Las columnas políticas hoy, martes 23 de enero de 2024

CJF confirma que la # FGR no impugnó resolución en caso Ayotzinapa, o sea..

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó en una nota informativa que la Fiscalía General de la República (FGR) no impugnó una resolución judicial, lo que derivó en que ocho militares señalados como probables responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa obtuvieran su libertad provisional.

En la NOTA INFORMATIVA; DGCSV/NI: 05/2024 se señala:A través de diversas notas periodísticas se dio a conocer la liberación de 8 elementos del Ejército Mexicano, relacionados con el caso “Ayotzinapa”.

Dichos elementos castrenses se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada.

En dicho expediente, previo debate entre las partes (defensa de los imputados y fiscalía), en donde se expusieron los argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones, se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tomando como sustento la naturaleza del delito referido y lo preceptuado al respecto, por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los elementos castrenses, inconformes con tal determinación promovieron juicio de amparo indirecto, del que correspondió conocer al Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el que, al pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, resolvió concederla.

El efecto de esa suspensión fue para que el juzgado de procesos penales fijara una audiencia de revisión de medida cautelar, prescindiendo de las consideraciones que adoptó al imponer la prisión preventiva oficiosa, y con libertad estableciera la misma, pero de manera justificada, o cualquier otra.

Lo anterior, al ponderar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Estado Mexicano por la inconvencionalidad del artículo 19 Constitucional que prevé la figura de la prisión preventiva oficiosa.

En desacuerdo con dicha decisión, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, cuyas personas integrantes en sesión de 30 de noviembre de 2023, resolvieron modificar la resolución del juzgado de amparo sólo en cuanto a que era innecesario volver a citar a las partes  para debatir la medida impuesta, pues, en audiencia de 22 de junio de 2023, ya se habían esgrimidos los argumentos correspondientes.

En acatamiento a tal ejecutoria de amparo, el pasado 20 de enero, la persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia.

En lugar de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora impuso las siguientes medidas cautelares no privativas de libertad:

1. La presentación periódica quincenal los días uno y dieciséis de cada mes de los encausados, ante el juzgado de distrito.

2. La exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50,000 (cincuenta mil pesos, Moneda Nacional).

3. La prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte.

4. La prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero; y

5. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.

Medidas que aseguran la continuidad del proceso penal que se instruye a los inculpados, y que de incumplirse dejan abierta posibilidad de la fiscalía se solicitar nuevamente su modificación.

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Comunicado FGR 030/24

21 de enero, 2024 CDMX, Ciudad de México

FGR INFORMA

La Fiscalía General de la República (FGR), rechaza de manera tajante la determinación de la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio que, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas, le fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.

"Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas e iniciará las acciones que señala el artículo 225, fracciones VI, VII y VIII del Código Penal Federal, que castigan como delito los hechos cometidos en contra de la administración de justicia, entorpeciendo la misma y concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen. "

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Postura respecto a la decisión del PJF de modificar medidas cautelares y dejar en libertad a ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa

Secretaría de Gobernación | 22 de enero de 2024 | Nacional

El Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.

"Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel.

"De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.

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Posicionamiento de AMLO:

 López Obrador señaló que no está de acuerdo con el fallo de jueza que ordenó liberar a 8 militares acusados de desaparición forzada en caso Ayotzinapa y acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia a padres de normalistas.

"No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, que es lamentable es que el Poder Judicial desde el inicio proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos", dijo en conferencia mañanera.

"Y es indudable que la COIDH de la OEA esta politizando este asunto, bueno, desde el principio esta politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo (Emilio) Álvarez Icaza y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones supuestamente de defensa de DH se quedaron callados".

Comentó que la Secretaría de Gobernación envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para advertir de la posible liberación de los militares involucrados en el caso Ayotzinapa.

AMLO consideró que desde el Poder Judicial se quiere politizar  el asunto, con el fin de desprestigiar al Ejército e incluso hacerlo a él quedar mal frente a la promesa de esclarecer la desaparición de los muchachos normalistas.

“Le voy a pedir a la Secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta y, como si le hubiésemos dicho, libérenlos.

“Y lo segundo, hacerme quedar mal, pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes, toda esa caterva de hipócritas y lo vamos a seguir haciendo y le vamos a ir explicando poco a poco porque es una maraña que dejaron y sigue”, expresó el presidente..

Estos señalamientos se dan luego de que este sábado se anunciara que ocho de los 13 militares relacionados con el caso de Ayotzinapa serán liberados, después de que la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo revocara la prisión preventiva que se les había impuesto.

La juzgadora consideró que ya no existía el riesgo de fuga para ninguno de los imputados, modificando así las condiciones bajo las cuales se les impuso la prisión preventiva oficiosa el 22 de junio.

AMLO a veces desconoce como funciona el Poder Judicial, la carta se le debió enviara si a la Ministra Piña pero en calidad de presidenta del CJF, no de la SCJN.

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María Alcalde revela carta de AMLO a ministra Norma Piña que advertía liberación de militares..

López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dar a conocer la carta que se envió en diciembre a la ministra presidenta de la SCJN Norma Lucía Piña.

“Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que dé a conocer esa carta,..

En el texto, la secretaria de Gobernación menciona la resolución del adoptada en la sesión del jueves 30 de noviembre de 2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, integrado por los magistrados Francisco Javier Sarabia Ascencio, Juan José Olvera López, y Horacio Armando Hernández Orozco como ponente.

Apuntó que en la sesión estimaron “fundado” el agravio aducido por los ocho militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 del índice del Juzgado Segundo de Procesos penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca”.

“Cabe señalar que la ejecutoría no ha sido formalmente notificada. En consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los siguientes inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa:

1.- Subtte. Omar Torres Marquillo,

2.- Sgto 2º Roberto de los Santos Eduviges,

3.- Sgto 2º Ramiro Manzanares Sanabria,

4.- Sgto 2º Juan Andrés Flores Lagunas,

5.- Sgto 1º Gustavo Rodríguez de la Cruz,

6.- Cabo Uri Yashiel reyes Lasos,

7.- Cabo Eloy Estrada Díaz,

8.- Cabo Juan Sotelo Díaz”.

“Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, señala la carta.

El texto del 12 de diciembre, firmado por la secretaria de Gobernación 

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Le queman 20 autos y reprocha 'abrazos'

Luego de que un comando armado prendió fuego el pasado jueves a más de 20 vehículos que se encontraban en tres lotes de venta en Uruapan, Michoacán, el dueño de la agencia lamentó lo sucedido por negarse a pagar una cuota de un millón de pesos.

En un video que se viralizó ayer en redes sociales, y donde se observan las unidades consumidas por el fuego, el comerciante, entre sollozos, arremetió en contra de la política de seguridad de "abrazos y no balazos" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si no pagas cuota te parten tu puta madre, y el Gobierno bien gracias. Aquí nos quemaron 20 carros. Querían un millón de pesos de cuota, no se les dio, 20 carros quemados y cuatro empleados heridos, ahí está, para que sigan votando por Claudia Sheinbaum", lamentó.

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LAS Columnas políticas hoy, martes 23 de enero de 2024

Templo Mayor/ REFORMA

DICEN que Tabasco es un edén, pero para los partidos de oposición es un infierno más. Y es que la alianza formada por PRI, PAN y PRD parece más empeñada en perder que en ganar elecciones.

RESULTA QUE en la tierra de AMLO, la coalición va a competir dividida. Panistas y priistas postularán a Lorena Bourregard como candidata a la gubernatura, mientras que el PRD llevará como abanderado a Juan Manuel Fócil.

ADEMÁS está la ruptura en Coahuila, donde después del "notario-gate" que abrió Marko Cortés, el PAN tuvo que competir solo y postulará sus propios candidatos en los 38 municipios. Así que los aliados, la verdad, muy unidos no están.

EL REVÉS recibido por la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa vuelve a encerrar en un laberinto al gobierno federal. Gobernación se lanzó con la narrativa usual contra el Poder Judicial, pero en esa confrontación dejó al garete a las víctimas.

EL NUEVO pleito se debe a que el gobierno federal sostiene que fueron liberados 8 militares que estaban presos por la desaparición de los 43 normalistas. La realidad, sin embargo, es que los soldados no fueron exonerados y, de hecho, su juicio sigue adelante. Lo único que ocurrió fue que les quitaron la prisión preventiva, por orden de un Tribunal Colegiado.

LO CIERTO es que el caso está entrampado. Ya no hay reuniones periódicas entre el Presidente y las víctimas. Dos funcionarios clave fueron despedidos: el fiscal Omar Gómez y el subsecretario Alejandro Encinas. Y el grupo de expertos internacionales se retiró del caso.

HASTA AHORA el gobierno federal no ha podido salir de la cuestionada "verdad histórica" del gobierno de Enrique Peña, pues no ha construido una versión convincente y jurídicamente sólida.

FUERTES andan los jaloneos en la oficina de Alejandro "Alito" Moreno, pues es quien tiene la firma para autorizar las candidaturas del PRI. De ahí que hay de todo tipo de presiones y ofrecimientos para ganarse un lugar en las listas que este jueves validará el Consejo Político Nacional.

CUENTAN que el regiomontano Francisco Cienfuegos aparecerá como suplente de Manlio Fabio Beltrones en la lista de candidatos al Senado. Ese será su premio, dicen, por haberle puesto piedras en el camino presidencial al emecista Samuel García.

TODO INDICA que en la alcaldía Tlalpan el dedazo, perdón, la encuesta declarará a Pedro Haces junior como candidato de Morena. Con esto quedarían fuera Carlos Ulloa, uno de los de mayor confianza de Claudia Sheinbaum; y Gabriela Osorio, morenista de cepa que recibió el espaldarazo de Alfonso Ramírez Cuéllar y Bertha Luján, entre otros históricos guindas.

SIN DUDA esto hará que crujan las estructuras morenistas en la tierra que gobernó Sheinbaum y donde, casualmente, tiene su domicilio López Obrador.s.

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Estrictamente Personal

Las trampas de la mañanera/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, enero 23, 2024 | 

En un año, reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que dio a conocer el INEGI la semana pasada, la percepción de inseguridad se redujo de 64.2 por ciento en el cuarto trimestre de 2022, a 59.1 por ciento en el mismo periodo de 2023, lo que fue altamente significativo al ubicarse en su nivel más bajo para un mismo periodo en nueve años. Los resultados del estudio cayeron como anillo al dedo del gobierno, que igualmente reportó la semana pasada que los homicidios dolosos –la variable que usa para medir los resultados de su política de seguridad– decrecieron 4.18 por ciento en 2023. La encuesta provocó sorpresa, porque los delitos continúan al alza y los asesinatos siguen subiendo en niveles inéditos.

La feria de números es amplia y los datos se pueden manejar a discreción, como lo hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que reportó una baja de 10 homicidios dolosos diarios en 2023, comparado con 2022, que no quedó del todo claro de dónde salió. La reducción porcentual probablemente sea correcta, aunque sea producto de una cifra amañada, porque ese tipo de delito fue reclasificado en 2015 –cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba urgido de esconder que los asesinatos iban al alza de manera rampante– y se empezaron a categorizar algunos de ellos bajo el rubro eufemístico de “otros delitos que atentan contra la vida”.

En un ensayo publicado en Nexos en junio del año pasado, Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora en Causa en Común, apuntó que si bien existe una definición sobre las características que cumple cada delito y no debería haber una correlación negativa entre ellos, se han observado anomalías en algunas entidades que reportaron una baja en homicidios dolosos, al tiempo de un incremento en las víctimas reportadas en los otros subtipos, especialmente a partir de 2019.

Citó que en el primer cuatrimestre del año pasado, en Campeche, esos “otros delitos que atentan contra la vida” sumaron 153, contra 39 víctimas de homicidio doloso. Canjura Luna agregó que en el comparativo entre 2021 y 2022, ocho entidades reportaron una disminución en el número de homicidios dolosos reportados, y un incremento en el registro de homicidios dolosos: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La cifra negra de homicidios dolosos no sólo se puede encontrar en la reclasificación de los delitos, sino también en los desaparecidos y en las morgues. Hay poco más de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales poco más de 43 mil son del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cuántas de ellas fueron asesinadas es un dato que se desconocerá por algún tiempo, igual que los más de 50 mil cadáveres sin reconocer en las morgues que pudieron haber sido víctimas de crímenes. Las denuncias de delitos también han bajado, aunque se puede argumentar que se debe a estrategias de gobiernos morenistas, como en la Ciudad de México, donde las agencias del Ministerio Público que había en el Metro desaparecieron durante la gestión de Claudia Sheinbaum, con lo cual se dificultó más la posibilidad de denunciar.

López Obrador sostiene que el país está mejor que antes en el tema de la seguridad, aunque no hay dato que sostenga la afirmación. La consultora TResearch International, que lleva un seguimiento puntual de homicidios dolosos con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI, ubica en 177 mil (cifras redondas) el total de homicidios dolosos en los 62 meses del gobierno actual, 52 mil más que en el mismo periodo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y 87 mil más que en el de Felipe Calderón, con una media de 95 asesinatos por día, contra 71 y 55, respectivamente.

La violencia corre más de la mano de los datos, incluso sin maquillaje, que de la del INEGI, que mide las percepciones. ¿Cómo es posible, entonces, que con los asesinatos diarios en varias partes del país, incluidos de militares y policías, de matanzas, de sometimiento de poblaciones enteras, de luchas sangrientas entre los cárteles de la droga que han llevado a esta administración a vivir cuatro de los cinco años más sangrientos en casi un siglo, los mexicanos consideren que hoy viven menos inseguros que un año antes? La respuesta se encuentra en Palacio Nacional.

López Obrador ha logrado imponer su narrativa sacudiéndose su responsabilidad y adjudicando la violencia al pasado, con frases como el que todos los días se reúne el gabinete de seguridad –”como no se hacía antes”– para revisar los índices delictivos, logrando la hipnosis colectiva que entiende como algo bueno el que lo hagan –pese a los terribles resultados en la materia– y no como un fracaso. El Presidente procura no tocar él directamente el tema de la violencia e inseguridad, porque se asocia con algo negativo, y se limita a decir que se está trabajando, que no se dejará a la intemperie gubernamental a nadie y que se están atacando las causas de la violencia.

Su palabra incisiva y reiterativa es muy poderosa, y por lo que se aprecia, tiene todavía un amplio capital político para seguir ocultando la realidad. No obstante, visto desde un punto de vista estratégico, López Obrador está actuando con inteligencia, pateando para adelante el problema y endosándolo con una magnitud mucho más grave de lo que heredó del presidente Peña Nieto al siguiente gobierno.

Tiene en las Fuerzas Armadas su válvula de escape para cuando quieran pasarle la factura de su fracaso y hacerle rendir cuentas. Los militares serán el chivo expiatorio cuando, ante la ausencia de un líder carismático como él, que miente como respira –parafraseándolo– y con un enorme talento manipulador, los culpe de haber sido ellos quienes, habiéndoles entregado todo, fracasaron. La molestia del Ejército y la Marina ya no será de él, sino de su sucesora, la que cargará con todos los costos políticos porque sin su labia engatusadora, la realidad la alcanzará. López Obrador, en cambio, probablemente se vaya impune a su rancho.

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Azucena/Francisco Garfias

Arsenal

Excelsior,

El presidente López Obrador le pidió a Azucena Uresti que saliera a aclarar lo de su salida de Milenio TV. Quería lavarse las manos, sacudirse los señalamientos de “censura” que se multiplicaron en cascada. Para lograr su propósito, no dudó en usar un tuit del expresidente Felipe Calderón, su adversario político de toda la vida, y hasta puso en duda la buena fe de la conductora estelar de esa televisora.

La respuesta de Azucena se produjo en el espacio que tiene en Radio Fórmula desde hace cinco años. Dejó claro que ninguno de sus proyectos por venir interfería en lo absoluto con su desempeño en la televisión, como se manejó en la versión oficial de su salida.

Y, sin vericuetos, dijo que en estos tiempos (de la 4T) “el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”. Remató con un mensaje subliminal:

“Estoy lista para seguir participando en espacios que permitan ejercer este oficio con la mayor libertad; en espacios donde se escuchen las voces de quienes sistemáticamente son ignorados; donde se escucha a quienes luchan por sus derechos y por la justicia; donde se denuncien los excesos y los abusos”.

Servido, señor Presidente.

* Marcelo Ebrard no acaba de definir su postura frente a Claudia Sheinbaum. Lo vimos muy cerca de ella el pasado jueves, en el presídium que se montó en el Monumento a la Revolución para el cierre de la precampaña.

Pero no llegó a la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada el domingo en el WTC, en la que Claudia fue ungida formalmente como candidata presidencial del guinda. La ausencia del excanciller desconcertó a sus correligionarios. No entienden sus zigzagueos.

Primero estiró la liga y denunció irregularidades en el proceso interno que llevó a la exjefa de Gobierno de la CDMX donde está. Luego se hizo presente en el Monumento a la Revolución y abrazó públicamente a la precandidata del oficialismo que, según él, se benefició de irregularidades. Tres días después fue el gran ausente en el WTC. “La declaración de la doctora como candidata es más importante que el cierre. Si Marcelo ya había dado el paso atrás, ¿qué pasó? No lo entiendo”, nos dijo uno de sus correligionarios.

El excanciller no ha explicado su ausencia en el Consejo. Su silencio da lugar a todo tipo de especulaciones.

En su cuenta de X, eso sí, celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EU le haya dado la razón a México en la demanda que presentó en el 2021 contra la industria de armamento. “Felicitaciones a la SRE, especialmente al consultor jurídico Alejandro Celorio. Es un gran paso”, escribió.

En 2021, el gobierno mexicano, vía el entonces canciller Ebrard, presentó una denuncia contra ocho empresas que fabrican y venden armas. La fundamentó en el hecho de que los comerciantes de la muerte saben que son utilizadas por el crimen organizado en nuestro enlutado país. El fallo obliga al juez de primera instancia a revisar a fondo el asunto. “Gran noticia”, estimó Alicia Bárcena, titular de la SRE.

* El muñequito con la figura de AMLO, dentro de una caja con moño, les llegó como regalo de reyes a los senadores del oficialismo con una tarjeta personal de Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, en la que hace la apología del “Presidente más querido de la historia”, “nuestro líder moral” y una repetida frase: “Abajo la corrupción…”. La senadora Rivera puede regalar lo que se le dé la gana a sus correligionarios con recursos propios. Está en su derecho. Pero convendría que aclarara si los Amlitos los adquirió con recursos públicos. Hay legisladores que aseguran que, si pagó con dinero del Senado, “es delito electoral.”

* Un buen jalón de orejas le dio el presidente López Obrador al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por andar de porrista de Claudia Sheinbaum en un acto oficial al que el Presidente asistió el fin de semana pasado en la capital de la entidad. “Los potosinos —dijo el gobernador— le decimos, señor Presidente, que estamos con usted y con la consolidación de la Cuarta Transformación que encabezará Claudia Sheinbaum en este año”, dijo Gallardo.

Un día después, en Querétaro, vino la llamada de atención de López Obrador: “En un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó su preferencia. No pude replicar por razones obvias: se trata de una autoridad soberana... además, iba a ser escandaloso”. Luego de subrayar su estima por el gobernador potosino, AMLO dijo que éste se emocionó “y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno”.

El tema llegó al INE. La consejera presidenta de ese organismo electoral, Guadalupe Taddei, fue interrogada sobre el proselitismo de Gallardo en un acto oficial. Respondió que sólo con denuncia se indagaría si hay delito.

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“Detrás de cámaras” en el caso Azucena Uresti/Carlos Loret de Mola

El Universal 

Para cuando estalló la bomba entre Azucena Uresti y los dueños de Milenio, la periodista había ido sufriendo una sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su espacio estelar: todos los días llegaba a su oficina un emisario para cerciorarse de los dos o tres temas que no debía tocar, había otro supervisor encargado de que los temas que sí se tocaran salieran al aire con menos cafeína, el guion de su programa estaba bajo estricta supervisión superior, le habían exigido dejar de emitir opiniones en Twitter y cancelar su columna en Opinión 51, y en una ocasión incluso “se cayó la señal” justo cuando abordaba un asunto espinoso para Palacio Nacional que le habían dicho que no debía mencionar.

En ese contexto, lo del lunes 8 de enero fue sólo la chispa que encendió la corta mecha que detonó la dinamita que incendió la casa que quemó el pueblo. Ese día, el presidente López Obrador se quejó de ella. Para despreciarla, no le llamó Azucena Uresti sino “Susana Eréstegui”, a pesar de que su vocero le “sopló” dos veces el nombre correcto. La periodista respondió esa misma tarde en su programa de Radio Fórmula calificando al presidente de discriminador, misógino y agresor constante de mujeres.

Esto desató un huracán en Milenio. Empezó la presión desde lo más alto con un mensaje contundente: las cosas no pueden continuar así, si sigues en Milenio no puedes seguir en Radio Fórmula. Era claro: lo que decía al aire en Radio Fórmula -donde Azucena Uresti goza de más libertad- enojaba al presidente no solo con el dueño de Fórmula sino también con el de Milenio, donde ocupaba el espacio estelar. La periodista, su equipo y varios directivos de Milenio (algunos me dieron sus testimonios y en esos baso esta columna) interpretaron este mensaje como un ultimátum, un despido disfrazado de alternativa: si quieres seguir aquí, te tienes que callar, y ya no puedes estar en Radio Fórmula.

En coincidencia con esta crisis, Radio Fórmula había doblado su apuesta a favor de Azucena Uresti: le había ofrecido un mejor espacio: tres horas en el horario estelar de la mañana, en vez de una hora que tenía en la tarde-noche. Ella tomó el salvavidas.

Los días siguientes fueron un jaloneo entre chats, llamadas telefónicas y reuniones presenciales. Se fue extinguiendo la comunicación entre la conductora estelar y los dueños. Le ofrecieron regresar al estado de cosas previo a la crisis pero ese constante y sutil golpeteo a la libertad de expresión había llegado a su límite: la chispa había prendido la mecha que ya había detonado la pólvora que ya estaba incendiando la casa. Acordaron una especie de liquidación y listo. El viernes por la noche, Azucena Uresti anunció su partida dejando apenas un par de pistas en el camino: habló de “circunstancias actuales”, de que “hemos enfrentado muchas presiones profesionales”.

Que nadie diga que la palabra del presidente no pesa en el ánimo de los dueños de los medios de comunicación. Que nadie diga que la palabra del poderoso y autoritario presidente no incide en el destino y los márgenes de libertad de los periodistas.

Pero sí hay quien lo está diciendo.

Con la ayuda del presidente López Obrador, sus propagandistas y sus siempre obsequiosos periodistas funcionales, Milenio ha querido permear la idea de que su rompimiento con Azucena Uresti fue consecuencia de una decisión profesional de ella. Que escogió Radio Fórmula sobre Milenio. Que prefirió radio sobre tele, pues. La falta de lógica del argumento encendió aún más el debate. Ella misma refutó la versión oficial ayer por la tarde: lleva 5 años trabajando en Radio Fórmula y su nuevo horario matutino radiofónico no chocaba con su horario nocturno en televisión. Además, es amplísima la lista de periodistas que hacen televisión en un medio, radio en otro y publican columna en un tercero. Cuando conducían espacios estelares en Televisa, Joaquín López Dóriga y Denise Maerker tenían programa en Fórmula. Ciro Gómez Leyva lo tiene mientras es la cabeza del noticiario más importante de Imagen TV. En Milenio también ha sido práctica común: el propio Ciro conducía el noticiario estelar en Milenio mientras hacía radio en Fórmula, y aún hoy Carlos Zúñiga hace tv en Milenio y radio en MVS.

Así que no había motivo para el ultimátum. Bueno, sí había: el enojo del presidente y las presiones sobre los dueños del medio. Porque en el fondo, la disyuntiva no era Milenio o Fórmula. Era callarse o no.

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Militares procesados, sicarios libres/Jorge Fernández Menéndez

Razones

Excelsior, 

En recuerdo de Jesús Reyes Heroles González Garza,

un funcionario honesto, un hombre inteligente y querido.

 Con un abrazo a su hermano Federico y a todos los suyos.

Es desconcertante, para decir lo menos, que la FGR esté demandando a una jueza y a los miembros de un tribunal por haber ordenado la libertad condicional de ocho de los 13 militares que están procesados por el caso Ayotzinapa. Fueron detenidos sin una sola prueba real en su contra, más que los testimonios de sicarios reconvertidos en testigos protegidos por el exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, con el respaldo del exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

El propio Encinas escribió en un tuit el 21 de enero pasado que era “lamentable que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”. López Obrador no está facultado para encabezar ninguna investigación criminal, eso es lo que hacen las fiscalías. La que cometió delitos en esta investigación, según lo aseguró el propio presidente López Obrador, fue la fiscalía especial que encabezó Gómez Trejo, con el aval y la supervisión de Encinas. Esa fiscalía fue la que liberó sicarios para que cambiaran su testimonio tratando de establecer la tesis del crimen de Estado, apartándose del derecho.

Lo hicieron sin pruebas y falseando testimonios. Éstos y otros militares detenidos (y también el exprocurador Jesús Murillo Karam) están en esa situación sobre todo por las declaraciones de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, el narcotraficante que encabezaba la célula de Guerreros Unidos en Iguala, que es el autor confeso de la desaparición de los jóvenes estudiantes y que está exhibido claramente en ese papel en las capturas de pantalla que entregó la DEA hace años a las autoridades mexicanas con las grabaciones entre los sicarios de Guerreros Unidos en Chicago y Guerrero la noche de la desaparición de los estudiantes.

¿Usted daría fe a las palabras de un sicario, asesino confeso, jefe de plaza de un cártel del narcotráfico que en cuatro declaraciones ministeriales a lo largo de cinco años presentó cuatro versiones diferentes de unos mismos hechos y que cuando se convirtió en testigo protegido recordó súbitamente nombres, seudónimos, señas particulares, descripciones físicas, incluso de personajes que nunca conoció?

Eso es lo que hicieron Gómez Trejo y Encinas. Resultó que la palabra de un sicario confeso, autor del crimen de los jóvenes de Ayotzinapa, fue más valiosa que, por ejemplo, la del general José Rodríguez Pérez, un militar con 44 años de servicios, con una hoja de servicio impecable y que nunca había tenido denuncias por corrupción o violación de derechos humanos. Para la fiscalía especializada y para Encinas fue sencillo: era la palabra de Gildardo o la del general; por supuesto, aceptaron la de El Cabo Gil.

​Las cuatro declaraciones ministeriales de Gildardo López Astudillo, tres realizadas en diferentes momentos de 2015, y la cuarta, ya en libertad y como testigo protegido de la fiscalía en 2020, son todas radicalmente diferentes. Como testigo protegido, ofrece versiones y descripciones inverosímiles y contradictorias con sus otras tres declaraciones.

En la primera y en la tercera niega terminantemente ser miembro de Guerreros Unidos, pero en la segunda y en la cuarta lo acepta ampliamente, dice que fue jefe de plaza, pero también sólo acompañante, ni siquiera escolta y que no operaba con el grupo que comandaba (¿usted conoce algún jefe de plaza del narcotráfico que no “opere” para el grupo que encabeza y para el cártel que le pagaba, reconoce, dos mil dólares semanales?). Recordó ya en libertad, después de cinco años de prisión, nombres y apellidos de decenas de personas, incluso de personajes que no conocía, involucró a un general y a un coronel porque dice que le dijeron que estaban involucrados, los describe físicamente, aunque había aceptado que nunca los había visto. Denunció a Iñaki Blanco, el entonces fiscal del estado, pero fue el propio Blanco el que detuvo a toda la policía municipal de Iguala y a varios sicarios de Guerreros Unidos, antes de que la PGR asumiera el caso.

Aseguró El Cabo Gil que hasta el 3 y 4 de octubre, camiones del Ejército y de sicarios, en forma conjunta, llevaron restos de los estudiantes y de los criminales muertos al basurero de Cocula, sin una sola prueba que lo verifique y cuando Iguala estaba tomada por medios, ONGs, funcionarios, policías y tropas. Un movimiento de sicarios y camiones del Ejército, además operando en forma conjunta, y de esa magnitud, sería inverosímil.

En toda la declaración de Gildardo López Astudillo, de agosto del 2020, cuando fue dejado en libertad a cambio de ella, no hubo ninguna réplica de la fiscalía, ninguna pregunta ante esas afirmaciones, no le vuelven a repreguntar nada, ni a indagar más, todo estaba preparado.

Según declaró Gil en 2020, el delincuente responsable de todo lo que ocurrió en Iguala y que controlaba la relación con el Ejército, la PGR, la fiscalía, los ministerios públicos, la policía de investigación y la policía fiscal era un tal Güero Mugres. En su declaración de 2015, El Cabo Gil había dicho que El Güero Mugres sólo era un operador que manejaba contactos en la policía municipal. Cinco años después lo convirtió en un personaje con un enorme poder.

¿Quién lo iba a desmentir? A El Güero Mugres lo habían ejecutado en 2017. No hay nada como un culpable que ya está muerto o desaparecido. Con esas declaraciones del El Cabo Gil, están procesados 13 militares. Y la FGR quiere demandar a los jueces que les dieron a ocho la posibilidad de seguir su proceso en libertad.

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En Uruapan, terror y zozobra/Héctor De Mauleón

El Universal, 

Medio centenar de hombres armados rodearon tres lotes de autos ubicados en el Libramiento Oriente, en Uruapan, Michoacán. Cientos de personas caminaban por la zona cuando comenzaron a escucharse los tiros y los gritos. Los lotes fueron balaceados. Acto seguido, los agresores los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

En imágenes impresionantes captadas por transeúntes aparecen los tres establecimientos en llamas, a plena luz del día.

Horas más tarde un hombre subió a redes un video en el que muestra autos y camionetas calcinados y se queja de la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador.

“Si no pagas cuota te parten tu p… madre y el gobierno, bien gracias. Aquí nos quemaron 20 carros. Querían un millón de pesos de cuota, no se les dio: 20 carros quemados y cuatro empleados en el hospital a punto de morir”, explicó.

La capital mundial del aguacate se ha convertido en la tercera ciudad mayor percepción de inseguridad en México. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, 89.9 por ciento de los habitantes se sienten inseguros en el municipio. Dicha percepción solo es rebasada en el país por Fresnillo, Zacatecas (94.4 por ciento), y por Naucalpan (91 por ciento).

No es para menos. Solo el año pasado los grupos del crimen organizado perpetraron agresiones a tiros contra carnicerías (los dueños de tres murieron), tiendas de abarrotes, vinaterías, bases de taxis colectivos y unidades del transporte público que se habían negado a pagar derecho de piso.

En agosto pasado, incluso, las tortillerías de diversas colonias bajaron las cortinas: una noche, los propietarios que se habían negado a pagar las cuotas impuestas por el crimen organizado recibieron llamadas anónimas en las que les informaron que sus negocios serían quemados si abrían las puertas.

“Están avisados”, les dijeron.

Hace unos días, el periodista Luis Carlos Rodríguez, en una nota publicada en EL UNIVERSAL, definía Uruapan como un territorio de alto riesgo. Productores de aguacate, comerciantes, empresarios, ciudadanos en general viven aplastados por los secuestros, los extorsiones y los cobros de piso, y un día sí y otro también se encuentran bajo el fuego cruzado entre los pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Cárteles Unidos.

En solo unos meses se han registrado ejecuciones y agresiones armadas en los fraccionamientos Valle Real y Lomas del Valle Sur, así como en las colonias Las Haciendas, Sol Azteca, La Antorcha, Eduardo Ruiz, Río Volga, Ramón Farías, Morelos, Tierra y Libertad, Ignacio Ramírez, Los Lavalles, Revolución, La Cedrera y Ampliación Revolución.

El alcalde Ignacio Campos ha dicho varias veces que la seguridad está garantizada, pero nada detiene la escalada de violencia: uno de los puentes que se hallan a la entrada de la ciudad ha sido bautizado incluso por la gente como “el puente de los colgados”.

Las carreteras que conectan Uruapan con Morelia y Paracho son prácticamente intransitables a consecuencia de la ola de asaltos que las sacude, muchos de estos cometidos con extrema violencia.

Hace pocos meses los empresarios de la región dirigieron una misiva “a los tres órdenes de gobierno” para denunciar “el terror y la zozobra de los cientos de estudiantes, trabajadores, profesionistas y personas adultas mayores que circulan sin tener la certeza de que llegarán a salvo a su destino”.

Según denuncia del Colegio de Abogados de Michoacán, sobre la carretera federal se han cometido incluso agresiones sexuales.

Pese al aumento de la presencia militar, diariamente se registran en Uruapan asaltos a bares, restaurantes y todo tipo de establecimientos comerciales. A fines del año pasado, sujetos armados robaron una gran cantidad de dinero durante un asalto al Banco del Bienestar.

Más de 50 sicarios se movilizaron el jueves por la ciudad para acribillar y quemar tres lotes de autos cuyos propietarios se negaron a pagar un millón de pesos. Lo hicieron a plena luz del sol. Y no hubo nadie que se los impidiera.

En la geografía del horror en que México está hundido, Uruapan es otra de las regiones perdidas.

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Militares e Iguala

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA

"El arraigo y la prisión

preventiva oficiosa... restringen

desproporcionadamente la libertad 

personal sin que exista

una sentencia condenatoria

y desconocen la presunción

de inocencia"....Arturo Zaldívar

La respuesta de la Fiscalía General de la República a las decisiones judiciales que le son adversas es amenazar a los jueces. Nunca se pregunta si sus investigaciones son malas, si carecen de sustento. Con la arrogancia a la que ya nos ha acostumbrado la 4T, considera que todas sus acciones son impolutas.

No sorprende así que haya anunciado que iniciará un proceso legal contra la juez del segundo distrito de procesos penales federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, por haber permitido que ocho militares acusados de participación en el caso Iguala enfrentaran el resto de su proceso en libertad condicional. En realidad, esta debería ser un derecho para cualquier procesado que no represente un peligro para la sociedad o que pueda darse a la fuga. La prisión preventiva oficiosa, después de todo, es una violación a las garantías individuales, como han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el expresidente de la Suprema Corte, hoy convertido en político de la 4T, Arturo Zaldívar. Esto, sin embargo, no le importa a la Fiscalía, que quiere presionar a la juez por haber respetado las garantías de unos acusados que se presentaron voluntariamente al proceso y que no representan riesgo de fuga.

No se detiene allí la presión de la FGR. Va a promover también acusaciones contra los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio por, supuestamente, haber concedido "ventajas indebidas" a los militares acusados.

Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, añadió este 21 de enero en X: "Es más lamentable aún que los abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México".

La FGR está tratando de intimidar a los jueces en este y otros casos. El mensaje que da por instrucciones del Presidente, a pesar de su supuesta autonomía, es que los jueces que tomen decisiones contrarias a los deseos del gobierno serán objeto de investigaciones. De esta manera, y antes de que se cumpla el plan del Presidente de convertir a los jueces en políticos electos, la FGR busca lograr obediencia por temor. Es un ataque abierto a la división de poderes.

El argumento de Encinas respalda la idea de que el Presidente puede ser parte y juez en los procesos de la justicia. Las acusaciones contra los militares detenidos por el caso Iguala son endebles; se basan fundamentalmente en declaraciones de "testigos colaboradores" que, ya sabemos, dicen lo que los fiscales quieren escuchar. Pero todo acusado debe tener derecho a una defensa. Que el presidente López Obrador haya "asumido" la investigación del caso Iguala es no solo un despropósito, sino una violación a la ley, que establece que las fiscalías deben ser autónomas. Encinas, uno de los responsables de haber llevado el caso al actual callejón sin salida, hoy aplaude que lo asuma una persona que no solo no es abogado, sino que no tiene experiencia en investigaciones penales. Además, quiere que los acusados se queden sin defensa. A Encinas le gustan los juicios sumarios o los procedimientos de la Inquisición.

Estos militares siguen estando bajo proceso, lo cual es correcto, pero no se ha demostrado su culpabilidad; no tienen por qué ser castigados con cárcel antes de que un juez los declare responsables. Lo más importante, sin embargo, es que la FGR deje de amenazar a los jueces que no aceptan obedientemente sus instrucciones.

· REYES-HEROLES

Como economista, funcionario y ser humano Jesús Reyes-Heroles González-Garza fue excepcional. Era brillante y accesible. Incluso en las discrepancias mantenía una sonrisa. ¡Te extrañamos, querido Jesús!

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Los principios del PAN/Guadalupe Loaeza

REFORMA

Con mucho orgullo puedo decir que mi padre, Enrique M. Loaeza, fue fundador del PAN, junto con don Manuel Gómez Morin y otros destacados políticos, como Efraín González Luna, Luis Calderón, etcétera, etcétera. Mi hermana Antonia solía contarme que muchas veces acompañó a mi padre a promover el voto en la colonia Santa María la Ribera, donde él se reunía con un grupo de vecinos para hablarles del nuevo partido, Acción Nacional, fundado en septiembre de 1939, justamente cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial. El primer candidato a la Presidencia por este partido fue Juan Andreu Almazán. El día de las elecciones federales, el 7 de julio de 1940, grupos violentos armados, aparentemente al servicio del gobierno de Cárdenas, iban de casilla en casilla amenazando a los votantes y a la vez robarse las urnas y destruir los votos a favor de Andreu Almazán. Gonzalo N. Santos también había enviado a sus matones. Ese día murieron más de 150 personas, la mayoría partidarios de Almazán. El candidato del partido oficial opositor era nada menos que Manuel Ávila Camacho. "Yo acompañé a mi papá a una de las casillas y lo vi abrazando una urna y exclamando a voz en cuello: voto por voto, casilla por casilla. Se veía pálido, despeinado, todo sudoroso. Hasta se le habían caído sus anteojos", me contaba conmovida mi hermana, quien entonces era apenas una niña.

Descubrió quién es gracias a la escritura y al periodismo. Ha publicado 43 libros. Se considera de izquierda aunque muchos la crean "niña bien". Cuando muera quiere que la vistan con un huipil y le pongan su medalla de la Legión de Honor; que la mitad de sus cenizas quede en el Sena y la otra mitad, en el cementerio de Jamiltepec, Oaxaca, donde descansan sus antepasados. Sus verdaderos afectos son su marido, sus hijos, sus nietos, sus amigos y sus lectores

Entonces, panista de corazón y gran admirador de su maestro Manuel Gómez Morin, quien según don Enrique, se movía en "otra dimensión", ya escribía en la revista de Acción Nacional, "La Nación", fundada en 1941. Cuando la publicación cumplió tres años, mi padre escribió: "En México tenemos por costumbre achacar el origen de todos los males que nos agobian a la conducta despótica, desordenada y criminal del Estado y de los gobernantes. Claro está que estos y aquel actúan en esas formas, y en el pasado inmediato merecieron calificativos más duros. Pero la posibilidad de que tales hechos sucedan se finca, profundamente, en la carencia de vida y formas ciudadanas, originada por el incumplimiento, por nuestra parte, de los más elementales deberes políticos".

Cuánta razón tenía mi padre, hasta la fecha los mexicanos no nos comprometemos lo suficiente para cumplir nuestros deberes ciudadanos. Nos hace falta más educación cívica, más participación y más información en lo que a política se refiere. Este 16 de septiembre se cumplirán 85 años de la fundación del PAN, como partido de oposición, cuyo slogan era: "Por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos". Lo mismo pero acorde a nuestros tiempos nos dice Xóchitl en sus discursos. "Vida, verdad y libertad", repetía una y otra vez en el cierre de su precampaña.

Con ocho hijas, estoy segura que don Enrique no se hubiera opuesto a una candidata a la Presidencia, al contrario, le hubiera parecido muy refrescante y oportuno. Al que seguramente no hubiera soportado ni un minuto es a López Obrador, sobre todo debido a su "capricho" de cancelar el aeropuerto de Texcoco. El Lic. Loaeza, como fundador de la cátedra "Derecho Aéreo", se hubiera indignado por el adeudo del AICM y que los pasajeros tenemos que pagar el desvío de 196 mil mdp con los recursos de la TUA. Entonces sí que hubiera exclamado por primera vez groserías, cosa que nunca hacía. Hoy, Carmen Aristegui dedica en su noticiario, la segunda parte del espléndido reportaje titulado "El gran capricho de AMLO, desvíos e irregularidades por cancelación del NAIM".

Por último, mi padre termina su colaboración en la revista "La Nación", con la siguiente reflexión que viene mucho a cuentas en este momento de las elecciones presidenciales, hablando de la falta de participación ciudadana: "De ahí el divorcio entre la Nación y el Estado: de ahí la injusticia, la opresión, el desorden, el odio y el miedo; de ahí, la represión solapada o violenta, la rebelión latente. De ahí, hechos inconcebibles, como el conceder un puesto de magnitud incalculable, a quien debiera estar sujeto a proceso, por responsabilidades de lesa patria".

Estos son los principios del PAN y los de Xóchitl. Votemos por la democracia y no por el autoritarismo. ¡¡¡Votemos por la candidata del Frente opositor y evitemos que el próximo 2 de junio sea un día tan violento como el que padecieron los Almazanistas!!!

gloaezatovar@yahoo.com..

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Sheinbaum ante Trump/Genaro Lozano 

REFORMA

Donald Trump está cada vez más fuerte. Todo parece indicar que para marzo tendrá la candidatura presidencial republicana en su bolsillo. A menos de que la Suprema Corte de Justicia o sus problemas legales lo descarrilen, Trump se enfrentará por segunda vez a Joe Biden. La elección del 2024 tendría nuevamente a los mismos rivales en disputa. Y las encuestas hoy favorecen al republicano. ¿Cómo navegaría la primera presidenta de México el regreso de Trump al poder? Asumiendo que las encuestas en México son correctas ¿cómo lidiaría la presidenta Sheinbaum con Trump 2.0?

Claudia Sheinbaum heredará las oportunidades y los problemas de una de las relaciones bilaterales más complejas y ricas del mundo, una relación gobernada principalmente por los temas de comercio, migración y seguridad. La creciente posibilidad del regreso de Trump a la Casa Blanca obliga a imaginar los complicados escenarios.

Sheinbaum estuvo la semana pasada en un foro organizado por la American Society, en donde también estará Xóchitl Gálvez. En ese encuentro, la candidata puntera empezó a delinear su visión sobre la relación con EU. Ahí, Sheinbaum se refirió en buenos términos a la relación comercial. Dijo que la integración no se puede parar y que toca fortalecerla y aprovecharla mejor. La morenista habló sobre las oportunidades del nearshoring para México y para el desarrollo regional, prometió certidumbre a las inversiones extranjeras así como acelerar la transición energética de México. En otras palabras, parece que está ofreciendo una continuidad en la política comercial con nuestro principal socio y que podrían esperarse cambios en la política energética. Ojalá así sea.

Sheinbaum parece optimista y ese mensaje dejó a la audiencia. Y cómo no. Los indicadores económicos para el comercio entre México, EU y Canadá son promisorios y es más que positivo que la candidata comparta la visión de una América del Norte que crezca generando prosperidad compartida, con bienestar, con certidumbre legal y trabajando con el sector privado. Es lo mejor que le puede pasar a la relación trilateral. Una voluntad de cooperación y un enfoque de desarrollo compartido.

Respecto a la migración y la seguridad es en donde se ve un entorno mucho más complicado. Sheinbaum mencionó que "hay que seguir tratando de manera conjunta" esos temas. EU está cada vez más presionado por el tema migratorio, por controlar el flujo de ingresos a su territorio, y muy poco preocupado por una reforma migratoria integral y humanista. La presión para el gobierno de la próxima Presidenta será cada vez más fuerte. De hecho Trump prometió sellar la frontera si regresa a la Presidencia. El discurso del muro vuelve a asomarse a la relación bilateral. Por ello, Sheinbaum va a tener que apostarle a la cooperación y a un liderazgo más contundente con el resto de los países latinoamericanos. El tema migratorio no es solo un asunto bilateral, ocupa una solución regional que va mucho más allá de exportar el programa de "Sembrando Vida".

Finalmente, hay muchas interrogantes en lo referente a la seguridad. En el encuentro con la American Society, la candidata no mencionó el tema, ni tampoco se lo preguntaron. Canadá acaba de publicar datos muy interesantes sobre los efectos de la regulación de la cannabis, datos que abonan a la urgencia de regular el mercado de las drogas. EU ha reconocido su responsabilidad en el contrabando de armas ilegales en México, pero eso no es suficiente. Un cambio en el paradigma es más que necesario. La presidenta Sheinbaum tendría todo para poner esa discusión en la mesa, pero ¿escucharían Trump y el establishment de seguridad?

El regreso de Trump a la Casa Blanca abrirá nuevos frentes para México. En las cancillerías del mundo entero ya piensan cuáles serán los retos para el mundo en los próximos 4 años. Sheinbaum tendrá en el sexenio de AMLO una buena guía para lidiar con Trump 2.0, pero necesitará hacer ajustes, especialmente en los rubros más difíciles de la relación. Será uno de los retos más importantes de su gobierno.

@genarolozano

 

 

 

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