El operativo en la Tarahumara que la federación no vio

El operativo en la Tarahumara que la federación no vio

¿Participó o no el Ejército en el desmantelamiento de los laboratorios en la Tarahumara? | Fred Álvarez

La web La Silla Rota,  22/4/2026 · 22:07 hs

¡Qué bueno que ocurren estas cosas; lástima que nos hayamos enterado por una tragedia vial!

La geografía del respeto

La Sierra Tarahumara impone un respeto que raya en el temor. Es un paisaje de una belleza que corta el aliento, pero que no sabe perdonar errores. En la madrugada del domingo 19 de abril de 2026, esa geografía cobró una factura altísima, una que no se lee en las frías estadísticas de seguridad. Hablamos de vidas suspendidas en la inmensidad de las barrancas y de cuatro familias que hoy enfrentan un silencio irreversible, ese que solo dejan las ausencias definitivas.

Todo comenzó —según los reportes— tres meses atrás, en el sigilo de las sombras. La Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua fue tejiendo una red de inteligencia para localizar lo que resultaría ser un golpe histórico al crimen organizado: una verdadera "ciudad de la droga". Oculto en el remoto municipio de Morelos, el complejo albergaba seis laboratorios clandestinos y un campamento de víveres que el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, describió como uno de los hallazgos más sofisticados en la historia del país. La magnitud del sitio desafiaba cualquier improvisación: en un área de 850 m² se distribuían calderas industriales y contenedores diseñados para la producción masiva de veneno en el corazón de la sierra.

El operativo, ejecutado entre las 17:00 horas del viernes 17 de abril y las 9:00 horas del sábado 18 de abril, fue una demostración de fuerza coordinada: 80 efectivos —mitad AEI, mitad Sedena— avanzaron sobre este bastión del Cártel de Sinaloa. El éxito parecía rotundo. Sin embargo, en medio del triunfalismo, surgió una duda jurídica y política: al ser un delito de carácter federal, el caso fue turnado de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR); pero llamó la atención la ausencia de coordinación previa con la oficina de la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy.

El descenso al silencio

Ese triunfo se disolvió horas después en una curva, entre el fuego y el metal retorcido. Cerca de las 2:00 horas del domingo 19 de abril, mientras el convoy regresaba de la incursión, el vehículo principal —donde viajaba la "plana mayor"— derrapó y se desvaneció en un barranco de 200 metros. En el impacto, la camioneta estalló, convirtiendo el operativo en un funeral de hierro y fuego. Tres cuerpos fueron recuperados en el exterior; el cuarto, atrapado por las llamas, pereció calcinado en el fondo del precipicio.

Ahí, en la profundidad del abismo, quedaron truncadas las vidas de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la AEI, y del agente Manuel Genaro Méndez. Junto a ellos, el fuego consumió también el anonimato de dos "instructores" de la embajada estadounidense cuyos nombres, el hermetismo diplomático intentó mantener bajo el radar: Richard Leiter Johnston (36 años) y John Dudley Black (44 años).

La fábula del "aventón"

La metamorfosis de la verdad comenzó pronto. El primer comunicado, emitido aquel domingo 19 de abril, fue tajante: los agentes extranjeros "fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo". Sin embargo, apenas veinticuatro horas después, la narrativa sufrió un giro de timón. La versión oficial, defendida con insistencia por el Fiscal Jáuregui ante los micrófonos, intentó sostener una explicación difícil de digerir: que no hubo participación extranjera y que los agentes se encontraban supuestamente a nueve horas de distancia realizando una "capacitación técnica" con drones. Según este nuevo guion, la tragedia fue producto de un simple "ride" o aventón de cortesía; un favor logístico en el corazón de la sierra, como si la Tarahumara fuera un camino vecinal para encuentros fortuitos.

Es una explicación que desafía la lógica operativa más elemental: un "favor" que terminó en una explosión a mitad de la noche. Mientras la gobernadora Maru Campos intentaba el domingo, desde Aguascalientes, sellar el expediente como un "percance lamentable", en la Ciudad de México la onda expansiva ya sacudía los muros de Palacio Nacional. En ese momento, la Presidenta Claudia Sheinbaum atendía en España la Cumbre en Defensa de la Democracia, pero el incendio en las redes sociales y la prensa internacional ya exigía respuestas que el silencio oficial —por más lejano que fuera— no podía apagar.

La grieta institucional

El contraste fue inmediato. El Embajador de EU, Ronald Johnson, emitió la tarde del domingo un mensaje en X cargado de significado, calificando la tragedia como un "solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios dedicados a proteger a nuestras comunidades". Fue un reconocimiento de campo que ratificó una realidad operativa que no siempre pasa por los escritorios de la capital, evidenciando que en la sierra se juega otro juego.

El lunes 20 de abril, al regresar a México, la Presidenta fue tajante: “la Federación no estaba enterada de la participación de agentes extranjeros en dicha operación”. Al calificar el hecho como una “decisión unilateral del gobierno de Chihuahua”, Sheinbaum aprovechó para expresar sus condolencias por el fallecimiento de los elementos, ofreciendo solidaridad a las familias y a la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la cortesía humana no nubló el juicio político.

Al invocar la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, la mandataria no solo marcó una distancia abismal con Chihuahua, sino que puso bajo la lupa al Embajador norteamericano y solicitó a la FGR una investigación profunda. Lo que en la sierra se vendió como una simple "capacitación", en el despacho presidencial se leyó como una incursión que desafía el mando único y fractura el pacto federal en su punto más sensible.

— “¿Se va a llamar al embajador Ron Johnson para que explique?”, le preguntaron en el salón.

— “Ya, desde el día de ayer domingo se está en contacto con el embajador por parte del Gabinete de Seguridad”, respondió. Agregó que, de haber oportunidad en su agenda, “ella misma se lo plantearía y, de lo contrario, le pediría reunirse directamente con el secretario de Relaciones Exteriores”.

La curiosidad de la prensa buscó hurgar en el pasado reciente:

— “¿Es la única ocasión que han participado agentes estadounidenses en un operativo en México?”

— “Bueno, en la época de Calderón se usaba que participaran en todos lados” —respondió con una ironía cargada de historia, aludiendo a ese pasado de puertas abiertas que su administración jura haber cerrado.

— “¿En su gobierno…?”. insistieron.

— “No, pero no es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal. Eso sí tiene que quedar muy claro”, sentenció.

Con esa frase, la Presidenta cerró la puerta a cualquier interpretación de complicidad federal. Para Palacio Nacional, el error —o la insubordinación— tiene nombre y apellido, y despacha en Chihuahua.

El rugido en el Senado el martes 21 de abril

La tormenta llegó al Senado con la voz de Juan Carlos Loera (Morena). Para el oficialismo, el hecho representa una transgresión soberana imperdonable. La acusación fue directa: Maru Campos habría permitido operaciones extranjeras sin el aval de la Federación, ignorando la Ley de Seguridad Nacional. "La soberanía nacional no se negocia", sentenció Loera al proponer la comparecencia de la gobernadora panista y el fiscal Jáuregui para el 28 de abril, a efecto de que informen sobre la naturaleza, alcance y fundamento de dicha participación.

Pero la réplica de la oposición llegó con un Ricardo Anaya (PAN) encendido. Su argumento desnudó el ropaje ideológico del debate: ¿Desde cuándo un gobernador tiene la facultad de revisar pasaportes o custodiar las fronteras? Anaya colocó a la administración federal en una encrucijada de hierro: "Solo hay dos posibilidades: si sí lo sabían, mal, porque están mintiendo y engañando a la opinión pública. Si no lo sabían, peor; quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza ni el más mínimo respeto".

Agregó que "si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua, tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de EU". Por su parte, el senador chihuahuense Mario Humberto Vázquez añadió un matiz pragmático: el operativo desmanteló un complejo industrial de droga. "¿Preferimos las formas o los resultados?", preguntó, sugiriendo que el Estado prefiere culpar a una gobernadora que celebrar un golpe al crimen coordinado con el propio Ejército.

La tarde del miércoles se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales y, con 15 votos a favor y 1 en contra, avaló un punto de acuerdo para convocar a la gobernadora y al fiscal. Como el Senado carece de facultades para llamar a cuentas a un mandatario estatal, la vía elegida fue una "amable invitación"; si quieren van, y si no, pues no.

Sería bueno que fuera. Anaya comentó el martes con cierta ironía: "Si insisten en abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al Pleno. Y a ver de a cómo nos toca".

La "mañanera": "no es menor lo que ocurrió"

Este miércoles 22 de abril, la presidenta Sheinbaum subió al estrado de la "mañanera" con la severidad que imponen las crisis de soberanía. Sin rodeos, confirmó lo que el silencio oficial de Chihuahua intentaba matizar la presencia de agentes extranjeros operando al margen del pacto federal. El mensaje fue seco y directo: la Cancillería ya había enviado un extrañamiento formal al Embajador Johnson, exigiendo respuestas claras sobre qué hacían, exactamente, presuntos elementos de la CIA en la Sierra Tarahumara.

"Tiene que aclararse esto", sentenció con la firmeza de quien marca una raya en la arena. "Se hizo una carta al Embajador para que proporcione toda la información, pues esto no es parte del protocolo ni del entendimiento que tenemos con ellos. Es un tema de seguridad nacional; no es menor lo que ocurrió".

Sheinbaum no sólo defendía la letra de la ley, sino que recordaba una jerarquía que parece haberse extraviado. Fue tajante al señalar que cualquier colaboración debe ser validada por la Federación, pasando invariablemente por el filtro de la Cancillería: "Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores, a Defensa, o a Seguridad, y no se notificó nada", subrayó, dejando claro que su administración no acepta la participación de agentes extranjeros en operativos de campo. Con ello, la presidenta sentó un precedente: lo ocurrido no fue un error de comunicación, sino una ruptura profunda de los protocolos de seguridad nacional.

La mandataria invocó las restricciones específicas de la ley —recordando quizá el espíritu del Artículo 71— que prohíbe a agentes extranjeros ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas. Al final de su intervención, adelantó una reunión con la gobernadora Maru Campos para revisar el cumplimiento de estos marcos, enfatizando que no se trata de un ataque político, sino de un estricto seguimiento de la legalidad.

Por su parte, la gobernadora Campos ha intentado blindar su posición. Defendió el operativo como un "gran logro", una medalla táctica que ahora busca legitimar solicitando esa reunión directa con Sheinbaum para "refrendar la voluntad de coordinación". Es el choque de dos realidades: la del éxito policial en el terreno frente a la de la institucionalidad fracturada en el despacho presidencial.

La reunión aún no ocurre… y, mientras tanto, la cuenta del Embajador Johnson en X ha guardado un prudente y pesado silencio sobre el tema.

El laberinto del mando

¿Cuántas "ciudades de la droga" florecen hoy bajo la vigilancia silenciosa de drones extranjeros sin que en los despachos de Palacio Nacional se mueva una hoja? La pregunta flota en el aire, pero la más punzante es otra: ¿participó o no el Ejército en el desmantelamiento de esos laboratorios? Si las botas de los soldados pisaron ese terreno y resguardaron el perímetro, como afirma con insistencia el fiscal Jáuregui, ¿cómo es posible que la noticia no escalara por la verticalidad de la cadena de mando hasta llegar a la Comandanta Suprema? ¿O mintió en ese asunto también la fiscalía de Chihuahua?

Por otro lado, resulta incomprensible el retraso de tantas horas para emitir un posicionamiento oficial. De pronto, el eco de lo ocurrido en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero, vuelve como un recordatorio de que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente. El Estado no puede —ni debe— depender exclusivamente de los tiempos y el humor de la "mañanera" para informar con oportunidad. El Gabinete de Seguridad Nacional tenía la obligación de emitir un comunicado firme el mismo domingo 19 de abril, en lugar de permitir que el vacío de información fuera llenado por el rumor y la sospecha.

Pero el periodismo de investigación hizo su trabajo. La revelación de The Washington Post —secundada pronto por The New York Times y CNN— sobre la presencia de agentes de la CIA en el corazón del operativo no solo fracturó la narrativa oficial, sino que encendió todas las alertas en Palacio Nacional. En este juego de espejos, alguien falta a la verdad. La irrupción de la prensa internacional evidenció esos hilos invisibles que se mueven fuera del control federal, recordándonos que, de no haber mediado ese fatal accidente vial, probablemente nunca nos habríamos enterado de que agentes norteamericanos operan hoy en las entrañas de la Tarahumara.

PD 1: El eco de Tres Marías, el pasado que no termina de irse

He seguido este tema por años y es imposible no sentir el escalofrío de la memoria. El pasado siempre encuentra una rendija por donde filtrarse y nos obliga a recordar aquella mañana del 24 de agosto de 2012, en Huitzilac, Morelos.

A bordo de una camioneta blindada con placas diplomáticas, viajaban dos presuntos agentes de la CIA acompañados por un capitán de Marina. Fueron emboscados bajo una lluvia de más de 150 disparos por policías federales. Como sucede hoy en la sierra chihuahuense, la verdad se fragmentó en dos: la "fábula de la confusión" contra la realidad de un ataque directo como lo dijo la embajada entonces,

Tres Marías no fue solo un incidente de carretera; fue la confirmación de que en México la seguridad nacional a veces se escribe con tinta invisible. Es el recordatorio de que la verdad suele ser la primera víctima cuando el plomo y la diplomacia se cruzan en el mismo camino.

PD 2. Tras la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, la diplomacia se quitó la máscara para mostrar los dientes. Donald Trump no dio un discurso hoy, lanzó un certificado de defunción: “México está perdido, somos su única esperanza”. Bajo esa sombra, su vocera Karoline Leavitt reclama de Sheinbaum una “empatía” que, en este contexto, suena más a sumisión que a consuelo.

Sheinbaum camina sobre cristales rotos. Sus condolencias el lunes fueron el protocolo, pero su nota diplomática es el acero: cuestiona qué hacían extranjeros operando en nuestra casa. En este tablero, la cooperación ya se confunde con la intervención.

La línea entre socios e invasores se ha borrado con sangre. Mientras Trump prepara el terreno para cruzar la frontera con algo más que palabras, México intenta sostener los muros de un hogar que el vecino ya reclama como suyo.

La pregunta inquieta: ¿Cuánta soberanía entregaremos para ser “salvados” por quien ya nos dio por perdidos?