Resolutivo de la CIDH

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida este jueves 10 de diciembre obliga al Estado mexicano a investigar todos los casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua donde desde el año 1993 han sido brutalmente asesinadas unas 500 mujeres.
El fallo "ordena una investigación seria y exhaustiva" de todos los casos, al tiempo que establece "las condiciones en las que tiene que darse" este proceso como "remover todos los obstáculos que impidan" el desarrollo de estas investigaciones.
Establece además que este proceso debe darse "con una perspectiva de género" ya que la condena de la CIDH determina que "los homicidios de mujeres por cuestión de género son considerados feminicidios", explicó el abogado.
"El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables", destaca el texto de la Corte
La CIDH emitió este jueves un fallo en el que responsabiliza a México de la muerte de tres mujeres ocurrida en el año 2001 en el marco del conocido caso del Campo Algodonero, lo que constituye una sentencia histórica que, por primera vez, condena los feminicidios ocurridos en esa violenta localidad.
La sentencia, con fecha 16 de noviembre, "es de carácter obligatorio y señala la responsabilidad del Estado mexicano por no haber ofrecido garantías y protección adecuadas a las mujeres en Ciudad Juárez", en especial, a Claudia Ivette González de 19 años, Esmeralda Herrera de 15, y Laura Berenice Ramos de 17.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO
SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
(EXCEPCIÓN PRELIMINAR, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)
En el caso González y otras (“Campo Algodonero”), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces :
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García-Sayán, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza, y
Rosa María Álvarez González, Jueza ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
(...) PUNTOS RESOLUTIVOS
1. Por tanto,
LA CORTE
DECIDE,
por unanimidad,
1. Aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado, de conformidad con los párrafos 31 y 80 de la presente Sentencia y, por ende, declarar que: i) tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de alegadas violaciones al artículo 7 de la Convención Belém do Pará, y ii) no tiene competencia contenciosa en razón de la materia para conocer de supuestas violaciones a los artículos 8 y 9 de dicho instrumento internacional.
2. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 20 a 30 de la presente Sentencia.
DECLARA,
por unanimidad, que,
3. No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 a 242 de esta Sentencia.
4. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente Sentencia.
5. El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con los párrafos 287 a 389 de la presente Sentencia.
6. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 390 a 402 de la presente Sentencia.
7. El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, de conformidad con los párrafos 403 a 411 de la presente Sentencia.
8. El Estado violó el derecho a la integridad personal ,consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los sufrimientos causados a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 413 a 424 de la presente Sentencia.
9. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los actos de hostigamiento que sufrieron Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, por los actos de hostigamiento que sufrieron, en los términos de los párrafos 425 a 440 de la presente Sentencia.
10. El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 441 a 445 de la presente Sentencia.
Y, DISPONE
por unanimidad, que,
11. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
12. El Estado deberá, conforme a los párrafos 452 a 455 de esta Sentencia, conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, los que se llegasen a abrir, para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes González, Herrera y Ramos, conforme a las siguientes directrices:
i) se deberá remover todos los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o análogos a los del presente caso;
ii) la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género;
iii) deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad, y
iv) los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.
13. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables, conforme a lo expuesto en los párrafos 456 a 460 de esta Sentencia.
14. El Estado deberá realizar, dentro de un plazo razonable, las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los responsables de los hostigamientos de los que han sido objeto Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 461 y 462 de esta Sentencia.
15. El Estado deberá, en el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, publicar en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el estado de Chihuahua, por una sola vez, los párrafos 113 a 136, 146 a 168, 171 a 181, 185 a 195, 198 a 209 y 212 a 221 de esta Sentencia y los puntos resolutivos de la misma, sin las notas al pie de página correspondientes. Adicionalmente, el Estado deberá, dentro del mismo plazo, publicar la presente Sentencia íntegramente en una página electrónica oficial del Estado. Todo ello de conformidad con el párrafo 468 de esta Sentencia.
16. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con los hechos del presente caso, en honor a la memoria de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, en los términos de los párrafos 469 y 470 de la presente Sentencia.
17. El Estado deberá, en el plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, en los términos de los párrafos 471 y 472 de la presente Sentencia. El monumento se develará en la misma ceremonia en la que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad internacional, en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo anterior.
18. El Estado deberá, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 a 502 de esta Sentencia. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.
19. El Estado deberá, en un plazo razonable y de conformidad con los párrafos 503 a 506 de esta Sentencia, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices, debiendo rendir un informe anual durante tres años:
i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona;
iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
v) confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas referida en los párrafos 509 a 512 supra, y
vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea un niña. Al respecto, se deberá rendir un informe anual durante tres años.
20. El Estado deberá crear, en un plazo de seis meses a partir de la notificación de esta Sentencia, una página electrónica que deberá actualizarse permanentemente y contendrá la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas. Dicha página electrónica deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades, inclusive de manera anónima, a efectos de proporcionar información relevante sobre el paradero de la mujer o niña desaparecida o, en su caso, de sus restos, de conformidad con los párrafos 507 y 508 de esta Sentencia.
21. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia y de conformidad con los párrafos 509 a 512 de esta Sentencia, crear o actualizar una base de datos que contenga:
i) la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional;
ii) la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y
iii) la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.
22. El Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos en los términos de los párrafos 531 a 542 de la presente Sentencia. El Estado deberá informar anualmente, durante tres años, sobre la implementación de los cursos y capacitaciones.
23. El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, realizar un programa de educación destinado a la población en general del estado de Chihuahua, con el fin de superar dicha situación. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin, en los términos del párrafo 543 de la presente Sentencia.
24. El Estado debe brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de instituciones estatales de salud especializadas, a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, si éstos así lo desean, en los términos de los párrafos 544 a 549 de esta Sentencia.
25. El Estado deberá, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 565, 566, 577, 586 y 596 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, bajo las condiciones y en los términos de los párrafos 597 a 601 de la presente Sentencia.
26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
La Jueza Cecilia Medina Quiroga y el Juez Diego García-Sayán hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes, los cuales acompañan la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 16 de noviembre de 2009.
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Respuesta Institucional
Jueves, 10 de Diciembre de 2009 | Comunicado 281

Secretaría de Gobernación

Ciudad de México

El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia del caso relativo a los lamentables homicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González Banda y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en el predio conocido como “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, Chihuahua en el año 2001.

En cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998.

Cabe mencionar que la mayor parte de los puntos resolutivos de la sentencia se refieren a acciones que el Gobierno Federal y el gobierno del estado de Chihuahua ya están implementando.

El gobierno de México estudiará detenidamente la sentencia y llevará a cabo los esfuerzos necesarios para su cumplimiento.

El gobierno de México reitera su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Xoloxóchitl Bustamante

El Presidente Felipe Calderón en la Toma de Protesta de la Directora General del Instituto Politécnico Nacional

Viernes, 11 de Diciembre de 2009 | Discurso

Doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora General del Instituto Politécnico Nacional.

Estimado doctor José Enrique Villa Rivera, Director General saliente del Instituto Politécnico Nacional.

Distinguidos ex Directores Generales del Instituto.

Honorables colaboradores.

Integrantes del presídium.

Estimados amigos de la comunidad politécnica.

Señoras y señores:

Es para mí un honor estar el día de hoy con ustedes en esta rendición de Protesta formal de la nueva Directora del Instituto Politécnico Nacional.

Y antes que nada, quiero agradecer, cumplida y sinceramente, al doctor José Enrique Villa Rivera su trabajo y su entrega esmerada como Director General de esta Institución, durante los últimos seis años, tres de los cuales fueron bajo la Administración Pública que tengo el honor de encabezar.

Sin duda, los logros alcanzados bajo su liderazgo, doctor, han sido muchos. Y es importante repasar algunos de ellos.

Por ejemplo, la matrícula escolarizada creció en más de 21 mil alumnos, es decir, en 13 por ciento, ampliando así la oportunidad de acceso a un espacio educativo de calidad a más jóvenes mexicanos.

Entre el 2004 y el 2009 casi se triplicaron las becas y los estímulos a estudiantes, beneficiando a siete de cada diez estudiantes politécnicos de nivel medio superior; y a uno de cada cuatro estudiantes a nivel superior y posgrado.

Además, aumentaron en 125 por ciento el número de académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

En su gestión, la comunidad politécnica recibió más de cinco mil premios y reconocimientos.

Doctor Villa:

Estoy convencido de que mucho de lo alcanzado en estos últimos años claramente se lo debemos a su dedicación. Le reconozco en nombre de México por su desempeño ejemplar y, además, por su compromiso inquebrantable con la Institución y con el país.

Le auguro y le deseo el mayor éxito en todos los proyectos que usted emprenda.

Hoy, y con enorme satisfacción y orgullo, he tomado protesta a la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez como la nueva Directora General del Instituto Politécnico Nacional, quien, sin duda, habrá de realizar igualmente un papel destacadísimo a cargo de esta Institución, estoy seguro.

El Instituto Politécnico Nacional que por más de siete décadas ha formado en sus aulas a técnicos, a expertos, a profesionales, ha contribuido con su trabajo y su talento al desarrollo nacional.

Y déjenme decirles, amigas y amigos, que como ella misma lo ha externado, ella es una hija ilustre del Instituto Politécnico Nacional. Para mí, como Presidente de la República, desde luego, ha sido un honor y un verdadero privilegio el designar a la primera mujer como Directora del Instituto Politécnico Nacional.

Y debo decir, además, que la he nombrado, fundamentalmente, por su destacadísima trayectoria y conocimiento.

Ella se graduó en primer lugar de su generación, en la carrera de Ingeniería Bioquímica y obtuvo también su doctorado en Ciencias, con especialidad en Bioquímica. Ha compartido en su vida experiencia en la academia, desde luego, en el Politécnico, pero también en el sector productivo, en la iniciativa privada, porque ha ocupado diversos cargos de manera creciente y cada vez con mayor responsabilidad en la industria farmacéutica, asociada, desde luego, a su amplísimo conocimiento.

Y también hay que decir que se desempeñó en el sector público, en la Administración Central, como Subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública.

Y saludo, desde luego, al ex Secretario Reyes Tamez, Diputado al Congreso de la Unión.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado también muy importantes cargos en el Politécnico Nacional. En su inicio se desempeñó como Secretaria del Seminario de Estudios de Ingeniería Bioquímica; posteriormente fue Jefa de la Carrera de Ingeniería Bioquímica, estuvo al frente de la Coordinación General de Vinculación Académica y Tecnológica, y se desempeñó como Titular de la Secretaría Académica.

Particularmente, aquí, en mi análisis, debo destacar que como Secretaria Académica fue pieza clave, junto con el doctor Enrique Villa, junto con todo su destacadísimo equipo integrado en estos años, el doctor Parada, en fin, muchos de los aquí presentes; fue pieza clave, insisto, la doctora Bustamante, para mejorar la calidad de la educación en el Politécnico Nacional.

Yo diría que si algún objetivo clave tiene México en materia educativa, es elevar la calidad de su educación. Y esta meta fundamental se está logrando en el Instituto Politécnico Nacional, en especial, a partir de la Administración que termina y de la cual la doctora Yoloxóchitl fue una parte medular, como Secretaria Académica.

Déjenme mencionar el caso de las Vocacionales en el Instituto Politécnico Nacional. Una prueba palpable son los resultados obtenidos en la Prueba ENLACE.

En el 2008, el 54 por ciento de los estudiantes de Educación Media Superior del Politécnico, recibieron calificaciones de Bueno o Excelente en matemáticas; 54 por ciento, más de la mitad y varias veces más, no digo cuántas, más que el promedio nacional. Un promedio que, por desgracia, es muy, muy bajo.

Pero para 2009, estoy seguro, como fruto del proceso de reorganización y rediseño de planes de estudio, de metodologías, de evidente trabajo y esfuerzo académico; para este 2009, de 54 el año pasado, hoy el 82 por ciento recibió la calificación de Bueno o Excelente en las Vocacionales del Politécnico.

Yo estoy plenamente convencido, amigas y amigos, y sé que ustedes conmigo, de que la doctora Bustamante es una profesional altamente calificada y que tiene, además, un evidente y enorme compromiso con su Alma Máter.

Por lo que sé, que durante su gestión, sabrá guiar al Instituto Politécnico Nacional a nuevos éxitos y a la excelencia educativa; como ella dijo, sabrá guiarlo al futuro.

Doctora Bustamante:

Yo la exhorto a que siga teniendo siempre como prioridad el interés superior de la Institución, de sus investigadores, profesores y alumnos. Que siga en el afán de elevar la calidad educativa del Instituto, de abrir cada vez más espacios y oportunidades de Educación Media y Educación Superior a jóvenes de México que ávidamente los necesita.

Porque es un hecho, la pirámide poblacional nos está generando una enorme presión. Al inicio de mi Administración, poco más de uno de cada cinco jóvenes mexicanos tenían posibilidad de entrar a Educación Superior; es decir, cuatro de cada cinco excluidos en el país.

Y eso genera, desde luego, una enorme distorsión que agrava las condiciones de desigualdad y de atraso que prevalecen en nuestro querido México.

La invito a que siga dándole una gran proyección al Instituto para que éste continúe siendo el gran centro productor de técnicos y científicos calificados que México necesita con urgencia. Que siga poniendo la Técnica al Servicio de la Patria.

La felicito, además, por este merecido nombramiento como Directora General y le aseguro que siempre, siempre tendrá usted, y la comunidad politécnica, a un aliado comprometido en el Presidente de la República.

Desde su creación, en 1936, el Politécnico ha sido un baluarte del desarrollo del país. En los avances científicos, en la construcción de infraestructura, en el avance de la medicina, en todas y cada una de las ramas científicas y técnicas, el Instituto ha dejado huella en nuestro México.

Mucho de lo que hoy tenemos, mucho de lo que hemos logrado como Nación, se lo debemos a la enseñanza de calidad que se imparte en el Instituto.

Sin duda, en la sociedad del conocimiento en la que nos ha tocado vivir en este Siglo XXI, que está ya por cumplir su primera década, es cada vez más claro que el éxito o el fracaso de las naciones está vinculado no a los recursos naturales de que disponen los países, ni a su poderío bélico, como solía ser en antaño, está definido por la calidad educativa y por las posibilidades de acceso a la educación, y de ahí al conocimiento calificado que cada Nación es capaz de brindar a sus jóvenes generaciones.

Y calidad educativa es, justamente, lo que otorga el Politécnico Nacional a sus estudiantes en todos los niveles, como la Institución tecnológica pública de mayor dimensión en México y en América Latina. Y es por eso, que desde el inicio de mi Gobierno, nos comprometimos a apoyar decididamente al Instituto.

Hemos tenido un año increíblemente severo en varios frentes, pero, particularmente, en el ámbito económico.

Como ustedes saben, hay un consenso universal de que esta crisis económica mundial es la mayor crisis económica de que se tenga registro desde la Gran Depresión de los años 20 y 30.

Es más, con la metodología actual de medición del Producto Interno Bruto Mundial, nunca se había registrado una caída mundial como la de este año.

Y, también, en varias décadas nunca se había registrado una caída en la economía mexicana para un primer semestre, como la que se registró en 2009, una caída del 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Eso, evidentemente, repercutió en distintos ámbitos de la vida nacional. El esfuerzo de sociedad y Gobierno, de trabajadores, de empresarios, de sociedad civil, permitió, si no impedir la crisis misma de dimensiones universales, sí los efectos devastadores, mitigarlos, al menos, en varios campos que preocupan a los ciudadanos.

En 1995, por ejemplo, ante una crisis importante pero, incluso, a la vista de menores dimensiones que ésta, se perdió el diez por ciento de los empleos registrados en el Seguro Social.

En esta crisis, también, comenzamos, efectivamente, como era de esperarse, con una pérdida importante de empleos.

Pero, a través del esfuerzo de todos, a través de un ambicioso Programa de Empleo Temporal, se le dio espacio a medio millón de mexicanos. A través de Programas de Paros Técnicos se impidió el despido de casi otro millón, y a través del más importante Programa de Apoyo de Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas, cien mil entre septiembre y noviembre, se preservó el ingreso de un millón y medio de familias más.

Ayer tuve el gusto de anunciar algo que hoy les comparto, amigas y amigos politécnicos.

Algunos análisis estimaban que la pérdida de empleo formal en el país para el año 2009 sería de más o menos 700 mil empleos. Es probable que en diciembre todavía se presenten los ajustes estacionales de fin de año.

Sin embargo, sí puedo decirles que entre enero y noviembre, de acuerdo con los datos del Seguro Social, no sólo hemos compensado, sino que se han generado más empleos; es decir, no sólo no hay pérdida, sino ganancia neta de 24 mil nuevos puestos de trabajo, 24 mil puestos más en noviembre de 2009, que en diciembre de 2008.

Yo sé que eso no es suficiente, pero sí debe darnos una señal clara de que se pueden paliar, mitigar los efectos de adversidades que enfrentamos, si, verdaderamente, actuamos unidos y con la mirada muy firme en lo que queremos.

Y traigo esto a colación, amigas y amigas, porque la crisis trajo el mayor impacto en finanzas públicas que se tenga registro, a horcajadas de dos fenómenos adversos que registraron las finanzas nacionales: una caída, también sin precedentes, en la recaudación fiscal, producto de la baja en la actividad económica, más una caída en la producción petrolera, 215 mil barriles de petróleo menos que los que producíamos hace exactamente un año; que implicó un ajuste también drástico en las finanzas públicas y en el gasto gubernamental.

Traigo todo esto a colación, amigas y amigos, porque me da gusto anunciarles que, a pesar de esta brutal caída en los ingresos públicos y gracias al compromiso decidido del Congreso de la Unión y sus integrantes, el Presupuesto del Instituto Politécnico Nacional no sólo no se reduce en 2010, sino que será de más de 10 mil 200 millones de pesos, 12 por ciento más que en 2009.

Con mucho orgullo, y a mucha honra, les comparto que en estos tres años de Gobierno que compartimos tareas el doctor Enrique Villa y un servidor, el Presupuesto del Politécnico Nacional pasó de seis mil 800 millones de pesos a estos 10 mil 200 millones de pesos, en tres años; es decir, un aumento de más del 60 por ciento en su presupuesto.

Amigas y amigos:

Yo quiero sumarme a la invitación a toda la comunidad politécnica, a seguir asumiendo con firmeza, con determinación, con audacia, con arrojo, como ha dicho la nueva Directora, los retos de la actualidad; a seguir transformando al país y a transformarlo a través de la técnica, del estudio, de la ciencia.

A seguir honrando las palabras consagradas en el Himno del Politécnico. Seguir siendo ese genio creador sobre el cual se forja su nueva estructura, nuestra noble y pujante Nación.

Yo estoy seguro de que con la doctora Bustamante como Titular del Instituto Politécnico Nacional, toda la comunidad politécnica habrá de honrar su compromiso histórico de trabajar y luchar desde las aulas, desde la ciencia y desde la técnica, por un México mejor, al cual aspiramos y por el cual luchamos todos los días.

Muchas gracias.

Las acciones del narco ¿terroristas?

Los narcos brincaron al terrorismo, alerta ONU

Nota de Alberto Morales

El Universal, 10 de diciembre de 2009

El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio L. Mazzitelli, afirmó que los cárteles mexicanos de la droga están recurriendo a actos de terrorismo, “ya que no tienen otra opción para tratar de obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a lograr pactos”.

El funcionario, experto en combate al crimen, se refirió en particular a los hechos de violencia registrados esta semana en Sonora, donde estallaron granadas en Hermosillo, Navojoa y Cananea.

Dijo que el terrorismo indiscriminado es síntoma de enorme debilidad del crimen. “Eso podría indicar que probablemente se están logrando resultados [en la lucha contra la delincuencia]”.

Mazzitelli se declaró en favor de los señalamientos del presidente Felipe Calderón, quien dijo que no claudicará en el combate al crimen organizado ni escuchará a las voces que pretenden que el Estado se retire de esa lucha.

“México no quiere claudicar ante el poder criminal. Los mexicanos, aun bajo presión y amenazas, no quieren que los criminales sean los que manden, porque los criminales sólo conocen la ley de la violencia, no saben de pactos ni reglas, son sus reglas y a quien no las respete, lo matan”, dijo.

Consideró preocupante los actos de violencia porque desde hace tres años se mantienen en los mismos niveles “y la población civil está en riesgo de enfrentarse a los criminales de manera involuntaria”. Dijo que el poderío del narcotráfico es resultado de subestimar en los últimos 20 años a esos grupos.

Desde su perspectiva, “es terrible” que amenazas de los cárteles hayan derivado en la renuncia de autoridades municipales en Tancítaro, Michoacán.

El representante de la ONU para México, Centroamérica y el Caribe mencionó que en esas situaciones es necesario fortalecer la presencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad para que la gente y los civiles pueden retomar sus funciones.

“¿Si no es el Ejército, quién estaría listo para entrar por los que se han ido? ¿Los mismos criminales?”, cuestionó.

***

Narco usa terror en busca de pacto: ONU

Nota ampliada de Alberto Morales

El Universal, 10 de diciembre de 2009

La violencia es síntoma de que el Estado los está dañando: Mazzitelli

Los cárteles de la droga en México han comenzado a realizar “actos terroristas” —como en Michoacán y Sonora, donde detonaron granadas de fragmentación— para obligar a la población y en particular a las autoridades a llegar a pactos, aseguró Antonio L. Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés).

“Esos son actos de terrorismo de verdad preocupantes, pero desde un análisis más destacado, el recurrir a formas de terrorismo indiscriminado es síntoma también de enorme debilidad”, afirmó el funcionario del organismo internacional para México, Centroamérica y el Caribe.

En entrevista en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en México, el experto en materia de crimen organizado no descartó que los cárteles busquen pactar con el gobierno.

“Quien recurre a actos de terrorismo no tiene otra opción para tratar de obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a llegar a pactos. Eso es síntoma de debilidad, no de fortaleza, que debería servir como indicador de que probablemente se están obteniendo resultados”, dijo.

Mazzitelli reconoció que el uso de la violencia indiscriminada por parte de las bandas criminales sigue a los mismos niveles que hace tres años, sobre todo en el norte del país, y eso —agregó— es preocupante en la medida de que la población civil está en riesgo al enfrentarse con los criminales de manera involuntaria.

Calificó como “terrible” que las autoridades de Tancítaro, Michoacán, hayan renunciado a sus cargos por amenazas del crimen organizado.

“Yo vengo de Italia, donde muchas municipalidades han sido y siguen siendo disueltas por infiltraciones mafiosas. Los poderes administrativos son operados por autoridades judiciales, como el prefecto, que es el jefe de la policía. Esas son situaciones extremas.”

Mayor presencia del Estado

El experto de la Organización de las Naciones Unidas consideró que en ese tipo de situaciones, si las autoridades civiles no pueden seguir ejerciendo su función, es necesario fortalecer la presencia del Estado a través de los cuerpos de seguridad.

Opinó que se debe reforzar el destacamento de las fuerzas públicas, para brindar seguridad y que la gente pueda retomar sus funciones.

“¿Si no es el Ejército, quién estaría listo para entrar por lo que se han ido los mismos criminales?”, preguntó.

En lucha del gobierno del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga, Antonio L. Mazzitelli respaldó la afirmación del Ejecutivo federal, quien dijo que “no cejará” en el combate contra la delincuencia organizada.

“México no quiere claudicar ante el poder criminal. Los mexicanos aún bajo presión y amenazas no quieren que los criminales sean los que manden, porque ellos sólo conocen la ley de la violencia, no saben de pactos, son sus reglas y quien no se conforma lo matan.”

En noviembre pasado, Mazzitelli descartó la presencia de los Cascos Azules para combatir al crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues dijo que el despliegue de tropas de la ONU es exclusiva para misiones de paz.

En un foro organizado por la Universidad Iberoamericana (UIA), agregó que la ola de violencia que vive este país es resultado de subestimar en las últimas dos décadas a los cárteles del narcotráfico.

En tanto, al conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, en la sede de las Naciones Unidas en México, Antonio L. Mazzitelli expresó que la participación y la cultura cívica son los factores primordiales para lograr un verdadero cambio en la sociedad.

Actuar contra corrupción

Arnaud Peral, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mencionó que son necesarias acciones colectivas entre la sociedad, el gobierno y los empresarios en el combate a la corrupción.

Acuerdo México EE UU

Acuerdo entre Agustín Carstens y Janet Napolitano, firmado reientemente -lunes 7 de diciembre-, que puede traer abajo la nominación al Banxico y además permitiría acusarlo de entregar información clasificada nuestra al exterior.

FOR PUBLIC RELEASE

DECLARATION OF PRINCIPLES BETWEEN THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE MINISTRY OF FINANCE AND PUBLIC CREDIT OF

THE UNITED MEXICAN STATES

The Department of Homeland Security (DHS) of the United States of America and the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) of the United Mexican States, hereinafter referred to collectively as the “Participants”,

Recognizing the longstanding relationship and cooperation between their customs administrations;

Considering the constant and significant increase in bilateral trade, as well as in the flow of people and capital between the United States of America and the United Mexican States and the strong ties between the economies of the two nations;

Having regard for their common concern for and approach to the security and safety of North America, their common interest in protecting their peoples and production capabilities, and the relevant role their customs administrations and other agencies and divisions within their Departments have in such concerns, approaches and interests;

Recognizing the role their customs administrations play in safeguarding their nations and citizens;

Recognizing the needs for enhanced joint management of the shared border;

Further recognizing the desire of the Participants to collaborate and coordinate, as appropriate and to the extent practicable, subject to their capabilities and discretion, to interdict criminal acts and improve the movement of legitimate trade and travel, thus enhancing the security of Mexico and the United States;

Recognizing the relevant role their customs administrations and other agencies and divisions within their Departments have in fostering the competitiveness of their countries’ economies and their important role in the development and implementation of the World Customs Organization’s Framework of Standards for the Security and Facilitation of the International Trade Supply Chain;

Having regard for, and recognizing the legal basis of and achievements reached through, the instruments provided to their customs administrations by the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the United Mexican States

Regarding Mutual Assistance Between their Customs Administrations (CMAA Agreement) signed on June 20, 2000;

Recognizing the ongoing cooperative efforts of the Participants in customs-related matters, as set forth within NAFTA, specifically, Article 512(2)(c); and Recognizing the spirit of, and achievements reached through other bi-national fora and arrangements;

Hereby express their desire to increase and strengthen their cooperation, by applying the necessary efforts and resources to fulfill the goals, initiatives, programs and mechanisms listed and envisioned under this Declaration of Principles (Declaration).

SCOPE OF COOPERATION

The Participants intend to develop and implement initiatives, programs and mechanisms aimed at the following goals:

1. Strengthening of cooperation in matters related to enforcement by expanding existing programs and establishing new collaborative security and enforcement initiatives.

2. Promotion of professionalism of the Participants’ personnel through integrity-related training and the sharing of best practices, improving their capacity to control borders and enforce laws that strengthen security and govern the movement of travelers, baggage, cargo and conveyances into and out of both countries

3. Sustaining support for, and promotion of the full implementation of the World Customs Organization’s Framework of Standards.

4. Increasing trade compliance and facilitation by further developing mechanisms for the exchange of information.

5. Improving trade partnerships and supply chain security by supporting bilateral programs with the private sector, and expanding upon the improvements the Participants have made, through greater government-trade cooperation.

6. Improving efficiency at the shared border by aligning operations, infrastructure planning and technologies to facilitate the movement of legitimate trade for compliant and secure importers, exporters, carriers, drivers and other stakeholders.

7. Strengthening cooperation in matters related to law enforcement by expanding existing institutional cooperation mechanisms related to the application of technology, data sharing and communication coordination and establishing new collaboration programs to be implemented along the shared border and in other regions, which are designed to fight contraband trafficking, smuggling of prohibited goods, fraud, and related crimes, to the extent the Participants have enforcement jurisdiction over such activities.

IMPLEMENTING AGENCIES

The Department of Homeland Security designates U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and U.S. Customs and Border Protection (CBP), and The Ministry of Finance and Public Credit designates the Tax Administration Service and the Administration General of Customs of the United Mexican States, as their respective implementing agents (Implementing Agencies) under this Declaration.

BILATERAL STRATEGIC PLAN

The Participants hereby identify the Bilateral Strategic Plan (BSP) as the framework for their intended engagement, outlining their strategic goals, working groups and priority initiatives intended to guide the bi-lateral efforts of the Participants and facilitate timely implementation of all programs or initiatives established therein.

LEADERSHIP AND COORDINATION

The Participants are to establish an Executive Steering Committee (ESC), to be comprised of the Department of Homeland Security’s Assistant Secretary for International Affairs, the Assistant Secretary for ICE and the Commissioner of CBP, and the Ministry of Finance and Public Credit’s Chief of the Tax Administration Service and the Administrator General of Customs. The Participants, through the ESC and to the extent appropriate, are expected to jointly review and approve, as appropriate, new initiatives presented to them by the Implementing Agencies during such meetings, for implementation under the provisions of this Declaration.

The Implementing Agencies are expected to reach out to any other government agency that may assist them in the development and implementation of initiatives, programs and mechanisms contemplated under this Declaration, which are mutually determined by the Implementing Agencies to be beneficial.

PRIORITY INITIATIVES

The Participants intend to explore the feasibility of projects which enhance risk management and joint targeting efforts that would allow them to process, monitor and control the movement of inbound, outbound and in-transit cargo, in all modes of transportation, jointly and in a coordinated manner, through their territories. For these purposes, the Participants are expected to study the financial, operational and legal challenges of such projects.

The Participants intend to coordinate with each other in this process, utilizing the ESC and the aforementioned working groups, and to consult with other competent departments or agencies within their respective governments, at a federal, state, local, and tribal level, as appropriate.

BILATERAL WORKING GROUPS

The Participants support the maintenance of formal contacts and mechanisms for the appropriate implementation of the provisions of this Declaration. The bilateral working groups are tasked with the exploration, development and implementation of specific initiatives, programs and mechanisms

The Participants of these working groups are to include officials from different agencies within DHS and SHCP, respectively, and should include officials from other government departments and agencies, as the Participants deem appropriate.

GENERAL PROVISIONS

This Declaration of Principles represents an understanding between the Participants and does not constitute a legally binding agreement.

All activities of the Participants and their Implementing Agencies under this Declaration should be carried out in accordance with the laws and regulations of the Participants’ Governments, and applicable international agreements to which the Participants’ Governments are party.

The Participants are expected to bear their own costs in performing their functions under this DOP. All activities of the Participants are subject to the availability of funds and necessary human resources.

On an annual basis every year thereafter, the Participants intend to review their cooperative efforts under the provisions of this Declaration with a view to determining their desire to continue to cooperate in accordance with this arrangement in the future.

Upon signature of this document by both Participants, this Declaration is intended to replace the Declaration of Principles signed June 1, 2007.

Signed in Washington, D.C. on the 7th day of December of the year 2009, in duplicate in the English and Spanish languages.

For the Department of Homeland Security For the Ministry of Finance of the United States of America and Public Credit of the United Mexican States

Janet Napolitano Agustín Carstens Carstens Secretary of Homeland Security Secretary of Finance and Public Credit

Cambios en el gabinete

El presidente Calderón propuso este miércoles 9 de diciembre al Senado de la República el nombramiento de Agustín Carstens como nuevo gobernador del Banco de México (Banxico), en sustitución de Guillermo Ortiz Martínez. A través de un mensaje, destacó la labor de Carstens y su trayectoria en el propio Banco de México y el Fondo Monetario Internacional (FMI).  El presidente también nombró como nuevo secretario de Hacienda a Ernesto Cordero, quien se desempeñaba como titular SEDESOL; como titular de esa oficina tomó posesión Heriberto Félix Guerra, senador con licencia (por cierto en primer lugar en las encuestas de SINALOA por el PAN).

Reacciones:

"El Presidente tomó un riesgo muy alto para componer algo que no estaba descompuesto. Creemos que no valoró las opiniones de quienes lanzamos una advertencia y tampoco de los especialistas del sector económico. La verdad es que el País no está para tomar riesgos tan delicados", dijo el vicepresidente del Senado, Francisco Arroyo (PRI).

En tanto, el senador Pablo Gómez (PRD) consideró que la eventual ratificación de Carstens pondría en riesgo la autonomía de Banxico. "Esto es un destripado del Gabinete. El nombramiento de Carstens pone en riesgo la autonomía del Banco de México, porque ni siquiera se trata de un ex empleado, sino de uno que es empleado del Gobierno actual. Sabíamos que el FMI presionaba a los bancos centrales, pero ahora tendrá directamente las riendas", lamentó.

Los legisladores también expresaron su escepticismo por la llegada del ahora ex titular de Sedesol, Ernesto Cordero, a la Secretaría de Hacienda. Aunque reconocieron que el funcionario tiene experiencia por haberse desempeñado como subsecretario de Egresos, los senadores expresaron sus dudas por el reto que implica encabezar la dependencia en tiempos de crisis.

Asimismo, legisladores expresaron su preocupación por el nombramiento del nuevo Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, ya que su trayectoria en el PAN podría tentarlo a utilizar el cargo con fines electorales. "Creemos que este nombramiento, en el que se trata de un panista, se puede prestar para que se haga un cruce entre los padrones de beneficiarios de los programas de combate a la pobreza y la afiliación de adherentes al PAN", señaló Arroyo Vieyra.

"La verdad es que Heriberto viene del PAN y de la iniciativa privada, era el responsable del tema de las Pequeñas y Medianas Empresas y nunca hizo nada. Lo que sí esperamos es que van a continuar con esa línea de politizar la Sedesol a favor del PAN, como lo han hecho desde Fox y desde el PRI", agregó Gómez.

Expresan diputados dudas y rechazos

Los cambios en el Gabinete causaron reacciones distintas entre los diputados en PRI; en tanto, la bancada del PRD consideró equivocados los nombramientos.

El priista Sebastián Lerdo de Tejada cuestionó el perfil de Cordero para Hacienda, así como su paso en la SEDESOL "Me parece que no es una buena noticia para nadie, finalmente el responsable del área al combate a la pobreza es ahora propuesto para encabezar la SHCP, esperamos que le vaya muy bien y haya logrado adquirir sensibilidad social en su paso por la Sedesol y que ésta le venga bien a las áreas financieras", dijo.

Sin embargo, Lerdo de Tejada aseguró que su bancada ofrecerá interlocución institucional con Cordero. "Estamos en un momento en el que tenemos que actuar con responsabilidad y no tendríamos que caer en críticas estériles o en vetos por parte de las fuerzas políticas o del propio Poder Legislativo; es una atribución del Presidente de la República y al final es responsabilidad del Presidente de la República", dijo.

En tanto, Oscar Levín Coppel, también priista, saludó la postulación de Agustín Carstens para dirigir el Banco de México. Dijo que su nombramiento no tendrá complicación en el Senado, el cual tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarlo.

Levín Coppel aseguró, además, que Cordero no es una persona ajena al sector financiero.

"Ha trabajado en el sector financiero y le veo como ventaja de que debe haber aprendido sensibilidad social en el tiempo que estuvo en la Sedesol. Ojalá y los cambios sean positivos para el País y se tomen bien, le hace falta a México", mencionó.

Por otra parte, el coordinador del PRD en San Lázaro, Alejandro Encinas, advirtió que la designación de Cordero en la SHCP es un premio a quien incrementó en más de 5 millones el número de pobres en el País. "Creo que son malas señales que anuncian que no solamente no habrá ninguna rectificación ni cambio profundo en lo que serán los tres próximos años de este mal gobierno, sino que seguirá profundizándose las mismas prácticas que han llevado a este debilitamiento de la vida pública del País", advirtió.

Mensaje a Medios del Presidente Calderón

Miércoles, 9 de Diciembre de 2009 | Discurso

Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación.

Les he convocado el día de hoy para dar un anuncio de gran importancia para la vida económica e institucional del país.

Hoy, con base en lo dispuesto en el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he decidido enviar a la consideración del Senado de la República la propuesta del doctor Agustín Carstens Carstens como miembro de la Junta de Gobierno y, como tal, en caso de que el Senado lo apruebe, designarlo Gobernador del Banco de México en uso de mis facultades constitucionales.

Las credenciales académicas y profesionales del doctor Carstens reflejan la solidez intelectual y profesional de uno de los economistas más destacados del país.

El doctor Carstens es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro y Doctor en Economía por la Universidad de Chicago.

El doctor Carstens conoce como pocos el funcionamiento del Banco Central mexicano. Ahí se desempeñó de manera eficaz por poco más de 20 años, de 1980 al año 2000.

Entre las muchas funciones realizadas, desempeñó cargos de primera importancia para el Banco, como las de Director General de Investigación Económica, Tesorero General y Coordinador de Asesores del Gobernador.

En diciembre del año 2000 fue designado Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó hasta agosto de 2003, cuando fue designado Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, uno de los cargos más importantes de esta Institución multinacional.

El Doctor Carstens también ha sido Gobernador Suplente por México en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial.

Cuenta, además, con una amplísima experiencia en materia monetaria y financiera, por las dos décadas que laboró, precisamente, en el Banco y posteriormente por los cargos que ocupó de gran relevancia durante otros diez años en el Fondo Monetario. De hecho, el haber ostentado el cargo de Secretario de Hacienda por estos últimos tres años, le ha permitido familiarizarse con prácticamente todos los aspectos financieros nacionales e internacionales, lo cual le será de una utilidad en el desempeño de la función de Gobernador del Banco de México; por supuesto, en el caso de que la propuesta que hoy presento al Senado sea aprobada por el mismo.

Durante su periodo, al frente de la Secretaría de Hacienda obtuvo innumerables logros. Destaco, por ejemplo, el trabajo realizado por esa dependencia en la aprobación de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, que logró incrementar la recaudación tributaria no petrolera para fortalecer el gasto público y las funciones del Estado, especialmente en materia de seguridad, salud y desarrollo social.

O la Reforma al Sistema de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, que logró desactivar uno de los más graves problemas para las finanzas públicas nacionales, dándoles viabilidad de mediano y largo plazo.

El manejo responsable que el doctor Carstens ha hecho de las finanzas del Gobierno Federal también permitió al país disponer de los recursos necesarios para sortear la más grave crisis económica que haya visto el mundo en décadas, y poner en marcha medidas anticíclicas oportunas que han permitido salvar cientos de miles de empleos; fortalecer los créditos otorgados por la Banca de Desarrollo, así como dar impulso nunca visto en el pasado reciente de México, a la construcción de más y mejor infraestructura. Además, impulsó medidas que han permitido fortalecer al sistema bancario nacional, que hoy tiene un nivel de capitalización por encima de los estándares internacionales y que, a diferencia de otros países, no requirió una capitalización proveniente de las finanzas públicas.

En suma. El doctor Agustín Carstens cuenta no sólo con todos los requisitos que marca la ley, sino con capacidades inmejorables para ser no sólo miembro de la Junta, sino ocupar el cargo de Gobernador del Banco de México.

Y estoy convencido de que presento al Senado la mejor candidatura para el desempeño de un cargo tan elevado en esta Institución.

De ser aprobada esta propuesta, con Agustín Carstens al frente, el Banco de México habrá de cumplir eficazmente su función, como la Institución autónoma del Estado mexicano encargada de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Pagos y promover el sano desarrollo del sistema financiero.

Asimismo, en caso de contar con la aprobación del Senado, insisto, sé que el Gobierno Federal a mi cargo, trabajará en estrecha coordinación con el Banco de México, sin menoscabo alguno de su plena autonomía y, en particular, en el diseño y puesta en práctica de políticas públicas de carácter monetario, fiscal o cambiario, por citar algunos.

Por otra parte, el Gobernador en particular será también, como lo marca la ley, un asesor y un asesor cercano y permanente de las decisiones más importantes del Gobierno Federal en materia económica.

Quiero aprovechar esta oportunidad para brindarle un sincero reconocimiento a la destacada labor, que en los últimos 12 años desempeñó el doctor Guillermo Ortiz Martínez al frente del Banco de México.

Su trabajo fue fundamental para llevar la inflación de los niveles de dos dígitos que tenía a finales de los 90, a sus niveles actuales.

La atinada gestión del doctor Ortiz, contribuyó además, al fortalecimiento de nuestro sistema financiero, lo que evitó que México padeciera los graves problemas que hoy aquejan a otras naciones, con motivo de la crisis económica internacional.

El doctor Ortiz deja un Banco de México sólido, que cuenta con amplio prestigio internacional, como uno de los bancos centrales más eficientes y profesionales del mundo.

Le deseo el mayor de los éxitos en las tareas que emprenda en el futuro.

Por otro lado, y en consecuencia también, quiero anunciar que, con base en las facultades señaladas en el Artículo 89 de la Constitución, he decidido nombrar al maestro Ernesto Cordero Arroyo como nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El maestro Ernesto Cordero cuenta también con una gran formación académica y experiencia profesional, que le permitirán atender con solvencia las funciones de Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Economía por la Universidad de Pensilvania, donde también realizó estudios de doctorado en Economía.

Además de su sólida preparación académica, el maestro Cordero es un mexicano honesto, que cuenta con una amplia experiencia en materia económica y de políticas públicas.

Fue Director de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, Director de Administración de Riesgos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS. Posteriormente, ocupó el cargo de Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico en la Secretaría de Energía.

En diciembre de 2006, fue nombrado Subsecretario de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la conducción del doctor Carstens, cargo que ocupó hasta enero de 2008, cuando le nombré Secretario de Desarrollo Social.

En este encargo, Ernesto Cordero fortaleció el Programa Oportunidades y creó el Programa de Apoyo Alimentario, a fin de que las familias más pobres del país contaran con recursos para enfrentar los efectos de la crisis mundial de precio de alimentos y la crisis económica internacional. Dio un renovado impulso a programas sociales muy importantes para los mexicanos, como el de Estancias Infantiles, 70 y Más y Piso Firme.

El maestro Cordero, como he mencionado, no es extraño a la Secretaría de Hacienda. Durante los primeros años de mi Administración ocupó de manera destacada el cargo de Subsecretario de Egresos.

En días recientes, para ser preciso el 2 de septiembre pasado, expuse a la Nación los elementos esenciales de la serie de acciones que hemos emprendido, encaminadas a conseguir los cambios para lograr los fines que todos anhelamos: retomar la senda del crecimiento económico acelerado y sustentable.

La labor encomendada, entonces, al maestro Cordero será, precisamente, coadyuvar con este esfuerzo, y muy en particular, en lo concerniente a conseguir una verdadera reforma económica de fondo para el país; reforma que transforme la economía a fin de hacerla más competitiva, que permita acelerar el crecimiento y la generación de empleos de manera sostenida, siempre en el contexto de finanzas públicas sanas y estables.

Para esto último, será indispensable continuar impulsando los esfuerzos, a fin de conseguir una reforma profunda de las finanzas públicas, en la cual el Gobierno ponga el ejemplo en el buen uso de los recursos que nos confían todos los mexicanos.

En pocas palabras, lograr una reforma que permita jerarquizar con criterio de eficiencia, transparencia y austeridad el gasto del Gobierno. Además, dicha reforma deberá contar con un segundo componente para fortalecer los ingresos públicos, simplificar los trámites fiscales, reducir la evasión, e incrementar la recaudación, aumentando la base gravable.

Instruyo al nuevo Secretario a seguir garantizando un manejo honesto, imparcial, responsable y eficiente de las finanzas del país, así como a mantener una relación de colaboración y coordinación con el Banco Central para preservar la estabilidad de nuestra moneda y la solidez de nuestro sistema financiero.

La prioridad para todos es impulsar el desarrollo humano sustentable. Y por ello, instruyo al Secretario Cordero a utilizar todas las herramientas de que dispone la Secretaría de Hacienda para propiciar el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar del país.

También lo instruyo a que en el ámbito de su competencia impulse las reformas que México requiere para aumentar la competitividad.

Las designaciones en la Secretaría de Hacienda y en el Banco Central, de ser aprobada la propuesta por el Senado de la candidatura del doctor Carstens, y sin demérito de la autonomía del Banco de México, permitirán armonizar de mejor forma la relación entre el Gobierno Federal y el Banco Central, a fin de alcanzar el doble propósito de, por una parte, contar con bajas tasas de inflación y así preservar el poder adquisitivo de los mexicanos y, al propio tiempo, impulsar cambios y transformaciones que permitan acelerar el ritmo de crecimiento de nuestra economía.

Pido de la manera más atenta al doctor Carstens e instruyo al Secretario Ernesto Cordero, de realizar una transición ordenada y armónica en la Secretaría de Hacienda, a fin de que se preserve de manera cuidadosa el interés de la Nación, se le dé certidumbre a los inversionistas y actores económicos, y se tenga el debido cuidado en el despacho y seguimiento de los asuntos, de los cuales la Secretaría de Hacienda es competente.

Hoy también, en ejercicio de mis atribuciones constitucionales, también he nombrado al licenciado Heriberto Félix Guerra como nuevo Secretario de Desarrollo Social.

Heriberto Félix es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Antes de su encargo actual, en su desempeño como Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, de la Secretaría de Economía, ha tenido una amplia trayectoria política y profesional.

Vale la pena destacar que en el cargo como Subsecretario impulsó, en coordinación con otras áreas del Gobierno, la mayor expansión de crédito a las Pequeñas y Medianas Empresas que haya registrado el país en mucho tiempo, precisamente como parte de las políticas contracíclicas coordinadas desde la Secretaría de Hacienda, en el ejercicio de las acciones de Gobierno para atenuar los impactos de la crisis económica.

El licenciado Félix es Senador con licencia por el Estado de Sinaloa. Antes se desempeñó como Secretario de Desarrollo Económico de ese mismo estado y, precisamente, desarrolló una activa labor en beneficio de las personas que menos tienen. Ha sido también candidato a Gobernador por esa entidad.

Y en su trayectoria personal, ha tenido una sólida carrera también como emprendedor, que lo llevó a ser Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

La sensibilidad social del licenciado Félix, así como su experiencia, apoyando a miles y miles de familias a salir adelante por su propio esfuerzo, en el marco de los Programas de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, le brindan las credenciales necesarias para asumir la responsabilidad que se le confiere al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

El nuevo Secretario tendrá, ante sí, el importante reto de trabajar sin descanso, en lo que he marcado como la primera de las diez prioridades de la Agenda Nacional, que es la de abatir la pobreza extrema.

Por eso, le instruyo a dar un renovado impulso a los programas sociales del Gobierno Federal, a coordinarse con todas las dependencias de la Administración Pública, a fin de ampliar los programas existentes y cumplir con las metas que le hemos propuesto al Congreso de la Unión y que ha aprobado, en parte, en la autorización del Presupuesto de Egresos del 2010.

Lo instruyo a revisar y fortalecer los Programas Oportunidades y Apoyo Alimentario, con objeto de incorporar a un millón de familias más a la ayuda del Gobierno, como lo hemos propuesto.

Lo instruyo a continuar también con los programas que apoyan a la población más vulnerable, a seguir atendiendo a las víctimas en los casos de desastres naturales y a aplicar con rigor, eficacia y transparencia los recursos asignados al gasto social.

La instrucción es clara: pese a la crisis económica, en el combate a la pobreza debemos seguir avanzando.

Nuevamente agradezco profunda y personalmente la labor valiosa desempeñada por el doctor Carstens al frente de la Secretaría de Hacienda.

Pido respetuosamente al Senado de la República que valore, en sus términos, esta candidatura.

Y también les deseo a los nuevos Secretarios éxito en su gestión.

Muchísimas gracias.