Las columnas políticas hoy, martes 23 de agosto de 2022

La tarde del lunes 22 de agosto, los políticos más cercanos a la candidatura  de la 4T para 2024 fueron convocados por el c. Presidente López Obrador para tomarse la foto en la reinauguración del Gran Salón de Sesiones del Recinto Parlamentario de Palacio Nacional; probablemente fue algo deliberado.

Nada es casual.

La foto fue nota...

El ojo de Dios contempla a las corcholatas, dice la nota de Alberto Morales/el Universal

La vigilancia divina los observa. Se trata del Ojo de Dios dentro de un triángulo y con un gran resplandor dorado, símbolo de origen cristiano-católico presente en muchas iglesias; sobre sus cabezas yace el Gorro Frigio, símbolo de la libertad.

Durante la ceremonia el Presidente estuvo acompañado en la línea de honor por su esposa, Beatriz Gutiérrez y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero.

A sus espaldas, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. 

Y tema llegó hoy a la mañaneras a propósito de una pregunta del sr. Pozo más conocido como Lord Molécula, a propósito de la palabra corcholatas, se la atribuyó a su paisano Leandro Rovirosa.

Dijo que en 2024 ceraará su ciclo.; y comentó ue está muy contento porque hay relevo generacional para que haya "continuidad con cambio".

Y precisó no creo, ni siquiera tengo que tocar madera, está muy difícil que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, privilegios, por más dinero que utilicen, por más campañas negras y control de los medios de información, no, ya no, porque se avanzó mucho en el cambio de mentalidad, eso es lo más importante de todo", celebró.

AMLO afirmó que quien gane la encuesta de Morena y sea el candidato a la Presidencia en 2024, continuará con la transformación del País.

Bajo el ojo de Dios..., pero el c. Presidente no e El Mesías..., aunque decidirá quien será el candidato que pudiera ser su sucesor... 

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Las columnas políticas hoy, martes 23 de agosto de 2022

Templo Mayor/ REFORMA

HAY QUIENES se preguntan hasta cuándo Alejandro Gertz Manero dejará de utilizar la FGR para sus fines personales. A nadie se le olvida cómo el fiscal torció el debido proceso sólo por llevar a cabo una venganza personal en contra de su ex cuñada.

AQUEL CASO fue paradigmático, no sólo porque se exhibió el abuso de poder del titular de la FGR, sino porque ninguna autoridad hizo nada por detenerlo. El presidente de la República hasta se hizo cómplice al decir que Gertz Manero no había cometido ¡delitos graves!

AL PROCESO contra la familia de su hermano se sumaron, por ejemplo, los atropellos contra científicos del Conacyt y ahora la intención de embarrar a Omar García Harfuch en la supuesta trama de la masacre de los normalistas de Ayotzinapa.

PARA NADIE es secreto que el actual titular de la policía de la Ciudad de México es uno de los más fuertes contendientes para sustituir al propio Gertz Manero al frente de la FGR. De ahí que hasta en la propia Fiscalía dicen que el querer involucrar a García Harfuch en la invención de la "verdad histórica", es una manera del fiscal de ponerle piedritas y piedrotas en el camino.

MIENTRAS en México sigue sin saberse qué dirá Andrés Manuel López Obrador sobre el T-MEC, en su tan anunciado mensaje del 16 de septiembre, en Washington ya empiezan a tomar providencias. El Departamento de Estado prepara una sorpresiva visita de Antony Blinken.

POR AHORA se supone que es "top secret", pero el canciller norteamericano llegaría por ahí del 12 de septiembre, justo unos días antes de la prometida bravata presidencial frente al pueblo sabio contra los reclamos comerciales de Estados Unidos y Canadá.

SE DA por sentado que Blinken tratará con el presidente López Obrador el delicado tema de las violaciones mexicanas al T-MEC, en el sector energético. Además, curiosamente, el funcionario norteamericano también visitará la ciudad de Monterrey, fundamental para tomarle el pulso a los empresarios.

A LO MEJOR Blinken viene, justamente, a asegurarse de que AMLO no salga con alguna barbaridad, como la de querer romper el tratado de libre comercio.

¡AY, OJÓN! En lugar de poner a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López debajo del "ojo de Dios", a los tres tapados presidenciales habría que ponerlos bajo el ojo de la fiscalización electoral del INE. ¡Ah, cómo están gastando dinero en su larguísima precampaña! Por lo pronto, más de uno se pregunta de dónde saldrá el dinero para que la jefa de Gobierno integre a su equipo a Antoni Gutiérrez-Rubí, quien fuera estratega del ahora presidente colombiano, Gustavo Petro. Ni modo de pensar que la morenista usará el dinero de todos los capitalinos para su promoción personal, pues esas cosas ya no pasan en México. ¿O sí?

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Truena Cabeza de Vaca contra el “sicario” Nieto/Francisco Garfias

Excelsior 

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, termina su mandato el próximo 30 de septiembre. Se queda sin fuero, como cualquier ciudadano, pero se declara tranquilo. “Los preocupados —revira— deben ser los de Morena. Están señalados de haber recibido dinero del crimen organizado con el tema del señor Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021.

“Carmona financió sus campañas. Los dotó de vehículos blindados. Pagó a empresas para que los movieran. Hay bitácoras de vuelo que involucran no sólo a Américo Villarreal, sino a Mario Delgado. El hermano del señor Carmona está en Estados Unidos y es testigo protegido”, subraya.

* La FGR acusó a García Cabeza de Vaca de lavado de dinero y delincuencia organizada. La mayoría de Morena en San Lázaro lo desaforó, pero la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás y dejó claro que son los congresos locales los que tienen la última palabra en caso gobernadores, alcaldes y diputados locales. La Corte invalidó también la orden de aprehensión que un juez libró en contra de García Cabeza de Vaca y le conservó el fuero, pero esa inmunidad cesa con el término de su periodo, en un mes nueve días.

* Fue una charla espontánea con testigos de calidad —Javier Lozano, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, entre otros— en el restaurante Bellinghausen de la Zona Rosa. El gobernador nos dijo que le hubiese gustado que la primera sala de la SCJN emitiera su resolución mucho antes, porque el escándalo lo utilizaron como un instrumento político para mandar un mensaje, presionar, intimidar a la oposición desde el 2021.

“Y el nuevo titular de la UIF (Pablo Gómez) dice que, anteriormente, esa agencia del gobierno no combatía la corrupción, sino que era parte de la corrupción”.

Conforme avanzaba en la respuesta endurecía el tono en contra del extitular de la UIF, a quien se refiere como “el sicario Nieto”. Fue contratado, asegura, para ir sobre adversarios políticos y aquellos que no están de acuerdo con algunas políticas públicas o que defendían el federalismo.

“¿Qué es lo que les dijo él a mis abogados y puso por escrito? Que parte de las instrucciones que recibió era desintegrar la Alianza Federalista. No sólo eso, utilizó la UIF para presionar a empresarios y a muchos otros.

“Este señor (Nieto) utilizó su posición para engañar al Presidente de la República. Entregó documentos alterados donde dice que agencias de Estados Unidos me estaban investigando, así como a empresarios y políticos. Lo que no entendió este señor es que en esa lista venía un ciudadano de Estados Unidos, José Ramón Cabeza de Vaca (su hermano), que no tiene ni cuentas ni propiedades en México y es funcionario del gobierno de McAllen, Texas. Pensó que por tener el apellido Cabeza de Vaca era alguien que estaba cometiendo irregularidades.

“La realidad nos ha dado la razón. En este año y tres meses nos hemos dado a la tarea, mis abogados y un servidor, de poder integrar todo el expediente de la investigación, las pruebas que demuestran la fabricación de todos esos supuestos delitos. Tan no fue así que ya existe, en uno de los implicados, una suspensión definitiva en torno a hechos que nunca existieron”.

* García Cabeza de Vaca dedicó buena parte de la charla al tema de seguridad. Presume que cuando inició su administración, Tamaulipas estaba entre los tres estados más violentos del país. Hoy está entre los seis más seguros. “No es que tenga otros datos, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública”, subraya con ironía.

El gobernador recuerda que participó en las mesas que organizó el gobierno de la 4T para la Guardia Nacional. Nos dice que, más allá del compromiso de que ésta tendría un mando civil, lo que se dijo es que se iba a capacitar y certificar a las policías estatales y municipales.

“¿Qué recibimos a cambio? Quitaron al Fortaseg, que es el recurso que se les da a los municipios para que puedan reclutar y capacitar policías. Al no tener ese recurso, pues no tenemos policías municipales. Hay una manera muy fácil de determinar si hay voluntad o no. Se llama pesos y centavos o presupuesto. Al quitarlo, ya no tienes capacidades.

“¿Qué hicimos en Tamaulipas con recursos propios? Formar policías. Tenemos hoy en el país cuatro universidades de seguridad y justicia. La mejor la tiene Tamaulipas. Les pagamos dignamente. Hemos hecho convenios con autoridades y agencias de otros países, como es el caso del FBI, que vienen a certificar a nuestros mandos. Los capacitan y otorgan autonomía a las fiscalías”.

En pocas palabras, si hay voluntad, sí hay manera.

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Igual se niega el Holocausto/EL ASALTO A LA RAZÓN

Milenio,

Negar que los desaparecidos de Ayotzinapa fueron levantados por policías municipales, asesinados por Guerreros Unidos (lo medular del caso) y que muy (pero muy) probablemente quemaron sus cuerpos, los trituraron y echaron al río San Juan, equivale a negar los campos de concentración, trabajos forzados y exterminio de la Alemania nazi.

Si en las investigaciones ministeriales de aquella matanza realizadas en el peñanietismo por la PGR con Murillo y la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH se cometieron arbitrariedades y errores, o si personal de la Procuraduría, el Ejército, la Marina Armada, la Policía Federal y otras instituciones dejó de hacer o hizo lo que fuera para que se fabricara una mentira, ¿quién se atreve a negar ocho años después que los jóvenes fueron asesinados por Guerreros Unidos y sus cuerpos quemados hasta su carbonización, triturados y echados al río San Juan, lo cual es la esencia de la abominable “verdad histórica”?

Creer que la narrativa en boca de Jesús Murillo Karam fue urdida en una reunión colectiva encabezada por él con la presencia, entre quién sabe cuántos conspiradores, del actual secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, es imaginar que el asesinato de Luis Donaldo Colosio se fraguó en un acuerdo tumultuario de Carlos Salinas de Gortari, Mario Aburto Martínez, los agentes ministeriales que hicieron la investigación, los jueces y magistrados implicados en el proceso contra el homicida, o que a Enrique Camarena Salazar lo torturó y mató Caro Quintero mientras en el cuarto de al lado aguardaban, departían y se frotaban las manos el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, y los titulares del gobierno de Jalisco, la PGR y el secretario de la Defensa Nacional, como decía la DEA.

El presidente López Obrador dijo ayer que “en el caso del procurador Murillo Karam su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo con el informe y la investigación de la Fiscalía. Él sostiene… A ver si pones… Esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres…”.Y se proyectó el video de Alejandro Gertz Manero diciendo:

“Fue en ese momento cuando el procurador general de la República, Jesús N, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: ‘Estamos preparando un equipo de investigación; se trasladarán el jefe de la agencia de seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación’. Ante esa afirmación…” (fin del video).

AMLO no es abogado, pero alguien debió prevenirle de que su interpretación de que el mismo Murillo se inculpó es por completo errada: hasta un iniciado en Derecho, pero sobre todo Gertz Manero, sabe que la PGR y ahora la FGR como instituciones, y sus titulares en lo personal, son responsables de cualquier investigación federal.

Contra la “histórica”, la perversa verdad alternativa es pura superchería.

cmarin@milenio.com

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Estrictamente Personal

Ayotzinapa: el costo de la incompetencia/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, agosto 23, 2022 |

La noche del 26 de septiembre de 2014, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, realizó dos llamadas telefónicas clave con el mismo mensaje: se había desatado la violencia contra normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala. Una llamada fue al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y la otra al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar. El general le dijo que preguntaría lo que estaba sucediendo; el subsecretario tomó nota. Esa misma noche, que era viernes, Miranda le dijo al subsecretario Andrés Chao, que estuviera atento al día siguiente en la prensa, porque “algo” había pasado en Iguala y quería ver qué impacto tenía en la opinión pública.

El sábado 27 no hubo mayor información, salvo en la prensa de Guerrero, pero el domingo era el titular principal en varios diarios de la Ciudad de México. Ese mismo día el presidente Enrique Peña Nieto convocó a una reunión en Los Pinos para revisar lo que había sucedido en Iguala. El procurador Jesús Murillo Karam afirmó que había sido un problema “entre narcotraficantes”, lo que fue aceptado acríticamente por los presentes, que también consideraron que era mejor no decir nada públicamente porque pensaban que podían aparecer algunos de los normalistas que se reportaban como desaparecidos.

El lunes 28, en una evaluación interna del equipo presidencial, se concluyó que el tema era local, por lo que debía ser resuelto a nivel municipal y estatal. El que fueran normalistas de Ayotzinapa los involucrados permeó como prejuicio contra los jóvenes. “Todos son delincuentes”, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no estaba interviniendo en el caso. No comprendían que el solo hecho de que fueran de Ayotzinapa tenía una carga política donde no eran percibidos como victimarios, sino como víctimas.

El gabinete de Peña Nieto estaba empapado en soberbia. Descalificaban críticas y cuestionaban los argumentos en la prensa política. En la primera semana de la desaparición se planteó al presidente la idea de presionar al gobernador para que se separara del cargo, pero fue desechada. “¿Qué se ganaría?”, se autopreguntó un funcionario consultado. “Nada”. Cuando sucedió, ya no tuvo impacto alguno.

Su prepotencia los hizo minimizar dos conflictos que pudieron servirles para no repetir los errores. Uno fue la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos, y que pese a que rápidamente intervino el gobernador Rubén Figueroa, las cosas se aplacaron sólo con su renuncia 10 días después. El otro fue la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal asesinó a 45 indígenas tzotziles, lo que provocó la caída del secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett.

El gobierno se había mantenido al margen, pero la presión pública crecía rápidamente. El 5 de octubre, nueve días después de la noche trágica, la PGR atrajo el caso. Recibió de la Fiscalía de Guerrero toda su investigación, y los cortó de las averiguaciones. Incluso, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, pretendió detener al fiscal Iñaki Blanco, a quien privó de su libertad varias horas. En esos días comenzó a construirse la desgracia política de Murillo Karam y Zerón, miembros de un gobierno insensible y displicente que incluso pudo haber evitado el crimen de los normalistas, pero no hicieron nada para ello.

Durante meses, en la mesa de seguridad en Guerrero, que encabezaba el Cisen, se documentaron los crímenes de Guerreros Unidos –los asesinos de los normalistas– y su vinculación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores de ese grupo criminal. Abarca, probó Blanco, estaba vinculado con el asesinato del dirigente agrario Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular, en 2013. Blanco pidió repetidamente a la PGR que atrajera el caso meses antes de la desaparición de los normalistas, pero lo ignoraron.

Abarca, como los alcaldes de varios municipios en Tierra Caliente, estaba vinculado a Guerreros Unidos o a sus rivales, Los Rojos, las bandas criminales a las que se refirió Murillo Karam en Los Pinos. No se sabrá qué hubiera pasado de haberse actuado en ese momento, pero la red de protección institucional se habría alterado. Tampoco se sabrá qué habría pasado si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hubiera pedido aplazamientos para los controles de confianza de los policías municipales, porque, de haberse hecho, la mayoría de los involucrados en el crimen jamás lo hubiera aprobado.

¿Por qué no se actuó sobre los informes en la mesa de seguridad en Guerrero? ¿Por qué no cortaron las manzanas podridas dentro de la Policía Federal y el Batallón 27º de Infantería que fueron identificadas en ella? Las preguntas no tienen respuesta, como el porqué las llamadas telefónicas del gobernador no tuvieron un seguimiento. El Batallón 27º de Infantería sabía qué estaba pasando porque tenía personal en el C4 de Iguala. ¿Qué le informaron al general Hernández Saavedra? El subsecretario Miranda tampoco hizo nada. De haber enviado a los drones a sobrevolar Iguala, habría podido tener el gobierno un seguimiento de los normalistas, lo que quizás hubiera evitado el crimen o, en el peor de los casos, saber si y dónde, los habían matado.

Todo fue una cadena de omisiones, como apunta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y negligencias. Pero, por la información que trascendió en esos días de Los Pinos, no fue una conspiración para encubrir –aunque sí hubo esmero en cuidar al Ejército–, sino la prueba de un gobierno profundamente incompetente. En junio de 2018 se publicó en este espacio:

“La falta de oficio político fue la entrada a esta pesadilla político-jurídica que acompañará a Peña Nieto aun después de concluir su presidencia. La paradoja es que… se lo ganó a pulso… Quien tiene que rendir cuentas ante la historia y, eventualmente, ante la justicia es Peña Nieto, a quien un crimen municipal se le volvió de Estado”.

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  Sheinbaum acelera el paso: contrata asesor y recibe cargada/Salvador García Soto

El UNiversal,

El fin de semana la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue objeto de varias expresiones abiertas de respaldo a su candidatura presidencial por parte de personajes y grupos de Morena y de la 4T que, reviviendo la vieja práctica de la cargada priista, le expresaron públicamente su apoyo para que sea la candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024. Lo mismo el hermano del presidente, José Ramiro López, que el director del Fonatur, Javier May, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, organizaron eventos políticos para pronunciarse a favor de la doctora que recorre el país los fines de semana promoviendo su imagen y su proyecto político.

 El sábado, por ejemplo, llegó a Oaxaca con el pretexto de dar una “Conferencia sobre la Crisis del Agua”, invitada por la Universidad Autónoma de Oaxaca. La visita sirvió para que se dejara ver en el mercado público desayunando junto al gobernador electo, el morenista Salomón Jara, y para luego visitar en Palacio de Gobierno al actual gobernador, el priista Alejandro Murat, quien también le dio la bienvenida y subió fotos con ella a sus redes sociales.

Es claro y evidente a estas alturas que la jefa de Gobierno tiene muy claro cuáles son sus fortalezas y debilidades y trabaja en ambas. Por un lado, fortaleciendo su presencia al interior de la 4T y del morenismo, promoviendo este tipo de expresiones públicas que buscan generar una percepción de que ella es la candidata del presidente y la opción de la militancia, aunque para ello se fomenten prácticas del viejo régimen como la “cargada” o la “bufalada” que solían azuzar los aspirantes presidenciales del viejo sistema.

 Y por el otro lado, con sus recorridos por todo el país ya sea entre semana en supuestas actividades oficiales, o durante  el fin de semana con cualquier pretexto para aparecerse en los estados de la República, Sheinbaum busca vencer su mayor debilidad que es la falta de presencia y conocimiento a nivel nacional. Y como ella, a diferencia de sus dos contrincantes Marcelo Ebrard y Adán Augusto, no tiene un cargo federal que le permita recorrer el país con sus temas públicos, ha decidido dejar de cuidar las formas y, bajar la cortina desde el viernes por la tarde para dedicar su fin de semana a la promoción de su imagen a nivel nacional.

 Pero como el tiempo apremia y la contienda se ve cada vez más cerrada, la jefa capitalina ha decidido meter el acelerador y apurar la construcción de su imagen de presidenciable a nivel nacional. Para eso, nos dicen fuentes de su equipo, contrató los servicios del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien viene justo de trabajar para la campaña presidencial de Gustavo Petro y fue pieza clave en el triunfo del nuevo presidente de Colombia.

Aunque nadie en el entorno de la jefa de Gobierno informa sobre los costos de los servicios del conocido asesor español ni cómo se cubrirán sus costosos honorarios —que según especialistas en comunicación política pueden alcanzar cifras de más del millón de dólares—, Antoni ha comenzado a trabajar con Sheinbaum para tratar de posicionarla a nivel nacional y lo hace con el estilo que lo convirtió en uno de los analistas y consultores más buscados por la izquierda latinoamericana.

 “Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, suele repetir Gutiérrez-Rubí a sus “asesorados” como suele llamar a los políticos que le contratan para tratar de levantar su imagen, resolver crisis o ganar elecciones. Ha trabajado en varios países de Latinoamérica, aunque se mueve más en España, y antes de asesorar a Petro, también trabajó como el consultor de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner en su campaña por el Senado en 2017. Justo ayer, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en Buenos Aires una pena de prisión de 12 años para la vicepresidenta de Argentina, que es la pena máxima para quienes son acusados de ser “jefes de una asociación delictuosa”.

 Los dos fiscales, en presencia de la expresidenta de Argentina, concluyeron que “fue jefa de la asociación ilícita, es decir aquella 'organización criminal' que se dedicó a la sustracción  de fondos públicos para beneficiar a quien era su socio comercial”, dijeron tras documentar el otorgamiento de hasta 51 contratos amañados a Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez, cuyos ingresos crecieron en 12,000% entre 2004 y 2015, época en la que la sustracción de dinero público beneficiaba al matrimonio Kirchner, con quien Báez celebró hasta 18 acuerdos comerciales en el ámbito privado para transferirles los recursos sustraídos en obras de vialidad y movilidad.

Aunque Antoni Gutiérrez-Rubí ha dicho que mantiene comunicación con Cristina Fernández e incluso asesora al actual presidente Argentino, Alberto Fernández, además de su reciente éxito con el ahora presidente Petro de Colombia, habrá que ver si su trabajo y asesoramiento ayudan a Claudia Sheinbaum a vencer la que hasta ahora sigue siendo su principal debilidad; pero lo que es un hecho es que, entre expresiones de “cargada” en Morena, giras abiertas de proselitismo, publicidad que tapiza calles y avenidas de ciudades en toda la República, la jefa de Gobierno parece decidida a jugarse su resto y a convertirse en la candidata heredera del movimiento de López Obrador. Habrá que ver qué dicen al respecto sus corcholatas contrincantes.

 NOTAS INDISCRETAS… Por cierto, ayer las tres corcholatas presidenciales de Morena coincidieron en el evento al que los invitó el presidente López Obrador para reinagurar el llamado “Recinto Parlamentario de Palacio Nacional”, un espacio que fue restaurado y rehabilitado por este gobierno. Ahí, según las crónicas del evento, los tres aspirantes al 2024 se pararon detrás del presidente López Obrador y debajo del llamado “Ojo de Dios” y del "Gorro Frigio” ambos símbolos de la comunidad masónica, mientras la oradora, Olga Sánchez Cordero, recordaba la importancia que tuvo ese recinto en las transiciones históricas del país y como, cuando se instituyó ese espacio, las mujeres tenían prohibido siquiera entrar en el mismo. ¿Será que doña Olga, que fue oradora única, también ya anda impulsando a la primera mujer presidenta para México?... Por cierto que la lucha por suceder a Sánchez Cordero en la presidencia del Senado, está a todo lo que da y se está tensando entre el senador Alejandro Armenta, que es el candidato de Ricardo Monreal y tiene la mayoría de los votos garantizados, y el senador José Narro, que encabeza a la disidencia que, aún sin votos suficientes, hace mucho ruido en la decisión que tomará pronto la bancada de Morena. Por lo pronto, a Narro no dejan de recordarle el tema de los dos marinos que solicitó como escoltas a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, o que esta le comisionó para que lo custodiaran como “personal armado vestido de civil”. El problema es que dos días después de que se los mandaron como guaruras, uno de los marinos comisionados para custodia del senador Narro desapareció y su familia no volvió a tener contacto con él y para el 6 de marzo, del otro marino tampoco se sabía ya su paradero. Hasta ahora Narro Céspedes no ha podido dar una explicación coherente de qué paso con los dos marinos y cuál fue su destino e incluso ha mentido en entrevistas y en declaraciones ante el MP al decir que no tuvo escoltas entre el 1 y el 7 de marzo. Si no puede explicar dónde quedaron los dos marinos que le fueron comisionados para su seguridad, ¿cómo pretende que lo elijan para presidir el Senado?... Los dados mandan Serpiente. Descendemos.

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Lejos de la justicia, cerca de la sucesión/Jorge Fernández Menéndez

Razones/Excelsior, 

La respuesta más certera desde el ámbito oficial a la inverosímil investigación sobre el caso Ayotzinapa que encabezó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, la dio el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en Twitter sostuvo que rechazaba “la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes, en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días”.

Tiene toda la razón: la Comisión investigadora se sacó de la manga una investigación política que no castiga a quienes han hecho daño a los jóvenes y parece empeñada en arruinar vida y reputación de quienes sí han combatido a los criminales. Que Claudia Sheinbaum le haya dado todo el respaldo a su secretario de Seguridad es una demostración, además, de los conflictos internos y las divisiones sucesorias que comienzan a vislumbrarse en el equipo gubernamental, proceso al que no es ajena esta investigación con resultados tan controvertidos y conclusiones tan desaseadas. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que unos días atrás había dicho que no apoyaba la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa, aceptó que los jóvenes desaparecidos en 2014 están muertos, anunció un crimen de Estado que no pudo comprobar y decenas de órdenes de aprehensión contra políticos, policías y militares que supuestamente participaron en esos hechos, sin estar respaldas por hechos.

La primera detención fue la de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Dos de esos delitos, el de tortura y desaparición forzada, no estaban legislados cuando se dieron los hechos. No puede ser procesado por ellos. Segundo, no hay testimonio alguno que muestre o indique que Murillo ordenó o participó en torturas, menos aún que ordenó la desaparición forzada de alguien. La PGR atrajo el caso varios días después de que sucedieron los hechos.

Se habla de una reunión en la que se concertó, según un exfuncionario que trabajó con Tomás Zerón y que se convirtió en testigo protegido de la actual FGR, la llamada verdad histórica. No hay una sola prueba que respalde esos dichos. Uno de los supuestos participantes, García Harfuch, incluso estaba en tareas oficiales en Michoacán en esas fechas. Esas reuniones eran tan periódicas entonces como lo son ahora. Asegurar que allí se fraguó un complot es ridículo. Lo mismo se podría decir en el futuro de cualquier reunión de seguridad.

Pero poco en el informe es más lamentable que el caso del soldado Julio César López Patolzin. Se sabía que un elemento militar estaba infiltrado en la escuela de Ayotzinapa, porque esa escuela tenía y tiene relación con grupos armados y del narcotráfico. En esa época con Los Rojos. El soldado López Patolzin dependía de inteligencia militar, se preservó su nombre para seguridad suya y de su familia.

Era imposible que el joven soldado supiera los planes de los líderes del grupo estudiantil porque no era uno de ellos. Los jóvenes de primer ingreso habían sido convocados a secuestrar autobuses en Chilpancingo, pero cuando ya iban rumbo a esa ciudad, su líder, un joven apodado El Cochiloco, les informó que irían mucho más lejos, a Iguala.

Cuando ocurrieron los hechos, el cuartel de Iguala tenía menos de 30% de sus elementos. Más de la mitad habían ido a cubrir el incendio de un camión a muchos kilómetros de distancia y no regresaron hasta bien entrada la noche. Los que quedaban eran los elementos esenciales para el cuidado del cuartel. No era ni remotamente la primera vez que los jóvenes de Ayotzinapa iban a Iguala a provocar disturbios. Meses atrás habían quemado la presidencia municipal. El matrimonio Abarca, José Luis y su esposa María de los Ángeles Pineda, eran parte de Guerreros Unidos, una organización criminal enfrentada con Los Rojos que pensaban que la incursión de los jóvenes de Ayotzinapa servía como telón para ocultar un ataque contra una de sus bases de operaciones. Ese ataque se dio y fue antes de la detención de los jóvenes, frente a un taller mecánico, allí murieron tres personas.

Dice el informe que el soldado López Patolzin se comunicó por última vez a las 22 horas y que, por tanto, podría haber informado lo que sucedía y que las fuerzas militares podrían haber impedido el ataque. No es así. Hasta ese momento lo que había era disturbios organizados por los estudiantes y policías municipales que los estaban deteniendo. No ameritaba una intervención militar y la misma no hubiera sido siquiera legal: eran delitos del ámbito local.

La entrega de los jóvenes a los sicarios comienza, por lo menos, una hora después. Y el soldado López Patolzin fue uno de los secuestrados y sigue desaparecido. ¿Cómo podría haber advertido lo que sucedía, cómo podrían él o sus superiores haberlo evitado?

En ese sentido, la acusación contra el coronel José Rodríguez Pérez, exjefe del 27º Batallón de Infantería, no tiene sustento alguno. No tiene sentido culpar a militares y civiles por eventos que no conocían, que, por ende, no hubieran podido impedir y en los que no participaron.

La investigación ignora una prueba fundamental: las intervenciones telefónicas de la DEA entre los operadores de Guerreros Unidos, esa misma noche. Unas intervenciones que demuestran, casi minuto a minuto, cómo se dieron los hechos y quiénes intervinieron. La mayoría de esos sicarios, por cierto, fueron dejados en libertad.

Una investigación inverosímil, controvertida, sin pruebas y que tiene fuertes aires sucesorios. No es justicia, es un ajuste de cuentas.

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Pío y la Casa Gris persiguen a AMLO/ CARLOS LORET

El Unversal, 

El presidente hubiera preferido que ya no se hablara de dos grandes escándalos de su sexenio. Pero en los últimos días, los casos de su hermano Pío y de la Casa Gris de su hijo José Ramón han vuelto al escenario central. Y han vuelto de una manera en que vuelven a exhibir a un presidente culpable y a un presidente autoritario. 

Pío López Obrador, al enfrentar su caso judicial por aparecer en video recibiendo clandestinamente sobres amarillos con dinero en efectivo, pidió que compareciera su hermano Andrés Manuel. Tiene toda la lógica: en el video, Pío deja claro que el dinero es para la campaña de su hermano y que su hermano sabe de todo. Así que para seguir la ruta del dinero hay que preguntarle al destinatario final de los recursos: Andrés Manuel López Obrador. 

Pero la Fiscalía General de la República decidió no citar a declarar al presidente. Determinó que el presidente puede declarar por voluntad propia, pero no será citado. Nadie esperaba otra cosa: lo de la Fiscalía “autónoma” es un apodo; el fiscal fue puesto ahí por el presidente para protegerlo, y a cambio, el presidente protege al fiscal.

 Que Pío haya solicitado la comparecencia de su hermano y que la Fiscalía haya optado por encubrir al presidente exhiben que Andrés Manuel López Obrador no puede explicar de qué vivió tantos años sin trabajar: es obvio que en los 13 años que pasaron entre que dejó de ser jefe de Gobierno y empezó a ser presidente, el dinero le llegaba en efectivo en sobres amarillos. Dinero sucio. Así fue desde tiempos de Bejarano —quedó también registrado en video— y así siguió siendo en tiempos de Pío. 

El presidente tampoco ha podido explicar cómo le hace su hijo José Ramón para vivir como millonario sin trabajar. Ni los conflictos de interés que circundan su vida de magnate en Houston. Cuando en mi programa de Latinus revelamos la Casa Gris, López Obrador emprendió una embestida en mi contra. No le importó violar la ley. Estaba decidido a la venganza. Así lo confesó: no estaríamos hablando de Loret si él no hubiera publicado estos reportajes, dijo. 

Hace unos días, el Inai resolvió que el presidente AMLO debía ser sancionado por revelar datos personales míos. ¿Cuál será la sanción? La que determine el Órgano Interno de Control de la Presidencia. O sea, ninguna: el presidente no se sancionará a sí mismo. Pero la decisión del Inai deja a López Obrador exhibido en su apetito de venganza contra un periodista, incapaz de contestar lo que el reportaje cuestiona, y profundamente autoritario. 

SACIAMORBOS 

¿Será que otro importantísimo miembro de la “primera familia” tuvo mucho que ver con el aterrizaje del helicóptero de la Marina en pleno campo de beisbol para abrir el partido de los Olmecas de Tabasco con la mascota del equipo a bordo? 

historiasreportero@gmail.com

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El presidente Peña Nieto y el caso Ayotzinapa/Leo Zuckermann

Excelsior,

Hace ocho años, cuando, según el gobierno de López Obrador, la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una operación para encubrir la verdad sobre la ejecución y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el procurador todavía dependía jerárquicamente del Presidente. Jesús Murillo Karam tenía jefe. Se llamaba Enrique Peña Nieto.

Hoy, Murillo está detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción en la administración de la justicia. La pregunta es qué tanto sabía Peña de la acción concertada del Estado para mentir e, incluso, si dio la orden de que se llevara a cabo dicha operación a fin de terminar con el enorme escándalo que se estaba generando en la opinión pública nacional.

Ayer, el Presidente exhibió un video donde aparece el fiscal general de la República explicándoles el caso a los padres de las víctimas. Dice Alejandro Gertz Manero:

“Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables…”.

Si, como asegura Gertz, el Ejecutivo federal fue el responsable, naturalmente uno se pregunta cuál fue la participación del jefe de este poder, es decir, Peña.

Ayer se lo preguntaron a AMLO. El Presidente, sin embargo, se salió por las ramas. Dijo que, de acuerdo a las propias declaraciones de Murillo en ese momento, la responsabilidad de la investigación ficticia la asumieron el procurador y el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Zerón.

Pero AMLO dejó abierta la ventana de involucrar a Peña: “Si la Fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”.

Hay que recordar que la Fiscalía General de la República está actuando de acuerdo a los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. En el informe que presentaron la semana pasada se acusa que la “verdad histórica” de Murillo Karam “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno”.

¿Quién era el más alto nivel del gobierno?

El presidente Peña.

Además, entre muchos más mandos federales, el informe responsabiliza como parte del operativo de encubrimiento nada menos que al coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

¿Quién era el jefe directo de Eduardo Sánchez?

El presidente Peña.

Yo no tengo duda. De acuerdo al estilo de gobernar de los priistas, ningún subordinado se atrevería a tomar decisiones tan importantes como la supuesta investigación del caso más sonado del sexenio pasado sin consultar al Presidente. Ni Murillo ni Sánchez ni nadie se mandaban solos en el sexenio pasado. Antes de sacar las conclusiones de la “verdad histórica” seguramente hablaron con Peña, quien los autorizó a salir al público con esa versión.

¿Sabía Peña que se trataba de una mentira? ¿Intervino para ocultar la verdad y proteger a ciertos elementos del gobierno federal, como los del Ejército y la Marina?

Durante la conferencia matutina de ayer, varias veces le preguntaron a AMLO si se incluiría a Peña como parte de la operación de encubrimiento. Y varias veces el Presidente se salió por las ramas diciendo que eso le tocaría definir a los jueces. También recordó que, desde su campaña, él se pronunció por no enjuiciar a los expresidentes.

Como que López Obrador no tiene muchas ganas de escalar el llamado “crimen de Estado” al entonces jefe del Estado.

De hecho, ayer hasta acabó agradeciéndole a Peña que no se haya metido en las elecciones presidenciales de 2018. “Eso no se me va a olvidar”, dijo con gratitud.

Peña puede seguir durmiendo tranquilo en Madrid. No parece estar en el ánimo presidencial perseguirlo judicialmente por ningún caso, ni de corrupción ni de encubrimiento en la investigación de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco creo que este gobierno, tan metido en la cama con las Fuerzas Armadas, vaya a procesar a altos mandos militares en activo por este caso. Como siempre, el sapo se lo tendrán que tragar los subalternos, aunque el jefazo les haya instruido de cometer un delito. En eso, este gobierno es igualito a los pasados.

Twitter:@leozuckermann

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DÍA CON DÍA

El crimen de Estado y la gran redada contra militares/HÉCTOR AGUILAR CAMÍN

Milenio, 

La comisión gubernamental encargada del caso Ayotzinapa llegó a la conclusión que ya tenía: fue un “crimen de Estado”.

Los simpatizantes del actual gobierno dijeron desde un principio: “Fue el Estado”. Lo refrendan ahora desde el poder, pero no entregan un esclarecimiento del caso, sino a un culpable político: el encargado de la investigación anterior, Jesús Murillo Karam.

No ofrecen una narración alternativa a la verdad histórica de Murillo que repudian. Ofrecen una versión tachada, “testada”, que, con algunas variantes, llega a la misma verdad histórica de Murillo: los estudiantes fueron confundidos con rivales por grupos criminales del lugar, fueron detenidos y entregados a estos grupos por policías municipales y estatales, y asesinados y desaparecidos.

El alegato de la Comisión es que participaron en el hecho otros cómplices, encubiertos por Murillo, en particular cómplices militares.  

Esto es nuevo en el informe de la Comisión y ha dado lugar a órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares, una bomba judicial y política cuyos detalles desconocemos.

El delito de “crimen de Estado” imputado a Murillo parece derivarse de este encubrimiento posterior a los hechos, no de los hechos mismos.

Porque si “crimen de Estado” es que policías, autoridades y militares se coludan con criminales, podemos decir que México es un gran teatro de crímenes de Estado.

La colusión de agentes del Estado con el crimen sucede todos los días en México y alcanza en este sexenio una cifra que ronda los 125 mil homicidios, en su inmensa mayoría cometidos por grupos criminales que cuentan con la complicidad de policías, militares y autoridades municipale, estatales o federales.

La detención de Murillo es un nuevo ejemplo de la facilidad con que el gobierno puede fabricar culpables en México, valido de la figura de la prisión preventiva, que permite encarcelar a alguien con sólo acusarlo.

Hay en el caso Murillo, sin embargo, algo distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Me refiero a las órdenes de aprehensión contra mandos militares y cómplices civiles, en total más de 80. No sabemos con qué pruebas los acusan, pero si es con las mismas que acusan a Murillo estamos quizá ante la redada de presos políticos mayor de nuestra historia.

hector.aguilarcamin@milenio.com

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Dijo Ambrosio/Manuel J. Jáuregui

en REFORMA

La carabina de este señor, Ambrosio, es famosa, pero por ser inútil. O sea, la fama es lo de menos cuando de lo que se trata es de ser eficaz al accionar. Imaginemos a su dueño, el tal Ambrosio, diciendo: no importa que no sirva mi carabina, ahora en lugar de cazar liebres ¡voy a cazar OSOS! Quienes esta fanfarronada escucharan soltarían la carcajada fuerte, pues si no puede Ambrosio con las piezas chicas menos podrá con las grandes.

Entonces, el capítulo de la telenovela "Medicinas para todos" acabó ya cuando el propio Gobierno, la misma 4T, en su informe anual RECONOCIÓ finalmente que FRACASÓ de forma rotunda en el reparto de medicinas vía su invento llamado "Birmex" (Laboratorios Biológicos y Reactivos de México) que no pudo, no puede y no podrá surtir medicinas al sector salud dada la "complejidad" de crear un sistema de distribución para todo México.

¿Y cómo no pensaron en esto antes de desmantelar el sistema que YA EXISTÍA y que funcionaba adecuadamente? Para colmo no sólo faltan medicinas en México, sino que las pocas que puede conseguir y surtir BIRMEX salen un 20 por ciento más caras que antes.

Desmantelaron un sistema que FUNCIONABA, con deficiencias si ustedes gustan, pero funcionaba adecuadamente, para intentar arrancar un sistema nuevo que lo reemplazara subestimando todo: dimensión, complejidad, logística, adquisición, administración: TODO.

En el cuarto año los "genios" levantan las manos diciendo: "¡No podemos!". Tan maletas han resultado estos "genios" que hasta el mismo IMSS se vio obligado a vetarlos en la nueva ronda de compras de medicinas al reconocer que carece de la capacidad de surtirles.

¿Y qué sucede entonces y que no fue lo esperado, o sea, colgar la cabeza de vergüenza? Que visto el "éxito" obtenido, fracasando por completo en el reparto de medicinas, el Presidente dobla su apuesta perdedora y ahora amenaza con reinventar el ISSSTE, quesque porque les dejaron mucha corrupción, lo privatizaron y que él lo va a estatizar de nuevo, advirtiendo que "seguirá echando la culpa a los Gobiernos anteriores".

O sea, a los que SÍ distribuían y surtían todas las medicinas requeridas, a los que, reconociendo que el ISSSTE no podía atender adecuadamente a sus derechohabientes, SUBCONTRATARON servicios con hospitales y clínicas privadas de MEJOR CALIDAD que SÍ PODÍAN atender a sus gentes como Dios manda.

Se desprende del sermón presidencial de ayer que el Presidente no se interesa en proporcionarle una BUENA ATENCIÓN médica a los trabajadores del Estado. No, lo que le interesa es que la atención que reciban NO SEA PRIVADA, aunque sea mala o pésima, que los atienda el Estado. El mismo Estado que NO PUEDE con Birmex extiende sus éxitos y capacidades a los trabajadores sindicalizados del Estado. ¡Qué gran logro!

Seguro que los sindicalizados van a estar FELICES de que los regresen al IMSS, o a las inútiles clínicas del ISSSTE. Privatizar el sistema de salud al que tienen derecho los trabajadores del Estado fue la mejor solución que anteriores Gobiernos encontraron para mejorar el SERVICIO que les presta el ISSSTE.

Respondió esta medida a una realidad inescapable e incuestionable: SALE MÁS BARATO para el Gobierno -y mejor para los sindicalizados- firmar convenios con hospitales privados, eficientes y bien organizados para otorgar un gran servicio médico a los derechohabientes... mil veces mejor que el IMSS o el ISSSTE. Cuesta menos y reciben los sindicalizados un mejor servicio médico: ¡ésta es la realidad!

Los que no pueden ni distribuir bien las medicinas TAMPOCO PODRÁN darles a los trabajadores del Estado un mejor servicio médico que el que YA reciben mediante la SUBROGACIÓN de servicios que ha pactado el ISSSTE con hospitales privados.

Cuando el Presidente López tuvo su INFARTO, ¿a dónde fue? ¿A poco fue al IMSS o al ISSSTE? ¡No, fue a un hospital privado! Si ÉL acude al servicio médico privado lo hace porque sabe que es el mejor, ¿por qué entonces pretende obligar a los trabajadores al servicio del Estado a que se atiendan con deficiencias en el sector público, que en México es un desastre?

Y esto no por culpa de anteriores Gobiernos, sino por culpa del propio GOBIERNO de López que desmanteló el Seguro Popular, que destruyó un sistema de distribución de medicinas que funcionaba y lo sustituyó por uno que NO SIRVE.

Nos parece inexplicable que diciéndose el paladín del pueblo PRETENDA AHORA QUITARLES una PRESTACIÓN valiosa e importante a los trabajadores del Estado que es la de ser ATENDIDOS en hospitales privados muy BUENOS. Todo por sus ideologías antediluvianas en las que el sector privado "es malo", pero el "sector público" resulta requetebueno. Siendo, como ustedes bien saben, amigos lectores, que este cuento es exactamente ¡AL REVÉS!

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Buenas tardes/Francisco Martín Moreno

en REFORMA

Hace un par de meses al entrar al baño de un restaurante en la Ciudad de México, saludé con un "buenas tardes" al encargado del aseo mientras me lavaba las manos. El joven empleado no me contestó. ¿Padecería algún tipo de sordera? Al salir después de depositar una generosa propina le disparé otro "buenas tardes", a lo que ese humilde trabajador me respondió: "Yo no sé qué tenga de buenas tardes, señor, cuando llevo 5 años limpiando mingitorios...". Me desafiaba abiertamente con una mirada cargada de frustración y coraje.

No podía retirarme a mi mesa después de semejante contestación. Mi interlocutor volvió a la cargada antes de lo previsto:

"¿Ya se vio usted? ¿Ya me vio a mí? ¿Quién de los dos puede decir buenas tardes? ¿Usted, que se va a gastar en la comida con sus amigos o su familia lo que yo me gano en un mes, o yo, que volveré a meter la cabeza en los escusados? ¿Quién...?".

"¿Por qué no cambia de chamba?", pregunté incómodo. "Porque no sé hacer nada, porque tuve que abandonar la escuela, porque sólo sé barrer... ¿Quién quiere que haga este trabajo sino los meros jodidos como yo? ¿Quién...? ¿Cuántos hay como usted en México y cuántos hay como yo? Nomás dígame, a ver", me respondió.

"Mejor váyase a sentar y ya no salude, sus saludos ofenden a los de mi clase. Créame que de a tiro parece burla...".

"¿Por qué abandonaste la escuela?". "Porque embaracé a mi chava y había que mantener a los chamacos...". "¿Chamacos?", cuestioné. "¿Pues cuántos tienes?". "Dos", repuso. "¿Y ya te hiciste la vasectomía sin bisturí, es gratis en los hospitales públicos?". "No, tendré los hijos que Dios quiera...". "¿Y Dios te los va a mantener? ¿Ya te ayuda a mantener los que ahora tienes?". En ese momento se apenó y bajó la guardia. "¿Cuántos años tienes?". "Veintitrés, y mi vieja, 20". "¿Y ella trabaja?". "No, ¿quién quiere usted que cuide a los niños?". "Tener hijos sí pudiste, pero estudiar no, ¿verdad?". Silencio por respuesta. "¿Y piensas quedarte aquí limpiando baños el resto de tu vida? ¿No hay nada que te guste y te llame la atención?", insistí en mi interrogatorio sin que nadie nos interrumpiera.

"A mí me gusta la electricidad y mi tío tiene un taller eléctrico pero me dice que no sé ni cambiar un foco...". Me encontré con la oportunidad dorada de poder ayudar: "¿Y a qué hora entras a chambear aquí?". "A las doce y salgo a las ocho de la noche". "¿Y tienes celular?". Me lo mostró. "¿Sabías que hay cursos gratuitos en internet de muchas especialidades entre las cuales puedes hallar la tuya? ¿Lo sabías?". "No, no lo sabía", me contestó poniendo los ojos de plato.

Le sugerí que estudiara antes de llegar al restaurante y al llegar a su casa. Que yo regresaría a comer pasados unos meses, que se quemara las pestañas estudiando, que durmiera menos, que no dejara de esforzarse, que mejorara la calidad de vida de su familia, que sus hijos no podrían imitarlo limpiando escusados, que sin educación no habría nada, que aspirara a ser mejor cada día.

Este fin de semana volví y me encontré con mi amigo en los baños. Para mi sorpresa me informó que renunciaría en breve y que se emplearía con su tío en el taller. Estaba agradecido por el empujón. Ganaría un sueldo además de un destajo, un ingreso superior al salario mínimo del restaurante. Vuela alto, Genaro, solo vivimos una vez. Tus hijos se merecen lo mejor de ti. Le di mi número del celular. "Avísame a dónde estarás para mandarte clientes". El abrazo no se hizo esperar...

La labor de un presidente de la República, entre otras más, debe consistir en invitar a la nación a la superación, al crecimiento personal, a la trascendencia, a rescatar a los marginados de la postración, a educar, a crear empleos, a despertar la ambición, a aplaudir las aspiraciones, a generar riqueza y prosperidad, en lugar de proponer la resignación y sugerir la pobreza franciscana, una política inhumana, cruel, inclemente originada en la incapacidad de crear el mínimo nivel de bienestar exigido por la más elemental dignidad humana. Ante la catastrófica gestión económica de la 4T resultó más conveniente para AMLO invitar a la nación a la miseria sin percatarse que ahí, en la indigencia, en la inopia, se encuentran las desesperantes condiciones sociales que podrían volver a despertar al México bronco del que nadie quiere acordarse...

www.franciscomartinmoreno.com

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Las acusaciones

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

en REFORMA

"Ojalá quienes llevan las investigaciones

detengan a quien hizo daño a los

jóvenes en lugar de arruinar vidas

y reputaciones de los que sí hacemos

algo por nuestro país todos los días". Omar García Harfuch

A Jesús Murillo Karam se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Se le decretó "prisión preventiva justificada", por lo que se le ha empezado a castigar con cárcel antes de ser juzgado. La audiencia de vinculación a proceso apenas tendrá lugar este 24 de agosto. "Se derrotó la presunción de inocencia", comentó Murillo, lo cual provocó el enojo del juez.

Podemos suponer que este miércoles la Fiscalía General presentará pruebas para mostrar que Murillo ordenó o permitió las torturas que supuestamente se aplicaron a los detenidos del caso Iguala. La tortura es un delito y, si realmente se cometió, los responsables deben ser castigados. El que un agente torture, sin embargo, no significa necesariamente que sus superiores estén enterados o lo hayan ordenado. Esto habrá que probarlo.

Acusar al ex procurador de "desaparición forzada" equivale a decir que participó en el secuestro de los normalistas o lo ordenó. Esto no solo es inverosímil, sino que hasta la fecha no hemos visto ya no digamos pruebas sino siquiera indicios.

La acusación por delitos contra la administración de justicia parece derivar de la llamada "verdad histórica" que presentó para explicar lo ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que la verdad histórica fue "una acción concertada desde el aparato organizado del poder". Los "enlaces operativos para desarrollar la investigación" incluyeron, entre otros, al almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, al almirante Eduardo Redondeo Arámburo, jefe de la Unidad de Inteligencia, y a Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal en Guerrero y hoy secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

El informe dice que la verdad histórica "fue adoptada durante una de las reuniones del gabinete realizada en la Oficina del Presidente de la República. En esta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento en los procesos de búsqueda y de las investigaciones, generando vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia". No señala cuándo se realizó la reunión ni quiénes asistieron, pero la Fiscalía sí dice que uno de los participantes fue García Harfuch, a lo que este respondió en Twitter: "Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para 'fraguar la verdad histórica'".

Una "verdad histórica" no es más que una hipótesis que se somete a un juez para dar sentido a las pruebas de un caso. El informe de la Comisión para la Verdad busca reducir la de Murillo a la quema de los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Sin embargo, la tesis fundamental es que los estudiantes fueron ejecutados por miembros de Guerreros Unidos, lo cual confirma el nuevo informe. Este dice también que varios de los estudiantes iban a ser "cocinados", pero que solo algunos lo fueron.

El informe y las órdenes de aprehensión tienen una aparente motivación política. Si los cargos fuesen simplemente por tortura, quizá tendrían sentido; pero acusar a Murillo de desaparición forzada no tiene ni pies ni cabeza; y procesarlo por haber presentado una versión de los hechos que coincide en lo fundamental con la que sigue sosteniendo la Fiscalía, es perverso.

· INFILTRADO

La Comisión señala que uno de los 43 desaparecidos era un soldado infiltrado, Julio César López Patolzin. La información no es nueva, pero no hace al Ejército cómplice del secuestro y ejecución de los normalistas por Guerreros Unidos.