El cerco sobre Chihuahua: Entre el blindaje local y el "hielo" de Palacio
La política, cuando se tensa, suele servirse fría. En el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, la presión no solo llega en ráfagas desde el Congreso local, sino también en forma de una distancia calculada desde el Gobierno Federal. Mientras en la capital del estado se levantan escudos legislativos, en la Ciudad de México se cierran las puertas del diálogo directo.
El teléfono que dejó de sonar
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: la línea con Chihuahua ya no pasa por su despacho, sino por el de Omar García Harfuch. Al delegar la comunicación en el Secretario de Seguridad, la Mandataria no solo establece un protocolo administrativo, sino que marca una distancia política evidente.
Ante la insistencia de la prensa sobre si habría una llamada de retorno a la Gobernadora, la respuesta de Sheinbaum fue un seco recordatorio de jerarquías: "Ya a través del Secretario se estableció la comunicación". Es el lenguaje de la institucionalidad que, en la práctica, funciona como un "lavado de manos" federal ante un conflicto que quema.
El nudo de la soberanía
El centro de la discordia es una sombra que cruza la frontera: la presunta participación de agentes de la CIA en operativos en suelo chihuahuense. El Gobierno Federal sostiene que se omitieron los procedimientos legales y constitucionales que rigen la colaboración con agencias extranjeras.
"Se le pidió información a la Gobernadora y quedó de darla... se le dijo cuáles son los principios y leyes que hay que seguir para colaborar con un gobierno extranjero y que, en este caso, no se siguieron", explicó la Presidenta.
Bajo esta lógica, la soberanía nacional se convierte en el argumento principal para cercar políticamente a Campos, dejándola en la posición de tener que explicar lo que, para Morena, es un arreglo "por cuenta propia" con el país vecino.
El blindaje en el Congreso local
Mientras tanto, en Chihuahua, el terreno legislativo se ha convertido en una trinchera. Los diputados del PRI y el PAN lograron frenar la solicitud de comparecencia de la Gobernadora, evitando que tuviera que rendir cuentas ante el pleno por el caso de los agentes estadounidenses.
Para la senadora con licencia Andrea Chávez y la bancada de Morena, este acto no es más que un "blindaje" para proteger a María Eugenia Campos de lo que consideran una violación clara a la Constitución: los estados de la Federación no tienen facultades para celebrar convenios o arreglos con gobiernos extranjeros.
La encrucijada de Maru
Así, la Gobernadora se encuentra en un laberinto de dos frentes. Por un lado, una oposición local que la señala por poner en duda la legalidad del ejercicio del poder público; por el otro, un Gobierno Federal que ha decidido tratar su caso estrictamente como un asunto de seguridad y procedimiento, retirando el cobijo de la interlocución política directa.
La moneda está en el aire, y como bien dijo la Presidenta: "Ya depende de la Gobernadora".
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