La farsa de la "Traición a la Patria"

La farsa de la "Traición a la Patria"

Por Fred Alvarez Palafox.

Llamemos a las cosas por su nombre: disfrazar una negligencia operativa de "traición a la patria" no es justicia, es pirotecnia política. Tener a César Jáuregui en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo el cargo más grave que contempla nuestra legislación es un despropósito jurídico. Un acto que desnuda la verdadera intención de la Fiscalía General de la República (FGR) y del sistema judicial que avaló este circo.

¡No nos equivoquemos! El saldo del operativo en Chihuahua es trágico y exige responsables. Que agentes de la CIA operen sin permisos federales vulnera gravemente los controles de seguridad nacional. Pero de ahí a tipificarlo como traición a la patria hay un abismo gigantesco.

El artículo 123 del Código Penal Federal exige dolo: la intención explícita de someter a la nación a un gobierno extranjero. La torpeza, la omisión administrativa o la falta de coordinación —por mortales que sean sus consecuencias— no son traición. Sostener lo contrario es una aberración jurídica.

A este cochinero legal hay que sumarle el elefante en la sala, esa pregunta incómoda y sin respuesta que apesta a maniobra de Estado: ¿por qué renunció —o hicieron renunciar— a la juzgadora que llevaba originalmente el caso?

Cambiar de manos un expediente de esta magnitud, en medio de la noche y a mitad del río, para que un nuevo juez dicte el auto de vinculación en tiempo récord, rompe con cualquier garantía de imparcialidad. Nos deben una explicación, y nos la deben ya. El silencio oficial sobre este relevo judicial solo alimenta la sospecha de que los fallos no se están dictando conforme a derecho, sino por encargo.

La FGR y el nuevo juez en turno le deben a México exactitud legal, no discursos patrioteros.

¿Bajo qué fracción exacta del artículo 123 sostienen la acusación? Sustituir la falta de pruebas con apelaciones al "amor a la patria" y a la "falta de lealtad" es un recurso discursivo barato, inaceptable en un tribunal federal.

El tufo a revanchismo es inocultable. En medio del choque político entre la presidencia de la República y la gubernatura de Chihuahua, este proceso huele más a un ajuste de cuentas partidista que a una genuina defensa de la soberanía.

La patria se defiende con protocolos claros, cooperación internacional regulada y transparencia institucional. Usar el delito de traición a la patria como instrumento de castigo y mover jueces a conveniencia no solo deslegitima al Poder Judicial y a la FGR; abarata nuestras leyes y convierte al Estado de derecho en una vulgar extensión de las disputas de poder.

Las instituciones están para impartir justicia, no para repartir adjetivos al calor de la coyuntura.

¡Para la historia inmediata!

P.D. A las 7:24 horas de este domingo, la FGR emitió un mensaje ufanándose de su logro: "Luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria". Eso sí, acompañan el texto con una fotografía del imputado con los ojos tapados y la obligada frase de que "se le presume inocente".

Vaya cinismo institucional: te tapan los ojos para fingir presunción de inocencia, mientras te aplastan con el peso político de una traición quizá inventada...

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¿Quiénes han sido acusados de traición a la patria en México?

Para entender la magnitud jurídica y política de este delito, basta con revisar la historia reciente. Acusar a un mexicano de traición a la patria es una rareza que el Estado reserva para casos extremos, o bien, para coyunturas muy específicas.

El caso Guzmán López: Entrega a domicilio Hace apenas un par de años -el 24 de julio-,  el gobierno mexicano invocó este delito contra Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo". La acusación fue clara: secuestrar y entregar en bandeja de plata a Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades estadounidenses. Mientras en México se armaba el expediente por traición, en una corte de Illinois, Guzmán López terminaba declarándose culpable por narcotráfico y crimen organizado,admitiendo de paso el secuestro del exsocio de su padre. Ahí, la acción de sustraer a un connacional para entregarlo a un gobierno extranjero fue directa e innegable.

Chihuahua 2003: Policías como sucursal del FBI El fantasma de la traición ya había rondado Chihuahua. En 2003 —hace exactamente 23 años—, más de 40 agentes de la policía municipal y de Inspección Fiscal Aduanal operaron al margen de cualquier ley nacional para complacer al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Todo derivó del robo de mercancía electrónica a un tren en territorio estadounidense en septiembre de 2002. Cuando el FBI pidió "ayuda", las autoridades locales chihuahuenses actuaron como cazarrecompensas: aprehendieron a 15 mexicanos y los entregaron a la inteligencia estadounidense en la frontera, pasándose por el arco del triunfo cualquier proceso legal de extradición.

Lecumberri y los Braceros (1945): El peso de la política Pero para encontrar el antecedente histórico más emblemático (y político) hay que viajar a 1945, durante el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho. Los diputados Carlos A.Madrazo, Pedro Téllez Vargas y Sacramento Joffre enfrentaron la maquinaria del Estado, acusados por presuntas irregularidades y tráfico de permisos para jornaleros en Estados Unidos bajo el Programa Bracero. El peso de la "traición a la patria" los sepultó en las crujías del Palacio Negro de Lecumberri. ¿El desenlace? Años después, tras el cambio de gobierno y la llegada al poder de Miguel Alemán Valdés, quedaron en libertad. Un recordatorio histórico de cómo la acusación más grave de nuestro Código Penal a menudo baila al son de los tiempos políticos.