Calla Ávila sobre su esposo; indagarían en EU lavado
Grupo REFORMA
Sin aclarar razones de cancelación de visa por parte de EU, Gobernadora de BC dio breve mensaje, pero calló sobre su esposo, Carlos Torres.
Conforme versiones locales, las razones de la cancelación de la visa de la gobernadora y de su esposo tendrían relación con una indagatoria de lavado de dinero por presuntos depósitos irregulares en cuentas de la pareja en bancos estadounidenses.
La morenista dio un mensaje de 10 minutos junto a los integrantes del Gabinete estatal y, a diferencia de su posicionamiento del sábado por la noche, ayer ya no defendió a su esposo, ni se refirió a él. Además aclaró: "Ya doy por cerrado este tema".
Expertos en temas de delitos en EU, explicaron a REFORMA que el mensaje de la Gobernadora era un claro deslinde para desmarcarse de presuntos actos criminales.
La periodista Adela Navarro reveló en el semanario ZETA de Tijuana que hace dos semanas, el esposo de la gobernadora intentó cruzar a EU por la garita internacional de Tijuana y un oficial del Customs and Border Proteccion (CBP, por sus siglas en inglés) detectó una alerta del Departamento de Estado.
Carlos Torres fue notificado y llevado a los patios de inspección y ahí se le informó que su visa había sido revocada.
También ZETA reportó que la Gobernadora fue notificada por el Departamento de Estado pero por respeto a su cargo y para evitar que pasara "un momento incómodo" en caso de que intentara cruzar a EU.
Según los protocolos, las investigaciones de los departamentos de seguridad en EU indagan a las personas del círculo de acción de los principales investigados, en este caso, el esposo de la Gobernadora o su cuñado, Luis Torres.
ZETA reportó que fuentes norteamericanas informaron que el caso tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California.
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Se entrega la 'Chapiza' al FBI en California
Marcos Vizcarra y Claudia Guerrero
REFORMA Familiares de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de Ovidio Guzmán López salieron del poblado de Jesús María, en Sinaloa, para entregarse a las autoridades del FBI como parte de un pacto para que Ovidio se declare culpable y aporte información sobre el narcotráfico en México, según reportes difundidos este fin de semana que el Gobierno mexicano no confirmó.
Entre los familiares de Ovidio que entraron a EU por la garita de San Ysidro, California, se encontrarían Griselda López Pérez, ex esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes enfrentan cargos por tráfico de drogas. También iba su otra hija, Grisel Guzmán López, según las fuentes.
Jesús María, en otros tiempos uno de los enclaves de la familia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, hoy es una comunidad deshabitada, reconocieron vecinos.
Ayer trascendió que 17 familiares que dejaron Jesús María se entregaron al FBI el pasado viernes tras cruzar el puerto fronterizo en Tijuana, en medio de la guerra que los Chapitos sostienen contra los lugartenientes de "El Mayo" Zambada.
"El hecho de que se hayan entregado a agentes del FBI que ya los esperaban, probablemente esté vinculado con el trato que habría hecho Ovidio Guzmán con el Gobierno de los Estados Unidos la semana pasada para declararse culpable por los cargos que le imputan. La familia habría llegado con varias maletas y entre todos llevaban más de 70 mil dólares en efectivo", reveló el periodista de Ciudad Juárez, Luis Chaparro.
De acuerdo con documentos oficiales de una corte federal de Illinois, Ovidio Guzmán se declarará culpable de liderar una red internacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, durante una audiencia programada para el 9 de julio.
El hijo del "Chapo" Guzmán fue extraditado en septiembre de 2023, tras ser recapturado en México en enero del mismo año.
El Departamento de Justicia acusa a Ovidio de conspirar para distribuir fentanilo, metanfetamina, cocaína, además de lavado de dinero. De esta forma se presume que el traslado de su familia a EU, sería parte de los acuerdos, a cambio de declararse culpable.
Ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa sobre la versión de la entrega de la familia Guzmán, no desmintió la información y dijo que la administración estadounidense está obligada a informar a la FGR sobre los avances y negociaciones que se registren en el marco del proceso penal contra Ovidio Guzmán, entre ellas estas versiones.
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Los republicanos de la Cámara de Representantes de EU presentaron ayer un plan fiscal con una lista de prioridades para obtener nuevos ingresos, en la que se incluye un impuesto especial del 5 por ciento al envío de remesas a personas en el extranjero.
La iniciativa publicada ayer por el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara, detalló cómo los republicanos intentan cumplir las promesas de campaña de su Presidente Trump y muestra dónde quieren aumentar los impuestos para cubrir parte del costo.
El Comité se reunirá hoy para considerar el plan fiscal, que se espera avance con facilidad y se integre en el "gran proyecto de ley" de Trump.
La propuesta también aumenta la deducción fiscal estatal y local, elimina algunos impuestos sobre las propinas y el pago de horas extras y también extiende los recortes de impuestos de 2017 del Presidente Trump, que expiran próximamente.
Sobre el impuesto propuesto a las remesas, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, dijo que en el corto plazo podría acelerar el envío de remesas para evitar el impuesto, pero en el largo plazo podría disminuir la entrada de remesas a México en 3 mil 250 millones de dólares en un año, afectando en 0.5 puntos porcentuales al consumo, y en 0.17 puntos porcentuales al PIB de México.
En su cuenta de X, Siller señaló que los estados más afectados con el impuesto serían Oaxaca, Michoacán, Zacatecas y Chiapas en donde las remesas representan alrededor del 10 por ciento de su PIB estatal. 8REFORMA)..
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El costo de la impunidad/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, mayo 13, 2025 |
Sheinbaum no puede hacer nada ante Washington, como lo ha experimentado con sus peticiones para que le informen sobre cómo fue la operación de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en julio del año pasado en Culiacán, que ignoró el presidente Joe Biden y que ha tenido el mismo tratamiento del presidente Donald Trump. Quizás la presidenta está volteando al lugar equivocado, cuando menos en el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, porque en este caso es un daño autoinfligido.
La revocación de las visas es algo que podía haberse evitado, pero la red de complicidad con Morena, como designio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cubrió a la pareja con un velo de impunidad que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuidó como si fuera el oro en Fort Knox. Las omisiones políticas del pasado, que se volvieron complacencias en el presente, tienen a Sheinbaum metida en esta delicada situación, un escalón más en las presiones de Estados Unidos para que atienda el problema de los narcopolíticos.
Se desconocen las razones de ello, aunque sugiere que la gobernadora también es persona de interés para Estados Unidos. Ávila y Torres minimizaron la decisión de la administración Trump tratándolo como un procedimiento de rutina. “La realidad es que, en este caso”, reveló Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana en su edición digital, “la acción correspondió a una investigación desde Washington, la cual fue ejecutada por personal del CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza) en una de las dos garitas internacionales Tijuana-San Diego”.
Navarro agregó, de acuerdo con sus fuentes de información, que la revocación de las visas fue consecuencia de “una investigación (que) tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”. La violencia en el estado se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura y se reacomodaron las organizaciones criminales, surgiendo como las fuerzas de mayor presencia y control los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que hoy luchan por el territorio.
La violencia fue denunciada en agosto de 2022 desde la tribuna de la Comisión Permanente del Senado por Jaime Bonilla, antecesor de Ávila en la gubernatura, que en su primer discurso al regresar a su escaño en esa cámara, denunció: “Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad; fue un acto que se coordinó por los cárteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Se le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta inmensa, con señalamientos con nombre y apellido (que dicen) que violó el acuerdo”, retomando un mensaje en las calles de Tijuana colocado el 15 de marzo de ese año, dirigido a Ávila y a su entonces fiscal Ricardo Iván Carpio. Bonilla pidió la intervención de López Obrador para que Gertz Manero lo recibiera y le aportara la información que tenía, pero se desconoce si se dio la reunión, aunque si ésta se llevó a cabo, el fiscal general no hizo nada.
Gertz Manero tendría que haber actuado de oficio cuando Bonilla hizo la denuncia contra la gobernadora desde el pleno del Senado. No lo hizo porque no estaba en el ánimo del expresidente actuar en contra la gobernadora. De hecho, un día después de su discurso en el Senado, 21 gobernadores de la alianza en el poder, incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de Morena a la sazón, Mario Delgado, publicaron un comunicado de total apoyo para Ávila. El velo de impunidad, sin embargo, llevaba meses.
López Obrador había recibido un informe de la Secretaría de Seguridad días después de que aparecieran mantas contra la gobernadora, donde abundaron los vínculos de agentes ministeriales y personal del secretario particular del fiscal Carpio con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, presunto líder de una célula del histórico Cártel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix, y a quien le atribuían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentado con el Cártel de Sinaloa.
El reporte que le mostraron en el gabinete de Seguridad mencionaba que dos agentes de Carpio, trabajando con Huerta Nuño, habían robado 145 kilos de cocaína de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, que mantenía una vieja relación con Ismael El Mayo Zambada. En la implosión del Cártel de Sinaloa, El Chapo Isidro unió fuerzas con el hijo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, mientras que Huerta Nuño, que aparentemente fue detenido en Tijuana en diciembre, pagó 300 mil dólares a las autoridades para fugarse, según Zeta.
López Obrador se tragó toda la información en 2022 y no actuó contra el equipo de Ávila. Varios asesinatos se podrían haber evitado de haber actuado Gertz Manero, y no hacerlo llevó a una crisis de violencia y desapariciones en Baja California que hizo imposible a la gobernadora sostener a Carpio. La batalla de la mayiza y el CJNG se ha intensificado en el estado.
Gertz Manero no es el único responsable de la tragedia y de las acciones estadounidenses contra Ávila y su esposo. López Obrador es el culpable de lo que sucede en Baja California por sus omisiones criminales, y si no toma acciones que la deslinden de ese pasado, Sheinbaum se convertirá en cómplice. Las revocaciones de visas a funcionarios y políticos, no debe olvidar, continuarán como primer señal de que algo más grande vendrá.
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