El muro de silencio tras los 15 mexicanos muertos/Fred Alvarez Palafox
La cifra gravitó en el aire del Salón Tesorería de Palacio Nacional con la pesadez del plomo: quince. Quince mexicanos han perdido la vida bajo la custodia de ICE en el corto tiempo que lleva la administración Trump. El caso más reciente en Luisiana no solo es una tragedia humana, es el punto de quiebre que parece haber agotado la paciencia diplomática de México.
Ante el cuestionamiento del periodista Alonso Urrutia,, reportero de La Jornada, la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue frontal: "no basta con lamentar". Pero esa misma franqueza desnudó una realidad incómoda: Washington no está respondiendo. El silencio burocrático de Estados Unidos no es un olvido; es, en sí mismo, una postura política de desprecio que México no puede —ni debe— ignorar.
Aquí es donde el análisis nos obliga a separar la retórica de la realidad. Existe una desconexión inquietante entre la diplomacia de "alto nivel" y la tragedia en las galeras. Por un lado, la Presidenta mantiene un canal telefónico directo con Donald Trump; por el otro, ella misma reconoce que en esas llamadas no se ha tocado el tema de los centros de detención ni la muerte de nuestros compatriotas.
¿Estamos ante una prudencia política necesaria o una omisión estratégica que nos sale cara?
Mientras en el teléfono se discuten temas "macro", en las celdas de ICE la vida se desvanece sin explicaciones. México pide justicia a un sistema que ha decidido mirar hacia otro lado, dejando que el mismo verdugo sea quien investigue su propia negligencia.
Ante el vacío jurídico, el Gobierno Federal ha anunciado un golpe de timón: se terminaron las visitas de cortesía semanales. La instrucción es una "guardia consular" permanente, con presencia diaria para vigilar la integridad de los nuestros. Veremos si es cierto. Esta medida es una confesión de desconfianza absoluta hacia los reportes oficiales de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el salto hacia la CIDH y la ONU busca sacar este conflicto del "tú a tú" bilateral para llevarlo al tribunal del escrutinio global. México intenta, por fin, que la muerte de un migrante sea tratada como una violación internacional a los derechos humanos y no como una simple estadística administrativa.
Para cerrar, hay que recordar lo obvio que a veces se olvida: el único "delito" de estos quince mexicanos era no tener papeles en una economía que vive de su esfuerzo.
El gran reto de la administración Sheinbaum es evitar que la "visita diaria" se convierta en otro trámite burocrático. La protección de los mexicanos en el exterior no puede quedarse en la narrativa de la mañanera; debe ser una defensa férrea de la dignidad humana. Porque mientras Washington calle, México está obligado a gritar por los que ya no tienen voz.
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