Juez FEDERAL amenazó con imponer multas y denunciar penalmente a los 11 consejeros del INE si no acatan orden de frenar elección judicial de 2025.
Francisco García Contreras, Juez Segundo de Distrito en Colima, lanzó hoy un ultimátum para que se cumpla la orden que dictó desde el pasado 24 de septiembre, y que fue la primera posterior a la publicación de la reforma Constitucional el 15 del mismo mes.
"Requiérase por última ocasión al Consejo General del INE, por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Colima, para que en el plazo de 24 contadas a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, acate los efectos de la suspensión provisional concedida en el presente incidente de suspensión", dice el acuerdo.
"Se le apercibe por última ocasión antes de hacer efectiva la medida de apremio, que de no acatar lo ordenado, se impondrá a cada uno de los integrantes del Consejo, una multa de 500 UMA, que corresponden a 54 mil 285 pesos", agregó el juez.
También advirtió que dará vista a la Fiscalía General de la República, para que inicie una carpeta de investigación por el delito de desacato a una suspensión, que se castiga con tres a nueve años de cárcel.
La suspensión ordena al INE abstenerse de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024- 2025, y no emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de dicho proceso, como se lo mandata la reforma Constitucional por la cual todos los jueces del país serán electos por voto popular.
El juez pidió la colaboración de un colega de la Ciudad de México, para que envíe un actuario a la sede central del INE a notificar los oficios respectivos, más allá de los que se están entregando en la Junta Local de Colima. NOTA DE VICTOR FUENTES Y ERICKA HERNANDEZ/ reforma.com
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Se la mamó Noroña..., pero es gran preocupación ya que sus dichos son como presidente de la Mesa directiva del Senado, dijo ayer ante las expresiones de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, quien afirmó que
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial.
Señoras y señores, la República funciona y, deseo, de todo corazón que siga funcionando."
El Presidente Senador Gerardo Fernández Noroña: Efectivamente, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso, al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como Constituyente Permanente de reformar la Constitución.
Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo, no puede, no debe… La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano que es el pueblo de México.
Por esta razón esta Presidencia plantea, con toda claridad y firmeza, que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(Aplausos)##
Fantasma calderonista se aparece en Morena
Bajo Reserva/El Universal
El que reapareció fue el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien estuvo encarcelado 18 meses por su involucramiento en el caso Odebrecht acusado de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, de recibir sobornos y tener una operación de lavado de dinero. Nos recuerdan que don Jorge Luis, conocido como “Pashita”, fue miembro distinguido del grupo calderonista, era quien manejaba los dineros de la bancada panista y, según el proceso que enfrentó, hizo enjuagues para aprobar las reformas peñistas del famoso Pacto por México. Pues al exlegislador por Campeche se le vio en los pasillos del Senado acompañado del expanista y ahora morenista de Coahuila Luis Fernando Salazar. ¿Será que pronto lo veremos vestido de guinda y purificado por Morena? Los Yunes, el Pashita… ¿qué sigue, que Genaro García Luna asesore a la bancada oficialista desde la cárcel de Nueva York?
El salvador de Alito
En la sesión de ayer en el Tribunal Electoral, el magistrado Felipe de la Mata se convirtió en el salvador de Alejandro Moreno al dar el voto decisivo, de desempate, que le salvó el pellejo y validó su reelección como líder nacional del PRI y otros cambios estatutarios que empujó en el partido. Alito, nos hacen ver, ya podrá dormir tranquilo sabiendo que están vigentes sus nuevas facultades para endeudar todo lo que quiera al tricolor y vender a su antojo los edificios y propiedades del partido. Otro punto del tribunal para Morena. Sí, leyó bien. Los más contentos con esta resolución no son priistas, están en el cuartel guinda, porque ya tienen garantizados por lo menos seis años más de oposición desprestigiada y sin posibilidad de renovación
Monreal saca su fusil
Nos cuentan que al parecer a quien le pesa la sombra de su hermano más famoso es a Saúl Monreal, quien aparte de que busca seguir los pasos de su hermano Ricardo, ahora le ganaron las ansias de novillero legislativo y presentó con mucho entusiasmo una iniciativa para que los maestros, guardias nacionales, militares, médicos y enfermeras tengan un salario base de poco más de 16 mil pesos mensuales. Nos hacen ver que el zacatecano seguramente no escuchó el compromiso 58 de los que presentó en el Zócalo la presidenta Claudia Sheinbaum, que es precisamente el aumento al salario mínimo de esos sectores para que nadie gane menos que el sueldo medio del IMSS. ¿Será que en Palacio Nacional ya se dieron cuenta del fusil legislativo de don Saúl copiando nada menos que a la comandanta en jefa?
No alcanza la tómbola para el reparto morenista
Nos cuentan que en Morena hay una pugna por la designación de las presidencias de las comisiones en la Cámara de Diputados, ya que todos quieren una. Por eso esta vez no utilizarán tómbola, como hicieron en 2018, para designarlas, sino que buscarán el consenso y, en el último de los casos, la votación. La realidad es que sólo hay 26 comisiones, para 253 morenistas, por lo que 90% quedará fuera de las mieles de presidir una Comisión. No a todos les puede hacer justicia la transformación.
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Estrictamente Personal
Sin abrazos, ¿y sin balazos?/Raymundo Riva Palacio
EL FINANCIERO, octubre 04, 2024 |
Las primeras 72 horas de Claudia Sheinbaum en el poder incluyeron la bienvenida a la cotidianeidad del desastre que le dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en materia de seguridad. En su primer día como Presidenta hubo 80 homicidios dolosos; en el segundo, 85. Y en su tercer día la saludaron Los Chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán que están en guerra contra las milicias de Ismael el Mayo Zambada, con mensajes en mantas colocadas en Culiacán para denunciar que un grupo criminal que bañó de sangre Durango y Zacatecas quiere expandirse a esa capital y a Mazatlán, pidiéndole sutilmente que tome parte en el conflicto por el control del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más grande del mundo.
En otro lado del país, Chiapas, tuvo su primera llamada de atención por el uso de militares en tareas de seguridad pública, al matar dos soldados a seis inmigrantes y herir a 12 que eran transportados por polleros a Estados Unidos, que ignoraron la orden para detener sus camionetas y, aparentemente, porque está bajo investigación, dispararon primero. La Fiscalía General determinará si actuaron al ser atacados o con alevosía y ventaja contra los inmigrantes, pero Sheinbaum ya adelantó que, cualquiera que sea el resultado, eso no debe pasar. ¿Cómo le va a hacer?
Los Chapitos deben haberse sentido con la confianza de pedir su apoyo para enfrentar a Los Salazar, cuyo fundador Adán Salazar fue uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán en el Cártel de Sinaloa, pero que en la lucha de sus hijos contra los leales al todavía jefe de la organización, sus herederos tomaron partido por Zambada y abandonaron a sus viejos aliados. Los Chapitos quizá pensaron que la tolerancia y cobertura que les dio el gobierno de López Obrador podría extenderse al de Sheinbaum, pero no va a ser así.
Favorecer a un grupo criminal a cambio de dinero para campañas de Morena, por lo que se puede anticipar ahora, va a dejar de ser una práctica que se avale en Palacio Nacional. Sheinbaum, que fue revisada por las agencias estadounidenses desde hace meses sin que encontraran ningún vínculo con el crimen organizado, ha dado muestras de rechazo a cualquier nexo con el crimen organizado, y desde la campaña tomó acciones para neutralizar a personas de las cuales recibió expedientes sobre su vinculación con el narcotráfico.
El acercamiento con una facción del Cártel de Sinaloa funcionó electoralmente, pero no trajo la tranquilidad que ofreció López Obrador en su campaña presidencial. El gobierno obradorista impulsó la pax narca, que nunca logró porque no entendió las lógicas criminales, como tampoco lo comprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dejó una incidencia delictiva al alza. El sexenio obradorista terminó con 199 mil 619 homicidios dolosos, que hubieran rebasado ampliamente los 200 mil de no haberse dado un subregistro, eliminación de esos delitos o su reclasificación para ubicarlos como homicidio culposo (que aumentó 12 por ciento), como detectó una investigaciÓn de Causa en Común.
Sheinbaum tampoco conoce las lógicas del negocio criminal, pero ha permitido que sus colaboradores más cercanos con experiencia desarrollen la estrategia de seguridad –que será anunciada la próxima semana–, y cuyos lineamientos hechos públicos la semana pasada perfilan una visión sin vocación política-electoral y dirigida al combate del crimen organizado, pero de manera integral a fin de que baje la violencia.
Este fenómeno tiene tres vertientes que se entrelazan entre sí. Uno es el negocio de la delincuencia organizada, que se concentra en los mercados negros de las drogas, la trata, el huachicol, la piratería, la pornografía infantil, las adopciones ilegales y el tráfico humano, de órganos, de especies prohibidas y de agua. Otro es la logística criminal, que incluye el dinero y su ingeniería financiera, las armas, los giros negros, la extorsión y los autos robados. Finalmente, lo que permite que florezca el negocio ilegal es el deterioro institucional de las corporaciones policiacas, los ministerios públicos, los jueces y el sistema penitenciario.
La parte más importante es esta última, la debilidad institucional, porque si las instituciones son fuertes, pueden enfrentar con éxito la delincuencia organizada, como sucedió en Italia con la mafia, en Colombia con Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, y en Miami, Nueva York y Chicago, con las subsidiarias del crimen trasnacional. Una de las principales variables de la estrategia del presidente Felipe Calderón, la llamada ‘guerra contra las drogas’, fue esa debilidad institucional. Garantizar su solidez permite combatir integral y eficazmente los mercados negros y romper su logística criminal, que es lo que, en el papel, está apuntando la estrategia de Sheinbaum.
Un segundo nivel de la estrategia, no menos importante, tiene que ver con atacar las causas que generan la violencia, que está contemplada, aunque no necesariamente, si nos atenemos a los discursos, está bien enfocada. Las causas de la violencia han sido identificadas en los grupos de la sociedad de menor ingreso, por el dinero fácil y rápido de jóvenes que no tienen opciones de vida. Sin embargo, reducirlas a esos grupos es un error, porque el negocio criminal es transversal, sociocultural y socioeconómicamente.
López Obrador redujo su estrategia de seguridad a atender las causas –los inolvidables “abrazos, no balazos”–, pero sin combatir a las organizaciones criminales. Se entiende la parcialidad de sus acciones por el objetivo político-electoral que las animaron, cuya externalidad no fue sólo el fortalecimiento de las organizaciones criminales, sino la cesión de territorio nacional: más de mil 200 municipios –casi la mitad de total nacional– controlados por ellas.
Sheinbaum no está en la lógica de López Obrador, pero su discurso es contradictorio: prepara todo para el combatir al crimen, sin desatar una nueva “guerra contra las drogas”. Parece más una diferencia semántica que una discrepancia de fondo, porque quiere hacer lo que hizo exitosamente en la Ciudad de México a nivel nacional. No será sencillo por la complejidad del fenómeno a nivel nacional, muy distinto a la realidad de la Ciudad de México, pero significa un avance que no puede convertirse al final sólo en un buen propósito.
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