Informe del GIEI sobre destino del normalista Julio César Mondragón genera dudas: Iñaki Blanco

Informe del GIEI sobre destino del normalista Julio César Mondragón genera dudas: Iñaki Blanco

Nota de Rubén Mosso/

Milenio/ 26.07.2023 15:38:00

 El ex titular de la Fiscalía del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre el destino del estudiante Julio César Mondragón, solo genera dudas, porque confronta lo declarado por dos testigos que han afirmado que el normalista fue torturado, asesinado y desollado en la ciudad de Iguala.

En entrevista con MILENIO, dijo que uno de los testigos es Omar Vázquez Arellano u “Omar García”, ex presidente del Comité de Conciencia Política de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quien sobrevivió la noche del 26 de septiembre de 2014, y que hoy es diputado federal.

El otro testigo es conocido con el nombre clave de ‘Karla’ y colabora con la Fiscalía General de la República (FGR). De él, se conoció su existencia por un informe del subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a quien aportó los nombres de los participantes en estos hechos.

“Este sujeto, si no mal recuerdo, refirió que presenció la ejecución, la tortura de Julio César. Dio los nombres de quienes habían participado en ese hecho, atribuyó la autoría material, por lo que hace al desollamiento, a un sujeto apodado El Minsa. Él dijo que había sido un elemento de la policía y que había llevado a cabo esta acción con la finalidad de quedar bien o lucirse con sus jefes, particularmente con un sujeto apodado El Chucky (Eduardo Joaquín Jaimes)”.

Ayer, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, integrantes del GIEI, aseveraron que hay documentos que hacen suponer que Julio César fue asesinado en el poblado de Mexcaltepec, en Taxco, Guerrero, y no en Iguala, debido a un reporte de la 35 Zona Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Al respecto, Iñaki Blanco declaró:

“Yo no sé si existe un error, lo que sé es que es un reporte que no fue corroborado y que contra el mismo hay dos testimonios de testigos, no de oídas, no singulares de los muchos que les gustan al GIEI, por cierto, hablando de Gildardo López Astudillo, por ejemplo, ‘Juan’. Estamos hablando de dos testigos que estuvieron presentes o que dicen haber estado presentes en el lugar en el que ejecutaron a Julio César.

“Entonces reitero, ¿a quién le vamos a hacer caso? Yo como abogado, yo como ex ministerio público atendería al dicho de los testigos presenciales. Lo otro no es sino un reporte, sino un trascendido, que entiendo no se corroboró, pero que, además, pues resulta contrario a evidencia que tiene cierto sustento porque son dos personas que me están dando detalles de cómo fue la ejecución”.

El ex funcionario puntualizó que en el informe por escrito de los integrantes del GIEI, ellos aducen que gracias a su intervención se pudo establecer que un grupo de estudiantes fue conducido a la comandancia ante el oficial de barandilla de nombre Ulises Bernabé, y dicen, que la procuraduría del Estado ocultó esa información.

“Esto también es falso y te voy a decir porque. Cuando detuvimos a uno, de los 22 primeros elementos de la policía municipal, este declaró que sabía que algunos estudiantes habían estado en la comandancia y que habían sido sustraídos de la misma. Y después cuando detuvimos a cuatro integrantes de los Guerreros Unidos, destacando los dichos de Marco Antonio Ríos Berber y de Honorio Antúnez Osorio, estos sujetos nos reiteraron que tuvieron conocimiento de que hubo presencia de algunos estudiantes en la comandancia y que por instrucciones de Francisco Salgado Valladares dadas a Ulises Bernabé, fueron entregados a gente de Cocula del grupo de Los Bélicos y de protección civil.

“No sé cómo pueden hablar de un ocultamiento, me parece esto sumamente irresponsable, porque las declaraciones de todas estas personas, del policía municipal y de los cuatro integrantes de Guerreros Unidos obran en la indagatoria que le entregamos a la PGR”.

Dejó claro que, si la fiscalía del Estado de Guerrero hubiera encontrado elementos para establecer la participación en carácter activo de elementos del Ejército en estos hechos, lo más sencillo hubiese sido declararse de inmediato incompetentes, porque se trataba de servidores públicos del orden federal.

“Pero, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que nosotros integramos nuestra indagatoria y no fue sino hasta que encontramos los elementos para generar un desglose por delincuencia organizada le hicimos saber a la PGR (Procuraduría General de la República) que se actualizaba supuestos en ese sentido y que la noche de ese mismo día, esta instancia, esta autoridad hizo valer la facultad de atracción, lo cual pues me parece sumamente importante”, puntualizó.

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