El dilema de la Realpolitik: ¿Es Rocha el límite?, la respuesta es no…
México ha pasado de la retórica a los documentos. Esta mañana, en Palacio Nacional, el ambiente dejó de ser puramente político para volverse jurídico y diplomático. La Presidenta Sheinbaum confirmó el envío ayer de una nota oficial de la SRE al Departamento de Justicia de EU. No es un gesto menor; es una exigencia de pruebas frente a lo que el gobierno mexicano califica como una construcción de "humo". Con una mezcla de firmeza e ironía, la mandataria cuestionó la solidez de las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalando que la justicia internacional no puede sustentarse en papeles testados o notas manuscritas de dudosa procedencia. Para México, si no hay pruebas, hay injerencismo.
El choque de narrativas
Sin embargo, esta defensa de la soberanía y el Estado de Derecho se topa con un muro de realidad en la frontera norte. Mientras Sheinbaum traza una línea divisoria entre la ley y los "inventos" políticos, el análisis de figuras como Jorge Castañeda sugiere que la estrategia de apaciguamiento frente a Washington ha tocado fondo. La pregunta que flota en el aire es si el "Caso Rocha" será tratado como un asunto de soberanía nacional o si terminará siendo la pieza de sacrificio en un tablero de ajedrez mucho más grande e implacable.
A diferencia del pasado, el "fantasma" del caso Cienfuegos parece no ser una ruta viable. En aquel entonces, la debilidad del expediente permitió un repliegue de Washington; hoy, nos enfrentamos a un caso construido durante meses por el Distrito Sur de Nueva York, con cargos más sólidos y un interlocutor en la Casa Blanca que, como hemos visto con líderes de Alemania o la India, es insaciable en sus demandas. El margen de maniobra para México se ha estrechado hasta volverse casi inexistente. Resistir un "no" rotundo a las exigencias de la administración Trump conlleva riesgos económicos y políticos que el Estado mexicano difícilmente podría absorber sin fracturas.
:El costo del Mañana
El reto para la Presidenta Sheinbaum es monumental: debe gestionar un control de daños que proteja la integridad de su bloque político sin romper los hilos, ya tensos, de la relación bilateral. Lo que estamos presenciando es el cobro de una factura externa por vulnerabilidades acumuladas. Al final, el dilema no es solo si Rocha será entregado o defendido a ultranza, sino si este episodio marca el límite de la resistencia mexicana o si es apenas el primer nombre de una lista de reclamos que Washington apenas comienza a redactar. Entre la nota diplomática y la presión de la Casa Blanca, México busca su lugar en una realidad donde la ley y la fuerza rara vez caminan de la mano.
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Maru es traidora: Morena; PAN: Rocha es un narco; Pp de El Universal..
Esta nota den la primera plana de El Universal describe un escenario de confrontación total entre las dos principales fuerzas políticas del país, donde las acusaciones de "traición a la patria" se han convertido en la moneda de cambio.
La política mexicana se ha trasladado a un frente de guerra verbal centrado en dos estados clave: Sinaloa y Chihuahua.
El frente contra Rocha Moya: Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, ha exigido la detención y extradición inmediata de Rubén Rocha Moya. Basándose en investigaciones del Departamento de Justicia de EU, el PAN califica al gobernador con licencia de "traidor" por su presunta alianza con el crimen organizado, argumentando que no hay mayor deslealtad que pactar con quienes se juró combatir.
La contraofensiva contra Maru Campos: Morena, a través de su dirigente Ariadna Montiel, ha respondido acusando a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria. El argumento no es el desmantelamiento de laboratorios, sino haber permitido la intervención de agentes extranjeros (específicamente de la CIA) en territorio nacional, violentando la soberanía. La FGR ya investiga a 50 agentes estatales por este operativo en la Sierra Tarahumara.
El tablero electoral: Mientras tanto, en Coahuila, figuras como Kenia López Rabadán advierten sobre el uso de programas sociales en las campañas, intentando separar la gestión gubernamental de la estrategia partidista de Morena.
Lo que leemos en las páginas de hoy no es solo una disputa administrativa o judicial; es la crónica de una fractura institucional que parece no tener retorno. Estamos presenciando un juego de espejos donde ambos bandos utilizan el mismo mazo: la etiqueta de "traidor".
Resulta revelador cómo el concepto de soberanía se estira y encoge según la conveniencia del discurso. Para el oficialismo, la soberanía es la barrera contra la injerencia extranjera en Chihuahua; para la oposición, la soberanía se pierde cuando el Estado cede el control territorial al crimen en Sinaloa. Es un diálogo de sordos donde la verdad jurídica parece secundaria frente al impacto electoral.
El drama humano aquí es el de las instituciones de seguridad (la FGR y las fiscalías estatales) atrapadas en medio de esta pirotecnia política. Mientras los líderes partidistas intercambian golpes desde los micrófonos en Torreón o la Ciudad de México, los agentes en la Sierra Tarahumara o en las calles de Culiacán quedan expuestos a una incertidumbre total. Al final, el ciudadano observa cómo la justicia se convierte en una herramienta de negociación, y la "traición" deja de ser un delito grave para volverse un adjetivo cotidiano en la sobremesa nacional.
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Dirección Federal de Seguridad espió a Rubén Rocha desde su juventud; lo vinculó con guerrilla de Lucio Cabañas
aboradas por la DFS donde siguió los pasos del exgobernador de Sinaloa desde 1968
Pedro Villa y Caña, REPORTERO DE EL UNIVERSAL,
Hay carpetas que guardan no solo papeles, sino el eco de una época donde pensar distinto era una actividad de alto riesgo. En las entrañas del Archivo General de la Nación, dentro del expediente 40-1-72, reposa la evidencia de que el Estado mexicano nunca le quitó la vista de encima a un joven normalista que, décadas después, gobernaría Sinaloa: Rubén Rocha Moya.
La vigilancia no fue un descuido, sino un sistema. Los reportes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) revelan que el espionaje comenzó en 1968, cuando Rocha apenas despuntaba como líder en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En aquel México de claroscuros, la inteligencia estatal no solo registraba pasos; construía narrativas de peligro.
El momento más crítico de esta crónica de vigilancia ocurre el 21 de marzo de 1972. En una ficha de inteligencia, la DFS vincula directamente a Rocha Moya con el movimiento guerrillero de Lucio Cabañas Barrientos. El documento, con la frialdad propia de la burocracia policial, señala que la participación de maestros con tendencias "marcadamente izquierdistas" era evidente. Para el Estado de entonces, el idealismo de Rocha no era una postura académica, sino un puente hacia la insurgencia armada en Guerrero.
Los documentos de los años 80 retratan a un Rocha más maduro, pero igual de vigilado: ahora como diputado del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y acompañando a las familias de los desaparecidos en sus marchas por justicia.
Leer hoy estas fichas —con sus banderas rojinegras y sus acusaciones de subversión— es asomarse a la prehistoria de un poder que hoy atraviesa una crisis distinta. La paradoja es inevitable: el hombre que hoy es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue en su juventud el blanco prioritario de la policía política mexicana.
El archivo no miente, pero sí contextualiza. Al final, estos documentos son el testimonio de una vida transcurrida bajo la lente de un Estado que, antes de intentar protegerlo, se dedicó durante décadas a intentar descifrar cómo detenerlo.
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Las columnas políticas hoy, miércoles 6 de mayo de 2026
Senadores con expedientes negros
Bajo Reserva/ El Universal
Nos comentan que, al menos, hay una veintena de senadores de Morena que si bien no están señalados de presuntos vínculos con el narcotráfico como Enrique Inzunza, sí hay varios con acusaciones o señalamientos de violación y acoso sexual, cercanía y defensa de pederastas y pedófilos, relacionados con el huachicol fiscal, con fraudes en la compra de medicamentos, los clásicos amigos de La Barredora y quienes han comprado residencias millonarias sin comprobar el origen de sus ingresos. Algunos de ellos pretenden buscar gubernaturas en 2027 y otros, incluso, suspiran por la Presidencia en 2030. De acuerdo con lo dicho de que quien busque un cargo deberá tener un expediente impecable, varios de ellos están fuera de la jugada política.
Sesión de pronóstico reservado
El pleito entre Morena y el PAN ha escalado. Las dirigencias nacionales intercambian acusaciones y descalificaciones, y con este telón de fondo se espera que la sesión de hoy en la Comisión Permanente sea de pronóstico reservado. La agenda política, nos dicen, estará centrada en los casos Chihuahua y Sinaloa, que tienen enfrentados a los dos partidos desde hace algunos días. Ambas bancadas, nos comentan, “velan armas” para el debate. La cosa pinta tan ríspida que la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, ya avisó que antes de la sesión hará un llamado para que no se desborden los ánimos y el debate sea respetuoso, pero la experiencia dice que no será tan fácil que le hagan caso. Y, por si fuera poco, la sesión de hoy también tiene la expectativa de ver si el senador por Sinaloa, de Morena, Enrique Inzunza, quien es acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico aparece y habla en la tribuna, o manda a su suplente.
Siempre sí invitaron al Verde y al PT
Nos cuentan que ya bien entrada la noche del lunes los integrantes de las bancadas del PT y Verde, en la Cámara de Diputados y el Senado, recibieron la invitación formal para que el próximo jueves acudan a Palacio Nacional para una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum. Nos cuentan que los diputados y senadores de ambas bancadas acudirán a la convocatoria presidencial para el encuentro que tendrá carácter de privado. Nos explican que algunos de los legisladores aliados, quienes vieron que sus colegas de Morena habían sido convocados y ellos no, ya estaban haciendo conjeturas de que no los llamarían por haber votado en contra de la reforma electoral o el Plan B de la Presidenta. Al final, las invitaciones llegaron, y verdes y petistas respiraron con alivio.
Amistad tardía en San Lázaro
Nos cuentan que, en San Lázaro, la diplomacia parlamentaria se toma las cosas con mucha, pero mucha calma. El pasado jueves, justo en el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la 66 Legislatura, se instaló con bombo y platillo el Grupo de Amistad México-Canadá. Lo que llama la atención es que a la actual legislatura le queda poco más de un año de vida y apenas se están estrechando las manos con uno de los socios que nos toca negociar el T-MEC. ¿Será que el entendimiento con Canadá está tan frío como su clima o simplemente la agenda legislativa tenía “otras prioridades”?
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Estrictamente Personal
Rocha Moya, asunto de Estado/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, mayo 06, 2026 |
El gobierno ha tomado la decisión de no detener de manera provisional, mientras se analiza su extradición o no a Estados Unidos, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Los señuelos de que no tiene fuero y podría ser llamado a declarar fueron alimento para las sobremesas. Rocha Moya es un asunto de Estado. El régimen en su totalidad lo respalda, lo exoneran –pese a contar con pruebas documentales de sus actos ilegales– y, para que no quede duda, la Guardia Nacional lo está cuidando. Protegido. Blindado. Después de todo, es la llave que abre la puerta del oscuro santuario de Andrés Manuel López Obrador.
Vale el exgobernador no por él, sino por lo que sabe: las extrañas desapariciones del expresidente en su compañía para adentrarse en la Sierra Madre Occidental, donde estaba el refugio de Ismael El Mayo Zambada; los arreglos con el exlíder del Cártel de Sinaloa, en nombre de su jefe de Palacio, sobre quiénes serían los candidatos a puestos de elección popular, y en cuáles municipios; las razones por las que López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán cuando lo detuvieron; los 150 millones de pesos en efectivo que aportó a la campaña presidencial de 2024. El exgobernador tiene mucha información y ya amenazó: si me hundo, no me voy solo.
El mensaje llegó a su destinataria en Palacio Nacional, pero la presidenta Claudia Sheinbaum no puede hacer mucho, salvo acuerparlo: es una bomba devastadora para el régimen como para dejarlo en la intemperie. Es tan importante Rocha Moya como uno de los pilares del morenismo –por su vínculo con López Obrador–, que camina hacia un choque de trenes con el presidente Donald Trump por protegerlo. El inicio de esta loca carrera fue la petición de captura con fines de detención, que fue negada durante días por falta de pruebas, hasta que entendieron de qué se trataba el Tratado de Extradición y movieron su rechazo apoyados en una frase del artículo 11: “en caso de urgencia…”. Es un artilugio.
Como no hay urgencia documentada, es el argumento, que cada quien esté tranquilo o, para que luego no nos digamos sorprendidos, tengan tiempo para esconderse en algún lugar del mundo o, viendo lo inevitable, negocien ser testigos cooperantes de la Fiscalía en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, el poderoso tribunal que está lejos de ser una mera oficina del Departamento de Justicia, como describió la presidenta. La negativa mexicana contradice el espíritu del tratado firmado en 1978 y hace lo mismo con el artículo 119 de nuestra Constitución, que dice que cada estado se compromete a entregar “sin demora” a los criminales.
Rocha Moya y otros nueve sinaloenses no serán criminales hasta que lo determine un juez, pero esto no podrá hacerse hasta que México respete el tratado y los detenga por un máximo de 60 días, límite para que la fiscalía estadounidense presente las pruebas y un juez en México determine sus méritos, para que entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores decida si los extradita o no. Esto, hoy, no va a suceder, porque como anticipó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no existe ningún señalamiento, menos aún denuncia, de que Rocha Moya anduviera en malos pasos. Por lo tanto, no abrirán ninguna investigación en su contra. Ni siquiera se tomarán las denuncias públicas y ante la autoridad en 2021 sobre la participación de Los Chapitos en la manipulación de las elecciones donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, que es el eje de la acusación en Manhattan, porque lo que está en firme es el encubrimiento.
El garantismo tramposo con el que tratan ahora a Rocha Moya contrasta con la borrachera de felicidad bailando sobre la suerte del exsecretario Genaro García Luna en la corte de Brooklyn, y la forma ilegal y atrabiliaria con la que desterraron a casi un centenar de narcotraficantes, violando el debido proceso –que hoy se quejan hizo Estados Unidos con el exgobernador–, el derecho de amparo –que varios tenían para evitar la extradición–, y el invocado artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que utilizaron para la expatriación –que no contempla ninguna ley en México–.
La respuesta de Estados Unidos va a venir. Podrían denunciar el tratado (con 60 días de aviso), que es una forma jurídico-diplomática de proceder. Pero también, simultáneamente con la solicitud de detención con fines de extradición, hacer la acusación formal y presentar las pruebas. Estas sí contarían con la máxima secrecía, pero como no hay credibilidad y respeto en un Poder Judicial controlado por el obradorismo, la posibilidad de que aparezcan en la primera plana de los principales diarios estadounidenses, es grande.
No son las únicas opciones que tiene Washington. El Departamento de Justicia tiene prácticamente listas otras acusaciones contra gobernadores y líderes de Morena por vínculos con el crimen organizado. Mandar cazarecompensas por narcopolíticos, para disfrazar las operaciones de sus comandos de élite como la extracción de Zambada, es una alternativa de las fuerzas especiales. El acuerdo comercial norteamericano es otra pistola sobre la cabeza de la presidenta para lastimar la economía. Un nuevo banco al que tres párrafos de un comunicado del Departamento del Tesoro sepulte, golpearía la certidumbre. Gravar remesas, le da directamente a la gente.
La presidenta insistió en el discurso de la soberanía, pero ella misma la ha entregado cada vez que quiere apaciguar a Trump. Lo hizo con los capos desterrados. Lo hizo aceptando, sobre hechos consumados, el vuelo de aviones espía de la CIA sobre territorio mexicano. No tiene un poder simétrico y las palabras están empezando a escucharse huecas por tantas contradicciones y vaivenes en su gestión presidencial. Las voces del régimen dicen que sí tiene opciones, la carta de migración. Actualmente no parece poderosa.
Sheinbaum ha planteado una fuga hacia adelante. Escalar el conflicto le funciona muy bien con el ala dura del obradorismo, pero fuera del régimen va en picada. Javier Tejado lo demostró en su artículo semanal en El Universal, al revelar que la conversación digital sobre Rocha Moya tuvo un alcance de mil 800 millones de personas, con un humor negativo de 75%, que también arrastró a la presidenta con un idéntico porcentaje negativo.
Es una incógnita hasta cuándo mantendrá a Rocha como un asunto de Estado, porque antes tiene que resolver, aunque lo niegue, su dilema: ella o su mentor.
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Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto…/Carlos Loret de Mola
El Universal, | 06/05/2026 |
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sorprendió al Ejército mexicano con una solicitud. Era el arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ella había anunciado una estrategia especial para atacar la violencia en Sinaloa. Incluía que su gabinete de Seguridad y en especial el secretario Omar García Harfuch estaría viajando constantemente a ese estado convertido en una zona de guerra.
En esos días, Rocha Moya se acercó con los mandos militares. Les pidió que no llevaran a cabo el operativo que estaban planeando contra la cúpula de Los Chapitos porque le podían descomponer aún más la situación en el estado. Los militares se fueron de espaldas. No sólo por la petición. Sino porque no se explicaron cómo se había enterado el gobernador de un operativo que se mantenía en el más alto nivel de secrecía. La respuesta del gobernador no les satisfizo.
Los altos mandos militares desplegados en Sinaloa le reportaron de inmediato a sus superiores. Desde ese día, el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, concluyeron que Rocha se tenía que ir. Que el gobernador no era parte de la solución. Era parte del problema. Lo que no imaginaron es con la resistencia indoblegable a la que se iban a enfrentar: Andrés Manuel López Obrador. El expresidente dijo Rocha no se va. Y la presidenta instruyó a su orquesta tocar esa partitura: Rocha no se va.
Así me lo revelan fuentes oficiales de primer nivel. Para resolver el problema de tener que coordinarse con alguien en quien no confiaban, le dejaron de reportar todas sus actividades, le dejaron de responder todos sus mensajes por celular y le dejaron de tomar todas las llamadas. Lo pusieron en la congeladora y actuaron por su cuenta.
Con el paso de los meses y la recolección de información de inteligencia en el terreno, la conclusión en el equipo de la presidenta Sheinbaum fue todavía más crítica: Rubén Rocha Moya llegó al poder impulsado por el cártel de Sinaloa, pero cuando el cártel se dividió, él tomó partido a favor de Los Chapitos. Esto generó que la otra facción, La Mayiza, quedara dolida con el gobernador: en el entorno del Mayo Zambada y sus hijos, a Rocha Moya lo ven como un traidor que colaboró con Los Chapitos en el secuestro y entrega a Estados Unidos del patriarca de la familia. Hay expresiones públicas de La Mayiza en esa dirección.
Del que también llevaba mucho tiempo desconfiando el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum es del senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza, también acusado de narco por el gobierno de Estados Unidos. Pronto llegaron a la conclusión de que era el principal interlocutor del gobierno con el cártel. Lo sabía todo mundo. A pesar de esto (o quizá gracias a esto), los pactos ya estaban alineándose para que él fuera el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa en el 2027. Hoy piensan que es contra el que Estados Unidos la tiene más fácil para armar un expediente, según las mismas fuentes.
SACIAMORBOS
¿Cree la presidenta Sheinbaum que el gobierno de Estados Unidos le va a creer a la Fiscalía General de la República mexicana lo que concluya sobre su “investigación” sobre el caso de Rubén Rocha Moya? No one trusts the local system, dicen las fuentes de allá.
historiasreportero@gmail.com
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Mario no quiere ir a Colima/Salvador García Soto
Los ofrecimientos se los han hecho operadores directos de la presidenta Sheinbaum, que quiere “que apoye al movimiento”
El Universal, | 06/05/2026 |
Como si se tratara de la “rifa del tigre”, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le han pedido en al menos dos ocasiones que acepte irse como candidato a la gubernatura de Colima por el partido Morena. Y en las dos ocasiones, según nos comentan fuentes del partido oficialista, Delgado ha respondido con negativas y evasivas, diciendo que prefiere que vayan otras personas con más arraigo local.
Los dos ofrecimientos se los han hecho personalmente operadores directos de la presidenta Sheinbaum, que le dicen al funcionario federal que la mandataria quiere “que apoye al movimiento” y se postule para gobernador de Colima, pero en ambas ocasiones el titular de la SEP esgrime “razones personales” para declinar la invitación y decir que él prefiere apoyar al partido del que fue presidente con otro tipo de trabajo pero no precisamente contendiendo por esa gubernatura.
Y es que aunque nació en la ciudad de Colima un 17 de junio de 1972 y tiene ahí raíces familiares, Mario Delgado en realidad estudió y se desarrolló en su carrera política en la Ciudad de México a donde llegó muy joven, aunque la razón por la que parece negarse a ser candidato en su tierra natal, más bien tiene que ver con los altos niveles de violencia del narcotráfico que vive desde hace más de una década la entidad colimense.
Territorio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y en donde la aduana marítima de Manzanillo, la más grande del país, es un foco de corrupción en donde operan, desde las mafias huachicoleras que se anidaron en la Secretaría de Marina, hasta todo tipo de organizaciones criminales y de contrabando de mercancías, combustibles, además de ser una de las puertas de entrada de los precursores químicos que se utilizan en la producción de drogas sintéticas para los cárteles mexicanos.
El territorio de Colima, con apenas 1,668 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la cuarta entidad más pequeña de México, vive una fuerte crisis de seguridad que comenzó con el gobierno del priista Ignacio Peralta, pero se ha agravado en el actual gobierno de la morenista Indira Vizcaíno, quien ha sido completamente rebasada por la violencia narca en su estado. Es la entidad con la tasa más alta de homicidios violentos en México en los años recientes, con 121.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La violencia que afecta a los 10 municipios del estado, con especial gravedad en la capital Colima y en el Puerto de Manzanillo, es impulsada por la disputa que libran los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, precisamente por el control del estratégico puerto del Pacífico. Los índices de extorsión, robos violentos, además de robos de automóviles y a negocios, figuran entre los más altos del país, y la percepción de inseguridad que tienen los colimenses está entre las más altas reportadas en la última Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana del INEGI, en la que 77.2% de los colimenses encuestados dijeron sentirse “muy inseguros” en la ciudades y municipios del estado.
Tal vez todo eso explique, como en aquel viejo refrán de que “el miedo no anda en burro”, por qué Mario Delgado se ha negado en dos ocasiones a aceptar la candidatura a gobernador de Colima por Morena, a pesar de que se la ofrecen directamente desde la oficina de la Presidencia. Y es que, en medio de las tensiones que hoy vive Morena por las peticiones de extradición de 10 narcopolíticos de Sinaloa formulada por el gobierno de Estados Unidos, el titular de la SEP no está totalmente ajeno a esa situación y varios reportes periodísticos lo ubican como uno de los integrantes de la lista de políticos investigados por la administración de Donald Trump por vínculos con delincuencia organizada.
Durante su periodo como presidente nacional de Morena, de 2020 a 2024, Mario Delgado fue señalado de haber tenido vínculos con el llamado “Rey del Huachicol”, el empresario tamaulipeco asesinado en 2021, Sergio Carmona Angulo. Según investigaciones periodísticas y denuncias que se investigan también en los Estados Unidos, particularmente en una corte federal de San Antonio, Texas, Carmona Angulo habría financiado con dinero ilícito del huachicol fiscal, las candidaturas de Morena en al menos 5 estados, entre las que figura la campaña, precisamente, de Rubén Rocha Moya, hoy acusado por el Departamento de Justicia de “asociación con Los Chapitos” y solicitado en extradición por el gobierno estadounidense.
Mario era el presidente de Morena en las elecciones de 2021 cuando Carmona apoyó a candidatos morenistas tanto a gubernaturas como a diputaciones locales, federales y alcaldías. Y aunque él lo ha negado sistemáticamente, hay reportes de que Delgado llegó a utilizar aviones y camionetas suburban propiedad de Carmona durante sus visitas a las campañas morenistas en estados como Tamaulipas.
Las mismas fuentes que confirman las negativas del secretario de Educación a postularse como candidato a gobernador de Colima, comentan que a Mario Delgado le han escuchado hablar “en confianza” sobre la relación que tuvo con Sergio Carmona y repiten lo que dicen haber escuchado directamente del integrante del gabinete federal: “Yo a ese Carmona lo conocí porque me lo presentó Audomaro (Martínez, general retirado y ex director de la CNI en el gobierno de López Obrador). Yo ni siquiera lo conocía y me lo presentó el general como ‘un empresario próspero y limpio que quiere apoyar al movimiento’”, habría dicho Delgado.
Y lo que se sabe también es que quién se encargó de validar la supuesta “honradez y limpieza” de Sergio Carmona en su momento, ante el entonces líder nacional de Morena, fue el diputado federal Erasmo González, actual alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, por Morena, y quien era muy cercano a Mario Delgado cuando este fue coordinador de la bancada morenista en San Lázaro en la 64 Legislatura.
Así que, entre el miedo y la precaución, Mario Delgado Carrillo, de plano desaira la posibilidad de ser candidato a gobernador de Colima, y aunque parece que sus días en la SEP están contados y la insistencia desde Palacio Nacional para que acepte la candidatura tiene que ver con eso, el colimense prefiere decir que no, bajo la lógica, también muy popular, de quien dice “más vale que digan aquí corrió que aquí murió”.
NOTAS INDISCRETAS…
Y hablando de la presidenta Sheinbaum, nos cuentan que en la reunión que sostuvo el pasado lunes con todos los miembros de su gabinete legal y ampliado precisamente en el Palacio Nacional, que oficialmente se dijo era para “evaluar el avance de los programas de gobierno”, aunque en realidad se habló de la crisis que vive su gobierno por las peticiones de extradición de morenistas desde Estados Unidos, la mandataria aprovechó para hacerles una recomendación directa y contundente a todos sus secretarios, directores y demás integrantes de su equipo: “que por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia viajen al territorio de los Estados Unidos, ni siquiera en vuelo en tránsito o conexión”. Esto ante el temor fundado que tienen en el gobierno mexicano de que sus funcionarios puedan ser detenidos o interrogados por las autoridades del vecino país. Fue tan directa la advertencia, que incluso les dijeron a secretarios, subsecretarios, directores y demás del gobierno federal, que si quieren viajar a cualquier parte del mundo, no lo hagan en vuelos que aterricen o conecten en la Unión Americana, y que utilicen mejor el puerto de Cancún para conexiones a Europa o a Asia, para que eviten pisar la Unión Americana. Tal parece que el miedo que hoy tienen los morenistas a visitar Estados Unidos es un “miedo desaforado”, literalmente, por aquello de que ni siquiera el fuero mexicano los salvaría de ser detenidos si pisan el territorio estadounidense…Por cierto que ante las negativas de Mario Delgado para aceptar ser candidato a la gubernatura de Colima, otro nombre que han barajado en Palacio Nacional para mandarlo con boleto dorado a la entidad colimense, es el del actual subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, quien también nació en la ciudad de Colima un 2 de junio de 1963. ¿Será que Yáñez si acepta el boleto para la rifa del tigre?...Se batieron los dados. Otra Serpiente.
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Manifiesto de una ciudad sin memoria/Héctor De Mauleón
El Universal, 06/05/2026
Un año antes de su muerte, Frida Kahlo hizo llegar a sus amigos una invitación: “Con amistad y cariño, / nacidos del corazón, / tengo el gusto de invitarte / a mi humilde exposición. / A las 8 de la noche / --pues relox tiene al cabo-- / te espero en la Galería / d’esta Lola Álvarez Bravo”.
Aquella muestra, formada por 31 obras, y organizada en la Galería de Arte Contemporáneo por su amiga, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, iba a quedar en la historia como la primera y única exposición individual que Frida Kahlo tuvo en México en vida.
Más que una exposición, aquello se volvió un dramático performance. Habían colocado en una de las salas una cama de hospital con cuatro postes: Frida estaba tan deteriorada que tuvieron que llevarla a la galería a bordo de una ambulancia. Así llegó al número 12 de la calle de Amberes.
Recostada en la cama que le habían instalado, al igual que los santos lujosamente ataviados que se veneran en las iglesias mexicanas, según escribe Serge Gruzinski, Frida se confundió con sus obras.
Los diarios no le hicieron mucho caso. El registro de aquella noche —15 de abril de 1953— apareció en una página interior, entre la foto de una comida que un grupo de periodistas ofreció “al gobernador de Oaxaca y su respetable esposa”, entre la nota de la fiesta de Quince Años de la señorita Yolanda Franco Arenas, y la de las Bodas de Oro de los esposos Cleofas Haro y María de Jesús Bocanegra, cuya misa se celebró en el templo del Pronto Socorro, allá por el rumbo de Popotla.
EL UNIVERSAL refirió que la muestra era solo el preámbulo de la presentación en Bellas Artes de la obra total de la pintora, informó que las piezas procedían de colecciones particulares que las habían prestado “galantemente” (¡en qué enredo iban a terminar las de los esposos Gelman!) y ofreció una lista de asistentes cargada de nombres deslumbrantes:
“Entre las personas que asistieron a esta reunión vimos al doctor Atl (Gerardo Murillo), Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Francisco Dosamantes, Miguel Covarrubias y Jesús Reyes Ferreira, todos ellos artistas del pincel”.
Estaban presentes también Juan Soriano, Concha Michel, Pita Amor, Rosa Rolanda, Lupe Marín, María Asúnsolo, Antonio Peláez (mejor conocido por su nombre de pluma: Francisco Tario) y Renato Leduc (cuyo nombre fue transformado por el reportero, no se sabe si por ignorancia, o por una broma del propio Renato, en “Renato Le Duc”).
“Frida Kahlo recibía emocionada las felicitaciones de todos sus amigos que en esta ocasión le rendían homenaje a su obra pictórica y escuchaba con gran satisfacción las canciones mayas que Concha Michel y un grupo de personas entonaban al compás del rasgueo de la guitarra”, reseñó el periodista.
La biógrafa Hayden Herrera anota que “uno de los cuadros de la pintora adornaba el pie de la cama, la cual permaneció en la galería aun después de la inauguración”. Las almohadas de aquella cama de hospital habían sido perfumadas con unas gotas de “Shocking”, la fragancia de Schiaparelli, que en aquellos años era epítome de la distinción.
Fue de ese modo como Frida recibió a su corte. Escribió Lola Álvarez Bravo:
“Les pedimos a las personas que circularan, que la saludaran y luego pasaran a la exposición misma, pues temíamos que la muchedumbre asfixiara a Frida. Formaba una verdadera turba. Esa noche no acudieron únicamente los círculos artísticos, los críticos y sus amigos, sino un gran número de personas inesperadas. Hubo un momento en el que nos vimos obligados a sacar la cama de Frida a la estrecha terraza al aire libre, porque apenas podía respirar”.
Qué dramática es la foto de Frida tendida y rodeada por Concha Michel, Carmen Farrell, Antonio Peláez y Dr. Atl. El poeta Carlos Pellicer intentaba contener a la multitud, rogándole que hiciera una sola fila.
Fue la despedida pública de Frida Kahlo. Al año siguiente moriría en Coyoacán, dibujando ángeles negros en su Diario, y estampando en alguna de las últimas páginas: “Espero alegre la salida y espero no volver jamás”.
Lola Álvarez Bravo dejó la dirección de la galería poco después. No volvió a suceder algo así.
¿Cómo encontrar la sombra de aquel día, de aquella ciudad?
Salí de la hemeroteca en la que tomé estas notas. Quise detenerme en Amberes 12, imaginar el ruido, las luces de esa noche. Buscar la sombra de esa ciudad. Tengo ese maldito vicio, y la ciudad tiene la maldita costumbre de hacer que sus lugares se vayan sin dejar ninguna huella.
Bajo el sol redondo y colorado, como diría Concha Michel, en Amberes 12 no existe nada. Solo una barda, repleta de publicidad, que cubre un baldío. En esta ciudad sin memoria, ese baldío es un manifiesto de lo que hemos hecho.
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Buscan “culpables” de aceptar ayuda
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio.
Una casa se incendia y, con apoyo de vecinos y unos gendarmes del barrio, se logra sofocar el fuego. ¿Alguien se imagina que los propietarios exigirían una acción penal contra quienes avalaron la entrada de esos policías porque no llevaban un permiso judicial para involucrarse?
El símil es aplicable a la actitud del gobierno federal ante la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento del mayor narcolaboratorio que se haya descubierto.
Mientras la Fiscalía General de la República se dispone a interrogar a medio centenar de policías ministeriales de Chihuahua para indagar quién permitió la “injerencia” extranjera, Estados Unidos presenta su Estrategia Nacional Antidrogas en la que México es visto como el epicentro de un problema que afecta su seguridad nacional, la seguridad binacional (y hasta la transcontinental).
Al mismo tiempo, el obradorato tiende un manto protector sobre el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve de sus funcionarios y exfuncionarios acusados de narcotráfico, haciéndose bolas una semana con la interpretación de una explosiva pero sencilla solicitud de captura con fines de extradición del Departamento de Justicia estadunidense.
Dos miradas, dos prioridades, dos formas abismalmente distintas de asumir la realidad:
Aquí, el énfasis está en la demagógica “defensa de la soberanía” y búsqueda tardía de responsabilidades administrativas y/o penales, y del otro lado se revela un diagnóstico brutal del flujo de estupefacientes que tiene en México su principal plataforma de producción y distribución.
El oficialismo se escandaliza por una colaboración “indebida” que contribuyó a debilitar estructuras criminales, pero el gobierno de Trump pone a México en el centro de una crisis sanitaria que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
Lo preocupante no es el señalamiento, sino la falta de una respuesta pronta que vaya más allá de la indignación discursiva.
Si bien es cierto que “la soberanía no es negociable”, también lo es que el crimen organizado no reconoce fronteras ni formalismos jurídicos.
Pretender combatirlo con una franciscana y tacaña lógica doméstica o, peor aún, subordinando las prioridades de seguridad a consideraciones político-electorales, es una apuesta destinada al fracaso y al ridículo.
En tal disonancia, una estrategia compartida contra un enemigo común es lo que se impone.
El éxito del operativo en Chihuahua debiera ser motivo de un análisis serio sobre las capacidades, limitaciones y posibles áreas de cooperación en la lucha mexicana contra el narcotráfico, pero se ha convertido en un campo de disputa ideológica donde lo importante no es qué se logró, sino quién participó y bajo qué narrativa se interpreta.
Al final, mientras México se mira a sí mismo con una susceptibilidad exacerbada y paranoide frente a cualquier sombra de intervención externa, Estados Unidos lo observa como núcleo de una crisis que exige respuestas urgentes que, insensatamente, no se le dan...
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La crónica de una colisión anunciada. Lo que Jorge Fernández Menéndez nos relata en su columna de Excélsior no es simplemente un cambio de retórica en Washington, sino la construcción de un nuevo tablero de juego donde las piezas mexicanas —específicamente el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— están en el centro de la mira.
La Casa Blanca ha dejado de ver el tráfico de drogas como un problema de salud pública para tratarlo como una amenaza a la seguridad nacional. La nueva estrategia no es un documento burocrático; es una "orden de batalla". Al catalogar al fentanilo como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como organizaciones terroristas, Estados Unidos se otorga a sí mismo el permiso legal para usar todo su arsenal: financiero, judicial y, potencialmente, militar.
Jorge es tajante: el gobierno federal y la FGR están usando un "discurso falsamente soberanista" para proteger a Rocha Moya y a otros nueve acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa; argumenta que no hay mayor violación a la soberanía que la impunidad de los funcionarios que sirven al narco. Mientras el gobierno de México pide "pruebas exhaustivas", el tratado de extradición es claro: basta con la orden de aprehensión del país reclamante para proceder.
La crónica destaca un dato demoledor extraído de la conversación digital: la sociedad ya dictó sentencia.
75% de negatividad hacia Rubén Rocha Moya.
75% de negatividad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema específico.
90% de rechazo hacia Morena en la conversación sobre estas complicidades.
El costo político no es una posibilidad futura; es una realidad presente que el gobierno parece decidir ignorar.
La Estratagema de la FGR: Un Déjà Vu Peligroso
Jorge identifica una táctica que califica de "suicida": la FGR pretende investigar localmente a los acusados para exonerarlos rápidamente y así negar la extradición bajo el argumento de que ya fueron juzgados en México. "Es una estrategia que copia lo hecho en el caso Camarena en 1985, pero olvida que el mundo de 2026 es radicalmente distinto y mucho más duro."
La conclusión es una advertencia sombría. Al vulnerar el mecanismo de extradición —uno de los pocos pilares de cooperación que aún funcionaba—, México está dinamitando la confianza con su principal socio comercial y de seguridad. En la geopolítica de "ofensiva implacable" que ha inaugurado Sara Carter (la zar antidrogas), las rupturas de confianza nunca se quedan sin una respuesta contundente por parte de Estados Unidos.
ara Fernández Menéndez, estamos ante un choque de trenes. Por un lado, una potencia que ha decidido "cazar" a sus enemigos en sus refugios; por el otro, un gobierno mexicano que intenta proteger a los suyos con argucias legales que, lejos de salvarlos, podrían hundir la relación bilateral en su peor crisis desde los años ochenta.
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Con Rocha igual que con Camarena/ Jorge Fernández Menendez.
Excelsior,
La estrategia antidrogas que anunció el lunes el gobierno de Estados Unidos es un punto de inflexión en las políticas de la Unión Americana en la lucha contra las drogas. La estrategia global que presentó el gobierno de Estados Unidos es mucho más que un documento doctrinal, es la hoja de ruta explícita que seguirá la Casa Blanca en la lucha contra los cárteles de la droga, íntimamente conectada con la estrategia de inteligencia y de seguridad nacional presentadas semanas atrás.
La estrategia coloca a México —junto con China, India y Colombia— como uno de los cuatro pivotes geográficos de una guerra global contra el fentanilo y los cárteles. La estrategia define al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como amenazas terroristas, lo que abre la puerta a la utilización de herramientas financieras, judiciales e incluso militares en su contra. Por primera vez, Washington pone por escrito que la cooperación con México está condicionada a extradiciones, a que las empresas mexicanas pueden ser sancionadas, a que los cárteles sean perseguidos como terroristas y el campo de batalla incluye lo digital y lo económico.
Por si quedaran dudas, la carta publicada ayer por la zar antidrogas de la casa Blanca, Sara Carter, las despeja y enfatiza que se llevará la lucha contra “el enemigo con una ofensiva implacable. La era de la contención, dice, ha fracasado. Esta Estrategia sirve como nuestra orden de batalla para cazar a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, incautar sus activos y cortar sus líneas de suministro. Utilizando cada instrumento del poder estadounidense, quebraremos la columna vertebral de las Organizaciones Criminales Transnacionales, especialmente aquellas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, que lucran con la muerte de nuestros ciudadanos”.
Todo lo dicho se podría aplicar en forma literal a los casos de Ruben Rocha Moya y los otros nueve acusados por Estados Unidos de colaborar y ser parte del entramado de colaboración y complicidad con el cártel de Sinaloa. Pero el gobierno federal y la FGR parecen decididos a ignorar la realidad y tratar de cubrir con un discurso falsamente soberanista lo que constituye un andamiaje de protección a los funcionarios acusados y por ende a los grupos criminales transnacionales. Nada viola más la soberanía de un país que la impunidad de los funcionrios que trabajan con los narcocárteles.
No se asume, primero, que hay pruebas de todos los colores y sabores de esas complicidades: no de ahora sino desde hace años. Que los acusados están desprestigiados y están condenados por la propia sociedad: los números que publica ayer en su columna Javier Tejado Dondé de un estudio de elaborada por la plataforma Brandwatchdurante el fin de semana, “deja ver que la conversación del tema es gigante: 1.35 millones de menciones y un alcance potencial de 1.8 mil millones de personas, con 11 tendencias en X. Pero el gran dato es que la actitud nacional hacia el gobernador con licencia de Sinaloa es 75 por ciento negativa, 21 por ciento neutral y apenas 4 por ciento positiva. La presidenta Claudia Sheinbaum, tiene en este tema, 75 por ciento de actitud negativa, igual que Rocha Moya. Pero le va peor a Morena, que representa 28 por ciento de la conversación y trae 90 por ciento de negativos, 9 por ciento de neutrales y apenas uno por ciento de positivos”.
Ante eso, la estrategia del gobierno es hacer todo lo posible por no detener ni extraditar a Rocha y sus cómplices que, recordemos, están acusados de delitos que Estados Unidos considera equiparables al terrorismo. No es verdad lo que dice el gobierno de que Estados Unidos debe presentar pruebas concluyentes y exhaustivas antes de proceder a la detención: lo que pide Estados Unidos, o sea la detención provisional con fines de extradición, como ya lo hemos dicho aquí desde la semana pasada, lo único que requiere es la expedición de las órdenes de aprehensión por la justicia del país reclamante o sea de Estados Unidos. Tampoco es verdad que esa informaicón se debe mantener en secrecía: en ninguna parte del tratado de extradición, ni con EEUU ni con ningún otro, lo dice.
Lo que está haciendo FGR es una estratagema para investigar a los acusados dentro del país, no encontrar nada, exonerarlos, como ya lo adelantó la FGR apenas 24 horas después de las solicitudes de detención y, argumentando que ya han sido investigados en México, negar las extradiciones.
Es una estrategia suicida porque copia lo hecho con el caso Camartena en 1985 pero olvida que las normas han cambiado, que se está violando el tratado de extradición, que Estados Unidos tiene una visión y una posición global radicalmente distinta y mucho más dura, como se pone de manifiesto con la política antidrogas dada a concer ayer y que se sustenta en dos definciones adicionales que son claves en todo esto: que los cárteles son organizaciones terroristas, lo que según las leyes estadounidenses les da sustentos legal para realizar hasta acciones militares extraterritoriales; y que el fentanilo es un arma de destrucción masivas, lo que aumenta aún más los instrumentos legales unilaterales.
Lo que se vulnera es el mecanismo completo de cooperación en materia de extradición, la confianza entre las autoridades y uno de los pocos instrumentos que han funcionado en la relación bilateral en seguridad, con el agregado de que la mira está puesta en las redes de complicidad política que se quieren mantener impunes. Esas rupturas, esa vulneración de la confianza, nunca queda sin respuesta.
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Buscan “culpables” de aceptar ayuda
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
Una casa se incendia y, con apoyo de vecinos y unos gendarmes del barrio, se logra sofocar el fuego. ¿Alguien se imagina que los propietarios exigirían una acción penal contra quienes avalaron la entrada de esos policías porque no llevaban un permiso judicial para involucrarse?
El símil es aplicable a la actitud del gobierno federal ante la presencia de agentes de la CIA en el aseguramiento del mayor narcolaboratorio que se haya descubierto.
Mientras la Fiscalía General de la República se dispone a interrogar a medio centenar de policías ministeriales de Chihuahua para indagar quién permitió la “injerencia” extranjera, Estados Unidos presenta su Estrategia Nacional Antidrogas en la que México es visto como el epicentro de un problema que afecta su seguridad nacional, la seguridad binacional (y hasta la transcontinental).
Al mismo tiempo, el obradorato tiende un manto protector sobre el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve de sus funcionarios y exfuncionarios acusados de narcotráfico, haciéndose bolas una semana con la interpretación de una explosiva pero sencilla solicitud de captura con fines de extradición del Departamento de Justicia estadunidense.
Dos miradas, dos prioridades, dos formas abismalmente distintas de asumir la realidad:
Aquí, el énfasis está en la demagógica “defensa de la soberanía” y búsqueda tardía de responsabilidades administrativas y/o penales, y del otro lado se revela un diagnóstico brutal del flujo de estupefacientes que tiene en México su principal plataforma de producción y distribución.
El oficialismo se escandaliza por una colaboración “indebida” que contribuyó a debilitar estructuras criminales, pero el gobierno de Trump pone a México en el centro de una crisis sanitaria que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
Lo preocupante no es el señalamiento, sino la falta de una respuesta pronta que vaya más allá de la indignación discursiva.
Si bien es cierto que “la soberanía no es negociable”, también lo es que el crimen organizado no reconoce fronteras ni formalismos jurídicos.
Pretender combatirlo con una franciscana y tacaña lógica doméstica o, peor aún, subordinando las prioridades de seguridad a consideraciones político-electorales, es una apuesta destinada al fracaso y al ridículo.
En tal disonancia, una estrategia compartida contra un enemigo común es lo que se impone.
El éxito del operativo en Chihuahua debiera ser motivo de un análisis serio sobre las capacidades, limitaciones y posibles áreas de cooperación en la lucha mexicana contra el narcotráfico, pero se ha convertido en un campo de disputa ideológica donde lo importante no es qué se logró, sino quién participó y bajo qué narrativa se interpreta.
Al final, mientras México se mira a sí mismo con una susceptibilidad exacerbada y paranoide frente a cualquier sombra de intervención externa, Estados Unidos lo observa como núcleo de una crisis que exige respuestas urgentes que, insensatamente, no se le dan...
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¿Sacrificar a Rocha?/Jorge G. Castañeda
El Universal,
Aplacar, apaciguar o complacer a Trump constituye una estrategia —la verdadera— agotada. Lo sentenció The Wall Street Journal hace quince días, y los últimos acontecimientos, más lo que se acumule esta semana, lo demuestran. Haber enviado tropas a la frontera norte, aceptar deportados no-mexicanos, imponer aranceles a productos chinos, enviar ilegalmente a 92 narcos a Estados Unidos, intentar cumplir con más de cincuenta demandas norteamericanas antes del arranque de las negociaciones del T-MEC, suspender de inmediato las entregas de petróleo gratis a Cuba, no ha bastado para evitar nuevas exigencias estadounidenses. Ni siquiera el incremento de sobrevuelos de aviones espía, de drones, o la presencia encubierta de numerosos efectivos de seguridad —nadie puede creer seriamente que los cuatro agentes de la CIA en Chihuahua sean los únicos— ha resultado suficiente. Concuerdo con mucho de lo que Sheinbaum ha cedido: no le quedaba de otra. Quienes piensan que existía, o existe, un margen de negociación, por estrecho que sea, con Trump, se equivocan. Los casos de Mertz, en Alemania; Macron, en Francia; Modi, en la India; Meloni, en Italia, demuestran de manera palmaria que el actual ocupante de la Casa Blanca es insaciable. Ni hablemos de Venezuela o Irán.
Ello no significa que la única alternativa ahora consista en la resistencia o la negativa a aceptar las exigencias de la Casa Blanca. Si el Plan A de Sheinbaum, pactado o no con López Obrador, incluye repetir la jugada de Cienfuegos —devuélvanlo, y lo juzgamos aquí—, no va a funcionar. En aquella época lejana, AMLO pudo apoyarse en la renuencia del procurador William Barr, y en la debilidad del caso contra el militar mexicano, para lograr que Washington reculara. Blanche no es Barr; Wiles y Miller no son Kelly o Meadows. Y el caso contra Rocha Moya, preparado durante varios meses por el Southern District (no por la DEA), es mucho más sólido, y abarca más cargos.
En el fondo, la acusación de 34 páginas no contiene nada que muchas fuentes en México ya hayan revelado. El truco prescribió. Si el gobierno mexicano en lugar de conceder la detención y la extradición, investiga al exgobernador y lo exonera, será como si hubiera negado la solicitud de Estados Unidos. No existe en México —y en ningún país salvo China, la India y Brasil, tal vez— la capacidad de resistir las consecuencias de un tal rechazo a Trump. Creo que Sheinbaum lo sabe, y solo está buscando la manera de reducir el costo político interno de sacrificar a Rocha, y de achicar la lista de los que siguen. Ella también sabe que por lo menos, en lo tocante al pacto electoral con el narco, varios gobernadores son culpables.
Pero que de alguna forma se vea obligada a entregar a Rocha no significa que vaya a utilizar el hecho para proceder, como tantos quisieran/esperan/suplican: purgar al gobierno, a su partido y a su equipo de corruptos, narcos, lopezobradoristas o demás impresentables (muchos revisten todos estos atributos). No posee la fuerza, la disposición ni la capacidad política para hacerlo. Llevamos más de un año y medio del sexenio, y a pesar de decenas de vaticinios esperanzados e ingenuos, la ruptura no se consuma, y la distancia no se ensancha. Cambiar al director de la UIF o colocar a una colaboradora de AMLO (Montiel) en lugar de otra (Alcalde) no equivale a trepar a Calles en un DC-3 para despacharlo a San Diego.
López Obrador dejó al país en una situación de extrema vulnerabilidad. En todos los frentes. El más delicado, sin embargo, fue siempre el del narco y la seguridad frente a Estados Unidos, y frente a la sociedad mexicana. No se trata solo de “abrazos, no balazos”, sin negociar si quiera el repliegue del crimen organizado ante su core business: la droga. El nuevo pecado yació en el quid pro quo electoral: los cárteles ayudan a ganar elecciones, y los candidatos ganadores garantizan, de entrada, la persistencia y el florecimiento del negocio. Por primera vez desde 1997, las elecciones en México se mancharon realmente —no como las quejas babosas de Morena sobre 2006– de ilegitimidad. Tuvieron que ser los norteamericanos quienes denunciaran ahora con consecuencias, lo que ya se sabía. La última vez que alguien se burló de Trump —Maduro bailando en Caracas— no salieron muy bien las cosas. “¿Cuál es la urgencia?”. No sé si haya sido buena idea.
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