CJNG lanza amenaza contra Azucena Uresti y medios de comunicación
En un mensaje inédito - no recuerdo haber visto algo igual-, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a los medios de comunicación, a los cuales exige “sean parejos”, en la cobertura que realizada sobre, Michoacán. y de manera directamente se dirigen a la periodista Azucena Uresti, le advierte: “Te lo aseguro que en donde sea que estés doy contigo”.
Ante la amenazas distintos comunicadores así como políticos han pedido al gobierno del presidente López Obrador que brinde protección a la comunicadora.
Y LO HIZO EN LA MAÑANERA DE HOY, DIJO TEXTUAL:
Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia.
Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección.
Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie.
Y sólo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. Ya no hay, como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, ya la autoridad no está al servicio de las mafias.
De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Uresti, y a todos los periodistas, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales, y a todos los ciudadanos, es nuestra responsabilidad y la asumimos.
Quería yo dejar de manifiesto este apoyo a esta periodista del periódico Milenio, de la radio y de la televisión, y del periódico.
Vamos a estar junto a ella apoyándola, protegiéndola, no está sola.
Eso es todo lo que quería comentar.
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EL ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, el escritor Jorge F. Hernández afirma que los señalamientos de misógino no se atienen a los hechos en los que se involucra a la embajadora; dice sentirse traicionado por su ex amigo Enrique Márquez
“Las acusaciones en mi contra están cargadas de vileza y parecieran responder más bien a los tiempos del Moscú estalinista o la Alemania nazi”, lamenta el escritor en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Me siento traicionado por el doctor Enrique Márquez que me invitó a colaborar y por las formas de malinterpretar mis palabras o no respetar mi opinión y mi libertad de expresión. En cualquier caso, me quitó un peso de encima porque seguiré siendo un lector por placer, un escritor por atrevimiento y un metrosexual, porque eso salta a la vista”, agrega con ironía.
El escritor, en cualquier caso, exculpa a la embajadora en España de las voces que aseguran que no está cumpliendo con su cometido diplomático.
Por su parte, Enrique Márquez, director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y responsable del despido del escritor, aseguró a este periódico que nunca ha censurado a los funcionarios de la Cancillería. (Véase, El Universal, nota de Luis Méndez / Corresponsal de Madrid).
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Las columnas políticas hoy, martes 10 de agosto de 2021
López-Gatell irá ante un juez/EL UNIVERSAL
Bajo Reserva/ El Universal
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, deberá informar a un juez de amparo si declaró o no que los papás de los niños con cáncer, que han denunciado la falta de medicamentos para los tratamientos de sus hijos, son “golpistas” en un programa de la televisión oficial. En el amparo, se requiere al subsecretario explicar, entre otras cosas, el contexto de las declaraciones que realizó en el programa “El Chamuco” que se transmite en Canal 22. Por estas declaraciones existe incluso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien, en su momento fue considerado el rockstar de la autollamada Cuarta Transformación. Nos hacen ver que seguro tratará de hacer machincuepas frente al juez para decir que no dijo lo que dijo, que las curvas de cáncer infantil se aplanaron, que los fármacos sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven y que los medios y la infodemia son culpables de que los medicamentos oncológicos no estén en los estantes de los hospitales. Así que el señor juez tendrá que estar muy atento, pues en una de esas don Hugo pide cárcel para los padres de los niños con cáncer.
El panista que defiende a la 4T
Y si cree que ya lo había visto todo, se equivoca. Le faltaba ver a un panista defender a la autollamada Cuarta Transformación. Ayer por la mañana el gobernador Javier Corral (PAN) aprovechó su presencia en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizó en Ciudad Juárez, para hacer una férrea defensa de la autollamada 4T. “Ha vuelto el fantoche del peligro comunista que está siendo muy dañino para el país. Con tal de vencer a la 4T se están perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática y se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto en el ejercicio de gobierno”. Así respondió a la serie de elogios que el domingo AMLO hizo sobre el mandatario panista. Hace unos meses ambos se enfrascaron en descalificaciones, pero ahora que don Javier está por dejar el cargo le llegó el amor por la 4T. Será que además de cariño esté buscando algo de protección, pues la gobernadora entrante, irónicamente panista, podría ir en contra de él, solamente para devolverle alguna de las “atenciones” que tuvo con ella en la pasada campaña por la gubernatura.
Exigen “paridad en todo” en la Cámara de Diputados
Aquí le hemos comentado que en la 65 Legislatura, que inicia en septiembre, los partidos designaron únicamente a hombres en las coordinaciones de bancadas en San Lázaro y en los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Nos cuentan que un grupo de diputadas pertenecientes a la agonizante legislatura de la paridad, se decidieron a dar la última batalla, y están pugnando para que haya representación igualitaria ante la Junta de Coordinación Política, en la Mesa Directiva, y en las comisiones. Se trata de las diputadas Verónica Juárez (PRD), Mariana Rodríguez (PRI), Laura Rojas (PAN), Martha Tagle (MC), y Lorena Villavicencio (Morena), quienes trabajan para convencer a los liderazgos partidistas de acatar la reforma constitucional que reconoció el principio de “Paridad en todo” avalada en 2019. Lo malo, nos cuentan, es que ninguna de ellas repetirá en el cargo. Ya veremos si entre las diputadas electas surge un grupo que tome la estafeta y continúe con la batalla por la paridad.
¿Qué piensan los mexicanos del Tren Maya? ¿Importa?
Como al parecer el dinero sobra en el gobierno federal, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) gastó más de 800 mil pesos en contratar a una empresa para conocer la opinión de la población mexicana sobre el Tren Maya, y el impacto que genera en la opinión del gobierno federal. Nos detallan que en la licitación pública se indica que se realizarán 2 mil entrevistas “cara a cara” en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, los cinco estados en donde pasará el proyecto ferroviario, y 800 encuestas telefónicas más a nivel nacional. Los temas que deberán incluir el cuestionario a realizar, nos informan, son conocimiento y opinión sobre los proyectos del Gobierno Federal; opinión del Tren Maya, así como el impacto positivo y negativo de esta obra. La encuesta, nos hacen ver, resulta ociosa pues sin importar cuál sea el resultado no existe ninguna posibilidad de dar marcha atrás a un proyecto pilar de la autollamada Cuarta Transformación. Lo interesante es saber por qué el gobierno federal está preocupado por la percepción que se tiene de esta obra que ha dicho cambiará la vida a los habitantes del sureste del país. ¿Alguna duda?
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Trascendió/Milenio
Que Grupo MILENIO agradece la solidaridad del gremio periodístico y de diversos actores de la sociedad civil que condenaron al unísono las amenazas criminales contra esta casa, contra nuestra compañera Azucena Uresti y otros medios, sin dejar de mencionar, nobleza obliga, la atención inmediata de las autoridades y la aplicación de los mecanismos de protección previstos ante los ataques a la libertad de expresión.
Que la oposición encabezada por PAN y PRI en la Comisión Permanente frenó para lo que resta de la actual legislatura el dictamen que preveía desconocer el fuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y dejarlo a merced de la Fiscalía General de la República bajo la acusación de incumplimiento de los exámenes de control de confianza para ocupar el cargo. En la confrontación de posiciones, Morena y sus aliados sostienen que ningún fiscal estatal goza de inmunidad procesal, mientras que priistas y panistas advierten que dichos funcionarios no solo tienen fuero constitucional, sino que, en el caso de Carmona, existe un amparo que lo protege del proceso de la Sección Instructora e ignorarlo implicará un desacato de los legisladores, quienes pueden ser castigados con la inhabilitación y hasta una pena en prisión.
Que si bien los partidos tradicionales en Estado de México tendrán un grupo parlamentario en la próxima 61 Legislatura, también es cierto que nació el Bloque Ecatepec, conformado solo por morenistas de ese municipio. Y es que esos cuatro votos pesarán más que el PT, MC, Nueva Alianza o el propio Verde, por lo que piden no ser ninguneados como muchos miembros de ese partido se suelen sentir ahora.
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Ya se enojó Biden/Raymundo Riva Palacio
Promesas y resultados/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN
Milenio, 10.08.2021;
Visto el aumento de la pobreza de los últimos años y el poco auxilio de las transferencias públicas a los pobres extremos, podemos concluir que el combate a la pobreza del actual gobierno ha sido un fracaso.
El peor fracaso quizá, porque era su mayor promesa. Naturalmente, la catastrófica pandemia, no imputable al gobierno, es la causa de los daños mayores.
Pero pesa mucho también la incompetencia del gobierno en la ejecución de su proyecto ante la emergencia.
Cancelar el Seguro Popular en el umbral de la pandemia, por ejemplo, agravó mucho los efectos de esta, como muestran los últimos datos del Coneval.
El manejo de la pandemia misma, reconocidamente uno de los peores del mundo, y la austeridad a rajatabla sostenida frente a ella, añadieron estragos al estrago y no sabemos cuántos miles de muertos evitables.
Pero hay un problema previo a la pandemia en la política social del gobierno que podría resumirse quizá en dos palabras: simpleza e inflexibilidad.
La simpleza fue pensar que con reasignar el presupuesto con prioridad en programas sociales bastaría para hacer una diferencia histórica en la lucha contra la pobreza. Y que el dinero de las arcas públicas alcanzaría para todo en cuanto se lo limpiara de fugas y corrupción.
Para mucho más habría alcanzado la reasignación pobrista de los dineros públicos, desde luego, si se hubiera cumplido con la otra premisa/promesa simple del gobierno: que la economía iba a crecer a 4 por ciento anual, y en 2024, a 6 por ciento.
Así esperada la economía, podía también plantearse que no había necesidad de nuevos impuestos ni de nueva deuda para un mayor gasto social. La premisa/promesa original del proyecto era simple, atractiva, indolora, histórica.
Pero la historia caminó por el lado malo, como camina siempre según Engels, y estamos donde estamos: con más no con menos pobres, con menos no con más economía y con un Estado sin dinero que repartió mal el que tenía entre quienes más quería ayudar. Consecuencia: los años de la gran promesa democrática de 2018 son hasta ahora los de peores resultados en la historia de la joven democracia mexicana.
hector.aguilarcamin@milenio.com
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PERDÓN, PERO...
Barco a la deriva/ROBERTO BLANCARTE
Milenio, 10.08.2021;
En México, la Iglesia parece haber perdido la brújula. No hay señales claras respecto a sus posicionamientos y orientación. En la última década, perdió más de cinco por ciento de sus feligreses. En cálculos conservadores, millones en todo el periodo, más de mil fieles por día, que dejaron de serlo. Y sus jerarcas no han reaccionado; están como impactados por los cambios sociales y políticos, sin saber qué hacer. En México y en América Latina están pasmados frente al populismo, como lo estuvieron con el neoliberalismo. Es siempre aventurado hacer juicios sumarios. No sé, por lo tanto, si la Iglesia católica (en nuestro país y en el mundo) vive actualmente una crisis mayor o es una simple sacudida, a las que está acostumbrada. En cualquier caso, hay elementos suficientes para afirmar que, por lo menos, está atravesando por una fuerte turbulencia.
Los historiadores católicos responsabilizan de ésta a la modernidad, sea la que introdujo Lutero con su reafirmación de la libertad de conciencia del individuo, sea la que desarrolló la revolución francesa con la introducción de la soberanía popular, la emancipación ciudadana de los poderes corporativos y la muy liberal separación de esferas de actividad humana (economía, política, arte, ciencia, educación) respecto a lo religioso.
Desde entonces, la Iglesia no sabe muy bien cómo comportarse con el mundo; no solo le costó mucho trabajo adaptarse a la nueva realidad política mundial (tardó más de un siglo en despegarse de las monarquías) y tiene una actitud muy ambigua ante el dinero (el cuál es necesario, pero se sigue viendo como intrínsecamente sucio), sino que le ha costado integrar los nuevos conocimientos sobre sexualidad (comenzando por lo descubierto por Freud) y a las nuevas prácticas que de ello derivan.
No sé si es exactamente el resultado de ello, pero la Iglesia ya no cumple el mismo papel que antes y le cuesta mucho trabajo entender cuál es su papel y qué hacer en la actualidad. En contextos globales. En su lugar, la maquinaria burocrática, que es realmente pesada en esta institución, sigue su curso. Hay excepciones, como siempre, por supuesto.
Algunos sacerdotes y unos cuantos obispos, intentan reaccionar, pero su mensaje es cada vez menos escuchado. Quizás porque el populismo les ha arrebatado buena parte de su discurso sobre los pobres, quizás porque la modernidad los ha alejado de los valores reales (por ejemplo, en materia de sexualidad) con los que actualmente se rige la población. Sin hablar de materias esenciales como la equidad de género o el papel de la mujer en la institución eclesiástica y en la sociedad.
Si esto es evidente en el contexto mundial, lo es mucho más en el marco de la cambiante realidad mexicana. Por ello, a la Iglesia católica en nuestro país le urge una reflexión general, que debería estar precedida por una toma de conciencia de la crisis que atraviesa. No está claro que el episcopado esté consciente de esta situación, que tenga deseos de enfrentarla o los instrumentos para llevar a cabo una transformación doctrinal y pastoral adecuada a los nuevos tiempos. Lo que se observa es un barco a la deriva en aguas turbulentas.
roberto.blancarte@milenio.com
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La necesaria reforma electoral/RICARDO MONREAL ÁVILA
Milenio,
La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha puesto de relieve la necesidad de una reforma a fondo de los órganos electorales, del financiamiento de las elecciones, de las reglas de operación de la estructura electoral, del papel de los partidos políticos y hasta de los esquemas de integración de las cámaras de representantes.
La construcción de la democracia electoral que hoy tenemos ha seguido un largo devenir. Transitamos de la sospecha sobre la limpieza de los comicios (la larga historia de fraudes electorales desde el siglo XIX), hasta llegar al malestar ciudadano actual por el alto costo de nuestros procesos electorales.
Resolvimos el problema cuantitativo de contar bien los votos, pero no el tema cualitativo de disponer de una democracia de calidad, donde no solo se elijan a las autoridades, mediante el voto libre, secreto y directo, sino se construya una democracia que no sea considerada únicamente como “una estructura y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” (artículo tercero constitucional).
El alto costo de las elecciones es el quid y la litis del asunto. El presupuesto de las elecciones federales y locales que se presentaron el pasado 6 de junio ascendió a un total de 44 mil 907 millones de pesos, distribuidos de las siguiente manera: Presupuesto INE, 12 mil 367 millones de pesos; prerrogativas federales para los partidos, 7 mil 226 millones de pesos; presupuesto tribunal electoral federal, 3 mil 30 millones de pesos; presupuesto de los 32 OPLE´s, 11 mil 932 millones de pesos; prerrogativas a partidos locales en las 32 entidades, 6 mil 817 millones de pesos; presupuesto de los 32 tribunales electorales locales, 3 mil 532 millones de pesos.
Esto hace que las elecciones federales y locales de México sean las más caras del mundo. Con un costo per capita del sufragio con grandes disparidades y desigualdades, en estados donde se distinguen además por enormes carencias sociales. Por ejemplo, en Tlaxcala el costo del voto por elector es de 663.91 pesos; en Sonora de 501.54 pesos; en Campeche de 490.54 pesos y en Michoacán de 380.44 pesos.
El INE es también la institución donde se concentra el mayor número de servidores públicos mejor pagados en toda la administración pública federal, estatal, descentralizada y de órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, 125 funcionarios ganan más que el Presidente de la República, lo que ha ocasionado cuestionamientos frecuentes del titular del Ejecutivo. No hay paralelo con los ingresos de funcionarios electorales en otros países.
Si a ello agregamos la cifra negra del dinero privado no reportado en las campañas, el costo electoral se elevaría considerablemente. Detrás de esa cifra negra se encuentran seguramente fuentes y compromisos inconfesables de dinero mal habido, que dañan la legitimidad misma de las autoridades electas.
La reforma electoral que exige la ciudadanía es aquella que reduzca el costo fiscal de los comicios, las prerrogativas entregadas a los partidos, el número de legisladores federales y locales, el sueldo de estos mismos servidores públicos y, en general, el riesgo sistémico que representa tener elecciones caras en medio de una sociedad con carencias endémicas.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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La 4T clasificó las “noticias falsas” como riesgo a la seguridad nacional/Javier Tejado Dondé
El Universal, 10/08/2021;
Entre la fuente periodística y en la mañanera han causado revuelo los señalamientos sobre si el actual gobierno espía a periodistas. Hoy sabemos que el anterior gobierno federal, el de Enrique Peña Nieto, tenía un andamiaje institucional con Pegasus para espiar a opositores, activistas y periodistas. Entre ellos, al actual Presidente y su círculo familiar. De todo este espionaje falta ver si habrá consecuencias, pero por lo pronto, sabemos que hay intención en la próxima Legislatura de crear una comisión investigadora.
Y, ¿qué pasa en el actual gobierno? Luego de que escribiera que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se había pedido, ilegalmente, información sobre varios periodistas que habíamos escrito en contra del nuevo padrón de telefonía móvil que se quiere implementar —justo por los riesgos a la privacidad y datos biométricos—, el Presidente de la República negó tajantemente que se espíe a periodistas. Incluso, en un par de conferencias, llamó “mentirosos” a quienes escribimos sobre el tema.
No dudo que el Presidente hable con su verdad. Y, desde luego, tampoco creo que con todo el espionaje y actos autoritarios que él ha padecido a lo largo de su carrera opositora, haya ordenado espiar a periodistas. Yo le creo. Pero vale la pena que revisen bien los archivos oficiales, o incluso que se cree una comisión investigadora independiente. De lo contrario, la realidad les va a alcanzar, como ahora le sucede al anterior gobierno peñista y a sus agencias de seguridad.
Y es que EL UNIVERSAL, con base en la Ley de Transparencia, y tratando de indagar sobre el espionaje a periodistas, el 16 de julio publicó dos respuestas oficiales: la que le dio la SSPC en la que se declara “incompetente” para responder si hace espionaje a periodistas, lo que significa que no niegan, ni aceptan. Reveladora respuesta.
Y también está lo que respondió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el folio 0410000008721, donde se señala que sólo se genera “inteligencia vinculada a fenómenos declarados como riesgos y/o amenazas a la seguridad nacional”.
Y pues resulta que en un memorándum titulado ‘Agenda Nacional de Riesgos (ANR) 2019’ y que fue entregado de manera clasificada a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, se establece que la “difusión de noticias falsas” es un riesgo para la seguridad nacional. Al poner este rubro en la agenda de riesgos, el gobierno federal construyó un andamiaje para espiar a medios y periodistas. Y basta con ver la mañanera o los programas de la TV pública para saber que una gran cantidad de medios y periodistas han sido tachados como emisores de “noticias falsas”.
El que las “noticias falsas” estén en un documento entregado como de seguridad nacional es sorprendente por sí mismo. Elevan este rubro al nivel de la inseguridad pública, la subversión, el terrorismo, los flujos migratorios descontrolados y la corrupción.
Pero también sorprende, pues la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5°, es expresa sobre cuáles son los riesgos para la seguridad. Y en la ANR adicionaron la “difusión de noticias falsas” sin sustento alguno.
El amplio documento que tengo en mi poder, que es el último entregado al Congreso formalmente, no es publicable, pues contiene sellos de seguridad que revelarían la fuente y le repercutirían sanciones, al estar clasificado como de seguridad nacional. En caso de que se requiera, estaría dispuesto a que lo vea un juez federal y que declare a quienes lo presentaron y lo conocieron en la Comisión Bicameral.
Creo que el gobierno federal debe revisar con cuidado qué se ha hecho y quiénes lo han hecho. En particular, el área de Comunicación de Presidencia y la SSPC que están, en este rubro de la ANR, identificadas como las instituciones responsables a ejecutar líneas de acción. Luego no se vayan a sorprender de que, sin las autorizaciones debidas, había unidades espiando a medios y periodistas, con base en una agenda nacional de riesgos a la seguridad.
Cambiando de tema:
Curiosamente, en la ANR no viene el narcotráfico como un riesgo para el país. Luego de lo que ha pasado en varias ciudades y del video lanzado ayer contra varios medios y la periodista Azucena Uresti, bien valdría la pena replantear esta agenda.
Twitter: @JTejado
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Punto Crítico Sinaloa Digi Tv
ZONA POLITEiA/César Velázquez Robles
Garantizar la independencia y autonomía del poder judicial
Durante el zedillato se operó una especie de golpe de Estado cuando el presidente decretó la disolución del poder judicial para reconfigurarlo y hacerlo un instrumento adecuado para contribuir al desarrollo de la sociedad democrática. Este acto de fuerza fue posible por la enorme concentración del poder en el Ejecutivo y la subordinación de los otros poderes que forman parte de la tríada en las sociedades modernas. El hecho llamó poderosamente la atención de la opinión pública y de los estamentos especializados que criticaron el comportamiento autoritario de Ernesto Zedillo, y la necesidad de garantizar un auténtico equilibrio de poderes, en el mejor espíritu de los grandes teóricos. En el caso del poder judicial, el presidente en aquel entonces no dijo “renuncien todos”, sino que despidió a todos. Podía hacerse: la concentración del poder lo permitía. El argumento, por supuesto, era la necesidad de modernizar la instancia encargada de la administración de justicia. En la propuesta de reforma que presentó el titular del Ejecutivo federal se estableció que era indispensable tener “un poder judicial más independiente, más fuerte y más capaz de cumplir con sus responsabilidades”.
Ha transcurrido ya un cuarto de siglo de aquel acontecimiento. En ese periodo se han operado profundos cambios en el sistema político mexicano. Nuestra transición democrática ha diseñado una arquitectura institucional que se caracteriza por la reconfiguración del sistema de división de poderes, una creciente independencia del poder judicial y un poder legislativo con un renovado protagonismo perfilando con mayor claridad una división horizontal de poderes. Con todos sus defectos y asegunes, el sistema había venido funcionando –y en gran medida sigue bastante funcional— aunque las pulsiones autoritarias están ahí, siempre presentes, en el propósito de control, sometimiento y subsunción a un presidencialismo exacerbado, como el que ahora estamos viviendo.
El modelo de control recíproco: cooperación competitiva y competencia cooperativa
Este sistema de división de poderes o modelo de control recíproco entre poderes, ha formado parte de la teoría y del mejor espíritu democrático en la perspectiva de una colaboración constructiva que consolide formas civilizadas de convivencia. La división de poderes no significa, como sabemos, que cada poder vaya a su aire, sino de evitar que se concentre en una persona, y se distribuya entre varias de tal modo que haga posible el establecimiento de frenos y equilibrios. La misma expresión “control recíproco”, da cuenta de cierta forma de intervención, de injerencia de un poder en otro, pero siempre buscando que ello no signifique distorsionar el espíritu de colaboración y cooperación que garantiza el equilibrio del sistema en su conjunto. Si fuese posible ponerlo de otro modo, diría que la división de poderes o el modelo de control recíproco supone un ejercicio permanente de cooperación competitiva o de competencia cooperativa.
Se impuso la sensatez en el poder judicial
En el caso nuestro, la reforma del poder judicial nació condicionada por el deseo del poder presidencial de controlarlo. Lo fue también de Zedillo, por supuesto, y de todos los presidentes que le han sucedido. No es nada nuevo. Pero el legislativo controlado por morena, y con el propósito de satisfacer al presidente López Obrador, metió de contrabando un artículo transitorio, el 13, que permitía ampliara en dos años el periodo del titular del poder judicial, de tal modo que su periodo concluiría en diciembre de 2024, es decir, dos años después de que vencería su estancia como ministro de la Corte. El argumento del presidente de la República no era nada convincente: el ministro presidente de la Corte era el hombre en el que confiaba para llevar adelante la reforma. Era obvio que ello significaba una violación abierta al orden constitucional. Tuvieron que transcurrir cuatro meses para que el ministro Zaldívar se pronunciara señalando que su mandato concluirá en diciembre de 2022, cerrando la posibilidad de que en el futuro se pudiese utilizar un precedente de ampliación de mandato en el poder judicial para aplicarlo al poder ejecutivo.
En su sesión de ayer, el pleno de la Corte empezó a revisar el caso de la ampliación del mandato de Zaldívar, aunque se sabía que la posición del ministro ponente sobre el tema sería en sentido contrario. El asunto es prácticamente caso cerrado. Y se puede decir que es un triunfo de la institucionalidad democrática, evita una crisis profunda en el poder judicial, y garantiza la independencia de este brazo del sistema democrático. El asunto se ha zanjado en un ambiente de tranquilidad, sin la crispación que podría haberse suscitado y cancela una fuente de polarización y conflicto de lo que ya estamos bastos.
La extensión de mandato, apuntó el ministro ponente, atenta contra la división de poderes y contra la independencia y autonomía del poder judicial. Así, se hace eco de la tesis defendida por nuestros más destacados constitucionalistas, diversos especialistas en materia jurídica, comentaristas, analistas, académicos e investigadores. Se desactiva una potencial fuente de crispación, y se despeja un poco el horizonte en la perspectiva de 2024.
Creo que todo ello es una muy buena noticia para el conjunto de la sociedad mexicana. Y hay que celebrarlo.
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Pobreza e inseguridad: las dos crecen/Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excelsior,
Resulta desconcertante que el presidente López Obrador deseche las cifras de los organismos públicos del gobierno que él mismo encabeza, en lugar de asumirlos para revisar sus políticas públicas. En los últimos días, las cifras demuestran en forma abrumadora que la pobreza ha crecido en el país, que los apoyos sociales no llegan a donde deberían, que el sistema de salud no logra sobreponerse a la desaparición del Seguro Popular y que, en ese ambiente de mayor pobreza y desigualdad, la delincuencia y la inseguridad aumentan.
Mucho se ha hablado del apoyo social a los jóvenes para que se alejen de la delincuencia, pero lo cierto es que, según datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, el número de jóvenes delinquiendo aumentó 8.2 por ciento sólo en los últimos cuatro meses, basándose en el número de jóvenes detenidos.
Este aumento de jóvenes delinquiendo va de la mano con el aumento de la inseguridad, pero, sobre todo, de otra información que le proporcionamos la semana pasada: según el Coneval, en el último año aumentaron dramáticamente la pobreza y la pobreza extrema. Al iniciar 2021, había 55 millones 700 mil personas viviendo en pobreza, tres millones 800 mil más que el año anterior. De ellas, diez millones 800 mil viven en pobreza extrema, ese porcentaje pasó del 7 al 8.5 de la población.
El Coneval es la única institución del Estado mexicano responsabilizada de medir la pobreza y la desigualdad. El Presidente desechó esos datos, pero los mismos confirman la razón por la que fue despedido Gabriel García Hernández, el encargado de los programas sociales de Palacio Nacional: los programas sociales no están llegando adecuadamente, hay corrupción en el proceso y en el camino de cancelar unos programas para reemplazarlos por otros, la gente al final tiene menos que antes. Los apoyos están mal focalizados y distribuidos.
Por supuesto que todo esto tiene relación con la pandemia, pero el problema se origina antes. Por ejemplo, ayer se informó que 20 millones de personas perdieron el servicio de salud con la desaparición del Seguro Popular porque no han sabido o no han podido inscribirse en el Insabi. No están recibiendo atención y mucho menos medicamentos. La cancelación de una institución y su cambio por otra que ni siquiera sabe cómo comenzar a operar adecuadamente tiene un alto costo social y eso se refleja en la medición de pobreza y pobreza extrema.
En realidad, todo esto también deviene de una pésima coordinación interinstitucional. Este fin de semana se vivieron nuevos episodios en torno a la pandemia, mientras siguen al alza los contagios. Nada ejemplifica mejor esa falta de coordinación que el enfrentamiento, ya abierto, entre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el subsecretario Hugo López-Gatell, quien el viernes en la noche declaró a la Ciudad de México en semáforo rojo y, por ende, en suspensión de actividades. Horas después, el sábado en la mañana, Sheinbaum lo desmintió, negó que fuera a haber suspensión de actividades y dijo que la ciudad seguiría en naranja y aseguró que López-Gatell no tenía ni siquiera las cifras correctas porque había utilizado los datos de la semana anterior. López-Gatell ni siquiera se atrevió a debatir el tema con la jefa de Gobierno que, además, en este tema sigue en la posición que han adoptado otros gobernadores, quienes simplemente ignoran las decisiones del subsecretario.
Tan es así que la obtención de vacunas depende de la Cancillería y la responsable de la vacunación en la frontera norte no es ninguna especialista en el tema, sino la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. Por cierto, el presidente López Obrador habló ayer con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para analizar la situación en la frontera; pidió más vacunas y que se abra la frontera el 21 de agosto. El problema es que, aunque se argumenta que buena parte de la población adulta ya está vacunada en la frontera, los contagios siguen, en algunos casos con números dramáticos, como sucede en Nuevo León.
En medio de todo esto, la que sí parece una decisión irreversible es que, como dijo el presidente López Obrador, “llueve, truene o relampaguee” a fin de mes se regresará a clases presenciales. Más allá de que universidades y varios estados toman con mucha distancia esa decisión, lo cierto es que apenas ayer se comenzaron a revisar las escuelas primarias que deberán abrir en 20 días para ver si tienen carencias o cómo quedaron las que han sido saqueadas, que superan, con amplitud, el centenar. Hubo meses para hacerlo, pero en sólo 20 días se pretende poner en condiciones, después de año y medio cerradas y en el abandono, a las escuelas del país. Por cierto y ante todo esto, ¿alguien sabe dónde está y qué opina la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez?
Un fracaso olímpico
Terminaron los juegos de Tokio y México tuvo la peor participación de su historia, salvo la de Atlanta, en 1996. Cuatro medallas de bronce y el lugar 84 en el mundo. Es el epílogo de una pésima gestión en Conade, marcada por la cancelación de becas a deportistas, escándalos, denuncias de malos manejos y diferencias políticas entre autoridades y deportistas. Se cosecha lo que se siembra.
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El último día de Tenochtitlan/Héctor De Mauleón
La ciudad que Cortés había considerado “la más hermosa cosa del mundo” era ya solo un puñado de ruinas
El Universal, 10/08/2021;
Cuando se iba el sol los mexicas comenzaban a tañer “el maldito atambor”, que según el soldado Bernal Díaz del Castillo “era el más maldito sonido y más triste que se podía inventar”.
Aquel atambor sonaba hasta tierras lejanas. “Y tañían otros peores instrumentos y cosas diabólicas y tenían grandes lumbres, y daban grandísimos gritos y silbos”.
En mayo de 1521 Cortés y sus hombres destruyeron el acueducto de Chapultepec, que surtía de agua a Tenochtitlan. Al mismo tiempo, los capitanes Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval iniciaron el cerco de la ciudad.
Comenzaba la defensa más dramática de una capital del Nuevo Mundo en el medio milenio que ha transcurrido desde entonces. “Durante un tiempo, algunos mexicanos lo vieron a él (a Hernán Cortés) y a sus compañeros, cuando menos como la reencarnación de dioses. Pero, a fin de cuentas, para ser sinceros, habían sido los mexicas quienes lucharon como dioses”, escribe el historiador Hugh Thomas en un libro que se ha vuelto clásico: “La Conquista de México”.
Las imágenes descritas por Bernal Díaz del Castillo arden en la imaginación y en la memoria desde que su “Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España” fue publicada en 1632:
“Qué grita y alaridos y silbos nos daban y cómo se venían a juntar con nosotros pie con pie, digo qué y no lo sé escribir; porque toda la calzada hincharon de vara y flecha y piedras de las que nos tiraban, pues las que caían en el agua muchas más serían; y desde que nos vimos en tierra firme dimos muchas gracias a Dios”.
Los mexicas dejaban que los españoles y sus aliados, tlaxcaltecas, texcocanos, acolhuas, penetraran a la ciudad durante largos tramos. Lo hacían solo para llevarlos a los espacios donde pudieran atacarlos cómodamente. Los invasores destruían todo lo que encontraban a su paso, y los mexicas volvían a levantarlo todo durante las noches —de manera que todo parecía empezar de cero diariamente.
Escribe Bernal que el maldito atambor y otros peores instrumentos tañían de manera “espantable” y luego cuenta cómo los mexicas llevaban a los prisioneros a lo alto del Templo Mayor, “donde estaban sus malditos ídolos”: les ponían plumajes en la cabeza, los hacían bailar “delante del Uichilobos”, “les aserraban los pechos y les sacaban los corazones bullentes”.
Más tarde los lanzaban escalinatas abajo, y los descuartizaban, y guardaban sus barbas “para hacer fiestas con ellas”. Finalmente, relata el conquistador, se comían las carnes “en chilmole”.
Los restos de los sacrificados, la cabeza, los pies, las manos, eran empleados para alentar entre el pueblo, y en las comunidades cercanas, la idea de que los dioses estaban de su lado.
Pero los antiguos aliados ya no estaban. Texcoco se había volteado. Cuauhtitlán, Tacuba y Tlacopan habían quedado vacíos. Los pueblos que, durante los primeros días de lo que Hugh Thomas llamó “La batalla de Tenochtitlan”, todavía proveían de alimento a los mexicas, pactaron con Cortés.
Tras la destrucción del acueducto, la sed arrasó Tenochtitlan y los sitiados dispusieron solo del agua fétida del lago. Muchos comenzaron a morir de “un flujo del cuerpo”. Cuauhtémoc mandaba a un viejo mexica a comer lentamente a la orilla del lago, a la vista de los españoles, para que estos creyeran que en la ciudad no faltaban alimentos, aunque en realidad la gente rascaba las piedras para comerse las lagartijas, la paja, las yerbas e incluso el lodo.
El mismo Cuauhtémoc había ordenado a las mujeres que subieran a las azoteas vestidas como guerreros, ataviadas con armas y plumas. La intención era que Cortés creyera que el número de sus enemigos era infinito.
Se lee en el poema: “Como una pintura / nos iremos borrando. / Como una flor / nos iremos secando”.
La ciudad que Cortés había considerado “la más hermosa cosa del mundo” era ya solo un puñado de ruinas. Los aliados indígenas atacaban con un odio y una ferocidad que espantaba a los propios españoles: “Nunca en generación tan recia se vio”, apuntó Cortés.
A cada incursión, los españoles caminaban sobre las cabezas y los cuerpos de los muertos. Relata Hugh Thomas: “En todas partes se veían huesos rotos, casas desvalijadas, tejados derrumbados, muros marchados de sangre, cuerpos sin enterrar”. Escribe el propio Cortés que las calles estaban llenas de niños y mujeres que se morían de hambre y “que era la más lástima del mundo ver”.
Según algunas crónicas, hubo una última señal, un último portento. Apareció en el cielo un remolino que parecía hecho de fuego “y andaba haciendo espirales” y desapareció de pronto en el centro del lago.
El último día de Tenochtitlan comenzó a llover y cayó una de esas lluvias propias de agosto, que duró hasta la medianoche. Sostiene Bernal que todo el tiempo sonaban desde lo alto de los templos los malditos atambores, pero que de pronto todo calló y era como si “de antes estuviera un hombre encima de un campanario y tañese muchas campanas, y en aquel instante que las tañían cesasen de tañerlas”.
Había caído preso Cuauhtémoc. Entonces “cesaron las voces y todo el ruido”.
Twitter: @hdemauleon
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No hay “fantasma de militarización”, pero sí un gobierno militarizado/Salvador García Soto
El Universal, 10/08/2021;
Con el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina avanzando cada vez más en labores de gobierno y administrativas que, por ley y por tradición siempre realizaron civiles en el país, el presidente López Obrador insiste en que no hay un “fantasma de militarización” en su administración, aun cuando soldados, generales y almirantes controlan ya varias áreas sustantivas del gobierno civil que van desde la construcción de obra pública, hasta la administración de vacunas contra el Covid, pasando por el control y manejo de los Puertos Mercantes, las Aduanas fronterizas, el Banco del Bienestar, el combate al robo de hidrocarburos y custodia de pipas de Pemex, Programa Sembrando Vida y, por supuesto, la seguridad pública en todo el territorio nacional.
Si a eso se suma que las Fuerzas Armadas, en su conjunto, hoy gozan del mayor presupuesto público de la historia con 148 mil 033 millones de pesos –el doble de los 75 mil millones que tuvieron en el último año de Peña Nieto–, que el próximo año les aumentarán 50 mil millones de pesos más para el manejo de la Guardia Nacional, que dejará de ser una policía “civil”, al menos en la ley, para convertirse en un cuerpo de policía militar, y que ahora el Ejército y la Marina también tendrán sus propios ingresos financieros por la administración de Aeropuertos, Tren Maya y otras “concesiones” financieras y administrativas que les está otorgando el presidente, no hay duda de que estamos ante una “época de oro” para las fuerzas castrenses, que se reconozca o no, cada vez acumulan más tareas civiles –y con ellas el poder que conlleva— además del presupuesto público.
Muy lejos ha quedado aquel discurso de campaña del candidato López Obrador que cuestionaba “el uso del Ejército para tareas para las que no fue creado” y afirmaba que si él llegaba a la Presidencia “voy a devolver a los militares a sus cuarteles”. No sólo nunca los devolvió, sino que los metió a muchas más áreas de naturaleza civil y, de haber sido enviados por Felipe Calderón y Peña Nieto a encargarse de la seguridad y el combate al narcotráfico, hoy los militares no sólo han ampliado su rango de acción y su capacidad financiera y administrativa, sino que también son considerados por este gobierno, como las dos instituciones más importantes del Estado, por encima y con “superioridad moral” que cualquier dependencia o institución civil.
“Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad solo con el uso de la fuerza. No hay afanes autoritarios, no hay una guerra… Queremos que la Guardia Nacional se consolide y que antes de terminar nuestro gobierno esté dependiendo de una institución fuerte, disciplinada, profesional, leal, como la Secretaría de la Defensa, lo mismo que la Secretaría de Marina, que siempre he dicho, son los dos pilares del Estado nacional, que nos están ayudando mucho”.
Sin poner en duda los conceptos de lealtad, disciplina y profesionalismo que el presidente López Obrador exalta en las Fuerzas Armadas y la contundencia de las encuestas que siguen ubicando a las fuerzas militares como una de las instituciones en las que más confían los mexicanos, la realidad es que la militarización del gobierno y de la administración pública en lo que va de este gobierno es claramente medible por el número de tareas civiles y el presupuesto que manejan las instituciones militares.
No es casualidad que con los recursos otorgados este año a las Fuerzas armadas en su conjunto sean el único rubro presupuestal que más ha crecido en lo que va de este gobierno, con casi 96% de aumento y tampoco lo es que los 148 mil millones que este año tienen las instituciones castrenses –112 mil 557 millones la Sedena y 35 mil 476 millones la Semar— superen a otras áreas sustantivas del gobierno como la cultura, que apenas tiene 13 mil millones de pesos con los recortes de este año, la ciencia con 86 mil 600 millones de recursos fiscales y 102 mil 600 contando sus recursos propios.
Incluso si se le compara al presupuesto militar con los presupuestos más grandes que maneja el gobierno, en 2022 con los 50 mil millones de pesos más que ha anunciado el gobierno para la Sedena por la Guardia Nacional, el presupuesto militar alcanzaría casi 200 mil millones de pesos, que representan la cuarta parte del total del gasto en educación que invierte el gobierno este año 836 mil 400 millones; un 40% del gasto en salud que este año fue de 496 mil 912 millones; y un porcentaje similar de 40% representa el gasto castrense comparado con los 505 mil 262 millones que este año destinó el gobierno federal a los programas sociales, que son una de las mayores prioridades de la administración lopezobradorista.
Pero la medición más real del terreno que han ganado los militares en el gobierno civil no está solo en los recursos presupuestales y en sus más de 12 tareas civiles que hoy controlan, sino en las afirmaciones y la constante presencia e influencia de los dos jefes militares en Palacio Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante José Rafael Ojeda, dos de los hombres de mayor confianza y cercanía del presidente. El general Sandoval ha dicho en discursos y en comparecencias ante el Senado “que no hay militarización y no hay por qué preocuparse porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna área que no sea de nuestra especialidad”, además de que también ha acusado que el “sistema Judicial es el que menos cumple sus funciones en el tema de seguridad y narcotráfico”, mientras que el almirante Ojeda de plano acusó: “Parece que al enemigo lo tenemos en el Poder Judicial” y recientemente dijo que “México carece de servidores públicos honestos. Por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.
Ese es quizás el más claro indicador del avance militar en la vida civil de este país, que junto al cada vez mayor poder económico y político que se le está dando a las instituciones castrenses al controlar áreas enteras del gobierno, también viene el discurso de “superioridad moral” de los militares sobre los civiles, algo que puede parecer para muchos cierto y hasta inofensivo, pero que va construyendo una narrativa en la que los castrenses pueden hacerlo todo de manera más eficiente y honesta que los civiles. Entonces ¿quién necesita un gobierno civil ineficiente y corrupto?
NOTAS INDISCRETAS…
Hablando de militares, al que se ha visto ya muy activo y retomando sus actividades personales y sociales es al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Al general que fue detenido y acusado por la DEA y luego regresado a México por una petición directa del gobierno de López Obrador que tuvo que solicitar la devolución del extitular de la Sedena porque enfrentó una amenaza de retiro del Ejército y la Marina de abandonar cualquier labor en seguridad y de otro tipo en su gobierno, se le ha visto departir con sus amistades en varios restaurantes de la Ciudad de México, en donde los comensales lo reconocen y se acercan a saludarlo. Uno de esos comensales que se paró de su mesa para saludar y reconocer al general Cienfuegos, le escuchó decir que él “estaba de regreso” y que pudo librar el encarcelamiento y las acusaciones del Departamento de Justicia y la DEA que pretendían abrirle un juicio por presuntos vínculos con grupos criminales, “gracias a que mis amigos militares se le plantaron al presidente y le exigieron que me trajera, si hubiera sido por este gobierno, yo allá siguiera en la cárcel”. Y seguro que don Salvador, al que se le ve muy bien en su reaparición pública, sabe bien de lo que habla cuando habla de cómo logró algo de lo que muy pocos personajes en el mundo pueden ufanarse: librar a la justicia estadunidense… Anoche se habían despejado ya las cosas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez a la presidencia para la que fue electo por la mayoría de sus cinco compañeros, quedaba claro que la mediación del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tuvo efecto y que tanto Reyes como el depuesto José Luis Vargas aceptaron hacerse a un lado para dar paso a una nueva votación que ocurrirá en las próximas horas cuando se reúnan a sesionar los 7 magistrados de la Sala Superior. Anoche sonaba fuerte el nombre del magistrado Indalfer Infante para asumir la Presidencia del TEPJF, y se decía que había un acuerdo impulsado por el líder del Senado, Ricardo Monreal, y por la dirigencia del PAN, a través de Santiago Creel y Marko Cortés, para que Indalfer entrara como tercero en discordia y pusiera fin a la crisis del Tribunal, para que puedan retomar a la brevedad, a más tardar el próximo miércoles, sus tareas constitucionales y sustantivas que son la calificación y validación o anulación, según sea el caso, de las elecciones federales de diputados y las locales en estados como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y San Luis Potosí, además de temas como las multas al PVEM y a MC por el uso ilegal de influencers en sus campañas. Veremos si para mañana o a más tardar el miércoles los 7 magistrados ya se “aclimataron” y resolvieron una crisis que ellos mismos desataron… Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro y también la semana.
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Nuevo León y la convulsión del Tribunal/Roberto Rock L.
El caso de Samuel García, en Nuevo León, puede marcar el precedente de la compra de una gubernatura a partir de una compleja urdimbre de operaciones
El Universal, 10/08/2021;
Para Azucena Uresti; a los compañeros de EL UNIVERSAL, Milenio y Televisa, amenazados por criminales que han desplazado al Estado.
La elección de nuevos gobernadores en 15 estados impone a las autoridades electorales, en particular al tribunal federal en la materia (TEPJF), desafíos enormes en casos como los de Nuevo León o San Luis Potosí, donde la profusión de dinero irregular resultó patente; Michoacán y Guerrero, con notables irregularidades, o Campeche, con un empate entre los dos principales contendientes.
El escenario de una o más anulaciones está a la vista. La tensión que obligó ayer al retiro de la presidencia del tribunal de José Luis Vargas y, antes, al estrafalario “presidente” Reyes Rodríguez Mondragón puede explicarse no como un contraste con la gravedad del momento, sino quizá como una causa de éste. Como aprendices de brujos, los actores políticos —fuera y dentro de la administración López Obrador— están buscando que los jueces diriman en el terreno jurídico lo que ellos no pudieron conciliar en el político, ni siquiera con los poderosos resortes del gobierno.
Un caso emblemático es Nuevo León, donde el virtual gobernador electo es Samuel García, postulado por Movimiento Ciudadano, colocado en ese sitio actual gracias a una compleja trama empresarial y financiera sobre la que se acumulan señalamientos de evasión y uso de recursos de origen ilícito.
El pasado martes le expuse en este espacio la participación de empresas cercanas al gobernador de Jalisco —Enrique Alfaro, también de MC— en gastos multimillonarios para crear cuentas falsas desde las que se manipuló información. A raíz de esas indagatorias ha quedado en evidencia la paradoja de que algunas de esas compañías cobijadas por un adversario del presidente López Obrador, colaboraron en el triunfo electoral del tabasqueño en 2018, y siguen siendo utilizadas por sectores clave de la 4T.
Es necesario no perder de vista el caso de Samuel García porque puede marcar el precedente de la compra de una gubernatura a partir de una compleja urdimbre de operaciones tejida desde la segunda mitad del gobierno Peña Nieto y lo que ha caminado la actual administración, a la vista de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, sin que nadie haya hecho nada para impedirlo.
De acuerdo con lo recabado por este espacio, las áreas de inteligencia gubernamental cuentan con una radiografía de un entramado de más de 30 personas vinculadas con operaciones sospechosas de la familia García Sepúlveda, que colocó al centro del manejo de cuentas por cientos de millones de pesos a la señora Rosario García Morales, sin profesión conocida y media hermana del candidato ganador de la gubernatura de Nuevo León. En la cúpula de la organización figuran igualmente la madre de ella, María del Rosario Morales Pérez, y el padre de ambos, Salvador García Mascorro.
Excede el espacio destinado a esta colaboración detallar esta operación, por lo que habrá que regresar pronto al tema.
Apuntes: El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, encaró ayer dos reveses con cierto donaire. Ahora sabemos que el mismo viernes en que anunció que declinaría la prórroga a su cargo como presidente, circuló el proyecto de sentencia de su compañero Fernando Franco, que considera anticonstitucional el artículo correspondiente dentro de la reforma judicial, aprobado por el Congreso. No hay fecha definida para la votación en el pleno. Por la tarde se produjo la citada caída de Reyes Rodríguez Mondragón, el “presidente” del tribunal electoral federal más fugaz de la historia. Ese entuerto, emprendido con la aparente bendición de Zaldívar, debió ser deshecho por él mismo.
rockroberto@gmail.com
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Pobreza a discusión o la pobreza de la discusión/JORGE ZEPEDA PATTERSON
Milenio, 10.08.2021;
Como tantas otras cosas en el México de nuestros días, los nuevos datos que se han dado a conocer sobre el estado de la pobreza se han convertido en combustible para encender la polarización política. Todos sabíamos que debido a la pandemia y la consiguiente crisis iba aumentar el número de personas en situación precaria. Al respecto, no hay país que se haya salvado. Lo que no está claro es cuánto de eso es imputable estrictamente al covid-19 y sus secuelas y cuánto al desempeño de cada uno de los gobiernos a cargo de paliar la crisis.
En México, el debate ha dado lugar a las más encendidas valoraciones sobre la gestión de López Obrador. Los datos que ahora han circulado tienen la suficiente ambigüedad para que cada una de las partes exhiba argumentos categóricos y definitivos a favor de su respectiva filia o fobia.
Aunque difieran las interpretaciones, las cifras están a la vista. A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares levantada por el Inegi en el segundo semestre de 2020, el Coneval afirma que la cifra de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema (canasta alimentaria básica) aumentó de 14 a 17.2 por ciento, es decir, 4.6 millones de personas adicionales comparado a 2018.
Por lo que respecta a la pobreza en su conjunto, Coneval afirma que aumentó de 49.9 a 52.8 por ciento. Es decir, 5.1 millones de mexicanos adicionales cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza.
Números terribles para una nación cuyas élites actúan como si estuviésemos en la antesala del primer mundo: resulta que la mayoría de los mexicanos vive hoy en la pobreza o en la extrema pobreza. Pero en 2018 ya estaba en esa situación la mitad de la población, sin pandemia o sin López Obrador que lo “justificase”. Y no deja de sorprender que esa cifra se acerque al porcentaje que apoya a López Obrador, para verlo en términos políticos o a la proporción que trabaja en el sector informal, para abordarlo en términos productivos. Un México sumergido que ahora resulta que es el mayoritario en nuestro país.
De allí mi insistencia en afirmar en este espacio que, contra lo que muchos piensan, no es López Obrador el problema del país, sino la pobreza e inconformidad en la que viven las mayorías y que terminó por alcanzar a los de arriba mientras seguían convencidos de que el suyo era el único México posible. AMLO sería la consecuencia, no la causa, del malestar que experimenta la mayoría de la población con un sistema que le ha sido adverso.
Dicho lo anterior, más allá de haber tenido el mérito de haber puesto el tema de la pobreza sobre la mesa (y tampoco es que tuviera mucha opción, considerando que ese fue el factor que lo llevó a Palacio), cabría preguntarse si el gobierno de la 4T ha sido benéfico o perjudicial para esa aspiración.
Habría que comparar estos resultados respecto a lo sucedido en países similares a México de acuerdo a las expectativas de organismos internacionales especializados. La Cepal había anticipado una cifra cercana a 10 millones de pobres adicionales en México, a la vista de la caída del empleo y de la economía en general. Por fortuna, no sucedió así. No existen aún suficientes reportes en otras naciones, similares al presentado aquí por Coneval, para saber si también tienen un resultado mejor que el de los peores escenarios. Pero es un hecho que las cosas pudieron haber sido bastante más catastróficas en términos de empobrecimiento.
Ahora bien, ¿cuánto de esto obedece a las políticas de transferencias de recursos del gobierno de la 4T y cuánto a la rápida recuperación de la economía de Estados Unidos y el aumento histórico de las remesas? Probablemente tienen méritos compartidos. Las remesas alcanzan un valor cercano a los 650 mil millones de pesos, mientras que los recursos públicos dispersados rondan los 300 mil millones anuales. Ambas partidas tienen como destinatarios a los sectores a los que la crisis golpea de la peor manera. Quizá eso explica que el coeficiente de Gini, que mide cuán desigual es el ingreso entre la población, descendió entre 2018 y 2020, es decir, se cerró un poco la brecha entre los más ricos y los más pobres. Más aún el decil 1, el 10 por ciento más pobre del país, aumentó su ingreso ligeramente (1.3 por ciento), mientras que el del más rico descendió 9.2 por ciento. Un argumento a favor de las políticas redistributivas de la 4T pese a todas sus insuficiencias y errores.
Nunca sabremos cómo habría actuado un gobierno priista o panista de cara a la pandemia y la crisis resultante. Seguramente se habría echado mano de empréstitos internacionales para financiar ingentes apoyos y recursos a empresas y a trabajadores. El problema consistiría en saber cuánto de esa derrama se quedaría en los contratistas acostumbrados a lucrar en las emergencias o en los líderes sindicales y en la burocracia, canales de transmisión y frecuentes apropiadores de esas transferencias. Ciertamente hoy tendríamos un sector público más endeudado. Por lo demás, es probable que buena parte de esa derrama se habría quedado en el sector formal e ignorado a la economía sumergida en donde laboran los más necesitados.
En suma, y pese a toda la propaganda en contra vertida esta semana, en el balance en materia de pobreza México no sale tan mal parado como se había temido, tenga o no algún mérito el gobierno de la 4T. Cosa distinta es el tema de la cobertura de salud, sobre el cual la misma encuesta del Inegi muestra resultados sumamente preocupantes. Todo indica que si bien lo realizado por las políticas obradoristas fue un paliativo para los más necesitados, el desempeño en materia de salud, junto con el de la inseguridad pública, habrán de convertirse en el gran talón de Aquiles en el balance histórico que merezca este gobierno. Pero ese es tema para otro texto.
@jorgezepedap
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Reflejo: seis días sin tribunal/JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA
Milenio
Hoy, la Corte y el Tribunal ya no son los mismos/Enrique Quintana
El Financiero, agosto 10, 2021;
El pasado 26 de julio publiqué en este espacio un artículo que titulé: ‘No habrá extensión de mandato en la Corte’.
En ese texto argumenté las razones que, a mi juicio, hacían impensable que ocurriera dicha extensión.
Le comenté las razones por las cuales ese hecho sería inaceptable para el ministro presidente, Arturo Zaldívar, así como la posible votación cuando el tema se discutiera en el pleno.
Le expliqué que habría dos escenarios: un 11-0 por la inconstitucionalidad del artículo transitorio o un 10-1 en caso de que la ministra Yazmín Esquivel votara a favor.
Hoy ya sabemos que no habrá extensión de mandato, independientemente de la votación. Zaldívar la rechazó.
El ministro presidente de la Corte presentó el 15 de junio pasado una consulta al pleno de la Corte respecto al tema. Por sorteo, el ministro Fernando Franco fue el encargado de presentar la ponencia relativa a ese punto.
Se esperaba que la sesión del pleno en la que se debatiera el tema ocurriera en agosto. Ayer trascendió que la ponencia de Franco está por declarar inconstitucional el artículo transitorio, aunque no se definió la fecha de la reunión.
Zaldívar sabía que, en la votación del pleno, se definiría la inconstitucionalidad de la extensión de mandato y por lo tanto él ya no tendría que renunciar a esa prerrogativa.
Así que resultó sorpresivo que 113 días después de que se aprobó en el Senado el artículo que le daba dos años más de presidencia, Zaldívar haya optado el viernes 6 de agosto por rechazarla públicamente cuando había señalado que sería el pleno de la Corte el que resolvería.
Declinar implicó establecer una línea clara frente a la Presidencia de la República. Esperar la resolución del pleno hubiera sido más sencillo y de menor costo.
Tres días antes, el martes 4 de agosto, cinco de los siete integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la máxima autoridad judicial en materia electoral, decidieron algo inédito: remover al presidente, el magistrado José Luis Vargas, y nombrar a un sustituto, el magistrado Reyes Rodríguez.
Ayer, Reyes Rodríguez renunció a la presidencia del Tribunal y señaló que debe haber una votación en la que estén todos presentes, incluyendo a los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto, quienes no estuvieron en la votación del martes pasado.
Ese hecho muestra el intento de conciliación, pero no cambia lo básico: que cinco magistrados decidieron deponer a Vargas.
Antes de los hechos de la semana pasada, el presidente de la Corte esperaba la resolución del pleno, que se daría en algún momento de agosto y los magistrados del TEPJF confiaban en el control que ya ejercían sobre el presidente del Tribunal.
Algo ocurrió en el camino que cambió las cosas.
En el Poder Judicial a veces los tiempos son muy diferentes a los que se presentan en otros ámbitos de la vida pública mexicana, son mucho más lentos.
Por eso, cuando, en cuestión de días, se produce una sacudida como la que presenciamos, es muy difícil imaginar que se trate de una mera coincidencia.
A mí me parece una reverenda tontería aquel adagio que dice que en política no hay coincidencias. Claro que las hay y muchas.
En este caso, sin embargo, hay elementos que hacen pensar que se trata de hechos conectados.
Desconozco si los magistrados hablaron previamente con el ministro Zaldívar. No tengo ninguna evidencia de ello.
Pero, al margen de ese hecho, el resultado es que, por las decisiones tomadas en la última semana, la independencia y autonomía del Poder Judicial en México, tuvieron un punto de inflexión.
Hoy la Corte y el Tribunal ya no son los mismos. Para bien de México.
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