Duro reportaje de Proceso contra Ramírez ...
El reportaje "La serie del vocero", escrito por Santiago Igartúa Scherer para la revista Proceso, documenta cómo se tejió una red de presunto conflicto de interés y tráfico de influencias para financiar el documental "Los años heridos" con 84.1 millones de pesos del erario público.
La operación, que eludió la licitación pública mediante adjudicaciones directas pagadas por Capital 21, Canal Once y la CNDH, fue orquestada por tres funcionarios de la misma administración. La maniobra legal para justificar la exclusividad del contrato fue un libro de la autoría de Fritz Glockner, entonces director de Educal, quien cedió los derechos de su obra a la productora Gravedad Cero Films. Esta empresa fue fundada por Erwin Neumaier, exdirector de Cepropie y de los Estudios Churubusco, quien resultó beneficiado con dichos contratos millonarios justo en la época en que dirigía la producción técnica de las conferencias matutinas presidenciales.
El principal promotor de esta triangulación fue Jesús Ramírez Cuevas, el entonces vocero presidencial, quien gestionó los recursos con las dependencias aliadas, presentó el proyecto ante el Ejecutivo y hoy aparece como "asesor general" encabezando los créditos de la serie. La crónica de esta asignación revela una inflación en los costos, ya que la productora cobró un promedio de 157 mil pesos por minuto de transmisión, una cifra entre ocho y once veces mayor a sus tarifas anteriores con el Estado.
Además, destaca el caso de la CNDH, que desembolsó 60 millones de pesos por episodios que se entregaron incompletos y cuyo guion se basó en investigaciones que la propia comisión ya había realizado y pagado con su nómina.
Ante el hallazgo de ingresos atípicos millonarios en las declaraciones patrimoniales (como en el caso de Glockner) y las evidencias documentales, los funcionarios han optado por el silencio o la evasiva, evidenciando cómo el aparato de comunicación gubernamental capitalizó el tema de la memoria histórica para favorecer financieramente a una empresa allegada, en abierta contradicción con el discurso oficial.
#
La serie del vocero / SANTIAGO IGARTÚA SCHERER
Proceso, 3/11/2026 ·
En 2020, desde Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas leyó en voz alta cuánto habían cobrado del Estado las revistas de sus “adversarios”. Seis años después su nombre encabeza los créditos de Los años heridos, una serie sobre la represión que costó 84 millones de pesos públicos sin una sola licitación. Detrás de la pantalla, Proceso encontró a tres funcionarios del mismo gobierno: el vocero que presentó el libro y hoy figura como asesor general; el director del centro que transmitía la mañanera, socio fundador de la productora, que firmó un pedido para ella; y el autor, que negoció los derechos mientras dirigía las librerías del Estado.
Jesús Ramírez Cuevas subió al atril del FARO Cosmos, en la Tlaxpana, el jueves 10 de septiembre a las cuatro de la tarde. Frente a él, una manta: MEMORIA, VERDAD. Delante, en la primera fila, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hermana de un desaparecido de 1975. La CNDH lo había presentado como “asesor general” de Los años heridos, la serie sobre la Guerra Sucia que esa tarde proyectaba.
Habló de censura y de represión –“en ese entonces sí las había”, según el comunicado DGDDH/099/2026 de la Comisión– y pidió a los jóvenes que navegaran “en las aguas turbulentas de esta serie”. Nadie habló de dinero. Tampoco de quién era quién.
Porque Ramírez Cuevas no es un espectador de Los años heridos. Es su asesor general y el primer nombre de los agradecimientos en cada una de sus ocho entregas. Siendo vocero de López Obrador, presentó el libro en que se basa. Ese libro era de un funcionario de su mismo gobierno, Fritz Glockner, director de las librerías del Estado, que traspasó los derechos a una productora. Esa productora la fundó, entre otros, Erwin Neumaier, el hombre que durante tres años produjo la mañanera que Ramírez Cuevas organizaba y que, como funcionario, firmó un pedido de hasta 10 millones de pesos para ella. La serie se pagó con dinero público –84 millones 118 mil pesos de Capital 21, Canal Once y la CNDH– sin una sola licitación.
El 12 de octubre último la presidenta Claudia Sheinbaum cerró el círculo en Palacio Nacional: “Me platicó Jesús Ramírez de la serie”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene nombre para lo que ocurre cuando un servidor público interviene en asuntos en los que tiene un interés personal: actuación bajo conflicto de interés. Y para cuando usa su posición para que otros servidores públicos beneficien a terceros con quienes tiene relación: tráfico de influencias. Si alguno de esos supuestos se configura, deben determinarlo las autoridades. Los hechos que obligan a preguntarlo están en los contratos, convenios, actas mercantiles, declaraciones patrimoniales y versiones estenográficas que obtuvo Proceso.
El hombre que leía las listas
El 8 de septiembre de 2020 Jesús Ramírez Cuevas tuvo una mañana de contador. Desde el atril de Palacio Nacional, por encargo de López Obrador, leyó en voz alta lo que el Estado había pagado entre 2006 y 2018 a las revistas de sus críticos: 140 millones de pesos a Nexos, la de Héctor Aguilar Camín; 90 millones a Letras Libres, la de Enrique Krauze. Las cifras eran de la Presidencia; la moraleja: la cultura que vive del presupuesto de un poder cercano deja de ser cultura y se vuelve otra cosa.
Era un buen argumento. Tenía el defecto de todos los buenos argumentos: sirve para cualquiera.
Seis años después la lista tiene un renglón nuevo. Lo ocupa una serie sobre la memoria, pagada con 84 millones de pesos públicos, sin licitación, en cuyos agradecimientos el primer nombre es el suyo. Nadie lo leyó en voz alta. Esta revista lo hace ahora: cada eslabón de Los años heridos –el libro, los derechos, la productora, el dinero, el elogio presidencial– pasa por personas de su entorno.
La llave
En las compras públicas la regla es licitar: que compitan varios y gane la mejor oferta. La excepción es la exclusividad: si sólo una persona tiene los derechos de lo que se quiere comprar, se le puede contratar directamente. Los años heridos se pagó entera por esa puerta.
La llave fue un libro. Fritz Glockner lo publicó en 2019: una historia seria de la guerrilla mexicana entre 1968 y 1985. El 17 de octubre de ese año, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, lo presentó el vocero de la Presidencia. Dos sillones blancos, una mesa, el libro en medio. El video sigue en YouTube.
Para entonces el autor ya era funcionario. Según sus declaraciones patrimoniales, Glockner dirigía Educal, la red de librerías del Estado, desde el 28 de diciembre de 2018, cuatro semanas después de que Ramírez Cuevas llegara a la vocería. Nunca antes había tenido un cargo federal. Se quedó hasta el 28 de enero de 2026, cuando pasó a ser secretario de Arte y Cultura del gobierno de Puebla.
El 20 de febrero de 2022, siendo funcionario federal, Glockner acordó con Gravedad Cero Films el traspaso de los derechos de la obra. Los documentos públicos no dicen en qué términos. Desde ese día, quien quisiera filmar Los años heridos tenía que contratar a esa empresa. Y nadie tendría que competir con ella.
La puerta se abrió en 2024. El 23 de abril el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, que opera Capital 21, firmó con Gravedad Cero por adjudicación directa: 12 millones 760 mil pesos por “un programa unitario”. Entre la requisición y la firma pasaron 13 días. Gobernaba la capital Martí Batres, aliado de Ramírez Cuevas desde la dirigencia nacional de Morena. El 24 de julio Canal Once le adjudicó a la misma empresa, también por exclusividad, 11 millones 358 mil pesos por un capítulo. Su expediente se contradice: habla de una cesión de derechos por cinco años, de una titularidad exclusiva del IPN y fija la entrega dos días después del estreno.
Ningún contrato lleva su firma. Ese tipo de gestiones no deja papeles; deja testigos. Funcionarios que trabajaron con Ramírez Cuevas cuentan que presumía ser dueño del oído de López Obrador y que en ese sexenio las decisiones del gasto en medios pasaban por él. Fue él, dicen, quien le “vendió” la serie al presidente y obtuvo su visto bueno. Y fue él quien buscó el dinero: en Capital 21, con Martí Batres, el aliado al que impulsa; en la CNDH, con Rosario Piedra Ibarra. A Proceso no le quiso decir si intervino.
El precio del minuto
Sin competencia, el precio lo pone el que vende. Gravedad Cero ya conocía la televisión pública: entre 2019 y 2023 le vendió a Canal Once Muerte sin fin, Amor y amistad y Tu futuro, nuestro futuro, a entre 14 mil y 20 mil pesos por minuto.
Con Los años heridos la tarifa se disparó. Proceso midió las ocho entregas: 534 minutos en total. Los dos primeros capítulos, los que pagaron Capital 21 y Canal Once, costaron 166 mil pesos por minuto. Los de la CNDH, 154 mil. La serie completa, 157 mil: entre ocho y 11 veces lo que la misma empresa cobraba antes. No es una superproducción de época: casi toda la serie transcurre en el presente.
La serie se delata en pantalla. Cada entrega abre con la misma leyenda: está “basada en la investigación de la CNDH para emitir la recomendación general 46/2022 y la recomendación 98VG/2023, así como en el libro Los años heridos”. Dos fuentes y ninguna es de la productora. La primera ya la había pagado el Estado con la nómina de la Comisión. La segunda es el libro cuyos derechos sirvieron de llave. La CNDH pagó seis millones para que le investigaran lo que ella misma ya había investigado.
El convenio fijaba el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para concluir y entregar la serie, y ese mismo día dejaba de estar vigente. Los primeros rastros públicos de los episodios de la CNDH son de agosto de 2026. Si la productora entregó a tiempo, la Comisión guardó durante ocho meses unos capítulos por los que pagó 60 millones. Si no, el convenio preveía una pena de 3% del importe total por cada día de atraso –un millón 800 mil pesos diarios– o la firma de un convenio modificatorio. Ninguna de las dos cosas es pública.
Y lo que la Comisión recibió no es una serie completa. En su canal de YouTube están sólo sus seis videos: el séptimo episodio llegó partido en dos. Los dos primeros capítulos no aparecen. La CNDH pagó 60 millones por una serie que no puede presentar entera.
El productor de la mañanera
Gravedad Cero nació el 19 de noviembre de 2008 como Gravedad Neutra Films. Desde 2019, documentó Proceso, suma entre 111.6 y 117.6 millones de pesos en contratos públicos, todos sin licitación. El primero del gobierno de López Obrador fue de 256 mil pesos, en spots para el Banco del Bienestar.
El 8 de octubre de 2020 el director del Cepropie firmó el documento con el que el dinero público llegó a la empresa que él había fundado. Es el pedido abierto 4500018550 de la Secretaría de Gobernación: entre cuatro y 10 millones de pesos, por adjudicación directa, para reforzar las “capacidades operativas” del mismo Cepropie. En la casilla del “servidor público responsable de la administración del pedido” están su nombre y su firma. El pedido ordena al proveedor entregarle a él las facturas. El proveedor era Gravedad Neutra Films. En el reverso, su representante declaró que ni él ni los socios tenían “ningún conflicto de interés con el personal que intervino en esta contratación”.
Neumaier respondió a Proceso que no tenía por qué excusarse: dejó la empresa en 2013, y la ley sólo mira dos años atrás. Precisó, además, cuál era su tarea en el pedido: recibir los trabajos, revisar que cumplieran y pedir que se pagaran. Era, en suma, quien daba por bueno el trabajo de la empresa que había fundado.
Neumaier dejó el Cepropie el 15 de febrero de 2022. Al día siguiente asumió la dirección de los Estudios Churubusco, los estudios de cine del Estado. Cuatro días después Glockner acordó con la empresa que Neumaier había fundado el traspaso de los derechos de Los años heridos. Y cuando Capital 21 y Canal Once pagaron la serie, en 2024, Neumaier seguía al frente de Churubusco.
La relación entre Neumaier y Ramírez Cuevas no es una inferencia de organigrama. El 7 de octubre de 2019, en la mañanera, un reportero preguntó por el Cepropie.
Respondió el vocero. Nombró a su director, elogió su trayectoria en el cine y concluyó: “Creo que ha dirigido Erwin Neumaier el Cepropie ahora de manera muy eficiente”.
Diez días después el vocero presentaba en el Zócalo el libro de Glockner. Un año después, el Cepropie que había elogiado pedía hasta 10 millones para la empresa que Neumaier había fundado.
En 2021 el Tribunal Electoral los señaló juntos al menos cinco veces por propaganda gubernamental en la mañanera. Uno organizaba la conferencia, el otro la producía. Según la Sala Superior, el área de Ramírez Cuevas “se encargó de la logística de la conferencia”; Neumaier “tenía la obligación de que el contenido se ajustara al marco normativo”. Las sanciones quedaron en manos de la propia Presidencia. Cuáles fueron, si hubo alguna, no es público.
Bajo protesta de decir verdad
Las declaraciones patrimoniales de los tres cuentan su propia historia. Neumaier ha presentado 11 desde diciembre de 2018. En ninguna aparece Gravedad Neutra. No tenía por qué: el formato sólo mira dos años atrás. Las declaraciones patrimoniales tienen memoria corta y el sistema está hecho para no ver al fundador que da por bueno el trabajo de su antigua empresa. Antes de 2018 Neumaier nunca había sido servidor público. Su carrera en el gobierno empieza el 1 de diciembre de 2018, el día que Ramírez Cuevas llegó a la vocería. Transcurre entera en el aparato de medios del Estado: la Subsecretaría de Normatividad de Medios, el Cepropie, los Estudios Churubusco. Y termina, según su declaración más reciente, el 30 de septiembre de 2024: el día que Ramírez Cuevas dejó la vocería, dos días después del estre - no de la serie. En febrero de 2026 volvió. Hoy es di - rectivo del Instituto Mexicano de Cinematografía, a cargo de “presupuestos y políticas” de los fondos públicos para el cine nacional.
Glockner reportaba cada año ingresos extra modestos por clases y derechos de autor. En 2021 saltaron a dos millones 78 mil pesos por “derechos de autor y clases”, seis veces lo del año anterior. Siete semanas después de cerrado ese año firmó el traspaso de Los años heridos. En 2024 y 2025, mientras la serie recibía dinero público, declaró regalías por 12 mil 983 y 38 mil 464 pesos. Los documentos no dicen quién le pagó, por lo que no es posible establecer que esos ingresos procedan de la serie.
Por teléfono, Glockner negó la cifra. ¿Venían de su libro los dos millones 78 mil pesos de 2021? “Para nada. No tengo dos millones de pesos por arriba de mis ingresos como funcionario. ¡Ojalá! ¡Házmela buena!”.
Acusó a Proceso de faltar a la verdad. La cifra, sin embargo, es suya: la declaró bajo protesta de decir verdad. Admitió que le pagaron los derechos, pero no cuánto: “No recuerdo específicamente”. Dejó entrever que el dinero venía de sus clases; en sus otros seis años como funcionario, clases y dere - chos de autor sumaron entre 38 mil y 323 mil pesos. Dónde está el pago de Los años heridos, sólo él lo sabe. Y zanjó:
“Ningún periodista tiene que estar cuestio - nando… porque tengo forma, con recibos de toda índole”. No ofreció mostrarlos. Tampoco ha respondido el cuestionario del 26 de octubre.
Las de Ramírez Cuevas son las de un funcionario de patrimonio modesto. En las de 2025 y 2026 respondió “no” a la pregunta de si realiza alguna actividad lucrativa independiente. Si cobró como asesor general de la serie, no lo declaró. Si no cobró, prestó su nombre, gratis, a una productora que ha recibido 84 millones de pesos públicos por esa obra.
La última pregunta
En los créditos el lugar de Ramírez Cuevas no ad - mite dudas. Aparece dos veces: en letras grandes, como asesor general y como primer nombre de los agradecimientos especiales en todas las entregas. En las dos primeras, las que pagaron Capital 21 y Canal Once, también se agradece a Martí Batres, que presidió Morena cuando Ramírez Cuevas era su secretario de Comunicación y gobernaba la capital cuando Capital 21 firmó. Desde la tercera, cuando paga la CNDH, Batres desaparece.
El 12 de octubre la serie llegó a Palacio Nacional por la puerta de la última pregunta.
“Una última, les doy chance”, dijo la presidenta y el turno fue para Hans Salazar, de Noticiero en Redes, un medio que Grupo Animal cuenta entre los que se declaran en favor del gobierno. En 2022, en esa misma sala, la reportera Reyna Haydee Ramírez lo encaró frente al presidente: “Cállate, palero. Usted es un palero”. Raymundo Riva Palacio lo ha llamado en su columna “el preferido de Ramírez Cuevas para lanzar infundios”. Salazar responde que el columnista miente.
Salazar pronunció más de 500 palabras. Empezó por Jalisco y la represión y aterrizó en la serie: “Una muy buena creación la serie de Los años heridos, para no olvidar”. Dijo que hacía falta difundirla. Dudó con el nombre del autor y la presidenta le tuvo que ayudar: “Fritz Glockner”. Pidió más recursos para producciones así. No mencionó a la CNDH, ni a la productora, ni una sola cifra. Sheinbaum respondió que no la había visto. Y dijo una frase que nadie le había preguntado: “Me platicó Jesús Ramírez de la serie”. El asesor general no sólo la promovía en los auditorios. Se la había llevado a la presidenta de la República. Y aquella mañana, en la conferencia que durante seis años organizó él mismo, alguien hizo la pregunta.
El lunes 26 de octubre Proceso le envió un cuestionario a Ramírez Cuevas, que hoy coordina a los asesores de la presidenta a la que le platicó la serie. Eran cinco preguntas. Desde cuándo y por invitación de quién es asesor general de Los años heridos, y qué hizo como tal. Si intervino, con una recomendación, una llamada o una gestión, para que Capital 21, Canal Once o la CNDH la financiaran, y con qué funcionarios habló. Si recibió, directamente o por terceros, algún beneficio económico de la serie o de Gravedad Cero. Qué relación tiene con Glockner, Neumaier y Muñoz. Si informó a algún órgano de control de su participación y si puede documentarlo.
No respondió ninguna. El hombre que durante seis años organizó la conferencia donde el gobierno con - testaba preguntas eligió, esta vez, el silencio. Es su derecho. También es una respuesta.
El día que no existe
La CNDH ya respondió, aunque no a este semanario. El 13 de septiembre, en el comunicado DGDDH/094/2026, explicó que eligió a Gravedad Cero porque “contaba con los derechos de la obra de Fritz Glockner” y que pa - gó con “ahorros generados durante el ejercicio fiscal anterior”. El comunicado no menciona a Ramírez Cuevas. Proceso le envió un cuestionario a Rosario Piedra Ibarra. Contestó su responsable de Comunicación: iniciaba “a ver el tema”. No hubo respuesta.
El 23 de octubre Proceso le pidió una entrevista a Sergio Muñoz Güemes, administrador de Gravedad Cero. Pidió un día para pensarlo:
“Estoy tomando decisiones delicadas. Lo que sí, alguien debería un día contar esta historia. La del proceso de producción”.
Antes tenía que consultar a su abogado. Dos días después escribió que, por el momento, había decidido guardar silencio. El cuestionario que Proceso le envió el 25 de octubre sigue sin respuesta.
Los años heridos cuenta cómo un Estado decidía en lo oscuro, sin rendir cuentas, quién merecía qué. Es una buena historia y es verdad. Las integrantes del Comité ¡Eureka! que dieron su testimonio no le deben nada a este reportaje. Lo que está en duda es la factura.
En 2020 el vocero preguntó en voz alta qué pasaba cuando un proyecto cultural vivía del dinero de un gobierno cercano. Era una buena pregunta. Sigue siéndolo.
En el anexo del convenio hay una fecha imposible: el 31 de noviembre. Ese día, que no existe, debía terminar la edición de una serie sobre el pasado que el Estado quiso borrar. Es, de todo el expediente, el único dato que no le costó nada a nadie.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario