Las columnas políticas hoy, martes 5 de julio de 2022

¡Vaya! el c. Presidente @lopezobrador_ en una especie de "perdón" celebró el comunicado de la dirigencia de la Iglesia @IglesiaMexico y de religiosos debido a que lo propusieron "otro tono", muy al estilo papa Francisco..

Esperemos que baje el tono..

Preguntamos ¿Cuál otro tono han usado los religiosos?, sólo han pedido diálogo, que se haga justicia y que se aplique la ley...

Y colocó en la pantalla la canción del poeta venezolano, Alí Primera,:

No, no, no basta rezar

Hacen falta muchas cosas

Para conseguir la paz...

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Desconfían en EU de Ken Salazar.- NYT

Funcionarios de EU desconfían de su Embajador en México, Ken Salazar, quien pareciera contradecir las políticas de la Casa Blanca con tal de alinearse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, según publica hoy The New York Times.

Lorenzo Córdoba tenía un mensaje para el señor.embajador Salazar, "el presidente mexicano estaba montando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia del país."

Pero, en vez de expresar alarma, Salazar adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente, al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le habían robado las elecciones presidenciales de 2006.

Salazar, dijo en una entrevista que no estaba convencido de que esas elecciones habían sido limpias, desafiando la postura de EU  en un momento en que la democracia está bajo amenaza en ese país y en el resto del hemisferio.

Salazar, quien invitó al alto funcionario electoral mexicano Lorenzo Córdova a su residencia, le dijo a The New York Times que quería saber: “¿Hubo fraude?”.

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CHO COLUMNAS 5 DE JULIO:

1. Reforma. APRIETAN A ALITO; ESCARBAN RIQUEZA. Investiga Fiscalía lavado y evasión fiscal del líder del PRI

2. El Universal. ENSEÑARÁN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LIBROS DE TEXTO. SEP e Inmujeres alistan modificaciones en contenidos para llevar a las aulas temas como la igualdad y el respeto a los derechos, afirma Nadine Gasman, titular del instituto

3. La Jornada. AMLO: EL SAT LOGRÓ PONER FRENO A EVASIÓN Y CONDONACIÓN. “Mantiene un erario sano”

4. Milenio. OBISPO DE ZACATECAS: URGE “PACTO SOCIAL” QUE INCLUYA A LÍDERES NARCOS. Sigifredo Noriega ordena a los sacerdotes a su cargo abandonar los lugares de riesgo

5. Excélsior. RECAUDACIÓN SUPERA NIVELES PREPANDEMIA... Destacan cumplimiento de grandes contribuyentes

6. El Financiero. COSTO DE EVITAR “GASOLINAZO” VA EN 159 MIL MDP. Revela monto de los apoyos fiscales para combatir inflación entre enero y junio

7. El Economista. RECAUDACIÓN EN EL I SEMESTRE ALCANZÓ LOS $2.05 BILLONES, REPORTÓ EL SAT. Superó el monto registrado antes de la pandemia

8. La Razón. CATEAN CASA DEL LÍDER NACIONAL DEL PRI; ÉSTE ACUSA. “PERSECUCIÓN” Fiscalía indaga enriquecimiento ilícito

9. 24 Horas. ALITO ACORRALADO, ACUSA PERSECUCIÓN. Catean y exhiben parte de su lujosa mansión

10. Reporte Indigo. LOS AVISOS DEL METRO. Los recientes incidentes en el Metro demuestran que existen otras rutas, además de la Línea 1, que necesitan ser intervenidas y rehabilitadas

11. La Crónica. ATACAN A BALAZOS DESFILE EN CHICAGO; HAY 6 MUERTOS Y UNO ES MEXICANO. El tiroteo, durante la celebración del Día de la Independencia en EU; reportan al menos 26 heridos

12. El Sol de México. DEPRIMIDOS, OCHO DE CADA 100 MEXICANOS. “No es una decisión, no es un castigo divino”

13. El Heraldo de México. RECAUDA 20% MÁS DE GRANDES CONTRIBUYENTES. Además, entre enero de 2020 y junio de 2022, ha denunciado ante la FGR a 485 servidores públicos

14. Ovaciones. JAMAICA ÁCIDA. Inicia México con derrota 0-1 el premundial femenil

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Guardia Nacional da contrato a empresa polémica

Bajo Reserva/ El Universal

La Guardia Nacional (GN), nos hacen ver, acaba de entregar un contrato para la realización de pruebas Covid a la empresa Central ADN, S.A. de C.V., la misma señalada como a la que Roberto Cabrera Alfaro, excomisionado nacional de Búsqueda en el sexenio pasado, le entregó, ilegalmente, más de 49 mil perfiles genéticos. Nos detallan que en el expediente GN/CAF/DGRM/C084/2022 de la licitación para un servicio de aplicación de pruebas para detección del virus SARS-CoV2 se entregó un contrato por 8 millones 620 mil 689 pesos sin IVA. La semana pasada, Cabrera Alfaro fue condenado a tres años de prisión por traficar con los datos de ADN de miles de familias que buscan a sus desaparecidos y que fueron entregados a esta empresa. Será que a la Guardia Nacional no le importa estar relacionada con una empresa involucrada en un escándalo que, nos dicen, podría crecer. 

César Yáñez, como “Checo” Pérez

Al estilo de “Checo” Pérez, quien estuvo en el último lugar en el gran premio de Gran Bretaña y acabó en el podio al llegar en segundo lugar, el flamante subsecretario de Gobernación César Yáñez es hoy la máxima autoridad presente en esa dependencia. Nos hacen notar que tanto el secretario Adán Augusto López, como el subsecretario Alejandro Encinas se encuentran contagiados de Covid, por lo que no tienen actividades presenciales. Así, don César, quien fue el último en integrarse a la Segob, acaba de llegar la semana pasada, hoy en día es el funcionario de mayor nivel que está asistiendo a la sede de la Secretaría.   

Higinio aún no es candidato, pero ya es marca registrada

Nos hacen ver que a la moda que impusieron de políticos que aspiran a la candidatura presidencial de 2024, ya se subió el senador Higinio Martínez, quien busca la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México. Nos indican que el legislador solicitó a finales del año pasado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de su nombre como marca comercial para gestión de negocios, difusión publicitaria de campañas y hasta libros. Don Higinio desembolsó más de 10 mil pesos en ocho solicitudes, y a principios de este año le fueron autorizadas con una concesión por 10 años. Aún no se sabe si el legisladore llegará a ser candidato de Morena, que busca arrebatar al PRI “la joya de la corona”, pero, por lo pronto, ya puede presumir que es marca registrada. 

Un nuevo desaire del director del ISSSTE a diputados

Nos platican que, por cuarta vez, el titular del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, desairó a las y los diputados federales integrantes de la Comisión de Salud. Desde su nombramiento en noviembre del año pasado, el funcionario fue invitado de manera informal a reunirse con las y los legisladores, pero nunca aceptó los llamados. Por ese motivo, en mayo pasado, la Comisión aprobó citarlo a comparecer de manera formal, en un encuentro que se realizaría ayer; sin embargo, Santaella canceló bajo el argumento de tener compromisos en la oficina de la Presidencia. Y aunque no mintió, porque tuvo reunión en Palacio Nacional a las 17 horas, bien pudo acudir, pues su cita en San Lázaro era a las 11:00 horas. 

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Piden cárcel para periodistas/Raymundo Riva Palacio

El Financiero,

La exasperación del gobierno por la violencia es notoria en la forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de justificar lo injustificable. Sí hacen mucho, pero nadie lo quiere ver. Sí disminuye la violencia, aunque los datos del gobierno lo desmienten. Antes no hacían lo que nosotros, como entregar gratuitamente territorio nacional a las organizaciones criminales. Hemos bajado los delitos del fuero federal, porque no enfrentan, por lo que no hay detenciones ni se abren investigaciones por delitos contra la salud. En homicidios dolosos, es el peor sexenio a la fecha en la historia. López Obrador parece creer que si detiene su bicicleta el mundo hará lo mismo para que no se caiga. No se ha dado cuenta que está en el suelo.

Hace unas semanas, en una reunión con sus colaboradores, mostró su desinterés por el tema con otra de sus ocurrencias. ¿Por qué no contratan a un asesor que les diga cómo reducir la violencia?, preguntó. Nadie respondió. El tema, en el fondo, no le interesa. Las incidencias delictivas que le reportan diariamente en la reunión de seguridad, se ha convertido en un trámite, más que en una guía para actuar. Le preocupa, sin embargo, que la violencia siga impactando a su gobierno y traslade el daño a quienes pretenden sucederlo. ¿Qué hacer?

Sin saberse si fue voluntario o por encargo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encontró una fórmula: si la violencia no puede acallarse, hay que silenciar a la prensa. El 6 de junio pasado publicó enmiendas al artículo 167 Quater del Código Penal del estado, donde incorpora el Decreto 40, que establece:

“Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley audio grabe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos, o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el calor diario de la unidad de medida y actualización”.

Durazo se abrogó la facultad para censurar la cobertura periodística por la vía penal. Su decretazo colocó a Sonora, cuando menos por ahora, en el mismo nivel de las dictaduras, donde lo que no le gusta al gobierno lo reprime penalmente. No encontró el gobernador, arquitecto de la nula estrategia de seguridad del gobierno federal, mejor salida para ocultar la violencia en Sonora, que como su jefe político, tampoco enfrenta. Intentarlo como quiere, es una tontería. El sol de fuego criminal siempre rebasará su dedo que lo quiere tapar.

Su actitud, sin embargo, es preocupante por la tendencia de intimidación y aplicación de los instrumentos represores del gobierno contra periodistas. Contra lo que dice el Presidente ya no hace, el Centro Nacional de Inteligencia tiene un abanico de unos tres mil móviles en escucha permanente -se desconoce cuántos tienen autorización judicial-, en donde incluye a varios columnistas. La Fiscalía General de la República, que tiene abierta una investigación en contra del columnista Mario Maldonado por difundir un material publicado en YouTube, piensa abrir otras contra comunicadores que revelen los entretelones en los que se maneja el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Las tendencias autoritarias del régimen han pasado de los dichos presidenciales a las acciones legales. Al reaccionar al Decreto 40 de Durazo, las organizaciones Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y Artículo 19, señalaron en un comunicado que las modificaciones al Código Penal no cumplen con los objetivos legítimos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de esta, sino que generaban un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad.

“Las conductas que castiga este decreto son tantas, que podría generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, así como una aplicación discrecional y arbitraria de la misma, en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar”, agregaron. “Los conceptos que utiliza son tan abiertos como ‘compartir’, ‘enviar’ o ‘difundir’, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquier persona que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban”.

El Decreto 40 es una enmienda al Código Penal de Sonora que hay que combatir para que el Congreso estatal lo derogue. El problema es que la actual legislatura está casi 3 a 1 de Morena y sus aliados contra la oposición. Esto significa que por ahí no habrá ningún dique. Desde hace dos años Morena ha buscado fórmulas para censurar a la prensa. Propuso un Comité de Autorregulación de la Prensa en el Senado -un comité similar existe en el Reino Unido, pero organizado y financiado por los medios-, y regular las redes sociales. El Presidente, protegido por el Poder Judicial y la CNDH, insulta, difama y lincha a periodistas y medios porque no le gusta su abordaje crítico a temas públicos.

La violencia en el país, mientras tanto, se incrementa. El número de asesinatos sigue creciendo. López Obrador sigue insistiendo que es culpa de un gobierno que dejó de serlo hace casi 10 años. La prensa, en lo general, no se ha hincado ante él y sigue reportando cómo el país se pinta cada vez más de rojo. La confrontación con el Presidente no parará, y sus ataques animan a que otros lo imiten de manera más salvaje: 12 periodistas muertos en lo que va del año es una prueba, aunque a él se le revuelva el estómago.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

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  Las 10 mentiras de la “inauguración” de Dos Bocas (I)/

Carlos Loret de Mola

El presidente inauguró una obra inconclusa. No se vio un solo barril de crudo entrando a la refinería y menos un solo litro de gasolina saliendo

El Universal, 

1. El viernes, el presidente inauguró una obra inconclusa. Para no decir eso, inventó el eufemismo de que en realidad era la “inauguración de la primera etapa constructiva” de la Refinería de Dos Bocas. En la administración de proyectos de construcción, dicho término no existe. Nadie en el mundo lo utiliza. Las obras se construyen, se prueban y se ponen en operación. Aquí simplemente no se vio un solo barril de crudo entrando a la refinería y menos un solo litro de gasolina saliendo.

2. Prometieron que en diciembre de este año la refinería va a estar operando. De acuerdo con los especialistas, es posible que los primeros barriles procesados ―si bien les va― estén en el sistema de refinación hacia el año 2026. Incluso fue posible escuchar de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quejarse de que tiene varados en altamar equipos fundamentales para la operación. 

3. López Obrador afirmó que la gasolina en México es hoy más barata que en Estados Unidos. Lo que no explicó es que esto no se debe a que esté mejorando la oferta de gasolinas de origen nacional sino a que se está subsidiando el precio a un costo de aproximadamente 22 mil millones de pesos al mes. De seguir las condiciones de mercado actuales, el presidente tendrá que optar entre subir la gasolina, subir la deuda o recortar los programas sociales. De aquella promesa de campaña de que el litro de gasolina costaría 10 pesos, sólo queda una fuente inagotable de memes. 

4. El presidente afirmó que México refinará en breve 1.2 millones de barriles a los que se sumarán los 340 mil de dos Bocas, otros 340 mil de Deer Park, más dos plantas coquizadoras. Esto es, 2 millones de barriles. Son puras cuentas alegres. Es imposible refinar el petróleo que no tienes: México está produciendo 1.7 millones de barriles de crudo. Y eso no sube de la noche a la mañana. No son galletas. Son cientos de miles de barriles de crudo diario que no se están extrayendo de ningún pozo mexicano. Es mucha producción que no se tiene. ¿O qué, va a importar petróleo crudo?

5. Para abonar a la confusión, el director general de Pemex enmendó la plana a López Obrador. Afirmó que actualmente se refinan casi 1.1 millones de barriles, considerando lo que procesa Deer Park. Deer Park procesa 340 mil barriles. Deer Park está en Estados Unidos. Entonces, si se procesan 340 mil barriles en EU esto significa que en México sólo se procesan 760 mil barriles, no los 850 mil qué afirmó el presidente. 90 mil barriles de diferencia es un montón. Es una cifra que mueve los mercados. Este gobierno ni siquiera se coordina en tener las mismas cifras en los discursos.

Pero claro, nada de esto es culpa de un gobierno necio e inepto. Todo es culpa de los neoliberales. 

(Hay otras 5 mentiras. Las comentamos mañana) 

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Los lazos políticos y criminales de Lenin Canchola/Héctor De Mauleón

El Universal, 

La madrugada del 25 de junio un policía de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, fue acribillado a bordo de su patrulla. Horas antes policías ministeriales habían detenido a un sujeto identificado como Adrián Alemán Hernández. 

El detenido era hijo de Alfredo Alemán Narváez, el Comandante Alemán, uno de los líderes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí. 

Sobre el parabrisas de la patrulla en que viajaba el agente sacrificado, El Comandante Alemán dejó dos cartulinas: una, en la que amenazaba al gobernador del estado con asesinar “a tu guardia civil”; y otra en la que advertía: “Esto pasó por meterse con mi hijo malditos traisioneros (sic)”. 

Dos semanas más tarde, según fichas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, El Comandante Alemán tuvo una reunión en el centro de Monterrey con uno de los criminales más buscados en la Ciudad de México: Jonathan Lenin Canchola, exsocio de la Unión Tepito y líder de la organización delictiva más poderosa que opera al poniente de la capital del país y se encarga de la distribución de droga, la extorsión y el cobro de piso. 

El Lenin, conocido también como El General, fue detenido el viernes pasado en calles de Monterrey en una operación conjunta realizada por la SSC, la Secretaría de Marina y agentes de la fiscalía de Nuevo León. 

Desde la detención de su socio principal, Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, ocurrida en febrero de 2020, Jonathan Lenin Canchola había decidido alejarse de las alcaldías que controlaba –Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras–. Con apoyo de un grupo de colaboradores que le rentaban departamentos y operaban sus traslados, desapareció de la ciudad: sabía que era el siguiente en la lista. 

Omar García Harfuch inició la persecución de la Unión Tepito desde sus tiempos al frente de la Agencia de Investigación Criminal. El grupo delictivo que durante varios años había cubierto de sangre las calles de la Ciudad de México, se debilitó en unos meses con las capturas sucesivas de sus líderes principales: Roberto Moyado, El Betito; David García Ramírez, El Pistache, y Pedro Ramírez Pérez, El Jamón. 

Desde antes de su detención, El Jamón había delegado la operación del grupo en Lenin Canchola. De hecho, al momento de ser detenido en junio de 2019 en una residencia de Condado de Sayavedra, El Jamón preguntó si era El Lenin quien lo había traicionado. 

Según las autoridades, tras la caída de los jefes principales, Canchola se alejó de la Unión y centró sus actividades en Álvaro Obregón y Cuajimalpa. 

En 2015 El Lenin era solo el jefe de golpeadores de un grupo de choque que prestó sus servicios a todos los partidos políticos, para reventar mítines, encabezar batallas campales y movilizar clientelas de ambulantes e invasores de predios: Los Claudios. 

Los Claudios formaron la Asamblea de Barrios Poniente, y obtuvieron cargos directivos en la entonces delegación Cuajimalpa que encabezaba por primera vez el priista Adrián Rubalcava. 

El grupo derivó hacia la extorsión de ambulantes y obras en construcción. Pronto se relacionó con la Unión Tepito. 

En octubre de 2020 se descubrió que Lenin Canchola había infiltrado en la alcaldía de Cuajimalpa (otra vez a cargo de Adrián Rubalcava) a dos de sus operadores: Flor Leticia Vázquez, jefa de Unidad Departamental de Vía Pública, y a Marcos Posadas Moreno, director de Conservación Ecológica. 

Desde ahí, con vehículos y credenciales de la alcaldía, se recogían las extorsiones que luego eran entregadas al jefe criminal. 

Durante más de un lustro la bota de Canchola cayó sobre el poniente capitalino por medio de su grupo, Los Malcriados 3AD, en una ola incontenible de homicidios, secuestros y extorsiones. 

Tendía lazos con el Cártel del Golfo la tarde en que fue detenido. 

@hdemauleon

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El error histórico de Peña Nieto/ Salvador García Soto

El Universal, 

De los muchos escándalos políticos y de corrupción que mancharon y afectaron a su gobierno, sin duda uno de los más graves que enfrentó el presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio fue la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural “Isidro Burgos” el 26 de septiembre de 2014.

Aquella noche de Iguala, que a la postre se conocería como el “Caso Ayotzinapa” está a punto de cumplir 8 años en septiembre próximo y todavía sigue siendo no sólo una investigación no resuelta y un rompecabezas que no encaja, sino que continúa generando un movimiento político que trascendió al sexenio peñista y hoy es un problema para el gobierno de López Obrador, que hoy enfrenta las demandas y exigencias de los padres de los estudiantes desaparecidos.

 Y mientras en las nuevas investigaciones que realiza este gobierno, bajo la Coordinación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CovaJ-Ayotzinapa) con las que se busca sustituir totalmente a la “verdad histórica” del gobierno peñista con nuevas acusaciones y órdenes de aprehensión e incluso llegar hasta los verdaderos móviles y hasta dar con el paradero de los 43 normalistas, se escucha que la Fiscalía General de la República va a solicitar en los próximos días nuevas órdenes de aprehensión y captura contra exmandos de la extinta PGR, que fue la primera encargada de las investigaciones, por anomalías cometidas en el Caso Ayotzinapa.

 Se menciona por ejemplo el nombre del exfiscal antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien estuvo al frente de las investigaciones del caso de 2014 a 2016, como uno de los que podrían ser acusados, y que se sumaría a la orden de aprehensión pendiente en contra del exsubprocurador Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo de la justicia y exiliado en Israel, donde México no tiene tratado de extradición, aunque ha habido ya varias peticiones y gestiones de la FGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedirles que el exfuncionario prófugo sea entregado a la justicia mexicana. 

Pero la paradoja es que mientras las nuevas investigaciones de la CovaJ-Ayotzinapa apuntan hacia los exfuncionarios de la extinta PGR, a quienes acusa de haber manipulado y tergiversado las indagatorias y peritajes oficiales, hay un personaje que, a pesar de haber sido clave en los hechos de septiembre de 2014, nunca fue involucrado por el gobierno de Peña Nieto y fue hasta esta administración cuando lo llamaron a declarar sobre Ayotzinapa: el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Aguirre hoy se mueve de lo más tranquilo y se le ve lo mismo en lujosos restaurantes de la Ciudad de México con sus camionetas Suburban blindadas y sus varios escoltas, que organizando actividades sociales y políticas en su natal Guerrero. Hace unos días comió en el restaurante San Angel Inn con su sucesor priista, Héctor Astudillo, y en repetidas declaraciones y entrevistas el exgobernador, que dirigía el estado cuando ocurrió la desaparición de los normalistas, ha dicho: “Yo tengo la conciencia tranquila” y ha sugerido que se investigue a personajes del gobierno peñista “a los que no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa”, entre los que menciona al exprocurador Murillo Karam, al extitular de Gobernación, Miguel Osorio Chong, y al exdirector del Cisen, Eugenio Ímaz, según dijo en octubre de 2021 en una reunión con empresarios en Acapulco.

El exgobernador acudió el 17 de septiembre de 2019 a una reunión con la CovaJ-Ayotzinapa en la Secretaría de Gobernación, en donde habló de los hechos de 2014 en Iguala ante el subsecretario Alejandro Encinas y varios de los padres de los normalistas. “Vamos a contribuir porque por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer mi versión, porque decía que era un asunto de carácter local, no dimensionaron la magnitud de esta tragedia que tuvo alcances internacionales”, declaró Aguirre Rivero aquel día antes de entrar al encuentro en la Segob, durante el cual fue increpado en varias ocasiones por los padres presentes.

Ahí, Ángel Aguirre, quien fue obligado a pedir licencia a la gubernatura un mes después de la desaparición de los normalistas, el 24 de octubre de 2014, les dijo a los padres y a Encinas que se debe ubicar y revelar la identidad de “El Patrón”, personaje que dio la orden de secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes y que aparece referido en varias llamadas telefónicas realizadas la noche del 26 de septiembre tras los hechos de Iguala. Según comentó él mismo al salir de la reunión a los reporteros, el subsecretario Encinas se comprometió a solicitar los expedientes en donde se refería al mencionado “Patrón”. Lo curioso es que cuando al exgobernador le preguntaron sobre la identidad de dicho personaje, él les respondió “no me corresponde a mí revelar su identidad”.

En todo caso Ángel Aguirre Rivero, quien ha dicho que él es el primer interesado en que se esclarezca la verdad en este caso “que ha sido una pesada losa para mí en estos 7 años” y ha comentado que la Fiscalía a su cargo en el gobierno estatal, que encabezó el fiscal Iñaki Blanco, fue la única que investigó y encarceló a varios presuntos responsables que todavía siguen en la cárcel, fue sin duda un político afortunado o más bien “blindado” en su momento para que no se le acusara de una desaparición ocurrida durante su mandato.

Algo muy fuerte debe haber sabido el gobernador de Guerrero en aquel 2014 para que el presidente Enrique Peña Nieto se negara a imputarlo y a que fuera acusado e investigado tras la desaparición de los normalistas. Porque hoy, casi 8 años después, se sabe por fuentes fidedignas, que unos días después de la desaparición de los 43 normalistas, en una reunión en Los Pinos, Peña pidió la opinión de las fuerzas armadas. Ahí estaban en la reunión el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y el almirante secretario de Marina, Vidal Soberón. Los dos le recomendaron al presidente “detener e investigar al gobernador Aguirre Rivero” y le dijeron que había elementos para hacerlo, según los datos e investigaciones de la inteligencia militar.

Peña se quedó pensando y después de revisar la información que le presentaron los mandos castrenses, dijo tajante, sin dar mayor explicación: “No puedo acusarlo y menos detenerlo”. Y lo que vino después de esa decisión de Peña Nieto todavía hoy, casi 8 años después, lo persigue incluso en la tranquilidad de su cómodo exilio en Madrid.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras Morena ya empieza los preparativos para levantar su encuesta interna, con la que definirá su candidata o candidato a la gubernatura del Estado de México, en el PRI ya todos dan por hecho que su candidata en 2023 será una mujer y sólo falta saber el nombre: o es Ana Lilia Herrera, la senadora que está con todo en pos de la nominación, argumentando su experiencia política y sus números electorales impecables, o es la secretaria de Desarrollo Social estatal, Alejandra del Moral, a quien también ya se le ve echada para adelante y que representa una cara fresca para el acartonado priismo mexiquense. La diferencia entre Morena y el PRI es que mientras los morenistas ya saben y tienen muy claro quién va a decidir, más allá de la encuesta, en la que se medirán a unos cuatro aspirantes (Delfina Gómez, Horacio Duarte, Fernando Vilchis, Pedro Zenteno y posiblemente Mariela Gutiérrez), en el PRI aún hay incertidumbre sobre cómo se definirá el nombre de la candidata, si será el CEN del PRI, es decir el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, a quien corresponde según los estatutos, o si Alito le va a dejar la decisión y la preminencia al gobernador Alfredo del Mazo, tal y como lo ha pedido el propio mandatario estatal y los exdirigentes nacionales del PRI. En fin, que si los priistas se alentan y no resuelven rápido, Morena, que ya tendrá candidata o candidato oficial y definido el 20 de julio, es decir, en 15 días, les puede comer el mandado a los tricolores, a los que les afectan las disputas internas, las diferencias entre Alito y Del Mazo y hasta la falta de un método claro para definir sus candidaturas… Los dados mandan Escalera Doble y ofrecen una disculpa a los lectores por la ausencia involuntaria de dos entregas de esta columna por motivos de salud. Subimos.

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La rebatinga por Tamaulipas/Roberto Rock L.

El Universal, 

La pugna de poder por Tamaulipas, que implica intereses y personajes de múltiples órdenes, acumula ya casi 500 días sin solución a la vista. Tras las elecciones de gobernador el 5 de junio, la crisis alcanza extremos no conocidos e implica desafíos para el equilibrio entre una entidad federativa, el gobierno de la República y el conjunto del Estado.

El nuevo gobernador electo, Américo Villarreal, de Morena, heredará reformas legales decretadas por el Congreso local bajo la ascendencia del mandatario saliente, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, que le cercenan atribuciones fundamentales en el control de la seguridad, la procuración de justicia y el uso de la inteligencia financiera para combatir al crimen.

El nivel de encono entre Villarreal y García Cabeza de Vaca es atizado por dos de sus principales operadores que acumulan años en una confrontación con ingredientes políticos, judiciales y aun de carácter personal: el panista Roberto Gil Zuarth y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En días pasados, Gil Zuarth y otros asesores cercanos a García Cabeza de Vaca, entre ellos los también exsenadores Salvador Vega Casillas y Javier Lozano Alarcón, presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas una denuncia contra Santiago Nieto Castillo, con el propósito de alentar un proceso judicial en su contra que le impida incorporarse al equipo de Villarreal Anaya, como se anunció recientemente.

 En correspondencia, en la Fiscalía General de la República, en particular en la oficina de María de la Luz Mijangos, fiscal anticorrupción, se encuentra una nueva denuncia contra Gil Zuarth y un amplio círculo de parientes políticos a los que se atribuyen operaciones inmobiliarias que presuntamente constituirían delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de origen ilícito y fraude fiscal.

Apenas el pasado 1 de julio, por la madrugada, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado que permitirán a su actual titular, Irving Barrios Mojica, con nombramiento transexenal, absorber tareas en materia de inteligencia financiera, análisis estadístico e incluso de seguridad pública y prevención del delito. Ello incluye el control sobre el órgano autónomo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas y el Sistema Estatal Seguridad Pública. También, los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, (mejor conocidos como C4 y C5), y el mando del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), una división policiaca de élite de la policía estatal diseñada para enfrentar a la delincuencia organizada.

El 14 de junio, en sesión del Congreso local ―virtual, porque la bancada de Morena encadenó las puertas de la sede oficial― se aprobó por la mayoría encabezada por el PAN, reformas a la ley del propio Legislativo, con el objetivo de que el panismo mantenga el control de la Junta de Coordinación Política. Nuevas reformas a la ley en la materia requerirán dos terceras partes del pleno, que Morena no reúne.  

Otro bloque de reformas legales extenderá para el actual partido en el poder el predominio sobre los organismos públicos operadores de agua. Y se designó a un personaje cercano al palacio de gobierno al frente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada, que no podrá ser removido por el próximo gobernador Villarreal hasta que se consiga en el Congreso local una mayoría.

Este escenario puede ser descrito como el anticipo de una ola de impugnaciones ante la Corte. Peor también debe ser leído como el fracaso de la política o, peor, como una exhibición de fuerza de otros grupos de poder fáctico en la rebatinga por Tamaulipas. 

rockroberto@gmail.com

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Coordenadas

El futuro de la 4T está en juego/Enrique Quintana

Coordenadas

El Financiero, julio 05, 2022 |

¿Cuál es el ‘nivel de blindaje’ que tiene el presidente López Obrador respecto a las calificaciones negativas de la población con relación a sus decisiones y políticas?

No lo sabemos del todo, pero no hay ningún ‘blindaje’ que sea capaz de resistir todo.

El Financiero publicó este lunes que el nivel de aprobación del presidente López Obrador se mantuvo en junio en 57 por ciento, que es virtualmente el mismo nivel que ha tenido a lo largo de todo este año y en buena medida desde el segundo trimestre de 2021.

En contraste con la aprobación presidencial, y con la muy evidente excepción del programa de vacunación que mantiene un gran respaldo, en casi todos los otros aspectos de las políticas públicas, predomina el porcentaje que las reprueba.

Destaca desde hace tiempo el caso de los temas de seguridad pública, en donde 67 por ciento considera que los resultados son malos o muy malos, frente a un apoyo de 21 por ciento.

Pero, en el último mes, la variación más visible correspondió a la economía, ámbito en el que el porcentaje de cuestionamiento a las políticas actuales pasó de 44 a 50 por ciento frente a solo 35 por ciento de respaldo.

Obviamente, la inflación es uno de los factores que seguramente está pesando en la opinión ciudadana para desaprobar las políticas en materia económica.

Y paradójicamente es uno de los aspectos que menos tiene que ver la acción presidencial.

Sin embargo, la gente de a pie piensa que el resultado económico, negativo o positivo, corresponde al presidente López Obrador.

Como ha ocurrido en otros momentos, ese deterioro en la aprobación de las políticas públicas no impactó en la aprobación presidencial.

Sé que la discusión tiene ya mucho tiempo y se han presentado múltiples hipótesis que explican esa diferencia.

El presidente representa algo diferente a los resultados de las acciones de su gobierno.

Sin embargo, ante la perspectiva de que se complique el panorama económico y de que no haya arreglo en materia de seguridad, la pregunta pertinente es si la popularidad presidencial ya salvó todos los obstáculos posibles o sigue sujeta a las acciones de su gobierno y sus resultados.

Creo que eso aún está por verse.

Si, por ejemplo, la inflación no cede en las siguientes semanas o si episodios criminales de alto impacto, como el asesinato de los jesuitas en Chihuahua, continuaran ocurriendo, quizás el deterioro en las mediciones de estos factores implicara todavía un mayor descenso en las calificaciones respecto a las políticas asumidas.

Aunque todo puede ser posible, no veo manera de que resultados muy malos en el gobierno de López Obrador y sus políticas no repercutan en la popularidad presidencial, y sobre todo en los resultados de 2024.

Algunos de los morenistas piensan que más allá de que el presidente no esté explícitamente en la boleta, va a estar implícitamente.

Y eso va a garantizar un resultado favorable.

No lo creo.

El electorado mexicano a veces es elemental. Pero no se le puede engañar una y otra vez.

La continuidad de la cuarta transformación depende de los resultados y de lo que la gente vea en ‘la tienda de enfrente’, de lo cual hablaremos en un próximo comentario.

A mi parecer, y obviamente me puedo equivocar, no hay manera de que la popularidad del presidente López Obrador resista un cierre sexenal en el que hubiera un desastre económico y de seguridad.

El gobierno apuesta a que no será así. Pero, el entorno económico y el social son hoy muy inciertos y no sabemos cuál será el futuro.

Creo que incluso el presidente López Obrador sabe que el ambiente es complejo y que hay que ser muy astutos respecto a la forma de operar el proceso sucesorio.

Sabe que su futuro está en juego.