Una visita presidencial (a Sinaloa) con aires burocráticos

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Columna ZONA POLITEiA/ César Velázquez Robles

Una visita presidencial con aires burocráticos

En realidad, la visita de López Obrador a Sinaloa el pasado fin de semana resultó muy rutinaria, de  un insufrible corte burocrático. Los actos inaugurales en los que participó no fueron significativos. Nuevas instalaciones de la Guardia Nacional cunden por el país entero, y plantas tratadoras de aguas residuales son obras necesarias e indispensables y forman parte de la agenda cotidiana de los distintos niveles de gobierno, e. d., no es necesaria la presencia del titular del poder ejecutivo federal para ponerlas en marcha. Pero estamos ya prácticamente en campaña electoral, y hay que aprovechar cuanto foro sea posible. Así lo hizo el presidente, y a su llegada a Sinaloa lanzó el llamado a los gobernadores a comprometerse con el acuerdo por la democracia que formuló hará una quincena de días. Un texto que poco llamó la atención, y que no suscitó interés alguno. Esto de los acuerdos por la democracia, la civilidad y el respeto es una vieja práctica inventada por el priismo desde los años iniciales de la transición democrática –antes, en la época dorada del autoritarismo no eran necesarios--  y siempre fueron como los llamados a misa. Había que cubrir el expediente y unos y otros, hacían como que lo atendían, para que al final todo terminara en una segunda vuelta electoral.

El acuerdo nacional propuesto por el presidente es la reedición de los viejos acuerdos propuestos por los gobiernos priistas. Es la misma cultura, tienen la misma matriz. Vienen de donde mismo. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero el presidente tenía que aprovechar el foro y lo aprovechó. Por supuesto, no pasó nada. Terminará igual que todos los acuerdos de esta naturaleza, que carecen de sentido. 

Las protestas colonizaron la visita

De esta gira quedará más en el recuerdo la protesta de grupos de morena: la denuncia sobre las trapacerías de Guillermo Benítez, las andanzas de Gerardo Vargas Landeros y los enjuagues de Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, que están provocando movimientos trepidatorios al interior, asuntos todos de los cuales a querer o no se tuvo que enterar el primer mandatario, a lo que parece ya estar acostumbrándose. En tiempos recientes, no hay gira en la que no se haga presente el descontento, el enfado, el enojo y la irritación de grupos sociales. A su vez, es también más patente el descontento y el enojo del presidente López Obrador. Así se advirtió en las redes sociales por el video que recoge una conversación, evidentemente enojosa, del presidente de la República con el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro.

En el video aparecen en primer plano AMLO y Estrada Ferreiro y un poco hacia atrás y en medio de los dos aparece el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que atestigua la conversación –eso de conversación es un decir: más bien, el alcalde parece implorarle algo al presidente, tal vez su aquiescencia para una reelección, la petición de pasar al ayuntamiento a ver el mural de corte siqueirista donde el presidente actual aparece junto a los prohombres de la patria, o tal vez una disculpa por haberlo incluido--. El presidente escucha a Estrada y de pronto le contesta algo, con evidentes gestos de enfado, agitando sus manos, y abriendo casi de modo intempestivo la puerta del vehículo en que se movía. Estrada se queda con la palabra en la boca, de alguna manera sorprendido por la rapidez con que actuó el titular de las instituciones.

De esa conversación nada ha trascendido, pero todo indica que la candidatura de Ferreiro para ir por un nuevo periodo al frente de la alcaldía de Culiacán, se ha esfumado. A una persona que se le deja con la palabra en la boca no se le puede dar ninguna candidatura. No es digno de confianza. Quedarían así en la pelea Graciela Domínguez y Gerardo Vargas Landeros.  Los demás, ya lo hemos dicho, son pura carne molida.

Y la decisión la sabremos esta misma semana. Los plazos se abrevian y la cuenta regresiva ya está en marcha. La fantasmal encuesta, uno de los grandes ridículos de la temporada político-electoral ya ha concluido y los autores  están “procesando” los datos. Puede ocurrir que de repente, alguien les diga: “yo tengo otros datos”. Esperemos.

Los padecimientos de un modelo de control recíproco de poderes separados

La decisión del juez Pablo Gómez de suspender la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica recién aprobada por el Legislativo sin quitarle una sola coma, tal como lo quería el presidente López Obrador, ha desencadenado la ira presidencial, que se ha dirigido al titular del poder judicial para demandarle una investigación a fondo de la citada decisión. De entrada, hay que decirlo, el presidente tiene todo el derecho de recurrir la medida. Pero lo que parece un exceso de autoridad es, como lo dijo él mismo hace casi un año, “el modito” en que plantea su desacuerdo. Tiene el texto un tono intimidatorio, amenazante, propio de un personaje que no reconoce el valor de los contrapesos y para quien la división de poderes no es relevante aunque se le reconozca como el pilar fundamental de las democracias liberales.

Pero también hay que decir que la reacción presidencial es excesiva. El juez Gómez no ha cancelado la ley. Solo suspendió su aplicación, mientras se analiza y su determina sobre su legalidad o ilegalidad. Pero esto ha bastado para que el presidente se exalte y pida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, “de manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes”, abra una investigación para esclarecer la actuación del juez… en este episodio”.

Pero el presidente López Obrador da por sentado que la actuación del juez viola el Estado de derecho. Ya, en la carrerilla discursiva, no pide investigarlo: asume que su actitud violenta la legalidad, protege intereses corporativos y el modus operandi de empresas basado en la corrupción y el influyentismo.

En la parte final de su texto, AMLO dice: “En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho; pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República.”

La reacción de la judicatura ha sido, en principio, firme y decidida. Demanda el respeto a la decisión del juez y dar espacio a la revisión de la legalidad o ilegalidad de la medida. Es cierto que los jueces en no pocas ocasiones se han pasado de tueste, y ahí están los hechos que lo acreditan. También es cierto que contra los jueces, contra el poder Judicial, se ha abatido en otras ocasiones todo el poder del Ejecutivo, dando una especie de golpe de Estado técnico. 

Pero la división de poderes es la arquitectura básica del Estado de derecho. Esta división de poderes supone un modelo de control recíproco de poderes separados que hay que fortalecer y garantizar que en una persona, en un solo poder no se concentren todos los poderes del Estado. Los discursos intimidatorios y amenazantes no presagian nada bueno para una democracia como la nuestra.

La respuesta del presidente de la Suprema Corte, ayer mismo, fue respetuosa, comedida. Sin excesos, muy institucional, sin sacar las cosas de quicio. Si tan solo ese lenguaje distinguiera al Ejecutivo, no hay duda de que nuestras controversias podrían abordarse y resolverse de manera civilizada. Pero no. Lo que impera es un lenguaje beligerante, que polariza, que divide, que confronta.

La respuesta seguramente no gustará a AMLO. No hay llamado a zafarrancho. He aquí las partes medulares de una respuesta breve, sin rodeos: “Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo (de la Judicatura Federal) para que se abra la investigación que en su caso proceda, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.

Y remata, para que no quede lugar a dudas de que, por lo pronto, la independencia del poder Judicial se defenderá con todo: “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.”

Y digo por lo pronto, porque las presiones sobre el poder judicial van a estar a la orden del día en el futuro inmediato. Puede que terminen por doblegarlo. Entonces sí, la ilegalidad podrá sentar sus reales en toda la vida pública de México. Y de Sinaloa.