Columnas políticas, hoy viernes 8 de febrero de 2019....

Colocan cinco mantas con amenazas contra el Presidente López Obrador, en Tijuana
Presuntos grupos del crimen organizado exigen al Presidente desistir de la estrategia contra la violencia en esa ciudad fronteriza; uno de los mensajes fue firmado por el Cártel Arellano Félix
A las 22:00 horas del miércoles policías detuvieron a un hombre que colocaba en un puente peatonal una de las mantas, sin embargo, el sujeto dijo sólo haber sido contratado para instalar el mensaje en ese punto.

Hace siete días, el 31 de enero, apareció la primera amenaza directa contra el presidente: una manta y un explosivo fueron hallados en inmediaciones de la refinería de Salamanca, en Guanajuato.
“El señor Marro”, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, firmó el mensaje en el que asegura que la refinería le pertenece, además de amenazar con asesinar a inocentes si no se detiene la estrategia federal contra el robo de combustibles.
Ante ello, en la mañanera de hoy, el Presidente @lopezobrador_ confesó hoy que su tipo de sangre es,  "T4 positivo: transformación cuarta”.
Y ante amenazas reiteró que sí tiene miedo pero no es cobarde...
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Columnas políticas, hoy viernes 8 de febrero de 2019....
Bajo Reserva /El Universal
Cuau Blanco y Graco con la misma camiseta
Aficionados de la política en Morelos ven mucha semejanza en las acciones del actual gobernador Cuauhtémoc Blanco y su antecesor Graco Ramírez, como si de una cascarita de futbol se tratara. Desde la tribuna, nos dicen, observan que ambos recortaron con sus matices el presupuesto del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. El recorte aplicado por don Graco, vía el Congreso local, fue litigado en 2018, pues el perredista morelense quiso tener sometido al organismo con fines político-electorales, nos comentan. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que hubo fault y ordenó la entrega de recursos. Ahora Blanco es señalado por querer meter otra zancadilla al tribunal local con un recorte de 13 millones de pesos —pidió 31 y le dieron 18, aunque en 2019 no hay elecciones. El Tribunal federal sacó tarjera amari lla en esta cascarita en la que Blanco y Ramírez parecen usar la misma camiseta: la resolución de que el Presupuesto 2019 aprobado por el Congreso morelense aún no es definitivo. ¿Habrá tiempo extra?
Gira de la embajadora en EU
Con todo el discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aquella frase de que los “muros salvan vidas”, la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, ha comenzado sus giras por el territorio estadounidense para llevar el mensaje a las comunidades de paisanos y a los actores políticos y sociales que la relación bilateral es positiva para la vida de millones de ciudadanos estadounidenses. Entre sus argumentos, nos dicen, expone que casi 5 millones de trabajos en Estados Unidos dependen en gran medida del comercio con México, que asciende a la sorprendente cifra de un millón de dólares por minuto. Nada más. Doña Martha va en un ánimo de construir y fortalecer los vínculos con el gobierno de don Donald. ¡Nada de confrontación!
Gertz revisa la nómina
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, revisa minuciosamente la nómina de la institución a su cargo con la intención de evitar despidos masivos. Nos adelantan que por lo pronto tuvo diálogos con la organización sindical para solicitar que se protejan los derechos de los trabajadores de base y se pueda encontrar reacomodo a los empleados de confianza. Entre las alternativas que se contemplan, nos explican, están que algunos puedan trabajar en los Ministerios Públicos, principalmente para explicar a los ciudadanos cómo hacer una denuncia a fin de agilizar el trámite. Nos dicen que don Alejandro busca también con estas medidas terminar con la tramitología y la burocratización en la fiscalía.
Estrellita de AMLO a Astudillo
Nos dicen que el gobernador priísta de Guerrero, Héctor Astudillo, se ha portado tan pero tan bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que próximamente el gobierno federal presentará un programa para entregar de manera gratuita fertilizantes a los productores guerrerenses. Nos comentan que este es un plan único para el estado de Guerrero, por órdenes directas del jefe del Ejecutivo, quien en su visita del jueves a Iguala devolvió la flor a don Héctor, quien ha tenido un excelente comportamiento frente al tabasqueño. AMLO le puso su estrellita al guerrerense…
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El relevo en la Suprema Corte/Editorial El Universal
Antes de que termine el mes de febrero la ministra Margarita Luna Ramos concluirá sus funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna con las candidatas a ocupar la vacante, propuesta que ha sido cuestionada en algunos círculos por considerar que incluye solo a mujeres cercanas al mandatario. De acuerdo con la ley, es facultad exclusiva del Ejecutivo seleccionar a las aspirantes.
La realidad que ha prevalecido en los últimos años es que ha sido una práctica común que los candidatos o candidatas sean figuras ligadas al presidente en turno, pero todas con mérito suficiente para llegar a la Corte. A pesar de lo anterior, desde que se dio la reforma al Poder Judicial, en 1994, la Suprema Corte se ha instalado como un contrapeso real a los otros dos poderes y se ha colocado al lado de las causas que defienden los derechos humanos.
Esta semana EL UNIVERSAL conversó con las tres aspirantes al máximo tribunal del país y todas coinciden en que seguirán la línea de independencia y autonomía que ha caracterizado al Poder Judicial.
Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, señala que entre poderes debe haber diálogo y respeto, comunicación y coordinación, pero nunca sumisión.
Celia Maya, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, afirma que en el momento que se designe a la nueva ministra, el Legislativo debe dar mayor peso a la trayectoria que a las filias partidistas. Asegura que ha ejercido la independencia judicial durante 40 años sin que su manera de pensar influya en su tarea de juzgadora.
Loretta Ortiz defendió su origen académico y consideró que la Corte requiere de personajes externos para crear un balance con aquellos que provienen de la carrera judicial. Desde su perspectiva, la independencia y autonomía de la SCJN deben ser piedra angular de la democracia.
Las tres destacan la necesidad de impulsar la presencia femenina en el Poder Judicial debido a que se ha quedado rezagado en comparación con el avance que presentan tanto Ejecutivo como Legislativo, donde prácticamente se ha alcanzado paridad.
La decisión que tomará en los siguientes días el Senado representa una oportunidad para hacer una selección con base únicamente en los méritos de las aspirantes.
Las tres cumplen de sobra con los requisitos para llegar a la Corte. Cualquier sospecha de dependencia que se les pueda adjudicar, no será eliminada únicamente con un discurso basado en la autonomía, serán sus decisiones en el pleno las que hablen. Esa sería la mejor forma de evaluarlas.
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AMLO ante crimen organizado y Fuerzas Armadas
EN PRIVADO/Joaquín López Dóriga...
Sí, vengo del ayer, pero mi información es de mañana. Florestán.
Le contaba aquí, que en Tercer Grado del miércoles, el doctor Leopoldo Gómez, puso en la mesa la relación del presidente López Obrador con los centros de poder, y que yo apunté, en mi turno, el económico, el político, el eclesiástico, el sindical y Donald Trump, a lo que Denise Maerker añadió el del crimen organizado, poder fáctico y Leo Zuckerman el del Ejército, poder institucional, que se me habían pasado.
Respecto a la delincuencia organizada debo decir que es una guerra que hemos perdido porque está por encima de fronteras, instituciones, cambios de gobiernos y de la ley, que solo se rige por la violencia, el dinero, el poder y la corrupción en todos los sectores.
Ante esta insoportable realidad, López Obrador ha operado en dos ejes: uno, que no irá sobre los jefes de los cárteles, a diferencia del anterior gobierno en el que se hizo una relación de objetivos prioritarios a capturar, que quiere que las madres buenas hablen con sus hijos malos para que dejen ese camino y la creación de la Guardia Nacional con más mando militar, en lo operativo, que civil, en lo administrativo.
En cuanto a su relación con las Fuerzas Armadas, marcadamente el Ejército, para él ha sido un descubrimiento su institucionalidad y organización, a pesar de haberlas denostado como opositor, cuando las descalificó, acusó de represoras y que con él volverían a los cuarteles lo que luego negó pero las benditas redes lo ratificaron.
López Obrador quedó encantado con el Ejército, donde las órdenes no se discuten, se acatan, y lo ha convertido en su brazo operador: desde constructor de aeropuertos y centros habitacionales, hasta su rol fundamental en el combate a la inseguridad y violencia, a través de la Guardia Nacional, pasando por su operación en todo tipo de conflictos, incluida la operación de las nuevas pipas de Pemex.
Nadie pudo pensar que aquel López Obrador hiciera, como presidente, de las Fuerzas Armadas su eje de gobierno.
Pero sin ellas, este país no funciona, lo que descubrió después del uno de julio.
RETALES
1. RIESGO.- El tema de las huelgas que se inició en Matamoros, se extiende ya a Reynosa y a Ciudad Victoria. Si se sigue ignorando contagiará la frontera norte lo que parece no verse desde la secretaría del Trabajo;
2. HOUSTON.- Una buena decisión ha sido la designación de Carmelina Esquer al frente de PPI de Houston, que tendrá un papel central en el funcionamiento de Pemex y que tiene toda la confianza del mismísimo López Obrador; y
3. VOTOS.- Hasta anoche, el gobierno no tenía en el Senado la mayoría calificada para la aprobación de la Guardia Nacional. Los votos en contra ya adelantados del PAN, MC y parte del PRD, hacen indispensables los del PRI, cuya fracción, coordinada por Miguel Angel Osorio Chong, mantiene su rechazo. Veremos el jueves.
Nos vemos el martes pero en privado.
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Guardia, Chapo, Fuerzas Armadas y de locriminógeno a lo criminal/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior...
No hay mayor desafío en nuestro país que la vigencia del Estado de Derecho. La justicia termina siendo en demasiadas ocasiones selectiva y en otras se corrompe o se esconde. Es un problema endémico y marcado por una ineficiencia y burocratización que terminan siendo los mejores acompañantes de la corrupción. 
Cuando hablamos de que se denuncian menos del diez por ciento de los delitos que se cometen y de esos sólo entre un 6 por ciento, en el mejor de los casos, termina con una condena, la evidencia de la impunidad es incontrastable. El mejor ejemplo lo terminó dando el propio presidente López Obrador esta semana: dijo que por el delito de robo de combustible habían sido detenidas 600 personas pero que sólo 60 terminaron con un proceso, porque el delito sigue considerándose como no grave. ¿Qué sentido tiene encabezar una guerra contra un delito que no se considera grave y por el cual sólo una décima parte de los detenidos, ninguno de importancia, terminan detenidos, y quien sabe si condenados? Y no es sólo el huachicoleo, lo mismo pasa con asaltantes, con narcotraficantes, con secuestradores.
El presidente López Obrador se equivocó cuando en dos o tres oportunidades, en apenas una semana, insistió que había intervenido ante la Suprema Corte para “evitar un fraude de 35 mil millones de pesos” de exaccionistas de la cervecería Modelo que reclamaban la devolución del ISR por la venta accionaria de esa empresa. No vamos a discutir sobre el exigencia de los accionistas, es un tema para fiscalistas y no somos especialistas en el tema. Pero debemos insistir en señalar que si quienes están reclamando esa devolución de impuestos lo están haciendo por la vía judicial y por ella llegaron hasta la propia SCJN no están haciendo un fraude, están reclamando un derecho, un beneficio que simplemente debe ser la propia Corte la que defina, como lo hizo, si es válido o no. Y decidió que no. Punto final.
Lo que no puede hacer el presidente es reclamarle a la Corte y mucho menos decir que intervino ante ella para “evitar el fraude”, agregando además que si hay jueces corruptos él mismo los castigará. Por supuesto que el Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo de hacerle llegar al Poder Judicial sus opiniones sobre un tema, pero no puede intervenir en la decisión, mucho menos expresarlo públicamente de esa forma. Tampoco él puede destutir a un juez porque lo considere, o sea, corrupto. Es una responsabilidad de la propia Judicatura y las denuncias se deben canalizar por ese órgano. 
Claro que hay jueces corruptos, aquí mismo los hemos exhibido durante años, pero la decisión de quitar a un juez es del Consejo de la Judicatura, no del presidente de la República. No es tampoco un tema abandonado, el nuevo presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, más temprano que tarde comenzará a dar a conocer casos de jueces que tendrán que explicar su riqueza inexplicable. Pero esas son decisiones judiciales.
Tampoco es válido que, desde otros ámbitos, se le reclame a la Corte o a su nuevo presidente que se convierta en una suerte de vocero de la oposición ante el Ejecutivo como una forma de ejercer de contrapeso a éste. Primero, porque el Poder Judicial debe ser, así está contemplado en la Constitución, contrapeso de los otros poderes pero también un poder que contribuya a la gobernabilidad. Una Corte protagónica, contestaría, no sirve ni de contrapeso ni abona a la gobernabilidad. Veamos simplemente el caso de Brasil y la interminable danza de venganzas político-judiciales que han acabado con la gobernabilidad del país. Apenas ayer en una decisión mucho más política que judicial le sumaron otra condena de 12 años al dirigente más popular del país, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Con un detalle, el juez más duro, exhibicionista, popular, mediático (tiene hasta una serie en Netflix) el verdugo de Lula, Sergio Moro, repentinamente saltó del Poder Judicial al Ejecutivo y es ahora la mano derecha del presidente Bolsonaro, el gran beneficiario de que Lula no estuviera en la boleta electoral. En Brasil le llaman el gobierno de los jueces y el costo para el país, en todos los sentidos, ha sido altísimo.
El contrapeso de la Corte ante los otros poderes no se da con declaraciones sino con resoluciones judiciales. La responsabilidad máxima de la SCJN es ser el garante de la Constitución, no reemplazar a una oposición lamentablemente desarticulada. Y varias de sus ultimas resoluciones, como el tema de los salarios lo demuestran. Y tienen un desafío inmediato que pasa por reconstruir y modernizar un sistema judicial rebasado, anacrónico, que permita que el índice de impunidad, por lo menos desde su ámbito, que no es el único involucrado, disminuya sustancialmente.
LOS ABARCA
Hablando de justicia: ¿realmente alguien puede creer que el matrimonio Abarca, como le dijeron ayer en Iguala al presidente López Obrador, es una pareja de presos políticos? Son políticos, que ordenaron y solaparon asesinatos, crímenes, protección a cárteles criminales, que están presos. El orden de los factores sí altera el producto. Sería lamentable que fueran parte de una amnistía, así fuera solapada, cuando son la principal pieza del esquema de corrupción del caso Ayotzinapa.
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El inefable Napito
ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio
El Financiero...
Los problemas legales para Napoleón Gómez Urrutia se están incrementando. El miércoles, una pequeña manifestación en el Ángel de la Independencia precedió a una acusación formal de fraude en contra de más de dos mil mineros de Cananea ante la Fiscalía General, y una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que interceda y fuerce al líder minero, apodado Napito, a que aclare qué hizo con esos recursos. La acusación es secuela de un viejo proceso por no haberlos indemnizado con los 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana Cananea. Pero lo más probable es que esta nueva denuncia corra la suerte de las anteriores: será congelada y sobreseída, mientras Napito acumula poder bajo la protección presidencial.
Napito es el líder sindical más empoderado de la Cuarta Transformación, que están construyendo un renovado polo de poder en el cambio de régimen propuesto por el presidente López Obrador, que podría convertirse en un problema para su proyecto de nación. Pero no es el único. En poco más de dos meses de gobierno, los sindicatos que apostaron por López Obrador están canjeando rápidamente sus respaldos. En Michoacán y en el territorio CNTE, la disidencia magisterial está respaldándose en el gobierno para cobrar los adeudos que durante meses les fueron negando. En Tamaulipas, se enfrentaron a las maquiladoras y encontraron en sus contratos colectivos la manera de incrementar sustancialmente, dentro de la ley, sus ingresos.
Gómez Urrutia, sin embargo, se maneja en estadio diferente. Acusado por el fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, se fugó de México y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, arropado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, pero encontró la puerta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador para su retorno triunfante. Napito fue colocado en la lista plurinominal de senadores, luego que el líder laborista del Reino Unido, James Corbyn, se lo recomendara a López Obrador.
Con ese apoyo, el Tribunal Electoral desestimó que el líder minero tuviera la nacionalidad canadiense, y contra las disposiciones legales, aprovechando un hueco en la Ley, aprobó su candidatura.
Desde la parte final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ya habìa resuelto la parte penal de la demanda, al exonerarlo la PGR del fraude a los mineros, quienes no se quedaron quietos. Este miércoles lo volvieron a demandar. De acuerdo con Eje Central,presentaron cuatro documentos que la firma de Napito, que se constituye comorepresentante de los miembros del sindicato minero, cuando “no estaba facultado jurídicamente” para representar a quienes ya no eran mineros sindicalizados sino en retiro, según los quejosos. Miembros de la Comisión de Reclamantes han buscado audiencia con López Obrador desde que era presidente electo para que interceda en el esclarecimiento del destino de los recursos que “por justicia” deben recibir los trabajadores, sin éxito hasta ahora.
No se ve tampoco que vayan a fructificar sus recursos legales. Gómez Urrutia ha ido aprovechando las contradicciones y conflictos que viven los sindicatos y el descrédito de muchos de sus líderes para ir tejiendo alianzas que, como lo aprecian quienes observan los movimientos en ese sector, emerja como el gran líder de todos los sindicatos, como se apreció en la huelga de maquiladoras en Matamoros, donde el sector empresarial lo acusó de estar detrás de los sindicatos que se fueron a paro para presionar por aumento de salarios, prestaciones y bonos extraordinarios. Napito ha negado esas imputaciones, pese a que varios de quienes encabezaron el movimiernto fueron vinculados a él.
La turbulencia en los sindicatos ha abierto los espacios, alimentada por la permisividad del gobierno que no ha sido intermediario sino verdugo. El caso del dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, es un ejemplo. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le exigió que renunciara, a lo que Romero Deschamps se negó hacerlo en los términos de capitulación como se le pidió. El resultado fue una operación de pinzas.
Por un lado, la asociación Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo, revivió una denuncia penal en la Fiscalía General, que presentó por los mismos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, en 2017. Por el otro, se empezó a circular en redes sociales nombres de posibles sustitutos e insinuaciones de investigaciones, lo que puso muy nervioso al dirigente petrolero al llevarlo a un terreno donde afloran los errores, como pedir un amparo buscador, como definen a aquellos recursos legales para saber si hay procesos en contra de uno, que alimentó la percepción de que delinquió.
El cambio de cabezas en los sindicatos, parte de la política de relevo general de López Obrador, es lo que ha aprovechado Gómez Urrutia. Tiene como alfil a Pedro Haces, quien fue colocado como senador sustituto de Germán Martínez, y tomó su lugar en el Senado al pedir licencia para dirigir el Seguro Social. “Los días de la CTM están contados”, dijo Hacer al relevar a Martínez. “Se acabó la era de los cacicazgos. Nunca más la imposición y el dedazo en los sindicatos”. Lo primero que hizo en esa cámara, fue forjar la relación con quien representa lo contrario, Napito.
La fortaleza de Gómez Urrutia se incrementa cada vez más. La denuncia presentada en su contra es la continuación de procesos legales que lo han perseguido por cuatro sexenios, sin que lo alcancen. Ahora, con López Obrador en la Presidencia, menos. Napito va corriendo a ser el Fidel Velazquez de la Cuarta Transformación...
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