Las columnas políticas hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Tragedia en Iztapalapa: Explosión de una pipa de gas deja víctimas y controversia

La tarde de este miércoles, una pipa de gas explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El incidente causó la muerte de 5 personas y dejó 90 heridas, además de calcinar 28 vehículos. Según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la coordinación con autoridades del Estado de México y fuerzas federales fue clave para atender la emergencia.

La explosión ocurrió alrededor de las 14:20 horas, después de que la pipa, con una capacidad de 49,500 litros, volcara y generara una potente onda expansiva.

Autoridades y la empresa responden

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas y anunció una revisión en su Gabinete de Seguridad para fortalecer las medidas de seguridad en el transporte de combustibles a nivel nacional. La Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran en la atención a los afectados.

Inicialmente, circuló información que señalaba a la empresa Transportadora Silza, filial de Grupo TOMZA, como la dueña de la pipa siniestrada, y se afirmó que esta no contaba con las pólizas de seguro obligatorias. Sin embargo, en un comunicado, la empresa desmintió esta versión. Silza informó que el tractocamión tenía tres pólizas de seguro vigentes, incluyendo una de responsabilidad civil y otra por daño ambiental, y que ya fueron activadas para atender a los afectados.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha declarado que colaborará con las autoridades capitalinas para esclarecer las responsabilidades del accidente. De encontrarse fallas atribuibles a la empresa, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Futuras medidas de seguridad

Durante su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Sheinbaum calificó lo sucedido como una tragedia y subrayó la necesidad de esclarecer las causas. Añadió que, tras el accidente, su gobierno no solo buscará la reparación del daño, sino también evitar que un hecho así se repita.

En respuesta a la pregunta sobre la seguridad en el traslado de materiales peligrosos, Sheinbaum aseguró que se endurecerán las medidas relacionadas con el procedimiento de trazabilidad, que busca combatir el contrabando de combustible. También mencionó que las instituciones encargadas de otorgar permisos a empresas de transporte de gas y gasolina ya están revisando sus lineamientos. Adicionalmente, se debe  implementar una política que prohíba el uso de dobles semirremolques en las carreteras del país, ya que representan un grave peligro.

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México impondrá fuertes aranceles a China en autos, ropa, y demás.

Hay presión de EU para poner freno a productos chinos

La propuesta de aranceles para más de mil 400 fracciones, que se incluyó en el Paquete Económico 2026, incluye tasas de 50 por ciento para autopartes, autos ligeros, productos textiles y de acero.

En el Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México se detalló que mientras las autopartes actualmente tienen un arancel máximo de 35 por ciento, la propuesta enviada por el Ejecutivo es elevar la tasa hasta a 50 por ciento.

Además de China, se contemplan aranceles para Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, países con los que México no tiene tratados comerciales.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, puntualizó que la propuesta busca proteger a las industrias estratégicas del País.

Ante el posible aumento de aranceles de México a China, Pekin respondió que protegerán sus intereses, y que esperan que las autoridades mexicanas les ayuden y no les perjudiquen.

El Gobierno de China aseguró que “protegerá decididamente sus derechos e intereses” ante el plan mexicano de fijar aranceles de hasta el 50 por ciento a diversos productos importados, principalmente de Asia, entre ellos vehículos eléctricos de China.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró este jueves 11 de septiembre en una rueda de prensa que su país “siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y beneficiosa”.

Lin aseveró que China “se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros (EU)  para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos”..

Reaccion deCSP..

"Estamos hablando con los Embajadores aquí en México, no queremos ningún conflicto con ningún país. Entonces, se está hablando con ellos, con el Embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad -por cierto- de recibir sus cartas credenciales con Corea del Sur.

"Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del plan México, pero lo que queremos es hablar, y platicar, y sin necesidad de generar algún conflicto. Estamos en la mejor disposición de hablar con todos los países y está dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio; es decir, las reglas están establecidas en la OMC, a la que México pertenece, de hasta cuánto puede subirse un impuesto por importación de productos", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

En mañanera la presidenta  mencionó que se hizo un estudio detallado del impacto que podría conllevar la imposición de aranceles del 50 por ciento para autos y productos chinos.

"Se hizo un estudio muy detallado del posible impacto inflacionario que pudiera tener una medida como esta. Hay muchísimos productos que no están, que no tienen estos aranceles, muchísimos.

"Hay algunos que sabemos que van a impulsar la producción nacional, como por ejemplo textiles, zapatos -que hemos hablado- plásticos, vehículos ligeros y algunos otros que tienen que ver con lo mismo", agregó.

¿Y qué sigue?..

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Las columnas políticas hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

¿Y dónde está el almirante Ojeda en el caso de corrupción?

Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL.

Nos hacen ver que la voz que no se ha escuchado en todo el escándalo de corrupción que está golpeando el buen prestigio de la Marina, es la del exsecretario, el almirante Rafael Ojeda Durán, a quien el anterior gobierno le confió las aduanas y los puertos, y cuyos mandos allegados y familiares están implicados en el tráfico de huachicol. Aunque se dijo que desde hace dos años informó de posibles irregularidades, resulta una defensa muy endeble, pues durante su gestión operó una red de mandos de la Secretaría a su cargo que incurrieron en graves casos de corrupción y que operaron con impunidad. Ahora que el actual gobierno ha tenido el valor de enfrentar y combatir a estas redes de corrupción integrada por funcionarios y empresarios, es necesario, nos dicen, que el almirante explique cómo es que no se dio cuenta de esos ilícitos. Un caso como el de la organización criminal “La Barredora”, en el que el entonces gobernador Adán Augusto López asegura que no supo nunca que el secretario de Seguridad, que él designó, era al mismo tiempo el líder de ese grupo delincuencial, no se puede repetir en el caso del tráfico de huachicol. La lucha contra la impunidad y la imagen de la Marina, nos señalan, no pueden permitirlo.

Combate a cárteles llega a los videojuegos

El Gabinete de Seguridad, nos comentan, tiene datos sobre jóvenes que utilizan videojuegos violentos que han sido reclutados por esta vía por organizaciones del crimen organizado para participar en la comisión de delitos. Por lo anterior, y como medida preventiva, nos explican, incluyeron un impuesto de 8% a videojuegos violentos en el Paquete Económico del 2026. Nos comentan que, a la par, la Secretaría de Gobernación trabaja en una nueva clasificación de estos videojuegos, pues la mayoría puede crear grupos privados en línea donde es imposible que las autoridades tengan vigilancia o supervisión de lo que sucede en estas comunidades. Aseguran que la motivación de este gravamen no es recaudatoria, pues los ingresos probables son casi imperceptibles para el Presupuesto. La medida, detallan, busca alejar a los menores y jóvenes de las estrategias de reclutamiento del crimen organizado.

Los parches legislativos de Morena

Las prisas y la falta de técnica legislativa, es decir, aprobar sin leer dictámenes, ha hecha necesaria la existencia de los llamados “parches legislativos” por parte de Morena y sus aliados en el Senado. El caso más reciente, nos hacen ver, es el de la reforma constitucional aprobada el año pasado para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se les olvidó incluir que los nombramientos de los mandos superiores de la institución creada por la autollamada Cuarta Transformación sean ratificados por la Cámara Alta, por lo que ahora, deben enmendar sus yerros. Así la legislación al vapor. Urge que la Secretaría de Educación Pública ponga en marcha una campaña de fomento a la lectura que arranque en el Congreso de la Unión.

Impulsa la UNAM cultura de la paz

En la Universidad Nacional Autónoma de México se abrió la puerta ayer a la Cultura de Paz, con una amplia y rica convocatoria de personalidades en el inicio de la primera Semana Nacional de Cultura de Paz, que continuará hoy y concluirá mañana con una conferencia magistral de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, y con una Declaración final del encuentro. Nos dicen que la discusión ha sido plural, abierta y con las libertades acostumbradas en la máxima casa de estudios que encabeza el rector Leonardo Lomelí.

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Confidencial/El Financiero

¿Cuál es el interés de Televisa en el tema de Fox Sports?

El juez Germán Cruz emitirá el día de hoy una resolución en la que se otorgará suspensión definitiva contra las medidas precautorias establecidas por el IMPI a favor de MDM, operador de Fox Sports México.

Con sorpresa, en los medios legales se conoció el día de ayer que hubo una curiosa visita del abogado Javier Luévanos Ortiz de Rosas, director jurídico de Televisa, al juez Germán Cruz Silva, juez 2o. de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX. Se supo que el juzgador habrá de emitir el día de hoy una resolución en la que se otorgará suspensión definitiva contra las medidas precautorias establecidas por el IMPI a favor de MDM, operador de Fox Sports México. Lo sorprendente es que, según versiones del propio juzgado, el juez acusó presiones por parte de Televisa. Surge entonces la pregunta respecto a cuál es el interés de Televisa para presionar a que un juzgador resuelva a favor de las empresas Fox Media y Media Pro. Y también la pregunta de dónde quedó la imparcialidad de los juzgadores con el nuevo Poder Judicial.

Signos de reconciliación

En el Senado resaltó la presencia de Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, quien anduvo con mucha platiquita y abrazo con Adán Augusto López e Ignacio Mier, coordinador y vicecoordinador de Morena. El ecologista justificó que su presencia se debía a una reunión con Manuel Velasco, coordinador parlamentario del partido. Como es “amigo de todos los senadores”, aprovechó para saludar a los morenistas, acción que resalta tras la polémica que se armó el fin de semana por una eventual ruptura de la alianza con el oficialismo.

Se acabaron los viajecitos

Ahora sí que ¡lástima, Noroña! Adán Augusto López, presidente de la Jucopo del Senado, adelantó que la austeridad para 2026 implica cancelar el turismo legislativo, bajo el argumento de la ‘4T’ de que no hay mejor política exterior que la interior, y que no se requiere formar parte de grupos en el extranjero. El líder morenista acotó que serán viajes con “cargo al erario” los que se cancelan (como los que ha hecho Fernández Noroña y que a todas luces le encantaban), así que en una de esas, si los países invitan quizá los senadores viajeros tengan chance.

Una semana de ‘puente patrio’

A pesar de la abultada agenda legislativa pendiente, los diputados se dieron desde ayer un “puente patrio” de una semana por las fiestas del 15 y 16 de septiembre. La presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, dictó: “Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre a las 11 horas, en modalidad semipresencial”.  Volverán a sesión hasta en una semana. El Paquete Económico, la Ley Aduanera, las nuevas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación… esos pueden esperar.

Comienza el cabildeo

Ayer fue día de visitas en el Senado. Ahí anduvo Roberto Campa Cifrián, director general de Asuntos Corporativos de FEMSA, paseándose por el Patio del Federalismo, y no duden que seguramente su presencia fue motivada por el tema de los llamados “impuestos saludables”, esos que pegarán precisamente al refresco.

TEPJF da revés a Layda

Acostumbrada a que las autoridades electorales de su estado le den la razón, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recibió ayer un primer revés del Tribunal Electoral, que determinó no admitir la queja por violencia de género que presentó contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. La decisión de los magistrados llama la atención, pues hace unos meses sí avalaron sancionar a Salinas por sus dichos contra Citlalli Hernández.

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Estrictamente Personal

Encubrimiento huachicolero/Raymundo Riva Palacio

El Financiero,  septiembre 11, 2025 | 

El control de daños que ha intentado el gobierno para cuidar al exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y por consiguiente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lo eligió por encima del grupo de marinos con probada experiencia que integraban la terna de candidatos, no está dando resultados.

Se ha intentado de varias formas, incluido el texto de un simpatizante del régimen, que sugirió que la filtración de la captura del sobrino político del almirante por el huachicol fiscal en Altamira tenía una finalidad específica.

La filtración, que se dio en la plataforma X el viernes por la noche, tomó por sorpresa al gabinete de seguridad, que pensaba anunciar el operativo el domingo. La idea era que el anuncio se enfocara en las capturas derivadas del aseguramiento de un buque-tanque en marzo, minimizando el involucramiento de los sobrinos políticos de Ojeda. La idea deslizada en la prensa fue que la filtración buscaba eliminar cabos sueltos o desviar la atención mediática hacia otro lado. Era todo lo contrario: lo importante ya no era lo que había sucedido en marzo, sino el nivel de personas involucradas. (Vease..“Filtran” y desdibujan gran golpe de Marina/Óscar Cedillo, Milenio, 08.09.2025, director General Editorial de Grupo @Milenio)..

La validación de que ese no era el spin del gobierno de Claudia Sheinbaum fue que desde ese momento se esforzaron en deslindar a Ojeda tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch –amigo de él desde que estuvieron comisionados en Guerrero cuando fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien, habilidoso, dijo que el almirante lo había ido a ver dos años atrás para pedirle que investigara irregularidades dentro de la Marina, dejando correr en los medios y la opinión pública que la investigación del caso en Altamira había sido detonada por su denuncia.

Varios analistas lo abordaron con distancia. Joaquín López-Dóriga se preguntó por qué fue Ojeda con Gertz Manero y no presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina. Jorge Castañeda tomó la línea de tiempo que estableció el fiscal con su declaración dominguera y cuestionó a los dos: ¿Informó Ojeda al fiscal y no al expresidente? ¿Y Gertz Manero se calló la información sin compartirla con López Obrador? Lo que cuestionaron ambos tiene otra lectura adicional: vimos (y estamos viendo) un encubrimiento institucional para que las investigaciones, planteado a manera de hipótesis, puedan ser contenidas para que no lleguen a Palenque, ni a Cancún, donde vive Ojeda en un departamento que cuesta un millón y medio de dólares.

El almirante Ojeda, por principio de cuentas, no habló con Gertz Manero sobre las irregularidades, sino hasta el año pasado. Pero para efectos de argumentación, si se tomara por cierta la afirmación del fiscal, por qué no actuó durante, digamos, 530 días, si es que en algún momento abrió una carpeta de investigación como procedía.

En cambio, a García Harfuch le tomó 166 días desde el aseguramiento del buque-tanque hasta la captura de uno de los sobrinos políticos del exsecretario. A menos de que aporte información pública de que sí hubo consecuencias de la denuncia que personalmente dice que le formuló Ojeda, no puede tomarse de otra forma salvo como un timo a la opinión pública.

En el caso de Ojeda, sí presentó una denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Marina, igualmente en 2024, pero fue de carácter administrativo, sin aportar los nombres de sus sobrinos políticos, ni de nadie más.

Como publicó El Universal el martes, en el informe anual de la secretaría en 2023 (el año donde supuestamente Ojeda habló con Gertz Manero) y en 37 auditorías internas, no existió ningún delito de huachicol fiscal en aduanas. Peor aún, en ninguno de los casos de sus sobrinos políticos, Ojeda actuó en consecuencia.

En enero del año pasado nombró a uno de ellos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso, comandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta, y mantuvo al otro, Fernando, como agregado naval en la Embajada en Madrid, donde, según reportes de inteligencia mexicanos y españoles, era su centro de operaciones comerciales, legales e ilegales.

El exsecretario de la Marina pudiera no ser culpable de algún delito, pero es claramente responsable, por omisión. Tienen los delitos diferente carga y castigo, pero lo que es inadmisible es que no haya sido incluido en ninguna carpeta de investigación, porque tiene muchas cosas que informar y explicar para deslindar responsabilidades y para que la autoridad actúe conforme a lo judicializado.

Sin embargo, llevarlo a declarar ante el Ministerio Público federal es un riesgo. Abriría la puerta a las críticas sobre cómo López Obrador no tuvo control sobre la permisividad del exsecretario con sus sobrinos políticos, sabiendo desde hace más de tres años, por denuncias periodísticas, los malos pasos en los que andaban. Todavía más importante, una investigación seria mostraría que no sólo el expresidente estaba informado del huachicol y el huachicol fiscal, sino que encabezaba el andamiaje para que desde el gobierno se administrara.

Como se informó ayer en este espacio, en su sexenio el combate al huachicol fue laxo y permisivo por necesidades concretas del régimen. Funcionarios federales señalaron que los trenes Maya y el Interoceánico pudieron construirse con un costo inferior al que hubieran salido a precios de mercado, porque se utilizó combustible robado que aligeró los presupuestos, como también lo hizo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y con el petróleo que se regala a Cuba desde hace varios años. Incluso en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa compró 500 millones de pesos en diésel a una empresa ligada con el huachicol.

Estamos viendo un encubrimiento institucional en tiempo real, forzando toda la maquinaria propagandística del régimen para inhibir coberturas periodísticas críticas. Va a ser en vano porque tapar lo que pasó en las más altas esferas del gobierno de López Obrador meterá en una contradicción a la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde que regresó Donald Trump a la jefatura de la Casa Blanca, su gobierno no ha dejado de presionarla para que profundice la lucha contra el huachicol en este país donde, según las investigaciones estadounidenses, durante el sexenio anterior se construyó en México una economía criminal alterna.

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La podredumbre y la impunidad siguen siendo la realidad de México/Héctor De Mauleón

El Universal, | 11/09/2025 |

A unos días de que El Mayo Zambada aceptara ante una corte de Estados Unidos que dirigió una red de narcotráfico que a lo largo de 50 años, y hasta 2024, año en que fue traicionado y entregado al gobierno de Estados Unidos, compró policías, militares y políticos, estalla un segundo escándalo que involucra a los más altos niveles a una de las instituciones más confiables para los mexicanos, la Marina, vinculada al desembarco de millones de litros de combustible introducido al país de manera ilegal, mediante el pago de sobornos a las estructuras portuarias y aduanales de Tamaulipas.

Una ola de muertes violentas, aparentes suicidios y fallecimientos accidentales giran alrededor del hallazgo de la red de tráfico de huachicol manejada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Solo uno de los involucrados en el escándalo, el exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, entregó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República, según los datos que han trascendido, 29 millones 500 mil pesos en efectivo que tenía guardados en su casa en maletas y cajas de plástico y metálicas.

Era el dinero que este funcionario había recibido en solo nueve meses de manos del capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz.

El gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que la primera denuncia ocurrió hace dos años, y que fue realizada por el propio exsecretario de Marina Rafael Ojeda en contra de sus sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Frías Laguna y el contralmirante Fernando Frías Laguna. Ninguno de esos mandos fue separado de su cargo mientras la FGR llevaba a cabo su supuesta investigación. De hecho, fue justamente hace dos años cuando Manuel Roberto Frías Laguna fue ascendido, y pasó de contralmirante a vicealmirante.

En todo ese tiempo, Los Primos, como eran conocidos los Frías Laguna, siguieron repartiendo cargos en el sistema portuario y participando, de la mano de los nuevos juniors de la política, de jugosos contratos de obra pública.

¿Cuánto tiempo llevaban andando los negocios sucios de la Marina? Reforma ha dado a conocer que el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, con un sueldo de jubilado de 18,785 pesos, hizo pagos en casinos y en el Hipódromo de las Américas por más de 50 millones de pesos en efectivo, durante los últimos cinco años: más o menos el mismo tiempo en que, “para acabar con la corrupción”, López Obrador entregó a la Marina el sistema aduanal y portuario.

Hace más de un año que El Mayo Zambada confesó en una carta que el día que fue entregado al gobierno de Estados Unidos por uno de los hijos del Chapo Guzmán, iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con su enemigo político, el diputado Héctor Melesio Cuén.

En la misma carta El Mayo confesó que contaba con protección oficial, que su seguridad estaba a cargo de un comandante de la policía del estado que hasta la fecha sigue desaparecido.

La guerra que se desató en Sinaloa desde el 9 de septiembre del año pasado entre las huestes del Mayo y las milicias de Los Chapitos, ha cobrado más de dos mil muertos y más de dos mil desaparecidos.

El gobierno de Rocha Moya presentó un video falso sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén, que la misma Fiscalía de la República se encargó de desautorizar. Un año después, Rocha Moya sigue en el cargo, sin que lo toquen ni siquiera con el pétalo de una rosa. Mientras tanto, en el estado que desgobierna los homicidios se han disparado casi 300%, el robo de autos más de 50%. La gente vive entre asaltos, quema de casas y negocios, comercios perdidos y cerrados y pérdidas económicas por miles de millones de pesos.

Carlos Seoane ha escrito en estas páginas que El Mayo fue protegido y cobijado por el Estado mexicano: que su largo periodo de actividad fue producto de un entramado de protección que lo acompañó permanentemente hasta el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: “una red de complicidades que atraviesa toda la vida pública mexicana”.

Esa red de complicidades vuelve a aparecer en el escándalo de la Marina, cuando todavía siguen frescos otros casos de corrupción de altos vuelos, que alcanzan a gobernadores, secretarios, presidentes municipales, militares, policías y juniors: la nueva casta dorada de la clase política morenista: cuando todavía está vivo, por ejemplo, el caso de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de seguridad de Adán Augusto López y líder de un grupo criminal que todavía hoy sigue operando en el sureste de México.

La corrupción, la podredumbre, la impunidad siguen siendo la realidad de México, que otra vez nos apedrea la cara.

@hdemauleon

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Del huachicol de gasolina al huachicol fiscal /Jorge Nader Kuri

El Universal | 11/09/2025 |

En México aprendimos a llamar huachicoleros a quienes ordeñaban ductos de gasolina en la oscuridad. Era un fenómeno visible y hasta folclórico con bidones, mangueras y comunidades enteras que se jugaban la vida por unos litros de combustible robado. Pero el ingenio del crimen no se quedó en los ductos. Migró a las aduanas y a los permisos de importación. Hoy hablamos del huachicol fiscal. Y aunque no chorrea gasolina, sí drena, gota a gota, el presupuesto público.

El término nació como metáfora para nombrar a un delito sofisticado que ya no necesita perforar un tubo, sino maquillar papeles. Las maniobras van desde declarar como “aditivos” o “lubricantes” cargamentos completos de diésel o gasolina, hasta importar combustibles disfrazados para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No hay olor a petróleo, pero sí un tufo de corrupción y complicidad.

El daño es mayúsculo. Se calcula que cerca de un tercio de las gasolinas que circulan en el país provienen del contrabando fiscal, con pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos anuales. Para dimensionar, con esa cantidad podrían financiarse programas sociales completos, construir hospitales o renovar miles de escuelas. Cada factura simulada, cada cargamento disfrazado, significan menos medicinas, menos caminos, menos becas.

Lo paradójico es que el huachicol fiscal no suele generar la indignación que sí provocan las imágenes de ductos perforados. Tal vez porque es un crimen sigiloso que ocurre en oficinas, con trajes y sellos oficiales. Sin embargo, su impacto es mucho más profundo pues erosiona el sistema tributario y perpetúa la sensación de que los delincuentes encuentran siempre un atajo, mientras millones de contribuyentes cumplen puntualmente.

La reciente historia de un buque asegurado en Tampico ilustra bien la trampa. Declaraba llevar aditivos, pero en realidad transportaba millones de litros de combustible. Un simple papel intentaba transformar gasolina en lubricante, y con ello desaparecer cientos de millones de pesos en impuestos. Es la misma lógica del huachicol de ductos, sólo que trasladada al terreno de la burocracia fiscal.

Sin lugar a dudas, enfrentamos un reto que también es un problema cultural, porque aceptar que defraudar al fisco tiene la misma gravedad que robar un ducto implica reconocer que ambos actos arrebatan al país recursos que pertenecen a todos. Por ello, resulta fundamental que comprendamos que este fraude mudo también nos afecta de manera directa.

La buena noticia es que el gobierno muestra una intención clara de enfrentar este flagelo. Los operativos, las detenciones y los procesos penales recientes ya ofrecen resultados visibles. No se trata de triunfalismo, sino de reconocer que la estrategia contra el huachicol fiscal comienza a dar frutos y que erradicar estas prácticas es viable cuando existe voluntad política constante.

La cuestión de fondo es si lograremos romper de manera definitiva este círculo. Para ello es indispensable perseguir cerrar los huecos legales y aplicar la misma severidad tanto a quienes ordeñan ductos como a quienes ordeñan al erario. Al final, ambos huachicoles —el físico y el fiscal— tienen un mismo origen: la impunidad que ha permitido que el ingenio criminal se transforme en un estilo de vida.

Abogado penalista.

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Razones

La trama de corrupción va mucho más allá/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior, 

De la misma forma que hay que hacer una línea de tiempo para establecer que la trama de tráfico de combustible que manejaban los sobrinos del almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, el sexenio pasado, también hay que reconstruir el espacio geográfico en el que se movió esa estructura criminal para comprender que iba mucho más allá de lo que se ha revelado hasta ahora.

La trama de complicidades va desde los puertos de Ensenada y Guaymas, en Sonora y Baja California, hasta Altamira y Tampico, en Tamaulipas, y pasa por Coahuila a través del tráfico de vagones tanque y por el puerto y la aduana de Manzanillo. Por lo menos. Estamos hablando de prácticamente todo el norte del país y buena parte de nuestros litorales, incluyendo los puertos más importantes. Y no sabemos todavía donde se vendían y distribuían esos millones de litros de combustible ilegal que debe ser un espacio geográfico mucho más amplio.

La pregunta es si todo eso lo pueden organizar un vicealmirante y un contraalmirante sin participación de mandos superiores. ¿Desde cuándo un vicealmirante puede mandar, ordenar a almirantes y jefes de zona, puede operar a tal escala sin conocimiento de sus superiores, en este caso nada más y nada menos que su propio tío? Las organizaciones militares son pesadas y tienen amplias cadenas de mando que hacen muy difícil que una trama de estas características se pueda mover sin dejar por lo menos huellas internas.

Un alto mando de la Marina, indignado y triste con lo que ha sucedido me decía estos días que era un secreto a voces que se estaban realizando actos turbios que afectaban a la institución no sólo en el aspecto escalafonario, sino también en contratos y control de recursos, lo que redundó el sexenio pasado en una molestia generalizada dentro de la institución, sabiendo que, solapados o no, esos actos de algún modo eran consentidos por el propio almirante secretario.

Ése es el centro del problema y debería ser una parte central de cualquier investigación. Insisto, un vicealmirante por sí solo no tiene poder como para operar tantos espacios geográficamente tan distantes y con mandos específicos en cada uno de ellos. Y los hermanos Farías operaban desde la Ciudad de México y desde la oficina del secretario.

En este punto se debe insistir nuevamente en un hecho: ahora queda claro porqué la presidenta Sheinbaum designó al almirante Raymundo Morales, como secretario de la Marina, siendo el más joven de los almirantes, de otra generación completamente diferente a la de Ojeda y sin margen de colusión con el equipo saliente y con una experiencia profesional diferente.

Es una especulación, pero también se podría comprender por qué el almirante Ojeda persiguió con tanto ahínco a su antecesor, el almirante Vidal Francisco Soberón y a buena parte de su equipo. El almirante Soberón y su antecesor, el ya fallecido Mariano Francisco Saynez, venían del mismo equipo, fueron dos de los mejores secretarios de Marina de las últimas décadas, tenían estrechas relaciones y eran muy respetados en distintos ámbitos, incluyendo las agencias de seguridad de Estados Unidos. Ojeda estaba prácticamente en retiro y muy alejado de ellos cuando sorpresivamente López Obrador lo designó secretario.

Mucho se ha dicho en estos días de que estos tramos de corrupción se dieron porque se acercó a la Marina a tareas que no entraban estrictamente en su competencia. Algo de eso puede haber, pero soy de los que cree que la corrupción se puede presentar en cualquier institución y que, por el contrario, las militares son las menos permeables, por su propia constitución, a ella.

Lo que tenemos aquí no es sólo corrupción de algunos personajes en tareas específicas, sino de una estructura que se desarrolló en varios estados, en varias aduanas, que permeó hacia personal subordinado en muchos lugares, y que no tuvo control de la propia institución. Ayer se publicaba que se hicieron 37 auditorías internas a estas aduanas y mandos que nunca se descubrió nada: sencillamente no es creíble, sobre todo porque esos mecanismos de control en las instituciones armadas son muy estrictos. En otras palabras, no hablamos de actos individuales de corrupción, sino de un mecanismo amplio, de larga duración, todo un sexenio, y que se realizó con absoluta impunidad todos esos años.

La limpieza de una institución tan querida y respetada como la Marina de México debe ser una tarea prioritaria del gobierno y de la propia institución, pero para eso se debe poner toda esta trama, mucho más amplia de lo que hemos visto, al descubierto.

PRESUPUESTO EXTRAÑO

El paquete económico presentado para 2026 por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es mucho más serio que los de Rogelio Ramírez de la O, para 2024 y 2025. Pero tiene cosas extrañas: nada le preocupa más a la población que la seguridad y la salud, y las dos dependencias tienen recortes de cerca de 20% en su presupuesto; la educación está lejos de contar con los recursos necesarios (y con una política) que le permita acabar con el terrible rezago del sexenio pasado. El principal aumento presupuestal es para los apoyos sociales, pero la paradoja es que eso y más es lo que se gastará la gente en la salud privada y la inseguridad. Y no hablemos de los llamados “impuestos saludables”.

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Su pecho no es tapadera

Política zoom/Ricardo Raphael

MILENIO, 

Solía decir Andrés Manuel López Obrador que su pecho no era bodega. Pues una variación de esa misma frase podría emplearse para hablar de su sucesora, Claudia Sheinbaum: ha quedado claro que el suyo no sirve de tapadera.

El sábado 12 de julio el general Miguel Ángel López Martínez, comandante en la 30 Zona Militar de Tabasco, reveló la existencia de una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en esa entidad.

No hubo ingenuidad en esa declaración. Un militar de su rango jamás habría reventado esta noticia sin autorización de sus superiores y estos, a su vez, no la habrían otorgado sin permiso del Palacio Nacional.

Era bastante previsible lo que sucedería al día siguiente: la confirmación de que Bermúdez fue la cabeza de La Barredora tuvo un impacto grande, ya que se trata de...

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Huachicol, Octavio Romero y el rancho con helicóptero y Porsche /Mario Maldonado

EL UNIVERSAL| 11/09/2025 |

En el exclusivo fraccionamiento Altozano, en Centro, Tabasco, la calma se rompió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional catearon una residencia ligada al empresario Mario Antonio de la Rosa Gutiérrez. El hallazgo fue tan insólito como revelador: un helicóptero, un Porsche, armas largas con cientos de cartuchos y una colección de animales exóticos —cebras, avestruces, guacamayas y tortugas gigantes—. La investigación apunta a una red de huachicol en la zona de Río Viejo, en la que aparece el nombre de Ulises Pinto Madera, exintegrante de La Barredora y testigo protegido de la FGR.

De la Rosa no era un empresario cualquiera. Su ascenso coincidió con la gestión de Octavio Romero Oropeza en Pemex, periodo en el que su firma MAROGU obtuvo contratos directos por más de 684 millones de pesos, en un esquema de adjudicaciones. El cateo no solo exhibió los lujos que los multimillonarios contratos pueden comprar; también expuso cómo un contratista privilegiado de Pemex terminó bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado.

Durante la gestión de Romero Oropeza, Pemex otorgó a MAROGU cinco adjudicaciones directas entre 2019 y 2025. Dos de ellas fueron contratos menores bajo el programa PACMA, pero tres más superaron los 684 millones de pesos, con ampliaciones irregulares hasta 2025. Todo ello ocurrió en el contexto de una política institucional donde más del 80% de las compras de Pemex se hicieron por adjudicación directa, según cifras del IMCO y de la Auditoría Superior de la Federación. MAROGU fue un beneficiario emblemático de esa práctica. Funcionarios de Pemex como Nohemí Almada Mireles, gerente de Contrataciones de Producción, avalaron los contratos, aunque en realidad todas las adjudicaciones pasaban por la aprobación de la mancuerna de tabasqueños que hicieron y deshicieron en Pemex durante seis años: la conformada por Octavio Romero y Marcos Herrería, y que actualmente despacha en el Infonavit.

Los contratos más relevantes fueron el de suministro de grava, arena y revestimientos para los Bloques Sur de PEP, por 31.4 millones de pesos, vigente entre 2019 y 2021; otro para la rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes de Pemex Exploración y Producción, en conjunto con Intercontinental Mykonos (de Gabriel del Ángel López), por 426.8 millones de pesos, por adjudicación directa, en 2023. Al 30 de septiembre de ese año quedaban 114.5 millones pendientes de pago. El tercero fue para el suministro de agregados para los Activos de Producción de PEP, una adjudicación directa por 226.4 millones de pesos, inicialmente para 2023-2024, pero ampliado hasta junio de 2025. Y los dos de PACMA, en 2019, para la dotación de 300 luminarias LED en Comalcalco, por 1.72 millones de pesos, y de 40 luminarias LED adicionales por 230 mil pesos.

La sombra de Adán Augusto López también aparece en la historia. Aunque Adán y Romero pertenecen a grupos políticos distintos —y hasta rivales— en Tabasco, el nombre de De la Rosa termina tocando las dos orillas. Por un lado, como contratista millonario de Pemex bajo la gestión de Romero. Por otro, como empresario arraigado en Tabasco y Chiapas que se movía en las redes locales de obra pública y seguridad durante el gobierno estatal de Adán y su cuñado Rutilio Escandón.

El caso de La Barredora lo salpica directamente. La red de huachicol que operaba en Río Viejo floreció en los años en que Adán Augusto era gobernador y responsable de la seguridad pública en el estado. Este martes el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que, mediante la colaboración del gobierno mexicano y la Interpol, lograrán la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora.

La FGR tiene carpetas abiertas contra De la Rosa por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos y por sus vínculos empresariales con personajes como Mauricio Otero Moguel, señalado también por contratos irregulares en Sinaloa. En Tabasco, el cateo en Altozano es apenas la punta de la madeja, pues las investigaciones se dirigen a una red que conecta ranchos, gasolineras y obras públicas.

Posdata 1

Hablando de Pemex, este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “maldita deuda neoliberal” la que heredaron de los gobiernos priistas y panistas, que se tradujo en una carga de 300 mil millones de pesos anuales en amortizaciones, equivalente a un punto del PIB. “Lo más grave es que no hubo más producción, al contrario: se producía menos gasolina, menos diésel, menos petróleo, menos gas… Lo menos que podemos decir es que fue un sinsentido, y aparte, todas las corruptelas de aquel periodo”, sentenció la Presidenta.

Los datos oficiales confirman que Pemex es hoy la petrolera más endeudada del mundo. Su reporte financiero 2024 registró 97.6 mil millones en deuda financiera, tras una reducción frente a los 106 mil millones de 2023, pero con fuertes vencimientos de corto plazo. La Secretaría de Hacienda ha reiterado que el Estado seguirá inyectando recursos para evitar que Pemex entre en default.

Aquí aparece el contraste con el sexenio de AMLO y la gestión de Octavio Romero. Sí se redujo la deuda bruta de los picos de 2018 (131 mil millones de dólares) a niveles más manejables, pero no fue gratis. Durante 2019-2024 Pemex recibió transferencias directas por alrededor de 1.1 billones de pesos, más del doble que las aportaciones de todo el sexenio de Peña Nieto (476 mil millones), y una cifra inédita frente a los gobiernos anteriores, donde prácticamente no existían capitalizaciones de esa magnitud.

Además, si se suman las transferencias en efectivo con los alivios tributarios (la reducción acelerada del DUC), el IMCO calcula que el rescate costó al menos 1.49 billones de pesos en el gobierno de AMLO.

El sexenio pasado además tuvo un mal manejo operativo. La producción cerró 2024 con una de las peores caídas en décadas, muy lejos de las metas; los pasivos con proveedores se acumularon y proyectos como Dos Bocas sufrieron sobrecostos, retrasos y observaciones de la ASF que exhiben fallas de planeación y control. Para cubrir vencimientos, Hacienda tuvo que recurrir a P-Caps por 12 mil millones de dólares en 2025.

Posdata 2

Este miércoles, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó formalmente el documento de aranceles estratégicos que acompaña al Paquete Económico 2026. Son 1,463 fracciones que cubren 19 sectores y 52 mil millones de dólares en importaciones, el 8.6% del total. La medida eleva los impuestos hasta el máximo permitido por la OMC.

El golpe más fuerte recae en la industria automotriz. BYD, MG y otras marcas chinas enfrentarán aranceles de hasta 50% en autos ligeros, lo que encarece su oferta justo cuando se habían colocado entre las más vendidas. “Estamos recibiendo autos ligeros a precios por debajo de inventario, una estrategia para ganar participación de mercado. La industria automotriz es 23% de la manufactura nacional y la tenemos que proteger”, dijo Ebrard.

Las autopartes, el acero, textiles, calzado, plásticos y electrónicos también entran en la lista. Los aranceles subirán en algunos casos de 20% a 50%. Según la Secretaría de Economía, con este paquete se busca proteger más de 320 mil empleos y dar certidumbre a inversionistas nacionales, aunque en el corto plazo ropa, juguetes y electrodomésticos podrían encarecerse.

El gobierno insiste en que no es una medida generalizada, sino un candado contra prácticas desleales de países sin TLC con México, principalmente China. La decisión de llevar el plan al Congreso busca blindaje político y jurídico, además de enviar un mensaje a Estados Unidos y la Unión Europea de que México está dispuesto a poner freno a la sobrecapacidad industrial china.

Posdata 3

El martes pasado se llevó a cabo una reunión entre la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica. En la mesa estuvieron Carlos Villaseñor, Orlando Aguirre, Alejandro Córdova e Israel Montaño, todos representantes de la comisión de abasto de la industria.

Como adelanté en mi columna de este miércoles, se discutió la nueva licitación para la compra de casi tres mil claves de medicamentos, insumos terapéuticos y material de curación, cuyo fallo se dará a conocer el 19 de septiembre.

La reunión también puso sobre la mesa la urgencia de resolver adeudos acumulados desde 2019 en el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, así como el alto porcentaje de incumplimientos en oncológicos, que ahora se entregan directamente en el Centro Federal de Distribución de Huehuetoca bajo control de la subsidiaria de Birmex.

El gran desafío será que esta transición, pensada para dar certidumbre y control, no termine por profundizar el desabasto que en los últimos años se convirtió en uno de los puntos más vulnerables de la política de salud pública.

Posdata 4

Terrible, lo de Grupo Tomza. Solidaridad para las familias de los afectados tras la explosión de una pipa de gas, ayer en la CDMX. Y que se haga justicia.

@MarioMal

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El silencio de los marinos/Carlos Loret de Mola

El Universal,

Hay que leer entre líneas. Y el domingo, el actual secretario de la Marina, almirante Raymundo Morales, mandó un mensaje contundente: él fue el único de los altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum que no exoneró a Rafael Ojeda, el secretario de Marina de López Obrador.

En la conferencia de prensa estuvieron el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y el almirante secretario de Marina, Raymundo Morales.

Siguiendo la línea que ha trazado la presidenta Sheinbaum de no hacer absolutamente nada que pueda rozar siquiera al expresidente López Obrador, su hombre de confianza, el secretario Harfuch, dijo contundentemente: “Destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución”.

En la misma dirección habló el fiscal Gertz: “Hace casi dos años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución… él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si sí eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie”.

Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum reforzó el mensaje: “Como bien lo dijo el fiscal General de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace dos años”.

Pero el almirante Raymundo Morales, no. Desde la conferencia del domingo, no ha mencionado por nombre a su antecesor Rafael Ojeda. Y desde luego no ha pronunciado nada que parezca una exoneración. Lo que dijo más bien sonó en sentido contrario a sus colegas de gabinete: “Se actúa de manera contundente contra unos cuantos, los cuales no representan una Marina que ha velado por su honor por más de 200 años. En la Marina la ley es para todos. Estos golpes, estos golpes de timón son necesarios”. Hablar de “golpes de timón” es todo un mensaje.

No lo interpreto como un acto de rebeldía del almirante secretario, mucho menos de insubordinación. Me parece más un acto de legitimidad frente a su tropa frente a lo obvio. ¿Los va a ver a los ojos y decirles que el almirante Rafael Ojeda no tuvo nada que ver cuando todos en la Marina saben que los tentáculos de los sobrinos se detectaban por doquier? ¿Les va a mentir y simular que Ojeda fue realmente quien pidió desmantelar la red de corrupción de sus sobrinos, cuando en realidad Ojeda emprendió una cacería de brujas interna contra cualquiera que resultara sospechoso de hablar mal de sus familiares? ¿Va a tapar, a encubrir a Ojeda, cuando la Marina entera sabe que la red de huachicol fiscal de sus sobrinos es sólo la punta de un iceberg contra el que la institución a su cargo no debe chocar?

El gobierno federal ha emprendido una notable limpia dentro de la institución más respetada por el pueblo de México: la Marina. Pero si quieren realmente que salga todo el virus, tienen que irse hasta arriba. Y hasta arriba no se han ido. El impulso ha sido proteger a Ojeda y a López Obrador. Aunque el raspón está dado. ¿Raspón? Mucho más que eso.

historiasreportero@gmail.com

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Los otros dos marinos desaparecidos/Salvador García Soto

El Universal, | 11/09/2025 |

Las muertes sospechosas de dos oficiales de la Secretaría de Marina, justo en medio del escándalo del “Marina-Gate” por la existencia de un grupo huachicolero que operaba desde el interior de la Armada de México, nos llevaron a recordar el caso de los otros dos marinos que misteriosamente desaparecieron en marzo de 2022, después de haber sido asignados como escoltas de seguridad de José Narro Céspedes, en ese entonces senador del PT y hoy diputado. Han pasado ya tres años de su desaparición y nadie investigó su paradero o qué fue de ellos, ni la Fiscalía General de la República, ni la propia Marina, haciendo oídos sordos a los reclamos de información e investigación de sus familiares.

El 3 de enero de 2022, los marinos Oscar Manuel González Andrade, de 48 años, y Victoriano Rodríguez Zurita, de 38, se presentaron con el senador en la Ciudad de México, por órdenes de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien sin tener facultades para ello, los “comisionó” para que custodiaran al legislador petista, desde el puerto hacia la Ciudad de México, para participar en un evento sobre la revocación de mandato que se llevó a cabo en ese año. Los dos marinos viajaron junto con Narro a la capital y lo acompañaron no sólo en ese evento sino en otras actividades privadas del senador.

La última vez que se supo de ellos fue el sábado 5 de marzo de 2022 a las 20:00 horas. Y como no se reportaron con su superior, el capitán de Corbeta de la Marina, Maximiliano Serrano Pérez, éste llamó el lunes 7 de marzo, por la noche, al senador Narro Cespedes para preguntarle por sus subalternos. El legislador federal le comentó que la noche del domingo los autorizó a que “a su consideración descansaran” y que regresaran el lunes a Acapulco. Ante el desconocimiento de su paradero y su falta de comunicación, el capitán Serrano, secretario de Seguridad Pública de Acapulco, reportó a sus superiores de la Semar la desaparición de los dos marinos.

Cuando el tema se volvió un escándalo en los medios, en buena medida por las columnas del periodista Héctor de Mauleón en esta casa editorial, tanto el senador Narro como la alcaldesa Abelina negaron haberle pedido al secretario de Seguridad ninguna escolta, aunque después, en una investigación abierta por la Fiscalía de Justicia de la CDMX, el petista declaró que sí había pedido a los escoltas de la Marina e incluso reconoció la existencia de un escrito, firmado por él y fechado el 2 de marzo de 2022, en el que solicitaba al personal naval para funciones de seguridad.

Para entonces ya se habían filtrado a los medios tanto el escrito firmado por Narro como la información de su presencia en un restaurante de la Plaza Oasis, donde se reunió con el entonces candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con otros acompañantes que aparecen en una fotografía tomada el sábado 5 de marzo nada menos que por uno de los marinos desaparecidos, Oscar González. Junto a Narro y Villarreal aparecía un personaje que más tarde sería identificado en una investigación federal como Teodoro Vázquez Barrera, “El Gerry”, operador financiero del Cártel del Noreste junto con otras personas.

El propio senador había subido esa fotografía a sus redes sociales y cuando se identificó al narco que lo acompañaba las borró de inmediato, aunque De Mauleón había obtenido copias que publicó aumentando el escándalo sobre la desaparición de los marinos. Narro tuvo que reconocer que los dos escoltas, a los que primero negó haber pedido, sí lo habían acompañado a un restaurante de Coyoacán y que los acompañaba “una tercera persona”, y dijo que ahí les hizo saber que su apoyo ya no era necesario.

A pesar de que desde la conferencia mañanera el entonces presidente López Obrador dijo que se investigaría la desaparición de los dos marinos, la Fiscalía General de la República nunca informó de avance alguno ni de investigaciones, mientras que la Marina, a cargo entonces del almirante Rafael Ojeda, hoy en el ojo del huracán por el huachicoleo fiscal que encabezaban sus dos sobrinos políticos, hizo mutis y tampoco exigió que se investigara el paradero de sus integrantes.

En 2023, 2024 y en este 2025, el 6 de marzo, los familiares de los marinos Oscar González y Victoriano Rodríguez, realizaron marchas para exigir que hubiera avances en la búsqueda de sus familiares o que al menos se les informara si existían abiertas investigaciones. Nunca tuvieron respuesta de autoridad alguna y sólo lograron enterarse de la desaparición de sus familiares mes y medio después porque interpusieron un amparo para exigir la información que no les daba la Semar.

Este año se cumplieron ya tres años de la ausencia de Oscar y Victoriano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ni siquiera se ha dignado hablar del tema ni exigir a la FGR que investigue. Los familiares, que cada vez salen menos a protestar, pasaron del enojo y la indignación a la decepción y la desesperanza, ante el extraño silencio que siguen guardando las autoridades sobre qué fue lo que le pasó a los dos marinos que custodiaban al senador mientras se reunía con operadores del narco tamaulipeco.

Ayer la presidenta se ofendió mucho cuando el reportero de EL UNIVERSAL Salvador Corona, le preguntó si no le parecía demasiada casualidad que otro marino, el capitán de Navío, Omar del Angel Zuñiga haya muerto en una práctica de tiro apenas un día después de que se reportara la muerte de otro capitán naval, Abraham Jeremías, en la aduana de Tampico.

“Para la presidenta, en el tema de seguridad, ¿no es casualidad presidenta que el día de ayer falleciera un marino, presuntamente con el tema de huachicol, en una prueba de tiro, cuál es el reporte que le dan?", preguntó el periodista. “Me parece, la verdad, con todo respeto a ti y al medio que representas, la manera en que lo preguntas, no me parece correcta, ni para la víctima ni para lo que ocurrió. ´No le parece que es una casualidad´, hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces por respeto a la víctima y a la situación, ya informara el gabinete de seguridad”, contestó molesta la mandataria.

Y Salvador Corona insistió: “Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para todas las familias”, y la presidenta lo interrumpió: “El primer caso fue un suicidio, tan lamentable, que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida, obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero ya entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación”. El reportero intentó saber si la FGR ya investigaba las versiones oficiales de la Marina en la muerte de los dos marinos en esta semana, y la mandataria, con tono de molestia, lo paró: “Ya no te voy a contestar”.

Es curioso cómo la presidenta adelanta conclusiones y da por válido todo lo que le dicen sus colaboradores, cuando ella misma dice que se debe investigar a fondo lo que hay detrás de esas dos muertes consecutivas de los dos capitanes de navío, que a su vez se conectan con la muerte de un contralmirante Fernando Ruben Guerrero, asesinado en noviembre de 2024, tras haber denunciado al cártel huachicolero que operaba dentro de la Secretaría de Marina y que lideraban los dos sobrinos del almirante Ojeda.

La forma en la que le responde al reportero y su molestia porque le pregunten de lo que claramente se sale de la normalidad, sobre todo en medio del escándalo huachicolero, evidencia que el tema le incomoda demasiado a la presidenta. Y no es para menos, porque si sigue por esa ruta, será inevitable que tenga que reconocer lo que pasaba en el sexenio de su antecesor, donde el huachicol floreció en todas sus formas, pero ya no controlado solo por criminales y picadores de ductos, sino ahora a gran escala y de manera transnacional, con la complacencia y complicidad de las autoridades federales, desde las militares hasta las civiles. Y ya que la presidenta pide respeto para las familias de los marinos asesinados, sería bueno que su gabinete de seguridad retomara o iniciara las investigaciones que nunca se hicieron sobre la desaparición de los dos marinos asignados al hoy diputado petista, José Narro Robles.

NOTAS INDISCRETAS…Tras la visita de Marco Rubio el pasado 3 de septiembre, el gobierno mexicano ha dicho que le solicitó al secretario de Estado de Washington que también su gobierno enviara en extradición a personajes o presuntos delincuentes mexicanos que están prófugos en territorio de los Estados Unidos. Lo comentó la propia presidenta Sheinbaum hace unos días y al parecer, entre los mexicanos que su gobierno quiere que sean extraditados por el gobierno de Trump, está el nombre de Carlos Alberto Treviño, el exdirector de Pemex al que el gobierno federal le han echado el ojo para convertirlo en la carta que la 4T necesita para revivir el tema de la corrupción peñista en Pemex y poder lograr algo más de lo poco o casi nada que logró el espectáculo mediático que representó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República. Incluso, ayer que a la presidenta (que parecía haber desayunado gallo) se le salió la expresión de “la maldita corrupción del pasado” en Pemex, para referirse a la era peñista y calderonista, parece que se refería a lo que puede significar Carlos Treviño para su gobierno. Y es que el fracaso rotundo que tuvo el fiscal Gertz Manero con Emilio Lozoya, al que se extraditó y se le dio trato privilegiado porque prometía desvelar la corrupción de Odebrecht en el gobierno de Peña Nieto, resultó ser un completo fraude y nunca cumplió el ofrecimiento de revelar la radiografía completa de la corrupción transexenal. Lozoya nunca aportó pruebas sólidas ni verificables. El resultado fue frustración social y un descrédito para la narrativa anticorrupción del gobierno. En contraste, Carlos Treviño aparece en un escenario distinto. Está señalado en México por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y mantiene frentes abiertos en Estados Unidos, donde las evidencias de las grabaciones de Black Cube siguen activas. Diversos medios documentaron que la reciente reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum abrió la puerta para la extradición de “peces gordos”. Fuentes cercanas al tema confirman que el regreso de Treviño a México es prácticamente un hecho. Treviño podría convertirse en el puente judicial entre México y Washington. Su caso sigue vivo en la agenda judicial y mediática de 2025 y su eventual extradición sería no solo un símbolo de combate a la corrupción, sino también un vínculo directo con José Antonio González Anaya, con el exdirector de Finanzas Juan Pablo Newman —quien reside en Miami y quien también podría estar expuesto a la misma situación que Treviño padeció con el ICE—, y con otros exfuncionarios que también ya han sido señalados en medios: René Curiel y Rodrigo Becerra Mizuno, a quienes incluso se anticipa que les serán retiradas sus visas para ingresar a Estados Unidos. La coyuntura no es casual. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que se reactivan auditorías e investigaciones sobre la gestión de Pemex bajo González Anaya y el propio Treviño. Este relanzamiento ocurre mientras el gobierno reconoce que la “maldita deuda corrupta” heredada de Calderón y Peña Nieto se ha convertido en la mayor carga para Pemex y para el país de cara a 2026. Esa deuda —inflada por proyectos improductivos y compromisos financieros opacos— es la herencia que Sheinbaum ha señalado como el principal obstáculo para rescatar a la petrolera, y fue precisamente en la época de Anaya y Treviño cuando se consolidó su peso actual. El dilema es claro. Para Treviño, el riesgo es convertirse en el único rostro castigado, el chivo expiatorio de una red mucho más amplia donde los verdaderos arquitectos políticos y financieros permanecen intactos. Para la 4T, la oportunidad es que, si Treviño decide cooperar, podría transformarse en el testigo eficaz que Lozoya nunca fue, ofreciendo rutas de contratos, pagos y redes transnacionales que por años han operado blindadas, y que hoy representan no solo corrupción política, sino la deuda más onerosa en la historia de Pemex… El Senado ha designado a Miguel Pompa Corella como su representante en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un movimiento estratégico que realizó el líder morenista, Adán Augusto López. Pompa fue secretario de Gobierno de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ahora flamante embajadora de México en Panamá. Recientemente fungió como Secretario Técnico del Comité de Evaluación de personas juzgadoras del Poder Legislativo y la apuesta del senador tabasqueño es que la experiencia de Pompa en la elección de jueces y magistrados, junto con sus habilidades como negociador y su origen no necesariamente morenista representen las posiciones de la mayoría morenista en el Senado en el diálogo con otros integrantes de la Comisión electoral, como Arturo Zaldivar y Pablo Gómez… Los dados mandaron otra Serpiente. Caída libre.

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Huachicol fiscal: ¿AMLO lo sabía y la Marina lo permitía? /Maite Azuela

EL UNIVERSAL | 11/09/2025 |

“No me vengan con que el Presidente no sabía, no se enteraba o lo engañaban. Eso es falso. El Presidente de México está informado de todo lo que sucede. Y las transas grandes llevan siempre su visto bueno; aunque no firme, él autoriza, tolera y permite”.

Las palabras no son mías, estimada lectora, estimado lector. Son de Andrés Manuel López Obrador. El mismo que convirtió a las fuerzas armadas en omnipresentes administradores del país: carreteras, aeropuertos, trenes, bancos… y aduanas. Sí, esas aduanas donde, según la Auditoría Superior de la Federación, entre 2021 y 2023 se detectaron irregularidades millonarias en la recaudación, omisiones en controles y pérdidas de combustible robado. El ejército y la Marina, lejos de sanearlas, las convirtieron en un botín con uniforme.

La detención de un vicealmirante y de varios marinos por participar en una red de huachicol fiscal no es un episodio aislado, sino el desenlace lógico de haber entregado a la Marina la llave de los puertos.

La presidenta Sheinbaum, acompañada de su escudero Harfuch, arrancó 2025 preparando el terreno para el golpe mediático que hoy vemos. El caso explotó desde marzo, cuando se decomisaron más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico. Aquello no fue un golpe aislado, sino el hilo suelto de un bordado criminal que llevaba al menos una década operando. El boquete a las finanzas públicas es de más de 9 mil millones de dólares anuales. Una sangría de Estado consentida, tolerada y, por lo visto, organizada desde dentro.

En palabras de la propia Sheinbaum: “Como bien dijo el fiscal de la república, Ojeda denunció hace dos años; ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, da mejores pruebas para hacer las detenciones”. Traducido al castellano ciudadano: alguien denunció, nadie hizo nada, y ahora que la evidencia se volvió grotescamente visible, se apresuraron a actuar.

¿De qué nos habla esto? Primero, de la complicidad. Si Ojeda sabía, ¿por qué no destituyó a nadie en la cadena de mando? Segundo, de la omisión. ¿Por qué la denuncia durmió el sueño de los justos en el escritorio de Gertz Manero y en los oídos de López Obrador? Y tercero, del doble discurso.

Sheinbaum puede presumir incautaciones históricas —más de 50 millones de litros de diésel en lo que va del año y 31 buques cargados de huachicol—, pero si desde la tribuna presidencial dicta quién tiene culpa y quién no, el mensaje es inequívoco: justicia selectiva.

El caso se suma a otros hallazgos. Un informe de 2022 reveló que en las aduanas bajo control militar se omitieron reportes de al menos 80 buques con carga irregular, algunos de ellos vinculados a empresas fantasma en Veracruz y Campeche. ¿Qué significa esto? Que mientras se hablaba de “seguridad nacional”, la seguridad real era la del negocio.

La contradicción es inevitable. Si, como afirmó Sheinbaum, Ojeda denunció hace dos años y nadie actuó, ¿qué se espera de un país donde el titular de la Marina denuncia y el Presidente y el fiscal callan? ¿Cómo se llama ese silencio? ¿Ceguera institucional, negligencia o complicidad?

Porque el tema no es si López Obrador sabía —según sus propias palabras, él siempre supo— ni si Ojeda levantó un acta. El verdadero problema es que ambos tenían la obligación de detenerlo y no lo hicieron. Los jefes de las instituciones del Estado no son cronistas que observan y narran; son garantes que debieron actuar.

En este nuevo capítulo, Sheinbaum parece apostar a un golpe de efecto: limpiar el rostro del Estado con números récord de decomisos. Pero si las investigaciones no alcanzan a la cadena de mando que permitió que 80 buques descargaran combustible ilegal en puertos “militarizados”, entonces el mensaje es otro: no importa cuánto se robe, lo importante es a quién se protege.

México no necesita más discursos incendiarios ni presidentes que juren saberlo todo. Necesita instituciones capaces de romper la lógica del encubrimiento. Y aquí vale recordar la ironía: López Obrador fue quien dijo que el Presidente siempre está enterado. Hoy sus palabras lo persiguen. Porque si sabía y no hizo nada, mintió. Y si no sabía, mintió también.

Al final, el combustible más caro no es el diésel robado. Es la credibilidad que se quema cada vez que un presidente convierte la corrupción en un secreto a voces con uniforme, botas y hasta armas.

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Su pecho no es tapadera(Ricardo Raphael

Milenio.

Solía decir Andrés Manuel López Obrador que su pecho no era bodega. Pues una variación de esa misma frase podría emplearse para hablar de su sucesora, Claudia Sheinbaum: ha quedado claro que el suyo no sirve de tapadera.

El sábado 12 de julio el general Miguel Ángel López Martínez, comandante en la 30 Zona Militar de Tabasco, reveló la existencia de una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en esa entidad.

No hubo ingenuidad en esa declaración. Un militar de su rango jamás habría reventado esta noticia sin autorización de sus superiores y estos, a su vez, no la habrían otorgado sin permiso del Palacio Nacional.

Era bastante previsible lo que sucedería al día siguiente: la confirmación de que Bermúdez fue la cabeza de La Barredora tuvo un impacto grande, ya que se trata de un personaje próximo a Adán Augusto López, líder de la mayoría en el Senado y uno de los políticos más apreciados por el ex presidente López Obrador.

Quien sí tiene corazón de tapadera es el fiscal Alejandro Gertz Manero. Interrogado este martes sobre la posibilidad de que Adán Augusto López fuera llamado a declarar, el titular de la FGR respondió que no lo buscará hasta que Bermúdez Requena sea detenido.

Intriga la explicación del fiscal. Es su obligación investigar el origen de La Barredora y también la impunidad con que actuó esta empresa criminal y, sin embargo, Gertz no está dispuesto a mover un solo dedo al respecto.

Lo mismo está sucediendo con la serie de muertes que vienen ocurriendo en relación a la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna.

En vez de investigar dichos homicidios, el fiscal prejuzga al asegurar, por ejemplo, que la del capitán Abraham Pérez Ramírez, responsable de la seguridad del puerto de Altamira, falleció por “un tema personal”, es decir, que se quitó la vida por razones ajenas a los delitos cometidos en ese mismo puerto.

Negar lo obvio no va a hacer que el problema sea menos grave, ni que la limpia violenta de testigos se termine.

Zoom: Gertz está parado frente al expediente más grande de corrupción de la llamada cuarta transformación. Dada la gravedad, mejor sería que su pecho no fuera bodega ni tapadera.

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Arsenal

El regaño de la Presidenta y el chistorete de Adán Augusto/Francisco Garfias

Excelsior, 

La mecha corta de la presidenta Claudia Sheinbaum quedó de manifiesto en la mañanera de ayer, cuando le preguntaron sobre las muertes de marinos supuestamente involucrados en sobornos del huachicol fiscal.

Literalmente, regañó al reportero de El Universal, Salvador Corona, quien le preguntó si “no es casualidad” el fallecimiento, en una práctica de tiro, del capitán Adrián Omar del Ángel, ocurrida un día después del supuesto “suicidio” del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez.

Ambos han sido relacionados con el escándalo del contrabando marítimo de combustible, que ensució la otrora impoluta imagen de la Marina Armada de México.

Visiblemente enfadada, la Presidenta respondió al reportero que la manera como preguntó no le parecía “correcta” ni para la víctima ni por lo que ocurrió “Hasta ahora, parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación”, admitió.

—Pero son dos casos —reviró Corona.

Respuesta de la Presidenta: “El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer el fiscal mencionó que ni siquiera estaba vinculado con las investigaciones. Salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida. “Obviamente, tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer, hasta ahora, parece un accidente, pero entró la FGR a hacer la investigación.

—¿Y en otros dos casos? —insistió.

—Ya no te voy a contestar por respeto a las víctimas —cortó Sheinbaum.

Mi experiencia de más de cuatro décadas como reportero me dice que, cuando un o una presidenta no responde a la pregunta, puede ser que el tema le incomode, que busque proteger su imagen o que, de plano, no tiene la información. En ese caso, parece una estrategia para no legitimar una pregunta que le pareció inapropiada, aunque en realidad no lo fue.

En su cuenta de X, el siempre bien informado Carlos Loret de Mola cita fuentes federales con acceso a la información para desmentir al fiscal Gertz Manero.

Escribió: “El capitán de la Marina que se suicidó antier en Tamaulipas aparece mencionado ¡5 veces! en la carpeta de investigación sobre la Red de Huachicol de los sobrinos del exsecretario de Marina de AMLO”.

* Por cierto, se cumple el vaticinio del legislador que, bajo el amparo del anonimato, predijo el martes pasado: “¡Te dije que habría un matadero!”. Al caer la noche se reportó que fue atacado a tiros otro marino; el teniente de navío José Luis Corrales, secretario de Seguridad en Amozoc, Puebla. Lo reportan herido en un hospital. Ahora yo preguntó: ¿No es mucha casualidad?

* El senador Marko Cortés, exjefe nacional del PAN, se colgó de la discusión sobre la ratificación de mandos en la Guardia Nacional para subir a tribuna el tema del huachicol fiscal y los marinos muertos. Dijo, sin vericuetos: “No se quitaron la vida, no fue un accidente. Los dos marinos fueron ejecutados para callar evidencia. Fueron ejecutados para proteger a los verdaderos jefes del huachicol en este país.

“Que se investigue y no se descarte a priori, como lo ha hecho el fiscal general de la República con la muerte de los marinos, que se investigue qué están encubriendo”.

El panista reconoció, sin embargo, que la actitud de ese gobierno cambió en relación a los abrazos, no balazos “y ya empezó a hacer algo al respeto”.

* Legisladores de la oposición volvieron a pedir ayer que se investigue a AMLO por el “huachicol fiscal”, basados en declaraciones del tabasqueño en el sentido de que las “grandes transas” siempre van con el visto bueno del presidente. Sustentan su demanda en el hecho de que el exmandatario entregó las aduanas a la Marina Armada, otrora ejemplo de honradez, hoy envuelta en el mayor escándalo de corrupción en décadas.

Lo hicieron, a pesar del chistorete, la víspera, de Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, a quien se le hizo fácil declarar que “esos” —refriéndose a la oposición— pueden irse de rodillas de aquí a La Villa, a ver si les hace el milagro...”. La señal es clara. No se va a tocar a López Obrador, salga lo que salga del escándalo de corrupción más grande en las últimas décadas.

Cálculos del senador del PAN Ricardo Anaya cifran el daño al erario por el huachicol fiscal en 170 mil millones de pesos. En Segalmex fueron 15 mil millones de pesos y en La Estafa Maestra, 7 mil millones.

* Estreno de lujo del Poder Judicial del Bienestar. En medio del escándalo del contrabando de combustible, un juez ordenó suspender una orden de aprehensión en contra del vicealmirante Fernando Farías, sobrino del extitular de Marina, Rafael Ojeda, una de las cabezas de la red de contrabando de combustibles. José Alberto Rodríguez Rivera, secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, concedió la suspensión provisional al contraalmirante, según el portal de El Universal (10/IX/25).

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Coordenadas

La audaz jugada de México: a pagar más por su auto chino/ Enrique Quintana

Coordenadas/

El Financiero, septiembre 11, 2025 | 

El gobierno mexicano ha dado un giro estratégico en materia comercial con una audaz decisión que impactará sobre todo a China y Corea del Sur.

La determinación de imponer aranceles de entre 10 y 50 por ciento a más de mil 400 fracciones arancelarias de productos provenientes de países asiáticos con los que México no tiene tratados de libre comercio, marca un cambio importante en la política de apertura seguida durante las últimas décadas.

El programa anunciado por la Secretaría de Economía busca proteger a 19 sectores industriales estratégicos, que representan alrededor del 8.6% de las importaciones totales del país, con un valor cercano a 52 mil millones de dólares.

El objetivo declarado es sustituir parte de esas importaciones por producción nacional, blindar empleos ya existentes —se calcula que unos 320 mil puestos están involucrados— y, al mismo tiempo, aunque no se haya dicho de forma abierta, enviar un mensaje claro a Estados Unidos: México no será la puerta trasera por la que ingresen productos chinos al mercado norteamericano.

En sus declaraciones, el secretario Marcelo Ebrard fue enfático: los aranceles no se aplican de manera indiscriminada, sino en sectores donde hay evidencia de importaciones a precios “por debajo de inventario”, lo que en términos de comercio internacional equivale a dumping.

Sectores como automóviles ligeros, autopartes, siderurgia, textiles, calzado, plásticos, electrónicos y muebles se encuentran en el corazón de la medida.

La industria automotriz es particularmente sensible: representa casi una cuarta parte de la manufactura nacional y constituye el principal rubro exportador hacia Estados Unidos.

La lógica económica de la estrategia es clara. Si México quiere preservar su base industrial en un contexto de nearshoring y, al mismo tiempo, evitar acusaciones de fungir como trampolín para productos chinos hacia el mercado estadounidense, necesita mostrar que ejerce control sobre lo que ingresa a su territorio.

Washington ha insistido en señalar la amenaza de triangulación de mercancías y, en la antesala de la revisión del T-MEC en 2026, esta jugada se convierte en una carta de negociación clave.

No obstante, la medida no está exenta de costos.

Aunque el gobierno asegura que buscó no generar presiones inflacionarias, es inevitable que parte del incremento en los costos se traslade al consumidor final.

Bienes como ropa, calzado, juguetes y electrodomésticos forman parte de la canasta de consumo de millones de hogares. Los precios más altos que probablemente resulten afectarán primero el bolsillo de los consumidores, pero también los costos de empresas que utilizan insumos provenientes, sobre todo de China, para sostener su competitividad.

La medida, si bien se aplicó respetando los límites arancelarios permitidos por la OMC, no descarta que los países afectados reaccionen con medidas espejo o inicien disputas en el marco multilateral.

Claro está que con ellos México mantiene una balanza deficitaria, lo que implicaría que el costo de eventuales represalias sería mucho menor para el país.

La viabilidad del esquema dependerá de una ejecución cuidadosa. Se requiere una aduana modernizada, capaz de vigilar precios de referencia, evitar triangulaciones y frenar prácticas de subvaluación.

La reforma aduanera anunciada, con más digitalización y controles inteligentes, es el complemento indispensable para que la estrategia no se quede solo en el papel.

En términos políticos, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado a que este sea un acuerdo con respaldo legislativo, no un decreto presidencial. Ebrard lo subrayó: se busca que el Congreso delibere y construya un consenso amplio.

La historia muestra que los aranceles, aunque hoy se satanicen, pueden ser instrumentos de política industrial, pero también corren el riesgo de degenerar en barreras que perpetúan la ineficiencia.

El reto será emplearlos como un instrumento temporal y estratégico, no como una muralla permanente.

La jugada protege empleos, cuida la relación con Estados Unidos y manda un mensaje de firmeza.

Pero será necesario administrar sus efectos colaterales: precios más altos, eventuales fricciones diplomáticas y el riesgo de que los incentivos a invertir disminuyan si la protección se prolonga indefinidamente.

En última instancia, el éxito de la medida dependerá de que México logre transformar esta política arancelaria en una verdadera carta de negociación con Washington, sin que los consumidores paguen un precio demasiado alto.

El equilibrio es delicado, y el margen de error, mínimo.