Las columnas políticas hoy, martes 29 de septiembre de 2026

El hijo de un expresidente pone a prueba al partido gobernante de México". NYT.

Las paredes de Washington tienen una vieja costumbre: cuando no pueden dictar una condena judicial, optan por administrar filtraciones. Este martes, el eco de esos pasillos impactó el corazón político de México, trayendo consigo un nombre que no requiere presentación y que, de golpe, sacude el tablero: Andrés Manuel López Beltrán.

El reciente reportaje de The New York Times —firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher— exige una lectura quirúrgica. El texto revela que dos agencias estadounidenses escudriñan supuestos vínculos de "Andy" con el crimen organizado y el lucrativo contrabando de combustible: el llamado huachicol fiscal.

Sin embargo, en el áspero terreno del derecho y la geopolítica, la distancia entre las sospechas de una agencia de seguridad y el fallo de un juez es abismal. Hasta este minuto, nos encontramos ante un escrutinio preliminar sostenido por fuentes anónimas y reportes de inteligencia, no ante un expediente judicial sólido con acusaciones formales.

Pero en la arena pública, la política aborrece los vacíos, y las percepciones suelen pesar tanto como las pruebas. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este no es un simple titular de prensa internacional; es un dilema estructural que habita en las entrañas de su propio partido.

La mandataria enfrenta una encrucijada compleja: ¿cómo preservar el respeto al legado familiar del hombre que fundó su movimiento, sin permitir que las sombras de la sospecha erosionen la credibilidad de su naciente administración?

Es un hecho que el gobierno de Sheinbaum ha dado muestras de mano dura, procesando a más de un centenar de funcionarios en un intento por depurar las instituciones. No obstante, cuando los señalamientos apuntan a la cúpula del obradorismo, el desafío adquiere otra magnitud. 

Históricamente, las filtraciones mediáticas, la presión bilateral y la amenaza de sanciones administrativas son herramientas que Washington instrumentaliza como mensajes de desgaste táctico.

Pero, la objetividad periodística nos obliga a trazar una línea: condenar a un actor político en el tribunal implacable de la opinión pública, basándose exclusivamente en el "limbo de la sospecha" de agencias extranjeras, equivale a un linchamiento anticipado. 

En términos estrictamente jurídicos, una indagatoria sin acusación formal es la nada. Aun así, en el terreno de la realpolitik, la cancelación de su visa estadounidense no es un detalle menor: es el primer golpe tangible, una sanción administrativa que Washington suele emplear como un sonoro mensaje de presión.

Ante este escenario, la ingenuidad es un lujo inasequible en el poder. El verdadero juicio hoy no se libra en las cortes de Nueva York, sino en la narrativa pública mexicana. López Beltrán transita sobre una delgada línea: porta el apellido que representa la mayor maquinaria movilizadora de votos del país, pero, simultáneamente, encarna hoy el flanco de mayor vulnerabilidad para Palacio Nacional...

El humo mediático ya domina el ambiente. Faltará ver si el tiempo y las pruebas confirman el fuego, o si este episodio se reduce a las cenizas de la habitual guerra de poder.

Para la historia inmediata… 

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Chihuahua

En una jornada marcada por el debate sobre los límites de la justicia y la protección de la democracia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redefinió las reglas del juego electoral para Chihuahua. El máximo tribunal determinó que el Congreso estatal debe actualizar su legislación para sancionar la injerencia extranjera y, al mismo tiempo, matizó el rigor de las sanciones directas contra candidatos por la intervención del crimen organizado.

El pleno ordenó a los legisladores locales subsanar una omisión en las recientes reformas promovidas por la gobernadora panista María Eugenia Campos, exigiéndoles incorporar la influencia extranjera como causa directa para anular unos comicios. A la par, los ministros validaron que la participación sistemática, grave y dolosa de la delincuencia en un proceso electoral es un motivo legítimo para invalidar los resultados de la elección.

El punto de quiebre en la sala, sin embargo, se centró en el castigo para los aspirantes. Una mayoría de siete ministros invalidó la porción de la ley que dictaba la pérdida o cancelación automática del registro de las candidaturas por estas infracciones. La discusión expuso un contraste de visiones jurídicas: la ministra Yasmín Esquivel votó en contra de la invalidez, argumentando con firmeza que "no es posible tolerar este tipo de actos de delincuencia en una democracia" y que la pérdida del derecho a participar es una medida que no admite modulación.

En contraste, los ministros Irving Espinosa Betanzo y el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, apelaron al principio de proporcionalidad. Explicaron que el sistema de justicia requiere equidad; la autoridad no debe aplicar un castigo ciego y automático, sino que debe contar con un margen de maniobra para individualizar y graduar la sanción dependiendo de las circunstancias y la gravedad de cada conducta.

El eco de los estrados resonó de inmediato en el escenario político estatal. Las acciones de inconstitucionalidad que derivaron en este fallo fueron promovidas originalmente por diputados de Morena. Tras la resolución, la gobernadora Campos emitió un posicionamiento en el que acusó a dicha facción política de litigar contra la reforma para remover los obstáculos legales que impedían el uso de recursos ilícitos y la manipulación electoral en el estado.

Aunque la mandataria reconoció el voto disidente de la ministra Esquivel y garantizó que su gobierno acatará el fallo institucional de la SCJN de manera cabal, la crónica de esta disputa legislativa concluyó con una advertencia sobre los próximos pasos de su administración frente a la vulnerabilidad electoral: "Si nos cerraron el camino, abriremos otro".

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Las columnas políticas hoy, martes 29 de septiembre de 2026

Las prisas de Fernanda Tapia, la multichambas de Radio Educación

Bajo Reserva/ El Universal

Ayer, la directora de Radio Educación, Fernanda Tapia, envió un correo electrónico muy formal a este diario para solicitar derecho de réplica a la información publicada en la primera plana sobre su declaración patrimonial, en la que declara ingresos por más de 25 millones de pesos en 2025. Se menciona que una parte de esa cantidad está conformada por ingresos adicionales a los de su sueldo, entre ellos algunos como remuneración de múltiples trabajos que desempeña a la par de su responsabilidad como funcionaria pública. La nota también da cuenta de que Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación, asegura que doña Fernanda “no va mucho tiempo” a la emisora, y que eso es algo que ha sido comentado con la Secretaría de Cultura. Desde luego, había un gran interés por leer su réplica a la información, solo que, al parecer, ocurrió un pequeño, pero importante, olvido: nunca adjuntó algún archivo con la réplica. Más tarde, en su cuenta de X, publicó un video, mientras iba a bordo de un vehículo en un trayecto, diciendo que la respuesta la daría a conocer la Secretaría de Cultura. ¿Será que entre tantas chambas doña Fernanda salió corriendo y se le olvidó adjuntar el archivo, o quizá no tuvo tiempo de escribir su postura y le encargó esa chamba a algún machuchón de Cultura?

Los senadores de Morena que quisieran votar contra la línea oficial

Nos dicen que quienes están que no los calienta ni el sol son algunos senadores y senadoras de Morena, quienes este martes están obligados a votar a favor de la minuta de la presidenta Sheinbaum sobre doble nacionalidad. Nos hacen ver que legisladores morenistas con doble nacionalidad y que tienen la ambición de buscar una gubernatura se han planteado la posibilidad de renunciar a la nacionalidad estadounidense en busca de poder seguir con sus aspiraciones políticas en México, pero hay un tema que les preocupa: Estados Unidos debe aceptar esa renuncia, por lo que no depende totalmente de su decisión. Varios de los afectados por esta medida, nos dicen, desearían no apoyar esta iniciativa, pero están obligados a hacerlo. Las desventajas de estar en una bancada donde no hay espacio para desacatar las órdenes del Ejecutivo.

El temor de Rosa Icela Rodríguez

Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Senado de la República arrancará la próxima semana las comparecencias por la glosa del segundo informe presidencial. Sin embargo, la funcionaria no estará ante el pleno de la Cámara Alta, sino sólo ante la Junta de Coordinación Política. Nos recuerdan que el año pasado su comparecencia sí se desarrolló ante el pleno del Senado, sin ningún incidente ni falta de respeto, por lo que no se entiende que ahora se vaya a realizar solo en petit comité. Hace un mes, la funcionaria también acudió al Senado, pero para participar con los suyos en la plenaria del grupo parlamentario de Morena, y en esa ocasión pidió que su intervención fuera a puerta cerrada, sin la presencia de los medios de comunicación. ¿A qué le temerá doña Rosa Icela?

¿Aparecerá, una vez más, la aplanadora Morena en San Lázaro?

Nos comentan que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, comandada por el morenista Carol Antonio Altamirano, tienen el horno a punto para dar salida a los dictámenes de la Ley Aduanera y la Ley de Economía Digital este 1 de octubre. La duda que varios tienen en San Lázaro es si las largas horas de foros y mesas de consulta con el sector privado realmente sirvieron para moverle alguna coma a las iniciativas, o si pasarán tal como fueron enviadas. Haga sus apuestas: A) Habrá cambios. B) Una vez más aparecerá la clásica aplanadora y habrá cero modificaciones. Los momios se inclinan hacia la opción B.

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Estrictamente Personal

El pozo de Juchitán/ Raymundo Riva Palacio

El Financiero, strictamente Personal

septiembre 29, 2026 | 4:21 hrs

Juchitán, dicen las autoridades en Oaxaca, está inmerso hoy en una profunda reorganización política y de seguridad. Es una pantomima. La seguridad no regresará, aunque la violencia se dé una pausa mientras se enfría el ambiente tras la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano la semana pasada, acusado de ser parte de Los Cromos, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en esa región zapoteca. Sánchez Altamirano era una pieza menor del entramado criminal, un subordinado del jefe de la estructura, su protector Emilio Montero, a quien, por intermediación de varias figuras de Morena, incluido un secretario de Estado, le congelaron una orden de aprehensión por sus lazos con el crimen organizado.

Montero es clave en la estructura delincuencial en toda la región y, de acuerdo con funcionarios federales, responsable directo de la violencia que rompió el equilibrio de poderes político-criminales en Oaxaca, con una serie de asesinatos durante las fiestas tradicionales en mayo, llamadas “Velas”, rompiendo un viejo pacto no escrito entre los diferentes grupos delincuenciales de mantenerse sin acciones violentas durante esas celebraciones altamente populares.

Tras la captura de Sánchez Altamirano, Montero renunció a la dirección del Instituto de Educación de Oaxaca, equivalente a la Secretaría de Educación estatal, desde donde había tejido redes para ir debilitando al Cártel de Sinaloa, que era la fuerza criminal predominante en Oaxaca hasta que la construcción del Tren Transístmico le abrió la puerta al cártel de las cuatro letras. Las autoridades federales y estatales están buscando contener en el exalcalde la putrefacción social, política y criminal que se vive en el estado, y evitar que llegue al más alto nivel del poder estatal.

Oaxaca no estaba en el radar público como un estado de alta violencia, pero es uno de los ejemplos más claros de cómo se fue entreverando la política con el CJNG, desplazando al Cártel de Sinaloa en medio de una lucha entre dos zapotecos, Montero y el senador Antonino Morales, que, paradójicamente, es el delfín del gobernador para sucederlo.

El senador es señalado por las autoridades como quien controla la ruta de migrantes en Oaxaca y está involucrado en el huachicol básico, que son los piquetes a los ductos para robarse el combustible. Martínez es de Tehuantepec, también en la región zapoteca e históricamente enemistado con Juchitán, que es la persona a la que está impulsando el gobernador para sucederlo en 2028, y disputa con Montero el territorio político-criminal en Juchitán y Tehuantepec.

Como alcalde de Juchitán, que gobernó en dos ocasiones de 2019 a 2022, Montero viajó a Tlaquepaque y se reunió con varios jefes del CJNG para pedirles ayuda. Resultado de aquella negociación, recibió el apoyo de un operador importante del CJNG, que tiene varios apodos, como El español, porque fue en España donde se vinculó con esa organización criminal, El fantasma, El fallo y El fallín, y que operaba en la región zapoteca desde que colaboró con la Guardia Nacional para obligar a las comunidades indígenas que resultarían afectadas por el paso del Tren Transístmico a cederles derecho de vía, con lo que esa organización comenzó a controlar la plaza. El fantasma fundó Los Cromos en 2023, que sirvió a Montero como un grupo armado en su pelea con el senador Martínez.

El gobernador está jugando doble. Montero y Sánchez Altamirano le abrieron la puerta de Juchitán a su hermano, Noé Jara, que es coordinador de la Secretaría de Gobierno del ayuntamiento de Oaxaca capital y encabeza desde las sombras la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del estado de Oaxaca, conocida por sus siglas ASAEO, que desplazó de la región a CATEM, el sindicato que preside el vicecoordinador de los diputados de Morena, Pedro Haces.

La investigación que llevó a la captura de Sánchez Altamirano, que heredó la alcaldía de Montero, comenzó a finales de julio por el asesinato del periodista Alejandro Leyva, que desde su columna El Zumbido del Moscardón ejerció una consistente e informada crítica al gobierno de Salomón Jara y hablaba de la intervención del CJNG en los asuntos estatales. Cuatro miembros del ASAEO, a cuyos líderes también criticaba, fueron detenidos como presuntos responsables del crimen y están bajo proceso. El asesinato llevó a las autoridades federales a prestar nueva atención en Oaxaca, que desde entonces se fue deteriorando social, política y criminalmente.

El segundo asesinato relevante para la investigación se dio hace dos meses en Tehuantepec, donde sicarios del CJNG mataron a una decena de miembros de otra organización criminal, encabezada por José Arturo López Betanzos, apodado El Comandante Viento, llamado así por tener experiencia en la construcción de pistas para avionetas con droga en zonas donde hay fuertes corrientes de viento, como en La Ventosa, que se había mantenido como fuerza autónoma en la región del Istmo. Tras el asesinato, negoció una alianza con Ricardo Estévez Colmenares, apodado El Bogar, un importante líder criminal en la región de la costa, ligado con el Cártel de Sinaloa. Los dos pertenecen a la vieja guardia del crimen organizado en el sur del país.

Las redes de vínculos que se han venido estableciendo tras los dos asesinatos conducen al corazón del gobierno de Salomón Jara, no sólo por la vinculación de su hermano con grupos criminales, de acuerdo con funcionarios federales, sino por los nexos con Montero y su socio, Jesús Romero, secretario de Gobierno del estado, y Karina Barón, la responsable de las Mesas de Coordinación para la Paz y la Seguridad, y por un esfuerzo de ir haciendo un relevo generacional y de organizaciones criminales en la entidad.

La descomposición fue siendo retratada por Leyva en El Zumbido del Moscardón y, poco antes de ser asesinado, denunció en la Fiscalía General de la República que hacía responsables, si le sucedía algo, al gobernador, al secretario de Gobierno y al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, pero no hicieron nada, ni para abrir líneas de investigación sobre la putrefacción que se estaba viviendo, ni para protegerlo.

Con el arresto de Sánchez Altamirano parecía que finalmente el gobierno federal intervendría. En efecto lo hizo, pero para frenar las investigaciones y las acciones, dejando en libertad a Montero, sin judicializar la información que se tiene del senador Morales, y permitiendo que el gobernador Jara siga mangoneando las cosas en Oaxaca, pese a que él sería el primer responsable, cuando menos político, de la tragedia que se está viviendo en su estado.

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El almirante Ojeda/ Raymundo Riva Palacio

 Eje Central 

1er. TIEMPO: Destaparon la cloaca sin saberlo. En marzo del año pasado, las presiones del gobierno de Donald Trump sobre el mexicano, tenían una inusual intensidad. Quería que los dejara participar en acciones contra los cárteles, entregar a narcotraficantes buscados por la justicia estadounidense, reducir el tráfico de fentanilo, y, sobre todo, actuar penalmente contra una lista, en ese tiempo se contaban los nombres con las dos manos, que señalaban por sus vinculaciones con el crimen organizado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad y les dijo, de manera abierta y ambigua, si tenían algo, una investigación en curso que pudiera ser concluida para aminorar la presión de Washington. El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, recordó que el jefe de la Primera Zona Naval en Tampico, le había comentado poco después de asumir el cargo, que tenía una investigación sobre contrabando de combustible. En ese momento, meses atrás, no le había hecho caso, pero ante la urgencia de la presidenta, se lo comentó. Sheinbaum le pidió que lo llevara a verla y el almirante le explicó lo que tenía. La pregunta preguntó qué necesitaba; apoyo con personal, únicamente, respondió. La presidenta le dijo que contaba con lo que pedía y le ordenó regresar a Tampico para ejecutar la operación. 

Mientras el almirante viajaba e iniciaba la acción, no se dejó salir a ningún miembro del gabinete de seguridad del salón, quedando incomunicados, porque jamás se entra a esas reuniones con teléfonos. No quería la presidenta una filtración. El almirante produjo el aseguramiento del buque Challenge Procyon y el decomiso de 10 millones de litros de diésel de contrabando.Otro buque con un volumen similar, logró escapar. La Fiscalía General encontró una telaraña del horror en las entrañas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de marinos, funcionarios federales, agentes aduanales, abogados, contadores y empresas legalmente establecidas que ganaron ilícitamente cientos de miles de millones de pesos

A la cabeza de esa red se encontraban los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, a quien el gobierno quiso esconder. No pudo porque el 3 de septiembre, durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Palacio Nacional, le comentó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que tenían registrados esos nombres como las cabezas del contrabando fiscal. Eso hacía imposible el encubrimiento. Lograron desplegar un blindaje a Ojeda, endeble, con hoyos por todos lados, pero que lo mantiene libre, pese a su conocimiento, cuando menos, del cáncer del huachicol fiscal que infectó a la Marina.

2º TIEMPO: Cómo nació el huachicol fiscal. En su idea, que no estrategia, de destruir todo lo que tenía que ver con el pasado, el recién juramentado presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran idea: un desabasto de combustible inducido para comprar su lealtad ante las acciones radicales que estaba tomando, como la orden para no enfrentar al crimen organizado y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Quería que la Secretaría de la Defensa adquiriera pipas para el transporte del combustible y “resolver” el desabasto, por lo que instruyó al entonces canciller Marcelo Ebrard que las comprara. En enero de 2019, López Obrador anunció la firma de contratos para adquirir las primeras 571 pipas, que serían entregadas al Ejército. Lo que no había calculado era que el desabasto se le saliera de las manos al entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Conseguir combustible rápido se convirtió en prioridad. Ebrard propuso un esquema de simulación fiscal, que no le gustaba mucho a López Obrador, porque sentía que iba a impactar en su popularidad. Pero no tenía de otra. Participaron en su instrumentacióndos directores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, y para el último tercio del sexenio, una quinta parte de todos los petrolíferos vendidos en México provenían del contrabando.

 El contrabando de diésel era prácticamente inexistente en México hasta 2018,cuando el diferencial negativo diario de barriles de diésel de exportaciones contra importaciones era 25 mil en ese año. Para 2019, las cosas habían cambiado significativamente. El diferencial negativo que subió a 57 mil en 2020, y se elevó en 2021, año de elecciones intermedias, a 88 mil. Para 2022, bajó a 15 mil, y en 2023, en vísperas de la campaña presidencial, se situaba en 21 mil. Durante ese periodo, el contrabando de diésel sumó casi 12 mil millones de litros, con pérdidas al erario en impuestos por más de 71 mil millones de pesos. El combustible que entró de contrabando tuvo múltiples utilidades. En 2021 financió campañas electorales de Morena, y siete gobernadoras y gobernadores llegaron al poder con dinero ilegal. Se utilizó para financiar tramos de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía. Abrió oportunidades de negocios a un grupo de empresarios que crecieron al amparo de los hijos del expresidente y fortaleció las dos ramas del contrabando de combustible que se juntaron en esa estrategia, la de Chiapas y Tabasco, donde aparecían el senador Adán Augusto López Hernández y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Pero sobre todo, metió de lleno la corrupción a la Marina, donde el entonces secretario, José Rafael Ojeda, aunque protegido hasta la ignominia por el gobierno, quedará señalado como el militar que destruyó una respetada institución.

3er. TIEMPO: ¿Dónde está Ojeda? Cuando estalló el escándalo en la Marina en septiembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hablara con el almirante José Rafael Ojeda, para que participara en la estrategia de salida para él en el escándalo que estaba creciendo, y advertirle que si no funcionaba su plan, tendría que hacerse responsoble por el desastre que había dejado en la Secretaría de Marina. Ojeda decidió, como estrategia, esconderse de la opinión pública. Se fue a Cancún a un departamento frente al mar que tiene un costo de 15 millones de pesos, en donde vivió por meses -en su declaración patrimonial no aparece esa propiedad, aunque no hay documentación que demuestre que él la compró-, y ahí se escondió mientras que dos fiscales, Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, siempre lo defendieron, señalaron que era inocente de lo que habían hecho sus sobrinos políticos -que dicen lo contrario-, y que no había ninguna investigación en su contra. La prensa lo buscaba y no lo encontraba, preguntándose ¿dónde estaba? Ojeda no andaba en fuga. En la Secretaría de la Marina sabían en dónde estuvo en todo ese tiempo, porque un exsecretario de las Fuerzas Armadas nunca pasa a retiro y tiene la obligación de informar en dónde se encuentra. Recientemente lo vieron jugando golf los sábados en el Club Campestre, junto a los legendarios Estudios Churubusco, en el sur de la Ciudad de México, sin mayor preocupación visible. Se sabe protegido porque es una pieza clave en la trama del huachicol fiscal, y la puerta de entrada en dado caso que llegara a ser juzgado, que llevaría directamente a Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el presunto gerente de la red criminal que se tejió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que terminaría, inevitablemente, conectando al expresidente con sus ilícitas actividades.

X: @rivapa_oficial

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FGR, el eslabón más débil/Jorge Fernández Menéndez

Excelsior, 29 septiembre, 2026

Si algo hacía falta para comprobar que la FGR es el eslabón más débil de la cadena judicial y de seguridad, el reportaje divulgado ayer por Irving Pineda de Azteca Noticias sobre Jorge Amilcar Olán, residiendo en Lugano, Suiza, el país en el que depositó una fortuna millonaria cuando abandonó México, es la mejor demostración de la negativa de las autoridades para investigar presuntos delitos que han tenido amplia difusión en medios y que para la fiscalía no existen.

Sobre Jorge Amilcar Olán existen elementos de todo tipo como para iniciar una investigación judicial y por lo menos llamarlo a declarar. Hay grabaciones en las que Olán, hablando con distintos personajes, se refiere al suministro de balasto para obras ferroviarias como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. En uno de los audios, Olán dice que Gonzalo “Bobby” López Beltrán le dio la instrucción de producir “500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre”. También se difundió otro fragmento en el que Olán afirma que “Bobby” le facilitaría el acceso a minas en Oaxaca, en las que se deduce que habría pagado sobornos para evitar la revisión del material utilizado en las vías férreas.

En la grabación, Olán conversa con Pedro Salazar, primo de los hijos del exmandatario, sobre pagos a laboratorios para avalar la calidad del balastro, la piedra que da estabilidad a las vías, aun cuando reconocen que el material podría provocar fallas futuras. La parte más polémica de uno de esos fragmentos es la frase sobre que, si el tren se descarrilaba, “ya sería otro pedo”. 

Se exhibieron audios en los que Olán presuntamente habla de pagos o sobornos para evitar pruebas físicas y químicas al balasto, de modo que el material no fuera sometido a controles rigurosos antes de utilizarse en las obras.

En agosto de 2026, Latinus difundió nuevas grabaciones atribuidas a los hermanos Olán, Amilcar y Luis Alberto. En ellas hablan de contactos con personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para proteger minas y operaciones de balasto en Veracruz frente a extorsiones, una relación criminal que habría servido para controlar minas y garantizar el suministro de material para el Tren Maya y el Tren Interoceánico. 

Se podrá argumentar que los audios no constituyen necesariamente la prueba material de un delito, pero sin duda son indicios que deben ser investigados, porque estamos hablando, además, de negocios realizados por un presunto empresario sin experiencia alguna en esas actividades y menos aún de esa magnitud, y que resultó beneficiario de todo tipo de contratos, desde balasto para vías férreas hasta proveer medicinas, a partir de la relación de amistad con los hijos del ex presidente.

Resulta evidente que, por lo menos, ameritaría una investigación que Ernestina Godoy dice que no se ha abierto e incluso se dijo que no se sabía su localización. Pues bien, ahora se sabe que está en Lugano, una de las ciudades más caras del mundo, que cambió su apariencia y que utiliza de otra forma su nombre. Que allí se esconde. Esa información enlaza con la que ya había sido difundida de que, terminando la administración López Obrador, había sacado del país tres mil millones de pesos, casi 170 millones de dólares al cambio actual, que fueron depositados en Suiza.

El argumento de no saber dónde está un presunto involucrado en este tipo de delitos también se aplicó desde la FGR para el ex secretario de marina, Rafael Ojeda, directamente relacionado con el caso de contrabando de combustible que involucra a sus dos sobrinos, los hermanos Farías Laguna, que tuvieron durante su gestión altos mandos en la Marina y en áreas de Aduana. Es imposible que no se conozca la ubicación del almirante Ojeda porque un secretario de la Marina (lo mismo ocurre en la Defensa) cuando termina su encomienda no se retira, continúa como asesor de su sucesor y como tal está en activo y siempre localizable por su superior. Se trata simplemente de demandar su presencia. 

Es más ridículo porque hasta hace unos días, Ojeda disfrutaba cotidianamente de un campo de golf muy exclusivo en la ciudad de México. Con regularidad jugaba los sábados 8.45 de la mañana. Recordemos que existe una grabación del almirante Ojeda con el contraalmirante Ruben Guerrero Alcantar que denuncia el contrabando de combustible, el denunciante, al igual que otros involucrados, fue poco después asesinado. El caso también termina relacionando a los hijos del ex mandatario y a políticos como Adán Augusto López. No sólo a ellos sino también a empresas identificadas con el CJNG. Ninguno ha sido siquiera citado a declarar.

Tampoco la FGR ha podido avanzar en las investigaciones sobre Rubén Rocha o Enrique Inzunza, acusados por la justicia estadounidense de trabajar con el cártel de los Chapitos. Vamos, ni siquiera ha podido esclarecer qué sucedió hace más de dos años con la extracción de Ismael El mayo Zambada y con la muerte, ese mismo día de Héctor Melesio Cuén.

Las huellas de la corrupción son evidentes y no se investigan porque las mismas llegan hasta Palenque. Mientras tanto, los esfuerzos nacionales en muchos otros ámbitos, como la seguridad, se deterioran porque sin justicia resulta imposible avanzar. Y eso sirve tanto para la lucha contra la corrupción, como en la seguridad y las inversiones. Hacer justicia es construir soberanía.

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La Feria

Zocalitis/Salvador Camarena

El Financiero, septiembre 29, 2026 | 

¿Campaña permanente o autoafirmación con las bases? La presidenta Claudia Sheinbaum tiene Zocalitis. En dos años, ha llenado la plaza mayor de México en seis ocasiones (siete si contamos el acto que se movió al Monumento a la Revolución). ¿Qué nos dice eso?

Un recuento de la actividad en el Zócalo de Andrés Manuel López Obrador como presidente (diciembre de 2018 a octubre de 2024) da por resultado ocho mítines en esa plancha en el sexenio (por supuesto, en ese periodo se atravesó la pandemia). De cualquier forma, el volumen de eventos del fundador del movimiento con su sucesora es contrastante. Si hace uno más en diciembre, lo empata. 

Estamos hablando solo de actos de carácter militante. No hay en el recuento desfile alguno del 16 de septiembre o acto conmemorativo por los terremotos del 19 de septiembre. Puro mitin de Morena para Morena, incluso contando uno del 18 de marzo que AMLO se apropió.

El tabasqueño desbordó el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 para recibir el “bastón de mando” y lanzó una arenga de arranque sexenal, donde mencionó sus 100 compromisos. El 1 de julio siguiente, daría un informe de actividades por el primer aniversario de su triunfo electoral. El 1 de diciembre de 2019, de nueva cuenta llenó el Zócalo para un balance anual. Meses después llegó la pandemia por Covid. 

AMLO rebosó de nuevo la plaza mayor en diciembre 21 para celebrar tres años de gobierno. Y el 27 de noviembre de 2022 fue la nutrida marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. El 18 de marzo de 2023, con corcholatas en el mitin, advirtió que a diferencia de tiempos del general Cárdenas, cuya expropiación 85 años atrás se honraba, en su sucesión no habría zigzagueo, nada de corregir, sí a radicalizar.

El primero de julio siguiente, de nuevo a llenar el Zócalo. En el festejo por el 5º aniversario de su elección Andrés Manuel negó que hubiera un “narcoEstado”. Un año después, habiendo ganado la elección Claudia Sheinbaum, López Obrador decretó ahí: “misión cumplida”.

Por su parte, Sheinbaum también tomó el bastón de mando en esa plaza, el 1 de octubre de 2024; a los cien días –12 de enero– volvió ahí para dar un informe por su arranque de gobierno; el 9 de marzo hizo una asamblea informativa en medio de la presión de Trump (ese día le dieron la espalda prominentes morenistas para tomarse una foto), y el 5 de octubre de 2025 retornó para celebrar su primer año.

El 6 de diciembre de 2025 hubo la concentración por los “siete años de transformación”; luego del Rochazo de Estados Unidos el 29 de abril en contra de la élite política de Sinaloa, y dado que el Zócalo estaba ocupado por el Mundial, el 31 de mayo el mitin fue en la Plaza de la República (ahí dijo que no iba a entregar ni a uno porque le pedirían más), y finalmente el domingo pasado. Siete en dos años.

Este recuento no pasa por alto la gira en tándem que hicieron AMLO y CSP luego de la elección. Dos meses –de mediados de junio a mediados de agosto– visitando las 32 entidades durante fines de semana. Tampoco la modalidad Sheinbaum de hacer, tras cada informe de gobierno del 1 de septiembre, un recorrido nacional de mítines en los estados. Mucha vitamina “P” (de plaza, de pueblo).

En varios de los actos zocaleros de Claudia han destacado como referencia Trump y/o el concepto de defensa de la soberanía: “Con EU, respeto, no subordinación”, dijo el 12 de enero de 2025, por ejemplo. Pero hay otras cosas qué explorar. 

Esta movilización, ¿a quién le funciona? ¿A la Presidencia? ¿Abona a su popularidad? ¿El discurso soberanista, parte del menú de muchas de las concentraciones, es una necesidad preventiva ante Trump, un ardid para mantener a la militancia energetizada, o sólo un placebo?

Quién paga las concentraciones y sobre todo qué le cuestan a la presidenta que las demanda: porque llenar el Zócalo le abre compromisos con sindicatos y líderes cuestionadísimos –el acarreo nunca fue sin costos políticos– e incluso con gobernadores.

Finalmente: ¿es la masa guinda la que necesita ver a su lideresa, o ésta la que precisa del baño de pueblo? Pero de que la presidenta Claudia Sheinbaum va que vuela por un récord de mítines, que ni qué. Zocalitis.

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