Acumula FGR reveses: Reforma.,
En los cinco años de la actual Administración, la FGR acumula una treintena de reveses judiciales en los litigios penales que los propios fiscales denominan como relevantes y la tendencia se ha acentuado en el último año.
La FGR informó hace unos días que en 2023 obtuvo mil 150 sentencias favorables para las víctimas y registró mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Sin embargo, en los casos de mayor trascendencia pública, si bien son un porcentaje mínimo, es donde son evidentes los descalabros en distintas instancias judiciales.
Sentencias absolutorias, negativas y cancelaciones de órdenes de aprehensión, devoluciones de solicitudes de captura, no vinculaciones a proceso, anulación de pruebas clave para un juicio, libertades provisionales y la suspensión condicional de procesos sin el pago de un solo peso, han sido algunas de las resoluciones adversas para la autoridad ministerial.
De 34 fallos adversos para la actual Administración de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz, siete fueron dictados entre 2019 y 2022, mientras que 27 se emitieron apenas de enero de 2023 a la fecha, de acuerdo con una revisión hemerográfica.
El mayor número de resoluciones contrarias coincide con la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relevo del ex Ministro Arturo Zaldívar.
El que quizá sea el caso de mayor relevancia que la FGR ha llevado a los tribunales en lo que va de esta Administración es el del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, un expediente que fue reactivado después de haber estado en la reserva desde hace un cuarto de siglo.
El primer lanzamiento de la Fiscalía fue una solicitud de orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, un ex agente del Cisen al que señala como el "segundo tirador", pero un juez federal negó librar la captura.
El juzgador concluyó que la FGR no tenía elementos para sustentar un acuerdo previo entre el asesino confeso, Mario Aburto, y el ex agente de inteligencia. La prueba que los vinculaba, el dicho de una mujer que dijo que ambos tuvieron contacto, fue desestimada porque la testigo cambió su declaración 25 años después.
Pero no es el único asunto destacado en el que se han registrado los reveses. Casos de supuesta corrupción como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado, así como el de Genaro García Luna y sus colaboradores, son parte de esa lista.
Lozoya, por ejemplo, se anotó tres victorias judiciales: le cancelaron el proceso por el caso Agronitrogenados sin pagar un solo peso; anularon los documentos bancarios que prueban los sobornos en el caso Odebrecht, y fue rechazada la petición de FGR para transferir a la Federación la propiedad de su residencia en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones.
Robles ya fue absuelta en segunda instancia del caso más importante que le imputaron por la Estafa Maestra, y a Collado también le cancelaron el proceso de mayor penalidad que le iniciaron, por el caso de la Caja Libertad, y otro en el que lo señalaron de coludirse con un funcionario de la extinta PGR para tramitar el desbloqueo de su dinero en Andorra.
García Luna también litigó hasta lograr que se negara una de las órdenes de aprehensión en su contra, la de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos.
Y en el caso de tráfico de armas conocido como "Rápido y Furioso", donde también tiene orden de aprehensión, sus ex colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas ya libraron las acusaciones penales.
El caso Ayotzinapa, uno de los de mayor trascendencia pública de los últimos años, no ha estado exento de fallos adversos para la Fiscalía.
José Luis Abarca y 19 agentes de la Policía de Iguala fueron absueltos en un juicio por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Apenas la semana pasada, ocho militares acusados de la desaparición de los estudiantes quedaron en libertad provisional, tras siete meses en prisión. La FGR volvió a pedir sus capturas y ayer empezaron a ser detenidos. (Nota de Abel Barajas).
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Presenta Morena definición de 8 fórmulas al Senado:
Con base en el resultado de sus encuestas, Morena presentó la definición de 8 fórmulas al Senado; quedaron:
Para la Ciudad de México, están ahí Omar García Harfuch y Ernestina Godoy;
Para Aguascalientes en primera fórmula aparece Nora Ruvalcaba y en segunda Daniel Gutiérrez Castorena;
Durango Gonzalo Yáñez y en segunda Margarita Valdez;
En Guerrero, Beatriz Mujica y Félix Salgado;
Morelos, Víctor Mercado y Juanita Guerra;
SLP, Rita Rodríguez e Ignacio Segura; S
Sinaloa, Imelda Castro y Enrique Inzunza, y;
finalmente Tlaxcala, José Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera.
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Las columnas políticas hoy, viernes 2 de febrero de 2024
El PRD se desmorona y no quiere acordarse del 2006
Bajo Reserva/| El Universal;
Nos recuerdan que, en 2006, el PRD estuvo a nada de llegar a la Presidencia de la República con su candidato Andrés Manuel López Obrador, lo que pudo haber cambiado por completo la historia del Sol Azteca, pero ahora lucha por sobrevivir en medio de una desbandada de sus diputados federales. En la conferencia de ayer, para respaldar al nuevo coordinador, apenas aparecieron 7 de 12 que les quedan. Ahora, el PRD no solo se desmorona, sino que sale salpicado con la acusación de que en aquella campaña presuntamente hubo financiamiento del Cártel de Sinaloa. Por eso, nos hacen ver, mientras la candidata aliancista Xóchitl Gálvez se sube con todo al tema, los perredistas hacen como que la virgen les habla y mejor guardan silencio.
Los motivos del retraso en las listas de candidatos de Morena
La próxima semana por fin se darán a conocer los resultados de las encuestas de Morena, y, por tanto, las candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado. Se espera que sean los nombres de la coalición con sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde, pero también de los distritos a donde va solo el partido guinda. Nos cuentan que los retrasos han sido por el tema de paridad de género, que fue decisivo en la tanda de candidaturas a ocho gobiernos estatales y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero también por un intento de reducir al mínimo los reclamos porque se otorguen lugares a “chapulines” recién llegados, pasando por encima de gente con más trayectoria en el movimiento. Veremos cómo procesa el líder nacional, Mario Delgado, las inevitables inconformidades.
Riesgo de un nuevo Fobaproa
Nos alertan que, en un pequeño descuido, podríamos vivir un nuevo Fobaproa. Nos dicen que el gobierno está por rescatar a Unifin, de Rodrigo Lebois Mateos, uno de los principales socios y operadores financieros del expresidente Felipe Calderón. Nos cuentan que, a pesar de que la empresa tiene deudas por más de 80 mil millones de pesos, Nafin y Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, planean autorizarle un financiamiento de salida para poder pagar a sus acreedores. Nos hacen ver que en contra de don Rodrigo hay denuncias presentadas por sus propios acreedores que van desde malversación, abuso de confianza, hasta administración fraudulenta. ¿Sabrán en estos bancos gubernamentales de las denuncias? ¿Estarán al tanto en Palacio Nacional de esta intentona por convertir en deuda pública las deudas de uno de los principales beneficiados en el sexenio de Felipe Calderón?
Ministros y jueces, otra vez, con una diana en la espalda
Nos hacen ver que toda esta semana el presidente López Obrador, su gobierno y su partido se han enfocado en confrontarse de forma directa con jueces y ministros. La Secretaría de Gobernación presentó una solicitud formal de juicio político en contra de un juez de Tamaulipas a quien acusa de colusión con la delincuencia; el presidente López Obrador de plano afirmó que el poder judicial está podrido, tras el fallo judicial que abrió la puerta de la cárcel al abogado Juan Collado. Y este jueves, los diputados de Morena promovieron un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, después de que la Corte echó abajo, por inconstitucional, la reforma eléctrica del mandatario. ¿Será que, en medio del proceso electoral y su preocupante tono de violencia e inseguridad, la administración lopezobradorista prefiere enfocar su atención en pelearse un día sí y el otro también con jueces y ministros?
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Estrictamente Personal
Metáfora del fracaso/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal;
Con 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de gobierno, mucho más que cualquier otro presidente antes que él, Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo. El Presidente maneja porcentajes, no números absolutos, para ocultar que heredará en 10 meses un país lleno de sangre. En varias ocasiones, como decía el gobierno de Felipe Calderón y él refutaba como opositor, la violencia no se da en todo el país. Pero, a diferencia de aquél, la expansión territorial de los cárteles de la droga no tiene precedentes y el sometimiento de gobiernos estatales es cada vez más apabullante. Guerrero es el mejor ejemplo.
Estado con problemas complejos que se cruzan y han aquejado a la población por generaciones, no se había visto, sin embargo, una descomposición tan acelerada como la que se ha experimentado desde que asumió la gubernatura Evelyn Salgado, en octubre de 2021. Desde entonces, todo ha ido cuesta abajo. El año pasado Guerrero ocupó el lugar siete en cuanto a homicidios dolosos, con un total de mil 704, en comparación con el año anterior, cuando estaba en el lugar 10 con mil 404 asesinatos. En un año subió 21 porciento el número de homicidios dolosos, superado sólo por otras entidades morenistas, Morelos, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, de acuerdo con la consultora TResearch International.
Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, establecía que para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. Esto significa que hoy, sin importar lo que se haga, Guerrero es literalmente un estado fallido en manos de los criminales. En una década, de acuerdo con informes gubernamentales, el número de municipios controlados por el narcotráfico se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios.
Quién controla cuáles, aporta un primer mapa del control delincuencial sobre la vida productiva de Guerrero y qué es lo que está en disputa.
Los Tlacos ‘gobiernan’ 10 municipios en la zona norte del estado, donde controlan la extorsión de las minas –oro y materiales estratégicos para las industrias militares–, que surgieron como fuerza relevante en el gobierno de Héctor Astudillo, quien autorizó 16 policías comunitarias –muy asociadas con el fenómeno criminal– de dos que había previamente, y 10 de las cuales se las entregó a Onésimo el Necho Marquina, jefe de esa banda, que anda huyendo. Quien tiene su poder subrogado es Salvador Alanís Trujillo, coordinador de la Policía Ciudadana en el municipio de Heliodoro Castillo, que mantiene a Los Tlacos en la actual administración como la fuerza dominante.
Sus adversarios principales son Los Ardillos, que manejan 12 municipios en la zona de la Montaña, y en guerra con Los Tlacos por el control de Chilpancingo, donde el negocio criminal más lucrativo es la extorsión. La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el jefe ardillo, Celso Ortega Jiménez. Los Tlacos también están enfrentados con La Familia Michoacana, que controla 12 municipios, y quiere arrebatarle Coyuca de Benítez, para tener una salida al mar en la Costa Grande, para sacar al mercado su droga desde Tlacotepec. Las dos bandas también están enfrentadas en la zona de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, para garantizar el trasiego de drogas hacia Morelos.
La Familia Michoacana está asociada con el Cártel Independiente, que controla la extorsión en el centro de Acapulco y la zona del mercado, en la guerra por el puerto contra los remanentes del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, y Los Rusos, que, presuntamente de la mano del cónsul honorario ruso en el puerto, Antonio Rullán Dichter, controla al menos ocho municipios, la Costera y toda la zona de Punta Diamante, donde han ido adquiriendo más propiedades y terrenos ante la depresión inmobiliaria provocada por el huracán Otis.
Toda esta mescolanza de grupos criminales que han llenado el vacío que nunca ocupó la gobernadora Salgado llevó a que después de la devastación del huracán Otis en Acapulco –no por razones de violencia e inseguridad, sino por el impacto social de la falta de ayuda–, el presidente López Obrador pidiera a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, que interviniera para restablecer el orden. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado, ni en el aspecto de la reconstrucción, donde no hay servicios básicos urbanos y la basura que sigue sin recolectarse, junto con el agua almacenada en charcos, ha incrementado las enfermedades gastrointestinales y el dengue, ni en el tema de la seguridad.
Una de las razones de la red criminal tan cambiante, explicaron personas que conocen las profundidades de Guerrero, es la complicidad de los alcaldes con el crimen organizado y que varios de ellos están negociando al mismo tiempo con organizaciones enfrentadas entre sí, lo que produce ajustes de cuentas o procesos de desestabilización inducidos en algunas ciudades del estado. Una situación similar se vivió en 2007, cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde de Acapulco, y el gobierno federal tenía indicios de que dinero de diferentes bandas había financiado su campaña. Uno de sus viejos colaboradores era Ludwig Marcial Reynoso, actual secretario general de Gobierno de Guerrero.
El control, fragmentado en diversas zonas que operan como feudos, no lo tiene el gobierno, sino las organizaciones criminales, que pelean entre ellas y siguen delinquiendo, mientras que la pasividad en la acción institucional parece más una claudicación. Hay 10 mil militares y un recientemente creado ‘Mando Especial’ para coordinar todas sus acciones, que hasta el momento no sirve para nada. Siguen los muertos, sigue la violencia y la inseguridad. Se puede argumentar que Guerrero está podrido, y habrá quien lo refute, pero de lo que no hay duda es que el estado es la metáfora de un fracaso nacional sin punto de retorno por varios años.
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El vocero presidencial en crisis y sus acusaciones/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL.
En el gabinete presidencial y en otros círculos de la 4T suele escucharse un comentario que explica, en parte, el discurso de odio que surge cada mañana desde la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Se dice que los 15 minutos más peligrosos para el país son aquellos en los que el Presidente se desplaza desde la reunión con el gabinete de Seguridad para llegar al Salón de Tesorería donde se realiza la “mañanera”.
En ese cuarto de hora, el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, envenena el oído del Presidente, quien de por sí ya va molesto por los reportes que le entregan todos los días la secretaria de Seguridad y los titulares de Defensa y Marina, a los cuales les escurre sangre: enfrentamientos por aquí y por allá, masacres, secuestros, fosas con restos de cuerpos, levantamientos de campesinos hartos de las extorsiones, ataques contra las Fuerzas Armadas, disputas de territorios entre cárteles, amenazas, atentados y asesinatos de funcionarios públicos. El Presidente termina aturdido.
Luego, Ramírez Cuevas interpreta para López Obrador una realidad muy diferente a la que prevalece más allá de las paredes de Palacio Nacional y alimenta las historias de complot de sus “adversarios”, sean periodistas, dueños de medios de comunicación, intelectuales, políticos de oposición, gobernantes locales o del exterior, todo lo que le dé gasolina al Presidente, quien tiene la mecha muy corta.
El vocero presidencial no solo envenena el oído del Presidente con información de quienes considera son sus “opositores”, sino que opera políticamente para afectar o hacer a un lado a integrantes del movimiento. Lo hizo con Julio Scherer, cuando filtró información sobre su participación en un corporativo de alimentos y luego tras la publicación de un libro sobre su desempeño como exconsejero Jurídico de AMLO; también al participar en la campaña para descarrilar la candidatura de Omar García Harfuch a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y lo repitió en el caso Ayotzinapa para operar mensajes en contra el Ejército.
En este punto del sexenio tales actos pueden ser calificados como suicidas, pues algunas de las confrontaciones que ha emprendido quien se hace llamar escritor y “productor de la mañanera, el programa más visto del país”, podrían cobrarle factura.
Remar contra los intereses de Sheinbaum y del Ejército lo han colocado en una posición muy comprometida en el ecosistema que se prepara para el siguiente gobierno. Si la exjefa de Gobierno de la CDMX se convierte en presidenta, Ramírez Cuevas no tendría cabida en su administración, aseguran sus cercanos.
Y lo que sí sucederá es que Ramírez Cuevas saldrá del gobierno con muchos escándalos a cuestas, desde la impresión de 20 mil ejemplares de su periódico Regeneración por un monto de 58 millones de pesos; el uso del aparato de procuración de justicia para amedrentar a trabajadores sindicalizados de Notimex, y el uso dinero público para pagar a bots y a supuestos reporteros para publicar en contra de quienes considera adversarios.
A finales de 2021, en una entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, Ramírez Cuevas aseguró que el gobierno federal no pagaba un solo peso por los monitoreos de la empresa Intélite, con los que solían hacer presentaciones en la conferencia de prensa para desprestigiar a los medios y a los columnistas. Los registros de Compranet que publicamos por esas fechas en este espacio revelaron que el gobierno federal le había otorgado a esa firma contratos por alrededor de 5 millones de pesos. De manera contundente se exhibió que Ramírez Cuevas había recurrido a la mentira. ¿Cuántas veces más lo habrá hecho durante su gestión como el encargado de toda la comunicación gubernamental?
Las consecuencias generadas por errores o manías de Ramírez Cuevas han impactado negativamente al Presidente y a su forma de gobernar. La “mañanera” ya no suma a los bonos de Sheinbaum; de hecho, este ejercicio, que nunca se llevó a cabo como una auténtica conferencia de prensa, fue el causante de que Xóchitl Gálvez se catapultara como candidata presidencial.
Jesús Ramírez se despedirá del gobierno cargando una pesada losa por el agravio no sólo de muchos de sus compañeros de movimiento, sino de empresarios, periodistas y propietarios de medios de comunicación. Además se va inmiscuido en batallas mediáticas y legales contra personajes como el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien planea descargar sobre él todo el peso de la ley, y con su excolaboradora Sanjuana Martínez, quien ya comenzó a revelar conversaciones comprometedores y lo tildó de “corrupto”.
Ramírez Cuevas ni siquiera es bienvenido en el periódico en el que trabajó, La Jornada, pues no solo su directora, sino buena parte de los periodistas de ese periódico, lo consideran un lastre para la 4T.
Posdata
La oposición política del país mordió el anzuelo del presidente López Obrador. Entre las iniciativas de reforma que el Ejecutivo va a anunciar este lunes a propósito de la celebración del Día de la Constitución, está la del sistema de pensiones, que, según lo que ha dicho AMLO, plantea que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario.
El PRI, el PAN y su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ya dijeron que apoyarán la reforma de pensiones, aunque cuestionan de dónde van a salir esos recursos públicos, toda vez que el gobierno ya tiene que desembolsar cerca de 2.5 billones de pesos al año en este rubro. La oposición sabe que no hay manera de financiarlo, a menos de que se recorten recursos presupuestales a programas sociales, proyectos de infraestructura e incluso salud y educación, que concentran la mayoría del gasto público.
También saben que Morena no lo va a permitir, ni en lo que resta de este gobierno y legislatura ni en el siguiente, si es que la candidata Claudia Sheinbaum gana la Presidencia. Entonces, aspiran a intentar ganar perdiendo: su argumento es que no se negaron a mejorar las pensiones de los trabajadores, pero simplemente no había recursos suficientes y Morena no quiso sacrificar otros rubros prioritarios, como la terminación de las obras insignia o los programas del Bienestar.
La realidad es que el mismo Presidente sabe que la reforma de pensiones es inviable como la ha planteado, pero quiere culpar a la oposición de ello y terminará haciéndolo. El punto de quiebre serán los organismos autónomos, que juntos suman a lo mucho 150 mil millones de pesos de presupuesto, insuficiente para financiar una carga de pensiones como la que se propone –la cual podría ser de por lo menos 500 mil millones de pesos al año–, pero sí será la bandera con la que AMLO justificará que la reforma no pasó por culpa de la oposición, que se opuso a la desaparición del Inai, la Cofece, el IFT, entre otros.
Así que la apuesta de la oposición sigue siendo de alto riesgo. Movimiento Ciudadano al parecer va a batear todas y la que impulsaron, para disminuir la jornada semanal de 48 a 40 horas, al parecer ya fue frenada por la iniciativa privada.
@MarioMal
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Chiapas bajo Rutilio: un reino criminal/ Jorge Fernández Menéndez
Razones
Ayer el gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia a su población para no viajar al estado de Chiapas, sobre todo a la zona fronteriza, ante la violencia generada por los enfrentamientos entre grupos criminales. Días atrás, los operadores turísticos anunciaron la suspensión de los recorridos a la Selva Lacandona y otras regiones del estado porque no podían garantizar la seguridad de los turistas.
Hace unos días fue detenido en Tapachula el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, de la fracción de El Mayo Zambada, un sujeto apodado El Memo. En la información que distribuyeron las fuerzas militares que realizaron la captura se decía que este sujeto operaba con absoluta impunidad y había sido liberado en un par de ocasiones porque contaba con la protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local, y la Fiscalía del estado.
No es extraño. Apenas el fin de semana pasado dejó su cargo el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Javier Orantes Abadía, lugarteniente de Jorge Luis Llaven Abarca, quienes, desde la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía, han sido acusados, junto con otros mandos, de ser los principales operadores de los grupos criminales en el estado.
Desde el inicio de la administración de Rutilio Escandón, los grupos criminales, en medio de una brutal disputa entre sí, se han apoderado de buena parte del control del estado, sobre todo en la franja fronteriza con Guatemala. Con un problema adicional: estos funcionarios inicialmente fueron protectores del Cártel de Sinaloa y luego le abrieron paso al Cártel Jalisco Nueva Generación y, con ello, detonaron el actual conflicto que vive la entidad.
Horas antes de su renuncia, Orantes fue denunciado por otros grupos criminales como operador del Cártel Jalisco y de ser quien organizaba el cobro de piso para esa organización, en colusión con Llaven Abarca desde que éste era fiscal del estado.
Meses atrás, el secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad estuvo relacionado con la exigencia de que Orantes dejara su responsabilidad en la secretaría que encabezaba. La renuncia de Orantes se dio en forma simultánea con la detención de El Memo en Tapachula y de la información distribuida por fuerzas militares con ese motivo.
Llaven Abarca y Orantes Abadía tuvieron el mando de la seguridad durante nueve años, pero durante la administración de Rutilio se perdió todo control y se desataron los enfrentamientos. La razón es sencilla: no se puede proteger a dos cárteles enfrentados entre sí al mismo tiempo, y eso se hizo desde el poder en esta administración chiapaneca.
Chiapas es un estado donde se ha perdido la gobernabilidad y hasta las formas. La hija del gobernador Rutilio Escandón aparece en conciertos y eventos sociales acompañada por la pareja y la hija de uno de los principales líderes criminales. En junio del año pasado, la hija del gobernador, María, apareció en una foto en un concierto, junto con la hija y la pareja sentimental de Juan Valdovinos Mendoza, El Señor de los Caballos o El Fraile, el principal operador del CJNG en el estado. Poco después se dio el secuestro de los 16 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal pidiendo el relevo de los mandos de la dependencia y luego el famoso desfile del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza tratando de recuperar la región controlada por el CJNG.
Mientras tanto, el EZLN anunció que tenía que abandonar Los Caracoles y los municipios autónomos ante la violencia desatada por la disputa entre cárteles y comunidades como Frontera Comalapa y Chicomuselo quedaron convertidas en pueblos fantasma, con centenares de familias desplazadas. La zona, además, se ha transformado en la base de operación para el tráfico de personas. Se estima que cruzan la frontera en forma ilegal entre dos y cuatro millones de personas cada año. Y el tráfico, desde hace cuatro años, está controlado por el crimen organizado.
No se puede mover desde la frontera sur a la norte a más de dos millones de personas sin una enorme estructura operativa, pero tampoco sin amplias redes de corrupción. Hay una línea de evidentes complicidades que se inicia en el propio gobierno estatal que encabeza Rutilio Escandón, cuya ausencia es notable ante todo lo que está ocurriendo día a día en su entidad.
Una ausencia que suena a complicidad, porque sus funcionarios clave en el área de seguridad han sido parte central de ese esquema que está desgarrando a la sociedad chiapaneca como nunca antes, ni siquiera hace 30 años, con el inicio del conflicto zapatista, con la enorme diferencia de que aquélla era una disputa política e ideológica y que, por lo tanto, se podía encauzar, como sucedió, por la vía de la política y los acuerdos.
La violencia en que ha sumido Rutilio Escandón al estado proviene de las ambiciones criminales y no habrá forma de encaminarla si el propio estado está controlado por esas fuerzas y ambiciones.
EL FUTURO DE CITIBANAMEX
Citi México se escindirá de Banamex en la segunda mitad de 2024 y ayer se anunció quienes quedarán a cargo de esos negocios a partir de la separación. Por parte de Banamex, Manuel Romo Villafuerte ocupará el cargo de director general y, por parte de Citi México, será Álvaro Jaramillo Escallón el director general. Hasta que la separación de ambas instituciones esté finalizada, Citibanamex continuará operando como un solo banco y un solo grupo financiero, encabezado por Manuel Romo Villafuerte.
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El asalto a la razón
AMLO y su confianza en delincuentes/Carlos Marín
Milenio.
La de estos días no es la primera vez que se pretende ligar a López Obrador con el narcotráfico.
En febrero del año pasado, en el proceso contra Genaro García Luna, su abogado César de Castro le preguntó a El Rey Zambada:
–¿Recuerda hablar que le pagó a Andrés Manuel López Obrador siete millones de dólares?
–No.
–¿Recuerda haber pagado, mediante Gabriel Regino, siete millones para una campaña de López Obrador?
–Sí recuerdo que le pagué un dinero a Gabriel Regino, pero no para López Obrador.
–¿No recuerda haber dicho que pagó a López Obrador para su campaña? –insistió De Castro.
Zambada reiteró: “No podría haber dicho eso, porque no es cierto”.
AMLO no entendió entonces que De Castro solo quiso exhibir lo desconfiable del testimonio del narcotraficante contra García Luna y hasta amenazó con demandarlo; lo llamó “falsario, calumniador y chueco”, y dijo que “resultó más derecho Zambada”.
Pero igualito que contra García Luna, o sea sin evidencia alguna, son varios los narcotraficantes que según anónimos agentes de la DEA y el FBI afirman hoy que la banda de El Chapo sobornó a gente de confianza de López Obrador (en primer término el honorable y fiel Nicolás Mollinedo, Nico).
Si algo entre curioso y morboso –no más– deja lo difundido es que las agencias gringas hicieron una pésima investigación y, por falta de evidencias, terminaron desechando el caso.
Entre los delincuentes graduados de testigos protegidos que nutrieron el reportaje figura Roberto López Nájera (clasificado con el pseudónimo Jennifer). Fue abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y es el mismo en que se basó la acusación y encarcelamiento por algo semejante a lo de AMLO contra el general Tomás Ángeles Dauahare (resultó inocente y recobró su libertad), ex secretario particular del ex titular de la Defensa Nacional Enrique Cervantes Aguirre.
(Sobre una inexistente “hija” de Cervantes, por cierto, a finales del siglo pasado, The New York Times publicó un fantasioso reportaje de supuesto “lavado de dinero”)
A mediados de los 80, las agencias estadunidenses fabricaron el cuentazo para idiotas de que los secretarios de Gobernación y la Defensa; el procurador general de la República, el gobernador de Jalisco y un cuñado del ex presidente Echeverría estuvieron en la sala de una casa de Guadalajara esperando a que en la habitación contigua torturaran y asesinaran al ex agente antidrogas Enrique Camarena.
Hoy, con “periodismo” carroñero sin fuentes ni pruebas, el reportaje contra AMLO apesta a venganza, porque a la DEA se le cebó su patraña contra el general Salvador Cienfuegos.
Lo más deplorable de todo es que para López Obrador la palabra de los criminales valga si es contra García Luna y quien sea, pero no si es contra él.
Y si hace diez años tuiteó la barbaridad de que “el caso Monex y la declaración del agente de la DEA, acerca de que El Chapo financió la campaña de EPN no deben quedar en el olvido”, hoy debe reconocer y apechugar que se le volteó el chirrión por el palito...
cmarin@milenio.com
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