El caso de Guillermo Zuany trasciende la falla institucional; representa una grieta donde la soberanía nacional, la inteligencia extranjera y el crimen organizado colisionaron en la sombra.
La interrogante sobre si la gobernadora Maru Campos tenía conocimiento de las operaciones de la CIA en Chihuahua no es solo un dilema político, sino un punto ciego para la rendición de cuentas.
Por un lado, la versión vertida desde la clandestinidad por el exfiscal busca distribuir la responsabilidad hacia la cúspide del poder estatal. Argumentar que la máxima autoridad ejecutiva estaba al tanto resulta tácticamente conveniente para una defensa mediática; sin embargo, carece —hasta el momento— de sustento probatorio documental o ministerial público.
Por el otro lado, la postura oficial del Gobierno del Estado rechaza categóricamente los señalamientos, encuadrándolos como los manotazos de un prófugo que evade a la justicia. No obstante, el alcance del escándalo deja abierta una encrucijada institucional compleja:
Si Maru realmente ignoraba la presencia y las misiones de campo de agentes extranjeros armados en su territorio, se evidencia un colapso en la cadena de mando y una alarmante falta de control sobre las fuerzas de seguridad locales. Si existía un aval tácito o explícito, el escenario escala a una omisión grave respecto a la injerencia extranjera y la seguridad nacional.
La renuncia y posterior detención del exfiscal general César Jáuregui confirma que el encubrimiento no fue un hecho aislado, sino una línea de acción institucionalizada tras la tragedia en la sierra.
Como bien documentaron los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas en The New York Times, la magnitud de esta infiltración no se resuelve con un comunicado. Un análisis objetivo exige no precipitar veredictos sobre la gobernadora basándose solo en el dicho de un prófugo. Pero de igual forma, obliga a exigir una indagatoria profunda e independiente que determine hasta dónde llegó la cadena de complicidades o de omisiones en el Ejecutivo estatal.
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Fiscalía de Chihuahua niega que Maru Campos supiera de agentes de la CIA; "Que se lo diga a un juez”, dice gobernadora a NYT
El Universal, Actualizada | 10-11-26 | 19:06 |
Paola Gamboa
Ciudad Juárez.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a los señalamientos que hizo en su contra Guillermo Arturo Zuany, sobre que sí tenía conocimiento de la operación que se realizó en el narcolaboratorio de El Pinal en la sierra de Chihuahua.
En su visita a Ciudad Juárez, la mandataria afirmó que no tiene nada que decir al respecto de las órdenes de aprehensión y delitos por los que se le acusa tanto en Chihuahua como por la Fiscalía General de la República (FGR) a quien fuera el exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.
“No tengo nada que decir al respecto, eso le compete a las autoridades judiciales, el ejecutivo no está involucrado en esto”, dijo Campos Galván.
Sobre las declaraciones de que ella sí sabía de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua en el operativo del narcolaboratorio y que se publicó este día en el periódico The New York Times, solo aseguró que “mejor se lo diga a un juez”.
Chihuahua. - La Fiscalía General del Estado de Chihuahua negó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tuviera conocimiento de la presencia de los agentes de la CIA en el operativo del narcolaboratorio en El Pinal.
En un comunicado de prensa, la dependencia estatal, ante los dichos que atribuyen a que la titular del Poder Ejecutivo del Estado tuvo conocimiento de la participación de personas extranjeras en actividades operativas de esta institución, la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su deber de informar con veracidad sobre su actuación, precisó los siguientes puntos:
1.- La carpeta de investigación relacionada con el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos integra a la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de prueba documental, pericial y técnica.
2. En ninguna de las declaraciones ni en ningún otro dato de prueba que a la fecha integra la carpeta existe referencia a que la titular del Poder Ejecutivo del Estado haya conocido o autorizado la participación de personas extranjeras en actividades operativas de la Fiscalía.
3. Lo que la investigación acreditó, y un juez de control tuvo por probable al dictar auto de vinculación a proceso, es precisamente lo contrario: que esa información le fue ocultada.
4. Los dichos atribuidos a una persona contra la que existe orden de aprehensión vigente no forman parte de la carpeta de investigación. Esta Fiscalía no se pronuncia sobre versiones expresadas fuera del proceso; su actuación se sustenta exclusivamente en los datos de prueba que integran la carpeta y está sujeta al control del juez de la causa.
5. Esta Fiscalía tampoco se pronuncia sobre la identidad ni la adscripción institucional de las personas extranjeras, que en la carpeta constan como ciudadanos estadounidenses, ni sobre documentos que no le han sido exhibidos.
Por último, la Fiscalía de Chihuahua aseguró que la investigación continúa en su etapa complementaria conforme al plazo fijado por el juez, y la Fiscalía ha compartido su contenido con la Fiscalía General de la República en el marco de la colaboración entre ambas instituciones.
Las columnas políticas hoy, martes 10 de noviembre de 2026.
La Operación Morena borremos a Taddei
Bajo Reserva/El Universal
La estrategia de los diputados federales de Morena para lanzar una ola de publicaciones en redes sociales con el objetivo de cambiar la narrativa del clan Taddei y deslindar a su movimiento de la corrupción en el INE y culpar de la misma a expresidentes de ese órgano electoral no solo ha sido poco exitosa, sino que podría costarles cara a los legisladores. Nos comentan que, tras cinco días de “volar en escuadrón” y más de 400 posteos en Facebook, Instagram y X, los diputados morenistas alcanzaron apenas 3.14 millones de vistas. De los 254 congresistas, hasta ayer solo 130 habían acatado la orden de subir los contenidos. Ahora, luego de un regaño, tendrán que hacer hasta 3 publicaciones diarias, y las métricas, nos dicen, serán revisadas publicación por publicación y diputado por diputado para que nadie incumpla. La meta a corto plazo es llegar a 9 millones antes de que concluya la primera semana y para alcanzarla, nos dicen, se les pidió incluso pautar en las redes para que los posteos lleguen a más ojos. ¿Cuánto dinero estarán dispuestos a desembolsar los legisladores morenistas para deslindarse del clan Taddei y la corrupción en el INE?
En el INE el sueldo es lo de menos
Ahora sí, nos aseguran, ningún consejero o funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) ganará más que la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta interina del organismo autónomo, Blanca Cruz, afirmó que, por ley, a partir de 2027 se establecerán topes salariales que obligarán a ceñirse a la disposición de que ningún servidor público tenga ingresos superiores a los de la persona titular del Ejecutivo Federal. Nos dicen que, aunque no reveló nombres ni cargos, a estas alturas todavía hay quienes se han saltado esa norma, pese a los constantes llamados desde Palacio Nacional. La medida, si ahora se logra aplicar, es buena; sin embargo, nos comentan que, como quedó muy claro con el caso de Guadalupe Taddei y los funcionarios de su clan, el sueldo era lo de menos; las ganancias reales están en los contratos millonarios.
La SEP gana el primer lugar… en excusas
En la Secretaría de Educación Pública finalmente se logró tener un primer lugar. Ocupa el primer lugar en excusas, pues luego de que EL UNIVERSAL publicara los resultados de una investigación de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, que revela que sólo 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica tiene computadoras e internet, la dependencia, encabezada por Mario Delgado, respondió con un comunicado de tres páginas lleno de elogios al gobierno y ataques al pasado, pero sin ningún dato duro o creíble que demostrara que son falsas las cifras del estudio, que, por cierto, está sustentado en las propias estadísticas oficiales de la SEP. La dependencia prefirió presumir inversiones millonarias, computadoras repartidas y escuelas conectadas, pero nunca desmentir que 65 por ciento de los planteles carece de al menos una de esas herramientas. Eso sí, se recurrió al viejo remedio de culpar a los neoliberales de todo lo malo que ha pasado y está por pasar en el país.
La deuda del canciller con los diplomáticos
Nos cuentan que, en el marco del Día de la Persona Diplomática, el canciller Roberto Velasco volvió a aceptar la deuda que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores con los funcionarios mexicanos que sirven en el exterior. Nos refieren que don Roberto refrendó su compromiso para impulsar que se mejoren las condiciones laborales de los integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Nos dicen que desde la Cancillería ya se revisa desde hace varios meses este esperado incremento en embajadas y consulados de México en todo el mundo. Debo, no niego; pago, cuando se pueda.
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Termina la suerte para los líderes de “Los Rs”/Héctor de Mauleón
El Universal, | 10-11-26 |
Un reporte del Centro Nacional de Inteligencia, con información de la DEA, señaló la ubicación de Rafael Álvarez Ayala, El R2, en el restaurante SABEA de la colonia Vallarta.
El líder de “Los Rs” del Cártel Jalisco Nueva Generación llevaba varias horas en ese establecimiento, inaugurado apenas el 9 de octubre pasado. La fiesta había empezado desde la noche anterior.
A las 14:30, personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina se posicionó en las cercanías del inmueble. Tres elementos navales se acercaron a pie al restaurante para llevar a cabo una revisión. Según los reportes, a las 14:40 localizaron en la parte superior del establecimiento, en un reservado ubicado junto a una terraza, al R2.
Lo acompañaba Fernando Omar Farías, El Fénix o El Prángana, originario de Apatzingán y actual responsable de las actividades del Cártel Jalisco en Uruapan. Farías, según investigaciones federales se hallaba encargado del cobro de cuotas al sector aguacatero y comercial. Había sido detenido por delitos de alto impacto en 2016, pero dos años más tarde recobró la libertad.
También el R2 se hallaba libre inexplicablemente. En 2012 fue detenido con sus hermanos, Ramón Álvarez Ayala, El R1, y Jesús Álvarez Ayala. En 2016 los tres fueron condenados a 20 años de prisión. Se les acusó de operar bajo las órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y de coordinar la incursión de células del CJNG en Guanajuato y Michoacán.
El 24 de noviembre de 2022, el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal Ricardo Mejía Berdeja informó que Ramón, El R1, había sido liberado de madrugada, en un “sabadazo judicial” dictado por una jueza. El mismo año, Rafael, El R2, quedó libre.
Era el mismo personaje que los tres elementos navales identificaron el domingo pasado en la parte alta del restaurante SABEA.
Los agentes de la UNOPE irrumpieron en el reservado. Al dictarle los “comandos verbales” de rigor, Álvarez Ayala abrió fuego. De acuerdo con un reporte consultado hirió a un tercer maestre de infantería en la pierna derecha y disparó otra vez contra un marino de infantería. Para fortuna de este, el proyectil pegó en uno de los cargadores de su chaleco.
En el intercambio de disparos, El R2 recibió un tiro en el vientre y otros dos en una pierna y un brazo.
El reporte indica que al mismo tiempo los escoltas del capo intentaron realizar maniobras evasivas.
Tres minutos más tarde, sin embargo, el inmueble había quedado asegurado.
21 personas fueron detenidas. Entre estas un ciudadano argentino y otro de origen estadounidense. Las autoridades no determinaron si formaban parte de la estructura criminal. Al mismo tiempo se denunció en redes sociales que algunos trabajadores del restaurante también se hallaban entre los detenidos.
Álvarez Ayala fue trasladado en ambulancia al Hospital Civil de Guadalajara. Le hicieron una operación de intestino bajo custodia de personal de Marina. Personal del hospital refirió al columnista que marinos vestidos de enfermeros y con armas largas en las manos presenciaron la intervención quirúrgica.
Al mismo tiempo, el lugar fue rodeado por un dispositivo de seguridad para evitar un posible intento de rescate.
Los hermanos Álvarez Ayala, con fuerte presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia debieron huir de Michoacán tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ordenado hace un año, en noviembre de 2025, por El R1.
Desde entonces, y en especial, tras el abatimiento del Mencho, su suerte quedó echada. Habían perdido el apoyo de los mandos del CJNG y se refugiaban en distintos lugares de Jalisco.
El R1 fue detenido el 30 de julio de este año en Atotonilco el Alto.
Al mes siguiente, un jurado del Distrito de Columbia presentó una acusación en contra de los hermanos Álvarez Ayala por conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas.
Pasaron solo 60 días para que el R2 fuera ubicado por el CNI y la DEA en el restaurante SABEA.
Todos los involucrados habían sido apresados en algún momento. Todos fueron presentados como ejemplo del combate al crimen organizado. Tarde o temprano todos fueron liberados y volvieron a delinquir. Esta vez, con órdenes de extradición pendientes, la suerte parece habérseles terminado por fin a los líderes de “Los Rs”.
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Andy vs. Salinas Pliego/CARLOS LORET DE MOLA
El Universal, 10-11-26
El empresario Ricardo Salinas Pliego es hoy la figura opositora mejor posicionada para la carrera presidencial de 2030. Podrá causar controversia incluso dentro de un sector de la gente que está inconforme con el régimen, pero es innegable que el denominado “Tío Richie” es el puntero de una oposición que por lo demás luce alicaída y sin figuras que generen conversación. Su activismo, su confrontación directa con dos presidentes, su posición económica y ese permanente coqueteo con saltar a la política electoral le han dado ese estatus.
Andy López Beltrán, el junior del expresidente López Obrador, no tiene ese estatus. No es el puntero de nada, acaso de la contienda por el distrito por la candidatura de Morena a la diputación federal del distrito no sé qué de Tabasco. Andy era presidenciable hace unos años. Tenía todo para completar el plan de su papá y convertirse en presidente de México. Hoy, Andy es un símbolo de la corrupción. Se lo ganó a pulso: la exhibición de su riqueza inexplicable, su vida de millonario sin trabajar y los negocios de su operador financiero y prestanombres Amílcar Olán lo tienen en el basurero de la política. No sólo no es el puntero del oficialismo de cara a la sucesión del 2030 —ese es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch— sino que está desesperadamente, montado en los hombros de la figura de su padre, pataleando a ver si lo vuelven diputado federal y le garantizan fuero. Penoso.
Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego y Andy López Beltrán están en un duelo público que los tiene frente a frente.
Para el empresario convertido en figura de la oposición, la confrontación directa con Andy representa un desafío interesante:
Si le sale mal, puede ayudarle a Andy a regresar a una arena en la que ya no está: la de la contienda presidencial. Puede terminar resucitándolo políticamente porque hoy, le está dando trato de iguales. Y no lo son.
Pero si le sale bien, puede usar a Andy como un sinónimo de su papá AMLO y de Morena. Porque Andy engloba toda la putrefacción del régimen. Es apestado hasta en Morena. Seguir remarcando sus abusos, sus excesos y sus corruptelas como símbolo de lo que realmente es Morena. Exhibir a Andy es exhibir la hipocresía de su papá, y eso es un golpe en la línea de flotación del partido en el poder.
Sus estrategas y su exitoso equipo de redes sociales, que han ayudado a posicionar su nueva imagen de empresario en rebeldía, tendrán que evaluarlo con cuidado. Es una frontera muy delgada y son tiempos de hipersensibilidad política.
historiasreportero@gmail.com
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Lenia Batres y la guerra anticipada por la presidencia de la Corte/MARIO MALDONADO
El Universal | 10-11-26 |
Lenia Batres llevó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la disputa por la presidencia en 2027. Durante la discusión de un amparo en materia de propiedad industrial, insinuó que las objeciones a sus proyectos tienen relación con la sucesión del actual presidente Hugo Aguilar. Yasmín Esquivel le respondió que sus observaciones eran jurídicas y ajenas a cualquier aspiración por encabezar el tribunal. El episodio dejó al descubierto las tensiones que se acumulan entre los ministros y ministras de una Corte que, a poco más de un año de renovar su presidencia, se ha convertido en un polvorín.
En el caso discutido este lunes, la autoridad había tardado más de cinco años en resolver la nulidad de una marca. Giovanni Figueroa y Yasmín Esquivel señalaron una contradicción en el proyecto de Batres, que sostenía que no existía un plazo específico para resolver el procedimiento, pero al mismo tiempo reconocía la aplicación supletoria de uno de tres meses. Aunque el amparo fue negado por ocho votos contra uno, la mayoría exigió retirar algunas consideraciones del proyecto, por lo que Batres consiguió los votos para su propuesta, pero no para sostener todos sus argumentos.
La discusión se extendió a la conducción del Pleno. Batres reclamó al presidente Hugo Aguilar por el uso de la palabra y lanzó una ironía sobre las diferencias entre prescripción y caducidad. Loretta Ortiz le reprochó que pusiera en duda los conocimientos de sus compañeros.
La semana pasada ocurrió otro desencuentro. En un expediente sobre indemnización por negligencia médica en el ISSSTE, cinco ministros votaron por aplazar la resolución hasta revisar el texto definitivo de la sentencia. Querían verificar cómo se incorporarían las modificaciones acordadas en la discusión. La sentencia debía reflejar lo votado.
También quedó en minoría en el caso del Cabildo de Puebla. Batres, María Estela Ríos e Irving Espinosa defendieron una fórmula de distribución de regidurías promovida por el gobernador Alejandro Armenta, invalidada por seis votos contra tres. El fallo tendrá efectos electorales en 2027.
Este lunes se sumó otro revés. Por siete votos contra dos, la Corte rechazó el segundo intento de Batres de atraer el litigio fiscal de Juegos del Bajío, empresa vinculada a los hermanos Rodríguez Borgio, por un crédito reclamado por el SAT superior a 4 mil 306 millones de pesos. Batres denunció un presunto contrato falso y cabildeo. Sólo Sara Irene Herrerías la acompañó.
La dificultad de Batres consiste en convertir las diferencias jurídicas en señalamientos políticos contra sus compañeros. Su protagonismo y su cercanía con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador no le han garantizado mayorías. Al revés, se ha ido radicalizando en sus posturas.
La posibilidad de que presida la Corte preocupa a sectores empresariales por sus posiciones sobre la intervención del Estado, las controversias fiscales y los derechos de los particulares. Asimismo, en Estados Unidos la protección de inversiones y la certidumbre jurídica forman parte de la agenda bilateral, especialmente ante la revisión del T-MEC.
La sucesión agrega presión. El artículo 94 constitucional prevé una presidencia rotatoria cada dos años según los votos de la elección judicial, lo que colocaría a Batres después de Aguilar en septiembre de 2027. El artículo 97 conserva una regla distinta, la elección interna del presidente por cuatro años. Esa contradicción aún no ha sido resuelta. No puede darse por hecho ni que Batres asumirá ni que sus compañeros podrán elegir libremente a otra persona en esa fecha.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la contradicción constitucional y ha señalado que corresponde a la propia Corte resolverla. Batres decidió llevar la disputa sucesoria a una sesión en la que se discutía un asunto completamente ajeno. Todo apunta a que vienen meses todavía más complicados para el máximo tribunal, con diferencias jurídicas que comienzan a mezclarse con las disputas por el poder. Y de esas que sacan chispas.
Posdata 1
La disputa por la presidencia de la Corte tiene un trasfondo jurídico, pero su desenlace será inevitablemente político. La contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución mantiene abiertas dos rutas para la sucesión de Hugo Aguilar. La primera establece una rotación cada dos años conforme a los votos obtenidos en la elección judicial, lo que llevaría a Lenia Batres a la presidencia en septiembre de 2027. La segunda contempla que los propios ministros elijan a quien encabece el tribunal por un periodo de cuatro años. Esta última interpretación, que ha ganado adeptos dentro de la Corte, abre la puerta a Yasmín Esquivel.
En el entorno empresarial, entre aliados del Partido Verde y en distintos grupos de Morena se ha venido construyendo una corriente favorable a Esquivel. La ministra es vista por estos sectores como una interlocutora con mayor experiencia, capacidad de negociación y disposición para construir acuerdos. El asunto está en la esfera política. Ricardo Monreal ha planteado la necesidad de que los ministros alcancen un acuerdo para evitar mayores confrontaciones. Y aunque formalmente la decisión corresponde a las instituciones facultadas para resolver la contradicción constitucional, difícilmente podrá entenderse su desenlace sin la posición que adopte la presidenta Claudia Sheinbaum.
Batres tiene a su favor la interpretación de la rotación y los votos que obtuvo en las urnas, pero Esquivel cuenta con respaldos políticos y una alternativa jurídica para disputar el cargo. La decisión todavía no está tomada. Lo que ya se observa es que la sucesión de 2027 comenzó a dividir a la Corte mucho antes de que termine la presidencia de Hugo Aguilar. Y que la batalla de Batres no será solamente contra sus compañeros ministros, sino también frente a sectores del propio oficialismo que preferirían ver a Esquivel al frente del máximo tribunal.
Posdata 2
Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) encontraron en el paro nacional una vía para mejorar sus condiciones salariales. Este lunes, después de suspender actividades en módulos de atención ciudadana de distintas entidades, consiguieron que las autoridades electorales aceptaran un incremento base de 6%, con posibilidades de elevarlo hasta 12% mediante ajustes presupuestales. Los inconformes, que perciben alrededor de 9,600 pesos mensuales, buscan alcanzar los 19 mil pesos, equivalentes a dos salarios mínimos. El acuerdo contempla revisar las economías del Instituto y eventualmente solicitar recursos adicionales a Hacienda. El aumento mayor todavía no está garantizado, pero la movilización consiguió abrir una negociación que antes estaba limitada por las restricciones presupuestales.
El episodio se suma a una práctica que ha ganado fuerza durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. En octubre, trabajadores del IMSS realizaron marchas, bloqueos y plantones en distintas ciudades para rechazar una propuesta de incremento de 2.9% al salario tabular, acompañada de 3.9% en prestaciones. La presión obligó a la dirigencia sindical a consultar a sus bases, que rechazaron la oferta, y al director del Instituto, Zoé Robledo, a instalar nuevas mesas de negociación. Los inconformes exigían un aumento directo de 10%, regularización de plazas y mejores condiciones de trabajo. El conflicto mostró que incluso los acuerdos previamente negociados entre las autoridades y los sindicatos pueden quedar sujetos a revisión mediante movilizaciones.
En el magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha recurrido repetidamente a paros, plantones y bloqueos desde 2025. La presión llevó al gobierno federal a retirar una propuesta de reforma al ISSSTE, congelar la edad de jubilación y anunciar medidas de alivio para deudores del Fovissste. En mayo de 2026, la administración federal autorizó un incremento salarial de 9% para docentes de educación básica, aunque la Coordinadora mantuvo sus exigencias de modificar el régimen de pensiones. En junio volvió a paralizar escuelas y vialidades durante casi tres semanas, aprovechando también la cercanía del Mundial de Futbol para aumentar la presión sobre las autoridades.
Los resultados de estas negociaciones tienen consecuencias presupuestales. En el IMSS, el aumento finalmente pasó de 6.8% a 8%, con un costo adicional estimado en 5 mil 229 millones de pesos, además del compromiso de basificar a 10 mil 939 trabajadores. En el INE todavía falta determinar de dónde saldrán los recursos para cumplir las expectativas salariales. Las demandas laborales pueden ser legítimas, pero el gobierno de Sheinbaum enfrenta un problema creciente, porque cada movilización que consigue modificar una oferta presupuestal incentiva a otros grupos a utilizar el mismo mecanismo.
Posdata 3
La relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la DEA atraviesa una etapa de mayor colaboración operativa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo una nueva reunión con Terrance Cole, director de la agencia antidrogas estadounidense, para revisar investigaciones financieras, intercambio de inteligencia, extradiciones pendientes y objetivos criminales prioritarios.
El encuentro, celebrado la semana pasada y anunciado este lunes, también incluyó el tráfico de armas hacia México y los recursos que reciben las organizaciones criminales por la venta de drogas en Estados Unidos. La DEA fue más allá del comunicado mexicano y habló expresamente de desmantelar organizaciones narcoterroristas y combatir la corrupción que permite su funcionamiento.
La reunión se conoció después de la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Jalisco y Michoacán. El operativo realizado en Zapopan dejó 20 detenidos y contó con información proporcionada por la DEA, además del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia y las fuerzas federales mexicanas. El presunto criminal enfrenta acusaciones relacionadas con homicidio, extorsión, secuestro y narcotráfico, y tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
La colaboración entre Harfuch y Cole no es nueva. Ambos se reunieron en Washington en marzo y coincidieron en agosto en Argentina, donde el estadounidense calificó al secretario mexicano como un socio confiable y amigo de su país.
Posdata 4
El dirigente del Sindicato Nacional de Mineros y diputado federal, Napoleón Gómez Urrutia, prepara el lanzamiento de su nuevo libro, El misterio de la prosperidad, que llegará a México, Estados Unidos y Canadá el próximo 17 de noviembre. En la obra, publicada por BenBella Books, el líder sindical analiza las causas de la desigualdad económica y cuestiona la concentración de la riqueza, a partir de su experiencia al frente del movimiento minero y de sus vínculos con organizaciones sindicales internacionales. El texto recupera experiencias de países como Alemania, Suecia y Dinamarca, donde la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales forman parte de sus modelos económicos. Entre las propuestas para México destacan duplicar el aguinaldo a 30 días, incorporar representantes laborales a los consejos de administración de las empresas, cerrar la brecha salarial de género y fortalecer las inspecciones laborales. Gómez Urrutia sostiene que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en bienestar para quienes generan la riqueza y plantea que una distribución más equitativa puede contribuir a fortalecer el consumo, la productividad y la estabilidad social. El libro promete alimentar el debate sobre los cambios pendientes en la política laboral mexicana y la relación entre empresarios, sindicatos y gobierno.
@MarioMal
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