Este jueves 1 de mayo discutirá Congreso de Sinaloa posible desafuero de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, Sinaloa.
En una sesión extraordinaria nocturna y secreta - ¡en pleno día del trabajo!-, , el Pleno del Poder Legislativo sostendrá un encuentro con el Alcalde de Ahome y la Fiscalía General del Estado para desahogar el juicio de procedencia; la cita es a las 20 horas.
Las acusaciones se centran en la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de funciones…
¿Habrá debido proceso?
Lo dudo..
En Sinaloa, la fiscalía no es autónoma, basta ver el caso de Héctor Melesio Cuen, un cochinero .
¿Fuego amigo?..Parece que si.., veremos que pasa, y en medio de esto, echaran gasolina al "pequeño fuego".
¿Por qué no hacer la ceremonia pública?
Dicen que para cumplir la Ley Orgánica del Congreso,..
Mmm.
Esta noche la Comisión Instructora analizará la solicitud y emitirá un dictamen sobre si procede o no el desafuero, y de ahí lo que sigue..
En los últimos años, la Fiscalía local ha pedido el desafuero de tres alcaldes de Morena; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, el quimicio Luis Guillermo Benítez Torres de Mazatlán, y ahora a Gerardo Vargas Landeros.; en su lugar han colocado a gente cercana al Gobernador…
¿Casualidad?
Casualidad como todas las casualidades!
Hay un principio Constitucional, la presunción de inocencia.
Por cierto, el tema llegó a la mañanera de este jueves…
Un reportero pone el contexto, incluso dice que Ahome es de los municipios más seguros del país…, y le pide su opinion..
CSP: pide a diputados de Sinaloa -morenistas casi todos-, que se fijen bien al momento de desaforar a Vargas. “Si es político que no lo hagan y si es un tema de corrupción, pues que hagan bien las cosas nada más”, dice, o sea por la vía administrativa y no penal..
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Inicia desafuero contra presidente municipal de Ahome
Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, podría perder su fuero constitucional en los próximos días.
Nota de RAÚL FLORES MARTÍNEZ |
Excelsior, 30-04-2025
Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal de Ahome, Sinaloa, podría perder su fuero constitucional en los próximos días, tras la solicitud formal presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local.
El edil enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de patrullas durante su administración, en un contrato que rebasó los 171 millones de pesos.
De acuerdo con la FGE, las acusaciones se centran en la posible comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de funciones, como lo establece el Código Penal del Estado de Sinaloa.
La investigación forma parte de un expediente que también involucra a otros funcionarios municipales y al diputado Genaro García Castro, exsecretario de Seguridad Pública de Ahome.
Proceso legislativo en marcha
El expediente fue entregado el viernes 25 de abril a la presidenta del Congreso, Yeraldine Bonilla Valverde, y desde entonces se ha activado el procedimiento parlamentario para evaluar la procedencia del desafuero.
En cumplimiento de la Ley Orgánica del Congreso, el trámite se realiza de forma confidencial: La Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocará al Pleno en una sesión secreta este jueves 1 de mayo a las 8:00 p.m., donde se leerá públicamente el expediente.
Posteriormente, la Comisión Instructora analizará la solicitud y emitirá un dictamen sobre si procede o no el desafuero.
El alcalde tendrá derecho a presentar su defensa personalmente o por medio de un representante legal antes de la votación del Congreso.
El diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de dicha comisión, confirmó que ambos implicados, Vargas Landeros y García Castro, ya han sido notificados formalmente, incluso con presencia de un notario para validar el proceso.
El contrato sospechoso
La Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció que el contrato de arrendamiento de 126 patrullas fue otorgado sin licitación pública a la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., apenas constituida en mayo de 2020 en la Ciudad de México.
El contrato, firmado durante el primer año de gobierno de Vargas Landeros, implicó un gasto cercano a los 176 millones de pesos, con un sobrecosto que, según la ASE, llegó a ser tres veces mayor al valor real de los vehículos.
Los socios de Grinleasing, entre ellos Raúl Antonio Hernández Mendoza y Diego Gaspar Villarias, este último con vínculos políticos, habrían recibido el contrato de manera directa, sin el procedimiento de transparencia que exige la ley.
Estas omisiones son parte del expediente entregado por la FGE, que considera que la asignación del contrato constituye una falta administrativa grave y posible delito penal.
Alcalde niega irregularidades
En diversas entrevistas a medios locales, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aseguró estar tranquilo y continuar con su agenda al frente del municipio.
Afirmó que su gobierno ha actuado con transparencia y que está dispuesto a colaborar con las autoridades, incluido el Órgano Interno de Control.
Estoy tranquilo y no me voy a distraer”, declaró el edil, negando que haya incurrido en actos indebidos a lo largo de su carrera de más de cuatro décadas en el servicio público. También rechazó que la investigación responda a motivos políticos.
El alcalde y un posible negro pasado
Más allá del caso de las patrullas, fuentes de seguridad del Gobierno federal han señalado que Vargas Landeros mantiene abierta una carpeta de investigación por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico/Sinaloa, particularmente con uno de sus líderes que se encuentra preso en Estados Unidos, Ismael “Mayo” Zambada.
Dicha carpeta incluiría información cruzada con la del exgobernador Mario López Valdez (Malova), y se les atribuye incluso una alerta roja en cruces fronterizos internacionales.
En esta investigación se mencionan grabaciones y testimonios que apuntan a encuentros del actual alcalde con figuras del crimen organizado, incluyendo al hijo de Dámaso López “El Licenciado”, aunque esta línea de investigación aún no ha sido judicializada públicamente.
La votación de este jueves en el Congreso de Sinaloa será clave. Si se aprueba el desafuero, la FGE podrá proceder penalmente contra Vargas Landeros. De lo contrario, seguirá protegido por su fuero constitucional.
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Vargas en su enredo; la destitución va
Columna OBSERVATORIO/ Alejandro Sicairos
NOROESTE, 30/04/2025 04:02
Probablemente los partidos Revolucionario Institucional y Sinaloense también contribuyan a aplastar a Vargas Landeros y su estrategia de decirse víctima de persecución política de parte del Gobernador Rubén Rocha Moya.
A diferencia de los casos de Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán, con juicios todavía abiertos por manejos irregulares de recursos públicos, en la acusación contra Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, fue la Auditoría Superior de la Federación la que le detectó primero la compra anómala de vehículos para hacer la función de patrullas, sin que el Ayuntamiento pudiera comprobar que las unidades prestaran dicho servicio, o que siquiera existieran en físico.
En teoría, en el correspondiente contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., que firmaron el Alcalde Gerardo Vargas y el Secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, sí existe la operación del arrendamiento de los 126 carros. En los hechos las evidencias fueron negadas cuantas veces solicitaron las auditorías federal y estatal las pruebas materiales de la existencia de los automotores y del beneficio que significan para los ciudadanos.
Esto es lo que hace posible que los partidos con bancada en el Congreso del Estado carezcan de los elementos de defensa a quien fuera Secretario General de Gobierno en el mandato que presidió Mario López Valdez, de 2011 a 2016. Para darse una idea de lo contundente del expediente en poder de la 65 Legislatura que sustenta la solicitud de declaratoria de procedencia del juicio político contra Vargas Landeros, hasta el Partido Acción Nacional, autor del malovato, decidió hacer público ayer que votaría a favor del proceso de destitución.
Probablemente los partidos Revolucionario Institucional y Sinaloense también contribuyan a aplastar a Vargas Landeros y su estrategia de decirse víctima de persecución política de parte del Gobernador Rubén Rocha Moya. Carecen de margen de maniobra para ir en socorro del clan del trébol de cuatro hojas debido al gravísimo error de utilizar de manera opaca e intangible los recursos federales destinados para la seguridad pública. Eso es lo que hunde al Edil ahomense y seguramente lo obligará a enfrentar sentencias como la inhabilitación para desempeñar cargos de gobierno y la reparación del daño causado a las finanzas públicas.
La estratagema de Vargas, similar a la que utilizaron Jesús Estrada y Luis Guillermo Benítez al presentarse como víctimas de vendettas políticas, pierde sentido por tratarse la auditoría de la ASF de una revisión no focalizada en el tema de las patrullas rentadas sino que el universo de fiscalización comprendió una muestra de 70 millones de pesos correspondientes a las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios. De allí derivó la gran cuestión: ¿en dónde están o a qué funcionarios se les asignaron los 25 vehículos Pick Up 4x4, las 40 motocicletas de dos ruedas, las seis cuatrimotos, los 15 automóviles y las 40 Pick up 4x2 que se rentaron por 35 meses con un costo total de 171 millones de pesos, con pagos mensuales de 8 millones de pesos?
Según los resultados de la auditoría de cumplimiento 2023-D-25001-19-1836-2024, referente a participaciones federales a municipios, la ASF determinó en el pliego de observaciones la presunción “de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de $14’502,454.56, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro, por realizar pago del contrato sin que se cuente con el debido resguardo actualizado de las unidades, la evidencia fotográfica de los vehículos en su estado actual, ni la vigencia de que los vehículos arrendados estuvieron al servicio del municipio durante todos los meses pagados con las Participaciones Federales a Municipios 2023”.
Luego la ASE colocó su lupa sobre esta cloaca de probable corrupción con el hallazgo de que la contratación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, debiendo ser por el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, y además encontró una serie de irregularidades como la opacidad derivada de que la información referente a las características físicas y materiales de las unidades se consideró de carácter reservado en versión pública del correspondiente contrato.
Los defensores de oficio y los oficiosos, que se especializan en encubrir a funcionarios corruptos, deberían tomarse la molestia de revisar los expedientes con los que las auditorías mayores federal y estatal determinan responsabilidades penales y administrativas para Gerardo Vargas. ¿O de plano postulan que los empedernidos desfalcadores de erarios sean intocados por la Ley y alentados por la impunidad a perpetrar rapiñas infinitas?
Reverso
Si en el establo de Morena,
Vargas era un caballo bueno,
Por qué irse a cuadra ajena,
A canjear gloria por averno.
De carácter urgente
Ahora que están en modo fast track las diputadas y los diputados de la 65 Legislatura podrían atender las iniciativas y exigencias que proponen modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para adicionarle lo concerniente a la creación de la Fiscalía Especializada en la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, clausurando la inexplicable abulia en atender el mandato de la Ley en la materia, como si estuvieran en espera de algún ataque grave a estos gremios y entonces sí mostrarse como eficaces protectores de la libertad de expresión y la lucha social. Esto les llevaría menor tiempo que el que los ocupa en desaforar a presidentes municipales.
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