección al Cártel de Sinaloa por lo menos desde la segunda mitad de los noventa, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, hasta el de Felipe Calderón.
En todos los casos, incluido el gobierno de Vicente Fox, los principales señalamientos son contra altos mandos del Ejército, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como en el Estado Mayor Presidencial (EMP).
Información de los Zambada
La familia de Ismael El Mayo Zambada, socio de Guzmán Loera, es la que se ha encargado de señalar a altos funcionarios civiles y mandos militares de los gobiernos del PRI y del PAN como supuestos protectores del Chapo.
Durante los dos sexenios panistas Guzmán Loera estuvo prófugo. En enero de 2001, al inicio del gobierno de Fox, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Fue capturado en febrero de 2014, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que se le escapó de nuevo, esa vez desde el penal del Altiplano, en el Estado de México; fue recapturado al año siguiente y entregado meses después al gobierno de Estados Unidos.
El viernes 4, El Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, declaró en audiencia que durante el gobierno de Zedillo, en 1997, acudió a la residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el entonces jefe del EMP, general Roberto Miranda Sánchez.
Según su testimonio, le fue a pedir que el gobierno detuviera la persecución a los negocios de su madre y sus hermanas. No hubo ninguna referencia directa a si Miranda estaba en la nómina de Ismael Zambada. Tampoco hubo ninguna mención directa al entonces presidente.
Un día antes, el principal testigo de la fiscalía de Estados Unidos contra El Chapo, había comenzado a soltar nombres: el del entonces coronel Marco Antonio de León Adams y el del general Humberto Eduardo Antimo Miranda. El primero, en su condición de jefe de la seguridad del presidente Vicente Fox en el EMP. El segundo, oficial mayor de la Sedena en el gobierno de Felipe Calderón.
Ascendido por Calderón a general brigadier, De León Adams coincidió con el actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en ese momento secretario particular de Fox.
Al inicio del juicio contra El Chapo, en noviembre pasado, otro de los testigos de la justicia estadunidense, Jesús El Rey Zambada, hermano del Mayo, fue el protagonista del escándalo cuando trascendió que su testimonio implicaba directamente a los expresidentes Calderón y Peña Nieto en sobornos a cambio de proteger al Cártel de Sinaloa.
Ambos lo negaron de inmediato en redes sociales y ante el trascendido, el juez Cogan, que ha decidido que gran parte del proceso se lleve en secreto, limitó el testimonio de Jesús Zambada para “proteger a individuos y entidades” no implicados directamente en el caso y que “resultarían avergonzados” si no se restringía el testimonio del narcotraficante. A petición de la fiscalía, el juez limitó las preguntas de los abogados del Chapo y ordenó clasificar como reservada (sellada) la transcripción del testimonio.
En la siguiente audiencia El Rey no hizo ninguna referencia a los expresidentes. En cambio señaló directamente a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Dijo que en dos ocasiones se reunió con el exfuncionario y en ambas le entregó un portafolio con al menos 3 millones de dólares en efectivo.
García Luna también negó el dicho del narcotraficante. Durante el gobierno de Calderón fueron insistentes los señalamientos de que el mayor número de detenciones fueron de los grupos rivales al Chapo.
Desde el siglo pasado
De lo que se ha podido conocer en el juicio, el Cártel de Sinaloa ha estado en contacto directo con los militares encargados de proteger a los presidentes de México y altos generales del Ejército, por lo menos en los gobiernos de Zedillo y el de Fox. De acuerdo con El Vicentillo, a fines del siglo pasado, en el gobierno de Zedillo, su contacto en Los Pinos fue el general de división Roberto Miranda Sánchez, quien había hecho su carrera militar en el EMP, institución que hasta su desaparición en este gobierno era considerada “un Ejército dentro del Ejército” por los altos niveles de autonomía que tenía.
Después de ser el jefe del EMP, Miranda estuvo congelado dos años como director del archivo de la Sedena. Pero en el mismo sexenio de Fox y en el de Calderón volvió a tener mando, tanto en regiones y zonas militares como en la plana mayor de la Defensa. Entre los cargos que ocupó fue comandante de la III Región Militar, con sede en Mazatlán, al inicio del gobierno de Calderón, después de haber estado en la comandancia de la XI Región Militar, con sede en Torreón.
En la segunda parte de su gobierno Calderón lo integró a la plana mayor de la Sedena. Primero como inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, y al final del sexenio como oficial mayor de la Defensa Nacional.
Su nombre llegó a mencionarse como candidato para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto, pero el general Salvador Cienfuegos le ganó la partida.
En el caso del sexenio de Fox, Vicente Zambada hizo un señalamiento directo al EMP. Se refirió al jefe personal de la escolta del presidente y de su esposa, Marta Sahagún, y los hijos de ésta: el entonces coronel Marco Antonio de León Adams, a quien, según el testimonio, en el Cártel de Sinaloa se le identificaba como El Chicle, por la marca de una goma de mascar.
En 2006 el reportero Alejandro Gutiérrez dio a conocer (Proceso 1543) que el jefe de la escolta personal de Fox había desaparecido de pronto de las tareas de protección del entonces mandatario. Informó que Adams había dejado de ser visto desde abril de ese año, a pesar de que era conocido el respaldo que tenía del presidente, su esposa y del hijo de ésta, Manuel Bribiesca, “con quien mantiene comunicación y algunos negocios”, según le dijeron al periodista oficiales del propio EMP.
De fácil reconocimiento por su estatura superior a la del presidente, quien mide 1.92 metros, De León Adams reapareció públicamente años después, en 2012, como jefe de Servicios de la VI Región Militar, con sede en Veracruz, pero ya con el grado de general brigadier concedido dos años antes por Calderón.
Según Zambada, De León fue espía personal del Mayo en el gobierno de Fox: le pasaba información sensible al Chapo, como los despliegues policiales y militares para reaprehenderlo después de que se fugara del penal de Puente Grande. Agregó que las reuniones entre El Mayo y De León eran frecuentes en la Ciudad de México.
Zambada también señaló que en el siguiente sexenio, el de Calderón, la protección fue por parte del general de división Humberto Eduardo Antimo Miranda, quien entre 2006 y 2008 fue oficial mayor de la Sedena, donde se manejan todos los recursos de la Defensa Nacional.
Los ahora retirados general de división Antimo Miranda y general brigadier De León Adams pertenecieron a la misma generación (1960) del Colegio Militar.
Antimo Miranda, junto con el primer secretario de Gobernación de Calderón, Francisco Javier Ramírez Acuña, fue quien persuadió al entonces presidente de reformar el decreto mediante el cual éste asumía la responsabilidad directa del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército que el panista intentó crear para estar al mando de la guerra al narcotráfico (Proceso 2007).
Antimo Miranda terminó –aún en el gobierno de Calderón, entre 2010 y 2011– como delegado federal en Morelos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Su nombre fue incluido en las listas de los probables para llegar a la Sedena en el gobierno de Peña Nieto. Pero en el sexenio de éste sólo regresó a la milicia como subdirector del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, donde permaneció hasta 2015.
El Vicentillo aseguró que en 2007, cuando aún era oficial mayor de la Sedena, Antimo Miranda se reunió con El Mayo. “Lo llevé a Culiacán a conocer a mi papá”, afirmó.
Añadió: “El general le dijo a mi papá que había rumores de que otros generales se estaban poniendo al servicio de Arturo Beltrán Leyva, Los Zetas y los Carrillo Fuentes, enemigos del Chapo. Les querían mandar dinero a esos generales para que nos detuvieran”.
Fue una reunión como de cinco horas en la que El Mayo le dio 50 mil dólares y le dijo que le daría esa misma cantidad mensualmente “por su lealtad”. Vicente Zambada aseguró que la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por su padre pagaba una nómina mensual estimada en 1 millón de dólares para sobornar a las fuerzas de seguridad, incluidos otros militares y la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) de la Procuraduría General de la República.
Aseguró también que llegaron a contar con una escuadra encabezada por un excomando militar para el grupo del Chapo, y que 99% de las armas del cártel provenía de Estados Unidos.
Cogan impidió en audiencias previas que en el juicio se tratara el tema de Rápido y Furioso, el operativo acordado por el gobierno de Estados Unidos y el de Calderón para dejar pasar cerca de dos mil armas largas y rastrear a los narcotraficantes mexicanos.
En la audiencia, El Vicentillo aseguró que ha dado una extensa información sobre su padre, incluidas ubicaciones de ranchos, pistas clandestinas y escondites. “Si no lo han detenido no es culpa mía”, declaró el principal acusador del Chapo y de sus supuestas redes de protección en México.
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Revista Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..;
"Si me atrapan o me matan... nada cambia”/JULIO SCHERER GARCÍA
Este lunes 7 se cumple el cuarto aniversario de la muerte de Julio Scherer García, en cuya memoria reproducimos el texto que escribió en 2010 sobre su encuentro con Ismael Zambada, sin duda un hito en la historia reciente del reporterismo en México. El texto adquiere particular relevancia por los señalamientos que ha hecho Vicente, el hijo del Mayo, en sus declaraciones como testigo de la fiscalía en el juicio al Chapo Guzmán, en Nueva York.
Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo.
La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra.
A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego. Sin embargo, en momento alguno pensé en un atentado contra mi persona. Me sé vulnerable y así he vivido. No tengo chofer, rechazo la protección y generalmente viajo solo, la suerte siempre de mi lado.
La persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje, pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator.
Me hizo bien recordar a Octavio Paz, a quien alguna vez le oí decir, enfático como era:
“Hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre.”
Una mañana de sol absoluto, mi acompañante y yo abordamos un taxi del que no tuve ni la menor idea del sitio al que nos conduciría. Tras un recorrido breve, subimos a un segundo automóvil, luego a un tercero y finalmente a un cuarto. Caminamos en seguida un rato largo hasta detenernos ante una fachada color claro. Una señora nos abrió la puerta y no tuve manera de mirarla. Tan pronto corrió el cerrojo, desapareció.
La casa era de dos pisos, sólida. Por ahí había cinco cuadros, pájaros deformes en un cielo azuloso. En contraste, las paredes de las tres recámaras mostraban un frío abandono. En la sala habían sido acomodados sillones y sofás para unas diez personas y la mesa del comedor preveía seis comensales.
Me asomé a la cocina y abrí el refrigerador, refulgente y vacío. La curiosidad me llevó a buscar algún teléfono y sólo advertí aparatos fijos para la comunicación interna. La recámara que me fue asignada tenía al centro una cama estrecha y un buró de tres cajones polvosos. El colchón, sin sábana que lo cubriera, exhibía la pobreza de un cobertor viejo. Probé el agua de la regadera, fría, y en el lavamanos vi cuatro botellas de Bonafont y un jabón usado.
Hambrientos, el mensajero y yo salimos a la calle para comer, beber lo que fuera y estirar las piernas. Caminamos sin rumbo hasta una fonda grata, la música a un razonable volumen. Hablamos sin conversar, las frases cortadas sin alusión alguna a Zambada, al narco, la inseguridad, el ejército que patrullaba las zonas periféricas de la ciudad.
Volvimos a la casa desolada ya noche. Nos levantaríamos a las siete de la mañana. A las ocho del día siguiente desayunamos en un restaurante como hay muchos. Yo evitaba cualquier expresión que pudiera interpretarse como un signo de impaciencia o inquietud, incluso la mirada insistente a los ojos, una forma de la interrogación profunda. El tiempo se estiraba, indolente, y comíamos con lentitud.
Las horas siguientes transcurrieron entre las cuatro paredes ya conocidas. Yo llevaba conmigo un libro y me sumergí en la lectura, a medias. Mi acompañante parecía haber nacido para el aislamiento. Como si nada existiera a su alrededor, llegué a pensar que él mismo pudiera haber desaparecido sin darse cuenta, sin advertirlo. Me duele escribir que no tenía más vida que la servidumbre, la existencia sin otro horizonte que el minuto que viene.
“Ya nos avisarán –me dijo sorpresivamente–. La llamada vendrá por el celular.”
Pasó un tiempo informe, sin manecillas. “Paciencia”, me decía.
Salimos al fin a la oscuridad de la noche. En unas horas se cruzarían el ocaso y el amanecer sin luz ni sombra, quieto el mundo.
Viajamos en una camioneta, seguidos de otra. La segunda desapareció de pronto y ocupó su lugar una tercera. Nos seguía, constante, a cien metros de distancia. Yo sentía la soledad y el silencio en un paisaje de planicies y montañas.
Por veredas y caminos sinuosos ascendimos una cuesta y de un instante a otro el universo entero dio un vuelco. Sobre una superficie de tierra apisonada y bajo un techo de troncos y bejucos, habíamos llegado al refugio del capo, cotizada su cabeza en millones de dólares, famoso como El Chapo y poderoso como el colombiano Escobar, en sus días de auge, zar de la droga.
Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida:
–Tenía mucho interés en conocerlo.
–Muchas gracias –respondí con naturalidad.
Me encontraba en una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, según pude comprobar en los minutos que me pude apartar del capo para lavarme. Al exterior había una mesa de madera tosca para seis comensales, y bajo un árbol que parecía un bosque, tres sillas mecedoras con una pequeña mesa al centro. Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma. Percibí un pequeño grupo de hombres juramentados.
A corta distancia del narco, los guardaespaldas iban y venían, a veces los ojos en el jefe y a ratos en el panorama inmenso que se extendía a su alrededor. Todos cargaban su pistola y algunos, además, armas largas. Dueño de mí mismo, pero nervioso, vi en el suelo un arma negra que brillaba intensamente bajo un sol vertical. Me dije, deliberadamente forzada la imagen: podría tratarse de un animal sanguinario que dormita.
–Lo esperaba para que almorzáramos juntos–, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente.
Observé de reojo a su emisario, las mandíbulas apretadas. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado.
Al instante fuimos servidos con vasos de jugo de naranja y vasos de leche, carne, frijoles, tostadas, quesos que se desmoronaban entre los dedos o derretían en el paladar, café azucarado.
–Traigo conmigo una grabadora electrónica con juego para muchas horas–, aventuré con el propósito de ir creando un ambiente para la entrevista.
–Platiquemos primero.
Le pregunté al capo por Vicente, Vicentillo.
–Es mi primogénito, el primero de cinco. Le digo “Mijo”. También es mi compadre.
Zambada siguió en la reseña personal:
–Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no.
–No le entiendo.
–A veces el cielo niega la lluvia.
Hubo un silencio que aproveché de la única manera que me fue posible:
–¿Y Vicente?
–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.
–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?
–Hoy no voy a hablar de “Mijo”. Lo lloro.
–¿Grabamos?
Silencio.
–Tengo muchas preguntas–, insistí ya debilitado.
–Otro día. Tiene mi palabra.
Lo observaba. Sobrepasa el 1.80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de una barriga apenas pronunciada. Viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y el bigote recortado es de los que sugieren una sutil y permanente ironía.
–He leído sus libros y usted no miente–, me dice.
Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados.
–Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente.
–Señáleme un caso.
–Reseñó un matrimonio que no existió.
–¿El del Chapo Guzmán?
–Dio hasta pormenores de la boda.
–Sandra Ávila cuenta de una fiesta a la que ella concurrió y en la que estuvo presente El Chapo.
–Supe de la fiesta, pero fue una excepción en la vida del Chapo. Si él se exhibiera o yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado.
–¿Algunas veces ha sentido cerca al Ejército?
–Cuatro veces. El Chapo más.
–¿Qué tan cerca?
–Arriba, sobre mi cabeza. Hui por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy.
–¿Teme que lo agarren?
–Tengo pánico de que me encierren.
–Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida?
–No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría.
Advierto que el capo cuida las palabras. Empleó el término arrestos, no el vocablo clásico que naturalmente habría esperado.
Zambada lleva el monte en el cuerpo, pero posee su propio encierro. Sus hijos, sus familias, sus nietos, los amigos de los hijos y los nietos, a todos les gustan las fiestas. Se reúnen con frecuencia en discos, en lugares públicos y el capo no puede acompañarlos. Me dice que para él no son los cumpleaños, las celebraciones en los santos, pasteles para los niños, la alegría de los quince años, la música, el baile.
–¿Hay en usted espacio para la tranquilidad?
–Cargo miedo.
–¿Todo el tiempo?
–Todo.
–¿Lo atraparán, finalmente?
–En cualquier momento o nunca.
Zambada tiene sesenta años y se inició en el narco a los dieciséis. Han transcurrido cuarenta y cuatro años que le dan una gran ventaja sobre sus persecutores de hoy. Sabe esconderse, sabe huir y se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y medio muere a salto de mata.
–Hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor–, expresa de pronto para sí. Lo imagino insondable.
–¿Cómo se inició en el narco?
Su respuesta me hace sonreír.
–Nomás.
–¿Nomás?
Vuelvo a preguntar:
–¿Nomás?
Vuelve a responder:
–Nomás.
Por ahí no sigue el diálogo y me atengo a mis propias ideas: el narcotráfico como un imán irresistible y despiadado que persigue el dinero, el poder, los yates, los aviones, las mujeres propias y ajenas con las residencias y los edificios, las joyas como cuentas de colores para jugar, el impulso brutal que lleve a la cúspide. En la capacidad del narcotráfico existe, ya sin horizonte y aterradora, la capacidad para triturar.
Zambada no objeta la persecución que el gobierno emprende para capturarlo. Está en su derecho y es su deber. Sin embargo, rechaza las acciones bárbaras del Ejército.
Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas. El resultado es el número de víctimas que crece incesante. Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos.
–¿Qué son entonces? –pregunto.
Responde Zambada con un ejemplo fantasioso:
–Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.
–¿Nada, caído el capo?
–El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.
A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida.
–¿Por qué perdida?
–El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
–Y usted, ¿qué hace ahora?
–Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago.
Yo pretendía indagar acerca de la fortuna del capo y opté por valerme de la revista Forbes para introducir el tema en la conversación.
Lo vi a los ojos, disimulado un ánimo ansioso:
–¿Sabía usted que Forbes incluye al Chapo entre los grandes millonarios del mundo?
–Son tonterías.
Tenía en los labios la pregunta que seguiría, ahora superflua, pero ya no pude contenerla.
–¿Podría usted figurar en la lista de la revista?
–Ya le dije. Son tonterías.
–Es conocida su amistad con El Chapo Guzmán y no podría llamar la atención que usted lo esperara fuera de la cárcel de Puente Grande el día de la evasión. ¿Podría contarme de qué manera vivió esa historia?
–El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República. No se me ocurriría.
–Zulema Hernández, mujer del Chapo, me habló de la corrupción que imperaba en Puente Grande y de qué manera esa corrupción facilitó la fuga de su amante. ¿Tiene usted noticia acerca de los acontecimientos de ese día y cómo se fueron desarrollando?
–Yo sé que no hubo sangre, un solo muerto. Lo demás, lo desconozco.
Inesperada su pregunta, Zambada me sorprende:
–¿Usted se interesa por El Chapo?
–Sí, claro.
–¿Querría verlo?
–Yo lo vine a ver a usted.
–¿Le gustaría…?
–Por supuesto.
–Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve.
La conversación llega a su fin. Zambada, de pie, camina bajo la plenitud del sol y nuevamente me sorprende:
–¿Nos tomamos una foto?
Sentí un calor interno, absolutamente explicable. La foto probaba la veracidad del encuentro con el capo.
Zambada llamó a uno de sus guardaespaldas y le pidió un sombrero. Se lo puso, blanco, finísimo.
–¿Cómo ve?
–El sombrero es tan llamativo que le resta personalidad.
–¿Entonces con la gorra?
–Me parece.
El guardaespaldas apuntó con la cámara y disparó.
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Revista Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..;
Mi padre*/MARÍA SCHERER IBARRA
Desde hace muchos años supe que algún día estaría sentada aquí, mordiéndome las uñas mientras escribía este texto. Lo temí apenas lo advertí. Por fortuna, nadie me lo pidió antes. Hace unos meses lo hizo Enrique Krauze. Me contó que planeaba homenajear a dos personajes de la izquierda: José Revueltas y Julio Scherer. Francamente, no sé si se lo agradezco. Accedí porque creo, como en una verdad absoluta, que no hay padre como mi padre.
De mi padre poco se sabe. Del periodista acaso algo más: los trazos que ha delineado en sus libros más intimistas. No ha sido suficiente para algunos estudiantes y varios periodistas que me han utilizado como intermediario para tratar de obtener una entrevista con él. Pronto dejé de pasarle esos mensajes. Su respuesta era fácil de anticipar: siempre era la misma.
Mi padre ha insistido, y con razón, que por él habla su trabajo: sus entrevistas, sus reportajes. Se ha negado a cooperar cada vez que algún colega obstinado ha pretendido biografiarlo.
Creo que comprendí que mi padre era un gigante hasta que me matriculé en la universidad. Sabía, por supuesto, que era un hombre importante, querido y respetado, que todo el mundo lo conocía, lo mismo que él conocía a todo el mundo. Casi todos mis maestros me interrogaban sobre él. Querían saber qué me aconsejaba, qué me confiaba sobre el oficio periodístico. La mayoría se alegraba de tenerme entre sus alumnos, como si yo emanara alguna de sus virtudes profesionales. Aunque sus preguntas eran repetitivas, me encantaba escuchar –las más de las veces– la admiración que expresaban.
Mi mamá murió un mes antes de mis quince años. Nos acompañamos en el duelo y mi papá cumplió con el doble rol de la única manera posible, colmándome de amor. Fue él quien me condujo por la vida de mi madre. La conocí a través de sus recuerdos. Me contó su historia mejor que ella misma.
Conservo en un lugar aparte esta tarjeta suya: “Que mi amor te alcance en el camino, te decía tu madre. Y su amor te alcanza en tus hermanos y en tu padre”.
También guardo imágenes entrañables. Una se parece mucho a una fotografía que le tomó el papá de mi hijo Pablo. Mi padre está sentado frente a su escritorio. Lleva una camisa blanca. Distingo dos de sus más amadas pertenencias: la foto de mi madre y una banderita de México. Manipula su vieja Olivetti (tiene dos idénticas, por si una se descompone). Los anteojos se le han resbalado y se balancean a la mitad de su nariz.
No sé si interrumpirlo. Se ve muy concentrado. Al fin me decido y separo las puertas corredizas de su biblioteca.
–Hola, pa –le digo. Voltea hacia mí y se quita los lentes. Me sonríe, y toda la dulzura se condensa en un gesto.
–Qué bonitos ojos tengo –me contesta, mientras mira fijo los míos. Siempre han dicho que tenemos los mismos ojos.
No olvido el 23 de marzo de 1994. Ese día, mi padre me enseñó que no hay promesa pequeña. Habían asesinado a Luis Donaldo Colosio. El ritmo de las noticias se aceleró frenéticamente conforme corrieron las horas. A las nueve de la noche, desde la cocina, escuché girar la cerradura de la puerta de la entrada. Mi padre traía un sobre manila en la mano. Lo abrió y me mostró su contenido: la primera prueba para la portada de Proceso.
Laura –que vivía y trabajaba en casa– nos ofreció unas quesadillas.
–¿Te quedas?
–Tengo que volver a la revista.
–¿Solo viniste a enseñarme la portada?
–No, hijita. Vine porque quedamos para merendar. Vengo tarde, no me esperes.
En 1999 dejé la casa de mi padre para casarme. Fui la última, pero nunca tuve remordimientos de conciencia. Él aprecia la soledad. La necesita. Nos lo ha dejado bien claro.
Extraño muchas cosas de nuestra vida en común: su compañía única, su permanente buen humor, su conversación inagotable. Pero sobre todo me hacen falta sus incesantes muestras de amor. Prácticamente a diario –juro que no exagero–, mi papá dejaba una nota en mi buró. La colocaba ahí temprano en la mañana, antes de salir, o por la noche, cuando me encontraba dormida. Conservo muchísimas tarjetas suyas que dicen sólo Te amo. Dos cajas protegen cientos más. Elegí una al azar, porque no puedo decidirme por ninguna. Escribió:
Hija preciosa:
Ya no más amor, ya no tanto. Hay horas en que cubres mi pensamiento íntegro. ¡Basta!
Mi papá lleva años despidiéndose. “Cuando sea flor…”, nos previene. Por fortuna, he alcanzado la madurez a su lado. Justo ahora, cuando mi amor por él alcanzó su plenitud, es el momento: yo también quiero honrar a mi padre, que nunca será flor. Será árbol.
*Publicado originalmente en la revista Letras Libres el 6 de octubre de 2014.
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Revista Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..;
Caso Nuevo Laredo: Reto para AMLO, la implicación de la Marina en desapariciones/
GLORIA LETICIA DÍAZ
Pese a la disposición explícita del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, de sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, en las que están involucrados elementos de la Marina, las cosas se complican. A menos de dos semanas de que se realice el encuentro de alto nivel para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos, las instalaciones de la base de la Semar donde fueron recluidas las víctimas se incendiaron… Las evidencias pudieron haberse destruido.
El jueves 3, alrededor de las 10:00 horas, cuando circulaba por las calles de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), recibió una llamada. Su interlocutor le pidió trasladarse a la calle Arteaga 1429, en la colonia Victoria, al oriente de la ciudad fronteriza.
Le comentó también que en ese domicilio –una antigua bodega habilitada como la Base de Operaciones Norte de la Secretaría de Marina– presuntamente estaban al menos 10 de las 51 personas detenidas por elementos navales entre enero y mayo de 2018, según el registro del CDHNL.
Cuando Ramos Vázquez llegó al domicilio –de 30×40 metros con paredes blancas destruidas, algunas con impactos de armas de alto calibre– sólo encontró cenizas en medio de tubos retorcidos que colgaban del techo, plafones, tablones de madera y estructuras de cemento y tablarroca.
El año pasado, familiares de personas detenidas y desaparecidas por marinos realizaron innumerables plantones a las puertas de ese inmueble, uno de los tres con los que cuenta la Secretaría de la Marina (Semar) en la región. Hasta la fecha permanecen desaparecidas 38 personas, mientras que 13 fueron encontradas sin vida, todas con signos de ejecución extrajudicial.
Esas imágenes fueron captadas por el CDHNL en vísperas de una reunión de alto nivel del gobierno federal –programada para la segunda quincena de enero– en la cual participarán integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos de desapariciones que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año pasado.
La intervención de la CIDH se acordó el 5 de diciembre en una audiencia pública en Washington, en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, se comprometió públicamente ante la presidenta del organismo regional, Margarette May Macaulay, a esclarecer las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y sancionar a los responsables, “sean quienes sean, independientemente de la institución a la que pertenezcan”.
El compromiso de Encinas
En el encuentro del 5 de diciembre, Encinas admitió abiertamente la dimensión del problema de las desapariciones forzadas y dijo que las cosas cambiaron en México después del 1 de julio de 2018. Ningún funcionario se había pronunciado de esa manera ante ningún órgano internacional, lo que sorprendió a los representantes de la CIDH.
“El primer paso es acabar con la simulación –expuso Encinas–. Tenemos que asumirlo: México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violaciones a derechos humanos: tenemos que encarar eso en muchos ámbitos de la vida nacional.”
Acto seguido, dio luz verde para que la CIDH active un mecanismo de supervisión, parecido al que tiene el organismo para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, propuesto por Karla Quintana Osuna, la representante legal de las víctimas.
Directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Quintana estuvo en la audiencia acompañada por Ramos Vázquez, Jessica Molina, testigo presencial de la detención de su marido, Daniel Trejo, y de un amigo de éste, Gabriel Gaspar Vázquez, luego del allanamiento por elementos de la Semar a su domicilio.
En sus ediciones 2166, 2170 y 2185, Proceso informó sobre los casos de Trejo y Gaspar tras la “ola de desapariciones forzadas” atribuidas a elementos de la Semar, como la llamó el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra‘ad Al Hussein, en su reporte del 30 de mayo de 2018.
En vísperas de la realización del encuentro para la creación del mecanismo, al que están convocados el propio Encinas, representantes de alto nivel de la Semar, la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de integrantes de la CIDH, la destrucción de la Base de Operaciones Norte es una mala señal, sostiene Ramos Vázquez.
Dice el activista que acudió al Departamento de Bomberos del ayuntamiento para indagar si hubo un incendio en el número 1429 de la calle Arteaga o en los predios adyacentes en los últimos 15 días de diciembre. No consiguió información; los vecinos tampoco hablaron “por temor a los marinos”.
Para el defensor no cabe duda que se trata de “un fuego premeditado y controlado; fue un acto deliberado para destruir cualquier tipo de evidencia y obstruir la búsqueda de la verdad”.
Abunda: “Es el mensaje de bienvenida de la Marina a la Comisión Interamericana, y también al nuevo gobierno. Sin embargo, van a tener que explicar en la reunión convocada para la segunda quincena de enero por qué destruyeron las instalaciones”.
Las deficiencias
La desaparición de la Base de Operaciones Norte, insiste el presidente del CDHNL, se contrapone con la supuesta disposición de la Semar para que su personal sea investigado.
En septiembre pasado la dependencia informó que desde el 1 de junio 257 elementos navales, tres capitanes, 24 oficiales y 230 clases y marinería que se encontraban desplegados en Nuevo Laredo fueron concentrados en la Ciudad de México para ser interrogados por las autoridades competentes.
Las imágenes que tomó el CDHNL el jueves 3 en una prueba de “las deficiencias de la Fiscalía (Especializada para la Búsqueda de Desaparecidos de la PGR) del gobierno de López Obrador. Exhibe que está ausente del caso, pues debió haber preservado el lugar porque las investigaciones están en curso”.
Dice que al menos 10 de las 51 personas detenidas por marinos entre enero y mayo de 2018 fueron ingresadas en esas instalaciones. Recuerda que el 13 de agosto, por ordenamiento judicial, representantes de los familiares, abogados de la CEAV, visitadores de la CNDH y de la Fiscalía de la PGR realizaron una inspección en el domicilio de la calle Arteaga 1429.
Relata el entrevistado: “Hay otras dos bases de operaciones: Laredo Sur y Colombia Nuevo León, donde hay indicios de que algunos de los desaparecidos fueron ingresados. Ambos domicilios tendrán que ser revisados, por lo que es fundamental que sean preservadas las instalaciones.”
Para el defensor la participación de la CIDH en el caso será fundamental porque, “a diferencia del caso de Ayotzinapa, en el que no había evidencia directa, en Nuevo Laredo tenemos testigos sobrevivientes, víctimas que fueron liberadas a punto de morir, por lo que la investigación debe alcanzar no sólo a los perpetradores, sino al responsable de Operaciones Especiales (la unidad que estaba desplegada en Nuevo Laredo) y al exsecretario de Marina”.
En octubre pasado, Ramos Vázquez entregó a Alfonso Durazo Montaño, quien desde el 1 de diciembre es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un grueso expediente de las acciones realizadas por el CDHNL para localizar a las 51 personas detenidas por la Marina en Nuevo Laredo.
El documento –consultado por Proceso y entregado a la CIDH y a Encinas– resalta que de las 51 personas detenidas por elementos de la Marina existen 25 carpetas integradas por la Fiscalía Especializada de la PGR por desaparición forzada que implican a 37 víctimas.
De ese total, en 17 casos hay testimonios directos de la autoría de personal de la Semar en las detenciones de personas de las que no se ha vuelto a saber, además de que se cuenta con videos y fotografías.
El documento también incluye los escritos del Comité de Desaparición Forzada de la ONU en el que solicita información al Estado mexicano, así como las medidas cautelares emitidas por la CNDH y las acciones urgentes de organizaciones como Amnistía Internacional.
Durante la audiencia de diciembre último en la CIDH, Quintana Osuna denunció que aun cuando desde febrero de 2018 la PGR, por medio de su oficina en Nuevo Laredo, abrió las primeras carpetas de investigación por las desapariciones forzadas, durante los primeros tres meses la dependencia no realizó diligencias, y de haber investigado “se hubiera evitado esa serie de desapariciones”.
Los obstáculos
Entrevistada en sus oficinas, Quintana Osuna resalta se les ha negado el acceso a los expedientes, así como a las diligencias en las que están implicados elementos de la Semar.
“Los propios agentes del Ministerio Público han dicho literalmente a mis abogados que no se van a meter con la Marina porque es parte del Estado mexicano”, según la abogada.
Lo anterior, refiere, motivó al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, a pronunciarse el pasado 5 de diciembre por la creación de un Mecanismo de Seguimiento similar al del caso Ayotzinapa.
“Para nosotros es muy importante tener un Mecanismo de Seguimiento para que las desapariciones de Nuevo Laredo no salgan del radar. No pedimos específicamente un grupo de expertos independientes como el que operó en el caso Ayotzinapa, aunque no lo descartaría. Por lo pronto, dentro de la jurisdicción local ya nos fue admitido presentar un perito independiente en materia de contexto, que es Ronald Gamarra, de Perú, uno de los fiscales que investigó los casos de (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos”, apunta Quintana.
Recuerda que antes de que la asesoría jurídica solicitara la creación del mecanismo, la CIDH, en uso de sus atribuciones, pidió al Estado mexicano información sobre las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo. También advierte que el organismo tiene una “importante voluntad política por acompañar estos procesos, de monitorear el trabajo sobre búsqueda de desaparecidos”.
Apunta que la intervención de la CIDH en Ayotzinapa y ahora en Nuevo Laredo “va a permitir tener una dimensión de lo que está pasando en todo el país, y al organismo le va a permitir delinear un mecanismo de monitoreo”.
Convencida de que todas las desapariciones en México son graves, puntualiza que las de Nuevo Laredo se caracterizan porque ocurrieron en un solo lugar y con un tipo específico de agentes involucrados. Ese modus operandi, dice, quizá sea un ejemplo de lo que sucede en el país.
Para la abogada de la CEAV, dependencia que representa a 28 de las 51 víctimas, a diferencia de otras desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa –en las que “la mezcla en la participación de autores te hace perder el foco de quién está implicado como autoridad”–, en los casos de la ciudad fronteriza “hay suficientes elementos para determinar que fueron marinos los directamente involucrados”.
En espera de que sea la CIDH la que fije las reglas del juego del Mecanismo de Seguimiento, las cuales deberán someterse a la aceptación del gobierno de López Obrador, Quintana Osuna insiste: lo primordial es que las familias sean escuchadas.
“Lo que quieren es ver los avances de las indagatorias. El hecho de que Encinas aceptara la grave crisis de desaparición forzada es muy importante, pero abrirse al escrutinio internacional le da una mayor dimensión (al problema de las desapariciones). Ello nos permite retomar todos los estándares internacionales de búsqueda e investigación de desaparición de personas para avanzar en un caso específico, así como dar pasos concretos en medidas de no repetición”, puntualiza.
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No militarizar la seguridad pública, sentencia la Corte Interamericana/
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..;
La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado durante el Operativo Conjunto Chihuahua, en 2009, contradice la intención del gobierno mexicano de asignar las tareas de seguridad pública a un cuerpo militar, como es la Guardia Nacional. Según los familiares de las víctimas, que han padecido casi una década de hostigamiento de autoridades y a quienes se les ha negado justicia en tribunales, la resolución del tribunal regional debe hacer que el presidente López Obrador frene la militarización, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos.
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera con la aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) retoma pronunciamientos para que los órganos de seguridad pública del país estén en manos de civiles y no de militares.
Dichos antecedentes provienen de oficinas y tratados de derechos humanos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de otras resoluciones del mismo tribunal regional contra el Estado mexicano.
El pasado 20 de diciembre la CoIDH notificó que el Estado mexicano tiene “responsabilidad internacional por la desaparición forzada” de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, “así como la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos” ocurridos el 29 de diciembre de 2009 en el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua, que involucran a militares que participaron en el Operativo Conjunto Chihuahua.
Esta sentencia es la primera que analiza las violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto de la militarización de la seguridad pública, como parte de la estrategia de combate al crimen organizado, bautizada como “guerra contra el narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.
Los jueces del tribunal regional recuerdan que desde 2010 hay una manifiesta preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con México “por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden público, y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de autoridades civiles”.
Mientras los legisladores mexicanos buscar reformar la Constitución para militarizar la seguridad con la Guardia Nacional, la CoIDH considera que, “como regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos civiles”, y recuerda que “el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.
La corte establece que, si las Fuerzas Armadas asumen tareas de seguridad, deben hacerlo de forma extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. Además, su actuación debe ser regulada con protocolos sobre uso de la fuerza “bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia”, además de estar debidamente fiscalizada por órganos civiles independientes.
En la sentencia se dice que organismos y mecanismos nacionales e internacionales “han dado cuenta de alegadas graves violaciones a derechos humanos asociadas a la actuación de elementos castrenses” en la estrategia del combate al crimen organizado, “entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad crónica, como patrones estructurales comunes”.
“La herida sigue abierta”
La desaparición de los primos Alvarado se encuadra en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada hace 12 años.
La sentencia del tribunal intermericano identificó que el Estado mexicano violentó diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, relacionados con los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, así como al acceso a la justicia.
La CoDH también encontró responsabilidad del Estado mexicano por la violación a la integridad personal y a los derechos de circulación y residencia en agravio de los familiares de las víctimas, que durante los nueve años de búsqueda de sus seres queridos han sido amenazados y hostigados, al grado de tener que desplazarse forzadamente dentro del país y, en al menos 11 casos, solicitar asilo político en Estados Unidos.
No obstante, para María de Jesús Alvarado Espinoza la lucha por localizar a sus familiares empieza a dar frutos:
“Va a marcar un precedente en la historia de México, porque va a dar voz a los más de 37 mil desaparecidos y a sus familiares”, dice en entrevista telefónica desde donde se oculta en México, ya que al asistir como testigo a la audiencia de la CoIDH en Costa Rica, el 26 y el 27 de abril de 2018, perdió el derecho de continuar su trámite de asilo en Estados Unidos, donde se había refugiado con su familia después de ser amenazada, criminalizada y hostigada por militares destacamentados en Chihuahua.
“No pude evitar llorar al terminar de leer la sentencia. La herida sigue abierta, no cicatriza, pero puedo decir que como familia nos dio gusto que la corte haya descartado la teoría del Estado mexicano de responsabilizar al crimen organizado por la desaparición de nuestros familiares, argumentando, sin pruebas, que habían sido delincuentes disfrazados de soldados los que se los llevaron.
“Que una sentencia diga que fue el Ejército el responsable de desaparecer a mis familiares, los obliga a decirnos dónde están, qué fue de ellos”, comenta María de Jesús.
Sin embargo, el resultado del litigio no tranquiliza a la hermana de Nitza Paola. En una reciente revisión del expediente militar que se integró por la desaparición de sus familiares, María de Jesús encontró un memorándum de 2010 en el que el general Felipe de Jesús Espitia –en ese momento responsable del Operativo Conjunto Chihuahua– ordenó difamarla para contrarrestar el activismo de la familia, que identificó al teniente coronel Élfego Luján como responsable de la detención arbitraria de los jóvenes.
“Leí en el expediente militar que Espitia daba órdenes de realizar acciones de contrapropaganda gris en perjuicio mío, con el fin de dar a conocer a la población y a la sociedad civil que tengo antecedentes penales y que en dos ocasiones he sido procesada. Tenemos miedo porque hay órdenes escritas para actuar en mi contra y apenas nos enteramos de que Élfego Luján (procesado por otros cargos) está libre y las autoridades no saben dónde está.”
Al llevar el caso a la CoIDH, la familia Alvarado buscó justicia para sus seres queridos, pero también incidir en las políticas públicas:
“Queremos que se cumpla la sentencia en su totalidad, que se nos diga qué pasó, porque tenemos derecho a la verdad. Pero además a Andrés Manuel López Obrador, que quiere crear la Guardia Nacional, le pedimos que reconsidere, que vea en nuestro caso, que la militarización no es la manera de controlar la violencia. Ya lo vivimos, sería volver a las graves violaciones a derechos humanos; eso atenta contra la población civil”, sostiene Alvarado Espinoza.
Militarización “incompatible
con los derechos humanos”
Ruth Fierro y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), una de las organizaciones que litigó el caso en el Sistema Interamericano, coinciden con María de Jesús en que uno de los aportes de la sentencia de la CoIDH es establecer la incompatibilidad entre la militarización de la seguridad pública y el afán de garantizar los derechos humanos de la población.
A la directora del Cedehm, Ruth Fierro, le llama la atención que hasta el momento el gobierno federal no se haya pronunciado por el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso Alvarado, como sí lo hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 21 de diciembre, sobre la resolución del tribunal en el caso Atenco, relacionado con la tortura sexual contra 11 mujeres en mayo de 2006.
“Hasta ahora no se han puesto en contacto con nosotros, pero en una reunión que tuvimos las organizaciones de Chihuahua con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para hablar de medidas de protección dictadas por organismos locales e internacionales, algunos integrantes de la familia Alvarado se acercaron a él para advertirle que venía la sentencia de la corte y que al gobierno de López Obrador le tocaba atenderla”, narra la defensora.
Advierte que la sentencia del tribunal regional también hace aportaciones importantes al abordar los desplazamientos forzados de familiares de víctimas de desaparición forzada y la obligación que tiene el Estado de atenderlos y darles garantías para su retorno, además de dar pautas para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas a fin de que se adopten en México.
La directora del Cedehm reconoce que en la coyuntura actual, con la pretensión gubernamental de continuar con la estrategia de seguridad de los últimos 12 años mediante la Guardia Nacional, la sentencia sobre el caso Alvarado advierte “de las consecuencias y de los estándares que se tienen de seguir si se pretende involucrar en la seguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas, por lo que el llamado sería a que no se adopte una reforma constitucional que vaya en contra de esta sentencia”.
Para Gabino Gómez, “esta sentencia le viene a dar un empujón y a fortalecer las demandas que el conjunto de organizaciones y diversos colectivos hemos mantenido contra la militarización de la seguridad, y más en esta coyuntura por intención de López Obrador de crear la Guardia Nacional, que es completamente contraria a lo que la sentencia establece, con el análisis que hace de la política militarista”.
Mantener la estrategia militarista, dice, implica garantizar la impunidad que han gozado los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos. Recuerda que cuando el entonces titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, Salomón Baltazar, solicitó una orden de aprehensión contra el teniente coronel Élfego Luján, “los militares estaban muy enojados, y cuando se negó la orden, el Ejército presionó para que renunciara”.
Gómez hace votos para que la sentencia sea considerada en todos sus aspectos y, en vista de que “ahora hay otras condiciones, esperemos que se abran los archivos y que se diga qué pasó realmente, que podamos encontrar a esas personas con o sin vida, y que en el plano nacional no se apruebe el plan de seguridad de López Obrador, porque es violatorio de las convenciones y de los derechos humanos”.
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Revista Proceso # 2201, 6 de enero de 2019..;
Tercera Brigada de la Policía Militar: Un cuerpo represivo, hacia la Guardia Nacional/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
En su controvertido proyecto de Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla a toda la Policía Militar, incluida la Tercera Brigada, con sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. Una particularidad de este cuerpo castrense es haber participado en la represión lo mismo de civiles que de movimientos sociales como los del magisterio disidente y los electricistas. Mediante datos obtenidos a partir de solicitudes de información, Proceso documenta el modus operandi de esta siniestra brigada en las últimas dos décadas.
Cada paquete contenía un overol azul, botas y casco. Se encontraban bajo escudos enormes y kendos en una formación impecable, inanimada, que se multiplicaba por cientos en el patio de barracas que ocupan los elementos de la Primera Brigada de Policía Militar (PM). Con dirección a la puerta 8 del Campo Militar Número 1-A, decenas de autobuses de turismo calentaban motores.
Los elementos de la Primera Brigada estaban concentrados desde el 11 de septiembre de 2013, a la espera de una orden que, sin ser explícita, se anticipaba para desplazarse al Zócalo capitalino a desalojar de la Plaza de la Constitución a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los maestros disidentes habían levantado un campamento para protestar contra la Reforma Educativa. Aquel día, Proceso recorrió el Campo Militar para recoger testimonios en los juzgados castrenses.
El 13 de septiembre se dio el ultimátum. El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que los inconformes tendrían hasta el mediodía para retirarse o serían desalojados. El objetivo era sacarlos de ahí para que Enrique Peña Nieto encabezara su primera ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia como presidente de México.
Minutos antes de la hora fijada, dos cohetones anunciaron el repliegue magisterial que se condujo pacífico por la calle de Mesones, llegó al Eje Central y avanzó; parecía que tendrían el camino libre para confinarse en el Monumento a la Revolución. No obstante, por la calle Madero apareció la turba uniformada, lanzando piedras y adoquines. En la esquina de 16 de Septiembre los presuntos federales, con uniformes descuidados y notorio desaliño, detuvieron a la dirigencia magisterial oaxaqueña que desfilaba en la vanguardia y desataron las golpizas por avenida Juárez.
No era la primera vez que la Primera Brigada de PM participaba así –con uniforme de Policía Federal– en un control de multitudes, pues desde 1999 un convenio de colaboración entre las secretarías de Gobernación (Segob) y la de Defensa Nacional (Sedena) dio origen a la Policía Federal Preventiva (hoy PF) y se mantuvo a través del tiempo.
Dicho convenio se renovó año tras año hasta 2009, después de la Segob con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), creada por Vicente Fox, mantenida por Felipe Calderón y, aunque sin rastro documental posterior, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo evidencia de sus actividades en operativos como el del 1 de diciembre de 2012.
La Primera Brigada, pero principalmente la Tercera Brigada, cuya sede está en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, están contempladas, al igual que toda la PM, en el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar la Guardia Nacional. Aunque su participación no es novedad.
Planteada por el nuevo mandatario como eje de su política de seguridad, la Guardia Nacional se haría cargo de los delitos del fuero federal y también del fuero común, con una reforma constitucional de por medio. Pero el plan ya está en marcha, aun sin reforma ni ley, desde el 2 de diciembre, según declaraciones del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.
Desde 1999, la Sedena, la Segob primero y la SSP después, con intervención y firma de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, suscribieron convenios de colaboración que fueron obtenidos por Proceso a través de solicitudes de información.
Dichas solicitudes a la Sedena (folio 000700131412) y a la SSP (0002200148812) establecen precisamente la comisión de tropas de la PM para la integración de la PF desde hace dos décadas; a través de ésta aquellas participaron en las represiones más sonoras contra movimientos sociales, así como en la “guerra contra el narco” declarada por el presidente Felipe Calderón en 2006, días después de asumir el cargo.
Engaños de guerra
El envío de la PF desde 2008 para hacer frente a la inseguridad devino en quejas de los ciudadanos víctimas de extorsiones, revisiones ilegales y allanamientos sin orden judicial; algunas veces sufrían golpizas, torturas y asesinatos que nunca se investigaron, por lo que las autoridades chihuahuenses promovieron el arribo del Ejército en marzo de 2009.
El cambio fue de uniforme. Cientos de elementos pertenecientes a la Tercera Brigada de PM, quienes se desempeñaban como policías federales, se sumaron al convoy de militares de infantería en un aparatoso desfile de vehículos que atravesó varias entidades para posicionarse en el norte.
El cambio de uniforme fue recogido en testimonios obtenidos por Proceso entre oficiales de la Tercera Brigada que participaron en ese despliegue, como años antes, en 2005, lo habían hecho en el Operativo México Seguro, el más aparatoso y perjudicial enviado durante el gobierno de Vicente Fox a Nuevo Laredo, Tamaulipas, punto de partida para que la violencia se extendiera por todo el noreste.
En marzo de 2010, el Operativo Conjunto Chihuahua daba signos de fracaso. El cambio de uniforme no impactó en las conductas de los militares, que en un año acumularon oficialmente 630 denuncias contra soldados y 348 contra policías federales que, en muchos casos, también eran soldados.
La violencia no cedía en Chihuahua y, para entonces, la Tercera Brigada era objeto de pesquisas judiciales militares: uno de sus principales mandos, el general Joaquín Morales Ojeda, fue preso por corrupción, mientras que a varios jefes operativos destacamentados en Huehuetoca, Estado de México, se les acusó de haber tomado parte en un secuestro y dos homicidios; uno de ellos incluso fue señalado de tener nexos con el cártel de Los Zetas y de venderles una USB con información de operativos y despliegues de los años en que la Tercera Brigada estuvo en Tamaulipas con funciones de Policía Federal.
Dichos casos fueron revelados en la edición 1871 de Proceso y, aunque la mayoría de los oficiales detenidos demostró que todo se obtuvo mediante confesiones arrancadas bajo tortura militar (Recomendación CNDH 041/2011), expedientes como el 482/2010, radicado en el Juzgado IV de Justicia Militar, permiten confirmar las actuaciones de la Tercera Brigada en los operativos de mayor impacto de la PF, inclusive hasta bien entrado 2011.
De policía civil, un fracaso
En 1997, la inseguridad en la Ciudad de México se quiso resolver con el envío de 2 mil 598 soldados de la Tercera Brigada de PM. La medida fue operada por el general Enrique Salgado Cordero, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien cosechó el fracaso con indicadores delictivos al alza y con tanta impericia que los PM, metidos de policía de proximidad, en un mes de operaciones ya habían chocado 26 patrullas y atropellado a tres personas, según documentó entonces la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Su primera medida fue parecida a la que se plantea con la Guardia Nacional. Los soldados de la Tercera Brigada asistieron a capacitación en el Campo Militar Número 1-A para contar con formación de policía civil; sustituyeron a los policías preventivos, y fueron militares de carrera quienes asumieron los mandos operativos. A todos se les incrementó el salario.
Duró poco. El general Salgado Cordero debió dejar el cargo en septiembre de 1997, luego de que dos escuadrones policiacos, conocidos como Zorros y Jaguares (implicados también en represiones históricas como la del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 (Proceso 2193), desaparecieran a seis jóvenes en la colonia Buenos Aires. Sus cuerpos fueron localizados, desmembrados, en el Ajusco y en un paraje de Tláhuac.
Para la época fue un escándalo y tuvo que intervenir el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien anunció el 29 de septiembre la destitución del general Salgado Cordero, mientras que la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que admitió el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos como el Buenos Aires-Ajusco.
No obstante, dos años después la Tercera Brigada fue requerida para tareas de seguridad pública. En 1999, el gobierno de Zedillo decidió la ya mencionada creación de la PF (Proceso 1500), quedando como comisionado el almirante Wilfrido Robledo.
Bajo su mando, fue esa Tercera Brigada la que, en febrero de 2000, ingresó a Ciudad Universitaria para reventar la huelga universitaria y encarcelar durante meses a casi un millar de estudiantes.
Con disfraz de represor
La noche del 11 de octubre de 2009, el presidente Felipe Calderón decretó la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y –previsible el conflicto laboral y social que acarrearía la medida en el centro del país, donde esa paraestatal se encargaba del suministro de electricidad– ordenó el despliegue de elementos de la PF en todas las instalaciones de la dependencia.
La SSP, cuyo titular era Genaro García Luna, filtró imágenes de aquel operativo, donde se observaba a soldados de infantería y vehículos militares. El video, publicado por El Universal, así como el trabajo de los fotorreporteros de Reforma, provocaron preocupación en la Sedena, de acuerdo con las comunicaciones de las que obtuvo copia Proceso.
El 12 de octubre de 2009, el general de brigada Juan Manuel Castillo Segura, Diplomado de Estado Mayor (DEM), envió el mensaje número 33063 con carácter de “extraurgente” al comandante de la 22 Zona Militar para instruirlo sobre la “restricción de movimientos”:
“Hago de su conocimiento que en los periódicos El Universal y Reforma, se publicó la nota periodística ‘Fuerzas federales custodian termoeléctrica en Edomex’ y ‘Vigilan PF y Ejército subestaciones’, en la cual se aprecia una fotografía de un vehículo militar 6.5 toneladas, con las siglas 0825277, perteneciente al 25 Batallón de Infantería (Toluca), no obstante haber comunicado telefónicamente y posteriormente en mensaje F.C.A. No. 41726 del 11 de octubre de 2009, que estaban suspendidas las supervisiones y relevos en vehículos y con personal uniformado que permita su identificación como militares, debiendo realizarlas con uniforme azul o civil, y en vehículos que no contengan características militares.”
Las notas periodísticas mencionadas por el general Castillo Segura motivaron un “correctivo disciplinario” al comandante del 25 Batallón de Infantería. El oficio hacía extensiva la orden a las unidades de la Zona Militar 37-C, es decir, la de San Miguel de los Jagüeyes, sede de la Tercera Brigada de PM.
El caso fue documentado por este semanario en diferentes ediciones de 2011, a partir del encarcelamiento del teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez, quien fue acusado de abandono del servicio días después de inconformarse por la comisión “en disfraz” de PF.
Otro caso es el de la participación de la Tercera Brigada en el operativo de desalojo a los mineros huelguistas de la siderúrgica “Las Truchas” (Sicartsa), en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006.
En su Recomendación 037/2006, la CNDH determinó que la comandancia de la Tercera Brigada participó en la planeación, coordinación y ejecución del operativo –en el que perdieron la vida dos trabajadores–, así como de iniciar los procedimientos que pudieran derivar en responsabilidad penal de los soldados, o bien, de los elementos orgánicos de la PF.
Operativos militares históricos
Además de obtener las copias de los convenios entre la Sedena, la Segob y la SSP, Proceso realizó otras solicitudes pidiendo información sobre su participación en operativos considerados hoy históricos y que, pese a la violación de derechos humanos, se mantienen en la impunidad.
Una de las solicitudes (Folio 04131 0086012), dirigida a la PF, consistió en indagar la participación de la Tercera Brigada o algún otro cuerpo castrense en el operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Para ello se solicitó copia de documentos que establecieran órdenes, divisiones que participaron, motivación y sustento constitucional, periodo de estancia, cantidad de elementos e, inclusive, viáticos. La respuesta fue que la información era inexistente.
Sin embargo, ese fue otro escándalo que implicó a personal de la Tercera Brigada, pues la CNDH documentó que ese cuerpo militar participó en la represión de San Salvador Atenco, como quedó asentado en la recomendación 38/2006.
Dicha recomendación alude al convenio de colaboración entre la Sedena y la SSP; acredita la participación de la PM en el operativo, e inclusive, la hospitalización de 17 elementos heridos, todos policías militares.
Respecto a lo ocurrido en San Salvador Atenco con la probada participación de militares bajo órdenes de la PF, la CNDH le recomendó el establecimiento de “ejes y acciones para la adecuada prevención del trato cruel y/o degradante, así como de tortura, a través de la capacitación de los elementos de la PF, extendiendo dicha capacitación a los elementos que en vía de apoyo o colaboración sean comisionados a esa secretaría”.
En otra solicitud de información (folio 0413100085912) dirigida a la SSP, Proceso obtuvo una versión pública del despliegue operativo realizado en Oaxaca, durante octubre y noviembre de 2006, cuando el gobierno federal intervino en el conflicto social protagonizado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).
Esa respuesta permite observar las órdenes otorgadas, pero una vez más el intento de ocultar hasta el grado de quienes giraban las órdenes se estableció en la respuesta de la institución, que reservó por 12 años la información.
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