Las torturas de la CIA

Obama, ante las torturas de la CIA/Eugene Robinson, columnista de The Washington Post. Acaba de ser galardonado con el Pulitzer

Publicado en EL MUNDO, 27/04/09;

Las muchas vías de investigación de las abusivas «técnicas de interrogatorio» practicadas por la administración Bush conducen a un hecho inconveniente y terco: la tortura no es sólo inmoral, sino también ilegal. Esto significa que una vez que sepamos toda la verdad, estaremos obligados por ley a actuar al respecto.Comprensiblemente, la Administración Obama quiere evitar entramparse en un largo y agotador drama legal que casi seguro será partidista y divisorio. Pero no estoy seguro de que sea posible esquivar las implicaciones delictivas de lo que ya sabemos, por no hablar de lo que podríamos descubrir en el curso de una investigación integral de estilo «comisión de la verdad» con acceso a todos los testigos y documentos relevantes.
Con la cuestión moral, el Gobierno ha sido directo y honrado. Una de las primeras acciones del presidente Obama fue anunciar que Estados Unidos no va a practicar más el interrogatorio por ahogamiento ni ningún otro método abusivo, diciendo que tales aberraciones son contrarios a los valores y las tradiciones de la nación. El fiscal general Eric Holder afirmaba durante su vista de confirmación que «el interrogatorio por ahogamiento es constitutivo de tortura». Esta claridad refrescante y admirable supone un acusado contraste con la neblina de equívocos legalistas entre los que la Administración Bush disimulaba sus cárceles secretas.
Con la cuestión legal, sin embargo, el equipo Obama viene siendo mucho menos tajante. Esto es lo que decía Dennis Blair, director de Inteligencia nacional, a su personal acerca de los abusos en los interrogatorios a través de una nota la semana pasada: «Me gusta pensar que yo no habría aprobado esos métodos en el pasado, pero no critico a aquellos que tomaron las decisiones en aquel momento, y decididamente defenderé a aquellos que llevaron a cabo los interrogatorios cumpliendo las órdenes que recibieron».Por dejar constancia de lo evidente, esto no tiene ni pies ni cabeza. Si Blair no ha autorizado «esos métodos» -parte de los cuales cumplen claramente la definición legal de tortura, en mi opinión- entonces ¿por qué exonerar a aquellos que ordenaron los abusos y a aquellos que los llevaron a cabo?
Al menos Blair, a cargo de los agentes que desempeñaron los abusos, tiene motivos para mostrarse tan equívoco a propósito de la transparencia.Y podemos estarle agradecidos por refutar de forma tajante la defensa de la tortura que se cita con mayor frecuencia: que la asfixia por ahogamiento, la privación del sueño, las posturas tensionales y los demás abusos eran necesarios para obtener información vital que protegió a los estadounidenses de otro ataque de Al Qaeda. «La información más importante salió de interrogatorios en los que se utilizaron esos métodos», escribía Blair. Pero en un comentario independiente, añadía que «no existe forma de saber si esa misma información se podría haber obtenido o no a través de otros medios».
La gente se derrumba bajo torturas y canta lo que sabe, junto a lo que no sabe y lo que piensa que sus torturadores quieren escuchar. Pero no hay manera de estar seguros de si esa valiosa información habría surgido por métodos tradicionales -y legales- de interrogatorio. Incluso si los expertos tienen opiniones encontradas acerca de la eficacia de la tortura, hay un punto en el que no pueden discrepar: la tortura viola el Derecho estadounidense y el internacional. ¿Qué abusos son constitutivos legalmente de tortura? Eso probablemente dependa del criterio legal que se aplique. Como mínimo, me parece que está claro que la asfixia por ahogamiento sería declarada ilegal en caso de ser sometida a escrutinio judicial. La práctica se ha considerado tortura por lo menos desde la Inquisición española, excepto, al parecer, entre las paredes de la Oficina de Asesoramiento Legal de George W. Bush. No sé qué más vamos a descubrir si un panel burocrático de investigación de algún tipo se constituye. Pero lo que ya sabemos es suficiente para poder asegurar que antes o después, los abusivos métodos de interrogatorio autorizados por George W. Bush y Dick Cheney entre otros funcionarios van a chocar con la ley. Nuestro sistema, actuando sin intervención, no está diseñado para dar a conocer y después ignorar actos ilegales.
La Administración Obama no lo tiene fácil. Nadie quiere ver caer a agentes de base de la CIA especializados en interrogatorios por lo que sus superiores les dijeron que era legal, especialmente si los superiores no rinden cuentas. Pero la imputación criminal de funcionarios de máxima graduación de la administración anterior carecería de precedentes, y no está claro adónde podría conducir.Va a ser difícil detener este tren una vez en marcha, no obstante.El Estado de Derecho es uno de los principios fundacionales de EEUU. No es algo opcional. Nuestras leyes contra la tortura exigen ser obedecidas.

Las torturas de la CIA

Obama y las torturas de la CIA/Mateo Madridejos, periodista e historiador

Publicado en EL PERIÓDICO, 03/05/09;

La asombrosa vitalidad de la libertad de prensa, en su sentido más lato, y la hipó tesis de que todos los errores, horrores, contradicciones y pecados saldrán a la luz, para vergüenza y escarnio de sus protagonistas, retornan a la candente actualidad en Estados Unidos con el tenebroso asunto de las torturas empleadas por la CIA contra algunos sospechosos de terrorismo. Luego de que la Casa Blanca publicara los memorandos redactados por los leguleyos para justificar las más duras técnicas de interrogatorio, asistimos al espectáculo de aparente masoquismo con el que muchos norteamericanos hurgan en las heridas que produjeron las controvertidas actuaciones de sus políticos, espías y soldados.Diluvia sobre un terreno pantanoso porque recordamos las matanzas, los bombardeos y las películas de Vietnam, la filtración de los papeles del Pentágono sobre el falso origen de la guerra y otras mentiras; las intervenciones de la CIA con presidentes de todos los colores, detalladas en libros innumerables; los dislates paranoicos de Nixon aventados por el Watergate; la venta de armas a Irán con destino a los insurgentes de Nicaragua; los fracasos reiterados para eliminar a Castro o la frustración por no haber llegado hasta el cora- zón del Kremlin en más de 30 años de guerra fría.
DESPUÉS DE cada traumatismo nacional, las cloacas del imperio irrumpen en las calles. En esta ocasión, las revelaciones vienen de lo más alto porque el presidente Barack Obama, según su promesa electoral, ordenó la entrega a la prensa de cuatro memorandos secretos, parcialmente expurgados, que confirman las torturas practicadas por la CIA en los interrogatorios de 28 prisioneros durante la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush, en el 2002 y el 2005. Los documentos contienen la opinión de los abogados del Ministerio de Justicia para justificar tan reprobables métodos y remover los escrúpulos de los agentes encargados de practicarlos.Los detalles y las precisiones macabras de los burócratas sobre las cautelas médicas y alimenticias, a fin de asegurar la supervivencia del detenido, son lo más parecido a la pornografía del horror y revelan los estragos jurídicos y políticos de esa combinación diabólica entre la psicosis de la seguridad, derivada de los atentados terroristas de Nueva York y Washington en el 2001, y la voluntad de la Administración de Bush de inventar la tortura legal, sin reparar en los valores democráticos, el Estado de derecho y el control puntilloso del Ejecutivo por parte del Congreso y la opinión publicada, últimas trincheras de la resistencia a la opresión de un sistema proclive al aumento incesante de las prerrogativas presidenciales.La decisión de Obama, pese a las presiones adversas, incluidas las del director de la CIA, fue debatida al más alto nivel y salió adelante porque las torturas “socavan nuestra autoridad moral y no mejoran nuestra seguridad”, pero causó un gran revuelo y provocó una tormenta mediática con inevitable repercusión en el Congreso, donde se enconaron las posiciones partidistas. La opinión también está desgarrada entre la repugnancia por la vulneración de los principios y los dictados de la moral utilitaria. Las encuestas muestran que la mitad de los norteamericanos y el 52% de los independientes (sin partido) creen que los casos graves de terrorismo justifican que el Gobierno pondere el empleo de la tortura.

Con la publicación de los memorandos secretos, el presidente Obama trata de clausurar un capítulo poco edificante de la historia reciente en el que gobernantes y funcionarios asestaron duros golpes al imperio de la ley (rule of law) y los derechos humanos con el pretexto de la protección. Ahora bien, el repudio de la Administración de Bush no es suficiente para exonerar de culpa a unos poderes legislativo y judicial que cooperaron o se abstuvieron, literalmente miraron para otro lado, mientras se creaba un clima propicio para los excesos en la lucha contra el terrorismo.
LA VOLUNTAD de Obama del borrón y cuenta nueva suscitó acerbas críticas en los sectores izquierdistas, que demandan con una lógica aplastante la persecución judicial de los culpables de las atrocidades. Unos, como Mark J. McKeon, fiscal en el Tribunal Internacional para Yugoslavia, consideran que el derecho de gentes (la convención de la ONU sobre la tortura) fue vulnerado; otros arguyen que la actuación de los jueces será una prueba moral para EEUU, aunque advierten de que, a efectos prácticos, sería necesario que el país estuviera unido, lo que no es el caso, para resolver el dilema de principios o responsabilidad tras el que se oculta la problemática razón de Estado.

Con su promesa de cerrar Guantánamo y de proscribir la tortura en la lucha contra el terrorismo, restaurando plenamente la legalidad, pero protegiendo a sus contraventores, la proclama moral de Obama queda amputada y el alegato jurídico-político corre el riesgo de ahondar el debate entre los partidos sobre las enormes responsabilidades compartidas en una desviación de poder asumida por la clase política. Bush y los republicanos estuvieron acompañados por demasiados demócratas, a la defensiva en asuntos de seguridad, en el tortuoso camino hacia el infierno legal. ¿Hasta qué nivel y qué extensión debe alcanzar la investigación judicial, si se produce? ¿Se arriesgará Obama en el laberinto de una regeneración política explosiva?

Torturadores

Los torturadores voluntarios de Bush/Tzvetan Todorov, semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa. Es premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008. Entre sus últimas obras destacan Los aventureros del absoluto, El espíritu de las luces y La literatura en peligro.

Publicado en El País, 14/05/2009;

Traducción de Pilar Vázquez

Los documentos relativos a las prácticas de tortura empleadas en las cárceles de la CIA que el Gobierno de Obama hizo públicos el pasado 16 de abril arrojan una nueva luz sobre esta cuestión: ¿cómo explicarse la facilidad con la que han aceptado la tortura y la han aplicado a sus prisioneros unas personas que actúan en nombre del Gobierno estadounidense?
Los documentos que se acaban de publicar no revelan los casos de tortura concretos: éstos son de sobra conocidos por todos los que en su día quisieron enterarse. Sin embargo, aportan abundante información sobre la forma en la que se llevaban a cabo las sesiones de tortura y sobre cómo la entendían los agentes que la practicaban.
Lo más sorprendente es descubrir la existencia de una normativa increíblemente meticulosa, formulada en los manuales de la CIA y retomada, a su manera, por los responsables jurídicos del Gobierno de George W. Bush. Hasta ahora era posible imaginar que tales prácticas eran una muestra de lo que se suele denominar “atropellos”, infracciones involuntarias de las normas provocadas por la urgencia del momento. Por el contrario, lo que se percibe en los documentos recién conocidos es que se trata de unos procedimientos pautados hasta en sus menores detalles, al milímetro, perfectamente cronometrados.
Así, las formas de tortura son 10, número que posteriormente será elevado a 13. Se dividen en tres categorías, cada una de ellas con diversos grados de intensidad: preparatorias (desnudez, manipulación de la alimentación, privación del sueño), correctivas (los golpes) y coercitivas (duchas de agua fría, encierro en cajas, suplicio de la bañera).
En el caso de las bofetadas, el interrogador, según estos manuales, debe golpear con los dedos separados, en un punto equidistante entre el extremo de la barbilla y la parte inferior del lóbulo de la oreja.
La ducha de agua fría aplicada al prisionero desnudo puede durar 20 minutos si el agua está a cinco grados, 40 minutos si está a 10 grados, y hasta 60 minutos si está a 15 grados.
La privación del sueño no debe ser superior a 180 horas, pero tras un reposo de ocho horas, se puede recomenzar.
La inmersión en la bañera puede durar hasta 12 segundos, durante un periodo que no debe exceder las dos horas diarias, y ello durante 30 días seguidos (un preso particularmente resistente pasó por este suplicio 183 veces en marzo de 2003).
El encierro en una caja de dimensiones muy reducidas no debe ser superior a dos horas, pero si la caja permite que el prisionero esté de pie, se puede prolongar hasta ocho horas seguidas, 16 por día. Si se introduce un insecto en el interior, no se le debe decir al prisionero que la picadura será dolorosa o incluso mortal.
Y así sucesivamente durante páginas y páginas.
Nos enteramos también por estos documentos de cómo se forma a los torturadores. La mayoría de esas torturas está copiada del programa que siguen los soldados americanos que se preparan para enfrentarse a situaciones extremas (lo que permite a los responsables concluir que se trata de pruebas absolutamente soportables). Y lo que todavía es más importante, se elige a los torturadores entre aquellos que han tenido “una larga experiencia escolar” en este tipo de pruebas extremas; dicho en otras palabras, los propios torturadores han sido torturados en una primera fase de su formación. Tras la cual, un cursillo intensivo de cuatro semanas basta para prepararlos para su nuevo trabajo.
Los socios indispensables de los torturadores son los consejeros jurídicos, cuya labor es garantizar la impunidad legal de sus colegas. Esto constituye otra novedad: la tortura ya no se presenta como una infracción de la norma común, lamentable pero excusable, sino que se convierte en la propia norma legal. En este caso, los juristas recurren a otra serie de técnicas. Para librarse de la ley, los interrogatorios deben realizarse fuera del territorio nacional de Estados Unidos, aunque puedan efectuarse en bases norteamericanas en terceros países.
Tal como se define legalmente, la tortura implica la intención de producir un gran sufrimiento. Se sugerirá, por consiguiente, a los torturadores que nieguen la presencia de esa intención. De tal modo que no se abofetea al preso para producirle dolor, sino para sorprenderlo y humillarlo. En cuanto al objetivo de encerrarlo en una caja de reducidas dimensiones no es provocar un desorden sensorial, sino producirle cierta sensación de incomodidad.
El verdugo debe insistir siempre en su “buena fe”, en sus “convicciones sinceras” y en lo razonable de sus premisas. Se han de utilizar sistemáticamente eufemismos: “Técnicas reforzadas”, en lugar de tortura; “experto en interrogatorios”, en lugar de torturador.
También se evitará dejar huellas físicas, y, por esta razón, se preferirá la destrucción mental a los daños físicos; asimismo, se destruirán inmediatamente las posibles grabaciones o tomas visuales de las sesiones.
Otros colectivos colaboran en la práctica de la tortura: el contagio se extiende allende el limitado círculo de los torturadores. Aparte de los juristas que se encargan de dar legitimidad a sus actividades, en los documentos se menciona sistemáticamente a los psicólogos, a los psiquiatras y a los médicos (obligatoriamente presentes en todas las sesiones), además de a las mujeres (los torturadores son hombres, pero la humillación es aún mayor, más grave, cuando hay mujeres presentes) y a los profesores de universidad que proveen justificaciones morales, legales o filosóficas.
¿A quién debemos considerar hoy responsable de esta perversión de la ley y de los principios morales más elementales?
Los ejecutores voluntarios de la tortura lo son menos que los altos cargos y los magistrados que la justificaron y la fomentaron; y éstos, menos responsables, a su vez, que quienes teniendo el poder de tomar decisiones políticas les pidieron que lo hicieran.
Los Gobiernos extranjeros aliados, sobre todo los europeos, también tienen su parte de responsabilidad: pese a haber estado siempre al corriente de la existencia de estas prácticas y de haberse beneficiado de la información obtenida por estos medios, nunca, ni antes ni ahora, se preocuparon por alzar la más mínima protesta, ni siquiera hicieron el más leve signo de desaprobación. Quien calla otorga. ¿Habría que sentarlos en el banquillo?
En una democracia, la condena de los políticos consiste en privarlos del poder no reeligiéndolos. Y con respecto a los otros profesionales, se esperaría que sean sus iguales quienes les impongan el castigo, pues ¿quién querría ser alumno de semejante profesor, paciente de un médico tal o juzgado por un juez así?
Si se quiere comprender por qué estos valientes estadounidenses aceptaron tan fácilmente convertirse en torturadores, de nada vale intentar encontrar argumentos en el odio o en un miedo ancestral a los musulmanes o a los árabes. No. La situación es mucho más grave.
Lo que nos enseñan los documentos estadounidenses que acaban de hacerse públicos es que, siempre y cuando forme parte de un colectivo y esté respaldado por él, cualquier hombre que obedezca a los nobles principios dictados por el “sentido del deber”, por la necesaria “defensa de la patria”, o que se deje arrastrar por un temor elemental por la vida y el bienestar de los suyos, puede convertirse en torturador.

De nuev Karl Rove

Karl Rove, interrogado por el despido de los fiscales 'díscolos'
YOLANDA MONGE - Washington - EP; 16/05/2009;

Karl Rove, el estratega político que logró que George W. Bush ganase dos elecciones presidenciales, vuelve a ocupar titulares. El caso es antiguo (y la justicia lenta): se remonta al año 2006. Fue entonces cuando nueve fiscales federales fueron despedidos. Cierto es que el presidente tiene la facultad de nombrar a los 93 fiscales federales (además del fiscal general) de la Unión. Pero nunca puede hacerlo motivado por razones políticas. La oposición supuso que esto fue lo que pasó, que los nueve magistrados no seguían los dictados de la Casa Blanca. Los fiscales díscolos se negaron, por ejemplo, a investigar supuestos fraudes electorales que favorecían a los demócratas o tomaron la iniciativa de querer llevar ante los tribunales a altos cargos republicanos.
Ayer, Rove fue interpelado por la fiscal especialmente designada para el caso, Nora Dannehy, quien tiene la misión de esclarecer el papel que jugó el mago de Bush en aquellos despidos. The New York Times aseguraba que el grado de implicación de Rove nunca fue conocido del todo y que sus allegados insistían en que su participación fue "periférica". The Washington Post afirmaba que lo que cuente Rove será "sin duda información valiosa". David Iglesias, uno de los fiscales despedidos, dice tener pruebas contra Rove. Otras fuentes le sitúan en el centro del compló coordinado entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia para acabar con la carrera de hasta 30 fiscales, lo que le costó el cargo al entonces fiscal general, Alberto Gonzales.

Obama da marcha atras en Guantánamo

El presidente de EEUU, Barack Obama, anunció este viernes el restablecimiento de las comisiones militares creadas por George W. Bush, para juzgar a presos sospechosos de terrorismo retenidos en la base naval norteamericana de Guantánamo, aunque éstos tendrán nuevas protecciones legales.

Obama ha anunciado que pedirá un período adicional de 120 días para celebrar los juicios pendientes para que así el Gobierno pueda cambiar los procedimientos y dar más garantías a los detenidos.
El nuevo sistema limitará el uso de rumores, prohibirá las declaraciones obtenidas mediante tratamientos "crueles", dará a los acusados más amplitud para escoger a sus abogados y proporcionará más protección si no deciden no testificar.

Los jueces de las nuevas comisiones militares también podrán establecer la jurisdicción de sus propios tribunales.
Según Obama, las reformas "comenzarán a restablecer las comisiones como un foro legítimo para el enjuiciamiento, al tiempo que las adaptan al Estado de Derecho".

El presidente ha prometido también colaborar con el Congreso para reformas adicionales que permitan que estas comisiones "enjuicien de manera efectiva a los terroristas y sean un camino, junto a los juicios en tribunales federales, para la administración de la Justicia".

"Éste es el mejor camino para proteger nuestro país al tiempo que respetamos nuestros valores más queridos", ha destacado Obama.Oposición de grupos de derechos humanos

Actualmente hay 241 detenidos en Guantánamo, que Obama prometió cerrar en enero de 2010. Los resucitados tribunales no juzgarán a todos los presos, sino a algunos de los sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda. Entre ellos se encuentran cinco acusados de haber participado en la trama para los atentados del 11-S, entre ellos el supuesto "cerebro" de la operación, Jalid Sheij Mohamed. Además, las comisiones podrían juzgar a otros presos sospechosos de terrorismo que se capturen en el futuro.

El anuncio de la vuelta de las comisiones militares, que Obama describió durante su campaña electoral como "un tremendo fracaso", ha causado consternación entre los grupos pro derechos humanos. La organización Amnistia Internacional (AI) afirmó que "no se puede reformar un sistema que es básicamente injusto".

Para AI, el resucitar estos tribunales militares haría un flaco servicio a la Justicia. "No se puede andar remendando un sistema que es esencialmente injusto", afirma el experto de AI para Estados Unidos Rob Freer.

Empero, Obama, ha tomado esta decisión presionado por el Congreso, que le ha pedido un plan acerca de cómo será el tratamiento de los detenidos en Guantánamo para autorizar el dinero que permitirá el cierre esa prisión establecida tras los atentados del 11-S.
"El presidente tendrá que remitir al Congreso, por escrito, un plan detallado acerca del destino de cada uno de los individuos detenidos hasta el 30 de abril de 2009", determina el texto redactado por la Cámara. Además, los legisladores exigen a la Casa Blanca "un análisis previo acerca de cualquier riesgo que el desplazamiento de los presos pueda suponer a la seguridad nacional".Por otro lado, EE UU liberó a un detenido de Guantánamo y lo envía a Francia: se trata del argelino Lakhdar Boumediene.
El ex presidente George W. Bush, dijo en 2002 que seis argelinos, entre ellos Boumediene, habían planeado atacar con bombas la embajada estadounidense en Sarajevo. Pero un juez federal sentenció en noviembre pasado que Boumediene y cuatro de sus otros compatriotas deberían ser liberados de Guantánamo, donde habían estado recluidos casi siete años tras deteminar que las acusaciones en su contra sólo se basaban en una sola fuente anónima cuya credibilidad no podía confirmarse.