Se atrevió -como muchos- a criticar las conferencias mañaneras de AMLO:..“Se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel. Está este señor que es parte del elenco fijo de gente que tiene papel de reportero y que ya todo mundo los conoce”, dijo “Brozo”.
“Este señor Molécula, el del bigotito que parece como recortado a propósito, toma la palabra y él, como si fuera por sus huevos, desde luego que no, ya está preproducido, dice: ‘señor Presidente, me permito darle la palabra al caballero que está aquí, él es peruano, quiere hablar’. La gente de la fuente dice: ‘¿qué pedo? Ahora este cabrón trae a sus invitados o ya se puso de acuerdo con Jesús’”, relató.
#
Murió Doris Day...Fue cantante y actriz. Activista en pro de los derechos animales....
Falleció este lunes a los 97 años en su casa en Carmel (California) por complicaciones derivadas de una neumonía, según ha anunciado su fundación para el cuidado de los animales. Hizo 39 películas, pero su labor en televisión, sus discos, y la buena selección que hizo de esos filmes le granjearon una popularidad extraordinaria, que le llevó a trabajar con maestros como Michael Curtiz o Alfred Hitchcock.
#
“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros” Orwell
La Fiscalía General de la República dijo que los seguros son por si sufren algún ataque, sin embargo 13 dependencias más tienen seguros
El pasado 27 de febrero, la Fiscalía General de la República adjudicó, mediante una licitación pública nacional (LA-017000999-E39-2019), un contrato a la empresa Metlife, SA, para la adquisición de un "seguro de gastos médicos mayores para el personal sustantivo", por el que se pagaron 145 millones 169 mil 478 pesos y 36 centavos, más 23 millones 227 mil 116 pesos y 54 centavos por concepto de IVA, lo que arroja un total de 168 millones 396 mil 594 pesos y 90 centavos.
#
Las columnas políticas, hoy 13 de mayo de 2019...
TemploMayor/ Reforma
EL SENADOR Ricardo Monreal no se esperó a ser llamado por la Fiscalía de Delitos Electorales y ya le pidió a José Agustín Ortiz Pinchetti que investigue las acusaciones en su contra. Le faltó pedirle que se excuse su cuñado, el director de Averiguaciones Previas, Gerardo García Marroquín.
COMO SEA, el titular de la Fepade tendrá que resolver un acertijo como el del vestido dorado que algunos veían azul, pues lo que provocó las 60 denuncias contra Monreal fue que en un mitin dijo: "Si ustedes le ayudan a Arturo (Ávila, candidato de Morena a alcalde), nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudar a Aguascalientes (capital). Si ustedes ganan Aguascalientes nosotros les vamos a ayudar a cumplir con todos sus compromisos de campaña". ¿Simple arenga desde el templete o delito electoral? Es pregunta.
BASTÓ un chasquido presidencial de dedos para que Santiago Nieto soltara a los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el titular de la Comisión Reguladora de Energía o contra quienes pagaron un documental sobre populismo... ¿hará lo mismo contra el hijo de Napoleón Gómez Urrutia?
RESULTA EXTRAÑO, por no decir sospechoso, el silencio de las autoridades sobre la revelación de que Alejandro Gómez Casso lleva más de 11 años cometiendo un fraude al SAT. Sería bueno saber si el cariño de Andrés Manuel López Obrador también cubre a Napitito.
EL MAGISTERIO estará muy apapachado el Día del Maestro, pues el gobierno federal ya les regaló la contrarreforma educativa que les garantiza tener chamba aunque no sepan dar clases. Y el líder del SNTE, Alfonso Cepeda, dijo que el miércoles recibirán "muy buenas noticias" sobre su salario. Lástima que sobre la calidad de la educación, nadie le pueda dar a los alumnos buenas noticias.
#
Trascendió/Milenio
QUE el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, convocó a los presidentes de las 46 comisiones ordinarias en el Palacio de San Lázaro a un encuentro mañana al mediodía con el propósito de definir y homologar la metodología para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Y es que ya pasaron dos semanas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el documento a los legisladores, pero salvo excepciones, como las comisiones de Presupuesto y de Infraestructura, el resto de los grupos de trabajo se mantienen pasmados, a pesar de que el plazo para avalar o desaprobar el plan vence a finales de junio.
QUE vaya semana le espera al Poder Judicial de la Federación, pues deberá analizar dos temas de gran impacto nacional: la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos y el caso de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional acusados del robo de hidrocarburo de Pemex el sexenio pasado.
Para comenzar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará el debate de la ley, tema que ha molestado a López Obrador porque un ministro frenó la aplicación del estatuto, y el viernes una juez cerrará la semana con el caso de los militares, asunto que destapó el nuevo gobierno.
QUE el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, líder de los trabajadores de Pemex Petroquímica, vino a enturbiar aún más el ya de por sí ensombrecido ambiente que se vive en la zona cercana a la refinería de Salamanca, donde siguen acumulándose los hechos de violencia, como la masacre apenas hace dos meses de 15 personas en un bar de ese municipio y la ejecución de otros dos empleados de la petrolera.
Hasta el momento son varias las líneas de investigación que se tienen respecto al homicidio del dirigente cetemista; sin embargo, ninguna apunta a una serie de mensajes supuestamente dejados por el conocido grupo criminal cuyo origen de operaciones está en Jalisco.
#
'NYT' y 'The Economist', ¿prensa fifí?
Confidencial/ElFinanciero_Mx
Ahora fue el semanario británico The Economist el que encendió las señales de alerta para México, luego de colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los mandatarios “populistas” que “mal gobiernan a sus países”. En la ilustración del trabajo, junto a AMLO aparecen imágenes de Nicolás Maduro, Cristina Fernández y Daniel Ortega. Hace unos días, The New York Times había lanzado un dardo similar al Ejecutivo, quien ha protagonizado fuertes enfrentamientos con la prensa nacional desde que asumió el poder. Veremos si AMLO también internacionaliza el calificativo de “fifí” a estos medios extranjeros.
“Le duela a quien le duela”
El mensaje de ayer del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante el mitin de Andrés Manuel López Obrador en Puerto Vallarta, fue claro, pues dijo que “le duela a quien le duela”, él ganó en el estado. Esto después de que el discurso del emecista fue interrumpido varias veces por rechiflas y gritos de “¡fuera, fuera!” El Presidente salió en su defensa y advirtió: “Ya chole con las faltas de respeto y la politiquería”.
El ranking de los góbers
Antes del mitin con el jalisciense Enrique Alfaro, López Obrador estuvo en Bahía de Banderas, Nayarit. Ahí, el Presidente no paró en elogios a Antonio Echevarría, a quien calificó como “uno de los gobernadores, podría decir, de los principales, de los más importantes gobernadores de México (…) porque trabaja de manera coordinada con nosotros”. Quedó claro que el Presidente olvidó que ese mandatario estatal llegó al poder –en alianza con el PRD– bajo las siglas del Partido Acción Nacional... ese al que siempre tilda de conservador.
Trato diferente a detenidos
Ayer, en la sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se dio muestra de que hasta en la impartición de justicia hay niveles. Y es que mientras un reo fue paseado por la policía entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, incluso esposado frente a éstos, sin preocupación por si se violan sus derechos, en el caso de Miss Mónica, dueña del colegio Rébsamen, hubo todo un dispositivo en el que participaron más de 30 policías bancarios, quienes formaron valla, e incluso cubrieron a la mujer acusada de la muerte de 26 personas, para no ser grabada o fotografiada por la prensa.
“La gran Comisión” del Senado
La Junta de Coordinación Política del Senado, la Jucopo, que está integrada por los coordinadores parlamentarios de las ocho bancadas y que preside el líder de Morena, Ricardo Monreal, se ha convertido en “la gran Comisión” dictaminadora de la Cámara alta. Resulta que las leyes secundarias de la Guardia Nacional, que se prevé sean votadas el jueves, toda la negociación se ha realizado en la Jucopo. Se prevé que mañana martes sean presentadas en sesión extraordinaria y, en fast track, aprobarlas el jueves.
La fuerza menguada de la CNTE
El Congreso de Oaxaca aprobó la reforma educativa enviada por el Ejecutivo federal. Afuera del recinto legislativo, un grupo de maestros de la Sección 22 que no superaba los 40 integrantes atendió el llamado a manifestarse. Mientras adentro se vitoreaba un triunfo desde Morena, afuera un reducido y tímido grupo lo rechazaba. Aún prometen grandes movilizaciones para el 15 de mayo, pero si van a ser como ésta, parece que ya la Coordinadora dio de sí.
PAN irá en contra en leyes secundarias de GN
Los panistas en el Senado advirtieron que no bajarán la guardia y, así como lo hicieron con la educativa, en las leyes secundarias de la Guardia Nacional darán el debate esta semana para no permitir el contenido militar de la reforma. Comentaron que se debe precisar en la ley la prohibición de que militares en activo encabecen la institución, de otra forma el PAN no avalará los cambios.
#
Frentes Políticos/Milenio
1. Fantasmitis. El consejero político de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz Durán, va contra los superdelegados. Propuso que los funcionarios a cargo de programas sociales que busquen ser candidatos de su partido renuncien al cargo tres años antes de las elecciones en las que aspiran competir. Aseguró que no es éticamente correcto ni políticamente conveniente, ya que les da una ventaja indebida respecto a otros aspirantes a los mismos puestos de elección popular. La propuesta no es propia, por supuesto, es el miedo de los ahora opositores, priistas y panistas, quienes ven en los superdelegados el enemigo a vencer. Nada les da tanto miedo.
2. Enojado. Dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, después del crimen en el centro de Cuernavaca, que estaba “enojado, muy molesto, porque esto no puede estar sucediendo aquí”. No, no puede ser que bajo su mandato la violencia se haya recrudecido en los últimos meses. Asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones, principalmente de mujeres, tienen aterrada a la sociedad. La cronología de la violencia alcanza niveles alarmantes en el estado. En diversos puntos la gente se encuentra insegura y, claro, molesta, tanto o más que el mandatario estatal. La tranquilidad de la que antes gozaban les ha sido arrebatada en la administración del exfutbolista. ¿Quién, en el gabinete de el Cuauh, asume la responsabilidad?, ¿quién entregó la plaza?
3. Pequeños detalles. La ley que regirá a la Guardia Nacional fue enfrascada porque los senadores de oposición consideran un exceso castigar con cárcel de hasta tres años a un elemento que exprese ofensas de palabra o de señas a un superior, ya que es propio de la disciplina militar y no de una corporación civil. Pero el gobierno federal la valora fundamental para evitar la descomposición interna de la institución. Los senadores de oposición buscan quitarle todo viso militar a la Guardia Nacional y eso incluye no sólo el cambio de denominación de cargos, sino la disciplina interna que se aplicará. Afinen. No hay prisa. La delincuencia puede seguir actuando a sus anchas en lo que ustedes deciden para cuándo permiten trabajar a la actual administración para combatir la inseguridad.
4. Balas perdidas. Durante años, muchos mexicanos han muerto por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Puede usted creer que un hombre, durante diez años, en determinadas fechas, puso en el cielo de la Ciudad de México miles de proyectiles, específicamente de la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía de Iztacalco? Sí, el cielo de México es el segundo de América Latina donde más balas perdidas vuelan, según el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Este juego cruel o travesura o como le llamen debe castigarse. Infinidad de tragedias han sucedido gracias a gente inconsciente que, por diversión, festejo o simple fanfarronería, ponen en peligro vidas inocentes. Demasiada miseria.
5. Factura. La historia le tiene asignado un lugar a miss Mónica, la exdirectora del Colegio Rébsamen, sobre cuyos salones construyó un departamento que terminó aplastando y matando a 26 personas en el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017. Mónica García Villegas, la dueña y exdirectora, se declaró inocente del homicidio calificado del que fue acusada. Dos detalles: ella asumió su defensa personal a pesar de tener dos nuevos abogados particulares y, dos, no gustó a los padres de los niños fallecidos que la audiencia fuera privada. Mucho menos que ella achaque las muertes a “un fenómeno natural”. Claro, un terremoto que costó la vida a inocentes por mandarse construir “comodidades”. Linda palomita.
#
Bajo Reserva/El Universal
¿AMLO de pleito con Slim?
En su segundo día de gira por el occidente del país, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra su amigo el ingeniero Carlos Slim. Primero en El Nayar, el mandatario anunció que creará una empresa para proveer de internet a las zonas marginadas del país, que fue interpretado como hacerle la competencia al ingeniero en el sector telecomunicaciones. Ayer, en Bahía de Banderas, dijo que hablaría con los concesionarios que no han podido terminar la carretera Jala-Puerto Vallarta, que construye Grupo Carso, y que si no la finalizaban, de plano, les quitaría la concesión. Un par de mensajes para el magnate mexicano. ¿Habrá respuesta?
El enojo presidencial
Y a propósito de la gira presidencial, el sábado en El Nayar el mandatario criticó el atraso en el censo de beneficiarios de sus programas sociales, y ayer en Bahía de Banderas, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, tomó nota del señalamiento presidencial del día anterior y libreta en mano comenzó a apuntar los datos de adultos mayores que fueron invitados al polideportivo de esa ciudad. La funcionaria tomó los nombres y preguntó si ya estaban censados o tenían alguna petición. Sin embargo, nos dicen que doña Ariadna sale muy cara al erario como empadronadora, y que quien debería estar pendiente de que se cumplan con las metas del censo es el delegado Manuel Peraza, quien al parecer no tiene claro el valor que esas políticas representan para la 4T, y en especial para su jefe máximo.
El PRD no da una
Luego de que el PRD informó que interpuso un amparo colectivo para que se garantice el abasto de medicamentos antirretrovirales a todos los derechohabientes del Seguro Popular, nos dicen que quienes no están nada contentos con esta acción son los propios pacientes. Nos cuentan que la molestia radica en que las personas que viven con VIH no quieren ser bandera política de nadie, ni que los partidos políticos usen su lucha para ganar simpatía de la sociedad. Tanto pacientes como diferentes organizaciones de la sociedad civil aseguran que seguirán pendientes del tema y alzarán la voz cada que sea necesario, sin necesidad de convertirse en “moneda de cambio” de una fuerza política. Así que el PRD anda mal y de malas, no solamente recibió un severo castigo de los votantes en la pasada elección, que lo ha puesto al borde de la desaparición, sino que sigue haciendo enojar a los ciudadanos.
Pendientes de la reforma educativa
Nos dicen que tras la fiesta por el aval de la reforma educativa, a los diputados federales les preocupa más de un asunto todavía. Nos hacen ver que ahora se avecinan las leyes secundarias de la propia reforma, que deberán estar listas en cuatro meses, luego de que el Ejecutivo publique el decreto de modificaciones. Hasta el momento son dos congresos locales, de los 17 que se requieren, los que han dado luz verde para avanzar la reforma. Ayer, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que las nuevas disposiciones estarán listas para el ciclo escolar de agosto. Sin embargo, la SEP dejó claro que la Ley Orgánica del instituto que se creará en lugar del INEE y del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se van a poner a consulta. ¿Será que ya hicieron cuentas y les dará tiempo?
#
Serpientes y Escaleras/Salvador García Soto
El Universal
Los góbers incómodos de la 4T
Veracruz y Morelos, junto con sus respectivos gobernadores, se están convirtiendo en un “dolor de cabeza” para el gobierno federal. La incapacidad manifiesta de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco para contener la ola de violencia e inseguridad que azota a la población de sus estados, se ha convertido en un problema que preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete de seguridad, para quienes la situación convulsa en ambas entidades, donde crecen las ejecuciones y los asesinatos violentos, se vuelve tema recurrente.
Aunque con sus diferencias, porque uno es militante de Morena y cercano al grupo gobernante, y el otro llegó al poder como un aliado político ocasional y de conveniencia, los dos mandatarios locales están en estos momentos en el radar del presidente por la misma razón: ninguno de los dos ha sabido enfrentar acertadamente la situación de inseguridad en sus estados, que si bien ambos heredaron de sus antecesores Miguel Ángel Yunes y Graco Ramírez, en ambos casos se ha registrado un crecimiento de la violencia con masacres múltiples, feminicidios y ejecuciones violentas en Verecruz, o balaceras y asesinatos en plena plaza pública y a la luz del día, en Morelos.
A Cuitláhuac García el presidente le ha dado un respaldo abierto no sólo en lo político, ante las constantes críticas y denuncias sobre su falta de capacidad y liderazgo para enfrentar y detener el incremento de la violencia y las ejecuciones, sino también en el envío de los primeros batallones de la Guardia Nacional que, sin tener aún un marco normativo de las leyes secundarias, comenzaron a patrullar las calles de Minatitlán, después de la masacre de 13 personas del pasado 19 de abril. Al mismo tiempo, López Obrador comprometió públicamente su palabra a que el gobierno federal rescataría al estado de Veracruz ante la violencia que se ha incrementado en los primeros seis meses del gobierno de Morena en la entidad.
Con todo, el propio presidente López Obrador expresa en corto su “preocupación” por la falta de efectividad que está mostrando el académico al que Morena hizo gobernador junto con su equipo de gobierno y ha pedido a las instancias federales de seguridad y de procuración de justicia intervenir directamente para tratar de disminuir los índices de violencia en la entidad.
En el caso de Cuauhtémoc Blanco, aunque la relación política ha sido más distante e incluso con algunas diferencias con el gobierno federal, luego de que el gobernador se negara a integrar más a Morena en su administración e incluso se enfrentara con la dirigente nacional del partido gobernante, Yeidckol Polenvsky, el presidente ha sido cauteloso de no confrontarse con un aliado estratégico como el PES y con un gobernante también popular como el ex seleccionado nacional. Si bien con Cuauhtémoc no hay identificación política ni ideológica, López Obrador ha cuidado la relación con el gobernador y con una entidad que sabe complicada y delicada, no sólo por su cercanía con la Ciudad de México, sino también por su dinámica de grupos sociales aguerridos como los opositores a la hidroeléctrica de Huexca, con los que el presidente ya se ha enfrentado abiertamente.
Eso sí, a Blanco no le han mandado hasta ahora el mismo apoyo federal que a Cuitláhuac, a pesar de que la semana pasada, tras la balacera que dejó dos muertos frente al Palacio de Gobierno y luego la masacre de cinco custodios federales en Puente de Ixtla en pleno Día de las Madres, el propio gobernador Cuauhtémoc pidió urgentemente “que el gobierno federal nos apoye mandándonos la Guardia Nacional porque nosotros solos, reconocemos que no podemos”.
Así que dos de los gobernadores que llegaron al poder junto con López Obrador, los dos con nombres de tlatoanis prehispánicos, de los mismos pueblos a los que López Obrador quiere reivindicar históricamente tras su sangrienta conquista, hoy se vuelven un problema para la 4T. Veremos si, con su Guardia y la fuerza federal, el presidente puede salvar de su propia incapacidad a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc.
NOTAS INDISCRETAS… La nueva “empresa del Estado” anunciada por el presidente López Obrador en Nayarit y que prestará servicios de internet y telecomunicaciones al 80% del territorio nacional, que según el mandatario está incomunicado y desatendido por los concesionarios privados que sólo atienden al 20% del territorio ubicado en las grandes ciudades, no tiene nombre ni proyecto, pero ya fue prometida por el presidente. Aunque los especialistas consideran que sería inviable una empresa que subsidiara con recursos públicos esos servicios, López Obrador ya le ha propuesto a un conocido empresario, especializado en telecomunicaciones, que se haga cargo de tal empresa y que le da la concesión para llevar internet y servicios de comunicación a los lugares más apartados del país. Pero dicen que el empresario en cuestión, que también es dueño de un grupo de medios, le ha reiterado una y otra vez al presidente que dar internet gratis no es negocio y que necesariamente se tiene que pagar por el servicio. Aún así el presidente insiste en que hay que llevar el servicio hasta los pueblos más recónditos. En ese afán, parece inevitable que el gobierno de López Obrador va a terminar por chocar con el empresario más fuerte del negocio de internet y las telecomunicaciones en México: el ingeniero Carlos Slim. Ya lo amenazó con quitarle la concesión de una autopista “que lleva 10 años sin que el concesionario la termine”, como es la de Jala-Puerto Vallarta, que atraviesa Nayarit. ¿Será que la siguiente amenaza a Slim es revocarle sus concesiones de Telcel e Infinitum?… Los dados mandan Serpiente doble. Mal comienza la semana.
#
La refinería, el aeropuerto y el tren
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior.
La refinería, el aeropuerto y el tren
• El presupuesto ya de por sí erróneamente destinado a la refinería no alcanza, la solución gubernamental es construir una refinería más pequeña y tecnológicamente más atrasada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido exactamente con lo que prometió en campaña: dijo que cancelaría el aeropuerto de Texcoco y lo hizo; que construiría varias refinerías y ya ha decidido construir una en Dos Bocas, Tabasco y que haría el Tren Maya utilizando los recursos de la promoción turística y también lo cumplió.
Que las tres sean medidas poco sensatas no implica que no hayan sido publicitadas ampliamente en su campaña, aunque muchos de los que lo apoyaron y votaron por él, hoy se quejen amargamente. Hay que aprender que con el voto no se juega.
El caso de la refinería es sintomático de una forma de tomar decisiones que costarán muchísimo al país. Primero, distintas instituciones públicas advierten que la refinería no se podrá construir en tres años y menos aún con un costo de 8 mil millones de dólares, más allá de que existe un amplio consenso de que no se necesita esa refinería.
De eso hizo eco nada menos que la Secretaría de Hacienda. En una reunión con inversionistas y acreedores de Pemex, en Londres, el subsecretario Arturo Herrera aceptó que no se podrá tener en esos tiempos la refinería y que mejor los 50 mil millones de pesos que estaban presupuestados para Dos Bocas para este 2019, se deberían destinar a exploración y producción que es lo realmente rentable.
El subsecretario es desmentido por el propio Presidente y por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que insisten en Dos Bocas y anuncian una licitación para elaborar el proyecto de la refinería en la que participan las que el propio gobierno considera las cuatro empresas especializadas en el tema más importantes del mundo.
Pasan las semanas y el Presidente y la secretaria anuncian que ninguna de las cuatro grandes empresas especializadas invitadas aceptaron construir en ese lapso de tiempo y con ese presupuesto. En lugar de suponer que las instituciones especializadas, la secretaría de Hacienda o las cuatro grandes empresas privadas tienen razón y no se puede hacer esa refinería en tales condiciones, el gobierno decide entonces que la construirán Pemex y la Secretaría de Energía, que no cuentan ni con la capacidad financiera, el conocimiento técnico y el personal especializado para ello.
Como evidentemente el presupuesto ya de por sí erróneamente destinado a la refinería (hay que invertir esos recursos en exploración y producción, como dijo la SHCP) no alcanza, la solución gubernamental es construir una refinería más pequeña y tecnológicamente más atrasada. No tiene sentido alguno. Como última noticia tenemos que el terreno de Dos Bocas, destruidos los manglares y deforestado, ahora se inundara.
Santa Lucía será, en el mejor de los casos, una terminal lejana del actual aeropuerto capitalino, no tiene vías de acceso; una tercera parte de los días tendrá niebla en las mañanas, a los genios que la propusieron se les olvidó que frente a lo que pensaban sería la pista principal hay un cerro de dos mil 600 metros de altura que obliga a redireccionar las pistas; que si bien la base militar es muy grande, una de las mayores del país, para construir el aeropuerto les falta terreno, que tendrán que comprar a los ejidos colindantes que quieren vender su tierra, a mil 250 pesos, cuando el gobierno les ofrece 200 pesos por el metro cuadrado.
Muchos de los nuevos edificios y depósitos de la base militar tendrán que ser destruidos, a pesar de que se inauguraron hace poco más de un año. Tendrán que ser reubicadas las miles de familias de militares que allí viven. Y todavía ese proyecto no existe como tal, como proyecto ejecutivo, porque tampoco existe autorización de ninguna instancia internacional que garantice la seguridad aérea, y los recursos que se iban a utilizar para construir Texcoco ahora se utilizarán para pagar las indemnizaciones por no construir Texcoco.
El Tren Maya, tampoco tiene aún un proyecto ejecutivo ni la propiedad federal de las tierras por donde se supone que pasará. Lo que comenzó siendo un tren Mérida-Cancún es ahora una vía de mil 500 kilómetros que cruza en triángulo toda la península de Yucatán, sin demasiado sentido turístico. Se dice que al final será financiado por capitales chinos (¿?).
Cuando se pone en duda la viabilidad de cualquiera de los tres grandes proyectos, la respuesta presidencial es la misma: sí se construirán, me canso ganso. Y si un gobierno se empeña en construir algo, al costo que sea, lo hace. Que tenga alguna utilidad para el futuro, un sentido estratégico o que genere empleo y recursos, es otra cosa. Estamos ante una soberbia gubernamental difícil de comprender....
#
Gabinete a revisión/Raymundo Riva Palacio
El Financiero...
Desde hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del presidente con diferentes interlocutores dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.
La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el gobierno, pero es una de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del presidente señalan el daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados 'bonos basura', y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que, en número importante, decidieron suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que, lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.
En las últimas semanas el gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluye recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano, porque, si es después, coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la reforma laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.
Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México pero tiene un fuerte componente en el extranjero, pero también con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien, cuando fue jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.
Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. No son los únicos.
En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la secretaria María Luisa Albores y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades Benito Juárez, que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
Dos casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre dos de los principales proyectos de infraestructura del gobierno, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoé Robledo, y muchas funciones de la gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.
El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al presidente, o para enfrentar una emergencia económica....
#
El factor de incertidumbre se llama Andrés Manuel/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero...
Lo han dicho los expertos en todos los tonos: para que crezca la economía se necesita inversión, y es muy escasa por un factor que destacan todos los análisis: incertidumbre política.
Cayó la inversión fija bruta (privada y pública) en 2.5 por ciento de acuerdo con el reciente reporte del Inegi, lo que representa la mayor caída en cuatro años.
En el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2019 de AT Kearney, caímos del lugar 17 al 25, de 25 países enlistados. Nos fuimos al último sitio.
La economía creció -0.2 por ciento respecto al primer trimestre del año pasado.
El Banco de México, bancos globales y organismos internacionales señalan que no hay inversión ni crecemos porque hay incertidumbre.
Y ese factor de incertidumbre se llama Andrés Manuel López Obrador.
Hay gente valiosa en el gabinete, algunos con trayectoria respetable en el sector público y privado, otros no tanto y algunos francamente carecen de nivel para ser secretarios de Estado.
El problema, sin embargo, no está ahí, sino en las decisiones temperamentales e ideológicas del presidente de la República.
Tres grandes compañías mundiales, especialistas en construir refinerías, elegidas por él, le dijeron que no es posible hacer una de ocho mil millones de dólares y que en tres años no se puede tener lista.
López Obrador, sin embargo, despreció esos estudios, declaró desierto el concurso y anunció que la refinería la harían Pemex y la Secretaría de Energía.
Se lanzó contra la realidad.
Eso nos va a costar en la calificación de la deuda de Pemex, y hay voces que alertan de una posible caída en la calificación soberana del país. Si ello ocurre, no nos salvamos de la crisis.
Hemos lanzado una pésima señal a los mercados internacionales y a los inversionistas: vamos a meter miles de millones de dólares en una refinería, que no tiene viabilidad financiera.
¿Con un gobierno así de irresponsable van a llegar inversiones? Probablemente sí, pero pocas, y en otras áreas de menor riesgo.
Es difícil que un inversionista nacional o extranjero invierta en un país cuyo presidente desoye la realidad.
Para él la caída a -0.2 de la economía es ir “requetebién”, y desautorizó al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que la vio como una señal de alerta para cambiar de guardia.
Difícil tener confianza en un gobierno que en su Plan Nacional de Desarrollo afirma que la estabilidad macroeconómica es “un fetiche” de los “neoliberales” (página 5).
Contra la opinión de los organismos internacionales expertos en la materia y de los más preparados miembros de su gabinete, el presidente tomó la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco.
Tenía 33 por ciento de avance, estaba financiado por el sector privado en 70 por ciento, se pagaba solo, y frenar su obra y construir otro en Santa Lucía va a costar 66 por ciento más caro que terminar Texcoco (Colegio de Ingenieros Civiles).
De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, en los próximos diez años se va a duplicar el número de pasajeros en el subcontinente. Santa Lucía, pues, habrá nacido obsoleta.
Esa fue la primera y gran voz de alerta a los inversionistas: algo andaba mal en Palacio Nacional. Cautela. A ver qué sigue.
Le siguió la cancelación del proyecto de Zonas Económicas Especiales, al que ya se habían comprometido ocho mil millones de dólares en inversiones para Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Yucatán.
Esos proyectos iban a traer, en el largo plazo, inversiones por 42 mil millones de dólares a esa región. Los desechó el gobierno. Mejor un Tren Maya y plantar árboles.
¿Qué dirán los inversionistas que iban a poner su capital en el sur-sureste del país?
Para abajo la confianza. Hay incertidumbre sobre la sensatez para tomar decisiones.
Y lo último, esta decisión de ir contra la realidad y hacer, con Pemex y Sener, una refinería que grandes empresas, contra sus propios intereses, pero cuidadosas de su prestigio, le han dicho al gobierno mexicano que no se puede en ese costo y en ese tiempo.
Mientras se ahorra para la refinería y para el Tren Maya, la inversión física del sector público de desplomó 13.1 por ciento en el trimestre y tuvimos un subejercicio del sector central del gobierno de 21 mil 765 millones de pesos (Enrique Quintana en estas páginas, 6 de mayo).
La consecuencia es que, tras la quimera ideológica del presidente, miles pierden sus empleos, la economía está parada, los hospitales carecen de medicinas que, en casos como Oaxaca, el desabasto alcanza entre el 70 y el 80 por ciento, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
Y la incertidumbre para invertir nos impide crecer más, justo ahora que es un gran momento: la economía de Estados Unidos crece a 3.3 por ciento anual.
Hay un factor de riesgo. Está en Palacio.
#
A debate ya, ley de remuneraciones
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
A debate ya, ley de remuneraciones
• ¿Qué consideraciones cree Pérez Dayán que debieron prevalecer?
Esta semana, de no ocurrir nada extraordinario que lo impida, la Suprema Corte resolverá las impugnaciones a la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones que reduce los ingresos de los trabajadores del Estado y, más específicamente, la procedencia de sendas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el ordenamiento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, conforme a derecho, por poco más de un tercio de senadores de oposición.
Amén el fondo del controversial asunto, el problema a la vista de quienes mejor conocen sobre el mismo, es que la discusión deberá realizarse con base al proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán que, a decir de quienes lo han revisado, “deja mucho que desear…” dado el cúmulo de contradicciones, superficialidades y marometas argumentativas que exhibe a lo largo de sus casi 400 páginas y que, en principio al menos, abonan a la resistencia de la mayoría a apoyarlo.
Hay preocupación pues, tanto por la forma en que se aborda el asunto como, también, por ciertas afirmaciones del ministro sobre el procedimiento legislativo, pues llega al extremo de señalar que los legisladores no deben aprobar leyes que no sean acordes a los tiempos actuales, a los cambios jurídicos que se vayan dando, así como a las situaciones sociales y económicas imperantes, lo que mueve a preguntar si ¿corresponde a la Corte determinar si el Congreso tomó en cuenta la realidad social y el contexto jurídico?¿cómo puede saber la Corte las preocupaciones concretas o consideraciones de los legisladores —democráticamente electos— para aprobar el ordenamiento? o, incluso, ¿qué consideraciones cree Pérez Dayán que debieron prevalecer?
Todo ello entonces, más la falta de consistencia de los senadores promotores de la acción de inconstitucionalidad para impugnar, en su momento, cambios hechos a la Ley de Remuneraciones ajustada e, incluso, el Presupuesto de Egresos 2019, hacen pensar que la mayoría de los ministros podrían no aprobar el proyecto que la declararía inconstitucional, dando paso con ello a tener que optar entre reconocer su constitucionalidad y proponer un sobreseimiento del proceso con lo que, vale decir, dejarían abierta la opción para que los miles de amparos promovidos en contra del polémico ordenamiento sigan su curso en los juzgados en donde estén radicados, en completa “libertad de jurisdicción”.
Así pues, flaco favor hizo el ministro Pérez Dayán a los casi 21,000 promotores de amparo contra la referida ley, con un proyecto que los definen como “mucha retórica y poca sustancia jurídica”.
Veremos…
Asteriscos
* En la última semana de mayo, en principio, el Congreso intentará sacar adelante la normatividad secundaria de la ley que crea la (otrora) Guardia (civil) Nacional en un nuevo periodo extraordinario que, se asegura, acordaron ya los coordinadores de las distintas fracciones. Bien.
* Más tardó la cuestionada secretaria fifí Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, en advertir que el gobierno no toleraría que migrantes violaran la ley, que en confirmarse la detención de ocho centroamericanos por el incendio que consumió la estación migratoria de Tapanatepec, Oaxaca. ¿Y ahora?
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
#
Historias de Reportero | Carlos Loret de Mola
El Universal
Imperialismo yanqui (este artículo es fruto de la insana imaginación del autor, parte 16)
Declaración desafortunada la del presidente José Antonio Meade. Al festejar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, expresó en conferencia de prensa: “cumplimos con el compromiso con Estados Unidos”. Se refería a que el Congreso de nuestro vecino puso como condición que México cambiara su Ley Federal del Trabajo para que ellos aprobaran el nuevo tratado comercial, T-MEC.
“Lo que siempre hemos dicho: el imperio yanqui es el que da las órdenes y el gobierno de México se somete, ¿dónde quedó la soberanía? Al frente del país están los empleados del FMI y los grandes intereses americanos. ¡Es una vergüenza!”, dijo en un video de Facebook el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador fustigando a su rival en las más recientes elecciones presidenciales.
Aprovechó el video, grabado en su natal Tabasco interrumpiendo sus vacaciones de Semana Santa, para recoger la denuncia de que, según cifras de ONG, el 77% de los contratos firmados por el nuevo gobierno no han sido licitados, sino otorgados por asignación directa: “Siguen siendo igual de corruptos. Yo les dije en campaña que era falso eso de la supuesta honestidad de Meade, que los priistas no dejaban de ser priistas, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda… pero no me creyeron”. El reclamo cayó en terreno fértil porque Meade prometió en campaña que en su gobierno no habría un solo contrato otorgado por asignación directa. Lo refrendó el día que tomó posesión.
En este ajetreo estaban las redes sociales cuando otro polémico asunto fue dado a conocer, aprovechando el periodo vacacional: después de que su carismática y popular esposa Juana lanzara su línea de ropa con motivos prehispánicos y autóctonos, como la que usaba siempre en campaña acompañando al hoy presidente José Antonio Meade, sus hijos anunciaron que conformaron una empresa productora de chocolates que cuenta con su propia finca de cacao, una “propiedad familiar” de la que Meade no había hablado jamás ni nadie conocía. “Pepe y la fábrica de chocolate”, ridiculizaron en redes sociales.
En el video, López Obrador recordó que “los priistas, expertos en fraudes electorales, hicieron una consulta fraudulenta para dizque legitimar su proyecto del aeropuerto de Texcoco: las personas podían votar varias veces, los del PRI se llevaron las urnas a sus casas, no había padrón, bueno, lo denunciamos y ¿qué pasó? Nada. Pero ahora Meade nos sale con que ya hizo otras dos consultas y ¿qué creen que salió? ¡Que avalan su proyecto! Pero nadie supo de las consultas, nadie las vio, a nadie le informaron, es una vergüenza: ¡antes las consultas eran un fraude, ahora son una fantasía!”.
Como se acerca el día que conmemora la libertad de expresión, el dirigente opositor López Obrador dedicó el video a los periodistas muertos en el sexenio de Meade. Siete hasta el momento, lo que ubica a México como el más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Y lamentó que en una de sus recientes entrevistas haya dicho a los periodistas: “si se pasan, ya saben lo que les pasa…”.
#
Sin Rodeos | Diego Fernández De Cevallos
Milenio
Dos Bocas y la S. de I.I.
El Presidente dijo sobre la refinería en Dos Bocas, Tabasco: “Necesitamos una refinería y no hay la experiencia suficiente en las empresas mexicanas. No se hizo una refinería desde hace 40 años en el país, entonces, ¿qué empresa tiene experiencia en construir refinerías? Estas 4 grandes empresas (extranjeras) que estamos, este, convocando, pues recientemente han hecho refinerías, cada una de ellas, lo dije y lo repito, han hecho más de 100 refinerías. Hay una de ellas que ha construido más de 200 refinerías en el mundo”.
Pues ahora nos da la sorpresa: esas famosas empresas extranjeras son incapaces de cumplir los designios presidenciales, pero nosotros siempre SÍ, SÍ, SÍ tenemos experiencia. ¡Viva México! ¡Cómo que no podemos!
La palabra divina (lenta, serena, contundente e inapelable) llegó a los confines de la Tierra: “La licitación se declara desierta porque estaban pidiendo mucho, se pasaron de los 8 mil millones de dólares y en el tiempo de construcción. Se va a construir la refinería; para que salga en tiempo y con este presupuesto necesitamos HACERLA NOSOTROS; la encargada del proyecto, la responsable del proyecto va a ser Rocío Nahle”.
¡Chulada de viejo tenemos en la Presidencia! ¡Desde hace tres sexenios debió llegar! ¡Niéguenlo, conservadores, neoliberales y fifís! Que quede claro: hace días ninguna empresa mexicana tenía experiencia para construirla, ahora SÍ la tiene la empresa mexicana NAHLE-PEMEX, S. de I.I. (Sociedad de Irresponsabilidad Ilimitada), y ¡todos a callar!
Especular sobre la amoralidad, inmoralidad o demencia senil, como generadoras de este arrebato, sería ver el árbol y no el bosque. En este inicio de sexenio ya son muchas las decisiones nefastas de consecuencias incuantificables, como la cancelación —ilegal y tramposa— del aeropuerto en Texcoco y la necedad de hacer un bodrio en Sta. Lucía, ignorando la opinión mundial y un cerro que recientemente se les apareció. ¡Viva la T4!
Encima del despilfarro que será Dos Bocas, hay algo más grave: mientras el mundo avanza con éxitos portentosos en ciencia y tecnología apostando a energías limpias y renovables, este gobierno está obcecado en aumentar el ecocidio, porque ÉL, ÉL, ÉL tiene “otros datos”.
Ojalá los sensatos cercanos al Presidente —o la terca realidad— eviten la sinrazón de ese costoso agravio. Si los 8,000 millones de dólares (160,000 millones de pesos) se invirtieran en energía limpia, renovable y barata, LA VIDA, en todas sus manifestaciones, se los agradecerá.
David, intruso tolerado aquí, comentó hace 5 años: “el carbono bajo el suelo no perturba al equilibrio de plantas y animales, de aires y climas, de aguas y hielos; pero de cada barril extraído se quema el 90 por ciento y terminan en la atmósfera cantidades brutales de gases que nos envenenan”. Así de criminal.
#
En Tercera Persona | Héctor De Mauleón
El Universal
Solo casquillos en el asfalto
El líder del Sindicato Nacional de Petroquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana, Gilberto Muñoz Mosqueda, fue cazado hace dos días por un comando, en la colonia Ampliación San José de Salamanca, Guanajuato.
Al líder sindical, de 84 años, brazo derecho del secretario General de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, lo atacaron mientras circulaba en su camioneta por la calle Sol. No solía hacerse acompañar por guardaespaldas.
El reporte indica que el propio Muñoz Mosqueda reportó los hechos al 911. Elementos del Mando Único se dirigieron al lugar. Asentaron en su informe que una familiar del lesionado acudió al lugar y se negó a proporcionar, tanto los generales del herido, como los suyos propios. Ella misma lo trasladó al hospital en un auto particular.
Según el reporte, personal médico manifestó que al arribar a las instalaciones, “el masculino ya no presentaba signos vitales”.
A la mañana siguiente, en un puente que conduce al campus de la División de Ingeniería del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, apareció una manta supuestamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. “Ven te dijimos Gilberto Muñoz Mosqueda que con la empresa no se jugaba viejo culo y vamos x todos los colaboradores de este wey que ya sabemos quienes son”.
La amenaza iba dirigida al ex presidente municipal Antonio Arredondo, al ex comisario y jefe operativo Juan Duarte, y a la actual presidenta municipal, Beatriz Hernández.
“Y esto les va a seguir pasando a los que no se quieran aliniar (sic) con la empresa”, concluía el mensaje.
Hace poco más de un año, el 25 de enero de 2018, pareció que la guerra por el robo de combustible había cruzado, en el estado de Guanajuato, una frontera inédita. Ese día fue asesinado el capitán segundo en retiro Tadeo Linol Alfonzo Rojas, jefe del departamento de Seguridad Física de Pemex en la refinería de Salamanca. El capitán estaba encargado de organizar la vigilancia alrededor de los ductos que parten de la refinería “Antonio M. Amor” y atraviesan distintos municipios antes de internarse en territorios de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Zacatecas.
Alfonzo Rojas llevaba a sus hijos a la escuela, dos hombres en moto le dieron alcance. Las autoridades declararon que el militar había llevado a cabo una serie de acciones tendientes a evitar el “huachicoleo”, y que posiblemente dichas acciones no fueron del agrado de un grupo criminal. El estado es escenario de una pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Se presume que el 31 de enero pasado el líder de uno de esos grupos, José Antonio Yépez, El Marro, dejó una camioneta con explosivos a las puertas de la refinería, y un mensaje dirigido al presidente López Obrador, en el que se le exigía sacar a las fuerzas federales de Guanajuato.
En abril pasado, otra manta atribuida al Marro acusó al presidente de seguir sentenciando “a más policías inocentes” y lo amenazó con enviarle un nuevo “regalo”, esta vez a su domicilio particular.
En 2018, 64 policías perdieron la vida en Guanajuato: 11 de ellos en Salamanca. Ese año se registraron en el estado 3 mil 21 homicidios y se detectaron 1,600 tomas clandestinas. Para entonces habían sido ejecutados el líder del PRI en Celaya, Jorge Montes González (25 de de enero de 2018), el ex alcalde de Pueblo Nuevo, José Durán (septiembre de 2017), y el director de policía Santos Juárez Rocha (julio de 2017), que un mes antes le había dicho a sus hombres que el secretario de Seguridad Ciudadana “andaba con la maña”.
Al adoptar la decisión de enfrentar el “huachicoleo”, el presidente determinó que se diera en Salamanca la primera gran irrupción de marinos, militares y federales: Salamanca es el lugar del estado en donde hay más personal federal desplegado. Durante los últimos cinco meses, todo ese despliegue, sin embargo, no ha dejado un solo hombre detenido a través de trabajos de inteligencia. Las detenciones logradas por la guardia se han debido solo a los patrullajes realizados. Las tomas clandestinas tampoco han bajado y en los primeros meses del año incluso aumentaron.
Hoy el crimen ha subido un peldaño más. Muñoz Mosqueda llevaba más de cuatro décadas como líder sindical. Había sido alcalde, senador y diputado. Sobre las razones por las que se ordenó su muerte aún no hay respuestas. Solo casquillos en el asfalto.
@hdemauleon
#
Política Zoom | Ricardo Raphael
El Universal
Terapias contra la enfermedad de la corrupción
Porque soy de los que todavía se toman muy en serio a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde la primera vez que propuso las terapias para curar la enfermedad de la corrupción comencé a cavilar sobre su forma y su método.
La dificultad de echar a andar la iniciativa se antoja grande. ¿Cómo se financiaría? ¿Quiénes serían los terapeados y quiénes los terapistas? ¿Cuál sería el método, la filosofía, la pedagogía o la psicología? ¿Cómo medir y cómo garantizar la cura?
Respecto a la primera pregunta hay restricciones presupuestarias de entrada. Si bien el presidente sugirió que se creara una asociación dedicada a brindar este tipo de terapias, cabe precisar que este esfuerzo tendría que financiarse por entero con recursos privados.
Recordemos que el presidente dijo que las organizaciones sociales, en ningún caso, podrían recibir financiamiento del gobierno federal, ni siquiera aquellas responsables de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia, menos aún esta otra dedicada a curar a los victimarios de la corrupción.
Quizá el Centro Mexicano de la Filantropía (Cemefi), aunque está tildado de derechoso y conservador, tenga alguna solución para asegurar que la terapia llegue a todos los rincones del país y a todas las personas que la requieran.
Esa es justo la segunda pregunta: ¿quiénes serían los beneficiarios potenciales de dicha terapia?
De acuerdo con el jefe del Poder Ejecutivo mexicano, padecen la enfermedad aquellas personas que tienen “como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea,” así como quienes “carecen de escrúpulos morales.”
Según la misma fuente, se puede también diagnosticar el mal a partir de otros síntomas, como la creencia de que la felicidad se adquiere por bienes materiales o la ignorancia de que, siendo buenos podemos ser felices.
De acuerdo con el presidente, otro indicio es haber participado en gobiernos anteriores, como “tentáculo,” o como “pulpo” metido en las secretarías haciendo negocio al amparo del poder público.
Sin ser experto en cuestiones epidemiológicas, atendiendo a la definición planteada, me atrevo a calcular que el número de posibles terapeados sería bastante grande. Pensándolo bien, quizá y hasta sea un buen negocio ofrecer este servicio a la comunidad.
La dificultad mayor posiblemente sería encontrar a las personas que, voluntaria y conscientemente, aceptasen el padecimiento y luego quisiesen someterse a la cura planteada por López Obrador.
Para tomar la terapia en cuestión, no veo llegar masivamente a los futuros pacientes, transportados en sus camionetas SUV de ocho cilindros, acompañados por decenas de guaruras, ni a sus esposas y sus hijas, bien enjoyadas, ni a sus vástagos ostentosos y mirreyes.
Una posibilidad sería que la ciudadanía honesta hiciera redadas en las zonas comerciales donde se pasea esa gente material, que desconoce la verdadera felicidad, o quizá —con ayuda del FBI— podría hacerse lo mismo en los malls de San Antonio, Nueva York, Las Vegas o San Diego, porque ahí también se exhiben públicamente tales personas enfermas.
Otro tema complicado sería el de los terapistas. ¿De qué monasterio cartujo, centro budista o templo dominico podrían surgir los miles de especialistas dedicados a curar a los miles de victimarios de la corrupción?
Habrá quien suponga que, dentro de Morena, hay suficiente recurso humano para esta ingente tarea. No sé si ésta sea la idea que tiene el presidente en la cabeza: que sus correligionarios, como boy scouts, se dediquen los domingos, que es el único día que tienen libre, a curar enfermos.
Sobre el método sabemos todavía menos. Cabe imaginar, por ejemplo, una terapia de reconducción conductual, como aquella que Stanley Kubrick describió en Naranja Mecánica. Esa terapia sería un tanto agresiva para los propósitos de la República amorosa, aunque quizá tuviera efectos curativos de rápido impacto.
Otra posibilidad sería utilizar un método similar al de los Alcohólicos Anónimos: las terapias serían grupales y ayudarían para que las personas tomaran conciencia de su trastorno, también para que los pacientes se mirasen en el espejo de sus iguales y quizá pudiesen contar con una suerte de padrino que les diera fuerza cuando la tentación de corromperse les sobreviniera de nuevo.
ZOOM: Hay días en que no sé si debo tomar en serio a mi presidente. Hay días en que no sé si él mismo se toma en serio. Hay días en que la gravedad de los temas no merece la broma, ni la ligereza.
#
El soberbio/Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma, 13 May. 2019
Se hará su voluntad. La refinería se construirá y no habrá argumento, estudio, advertencia que cuente. Se hará en el lugar que el Presidente escogió personalmente. Son incontables las voces que han advertido la insensatez del proyecto. Nada valen frente al capricho presidencial. Las empresas que el propio Presidente describió como las mejores del mundo aseguran que el proyecto no puede concluirse satisfactoriamente en los plazos y con las condiciones definidas por el gobierno. Aún así, el Presidente sigue con su proyecto y, para que no haya duda, lo hará él mismo.
No hay argumento que valga frente a la obcecación. Los límites legales le son indiferentes. Ya nos ha dicho que la justicia es más importante que la ley y es él, sólo él, quien puede definir el sentido de la justicia. El experto que discrepa de él deja de ser, en ese instante, experto. Será un sujeto sin autoridad moral, un desvergonzado que no merece atención alguna. Lo mismo habría que decir de las instituciones de aquí o de fuera que se atrevan a cuestionar el deseo del líder supremo. Lo único que dice respetar son los mandamientos. Ser honesto para poder ir a la iglesia el domingo, para entrar al templo. Más que los delitos, muchos de los cuales sugiere olvidar, le preocupan los pecados. Quien se dice admirador de Juárez ha usado la tribuna presidencial para amenazar a los pecadores con no ser admitidos en el templo. Quien viola los mandamientos, dijo el Presidente de una república laica, comete pecado y por ello no podrá entrar a la iglesia el domingo.
Pues bien, siguiendo la pista del devoto, habría que hablar de pecados y, en específico de uno de ellos, la soberbia para evaluar la política presidencial. Es soberbia y no otra cosa lo que despliega el Presidente al desconocer cualquier límite a sus pulsiones. Es soberbia su menosprecio de aquello que merece atención. El soberbio está convencido de su superioridad. Un humano que no se pertenece ya a sí mismo y que, por deberse al pueblo, se lo puede permitir todo. No es extraño que Fernando Savater describa este pecado como el "valor antidemocrático por excelencia". Ese engreimiento anula, en efecto, la posibilidad del diálogo, cancela las precauciones y da permiso para romper cualquier regla. Andrés Manuel López Obrador no admite palabra a la altura de la propia. Por eso carece de consejeros y se ha rodeado de aduladores que guardan silencio frente al torrente de sus caprichos.
Francisco de Quevedo escribió líneas memorables sobre este pecado en un discurso sobre las cuatro pestes del mundo. En esos párrafos advertía que el soberbio jamás se reconoce. Teniéndose como superior, se imagina como el más humilde de todos. Se encuentra por eso más fuera de sí mismo que un loco. Airado e injurioso, el soberbio queda embriagado con el amor que siente por sí mismo. Ruin arquitecto es la soberbia, escribía Quevedo: "los cimientos pone en lo alto y las tejas en los cimientos". ¿Qué ingeniero que discrepara de él merecería sus respetos? Si él decide construir su palacio en el agua, es porque ahí debe levantarse, aunque rezonguen los enterados. El augurio es claro: "nada consigue la soberbia menos que lo que pretende".
El hombre que se imagina como el cuarto padre de la nación, no duda de sí mismo. Dueño de la verdad, del bien y del futuro. No duda de sus proyectos, de sus ideas, de su instinto. Con esa fe se imagina no solamente como el escultor del alma mexicana, sino también como el amo del subsuelo que a fuerza de determinación y honestidad mostrará que todos en el mundo están equivocados. Sólo él tiene razón. Él sabe más que cualquier experto. Él logrará lo que ninguna empresa en el mundo. ¡Y ay de aquél que se atreva a dudar de la hermosura de sus intenciones!
No es grandeza, es una hinchazón lo que vemos en el soberbio, decía San Agustín. "Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano". Será por eso que en todo soberbio se esconde el ridículo. Repitiendo siempre las mismas frases como si fueran sublimes hallazgos de sabiduría, vanagloriándose constantemente de su teatral humildad, sermoneando diario a la República sobre el camino de la santa virtud y la verdadera felicidad, insistiendo en que en su voluntad radica un poder mágico que cambiará la historia de la patria, fustigando a los demonios y a los pecadores, el Presidente empieza a convertirse en una figura tan cautivadora como un tele-evangelista.
#
Elena, las fundaciones y el reino de los cielos | Rafael Cardona
La Crónica
La verdad hace tiempo no veo a Elena Poniatowska. En la última ocasión me regaló y me dedicó muy cariñosamente un libro suyo de los muchos de su robusta producción:
“A Rafael Cardona”, dice su muy elegante caligrafía, “porque es muy inteligente y por el gran gusto del reencuentro. Elena Poniatowska Amor. 30 septiembre 2015”.
Obviamente eso de la inteligencia es un halago inmerecido y si volvernos a ver le dio tanto gusto, es asunto de gratitud.
Pero más allá de eso y de observar cómo con el tiempo Elena se ha ido convirtiendo en algo así como la Sarita García de las letras mexicanas, me ha sorprendido su arranque metafísico del día de las madres.
Elena, como todos sabemos, vino de Francia, como los niños y las niñas. Sin embargo es mexicana por los cuatro costados.
Y en arrebato filial, se ha dirigido a su difunta madre, con los ojos entornados, de acuosa mirada al techo (no al firmamento porque estaba en el salón de la Tesorería, no en el patio), en estos inolvidables, conmovedores, términos, en cuya verbosidad nada más hicieron falta los emocionados versos de Aguirre y Fierro para decir, por mi madre bohemios.
“…Mira mamá tú que estás aquí, tú que estás en el cielo, míranos aquí, todas estas mujeres.
“Es la primera vez que, en tantos años, un presidente nos llama en una situación, en un lugar cálido, con voz sencilla y con algo que es tan importante: con amor, con cercanía.
“Mira mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tú recorriste con los presidentes anteriores, con el gobierno anterior.
“Mira mamá, creo que somos muy felices aquí hoy en este día, entre mariachis y entre tantos corazones que nos acompañan”.
Pero poco tiempo después de esa demostración de amor de hija y de adhesión al programa salvífico de la 4T (lo cual no es novedad alguna, como después veremos), una lista comenzó a dispersarse viralizada en las redes sociales: Elena Poniatowska es beneficiaria de cinco millones de pesos (a Diego Luna y sus amigos de Documental Ambulante les tocan siete, como parte del fomento a la cultura emprendido por el actual gobierno.
Es curioso, el programa de exaltación de la memoria de Emiliano Zapata, les cuesta a los mexicanos, tres millones de pesos en el año consagrado a su centenaria memoria. Elena, cuesta un poco más.
En la lista divulgada no se precisa si ese dinero es para ella o para la fundación instituida con su nombre, la cual funciona en la colonia Escandón, según se dice en la página de internet donde aparece el logotipo de la secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX, lo cual nos lleva a considerar una posible duplicidad del fomento a las actividades culturales de Elenita.
Pero su aportación a la 4T, ni se limita a la cultura, concepto generalizador en sí mismo, pues la cultura la hacemos todos y nos pertenece a todos.
No, también Elenita tiene funciones y participación en algo básico para la conservación del poder: el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, cuya creación fue aprobada el año pasado.
Así fue publicado:
“(ADN).- La creación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, aprobada durante la sesión de este domingo, estará a cargo del caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón. Se busca que esta nueva instancia tenga escuelas en todos los estados y en todas las comunidades.
“Morena prevé destinar 50% de su presupuesto a este ente, que contará con un equipo de académicos como Lorenzo Meyer, John Ackerman y Elena Poniatowska, explicó Barajas”.
Y si hablamos de Barajas, debemos recordar su papel en la fundación (una fundación en cada hijo te dio), consagrada por Carlos Monsivais y cuyas labores de desarrollan en el Museo del Estanquillo, demasiado ampuloso para recaudería y bastante limitado como museo, aunque los “monsivitos” se crean herederos del Louvre o de perdida del Quai de Branly.
TREMENDA CORTE
Hoy desahogará la Tremenda Corte el proyecto (lo van a sesionar, dicen en la lengua especializada), de la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones, la cual es –como todos sabemos–, un texto básico del fundamento moral de la 4T.
Las acciones de Inconstitucionalidad de esa norma (2), fueron promovidas —como todos sabemos—, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y varios senadores.
Para la declaración de inconstitucionalidad hacen falta ocho votos. Si no se reúnen —como es de preverse, porque la corte no traga lumbre—, entonces será texto bendecido.
Y el Presidente habrá ganado una más.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
#
#
Plata o Plomo | Alejandro Hope
El Uiversal
Los escenarios de pesadilla
El asesinato de Gilberto Muñoz debería obligarnos a reflexionar la transformación del crimen organizado en extorsionadores de segundo piso
El sábado, Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, fue asesinado en Salamanca, Guanajuato.
¿Qué motivó el asesinato? No se sabe por ahora ¿Tiene alguna relación con los grupos de delincuencia organizada que operan en esa región del Bajío? Lo ignoramos. Pero el asunto debería de obligar a reflexionar sobre un escenario particularmente serio: la transformación de las bandas del crimen organizado en extorsionadores de segundo piso.
Eso significaría dos cosas:
1. La delincuencia organizada obtiene el control de sindicatos. Si una banda criminal puede controlar, por la vía de la corrupción, la intimidación o la violencia abierta, una estructura sindical, podría obtener un flujo de rentas enorme (las cuotas sindicales, por ejemplo). Esa fue de hecho una de las principales fuentes de ingreso de la mafia en Estados Unidos. Si, por ejemplo, se pudiesen apropiar de algunas secciones de algunos sindicatos de la CROM, la CROC o la CTM, podrían sacar ingreso de todas las construcciones y todos los contratos colectivos en regiones enteras del país. Y, lo mejor de todo para su causa, podrían hacerlo manteniéndose en las sombras, sin la molestia de tener que extorsionar directamente a los empresarios o al Estado.
2. La delincuencia organizada obtiene el control de un trozo del gasto público. Tanto la mafia estadounidense como los grupos mafiosos italianos obtuvieron y, en algunos casos, obtienen buena parte de sus ingresos extorsionando al extorsionador primario: el Estado. Si la delincuencia organizada se hace del control de ayuntamientos (y no sólo de las policías locales), puede capturar una parte importante del gasto en obra pública (pavimentación, por ejemplo) o de los ingresos generados por servicios públicos (recolección de basura, por ejemplo). También puede darle una mordida a los derechos o licencias que expidiese el municipio. En esas circunstancias, puede manipular elecciones e imponer candidatos: sería el sincretismo completo de la corrupción política y la delincuencia organizada.
Esos escenarios son graves no sólo porque le generan a los delincuentes cantidades impensables de dinero, sino porque significan una afectación directísima a la economía del país y a la vida cotidiana de los mexicanos. Como demuestra la experiencia italiana, es muy difícil desalojar a las mafias una vez que se han enquistado en las instituciones públicas. En ese entorno, los grupos delictivos pueden volverse menos violentos, pero más parasitarios y, en el largo plazo, mucho más dañinos.
De hecho, parte de ese camino ya se ha recorrido en algunas regiones del país. La violencia dirigida contra candidatos y políticos locales podrían formar parte de ese proceso. Y no es un asunto aislado: según un reporte reciente de Etellekt Consultores, se registraron 180 agresiones contra políticos en el primer trimestre de 2019, incluyendo 24 homicidios.
El fenómeno podría ahora extenderse al ámbito sindical, dados los cambios recientes a la legislación laboral que obligan a elecciones de dirigentes por voto secreto en organizaciones gremiales.
No sé qué probabilidad asignarle a este tipo de escenarios, pero me queda claro que no es cero. Hay que ir pensando en las distintas formas que tiene el crimen organizado para enquistarse en la vida pública del país. Lo de Muñoz Mosqueda importa no sólo por la tragedia individual: importa por lo que dice de los riesgos que podríamos enfrentar en un futuro próximo.
@ahope71
#
Refinar a Pemex
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
Reforma,13 May. 2019
"Se hizo en el 38, se rescató a la industria petrolera. Lo vamos a hacer ahora, no tengo la menor duda”. Andrés Manuel López Obrador
ENSENADA.- Si alguien cuestiona la decisión del gobierno de construir la refinería de Dos Bocas se le acusa de no creer en los ingenieros mexicanos que ya demostraron, tras la expropiación, que podían sacar adelante a la industria petrolera. La decisión de Dos Bocas tiene poco o nada que ver con la nacionalización de 1938; pero si se quiere hacer un símil, hay que hacerlo con información histórica verdadera y no con los mitos construidos por el viejo PRI.
La expropiación petrolera sí tuvo consecuencias negativas. La producción petrolera mexicana alcanzó un pico de 193 millones de barriles en 1921 (Howard F. Cline, The United States and Mexico), cuando el gobierno empezó a presionar a las petroleras privadas y a aumentarles impuestos. En 1937 se produjeron 49.9 millones, en 1938 38.5 millones y en 1942 35.1 millones (mexicomaxico.org, petroleo.colmex.mx). México se convirtió en importador neto de crudo y gas en 1942 y, con excepción de 1955, la situación se mantuvo hasta 1960 (mexicomaxico.org). Lo peor es que la expropiación nos heredó una empresa monopólica, burocrática e ineficiente.
El caso de la refinería es muy diferente. No hay ni siquiera la oportunidad de presentarlo como una gesta heroica. Es una simple necedad. El problema empieza desde la decisión de construirla. El crudo es la parte más rentable del negocio de los hidrocarburos. La gasolina tiene un margen muy pequeño, a veces negativo, y requiere de mercados muy grandes y de una implacable eficiencia para la rentabilidad. Pemex siempre ha perdido dinero en gasolina; su poco capital debe invertirse en crudo.
Felipe Calderón quiso construir una nueva refinería en Tula por razones de "seguridad nacional", sin importar la falta de rentabilidad, pero solo levantó una barda perimetral. En campaña López Obrador prometió seis, aunque después bajó el objetivo a una sola, en Dos Bocas, Tabasco, que no es el mejor lugar para una refinería, en parte porque está lejos de los centros de consumo.
Ni López Obrador ni su gente tienen idea de la inversión o el trabajo que se requieren para una refinería de crudo pesado para 400 mil barriles diarios. Primero dijeron que la harían por 6 mil millones de dólares y luego subieron la cifra a 8 mil millones, pero mantuvieron el plazo de tres años: "Va a estar terminada para mayo del 2022, me canso ganso", dijo el Presidente. Los especialistas prevén entre 12 mil y 15 mil millones de dólares y ocho años de trabajo.
Apenas el 22 de marzo el Presidente justificó una licitación restringida a cuatro firmas extranjeras. "No hay experiencia suficiente en las empresas mexicanas... Estas cuatro grandes empresas que estamos convocando recientemente han hecho refinerías. Cada una de ellas ha hecho más de 100 refinerías... Hay una de ellas que ha construido más de 200 refinerías en el mundo".
Pero estas "cuatro grandes empresas" con experiencia señalaron que era imposible construir la refinería en el tiempo y costos que exigía el Presidente. La reacción fue anunciar que la edificaría Pemex bajo la supervisión de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien no tiene ninguna experiencia en construcción de refinerías o de cualquier otra cosa.
En 2018 le dije a Nahle que los especialistas consideraban que la nueva refinería costaría mucho más que los 6 mil millones de dólares que entonces pronosticaba. Su respuesta fue: "Quizá le costaría 20 mil millones a Peña Nieto. A Andrés Manuel le costará 6 mil". Esta fe ciega saldrá muy cara.
· ROBO DE PEAJES
Desde hace meses un grupo de activistas toma las casetas de la autopista escénica Tijuana-Ensenada para cobrar dinero para su beneficio. El gobierno lucha contra los huachicoleros, pero protege a quienes roban peajes.
#
Hasta encontrarles/Denise Dresser
Reforma, 13 May. 2019
Soy madre de tres hijos. Son el ancla de mi vida. Los amo ferozmente. Siempre me inspiran, a veces me irritan. Me ensanchan el corazón y me colman la paciencia. Me hacer reír y llorar y aplaudir y sufrir y gozar. He intentado que sean más bondadosos, más preparados, más valientes, mejores que yo y ya lo son. Educarlos para que tengan raíces y alas ha sido la tarea más importante y la más difícil de mi vida, porque la maternidad te hace volar pero también te pone de rodillas. Ser madre entraña convertirte en línea Maginot, vacuna, impermeable, paraguas contra la lluvia, amortiguador de los golpes, escudo, daga de acero valyriano. Quieres ser el muro que se erija entre ellos y el dolor, entre ellos y los golpes que propina el mundo, entre ellos y el peligro. Si alguno de ellos desapareciera creo que no podría seguir viviendo.
Eso le confesé a la madre de uno de los más de 40,000 desaparecidos en México, al conocerla. Una madre de tantas que va por el país cargando la fotografía de su hija, de Ministerio Público en Ministerio Público, de fosa en fosa, de marcha en marcha. Un letrero con su nombre, su edad, donde se le vio por última vez. La cartografía de la ausencia como tarjeta de presentación, como recordatorio permanente de esa persona a la cual le diste vida y ahora no encuentras. Ese ser de luz al que amamantaste y bañaste y enseñaste a leer y llevaste al kínder y le compraste su primer uniforme escolar y lo llevaste a clase de karate o danza y le cantaste por las noches y te acurrucaste a su lado y lo consolaste después de su primer desamor y le enseñaste a manejar y lo abrazaste tantas veces como si nunca quisieras dejarlo ir. Premonitoriamente. Imaginando cómo sería despertar y no saber dónde está, intentar dormir y no saber dónde está, respirar y no saber dónde está.
Esa es la realidad de miles de madres en México. Expectantes, ansiosas, desesperadas. Las condenadas a buscar restos, a cavar la tierra, a recorrer Semefos, a rezar para encontrar. Víctimas -como sus hijos- de la barbarie que se desata con la guerra al narcotráfico. Víctimas de las Fuerzas Armadas o el crimen organizado o la ausencia del Estado. Cargando con las cifras que estrujan, con los datos que son como dentelladas. 2 mil fosas clandestinas encontradas entre 2006 y 2016. Una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios. Al menos mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país como lo detalla la extraordinaria investigación de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati. Como lo exhibe el documental Sin tregua que forma parte del proyecto El Día Después, encabezado por Diego Luna e Ixchel Cisneros. Ese pedazo del México macabro que es Colinas de Santa Fe en Veracruz, con 125 fosas en las que se han localizado 290 cráneos y 22 mil 79 restos óseos. Ese lugar sin límites que es el municipio de San Fernando en Tamaulipas, donde se han registrado 139 fosas con 190 cuerpos y restos óseos en once años. Y siguen apareciendo cuerpos, por todas partes. Retazos de horror en casas, refaccionarias, talleres, minas, obras negras, terrenos baldíos.
Mientras las madres siguen hurgando, se organizan en colectivos ciudadanos, cargan con sombrero y paliacate, agarran un palo y van a los terrenos donde les dicen que han huesos. Haciendo la investigación que el Estado no lleva a cabo. Supliendo las deficiencias de peritos y Ministerios Públicos y la Policía Científica. Autoridades que exhuman con traxcavos que destrozan los restos, que pierden el rastro de los cuerpos bajo su resguardo, que colocan cadáveres en tráileres, que no homologan registros entre fiscalías estatales, que no saben cómo clasificar restos. Una catástrofe cotidiana que, como dice Jacobo Dayán, "encuera la falta de Estado".
El 10 de mayo en Palacio Nacional se celebró y se conmemoró y se cantó y se agradeció a las madres. Hubo mariachis, discursos, invocaciones incluso. Pero afuera, quienes no tienen nada que celebrar se congregaron para rogar que no las olvidemos. Para exigir que la Comisión Nacional de Búsqueda obtenga los recursos financieros y humanos que necesita. Para recordarnos que la indiferencia y la negligencia llevan a los desaparecidos a desaparecer por segunda vez. No permitamos que eso ocurra. Parémonos al lado de esas madres con hijos ausentes, hasta que la verdad y la justicia se hagan costumbre. Hasta encontrarles.
#
También el gobierno de AMLO tolera los abusos de militares y policías/
Revista Proceso #2219, 12 de mayo de 2019...
Activistas, familiares de desaparecidos y el segundo visitador de la CNDH ven con preocupación la displicencia con la que, afirman, se conduce el gobierno federal en los casos de militares y policías implicados en la violación de derechos humanos. Uno de los entrevistados plantea que, así como el presidente López Obrador “sí hace públicos los nombres de las empresas y exfuncionarios que han estado involucrados en hechos de corrupción… ¿por qué no hacer lo mismo con aquellos servidores públicos señalados de violar el derecho a la vida…?”.
Gloria Leticia Díaz
Durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, elementos de la Marina, la Defensa y la Policía Federal implicados en la violación de los derechos humanos gozaron de una alta tolerancia, de acuerdo con la información recabada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitudes de información ciudadanas.
Hoy que esos cuerpos armados se aprestan a formar parte de la Guardia Nacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se muestra displicente frente a los casos de elementos castrenses presuntamente implicados en esas prácticas ilícitas, algunos de los cuales incluso se litigan en instancias internacionales.
En entrevistas por separado, Enrique Guadarrama López, segundo visitador de la CNDH; José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), advierten sobre el riesgo de que los abusos castrenses y policiacos se repitan con la Guardia Nacional.
Los tres insisten en que el respeto a los derechos humanos debe ser uno de los indicadores prioritarios para evaluar la efectividad del nuevo cuerpo de seguridad.
“La numeralia no nos dejará mentir”, indica Guadarrama López, al tiempo que muestra las recomendaciones por violaciones a derechos humanos particulares y por violaciones graves cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (PF).
Pero sobre todo, agrega el visitador de la CNDH, no hay que olvidarse de las víctimas.
De 2006 al pasado 22 de abril las tres dependencias federales han dado pie a 266 recomendaciones del ómbudsman nacional, que en ellas identifica a por lo menos 2 mil 49 víctimas, 731 de las cuales señalan como agresores a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 259 de la Secretaría de la Marina (Semar) y a mil 59 policías federales.
En esas violaciones, algunas de las cuales son consideradas graves por la CNDH, son recurrentes los señalamientos por detención arbitraria, retención ilegal, tortura, trato cruel, inhumano o degradante y privación de la vida.
“Al no conseguir lo que andan buscando, los servidores públicos recurren a la tortura, al uso excesivo de la fuerza o al maltrato”; es decir, las violaciones empiezan con la detención, sostiene el visitador.
Resalta que si bien durante ese periodo el organismo identificó a 99 mandos de la Sedena, 84 de la Semar y 129 de la PF como responsables de abusos, fue a partir de 2010 cuando se obtuvieron 200 registros de denuncias presentadas ante el Ministerio Público federal.
De esos 200 casos, el Ministerio Público sólo consignó 44 ante juzgados de Distrito (22%), de los cuales resultaron sancionados 10 servidores públicos: cuatro marinos, dos soldados y cuatro policías federales.
La petición de la CMDPDH
Enrique Guadarrama señala que a partir de la gestión de Luis Raúl González Pérez, la CNDH instruye a las dependencias a anexar esos documentos en los expedientes laborales de los servidores públicos señalados y alerta sobre la urgencia de fortalecer los órganos de investigación.
Explica: “Uno esperaría que las instituciones tomaran la investigación y le dieran fuerza a su acción para que se sancione a los responsables, porque nosotros hacemos la investigación, entregamos los resultados a las autoridades, pero si éstas no toman en cuenta lo reflejado en la investigación por parte de la CNDH, el resultado puede ser endeble.
“Si a eso le sumamos una fiscalía que no tenga capacidades o no sea autónoma en el rigor auténtico, podemos imaginar que las situaciones de violaciones a derechos humanos pueden continuar.”
Guadarrama considera que la identificación de los servidores públicos de las tres dependencias implicados en violaciones a derechos humanos tendría que ser un punto de partida para considerar quiénes deben estar en la Guardia Nacional.
Guevara Bermúdez, quien el 18 de marzo entregó una carta en la que emplaza a Andrés Manuel López Obrador a exhibir a los servidores públicos vinculados a violaciones a los derechos humanos y que forman parte de las Fuerzas Armadas, coincide con Guadarrama.
En ese documento, del que Proceso obtuvo una copia, Guevara urge al presidente a depurar la Semar y la Sedena de tropas que hayan estado involucradas en violaciones a los derechos humanos, incluyendo a los superiores jerárquicos que ordenaron, propusieron, indujeron, permitieron, consintieron o no denunciaron esos abusos de los que tenían conocimiento.
El director ejecutivo de la CMDPDH exige sanciones efectivas en el ámbito penal y administrativo a los responsables de esas violaciones, demanda hacer público “el listado completo con los nombres de todos los funcionarios o exfuncionarios que hayan estado involucrados” y anuncia que su organización logró identificar a 61 soldados y marinos.
Guevara, quien aún no recibe respuesta del mandatario, insiste en que pedir sanciones y la exhibición de los violadores a los derechos humanos es consecuente con el compromiso de López Obrador de “no tener funcionarios que hayan cometido hechos delictivos”.
Y añade: “¿Por qué sí hace públicos los nombres de las empresas y exfuncionarios que han estado involucrados en hechos de corrupción cuando se trata de dinero público? ¿Por qué no hacer lo mismo con aquellos servidores públicos señalados de violar el derecho a la vida, el derecho a la integridad, de violar el derecho a la integridad sexual? Creo que es tan grave o más que se mate una persona, que se torture o que se desaparezca, que el hecho que se roben dinero público”, considera Guevara.
Insiste en que ha prevalecido la falta de castigo por los abusos, y toma como ejemplo el delito de tortura, analizado a partir de solicitudes de información a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), formuladas por la CMDPDH.
Las cifras de la impunidad
De 2006 a 2018, la Procuraduría General de la República inició 10 mil 787 investigaciones penales por tortura, de las cuales 2 mil 80 aún no se resuelven.
La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la FGR, registró 2 mil 467 investigaciones penales contra la Sedena y la Semar, mil 723 y 744, respectivamente.
En cuanto a sentencias relacionadas con tortura, el CJF informó que de 2006 a 2018 “se emitieron 34 sentencias condenatorias y 15 absolutorias en relación a 21 causas penales”, de las cuales seis estaban dirigidas a personal militar, de acuerdo con la revisión que hizo la organización de versiones públicas a las que tuvo acceso.
Guevara lamenta que en la administración de López Obrador no haya “una política que demuestre que busque llevar a juicio a los efectivos castrenses cuando han estado involucrados en crímenes atroces”; peor aún, advierte “un cambio muy negativo en la política de la Secretaría de Gobernación para no establecer diálogo con las organizaciones de la sociedad civil en la resolución de casos en los que hay militares involucrados”.
Guevara, quien lleva litigios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, destaca que su agrupación no ha tenido “una reunión de nivel en la que se nos pueda explicar cuáles van a ser las medidas para cumplir con esos casos que han llegado a instancias internacionales”.
En reuniones con funcionarios de bajo nivel, dice, ha observado que tienen las mismas líneas de defensa que seguían las administraciones anteriores.
Uno de esos casos es el de las hermanas González, que actualmente lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que los funcionarios de Gobernación “están negando entrar a una etapa de cumplimiento hasta que no sean sancionados los militares que cometieron violación sexual y tortura sexual en agravio de dos mujeres en Chiapas en 1994.
“Y, por otro lado, la FGR no avanza en la investigación de los responsables. Es decir, lo que tenemos es la maquinaria de impunidad perfecta que ha funcionado en los últimos 25 años y que sigue funcionando exactamente de la misma manera con la Cuarta Transformación.”
Así ocurre en casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla Pacheco –quien desapareció en 1974 en el periodo de la guerra sucia–, pese a que al respecto existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2010.
“No pareciera haber ningún interés ni las herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas de la época. No ha habido ningún pronunciamiento ni señal de que quieran tomarse en serio este reto”, insiste Guevara.
Otros pendientes
Sobre el asunto llevado por la CMDPDH ante el Comité Contra la Tortura (CAT) relacionado con abusos cometidos por militares en Tijuana, Baja California, en agravio de cuatro civiles acusados injustamente de pertenecer al crimen organizado en junio de 2009, Guevara sostiene que el pasado 21 de enero el gobierno de López Obrador envió un informe con respuestas idénticas a las de los gobiernos anteriores.
La desaparición forzada de Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado en diciembre de 2009 en un ejido del municipio de Buenaventura, Chihuahua, es el caso más reciente en el que se implica al sector castrense. Y aun cuando el Estado mexicano fue condenado ante la Corte Interamericana, el asunto ha sido prácticamente invisibilizado por el gobierno de López Obrador.
La sentencia del caso Atenco, relacionada con la tortura sexual perpetrada contra 11 mujeres en un operativo policiaco en 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, fue motivo de reconocimiento por parte del gobierno de López Obrador. El 4 de abril pasado el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, incluso instaló la mesa de trabajo para el cumplimiento.
Pero en el caso de los Alvarado las cosas son diferentes. El pasado 5 de abril familiares de esos jóvenes –quienes tuvieron que dejar sus tierras tras la desaparición de Paola, Rocío Irene y José Ángel– se reunieron en Chihuahua con funcionarios para conocer el estado de las indagatorias.
Sin embargo, esos funcionarios no tenían facultades para tomar decisiones, pese a que en octubre de 2018 los familiares de los desaparecidos, sus abogados e integrantes del Cedehm se acercaron a Encinas para visualizar el mecanismo para el cumplimiento de la entonces inminente sentencia, destaca Ruth Fierro Pineda, coordinadora de la organización.
Antes de ese encuentro, dice, hubo varias cancelaciones de la subsecretaría de Encinas, por lo que solicitaron la presencia de representantes de la Sedena.
Y aclara: “Una de las cosas que dice la sentencia es que, en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, forzosamente tiene que estar presente el titular de la dependencia; además de que tiene que colaborar en las investigaciones, tanto para la localización de las víctimas y de los responsables, como para la realización de cualquier diligencia que implique al Ejército”.
Sin embargo, el funcionario de más alto rango del gobierno federal que llegó al encuentro del 5 de abril fue el encargado de la Unidad de Derechos Humanos, Aarón Mastache, y dos colaboradoras.
“Cuando preguntamos por qué no había representante de la Sedena –comenta Fierro Pineda–, nos respondieron que de la dependencia les notificaron que no acudirían a ese encuentro porque estaban evaluando cómo cumplir con la sentencia.”
En esa ocasión acudieron funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la FGR, entre ellas la agente del Ministerio Público Mariana Colín, responsable del caso.
Fierro Pineda advirtió que pese a que la sentencia de la Corte Interamericana señala a tropas de la Sedena como presuntas responsables de la desaparición de los Alvarado, las autoridades “siguen sin priorizar la línea de investigación del Ejército.
“La Corte pidió un plan de búsqueda al Estado, y lo que nos presentaron los funcionarios del gobierno de López Obrador es un plan en que la mayoría de las acciones están encaminadas a considerar que los Alvarado habrían sido víctimas del crimen organizado.
“Lo mismo sucede con las diligencias de investigación: a pesar de que los familiares habían pedido que se localizara específicamente a algunos militares como presuntos responsables, la agente dijo que había mandado oficios a la Sedena, pero que no le contestaban. Y cuando le pedimos copias de la averiguación, nos dijo que tomaba nota pero que ella no podía comprometerse.”
Para Fierro Pineda el gobierno de López Obrador tiene dos opciones en el caso Alvarado: “Puede apoyar en la búsqueda de verdad y justicia y mandar un mensaje contundente de no tolerancia y no impunidad hacia militares que violan derechos humanos, o seguir perpetrando estas violaciones y volverse corresponsable”.
El pasado 11 de abril, Proceso solicitó una entrevista con el subsecretario Alejandro Encinas para hablar acerca del cumplimiento de resoluciones de organismos internacionales, entre ellos el caso Alvarado. Hasta el cierre de la edición, el viernes 10, la respuesta no había llegado.
%203.20.53%E2%80%AFp.m..png)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario