Las columnas políticas hoy, martes 27 de octubre de 2026

 El gran elector: la democracia bajo el asedio del crimen 

El narcotráfico en México dejó de ser un simple administrador de rutas de trasiego para erigirse como un actor con innegable peso electoral. La lectura cruzada de las recientes columnas de Jorge Fernández Menéndez y Héctor de Mauleón expone una radiografía de esta transformación en el Triángulo Dorado. Lejos de figurar únicamente como capos prófugos en la sierra, perfiles como el de "El Guano" son descritos hoy como operadores políticos con la capacidad de influir en el destino de alcaldías enteras.

Los señalamientos periodísticos sobre una presunta reunión entre Ariadna Montiel —entonces secretaria de Bienestar y hoy dirigente nacional de Morena— y el hermano de Joaquín Guzmán Loera, plantean un escenario que trasciende los previsibles desmentidos oficiales. 

El análisis de ambos columnistas apunta a una doble vulnerabilidad del Estado: por un lado, la normalización de campañas políticas que parecen condicionadas al aval del crimen; por otro, el cuestionamiento a instituciones como el TEPJF que, al priorizar la formalidad, terminan validando comicios manchados por el robo de urnas y la coacción armada.

El corolario de esta crisis es ineludible. Al invisibilizar la presunta injerencia del crimen organizado en las urnas, el sistema político mexicano arriesga no solo su soberanía territorial, sino también su capacidad de impartir justicia. Si se mantiene la omisión institucional frente a estos supuestos pactos narco-políticos, el verdadero escrutinio de nuestra democracia terminará dictándose, de manera externa e irremediable, desde los testimonios y expedientes de las cortes en Nueva York o Chicago.

Para dimensionar la gravedad de este panorama, resulta indispensable la lectura de la columna Razones ("El Guano, la sierra, las elecciones") de Jorge Fernández Menéndez en Excélsior, así como la columna "En Tercera persona" de Héctor de Mauleón en El Universal: "La reunión de Ariadna con el Guano".

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El contralor ciego: la omisión selectiva en el INE

Por Fred Alvarez Palafox

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no solo evidenció una profunda crisis al interior del árbitro electoral; también puso bajo el reflector a una figura clave que, hasta hoy, operaba en la opacidad: el Órgano Interno de Control (OIC).

Las revelaciones conjuntas de Reforma y El Universal —entre otros medios— exponen el actuar de su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, y apuntan a un patrón preocupante de omisión, encubrimiento y fiscalización selectiva.

La narrativa oficial del OIC es tan contradictoria como frágil. En un escrito enviado recientemente a la Cámara de Diputados, reportado por Reforma, Carvente admitió estar investigando a 15 funcionarios, 8 personas físicas y 18 empresas por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés. Sin embargo, como lo subraya el reportaje de El Universal —firmado por Antonio López Cruz—, estas indagatorias, que detectaron irregularidades graves como flujos financieros atípicos y depósitos directos de proveedores, se mantuvieron bajo resguardo durante más de seis meses sin que se interpusiera una sola denuncia formal.

Lo que resulta insostenible es la justificación de la inacción. Mientras Carvente argumentó ante los legisladores estar "institucionalmente incapacitado" y "ciego" por no tener acceso a la información fiscal del SAT, el OIC a su cargo sí encontró la capacidad y la vista suficientes para desempolvar quejas electorales archivadas desde 2021 contra las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera; casualmente, el bloque más crítico a la gestión de Taddei.

Este uso faccioso del aparato fiscalizador erosiona gravemente la credibilidad institucional. Por un lado, se solaparon contratos irregulares vinculados al entorno de la hoy expresidenta —como los negocios de José Alfredo Hernández Casillas— y, por otro, se instrumentó una abierta persecución contra las voces disidentes.

La confirmación del diputado Ricardo Monreal de que estas investigaciones llevan medio año entrampadas bajo la excusa del "debido proceso", contrasta duramente con el reclamo de la oposición que exige la comparecencia de Carvente en San Lázaro. Sin embargo, un simple citatorio legislativo resulta a todas luces insuficiente: el titular del OIC debe separarse del cargo de manera inmediata y la Fiscalía debería abrir una investigación en su contra, cuando menos, por dejar pasar el cochinero que si descubrió el periodismo de investigación..

La crisis actual del INE demuestra que la opacidad no es un accidente burocrático, sino una herramienta de control. Permitir que el encubrimiento desde la Contraloría quede impune, bajo la complacencia legislativa, sería enviar un mensaje devastador: que el árbitro de la democracia operaba bajo reglas de impunidad y protección para quienes juraron defenderlo.

Las credenciales del contralor no son cualquier cosa. Su perfil ostenta la licenciatura en Ciencias Políticas por la UNAM, una especialidad en Prevención de Lavado de Dinero y la maestría en Políticas Anticorrupción por el INACIPE.

Que un especialista de semejante calibre no haya visto absolutamente nada durante dos largos años resulta, técnicamente, una píldora imposible de tragar. Y mientras el silencio prevalece, la duda queda flotando en el recinto de San Lázaro, donde fue designado: ¿qué grupo o qué mano meció la cuna para colocarlo ahí?

Historias de la sospecha... para la historia, más bien para la memoria inmediata.

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Las columnas políticas hoy, martes 27 de octubre de 2026

Taddei es Morena/ Carlos Loret de Mola

El Universal, 

AMLO la llamó honesta. Claudia festejó su compromiso con la austeridad. Durazo presumió su profesionalismo. Todos la arroparon. Ahora que respondan por ella

Los que iban a limpiar al árbitro terminaron teniendo que explicar la suciedad que generaron. Vaya ironía. La renuncia de Guadalupe Taddei al INE exhibe la farsa de Morena. Llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios, los lujos y la corrupción. Hoy, no hay semana en la que no se destape algún escándalo de privilegios, lujos o corrupción... o los tres, como en el caso de la presidenta del INE.

Guadalupe Taddei ya se fue. Pero el problema no se va con ella.

Taddei no apareció por generación espontánea. Su llegada al INE fue impulsada y celebrada por los principales personajes del oficialismo como un gran triunfo político. López Obrador la llamó honesta. Claudia Sheinbaum festejó su compromiso con la austeridad. Alfonso Durazo, su impulsor, presumió su profesionalismo y su integridad. Todos la arroparon. Todos la legitimaron.

Ahora que respondan por ella.

Pocas veces tenemos un ejemplo de funcionaria que encarne todos los vicios del gobierno actual: era árbitra pero era morenista, tenía a una decena de familiares en la nómina de gobiernos de Morena, su hijo es el secretario particular del presidente del Consejo Nacional de Morena, en el INE votó todo como Morena quiso, le dio la sobrerrepresentación a Morena para que tuviera 73% de los diputados aunque sólo hubiera sacado 57% de los votos, de la mano del régimen concentró todo el poder en el INE, generó tal ingobernabilidad en el INE que tuvo cinco secretarios ejecutivos en tan solo tres años.

Y además está lo del contratista favorito. Hace seis meses revelamos en Latinus los contratos por cientos de millones de pesos que le habían dado. La semana pasada los videos fueron la contundente exhibición de un contubernio corrupto entre la que daba los contratos y el que los recibía. Viajes, brindis, fiestas. El contratista Alfredo Hernández Casillas, Taddei, los hijos de ella. “París a tus pies, chamaquito”.

La presidenta tiene frente a sí una gran oportunidad. Limpiar en buena medida su imagen de presidenta autoritaria —que se extiende en México y en el extranjero— y apostar por sustituir a Guadalupe Taddei con una figura respetada y que sea bien vista por todos los partidos.

México está a pocos meses de una elección intermedia. Ahí estará la verdadera prueba. No basta con cambiar al árbitro. Hay que garantizar que el gobierno no sea también el dueño del silbato.

SACIAMORBOS

Para el registro: hace seis meses, cuando nuestro compañero reportero Jorge Monroy cuestionó a Taddei sobre los contratos, se ganó como respuesta el insulto de ella. El gesto no es sólo la patanería de una funcionaria empoderada que se sentía intocable. Es el ejemplo que cunde porque así se manda desde Palacio Nacional. Con AMLO primero, con Sheinbaum también. Es el manual de un régimen corrupto que entiende el derecho de réplica como un derecho de calumnia, un derecho de insulto. Cuando no tienen argumentos frente a las investigaciones periodísticas documentadas, optan por el insulto y la descalificación.

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Bajo Reserva/  El Universal

Ahora que ha quedado al descubierto la red de corrupción del clan que encabeza la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, nos hacen ver que es necesario hacer una revisión de quién y cuándo le dieron a la sonorense “superpoderes” para designar a los funcionarios sin necesidad del aval del Consejo General. Nos recuerdan que fue hace dos años, en octubre de 2024, cuando se aprobó otorgarle a Taddei dichas atribuciones y que, por instrucciones del entonces coordinador de la bancada mayoritaria, Adán Augusto López, el senador morenista Pável Jarero presentó de último minuto una reserva durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial y se avaló. Pese a la advertencia de la oposición, expertos electorales y analistas del riesgo que implicaba afectar la colegialidad del Consejo General del INE en el nombramiento de funcionarios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ni los magistrados electorales ni los senadores Adán Augusto López y Pável Jarero han abierto la boca para asumir responsabilidad alguna en el empoderamiento de la consejera presidenta Taddei, que gracias a esas atribuciones que le brindaron llevó al INE al escandaloso caso de corrupción que hoy vive.

Servidores de la Nación y del exchofer del hermano de AMLO Nos cuentan que durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los Servidores de la Nación no serán utilizados para promover el voto a favor de Morena en la elección de 2027, pero resulta que Jesús Gilberto Martínez Ramos, enlace de los Servidores de la Nación en Tabasco, en un audio que se ha hecho público, exige que sus subordinados apoyen a José Antonio Rodríguez Subiaur, exchofer de José Ramiro López Obrador (secretario de Gobierno de la entidad), quien busca la candidatura a la presidencia municipal de Macuspana. Por lo que el diputado Erubiel Alonso Que, de Movimiento Ciudadano, interpuso una denuncia para que se investigue el uso de recursos públicos con fines electorales. ¿Será un modus operandi, como ha denunciado la oposición, o don Gilberto solo quiso hacer quedar mal a doña Leticia?

En Palacio Nacional cierran la polémica por Chihuahua Para la presidenta Claudia Sheinbaum quedó en el pasado el tema de la polémica generada con la gobernadora de Chihuahua por la operación de los agentes de la CIA en el estado sin autorización del gobierno federal tras la detención del exfiscal César Jáuregui. Nos refieren que la mandataria dejó claro que dio por cerrado el intercambio de dimes y diretes que tuvo con la gobernadora panista chihuahuense, Maru Campos, por la reunión que ambas sostuvieron y de la que mucho se ha hablado en los últimos días. “Ya dijimos lo que teníamos que decir”, sostuvo la Presidenta en la conferencia mañanera de ayer. ¿Será que también haga lo mismo la señora Campos?

Que no le digan “narcoelecciones”, es el deseo Nos cuentan que el tema de las elecciones está de mírame y no me toques en Morena. Y es que el mayor temor es el uso del prefijo “narco” que el INE vetó de la boca de Alito Moreno, así como también la palabra “muerte” de la boca del PAN de Chihuahua, al hacer ambos alusión a Morena. Nos dicen que la estrategia es atajar que en 2027 se hable de narcoelecciones, luego de las recientes acusaciones que emitió la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien será el candidato morenista a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, así como de la propia dirigente nacional del partido, que han sido refutadas por ambos. Además de las lecturas internas, el tema de preocupación es que el gobierno de Estados Unidos retome estos señalamientos dentro de su narrativa y que desde el norte se comience a hablar de una narcoelección en México en 2027, y más ahora que el oficialismo se quedó sin su defensora en el INE.

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Una purga necesaria/ Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero, octubre 27, 2026 | 

El escándalo que arrastra a Guadalupe Taddei crece sin importar que haya presentado su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Ayer, la síntesis de prensa de la Cámara de Diputados registró 30 columnas y artículos de opinión sobre el caso, donde salvo uno, fueron negativos. Ha sido muy difícil para quienes han intentado la defensa, aunque uno de sus voceros enseñó la ruta del spin para contrarrestar el desastre: los partidos de oposición se están vacunando contra una segura derrota ante Morena en las elecciones del próximo año.

La relevancia no partidista a este tema, empero, la da una segunda lectura sobre el impacto del escándalo, totalmente personalizada: en Reforma, cinco de seis columnas y artículos de opinión en su página editorial hablan críticamente de sus acciones; en El Universal fueron cuatro de 11; en Milenio se refirieron críticamente a Taddei tres de sus seis columnistas políticos; en Excélsior, sus cuatro columnistas políticos la cuestionaron; en El Financiero, la valoraron negativamente cuatro de 11 columnistas y editorialistas, y uno se refirió a ella sin centrarse en Taddei, como hicieron tres columnistas en La Jornada, donde sólo uno de 13 opinadores la tocó, igualmente crítico.

El tema de Taddei, sin embargo, no puede disociarse de la ‘4T’ y que esto haya causado una implosión dentro del régimen, porque la consejera presidenta era una de las suyas. Taddei aterrizó en marzo de 2023 en el cargo como resultado de una tómbola en la Cámara de Diputados, ese insultante procedimiento de comedia con el que se están decidiendo –mediante inducción en el mecanismo– cargos importantes para el destino del país. Taddei no fue votada de manera individual, sino por el procedimiento, que es lo que se votó. Hubo 460 votos a favor y 24 en contra, sin abstenciones. Movimiento Ciudadano, pudorosamente, abandonó la sesión.

El planteamiento que se está haciendo sobre el futuro del INE no está corriendo sobre líneas partidistas, sino en cómo se puede restablecer la credibilidad y la confiabilidad ciudadana en el respeto del voto. De lo que hizo Taddei no se culpa a la ‘4T’, aunque sí tiene responsabilidad, no sólo por el método como la ungieron, sino por la reforma de octubre de 2024 al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que le permitió a la presidencia del INE designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin la aprobación del Consejo General, modificando la ley que obligaba a un acuerdo colegiado.

Taddei integró en la Junta General Ejecutiva, que fue anunciada en mayo pasado, a los y las titulares de 16 direcciones ejecutivas, coordinaciones y unidades técnicas bajo el esquema de designación directa de la presidencia del INE, con lo cual metió a su equipo incondicional y, como se vio en algunos casos con motivo del escándalo de las adjudicaciones a un proveedor con quien tiene relaciones personales, ciegos. La única posición que no le entregaron los diputados fue la Secretaría Ejecutiva, que debía nombrarse mediante un proceso colegiado. En diciembre de 2023 propuso para el cargo a Roberto Carlos Félix López, un funcionario muy cercano a ella, pero seis consejeros electorales lo rechazaron por no reunir el perfil técnico requerido. Tiempo después, en noviembre pasado, encontró una forma: forzó a renunciar a Claudia Arlett Espino y lo nombró “encargado de despacho”.

Todo ha explotado con el escándalo de sus abusos y conflictos de interés, que han generado una percepción de irregularidades y probables corrupciones, pero para efectos de un mecanismo democrático que ha estado destruyendo, hay que diferenciar entre la imparcialidad real y la imparcialidad percibida. La primera se determina examinando las decisiones, los procedimientos y las pruebas, que ha quedado más que probada, como el fraude a la ley que le dio mayoría calificada a Morena en la última elección. La segunda depende de la transparencia y de la confianza que inspire, en lo que Taddei está definitivamente reprobada.

Las llamadas de alerta sobre el riesgo de que el escándalo contamine al INE y al proceso electoral del próximo año no son menores. El INE no se limita a contar votos, para lo que cuenta con un excepcional servicio de carrera y una disposición ciudadana a participar en un proceso democrático que consideran –y es– suyo. También debe garantizar la integridad de la documentación electoral, la calidad de los materiales, la confiabilidad de los procedimientos y la aplicación imparcial de la ley.

Si los proveedores de esos materiales estuvieran involucrados en prácticas irregulares, habría que determinar si las anomalías afectaron únicamente el gasto público o si comprometieron algún componente de la organización electoral. Si se le agrega a que el empresario Alfredo Hernández, que recibió contratos millonarios del INE y que tiene una relación personal –y quizás corruptora de su familia–, que afirma falsamente que ganó la licitación para las nuevas credenciales de elector junto con Cosmocolor –sólo esta empresa tiene el contrato–, la preocupación es mayor.

Las percepciones son importantes porque se convierten en verdades. Por ejemplo, el INE podría organizar correctamente la elección de 2027 y, paralelamente, sufrir una crisis de credibilidad por conductas individuales. No habría pruebas de fraude, pero podría debilitar la aceptación pública de sus decisiones. Debe garantizarse la continuidad institucional y asegurar que la renovación de su presidencia no afecte la preparación de las elecciones de 2027, ni la autonomía del organismo, que estará inmiscuida en un ambiente de polarización política, en el que cualquier debilidad del árbitro electoral pueda ser utilizada por los contendientes para cuestionar resultados que les sean adversos.

La elección del próximo año no está contaminada, pero la renuncia de Taddei tampoco resuelve el problema que dejó sobre la mesa. Lo urgente es resolver sobre las irregularidades que está encontrando la Auditoría Superior de la Federación en los procesos de adjudicación, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera avance sus investigaciones no sobre la institución per se, sino sobre Taddei, Hernández y quienes estén involucrados en adjudicaciones sospechosas, porque los del INE, el Órgano Interno de Control, se quedó ciego.

Lo inmediato es obvio: sustituir a todas las cabezas de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que nombró, así como al secretario ejecutivo, mientras que el Congreso repone la aberración que aprobó en 2024 y restaura la designación colegiada, para controlar el daño que sufrió el INE, más allá del resultado de las investigaciones, ante las dudas sobre la administración de sus recursos, la vigilancia interna y la inmoralidad de algunos de sus dirigentes.

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Taddei: Morena sala al INE /Salvador Camarena

La Feria

El Financiero, octubre 27, 2026 |

La primera tensión de Guadalupe Taddei tras llegar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en abril de 2023 fue por acercarse al gobierno de López Obrador. No tenía ni dos horas de haber iniciado en el cargo cuando se echó encima a varios de sus compañeros en el Consejo General al promover una reunión, al día siguiente, con Adán Augusto López, entonces titular de Segob. De ahí pa’l real.

Taddei no representa sólo un caso de posible corrupción tan inédito en el INE que habría forzado una ruidosa defenestración. Es sobre todo un tentáculo que muestra la forma en que opera el pulpo morenista de captura de organismos e institutos. No es una manzana podrida, ni una apuesta que salió mal. Es ejemplo del modelo que, al carecer de anticuerpos, mete en crisis al aparato entero e incentiva los abusos.

El INE se diseñó para la autonomía y para la toma de decisiones colegiada. Fue así porque sus creadores, en sucesivas olas reformadoras, desconfiaban unos de otros, por eso concibieron un método que obligaba a presidencia y consejeros a negociar. Desde su primera semana y hasta el último mes, Taddei actuó de forma distinta y quiso consolidar fuera, no dentro, de Tlalpan y Periférico su liderazgo.

Morena es responsable del desastre por el escándalo de videos y grabaciones que muestran a Taddei y familiares demasiado cerca de un proveedor, no porque haya sido la mayoría oficialista la que la impuso (así fuera mediante una tómbola) sino por toda la ruta: su inclusión en la quinteta se atribuye a Alfonso Durazo, su nombramiento fue saludado por AMLO y fue acogida por Adán Augusto y Rosa Icela Rodríguez.

Si de algo se puede acusar a Taddei es de no haber ocultado sus ganas de estar cerca de la secretaria de Gobernación, a quien invitó el 10 de septiembre al inicio del proceso electoral, en ceremonia que rompió la sana tradición de dejar al gobierno fuera incluso de las cosas protocolarias de los comicios. ¿Porqué el régimen, que la recibía con y sin consejeros, consecuentó sus malos pasos con un proveedor?

“Nosotros no somos de la política, somos de la técnica”, dijo al concluir su mandato a quienes la relevaron. ‘La sociedad sonorense tiene que tener certeza, pero la certeza no se decreta y tampoco se impone, la tranquilidad en la imparcialidad y en la aplicación de la norma la iremos construyendo con nuestros hechos’”, tales fueron las palabras de Taddei recogidas por El País en marzo de 2023, declaraciones que hizo la hoy renunciada cuando le tocó entregar el instituto electoral de Sonora. Si lo que dijo entonces era verdad, que lo suyo era la técnica, qué mal le hizo su experimento de meterse a la política y su cercanía con Morena; y a ésta, su incapacidad de respetar la autonomía de un órgano, la independencia de un funcionario.

Lo más preocupante del tema es que nada garantiza que desde la presidenta de la República hasta la coordinación de los diputados del oficialismo tengan claro que lo que salió muy mal no fue el haber nombrado a un cuadro que cuando llegó a “donde hay se mareó”.

Porque Taddei representa lo que no hay que hacer en el INE: ha de llegar alguien que no viva de reunirse con morenistas, sino de sus compañeras y compañeros consejeros. Sólo volviendo al esquema de autonomía y decisiones colegiadas pueden enmendarse la corrupción, removerse a los que hayan participado de ella, cancelar contratos sucios y aspirar a un árbitro en que todos, y no sólo unos, confíen.

De lo contrario, habrá, tarde o temprano, una Taddei dos.

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Coordenadas

Las lecciones del triunfo de Lula para México/Enrique Quintana

El Financiero, octubre 27, 2026 | 

El domingo pasado, Luiz Inácio Lula da Silva consiguió lo que ningún político brasileño había logrado. Un cuarto mandato, obtenido además con una remontada sin precedente en la historia democrática de ese país.

Lula perdió la primera vuelta del 4 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, por casi dos puntos porcentuales. Los últimos sondeos previos a la segunda vuelta todavía daban una ligera ventaja al opositor. Al final, el presidente ganó con 51.8 por ciento de los votos, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios.

Vale la pena detenerse en las razones, porque dejan lecciones que trascienden a Brasil.

En los últimos años se extendió entre analistas e inversionistas la visión de que los modelos populistas, basados en distribuir beneficios mediante programas sociales, estaban haciendo agua. Argentina sería la prueba más citada. El resultado brasileño obliga a matizar esa tesis.

Los análisis disponibles coinciden en que una parte decisiva de la votación adicional que obtuvo Lula entre la primera y la segunda vuelta provino del temor de millones de personas a perder los apoyos que hoy reciben.

El propio comité de campaña reconoció que la estrategia de la remontada pasaba por movilizar a los militantes, pero sobre todo por convencer a indecisos y abstencionistas de que el regreso del bolsonarismo pondría en riesgo los programas sociales, los salarios y las pensiones.

No fue solo discurso. Bolsa Família, que llega a más de 19 millones de hogares, recibió un reajuste de 15 por ciento días antes de la primera vuelta, y el gobierno adelantó la dispersión de las transferencias en la antesala de la segunda vuelta, junto con alivios de deuda y apoyos adicionales para estudiantes de bajos ingresos.

La abstención bajó de 21.1 a 19.2 por ciento entre ambas vueltas. Buena parte de quienes regresaron a las urnas lo hizo para defender lo que ya tiene. De poco sirvió que Bolsonaro insistiera en que no tocaría los programas. El antecedente pesó más que la promesa.

De ahí se desprende la primera lección. Mientras no haya una crisis financiera asociada al costo fiscal de esos programas, en términos electorales los beneficios funcionan.

Brasil llegó a la elección con un crecimiento promedio cercano a 3 por ciento anual en el cuatrienio, desempleo en mínimos históricos, inflación de alrededor de 4.5 por ciento y pobreza extrema a la baja.

Sí. Hay deterioro fiscal, deuda elevada y tasas de interés de dos dígitos, pero no hay crisis. Y sin crisis, el votante no castiga a quien le da. Castiga a quien percibe que puede quitarle.

El contraste es Argentina en 2023. Cuando la inflación superó 140 por ciento y el esquema se volvió insostenible, las transferencias dejaron de asegurar lealtades y el electorado optó por la motosierra. La frontera entre un modelo que gana elecciones y uno que las pierde no es ideológica. Es macroeconómica.

Por eso la primera reacción de los mercados fue de caídas en los activos brasileños y por eso la agenda fiscal será el frente más vigilado del cuarto mandato.

La segunda lección corre por cuenta de la derecha. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por la trama golpista, se instaló en una posición de arrogancia. Dio por hecho que el desgaste de Lula bastaría para ganar y, desde su reclusión, impuso en diciembre pasado la candidatura de su hijo, descartando al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el aspirante con mejor perfil competitivo.

La promesa estrella de la campaña fue el indulto al expresidente, mientras afloraban investigaciones sobre las finanzas del candidato. El bolsonarismo convirtió la elección en un plebiscito sobre sí mismo, en lugar de hablar de la economía del día siguiente. Y perdió por un margen mayor al de 2022.

¿Cuál es el corolario para México?

Los Programas del Bienestar dispondrán en 2026 de casi un billón de pesos, poco más de 2.5 por ciento del PIB, con cerca de 43 millones de beneficiarios según cifras oficiales. Como en Brasil, son electoralmente eficaces y lo seguirán siendo mientras las finanzas públicas los sostengan.

Una oposición que apueste al colapso del modelo, o que insinúe una revisión de los apoyos, difícilmente será competitiva.

El riesgo del modelo no está en las urnas, sino en la caja.

Un déficit amplio que ronda 4 por ciento del PIB, la carga financiera de Pemex y un gasto cada vez más rígido marcan los límites de la ecuación.

El día que hubiera que elegir entre pagar la deuda y mantener los programas, la aritmética electoral cambiaría, como ocurrió en Argentina.

Para el gobierno, la lección es clara. Cuidar la estabilidad financiera no es una concesión a la ortodoxia. Es la condición de supervivencia política del propio modelo.

Lula ganó porque millones salieron a defender lo que ya tienen. Esa fuerza electoral durará exactamente lo que dure la estabilidad que la hace posible.

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Moneda en el Aire

Los frentes abiertos en Segob/Jeanette Leyva Reus

El Financiero, 

Los últimos días no han sido nada fáciles en materia de gobernabilidad. Por un lado, el regreso de los bloqueos de los transportistas, aunque sea un “sector muy pequeñito” el ruido que generan y las molestias a la ciudadanía están presentes; por el otro, la renuncia de Guadalupe Taddei a un año de las elecciones intermedias y la mala clasificación de México en temas justicia en días pasados, hacen que el trabajo en la Secretaría de Gobernación haga voltear a ver la actuación de su titular Rosa Icela Rodríguez.

Gobernación hoy enfrenta una agenda en la que convergen conflictos económicos, deterioro institucional y tensiones políticas; son tres frentes que, aunque distintos, tienen un denominador común: la capacidad del Estado para ofrecer soluciones, garantizar certidumbre, preservar la gobernabilidad y dar una visión de que se está trabajando y operando de manera rápida y eficaz como requieren los tiempos actuales.

El paro nacional de transportistas de este lunes evidenció que el conflicto estaba lejos de resolverse. Las mesas de diálogo no han sido suficientes para contener las demandas de seguridad carretera, infraestructura, estímulos fiscales y mejores condiciones operativas. Los bloqueos afectan corredores logísticos, retrasan mercancías, elevan costos para las empresas y pueden trasladar presiones a los precios, en una inflación que se está controlando poco a poco.

A este escenario se suma una señal preocupante: el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project colocó a México en el lugar 125 de 143 países, cuatro posiciones abajo respecto al año anterior, una pésima señal, pese a los resultados que se dan en las mañaneras que los delitos bajan y la seguridad aumenta. Y es que en justicia penal ocupa el sitio 139 y en orden y seguridad, el 132. Son indicadores que reflejan debilidades estructurales y alimentan la incertidumbre jurídica que preocupa al sector productivo.

El tercer frente es político y en donde parece que dejaron correr las notas y la corrupción quedó una vez más a la vista: la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades que deberán investigarse con rigor y debido proceso, lo que abre una etapa delicada para la autoridad electoral. A menos de un año de los comicios de 2027, el relevo exige transparencia, institucionalidad y garantías de continuidad en la organización electoral.

Ahí, el trabajo de Gobernación es claro, administrar inconformidades de todos los frentes, resolver rápido y preservar los canales de interlocución política para que los conflictos no escalen.

En estos momentos, en que también se discute en otro frente los acuerdos comerciales, mostrar un país en caída en materia de justicia y en temas electorales, no es la mejor señal para las inversiones, operación empresarial y generación de empleo, ojalá lo logre.

Infraestructura debe trascender los sexenios

Un grupo que hay que seguir, ya que de funcionar adecuadamente permitirá que por fin se tenga una visión de largo plazo del país, que nada más cada sexenio se rompe con nuevas “ideas” y “propuestas” y que hacen que México siga sin avanzar al ritmo que requiere la población, lo constituye el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México), cuyo coordinador ejecutivo es Fernando Gutiérrez Ochoa, y que busca unir esfuerzos en ese sentido.

Por lo pronto, son nueve organizaciones para impulsar una visión de planeación hacia 2050, que trascienda los periodos gubernamentales y permita desarrollar proyectos con viabilidad técnica, ambiental, social y financiera. Entre sus integrantes están el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Academia de Ingeniería; una convergencia de capacidades técnicas, empresariales y financieras para contribuir a las decisiones de infraestructura.

Como primer ejercicio regional, el CPI México realizará el Taller Noreste de Planeación en Infraestructura 2050, el 29 y 30 de octubre en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfocado en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde el dinamismo industrial y la conexión comercial con Norteamérica conviven con desafíos de disponibilidad de agua, capacidad energética, saturación de corredores logísticos y movilidad urbana.

Y es que todos tiene claro que el horizonte de una inversión y el calendario de un gobierno rara vez coinciden; mientras las empresas toman decisiones de largo plazo, se tiene el reto de dar continuidad a la infraestructura que sostiene su actividad económica y ahí los atrasos son evidentes.

Cinépolis de estreno financiero

La industria cinematográfica mexicana acaba de abrir una puerta relevante en el mercado financiero. La Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, encabezó un financiamiento por 380 millones de dólares para Exhibidora Mexicana Cinépolis, a siete años y sin garantía, el primero de su tipo para las industrias creativas en América Latina.

La operación, en la que participaron BBVA México, Banamex, BanBajío y Scotiabank México, marca un precedente: el entretenimiento también puede acceder a instrumentos de crédito vinculados con objetivos de sostenibilidad, inclusión laboral y equidad de género.

Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México, Centroamérica y República Dominicana, destacó que el financiamiento busca impulsar operaciones más sostenibles y empleo inclusivo, además de fortalecer la cadena de valor que integra a cineastas, emprendedores, pequeñas empresas y trabajadores.

Para Cinépolis, que dirige un negocio intensivo en infraestructura y tecnología, los recursos permitirán abrir salas, renovar complejos, acelerar la transformación digital e invertir en contenido audiovisual local, es un primer paso para esta industria, porque si las metas se cumplen, el financiamiento sostenible podría convertirse en una alternativa para otras empresas culturales de la región, sin duda, un sector con potencial económico que todavía busca mayor acceso al capital institucional.

La competencia por conquistar a la Generación Z y los millennials en el mercado de tarjetas de crédito crecerá, y ya no se ve el enfoque sólo en las tasas, sino en los atributos. Ahí el ejemplo de American Express, bajo la dirección de Patricio Mendoza, que busca fortalecer su posición con una oferta más cercana a sus hábitos de consumo.

The Gold Card refleja esa apuesta: en 2025, ambas generaciones representaron 80 por ciento de las nuevas cuentas de este producto en México, por lo que la reciente estrategia incorpora bonificaciones en restaurantes, bienestar y gastos cotidianos, además de mayores beneficios con Membership Rewards. El reto será convertir estas ventajas en lealtad y gasto recurrente, frente a una competencia que también busca captar a los consumidores jóvenes.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.

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