5 sept 2022

Las columnas políticas hoy, lunes 5 de septiembre de 2022

Reunión en Pachuca, hoy...Ahora es al reves; Adan busca a @RicardoMonrealA

¡No!, no me obligues Adan, parece decirle Ricardo..Por favor dile al C. presidente que votaré en conciencia, que no me obligue a ir en contra de mis principios , que no me pidan violar la Constitución..


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Transan en Segalmex 465 mdp en contratos de azúcar: Reforma Pp

Los supuestos socios de la empresa viven en colonias populares y se presume que les robaron su identidad, pues rentan casas humildes y no han logrado saldar deudas. Foto: MCCI

Iván Alamillo Especial MCCI



Reforma, Cd. de México (05 septiembre 2022).- Una empresa fantasma cuyos supuestos socios son un hombre y una mujer de condición humilde, fue usada para simular una venta de azúcar a Segalmex por 465 millones de pesos, pero de 25 mil toneladas pactadas sólo fueron entregadas 7 mil 800 toneladas.

Servicios Integrales Carregin, la empresa fantasma, ya fue denunciada ante la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El apoderado de Carregin, a su vez, participa en otras dos empresas que recibieron más contratos en Segalmex por 53 millones de pesos para abastecer de alcohol y gel antibacterial.

Conforme una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la denuncia de Segalmex-Diconsa contra Carregin, quedó asentado que la supuesta compra se realizó durante la pandemia y que los pedidos fueron conocidos por Ignacio Ovalle Fernández, el destituido ex director general de Segalmex.

En tanto, Eduardo Alejandro Murillo Landeros, apoderado legal de Carregin, ocupa el mismo cargo en Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan, las otras dos empresas con contratos para proveer alcohol y gel.

Los supuestos accionistas de Carregin, Jorge Romero Valencia y Daffne Pomar Colin, personas de condición humilde, desconocen cómo los hicieron parte de la sociedad. A pesar de ello, la FGR giró órdenes de aprehensión en su contra.

La compra fue ordenada a una empresa irregular desde la Dirección Comercial de Diconsa, que estaba encabezada por Manuel Lozano Jiménez, quien ya fue denunciado penalmente. Y aunque los pedidos se hicieron del conocimiento del ex director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, él no enfrenta hasta ahora ningún proceso en su contra.

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"Piquete de costillas" Cartón publicado en 

@ElFinanciero_Mx# 

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OCHO COLUMNAS 5 DE SEPTIEMBRE:

1. Reforma. TRANSAN EN SEGALMEX EN CONTRATOS DE AZÚCAR. Dan $465 millones a dos empresas con socios a domicilio ‘fachada’

2. El Universal. CRECEN 20% PLAZAS DE FUERZAS ARMADAS. Durante la presente administración federal, la Sedena pasó de 215 mil 243 puestos a 259 mil 689, y la Semar, de 66 mil 505 a 78 mil 526

3. La Jornada. MOVILIZACIONES Y PAROS SE EXTIENDEN EN EL POLITÉCNICO. Alumnos exigen mayor matrícula y actualizar instalaciones

4. Milenio. BANDAS DE CDMX BRINCAN AL EDOMEX Y RIÑEN CON CÁRTELES. Fiscalías de ambas entidades revelan que Unión Tepito, Anti- Unión, cártel de Tláhuac, Los Rodolfos y Los Malcriados disputan a narcotraficantes la zona oriente

5. Excélsior. EL PRI PONE EN RIESGO ALIANZA VA POR MÉXICO. Una iniciativa para extender el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad amaga la moratoria firmada por el Revolucionario Institucional, PAN y PRD

6. El Financiero. ANTICIPAN PRESUPUESTO AUSTERO PARA EL 2023 Expertos. Estiman monto de gasto en 7.5 bdp; estaría limitado por menor crecimiento y presionado por obras 4T

7. El Economista. MÉXICO DESPLAZÓ A JAPÓN COMO EL MAYOR EXPORTADOR DE AUTOS A EU. En el primer semestre envió vehículos po 17,024 mdd

8. La Razón. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EN VILO... Y EN CONGRESO LA PIDEN A 9 DELITOS MÁS. La Corte define hoy sobre su aplicación

9. 24 Horas. SE QUEDAN CORTOS EN CASTIGO A CORRUPCIÓN. De 22 mil denuncias solo inhabilitan a 340 funcionarios

10. Reporte Indigo. LA CORTE BAJO PRESIÓN. Después de una serie de ataques, presiones y descalificaciones por parte del Gobierno federal y de legisladores, los ministros de la Suprema Corte inician hoy la discusión sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa

11. La Crónica. COVAX NIEGA INCUMPLIMIENTO AL SURTIR VACUNAS COVID A MÉXICO. El mecanismo de la ONU se defenderá con el contrato firmado, dice a Crónica Rafael Vilasanjuan, de la Junta de Gobierno que coordina el proyecto

12. El Sol de México. CRECE 979% PODER DE FUEGO POLICIAL. El número de nuevas armas inscritas es casi equivalente a la población de Iguala, Guerrero

13-. EL HERALDO DE MÉXICO. ‘APRENDIZAJE ADQUIRIDO SE QUEDA EN LA GUARDIA NACIONAL’. Para la secretaria de la SSPC, no se trata de militarizar, si no de que no pierda la capacitación ganada

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Toman Ministros prisión preventiva

La SCJN discutirá hoy, por primera vez en su historia, un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos.

Si junta al menos ocho votos, la Corte ordenará a todos los jueces del País dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el Artículo 19 de la Constitución para 16 delitos, y que se ha ampliado a otros 45 mediante leyes secundarias impulsadas este sexenio.

De aprobarse, la Fiscalía tendría que dar razones al juez para mantener al acusado en la cárcel durante su proceso.

Críticos del proyecto -como Valades, José Barragán y AMLO-, han señalado que la Corte excedería sus facultades si ordena inaplicar la Constitución, pues la propia Carga Magna no la faculta para ello, es decir, solo el Poder Reformador, integrado por los Congresos federal y estatales, puede hacer esos cambios.

La propia Corte, desde 2011, ha sostenido que si la Constitución prevé una restricción a los derechos humanos, ésta debe prevalecer sobre lo previsto en tratados internacionales.

Pero el proyecto propone abandonar ese criterio.

"Esta directriz ya no da una respuesta satisfactoria a las necesidades actuales del sistema de protección a los derechos humanos", afirma.

¿Cómo votarían?

Con base en sus intervenciones en 2021 para eliminar el fraude fiscal como delito grave, así podrían ser sus votos: 

Por eliminar prisión 

° Luis María Aguilar

° Norma Piña

° Alfredo Gutiérrez

° Javier Láynez

° Arturo Zaldívar

° Juan Luis González Alcántara

° Jorge Pardo

° Alberto Pérez Dayán 

Por continuar prisión

° Yasmín Esquivel 

° Margarita Ríos-Farjat

No se sabe 

° Loretta Ortiz* (Aún no era Ministra).

Nota de Víctor Fuentes./Reforma.

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El Pinabete: no a la impunidad/ Editorial 

Periódico La Jornada

La noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables del derrumbe ocurrido hace un mes en el yacimiento carbonífero de El Pinabete, en Coahuila, en el que 10 mineros quedaron atrapados por una inundación súbita del pozo en el que trabajaban, es un paso en la dirección correcta para prevenir accidentes similares, tan frecuentes, por desgracia, en la minería.

De acuerdo con la institución, los imputados son Cristian Solís, dueño de la mina, acusado de explotar un bien nacional sin contar con concesión, permiso o autorización, y otras dos personas cuyos nombres no fueron mencionados, que presumiblemente incurrieron en responsabilidad penal al permitir que se llevaran a cabo actividades extractivas de manera ilegal. La FGR considera prófugos a los tres, habida cuenta de que no acudieron a comparecer ante el juez el pasado 11 de agosto.

Debe recordarse que las explotaciones mineras, incluso cuando cuentan con los permisos, concesiones y autorizaciones pertinentes, suelen operar con un marcado déficit de medidas de seguridad laboral y ambiental, como pudo constatarse en la tragedia de Pasta de Conchos, también en Coahuila, en la que 65 trabajadores perdieron la vida a raíz de un derrumbe, y cuyos cuerpos a la fecha no han podido ser recuperados. Otro desastre minero que sigue impune es el derrame de 40 millones de lixiviados de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, en agosto de 2014, que afectó a más de 20 mil habitantes de la región. Ambas catástrofes ocurrieron en minas operadas por Grupo México, propiedad de Germán Larrea.

Cabe esperar que el que en esta ocasión se haya decidido formular imputaciones penales contra los presuntos responsables sea el principio del fin de la larga impunidad de empresas que en aras de maximizar sus ganancias han omitido elementales medidas de protección para sus trabajadores y han desdeñado la precaución que debe observarse a fin de no dañar el medio ambiente.

Regresión e incertidumbre en Chile

El resultado del plebiscito para la nueva Constitución chilena, realizado ayer, es inapelable: casi 62 por ciento de los votantes rechazaron el texto propuesto y únicamente 38 por ciento sufragaron en favor de aprobarlo.

Semejante resultado constituye una grave derrota para los sectores que se movilizaron en años pasados –incluso en pleno auge de la pandemia de covid-19– en demanda de una nueva Carta Magna que permitiera superar las ataduras institucionales que forman parte del nefasto legado del extinto dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo régimen militar se impuso la Constitución actualmente vigente.

Por otra parte, el abrumador rechazo pone en un predicamento al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, cuya elección fue resultado de una ola de esperanza renovadora que aspira a modificar sustancialmente tanto los términos que rigen al poder público como al modelo neoliberal para el que el país austral sirvió de laboratorio durante la tiranía que encabezó Augusto Pinochet y que en las décadas siguientes ha dejado una cauda de desigualdad, pobreza e insatisfacción social que se traduce en protestas sociales periódicas.

Adicionalmente, por más que resulte ineludible la necesidad de dejar atrás la constitución pinochetista, el resultado del referendo de ayer deja en la indefinición el camino y el calendario que habrán de seguirse para elaborar una nueva Carta Magna.

Queda, pues, una nación que rechaza en forma mayoritaria la Constitución vigente, pero que no logró formular un consenso y ni siquiera una mayoría para un documento alternativo.

Se impone, en lo inmediato, la necesidad de que los liderazgos sociales, los gobernantes y la clase política en general esclarezcan los aspectos del texto constitucional propuesto que causaron el rechazo mayoritario y se aboquen a analizar los pasos necesarios para convocar a un nuevo organismo constituyente. Por el bien de los chilenos cabe esperar que sea pronto.

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Las columnas políticas hoy, lunes 5 de septiembre de 2022

El momento de la verdad para Monreal

Bajo Reserva/El Universal

Nos recuerdan el episodio complicado que vivió la pasada semana el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cuando cuatro secretarios de Estado y su líder nacional, Mario Delgado, le hicieron vacío y dejaron plantados a los senadores morenistas en su reunión plenaria, lo que generó una crisis y reclamos fuertes, pues acusaron que la lejanía con el presidente López Obrador fue la razón de las ausencias. En respuesta, Monreal se mantuvo firme y dijo que el Poder Legislativo no será apéndice del gobierno y debe ser control constitucional. Ahora que el martes le llegará formalmente la minuta que traslada —en leyes secundarias— la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, don Ricardo estará frente a un momento de decisión. Monreal, nos explican, tiene en sus manos la posibilidad de darle el trámite normal a la reforma presidencial y turnarla a comisiones para que madure el debate, o puede aplicar la misma ruta que usó Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, y darle fast track, y dispensarle todos los trámites y en menos de un día entregarle su reforma al presidente, López Obrador, como lo exigen algunos miembros de la bancada morenista.

¿Alito ya se salvó?

Nos hacen ver que la iniciativa que presentó la priista Yolanda de la Torre el viernes pasado para que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles hasta 2028, podría ser la moneda de cambio para que Morena congele el desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Nos cuentan que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, órgano legislativo encargado de definir si ha lugar el juicio de procedencia contra del líder priista, ya fue conformado y como integrantes quedaron dos morenistas: Jaime Pérez (presidente) y Leonel Godoy (secretario) y dos opositores: Rubén Moreira (PRI) y Elías Lixa (PAN), es decir, habría un empate 2-2 lo que congelaría este proceso. A cambio, nos dicen, el PRI apoyará que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028, es decir, beneficiaría a quien sucediera a López Obrador en la Presidencia de la República, independientemente del futuro que tenga en el Congreso y en la Suprema Corte la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de manera definitiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se tambalea bastión de Billy Álvarez

Nos dicen que a quien cada día se le descompone más el panorama es a Federico Sarabia, líder del grupo que tiene tomada, ilegalmente, la planta de cementos de la cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo. Ahora, Joel Vázquez Dolores, uno de los principales colaboradores del exdirector de Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, actualmente prófugo de la justicia, envió un mensaje desde la prisión en el que acusa a Sarabia de haberlo abandonado a su suerte y engañado para cometer los delitos que lo llevaron a la cárcel. El caso se remonta al 2020, cuando el grupo modificó ilegalmente la venta de cemento de la Cooperativa y dispersó los recursos mediante factureras. Ahora, Joel Vázquez, quien se acogió a un criterio de oportunidad, llama a quienes aún apoyan a Sarabia, para que abandonen sus intentos por retener ilegalmente la planta. El mensaje de Vázquez se suma al que Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, y quien apoyaba a Sarabia lanzó en días pasados acusando a don Federico de operar un sistema delictivo donde “los obligan a cometer delito tras delito a cambio de falsas promesas”. El último bastión de Billy Álvarez se tambalea, aseguran.

Américo Villarreal, listo para saltar al ruedo

Nos comentan que el gobernador electo de Tamaulipas. Américo Villarreal, llegará al cargo con parte de la tarea hecha.  Don Américo, nos detallan, cerró una semana de reuniones con funcionarios federales, incluidos los titulares de Hacienda, Seguridad y Bienestar, con quienes alcanzó acuerdos que, nos aseguran, se traducirán en acciones concretas al arranque de su gestión, a partir del primer día de octubre. No son menores los retos que el gobernador Villarreal deberá enfrentar, así que más vale que entre al ruedo listo para enfrentar al toro.

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¿Quién es quién en Palacio?; disculpa histórica de Presidencia/Salvador García Soto

El Universal, 

La tarde de ayer la Presidencia de la República emitió un comunicado para reconocer que en su sección “¿Quién es Quién en las Mentiras?”, que se presenta los miércoles en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, se dijo una mentira por parte de su conductora Elizabeth García Vilchis, quien acusó al expresidente Felipe Calderón de mentir por haber publicado un video en sus redes sociales donde se veía una descarga de aguas negras en una playa de Acapulco y cuestionar por ello la política ambiental y de turismo de este gobierno.

García Vilchis, pretendiendo descalificarlo, llamó en varias ocasiones “mentiroso” al expresidente Calderón y lo acusó de mentir “para golpear al gobierno de México”, porque según ella el video en cuestión, que apareció en la cuenta del exmandatario, “ni es reciente ni es de Acapulco. Se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la Fundación Ecomar y el derrame sobre la playa no ocurrió en México sino en una playa de España”, dijo muy segura la funcionaria de Presidencia. Y luego remató: “Así vemos cómo se siembra una mentira en un sitio de temática ambiental, supuestamente, para golpear al gobierno de México y que le sirvió al expresidente Calderón para mentir, y al que no le da vergüenza es a él y pues, qué pena”.

En el comunicado de ayer, de manera histórica e inédita, la Presidencia de la República ofrece “una disculpa” al expresidente Calderón, tras reconocer que el video que compartió en su cuenta de Twitter sí correspondía a una descarga de aguas negras ilegal en una playa de Acapulco, y no de una playa de España, como afirmó García Vilchis. El comunicado oficial sólo precisa que dicha descarga de aguas negras fue detectada y grabada en el video que compartió Calderón, corresponde a junio de 2020, en plena crisis de la pandemia, y reconoce que a partir de esa denuncia en video “las autoridades tomaron conocimiento del hecho y se trabajó en conjunto, con autoridades municipales, estatales y federales”.

Luego afirma que se hicieron varios programas de saneamiento en Acapulco para el tratamiento de aguas negras, y aunque el texto oficial se disculpa por las acusaciones de “mentiroso” al exmandatario y habla del compromiso del gobierno “por el derecho a la información veraz”, no deja de cuestionar a Calderón porque, aunque reconoce que su video era real y sí era una descarga de aguas negras de manera ilegal en el puerto guerrerense, aclara que “por mala fe o desconocimiento el mandatario publicó en su cuenta de Twitter el video como si fuera actual, lo cual es falso”.

El expresidente Felipe Calderón reaccionó de inmediato al comunicado histórico de Presidencia: “Agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aun tratándose de Acapulco no fuera un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios como éste y así rescatemos la verdad”, dijo en tono conciliador.

 No hay registro histórico de que la Presidencia de la República haya ofrecido una disculpa por alguna declaración y menos a un expresidente. Por eso la emisión del comunicado de ayer es interesante, pero al mismo tiempo revela que dentro de Palacio Nacional hay grupos que malinforman y le ocultan o manipulan la información que le dan al presidente López Obrador. Esos grupos, identificados con el vocero Jesús Ramírez Cuevas, pertenecen al ala más dura de la 4T y, en este como en otros casos que ya han ocurrido en la mañanera, dejan claro que no siempre le dicen la verdad al presidente.

Tuvieron que intervenir otros integrantes del gabinete, del ala más moderada, para convencer al presidente que se tenía que emitir la disculpa públicamente y hacer las precisiones necesarias, pues de lo contrario se ponía en entredicho la veracidad de las acusaciones que se hacen en su conferencia matutina. Según fuentes directas de Palacio, el presidente aceptó a regañadientes y molesto, no sólo por tener que disculparse con Felipe Calderón, a quien ve como su némesis y su peor enemigo, sino porque también se confirma que sus voceros y amanuenses de la mañanera, en los que confía ciegamente, también le mienten y manipulan la información que le dan y con la que él, en muchos casos como este, se compromete públicamente.

Al final, en medio de la disputa entre los ultras y moderados de su movimiento, que no es nueva, pero se está acentuando también por la sucesión presidencial adelantada, lo cierto es que el comunicado oficial y la disculpa, representan un gesto de conciliación por parte del presidente López Obrador y de su gobierno que, al aceptar que se cometió un error dan una señal, aunque mínima, pero importante en el ambiente cada vez más polarizado en el que vivimos. La respuesta de Calderón va en el mismo sentido de conciliación, así que veremos si esto amaina, al menos momentáneamente, tantos pleitos, filias y fobias entre los dos bandos cada vez más divididos y polarizados en el país.

Mientras eso sucede, si es que llega a suceder, bien haría el presidente en no mantener su confianza ciega y acrítica en lo que le dicen, le venden y le cuentan sus voceros sobre la información que se publica en redes, en medios y en columnas. Está visto que a López Obrador también le mienten y, aun sus colaboradores de más confianza, le manipulan para imponer sus agendas personales.

NOTAS INDISCRETAS

Y será que la moderación está ganando terreno en el gobierno, pero una fuente muy bien informada nos dice que, tras lo estridente de la ruptura que afloró la semana pasada en la bancada de Morena y entre Ricardo Monreal y López Obrador, ya hay operadores del presidente que han buscado contacto con el zacatecano para tratar de evitar un rompimiento público o que se ahonde la fractura en el Senado y en la 4T.

La idea, nos dicen, es acabar con el distanciamiento y últimamente el enfrentamiento que afloró y lograr que —después de 14 meses de no recibirlo personalmente ni hablar con él, después de que desayunaban juntos todos los jueves para revisar temas legislativos y políticos— el presidente vuelva a reunirse con Monreal. ¿Será que esa herida aún puede cerrar? No sería la primera vez que se reconcilian esos dos políticos y que el presidente apacigua y tranquiliza a Monreal con alguna negociación, como lo hizo en 2018…

En donde sí nos dicen que no habrá conciliación de posiciones, es en el choque abierto entre el Presidente y la Suprema Corte por el tema de la prisión preventiva oficiosa. Los ataques, críticas y descalificaciones que hizo el presidente las últimas dos semanas y, marcadamente su confesión de “arrepentimiento” por haber propuesto a cuatro ministros para la Corte que lo decepcionaron al no apoyar su movimiento, terminaron por acuerpar al pleno judicial y, si ya el viernes, cuando se lanzó contra los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz, el presidente no traía los 4 votos que se necesitarían para rechazar y desechar el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, que propone modificar la prisión preventiva y anularla en varios delitos, ahora es todavía más claro que el fallo del pleno de la Corte será contundente a favor del dictamen y que habrá en eso todo un mensaje, varios mensajes, para el inquilino de Palacio Nacional.

Todo indica que esta vez no pudo convencer a los ministros ni por las buenas ni con presiones… Y hablando de casos judiciales, el viernes al mediodía, el exprocurador Jesús Murillo Karam, se puso mal en el Reclusorio Norte, de sus padecimientos cardiovasculares y cerebrales y tuvo que ser sacado de emergencia en una ambulancia de la cárcel para trasladarlo al Hospital público de Balbuena, en donde los médicos lo valoraron y lo tuvieron por varias horas en observación para estabilizarlo. Por la tarde, ya casi de noche, cuando sus signos vitales se estabilizaron y mostró mejoría, Murillo Karam regresó a su celda de la zona de ingreso del reclusorio, donde continuará con su proceso judicial.

Por cierto que, según nos comenta su abogado Antonio López, el exprocurador se ha negado a solicitar los beneficios legales que le corresponderían por su edad y su condición de salud que está diagnosticada como delicada. “No quiero salir así de la cárcel, si me tengo que quedar aquí el tiempo que sea, me voy a quedar, no debo nada y lo voy a demostrar”, les dijo Murillo Karam hace unos días a sus abogados… Los dados mandan Escalera. Bien comienza la semana.

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Florence Cassez: la investigación oculta/ Héctor de Mauleón

El Financiero, 

Qué relato más inquietante. El exprocurador Ignacio Morales Lechuga cerró las páginas del expediente de Florence Cassez, con más dudas que certezas, y se comunicó con el embajador francés, Daniel Parfait. 

Parfait tenía la instrucción de su gobierno de analizar y ver la forma de intervenir en defensa de Cassez, acusada de secuestro. Durante una cena, Jorge G. Castañeda le propuso consultar al exprocurador Morales Lechuga: 

“Si el expediente lo convence de que hay una injusticia, él te dirá cuál es la forma de subsanarla”, dijo Castañeda. 

Como ha quedado claro, en el expediente aquel no había forma de saber absolutamente nada. Una de las víctimas dijo que había sido violada. A medida que el expediente avanzaba las violaciones sumaban unas 25, y los agresores eran personajes que en declaraciones anteriores no habían sido mencionados. 

Morales Lechuga aceptó colaborar para tratar de descubrir qué era lo que en realidad había pasado con Florence Cassez, Israel Vallarta y la llamada banda de Los Zodiaco. Cassez acababa de ser condenada a 60 años. 

Hizo bien Jorge Volpi al titular “Una novela criminal” a la obra ganadora del Premio Alfaguara 2018. Cuando Morales accedió a participar, se comunicó a su vez con Fernando de la Sota Rodalléguez, un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad que ayudaba al abogado, algunas veces, metiéndose en la oscuridad para obtener ciertos datos. 

Fernando de la Sota Rodalléguez. Cómo olvidar aquel nombre. Experto en contrainteligencia, estuvo asignado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Su misión consistía en investigar a lo que en la policía política del régimen llamaban “las nacionalidades restringidas”: chinos, soviéticos, coreanos, ciudadanos procedentes de Europa del Este. 

Cuando la DFS fue disuelta por la corrupción de sus agentes, las reiteradas violaciones a los derechos humanos y su colusión con los grandes capos del narcotráfico (el comandante Rafael Aguilar Guajardo era en realidad unos de los jefes del Cártel de Juárez), De la Sota fue contratado por los hermanos Alcántara, empresarios del llamado Grupo Toluca, para hacerse cargo de la seguridad de varias empresas de autotransporte de pasajeros. Su oficina estaba en la Vía Tapo. 

En 1994, los hermanos Alcántara le ofrecieron al candidato priista Luis Donaldo Colosio hacerse cargo de su seguridad. Le enviaron a Tijuana al Grupo Omega, compuesto por unos 30 elementos, que dirigía De la Sota. 

De la Sota iba unos pasos atrás, y a la izquierda de Colosio, cuando Mario Aburto Martínez le disparó al candidato en la cabeza. Vio a Colosio caer, vio a Aburto hacer una segunda detonación –según declaró–, y con ayuda de otro “Omega”, Alejandro García Hinojosa, logró someter a Aburto. 

Cuando se pasó de la hipótesis del asesino solitario a la de “la acción concertada”, uno de los miembros del grupo –Héctor Javier Hernández– declaró que segundos antes del atentado vio que “la gente se le abalanzaba” a Colosio e intentó acercarse, pero De la Sota le gritó: “Quítate de ahí”. 

El excomandante de la DFS fue detenido como presunto implicado en el magnicidio. Pasó un tiempo en la cárcel. Finalmente, se le absolvió. 

De la Sota, fallecido hace unos años por los estragos de la diabetes, comenzó a investigar el caso Cassez. Al fin se presentó en las oficinas de Morales Lechuga con una serie de datos desconcertantes. Que el caso era en realidad una venganza del poderoso y temido empresario Eduardo Margolis, protector de la comunidad judía en contra de secuestros, y quien le vendía armas, tecnología y equipos a la Secretaría que encabezaba Genaro García Luna. La razón de la venganza, según De la Sota: Margolis “estaba enamorado del hermano de Cassez”. 

El excomandante también informó que una de las principales testigos del caso, la señora Cristina Ríos, había sido alguna vez ama de llaves de Margolis. Relató que, al llegar súbitamente de Guadalajara, la esposa de Vallarta, Claudia Hernández, lo había descubierto en plena relación amorosa con la señora Ríos (ella diría, en su declaración, que Florence los descubrió mientras Israel la violaba y la golpeó salvajemente). Según De la Sota, a consecuencia de este hallazgo Hernández regresó a Guadalajara y luego tal vez salió del país. La buscaron durante un año, pero no lograron localizarla. 

De la Sota afirmó que Vallarta “andaba en algo raro”, tal vez en el negocio de los autos robados, y que no había manera de probar plenamente su participación en los secuestros que le imputaban. (En el expediente hay un pasaje extraño en el que el propio Vallarta asegura que él también tuvo una relación amorosa con Margolis). 

Por último, De la Sota aseguró que otra de las víctimas, Ezequiel Elizalde, era en realidad hijo de un secuestrador que se había robado el producto de un plagio: en venganza, su propia banda se había llevado a Ezequiel (según esta versión, la gente de García Luna lo rescató y le obligó a formar parte del ya famoso “montaje”). 

Las conclusiones del excomandante fueron que los testigos habían sido preparados y que los supuestos secuestradores estaban pagando por algo que quedaba en la oscuridad. 

Lo que De la Sota entregó fue información: no pruebas. De cualquier manera, Morales Lechuga habló con algunos ministros, y les narró lo que había encontrado. Halló en ellos una gran disposición a revisar el caso y actuar con justicia. 

De la Sota regresó a la Vía Tapo y luego entró lentamente en la sombra. 

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¿Qué ganaron?/Alejandro Hope

El Universal

Sucedió como se anticipaba. El viernes, los diputados y diputadas de la coalición gobernante votaron mecánicamente a favor de la propuesta presidencial de transferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena. 

No importó la notoria inconstitucionalidad de la propuesta. No importó que el texto aprobado hubiese llegado a la Cámara de Diputados menos de 48 horas antes de su aprobación. 

Todo eso resultó irrelevante. Se dispensaron todas las formalidades, se omitió el trámite de aprobar un dictamen en comisiones, se declaró el asunto de obvia y urgente resolución y se aprobó al cabo de unas horas de debate. 

Ganaron el primer round, pues. 

Pero cabe una pregunta: ¿qué ganaron? De arranque, nada: falta aún la aduana del Senado. Pero asumiendo que la iniciativa salve ese trámite, el desenlace no parece muy positivo. 

En materia de seguridad, se ganó poco o nada. Operativamente, con o sin reforma, la GN va a seguir haciendo lo mismo que hace hasta ahora: muchos rondines con efectos disuasivos cuestionables, algo de patrullaje carretero, algo de vigilancia en edificios públicos y aeropuertos, y muy poca investigación. 

Según el informe de la GN enviado al Senado a principios de año, esa corporación detuvo en 2021 a 8,258 personas. Eso es menos de lo que hace una policía municipal de tamaño mediano. Y de ese total, catorce fueron un producto “derivado de los trabajos de inteligencia”. Se trata a todas luces de una fuerza que patrulla y no investiga. 

En materia administrativa, tal vez se logre esconder el desastre administrativo que ha dejado la construcción de la GN —el hecho, por ejemplo, de que 80% de su personal sea prestado y que ese préstamo no esté debidamente formalizado— pero a costa de crear varios otros. 

La iniciativa separa la adscripción administrativa del control presupuestal. Formalmente, la GN va a seguir ubicada en la SSPC, pero su presupuesto va a ser ejercido por la Sedena. Dicho de otro modo, recursos etiquetados por el Congreso para una dependencia van a ser gastados por personal de otra, amparado en una norma de dudosísima constitucionalidad. Francamente, no quisiera estar en los zapatos de los funcionarios que tengan que estampar su firma en los oficios requeridos para formalizar el asunto. Mi sugerencia es que empiecen a ahorrar desde ya para pagar abogados. 

Además, la iniciativa trae interconstruido un conflicto entre la Sedena y la Semar, al (casi) obligar a la segunda a ceder plazas, personal y presupuesto a la primera. Asimismo, de acabar de aprobarse el bodrio, es casi inevitable una amplia disputa laboral (o el pago de cantidades no menores en materia de liquidación) para sacar de la GN a todos los exintegrantes de la Policía Federal (esto viene mandatado en un artículo transitorio). Como cereza en el pastel, lo aprobado en la Cámara baja dejaría sin plazas presupuestales formales a la GN como órgano administrativo desconcentrado (todas pasarían a Sedena). 

Más importante, dada su dudosa constitucionalidad, estas modificaciones van a poner entre corchetes legales todo lo que haga la GN durante años, desde una detención hasta una compra, pasando por una acción disciplinaria. Las bancadas de Morena y sus aliados votaron —probablemente sin darse cuenta— por una avalancha de litigios (grandes, medianos o pequeños) que pueden acabar paralizando a la corporación. 

En resumen, la mayoría gobernante se apuntó una victoria pírrica: en vez de garantizar el futuro de la GN, acaba de socavar gravemente su sustentabilidad de largo plazo. 

Ojalá disfrute su triunfo. 

alejandrohope@outlook.com

Twitter: @ahope71 

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Lo que escribe hoy Raymundo Riva Palacio está documentado en el libro El Mesias de George W. Grayson, publicado en 2006.

El libro original era de más de 700 cuartillas en ingles pero la editorial decidió hacerlo “leíble”. 

Malagradecido de toda la vida/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, 5 de septiembre de 2022

Sorprendió a muchos la descalificación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de las tres ministras y el ministro que propuso a la Suprema Corte de Justicia, porque están trabajando bajo los criterios de su justicia -con la excepción notoria de Loretta Ortiz, entregada sin pudor a Palacio Nacional-, en lugar de estar respaldando su proyecto de transformación. En otras ocasiones se ha referido similar a quienes propuso para el Instituto Nacional Electoral. La prensa resaltó el fin de semana la contradicción entre sus declaraciones, un día de respeto a la separación de poderes y a la incondicionalidad al siguiente, tirando a matar a sus propuestas para la Corte.

Cualquiera pensaría que su comportamiento es esquizofrénico, y lo es. Pero no es una conducta que hubiera adquirido en su lucha por el poder, que se evidenció públicamente tras su derrota en la elección presidencial de 2006, sino lo arrastra desde su juventud. El botón de muestra es la tragedia que vivió su familia en los 60s, cuando su hermano Ramón, de 15 años, perdió la vida al recibir un balazo con una pistola calibre 22. El episodio no es algo desconocido y ha sido ventilado a lo largo de los años como un accidente, pero hubo versiones encontradas sobre quién disparó, como documentó a partir de la prensa de Tabasco Fernando García Ramírez en El Financiero, en diciembre de 2017.

En aquel momento declaró el joven Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pese a haber dicho que él sólo había escuchado el ruido del balazo, debió haber habido demasiada presión en su entorno en Villahermosa, donde vivían, porque su madre, a quien llamaban todos de cariño Manuelita, acudió con un importante empresario tabasqueño, Diego Rosique, para explicarle la situación familiar. Don Diego, como aún lo recuerda, habló con el gobernador Manuel Mora para ayudar a la familia López Obrador y durante un tiempo los mantuvieron viviendo en un rancho del empresario, blindada de todo litigio.

La historia de lo que pasó en ese momento y después, no deja de ser recordada por quienes la vivieron personalmente y quienes la conocen en la sociedad política tabasqueña, que afirman que años después, cuando el actual Presidente comenzó a encabezar movimientos sociales y realizando invasiones, la primera propiedad privada que asaltó fue el mejor rancho ganadero que tenía Rosique. La molestia por esa acción es pública en Villahermosa, donde aún se indignan de cómo a la persona que fue benefactor de su madre y a su familia, la hubiera castigado con esa saña.

El siguiente episodio de desagradecimiento se ha dado con el presidente Ernesto Zedillo, quien es verdadero responsable de que la carrera política de López Obrador a nivel nacional, fuera posible. López Obrador, impulsado por el líder de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia del PRD en 1996, utilizó esa plataforma para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. El PRI se inconformó ante las autoridades electorales porque López Obrador no cumplía con el requisito de la residencia. Pablo Gómez, actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que también aspiraba el cargo, denunció lo mismo. Pero Zedillo ordenó al PRI que retirara la denuncia, lo que le abrió la puerta a López Obrador, montado en una ilegalidad, de iniciar, en la capital federal, su carrera a Palacio Nacional.

López Obrador ha hablado mal de Zedillo, o de un apoyo importante cuando llegó de Tabasco, José Carreño Carlón, cercano al presidente Carlos Salinas, quien le consiguió el departamento en Cuicuilco, donde vivió largo tiempo. Pero igual ha maltratado a Cárdenas, y se ha ensañado con su hijo Lázaro, el coordinador de asesores que expulsaron de Palacio Nacional el año pasado.

López Obrador nunca ha mencionado a Lázaro Cárdenas como un posible aspirante a la Presidencia, pese a haber mencionado a personas que su solo nombre provocaron risas, y hace no mucho, proyectó en la mañanera una fotografía de él, como gobernador de Michoacán, con el entonces presidente Felipe Calderón, lo que no puede interpretarse de otra manera que un intento de él y los duros de Palacio para lastimarlo.

No ha sido consistente en su mal agradecimiento con todos, pero la selectividad no se entiende en algunos casos, como el de don Diego Rosique, donde las acciones en su contra pueden ser calificadas o descritas a discreción. Durante su sexenio, López Obrador ha actuado con sevicia, descalificando públicamente a miembros de su gabinete, desmintiéndolos y contradiciendo sus políticas, o mostrando un desdén por todos, como con el calificativo de “corcholatas” con el que bautizó a su terna para sucederlo, y que por una extraña razón enfermiza, festejan quienes agravia.

El que ahora descalifique a quienes llevó a la Suprema Corte -Jazmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, porque Ortiz no entra en ese paquete-, no debe sorprender. Si a quien sólo ayudó ayudó a su familia tomó represalias sin justificación, ¿qué podrían esperar aquellos que se encuentran en una posición de decisión donde sus acciones son medidas bajo la vara de la incondicionalidad sumisa o la traición?

López Obrador lleva dos semanas y media hablando del Poder Judicial con epítetos y acusaciones que no ha probado, tildándolos de corruptos que actúan en colusión con la conspiración universal contra su cuarta transformación. Comenzó con un desencuentro áspero en Palacio Nacional con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, por su posición contraria a la prisión preventiva oficiosa, cuya constitucionalidad se discutirá hoy en el Pleno.

Como se planteó aquí la semana pasada, en el fondo de todo está su cruzada contra el pasado, que no impide la corrupción, pero encarcela a exfuncionarios y los deja en el limbo sin sentencia. Si la Corte declara su inconstitucionalidad, se le caerá el arma política que usa para chantajear a quien no se le hinque. Sus ataques buscan inhibir el criterio jurídico de aquellos a quienes promovió y obligarlos a que lo obedezcan. Hoy veremos si tuvo éxito.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

Twitter: @rivapa

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 Presupuesto 2023 y el futuro de Rogelio Ramírez de la O/Mario Maldonado

El Universal, 

El gobierno del presidente López Obrador entregará esta semana a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del próximo año, en medio de un clima de polarización política y medición de fuerzas entre un titular del Ejecutivo que busca someter lo mismo a los legisladores de su partido y de la oposición que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Será el jueves 8 de septiembre cuando el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se plantará ante el Congreso de la Unión para explicar el Paquete Económico que contiene el Presupuesto, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Marco Macroeconómico del 2023. 

Al igual que los dos primeros secretarios de Hacienda de la 4T (Carlos Urzúa y Arturo Herrera), Ramírez de la O se ha desgastado rápido (lleva un año y dos meses) al frente de esa dependencia. Lidiar con los caprichos y desplantes del presidente se ha convertido en un reto adicional para los encargados de las finanzas públicas y la política económica del país.

La mayor crisis del exasesor económico de López Obrador fue en marzo pasado, cuando en la Convención Bancaria el presidente adelantó la decisión de política monetaria del Banco de México y luego dijo que fue el secretario de Hacienda quien se lo anticipó. En ese momento a Ramírez de la O sí le pasó por la cabeza renunciar. Después el presidente pidió disculpas y las aguas volvieron a su cauce.

Más recientemente, Ramírez de la O volvió a tener fricciones. A la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se le fue al cielo el costo de la refinería de Dos Bocas: calculó que costaría 7 mil millones de dólares y va en 20 mil millones, en medio de la opacidad y presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a la familia y allegados a Nahle. 

Lo mismo pasa con el presupuesto del Tren Maya, el cual se ha disparado 70% y se prevé que siga aumentando; se fue de los 11.8 mil millones de dólares a los 20 mil millones. A cargo de esta obra está un tabasqueño amigo del presidente, Javier May, quien proviene de la Secretaría del Bienestar, donde se deciden los recursos de los programas sociales. ¿Qué podía salir mal?

Este escenario, aunado a las presiones inflacionarias, los choques constantes con los empresarios y con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, así como la crispación política tras decisiones como la reforma legal para dotar a la Guardia Nacional de un mando militar y la rebatiña en el Senado por la presidencia de la Mesa Directiva, complican el tránsito del Paquete Económico en el Congreso y el futuro del secretario de Hacienda. 

A principios de diciembre se debe aprobar el Paquete Económico 2023. El malestar mostrado por el secretario Ramírez de la O en una entrevista sobre la presión que significa para las finanzas públicas el sobrecosto de Dos Bocas y el Tren Maya reavivaron los rumores de su renuncia tras la entrega del Presupuesto. 

Como hemos expuesto aquí hace varios meses, quien aguarda paciente esa oportunidad es el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, amigo de los hijos del presidente López Obrador, pues su padre es el director de la escuela donde estudiaron José Ramón, Andy y Gonzalo López Beltrán. Sin embargo, en Hacienda aseguran que Ramírez de la O está firme y no tiene intención de irse. 

Esto último es lo que más le conviene a la estabilidad económica y financiera del país. Apostar por un cuarto secretario de Hacienda pondría muy nerviosos a los inversionistas. En los círculos financieros consideran que el gobierno de AMLO no aguanta otro cambio de titular en esa cartera. Veremos qué decide el presidente, quien pregunta poco y decide mucho en Hacienda.

Posdata 1

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Armando Melgar, será clave en la negociación política del Paquete Económico 2023. No lo pierda de vista. 

Posdata 2

El Paquete Económico será “inercial”, dicen en Hacienda; sin embargo, tres cosas serán diferentes: la austeridad republicana transitará a la pobreza francisca en lo que se refiere a la burocracia y la reducción del presupuesto en dependencias que no se consideran “importantes” para el presidente o no tienen rentabilidad electoral; habrá déficit fiscal, es decir que el gobierno tendrá más gastos que ingresos y no se descarta que ahora sí se busque la opción de tomar deuda; y tercero: que las proyecciones de ingresos por la venta de petróleo disminuyan significativamente por la reducción de los precios internacionales y la idea errada de que México debe refinar su petróleo en México en lugar de comercializarlo. 

Avanza cannabis industrial 

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ratificó la semana pasada que es inconstitucional negar el permiso a la empresa canadiense Xebra Brands para producir cannabis industrial, en los próximos días un juez federal requerirá a la Cofepris cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 1 de diciembre y otorgar a la firma que dirige Jay Garnett el primer permiso para sembrar, cosechar y comercializar cannabis con fines industriales, mejor conocido como cáñamo, el cual es utilizado por varias industrias como la textil, aceites, cremas, bebidas y plásticos, entre otros. Se calcula en 24 mil millones de dólares el valor del mercado del cáñamo industrial en México.

@MarioMal



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